{"id":15109,"date":"2020-11-04T00:05:29","date_gmt":"2020-11-03T23:05:29","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/?p=15109"},"modified":"2020-11-05T12:14:42","modified_gmt":"2020-11-05T11:14:42","slug":"especialidades-del-proceso-penal-por-prevaricacion-judicial-parte-i-por-ma-dolores-fernandez-fustes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2020\/11\/04\/especialidades-del-proceso-penal-por-prevaricacion-judicial-parte-i-por-ma-dolores-fernandez-fustes\/","title":{"rendered":"ESPECIALIDADES DEL PROCESO PENAL POR PREVARICACION JUDICIAL (Parte I), por M\u00aa Dolores Fern\u00e1ndez Fustes\u00a0"},"content":{"rendered":"
ESPECIALIDADES DEL PROCESO PENAL POR PREVARICACI\u00d3N JUDICIAL – Parte II<\/a><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
***<\/strong><\/span><\/div>\n
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NOTA PUNTO CR\u00cdTICO<\/b>: Con posterioridad a la elaboraci\u00f3n de este trabajo,\u00a0el legislador espa\u00f1ol ha eliminado la posibilidad de exigir\u00a0\u00a0Responsabilidad Civil\u00a0<\/strong>a Jueces y Magistrados; as\u00ed,<\/strong>\u00a0la Ley Org\u00e1nica 7\/2015, ha derogado los arts. 411 y ss de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial, que regulaban la responsabilidad civil de los jueces y magistrado. As\u00ed, el Pre\u00e1mbulo de esta Ley Org\u00e1nica (apartado V) establece: \u201cTambi\u00e9n\u00a0se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados<\/strong>, muy escasamente utilizada en la pr\u00e1ctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados p\u00fablicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exenci\u00f3n de responsabilidad no excluye l\u00f3gicamente, que la Administraci\u00f3n pueda repetir, en v\u00eda administrativa, contra el Juez o Magistrado si \u00e9ste ha incurrido en dolo o culpa grave<\/em>\u201d.<\/span><\/div>\n<\/blockquote>\n
\u2666<\/span>\u2666<\/span>\u2666<\/span><\/div>\n
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\"\"<\/a><\/h1>\n

\u00a0<\/h1>\n

Especialidades del proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial<\/h1>\n

PARTE 1 de 2<\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

M\u00aa Dolores Fern\u00e1ndez Fustes\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Universidad de Vigo\u00a0<\/span><\/p>\n

Facultad de Derecho\u00a0<\/span><\/p>\n

BARCELONA, ENERO 2013<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

El presente trabajo tiene por objeto analizar las especialidades del proceso penal que se siga contra jueces y magistrados por la comisi\u00f3n de un delito de prevaricaci\u00f3n judicial. La responsabilidad de los jueces y magistrados es una consecuencia ineludible de su independencia y la garant\u00eda de su sumisi\u00f3n al imperio de la ley. Centraremos nuestro an\u00e1lisis en el proceso para exigir responsabilidad penal a los jueces y magistrados, circunscribiendo nuestro estudio a las especialidades del proceso penal incoado por un delito de prevaricaci\u00f3n judicial.<\/span><\/strong><\/span><\/em><\/p>\n

***<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Sumario<\/span><\/strong>:<\/span><\/p>\n

1<\/span><\/em>. Introducci\u00f3n <\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

2. Resoluciones incluidas en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial <\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

3. Formas de iniciaci\u00f3n del procedimiento <\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

3.1. Por providencia <\/span><\/strong><\/p>\n

3.2. Querella del Ministerio Fiscal<\/span><\/strong><\/p>\n

3.3. Querella del ofendido o perjudicado <\/span><\/strong><\/p>\n

3.4.Ejercicio de la acci\u00f3n popular <\/span><\/strong><\/p>\n

4. Admisi\u00f3n de la querella a tr\u00e1mite <\/span><\/em><\/p>\n

5. Ejercicio de la acci\u00f3n civil en el proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial <\/span><\/em><\/p>\n

6. Procedimiento por el que se tramita <\/span><\/em><\/p>\n

7. Efectos de la iniciaci\u00f3n del proceso penal por prevaricaci\u00f3n judicial <\/span><\/em><\/p>\n

8. Tabla de sentencias <\/span><\/em><\/p>\n

9. Bibliograf\u00eda<\/span><\/em><\/p>\n

***<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

1.- Introducci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

La responsabilidad de los jueces y magistrados es una consecuencia ineludible de su independencia y la garant\u00eda de su sumisi\u00f3n al imperio de la ley. Precisamente, el art. 117.1 CE se refiere a la responsabilidad como uno de los principios que caracterizan a los titulares de la potestad jurisdiccional, y en ello insiste el art. 1 Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE n\u00fam. 157, de 2.7.1985; en adelante, LOPJ) al se\u00f1alar que \u201cla justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos \u00fanicamente a la Constituci\u00f3n y al imperio de la ley\u201d.<\/span><\/p>\n

El art. 16 LOPJ dispone que \u201clos jueces y magistrados responder\u00e1n penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley\u201d. Por tanto, la responsabilidad de los jueces y magistrados por los actos u omisiones que realicen en el ejercicio de sus cargos puede ser de tres clases: civil, penal y disciplinaria<\/a>[1]<\/a>.<\/span><\/p>\n

De estas tres clases de responsabilidad nos centraremos en el an\u00e1lisis de la responsabilidad penal, circunscribiendo nuestro estudio al delito de prevaricaci\u00f3n judicial.<\/span><\/p>\n

El C\u00f3digo Penal de 1995 regula, por primera vez, el delito de prevaricaci\u00f3n en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo XX dentro de los delitos contra la Administraci\u00f3n de Justicia<\/a>[2]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Dentro del mencionado cap\u00edtulo se incluyen tres conductas claramente diferenciadas: en primer lugar, el retardo malicioso en la Administraci\u00f3n de Justicia (art. 449 CP); en segundo lugar, la negativa a juzgar (art. 448 CP) y, finalmente, el delito de prevaricaci\u00f3n judicial. El presente trabajo se centrar\u00e1, precisamente, en analizar las especialidades del proceso penal incoado por un delito de prevaricaci\u00f3n judicial.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

2.-Resoluciones incluidas en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial<\/strong><\/span><\/p>\n

Al referirse al delito de prevaricaci\u00f3n, el C\u00f3digo Penal prev\u00e9 que comete este delito el Juez o Magistrado que dictare, a sabiendas o por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, sentencia o resoluci\u00f3n injusta (arts. 446 y 447 CP).\u00a0<\/span><\/p>\n

Es evidente que con la expresi\u00f3n sentencia se hace referencia a la resoluci\u00f3n judicial a trav\u00e9s de la cual se decide de forma definitiva la causa. Por lo que el problema surge a la hora de determinar como debe ser interpretada la expresi\u00f3n \u201cresoluci\u00f3n\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

Al analizar que clase de resoluciones est\u00e1n incluidas en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial debemos partir necesariamente de la condici\u00f3n del autor del delito que es un juez o un magistrado. No obstante, ello no es suficiente para concretar a trav\u00e9s de que clase de resoluciones se entiende cometido este delito, ya que en el ejercicio de las distintas funciones que tiene encomendadas, el juez dicta diversos tipos de resoluciones.\u00a0<\/span><\/p>\n

Los Jueces y los Magistrados determinados por las leyes tienen atribuida de forma exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE). Pero, tradicionalmente, adem\u00e1s de esta funci\u00f3n se les han ido encomendando otras funciones no jurisdiccionales, como por ejemplo la llevanza del Registro Civil, la intervenci\u00f3n en actos de jurisdicci\u00f3n voluntaria, la participaci\u00f3n en jurados provinciales de expropiaci\u00f3n y en los procesos electorales<\/a>[3]<\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00a0Por ello, para concretar el tipo de resoluciones a trav\u00e9s de las cuales se puede cometer el delito de prevaricaci\u00f3n judicial debemos tener presente necesariamente\u00a0 que el\u00a0 bien jur\u00eddico protegido\u00a0 es la administraci\u00f3n de justicia. Esto nos permite ce\u00f1ir el \u00e1mbito de este tipo de delito a las resoluciones que derivan del ejercicio de su potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado<\/a>[4]<\/a>. Por lo que podemos concluir que s\u00f3lo las resoluciones de naturaleza jurisdiccional quedan comprendidas en el tipo de prevaricaci\u00f3n judicial<\/a>[5]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Llegados a este punto cabe preguntarse que sucede cuando los jueces o los magistrados dictan resoluciones injustas en los asuntos en los que no ejercen potestad jurisdiccional, esto es en un asunto de car\u00e1cter gubernativo, disciplinario o administrativo de cualquier tipo. La doctrina no es un\u00e1nime en este punto. As\u00ed, un sector doctrinal entiende que en estos supuestos tambi\u00e9n puede darse una conducta prevaricadora, independientemente de que el acto formal a trav\u00e9s del cual se comete el delito de prevaricaci\u00f3n no adopte la denominaci\u00f3n de sentencia, auto o providencia, o, por el contrario, se plasme en otro tipo de resoluci\u00f3n: acuerdo, expediente, resoluci\u00f3n gubernativa, etc<\/a>[6]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Otro sector de la doctrina entiende que las resoluciones que puedan dictar los Jueces y Magistrados en asuntos gubernativos, disciplinarios o administrativos no se pueden incluir en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial, por no tener nada que ver con la funci\u00f3n jurisdiccional y estar fuera del \u00e1mbito del deber que comporta dicha funci\u00f3n<\/a>[7]<\/a>.<\/span><\/p>\n

A nuestro juicio, el hecho de que los miembros del Poder Judicial participen en la realizaci\u00f3n de funciones distintas a las puramente jurisdiccionales, como por ejemplo en Juntas electorales o en Jurados provinciales de expropiaci\u00f3n forzosa, no determina que las resoluciones que dicten en el ejercicio de esas funciones tengan naturaleza jurisdiccional. De ah\u00ed, que\u00a0 la responsabilidad penal en estos casos deber\u00e1 exig\u00edrseles a trav\u00e9s del cauce de la prevaricaci\u00f3n administrativa<\/a>[8]<\/a>, diferenci\u00e1ndose claramente entre la responsabilidad penal por dictar resoluciones injustas en asunto administrativo y la responsabilidad penal por dictar resoluciones injustas en el \u00e1mbito de la funci\u00f3n jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, \u00fanicamente quedar\u00edan incluidas en el tipo de la prevaricaci\u00f3n judicial aquellas resoluciones de los jueces y tribunales que tuvieran naturaleza jurisdiccional. Adem\u00e1s, entendemos con RAMOS TAPIA, que incluso quedar\u00edan fuera del \u00e1mbito de protecci\u00f3n del delito aquellas decisiones que dictadas en el seno del propio proceso, calificables como injustas, pero que no tienen car\u00e1cter jurisdiccional, como las advertencias y correcciones que por recaer en personas que est\u00e9n sujetas a jurisdicci\u00f3n disciplinaria, se imponen en la misma sentencia (art. 244 LOPJ)<\/a>[9]<\/a> Centr\u00e1ndonos ya en el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional, se hace necesario determinar si todas las resoluciones que dictan los jueces y magistrados a lo largo de la sustanciaci\u00f3n de un proceso est\u00e1n incluidas en el \u00e1mbito del delito de prevaricaci\u00f3n\u00a0 judicial.<\/span><\/p>\n

El art. 245 LOPJ establece que \u201clas resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan car\u00e1cter jurisdiccional se denominar\u00e1n: a) Providencias, cuando tengan por objeto la ordenaci\u00f3n material del proceso; b) Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma; c) Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando seg\u00fan las Leyes procesales, deban revestir esta forma\u201d.<\/span><\/p>\n

Una cuesti\u00f3n que se suscita al analizar la clase de resoluciones que est\u00e1n incluidas en el tipo de prevaricaci\u00f3n judicial, es determinar si el delito de prevaricaci\u00f3n se puede cometer a trav\u00e9s de una providencia.<\/span><\/p>\n

El C\u00f3digo Penal de 1973 al regular el delito de prevaricaci\u00f3n se limitaba a mencionar las sentencias y los autos<\/a>[10]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el C\u00f3digo Penal de 1995 en el art. 446 al regular las resoluciones judiciales que pueden dar lugar a la existencia del delito, se refiere a las sentencias o a cualquier resoluci\u00f3n injusta. La redacci\u00f3n de este precepto plantea algunos problemas de interpretaci\u00f3n, ya que no establece qu\u00e9 resoluciones est\u00e1n encuadradas en el tipo de la prevaricaci\u00f3n. Del tenor literal del art\u00edculo parece colegirse que abarcar\u00eda cualquier tipo de resoluci\u00f3n dictada por un Juez o Magistrado en el curso del proceso, esto es las sentencias, los autos y las providencias.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, esta es una cuesti\u00f3n controvertida entre la doctrina. As\u00ed, un sector de la doctrina viene entendiendo que las providencias no est\u00e1n incluidas en el delito de prevaricaci\u00f3n. En este sentido, BENEYTEZ MERINO se\u00f1ala que est\u00e1n excluidas \u201cporque en ellas no se hace valoraci\u00f3n alguna ni se resuelve sobre una cuesti\u00f3n jur\u00eddica, por lo que no puede haber problema de justicia aunque sean procesalmente incorrectas\u201d<\/a>[11]<\/a>. Asimismo lo entiende REIGOSA GONZALEZ para quien \u201cla circunstancia de que las providencias queden reducidas a la ordenaci\u00f3n material del proceso, determina su exclusi\u00f3n de las figuras de prevaricaci\u00f3n, pues verdaderamente a trav\u00e9s de ellas no se realiza funci\u00f3n de juzgar en su propio sentido. En todo caso la posibilidad de su control penal \u00faltimo, se llevar\u00eda a cabo a trav\u00e9s del auto que la confirmase, caso de ser desestimado el correspondiente recurso de reforma o reposici\u00f3n\u201d<\/a>[12]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Otro sector de la doctrina entiende que las providencias deben incluirse entre las resoluciones que pueden dar lugar a la existencia del delito de prevaricaci\u00f3n judicial<\/a>[13]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Consideramos que la expresi\u00f3n \u201cresoluci\u00f3n\u201d utilizada por el legislador debe entenderse como comprensiva de todas las resoluciones dictadas por los \u00f3rganos jurisdiccionales, esto es, sentencias, autos y providencias. Ahora bien, partiendo del tenor literal del art. 245 LOPJ, seg\u00fan el cual las resoluciones de los Jueces y Tribunales se denominar\u00e1n providencias cuando tengan por objeto la ordenaci\u00f3n material del proceso, parece claro que no podr\u00e1 cometerse el delito de prevaricaci\u00f3n cuando la providencia se limita a este cometido. Esto es, si la providencia se limita a la ordenaci\u00f3n material del proceso es evidente que en la misma no se est\u00e1 llevando a cabo ninguna funci\u00f3n jurisdiccional por lo que no estar\u00eda incluida en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial. Por tanto, entendemos con RAMOS TAPIA que \u201cuna resoluci\u00f3n judicial s\u00f3lo puede calificarse de injusta, a los efectos de la prevaricaci\u00f3n, cuando en ella el juez decide o da una soluci\u00f3n al caso que no puede justificarse como la querida por el Derecho, lo cual, desde luego, puede deberse tanto a la infracci\u00f3n de normas sustantivas como a la infracci\u00f3n de normas procesales esenciales en el procedimiento\u201d<\/a>[14]<\/a> y en las providencias el Juez no decide una cuesti\u00f3n, ni definitiva ni incidental, sino que se limita a dar impulso al proceso<\/a>[15].<\/a><\/span><\/p>\n

As\u00ed, podemos concluir que el delito de prevaricaci\u00f3n judicial s\u00f3lo se podr\u00e1 cometer a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n que tenga contenido decisorio, quedando excluidos los actos de tr\u00e1mite<\/a>[16]<\/a>. Ahora bien, en algunas ocasiones nos encontramos con resoluciones que,\u00a0 a pesar de adoptar la forma de providencia, tienen el contenido propio de un auto y resuelven cuestiones esenciales de un asunto. Por tanto, a nuestro juicio habr\u00e1 que atender no tanto a la forma que adopte la resoluci\u00f3n sino a su contenido, es decir habr\u00e1 que analizar si nos encontramos ante\u00a0 una resoluci\u00f3n con contenido decisorio<\/a>[17]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s el C\u00f3digo Penal de 1995 equipara las resoluciones injustas, siendo indiferente que las mismas se hayan dictado en un proceso civil, laboral o administrativo. Esta equiparaci\u00f3n ha sido criticada por QUINTERO OLIVARES al considerar qu\u00e9 es \u201csimplificadora de problemas que tienen una diferente significaci\u00f3n en el terreno del injusto material\u201d<\/a>[18].<\/a><\/span><\/p>\n

Una vez determinado a trav\u00e9s de que\u00a0 clase de resoluciones puede entenderse cometido el delito de prevaricaci\u00f3n judicial, cabe preguntarse si es necesario para poder iniciar el proceso por prevaricaci\u00f3n judicial que la resoluci\u00f3n prevaricadora sea firme. Al analizar esta cuesti\u00f3n encontramos una clara evoluci\u00f3n de la jurisprudencia. Tradicionalmente, en una primera orientaci\u00f3n fundamentada en el art. 758 Real Decreto de 14.9.1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento criminal (en adelante, LECrim)<\/a>[19]<\/a>, se afirmaba que un presupuesto ineludible para la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la querella por prevaricaci\u00f3n judicial era la firmeza de la resoluci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se hab\u00eda cometido el delito. En este sentido, la STS, 2\u00aa, de 10.10.1995 (RJ 1995\\7549; MP: Fernando Cotta M\u00e1rquez de Prado) se\u00f1alaba que \u201cno podr\u00e1 promoverse querella de antejuicio por el delito de prevaricaci\u00f3n relativo a sentencias injustas -en este supuesto varios autos- hasta despu\u00e9s de terminado por sentencia firme el pleito o causa que dieren motivo al procedimiento (…) Sentado lo anterior resulta tambi\u00e9n incuestionable la necesidad de desestimar el motivo primero de mencionado recurso, en cuanto que, en este supuesto, falta la condici\u00f3n de procedibilidad precisa para juzgar los hechos a los que se les califica de delito de prevaricaci\u00f3n al no constar haya finiquitado por sentencia o resoluci\u00f3n firme el proceso en que se adoptaron las decisiones judiciales a que se atribuye la referida infracci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n

Sin embargo actualmente, tras la derogaci\u00f3n del art. 758 LECrim, la jurisprudencia entiende que no ser\u00e1 necesario que la resoluci\u00f3n sea firme para poder iniciar el proceso por prevaricaci\u00f3n judicial<\/a>[20]<\/a>.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, la STS, 2\u00aa, de 11.12.2001 (RJ 2002\\1792; MP: Joaqu\u00edn Gim\u00e9nez Garc\u00eda) afirma que \u201cse confunde, lamentablemente, los t\u00e9rminos de injusticia y de recurribilidad. La injusticia de una resoluci\u00f3n en el sentido objetivo que se sostiene, no depende de la posibilidad de subsanaci\u00f3n a trav\u00e9s del sistema de recursos. Es cierto que la grave desviaci\u00f3n que supone una resoluci\u00f3n injusta, puede ser revocada si es recurrida, pero el recurso no elimina ni sana el injusto t\u00edpico realizado por el Juez o Tribunal, por ello la exigencia de que la resoluci\u00f3n sea firme ni la exige el tipo penal ni puede estimarse como requisito de perseguibilidad. La resoluci\u00f3n injusta lo es \u2018per se\u2019 y como tal constituye una resoluci\u00f3n prevaricadora\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

3. Formas de iniciaci\u00f3n del procedimiento<\/strong><\/span><\/p>\n

El art. 405 LOPJ dispone que \u201cLa responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigir\u00e1 conforme a lo dispuesto en esta Ley\u201d. En concreto, para exigir responsabilidad penal habr\u00e1 que estar a lo dispuesto en los arts. 406 y ss. LOPJ.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan prev\u00e9 el art. 406 LOPJ \u201cel juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podr\u00e1 incoarse por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la acci\u00f3n popular\u201d.<\/span><\/p>\n

3.1. Por providencia\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

El art. 406 LOPJ dispone que el juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podr\u00e1 incoarse por providencia del Tribunal competente, esto es, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la correspondiente Comunidad Aut\u00f3noma o de la Sala de lo Penal del TS<\/a>[21]<\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

El delito de prevaricaci\u00f3n judicial tal y como aparece configurado en el C\u00f3digo Penal es un delito p\u00fablico y por tanto perseguible de oficio. Ello determina que una vez que el tribunal competente para el conocimiento del asunto recibe la notitia criminis, bien de un tercero o por haber adquirido por s\u00ed conocimiento de unos hechos que pudieran ser delictivos, deber\u00e1 poner en marcha el proceso penal.\u00a0<\/span><\/p>\n

As\u00ed, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencia Provinciales, cuando por raz\u00f3n de pleitos o causas de que conozcan o por cualquier otro medio, tuvieran noticia de alg\u00fan acto de un juez o un magistrado realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicar\u00e1, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, a los efectos de incoaci\u00f3n de la causa (art. 407 LOPJ).<\/span><\/p>\n

Sin duda esta previsi\u00f3n legislativa se esta refiriendo a aquellos supuestos en los que el \u00f3rgano superior, debido a que le est\u00e1 atribuido el conocimiento de un recurso ordinario o extraordinario, tiene noticia de la perpetraci\u00f3n del delito de prevaricaci\u00f3n judicial.\u00a0<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, para facilitar que el \u00f3rgano competente tenga conocimiento de la comisi\u00f3n del delito de prevaricaci\u00f3n judicial, el art. 408 LOPJ dispone que \u201ccuando otras Autoridades Judiciales tuvieran conocimiento a trav\u00e9s de las actuaciones en que intervinieren, de la posible comisi\u00f3n de un delito o falta por un Juez o Magistrado en el ejercicio de su cargo, lo comunicar\u00e1n al Juez o Tribunal competente, o\u00eddo el Ministerio Fiscal, con remisi\u00f3n de los antecedentes necesarios\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

3.2. Querella del Ministerio Fiscal<\/strong><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan dispone el art. 406 LOPJ el juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podr\u00e1 incoarse en virtud de querella del Ministerio Fiscal. Esto es l\u00f3gico teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico el Ministerio Fiscal es el titular del ius puniendi estatal, por lo que tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que considere procedentes, haya o no acusador particular en las causas<\/a>[22]<\/a>.<\/span><\/p>\n

La notitia criminis puede llegar al Ministerio Fiscal de diversas maneras. As\u00ed, puede tener conocimiento a trav\u00e9s de la denuncia interpuesta por un particular, que puede ser el perjudicado por el delito de prevaricaci\u00f3n u otra persona que haya tenido conocimiento de la comisi\u00f3n del delito. Como sabemos, la denuncia se caracteriza precisamente por su car\u00e1cter antiformalista, por lo que se puede\u00a0 interponer ante el propio Ministerio Fiscal. Una vez recibida la denuncia \u00e9ste proceder\u00e1 a practicar la investigaci\u00f3n preliminar para comprobar el hecho delictivo o la responsabilidad de los part\u00edcipes en el mismo. Finalizada dicha investigaci\u00f3n podr\u00e1 o bien instar la incoaci\u00f3n del procedimiento penal o bien decretar el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista caracteres de delito, en cuyo caso deber\u00e1 comunicar esta circunstancia al denunciante, que podr\u00e1 reiterar su denuncia ante el \u00f3rgano jurisdiccional<\/a>[23]<\/a><\/span><\/p>\n

Precisamente debido a esta funci\u00f3n que tiene encomendada de ejercitar la acci\u00f3n penal, el art. 409 LOPJ prev\u00e9 que \u201ccuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y otro \u00f3rgano o autoridad del Estado o de la Comunidad Aut\u00f3noma considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondr\u00e1 en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediera el ejercicio de la acci\u00f3n penal\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

3.3. Querella del ofendido o perjudicado<\/strong><\/span><\/p>\n

A diferencia de lo que ocurre en los ordenamientos jur\u00eddicos de nuestro entorno <\/a>[24]<\/a>, en el ordenamiento espa\u00f1ol no existe un monopolio de la acusaci\u00f3n en manos del Ministerio Fiscal<\/a>[25]<\/a>.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, el art. 406 LOPJ tambi\u00e9n se refiere a la posibilidad de que el juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados se incoe en virtud de querella del ofendido o perjudicado.<\/span><\/p>\n

Antes de entrar a analizar el ejercicio de la acci\u00f3n penal por el ofendido o perjudicado en esta clase de delitos, debemos realizar una precisi\u00f3n terminol\u00f3gica. El legislador emplea con gran imprecisi\u00f3n los conceptos de ofendido y perjudicado<\/a>[26]<\/a>. Resuelta fundamental no confundir ambas categor\u00edas<\/a>[27]<\/a>, ya que a pesar de que en la mayor\u00eda de las ocasiones ambas cualidades concurren en la misma persona, puede no ser as\u00ed<\/a>[28]<\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Llegados a este punto, hemos de preguntarnos qu\u00e9 debemos entender por ofendido por el delito. En los textos legales no encontramos una definici\u00f3n de ofendido o agraviado por el hecho delictivo. \u00danicamente, el derogado art. 761.2 LECrim, referente al antejuicio necesario para exigir responsabilidad criminal a Jueces y Magistrados, conten\u00eda una definici\u00f3n de ofendido estableciendo que \u201cse entiende por ofendido aquel a quien directamente da\u00f1e o perjudique el delito\u201d<\/a>[29]<\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Actualmente, la doctrina mayoritaria define al ofendido por el delito, agraviado o sujeto pasivo del mismo como el titular del bien jur\u00eddico protegido por la norma penal, que ha sido lesionado o puesto en peligro por el hecho delictivo<\/a>[30]<\/a>. Como hemos tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, normalmente coincidir\u00e1n en una misma persona las cualidades de ofendido y perjudicado. Sin embargo, existen algunos supuestos en los que el sujeto ofendido por el delito y el que sufre las consecuencias perjudiciales del mismo no coinciden. De hecho, esto es lo que ocurre en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial en el cual, siendo el bien jur\u00eddico protegido la Administraci\u00f3n de justicia<\/a>[31]<\/a>, el ofendido es la colectividad, pues es la que ostenta la titularidad de dicho bien jur\u00eddico, y el perjudicado ser\u00eda aquella persona que, habiendo sido parte en el proceso en el cual se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n injusta, ha sufrido un perjuicios o da\u00f1o patrimonial o moral.<\/span><\/p>\n

Realizada la anterior precisi\u00f3n terminol\u00f3gica, hay que se\u00f1alar que los ofendidos o agraviados por el hecho delictivo estar\u00e1n legitimados para intervenir en el proceso penal como acusador particular<\/a>[32]<\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Va a ser precisamente en la legitimaci\u00f3n para ejercitar la acusaci\u00f3n particular donde cobrar\u00e1 especial importancia la distinci\u00f3n entre las figuras del ofendido y perjudicado. As\u00ed, a trav\u00e9s de una interpretaci\u00f3n literal deber\u00edamos concluir que \u00fanicamente se podr\u00eda constituir en acusador particular el ofendido por el delito, ya que es el \u00fanico legitimado al efecto. De este modo, el perjudicado \u00fanicamente podr\u00eda ejercitar la acci\u00f3n penal constituy\u00e9ndose en acusador popular.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sin embargo, esto no esta ocurriendo en la practica judicial, donde los tribunales admiten regularmente como acusador particular al perjudicado<\/a>[33]<\/a>. De esta forma se evita el problema que supondr\u00eda relegar al perjudicado al ejercicio de la acusaci\u00f3n popular, ya que nos encontrar\u00edamos con el grave inconveniente de que el perjudicado interviniendo como acusador popular no podr\u00eda ejercitar conjuntamente las acciones civil y penal <\/a>[34]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Quiz\u00e1, \u00e9ste sea el motivo que ha llevado a la jurisprudencia, adoptando una interpretaci\u00f3n favorable al perjudicado por el hecho delictivo, a permitir que tambi\u00e9n el mismo pueda ejercitar la acci\u00f3n penal y la acci\u00f3n civil conjuntamente constituy\u00e9ndose en acusador particular.\u00a0<\/span><\/p>\n

Una cuesti\u00f3n relevante que debemos analizar en relaci\u00f3n con el ofendido o perjudicado es la forma en la que debe ejercitar la acci\u00f3n penal. Como hemos tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, el art. 406 LOPJ dispone que el juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podr\u00e1 incoarse en virtud de querella del ofendido o perjudicado.<\/span><\/p>\n

Este precepto obliga a cuestionarse como debe interpretarse la expresi\u00f3n \u201cen virtud de querella\u201d. Del tenor literal de este precepto se colige que no basta la simple denuncia para la iniciaci\u00f3n del proceso penal, sino que es necesaria la presentaci\u00f3n de querella<\/a>[35]<\/a>.<\/span><\/p>\n

Mientras que en el supuesto de ejercicio de la acci\u00f3n penal por el acusador popular, como veremos, no cabe la menor duda de que el mismo debe realizarse a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de la querella, no llega a comprenderse muy bien esta exigencia en el supuesto del ofendido o perjudicado.<\/span><\/p>\n

La explicaci\u00f3n habr\u00eda que encontrarla quiz\u00e1 en el a\u00f1o en que fue aprobada la LOPJ, esto es 1985, anterior a la introducci\u00f3n en nuestro ordenamiento jur\u00eddico del procedimiento abreviado, que como es sabido se produjo por la Ley Org\u00e1nica 7\/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de lo Penal y por la que se modifican diversos preceptos de las Leyes Org\u00e1nica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal (BOE n\u00fam. 313, de 30.12.1988).\u00a0<\/span><\/p>\n

Una interpretaci\u00f3n literal conducir\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el ofendido o el perjudicado s\u00f3lo podr\u00e1 ejercitar la acci\u00f3n penal en esta clase de delitos por medio de querella. Por tanto, supondr\u00eda entender que en esta clase de delitos la acci\u00f3n penal se deber\u00e1 ejercitar siempre a trav\u00e9s de querella, de modo que\u00a0 la querella ser\u00eda un presupuesto procesal de necesario cumplimiento para la v\u00e1lida incoaci\u00f3n del proceso.\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta interpretaci\u00f3n, entendiendo la querella como un presupuesto procesal, es la que ha sostenido la jurisprudencia en doctrina ya consolidada. Baste citar a t\u00edtulo de ejemplo el ATSJ de Castilla-La Mancha, Civil y Penal, de 16.1.2001 (JUR 2001\\102776; MP: Emilio Fr\u00edas Ponce), que se\u00f1ala que \u201cen el caso de autos no procede la incoaci\u00f3n de causa penal, por cuanto el art. 405 de la L.O.P.J. dispone que la \u2018responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo, se exigir\u00e1 conforme a lo dispuesto en esta Ley\u2019, y seg\u00fan el art. siguiente 406 \u2018el juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podr\u00e1 incoarse por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal o del perjudicado u ofendido o mediante el ejercicio de la acci\u00f3n popular\u2019 y como quiera que en el caso de autos ninguna de ellas se ha efectuado, habi\u00e9ndose presentado una simple denuncia contra la citada Sra. Juez, resulta evidente la imposibilidad de incoar causa penal alguna\u201d<\/a>[36]<\/a>. No obstante esta \u00faltima afirmaci\u00f3n debe ser matizada. As\u00ed, si el proceso penal se hubiera ya iniciado por cualquiera de los otros cauces, el ofendido y el perjudicado podr\u00e1n mostrarse parte en la causa simplemente a trav\u00e9s de un acto procesal en que se haga esa manifestaci\u00f3n de voluntad <\/a>[37]<\/a>. Por tanto, iniciado el proceso por prevaricaci\u00f3n contra un juez o magistrado debemos entender que el ejercicio de la acci\u00f3n penal por el ofendido no s\u00f3lo se puede realizar a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de la correspondiente querella, sino que va a ser posible tambi\u00e9n, que tras el preceptivo ofrecimiento de acciones el ofendido decida personarse en la causa a trav\u00e9s de un simple acto de personaci\u00f3n en el que manifieste su voluntad de constituirse en parte en el proceso <\/a>[38]<\/a>.<\/span><\/p>\n

3.4. Ejercicio de la acci\u00f3n popular<\/strong><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan prev\u00e9 el art. 406 LOPJ, otra de las formas de iniciar el proceso penal para exigir responsabilidad penal a un juez o magistrado es a trav\u00e9s del ejercicio de la acci\u00f3n penal por la acusaci\u00f3n popular.\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta previsi\u00f3n legislativa no era necesaria ya que, seg\u00fan se infiere de los arts. 125 CE, 101 LECrim y 19 LOPJ, la acci\u00f3n popular puede ser ejercitada por cualquier ciudadano espa\u00f1ol en cualquier delito p\u00fablico, aunque no haya sido ofendido por el delito.\u00a0<\/span><\/p>\n

El ejercicio de la acci\u00f3n popular exige necesariamente la interposici\u00f3n de querella (art. 270 LECrim). No obstante, el Tribunal Supremo ha manifestado que, una vez iniciado el proceso por prevaricaci\u00f3n, el acusador popular podr\u00e1 mostrarse parte sin necesidad de ejercitar querella. En este sentido se manifiesta la STS, 2\u00aa, de 12.3.1992 (RJ 1992\\2084; MP: Francisco Huet Garc\u00eda)<\/a>[39]<\/a>\u00a0al se\u00f1alar que \u201cel Legislador -trat\u00e1ndose de delito p\u00fablico- no ha limitado la acci\u00f3n popular al derecho de pedir la incoaci\u00f3n del proceso penal mediante querella, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas person\u00e1ndose en los t\u00e9rminos prevenidos en el art. 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir mostr\u00e1ndose parte como adhesi\u00f3n, en nombre de la ciudadan\u00eda, a un proceso pendiente, sin dejar condicionada la eficacia de la acci\u00f3n penal a la formulaci\u00f3n de querella\u201d.<\/span><\/p>\n

No podemos compartir esta opini\u00f3n, porque consideramos que esta forma de personaci\u00f3n prevista en el art. 110 LECrim es aplicable \u00fanicamente al ofendido o perjudicado por el delito y no al acusador popular, porque dicha personaci\u00f3n com\u00fanmente se realizar\u00e1 despu\u00e9s del ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado. La exigencia de que el acusador popular se persone a trav\u00e9s de la querella se basa en que \u00e9ste no se limita a adherirse a la acci\u00f3n penal ejercitada por el Ministerio Fiscal, sino que ejercita una acci\u00f3n propia para la que est\u00e1 expresamente legitimado por la ley.\u00a0<\/span><\/p>\n

La admisi\u00f3n de la querella est\u00e1 condicionada a que el acusador popular preste una fianza de la clase y cuant\u00eda que determine el juez para responder a las resultas del juicio (art. 280 LECrim)<\/a>[40]<\/a>\u00a0.<\/span><\/p>\n

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 <\/p>\n

NOTAS:<\/span><\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

<\/a>[1]<\/a> Sobre la relaci\u00f3n existente entre independencia y responsabilidad judicial v\u00e9ase MONTERO AROCA (1990, pp. 91 y ss.).<\/span><\/p>\n

<\/a>[2]<\/a> En el CP de 1973, el delito de prevaricaci\u00f3n estaba regulado en el T\u00edtulo VII, destinado a los delitos cometidos por los funcionarios p\u00fablicos en el ejercicio de sus cargos, en concreto en el Cap\u00edtulo I, arts. 351 a 361. Sin embargo, en la regulaci\u00f3n actual de la materia el legislador, partiendo del bien jur\u00eddico protegido, opt\u00f3 por incluir el delito de prevaricaci\u00f3n judicial en el T\u00edtulo dedicado a los \u201cDelitos contra la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d, arts. 446 a 449, diferenci\u00e1ndola as\u00ed de la prevaricaci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos que est\u00e1 regulada en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo XIX dentro de los \u201cDelitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u201d. La mayor\u00eda de la doctrina penal ven\u00eda reclamando esta inclusi\u00f3n de la prevaricaci\u00f3n judicial en el T\u00edtulo dedicado a los delitos contra la administraci\u00f3n de justicia. En este sentido v\u00e9anse, entre otros, LUZON PE\u00d1A (1982, p. 781) y MAGALDI (1983, p. 1189).<\/span><\/p>\n

<\/a>[3]<\/a> Sobre el principio de exclusividad jurisdiccional v\u00e9ase MORENO CATENA (2012a, pp. 69 y ss.).<\/span><\/p>\n

<\/a>[4]<\/a> Coincidimos con MORENO CATENA (2012a, p. 132) en que \u201clas particularidades del r\u00e9gimen de responsabilidad personal de los jueces y magistrados se refieren exclusivamente a la que se derive de las actuaciones judiciales, con objeto de preservar su independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[5]<\/a> RAMOS TAPIA (2000, p. 216). En el mismo sentido FERRER BARQUERO (2002, p. 85).<\/span><\/p>\n

<\/a>[6]<\/a> As\u00ed, GONZALEZ CUSSAC (2002, p. 29) afirma que \u201ccomprende cualquier tipo de resoluci\u00f3n diferente de las sentencias, incluso la pronunciada en un procedimiento penal, y cualquier otra sentencia que no sea de \u00edndole penal, como las dictadas en el \u00e1mbito gubernativo o en el Registro Civil\u201d. Igualmente, GOYENA HUERTA (2002, p. 31). En este mismo sentido se ha pronunciado la STS, 2\u00aa, de 24.6.1998 (RJ 1998\\5694; MP: Eduardo M\u00f3ner Mu\u00f1oz), al se\u00f1alar que \u201csin embargo, olvida el impugnante, como se\u00f1ala el Ministerio Fiscal, que aquel precepto expresa que son las resoluciones del orden jurisdiccional, con lo que claramente est\u00e1 admitiendo que los jueces tienen en el ejercicio de sus funciones, capacidad para dictar otras resoluciones, que no tengan tal car\u00e1cter, como\u00a0son las dictadas en el \u00e1mbito gubernativo \u2013art. 244.1 LOPJ- o en el Registro Civil, como expresamente se indica en el art. 2.2 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial, pues, tal funci\u00f3n le viene atribuida por el art\u00edculo 17.4 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, cuyo registro, a tenor del art\u00edculo 86.1 de dicha ley se halla a cargo de los Jueces de primera instancia, y por delegaci\u00f3n de \u00e9stos, de los de Paz. Se requiere que se dicte una resoluci\u00f3n. Por tal, se ha venido entendiendo cualquier acto administrativo que suponga una declaraci\u00f3n de voluntad de contenido decisorio que afecta a los derechos de los administrados, bien sea de forma expresa o t\u00e1cita, escrita u oral. As\u00ed, con independencia de cu\u00e1l sea la forma que revista la resoluci\u00f3n, lo esencial es que \u00e9sta posea en s\u00ed misma un efecto ejecutivo, esto es, que decida sobre el fondo del tema sometido a juicio. Las resoluciones pueden ser verbales, pues esta forma no est\u00e1 prohibida en el ordenamiento jur\u00eddico\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/a>[7]<\/a> En este sentido se ha manifestado la mayor\u00eda de la doctrina. As\u00ed v\u00e9anse: \u00c1LVAREZ GARCIA (1987, p. 134); BENEYTEZ MERINO (1997, p. 4183); FERRER BARQUERO (2002, p. 86) y OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO (1980, p. 130). Tambi\u00e9n en esta l\u00ednea se manifiesta RAMOS TAPIA (2000, pp. 220 y 221) ya que si bien afirma que \u201cdesde la perspectiva de la actividad realizada, podr\u00eda discutirse la existencia de tan radical separaci\u00f3n a efectos penales entre resoluciones dictadas por Jueces y Magistrados cuando son titulares de alg\u00fan \u00f3rgano judicial, y las que dictan cuando forman parte de un Tribunal administrativo\u201d, concluye que \u201cle parece plenamente defendible la opci\u00f3n de nuestro C\u00f3digo Penal de distinguir la responsabilidad penal por dictar resoluciones injustas en la administraci\u00f3n de justicia, es decir, en el ejercicio del poder judicial, y la responsabilidad penal por dictar resoluciones injustas en asunto administrativo\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[8]<\/a> RAMOS TAPIA (2000, p. 220).<\/span><\/p>\n

<\/a>[9]<\/a> RAMOS TAPIA (2000, p. 216).<\/span><\/p>\n

<\/a>[10]<\/a> En este sentido afirma RAMOS TAPIA (2000, pp. 221 y ss.) que \u201cel ACP, al distinguir expresamente el dictado de Autos injustos como un subtipo del delito de prevaricaci\u00f3n dolosa (art. 355 ACP), no dejaba duda de que el delito no exige que la injusticia se cometa en una resoluci\u00f3n definitiva como son las Sentencias o los Autos que ponen fin al procedimiento, sino que tambi\u00e9n los Autos dictados en la tramitaci\u00f3n del proceso estaban incluidos en el \u00e1mbito t\u00edpico\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[11]<\/a> BENEYTEZ MERINO (1997, p. 4183).<\/span><\/p>\n

<\/a>[12]<\/a> REIGOSA GONZALEZ (1994, p. 91).<\/span><\/p>\n

<\/a>[13]<\/a> GARCIA ARAN (1996, p. 187); ORTS BERENGUER (1996, p. 1882) y CANCIO MELIA (1997, p. 1176).<\/span><\/p>\n

<\/a>[14]<\/a> RAMOS TAPIA (2000, p. 224).<\/span><\/p>\n

<\/a>[15]<\/a> GARCIA ARAN (1990, p. 105) y RAMOS TAPIA (2000, p. 224).<\/span><\/p>\n

<\/a>[16]<\/a> OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO (1980, p. 85).<\/span><\/p>\n

<\/a>[17]<\/a> RAMOS TAPIA (2000, p. 225).<\/span><\/p>\n

<\/a>[18]<\/a> QUINTERO OLIVARES (2004, p. 2183).<\/span><\/p>\n

<\/a>[19]<\/a> Este art\u00edculo 758 ha sido derogado por la Ley Org\u00e1nica 5\/1995, de 22 de mayo, del Tribunal de Jurado (BOE n\u00fam. 122, de23.5.1995 ; en adelante, LOTJ). Seg\u00fan dispon\u00eda dicho art\u00edculo \u201ccuando el antejuicio tuviere por objeto alguno de los delitos de prevaricaci\u00f3n relativos a sentencias injustas, no podr\u00e1 promoverse hasta despu\u00e9s de terminados por sentencia firme el pleito o causa que dieren motivo al procedimiento\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[20]<\/a> A juicio de DEL MORAL GARCIA (2002, p. 2466) la exigencia en el caso de sentencias de que la causa en la que recay\u00f3 la resoluci\u00f3n prevaricadora haya finalizado por decisi\u00f3n firme, es una cautela que deber\u00eda haberse mantenido.<\/span><\/p>\n

<\/a>[21]<\/a> Los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, los magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia tienen la condici\u00f3n de aforados, por lo que corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la instrucci\u00f3n y el enjuiciamiento de las causas contra aquellos (art. 57.1.2\u00ba y 3\u00ba LOPJ). Los presidentes de Sala del Tribunal Supremo y los Magistrados de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen, son tambi\u00e9n aforados, por lo que le corresponde a la Sala Especial del TS la instrucci\u00f3n y el enjuiciamiento de las causas que se sigan contra ellos (art. 61 LOPJ). Finalmente, los dem\u00e1s Jueces y Magistrados gozan de un fuero especial ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva Comunidad Aut\u00f3noma (art. 73.3 LOPJ).<\/span><\/p>\n

<\/a>[22]<\/a> Art. 105 LECrim y art. 3.4 Ley 50\/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org\u00e1nico del Ministerio Fiscal (BOE n\u00fam. 11, de 13.1.1982; en adelante, EOMF).<\/span><\/p>\n

<\/a>[23]<\/a> V\u00e9anse art. 773.2 LECrim y art. 5 EOMF.<\/span><\/p>\n

<\/a>[24]<\/a> En el ordenamiento jur\u00eddico italiano existe un monopolio de la acusaci\u00f3n en manos del Ministerio Fiscal, que ejercitar\u00e1 la acci\u00f3n penal incluso en aquellos supuestos en los que para proceder sea necesaria instancia del ofendido. Tambi\u00e9n en el sistema Alem\u00e1n, el derecho de accionar y de acusar es monopolio del Ministerio Fiscal (\u03b4 152 StPO).<\/span><\/p>\n

<\/a>[25]<\/a> A juicio de MORENO CATENA (2012b, p. 101) \u201cesta soluci\u00f3n legislativa, que ha merecido fundadas cr\u00edticas, permite sin embargo conjugar todos los intereses posibles que inciden en un procedimiento penal, pues la entrada a la v\u00edctima para que pueda instar la sanci\u00f3n de la conducta que le ha da\u00f1ado, a cualquier ciudadano que pretenda intervenir acusando, en la medida en que forma parte de la sociedad agredida por el delito, y no descuida la protecci\u00f3n de la sociedad, de modo que corresponsabiliza en alguna medida a todos los componentes de la sociedad y al propio tiempo sirve de control a la actuaci\u00f3n del Estado\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[26]<\/a> A lo largo del articulado de la LECrim encontramos una utilizaci\u00f3n equ\u00edvoca de los conceptos de ofendido y perjudicado. En este sentido v\u00e9ase FERNANDEZ FUSTES (2004, pp. 42 y ss.).<\/span><\/p>\n

<\/a>[27]<\/a> QUINTERO OLIVARES (1999, p. 648). En el mismo sentido se manifiestan ALASTUEY DOBON (1996, p. 485) y ARAGONESES MARTINEZ (1995, p. 417).<\/span><\/p>\n

<\/a>[28]<\/a> En este sentido v\u00e9anse MONTERO AROCA (2001, p. 67) y ALASTUEY DOBON (1996, p. 485).<\/span><\/p>\n

<\/a>[2<\/a>9]<\/a> Remont\u00e1ndonos a\u00fan m\u00e1s en el precedente hist\u00f3rico, en la Base 3\u00aa de las de Reforma del Procedimiento Penal de 1929, se defin\u00eda al ofendido como \u201cal titular del derecho subjetivo violado por la infracci\u00f3n\u201d. Subraya GOMEZ ORBANEJA (1951, p. 262) que este derecho subjetivo existe \u201ccuando la norma tenga por fin la tutela de intereses generales; entonces no puede hablarse de derecho subjetivo del sujeto pasivo, sino meramente de inter\u00e9s reflejo jur\u00eddicamente protegido\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[30]<\/a> En este sentido, ALASTUEY DOBON (1996, p. 485); COBO DEL ROSAL (1991, p. 281) y MONTERO AROCA (2001, p. 69).<\/span><\/p>\n

<\/a>[31]<\/a> No realizaremos un an\u00e1lisis detenido del bien jur\u00eddico protegido en el delito de prevaricaci\u00f3n judicial, por exceder en gran medida el objeto de nuestro estudio. Para una profundizaci\u00f3n en este tema, v\u00e9anse, entre otros, RAMOS TAPIA (2000, pp. 100 y ss.) y FERRER BARQUERO (2002, pp. 22 y ss.). <\/span><\/p>\n

<\/a>[32]<\/a> En este sentido la STS, 2\u00aa, de 2.2.1996 (RJ 1996\\788; MP: Jos\u00e9 Manuel Mart\u00ednez-Pereda Rodr\u00edguez) se\u00f1ala que \u201cla legitimaci\u00f3n para la cualidad de acusador particular dimana del car\u00e1cter de ofendido por el delito, por tratarse de la v\u00edctima de la infracci\u00f3n punible\u201d. V\u00e9ase, igualmente, STC de 31.1.1994 (RJ 1994\\34; MP: Eugenio D\u00edaz Eimil).<\/span><\/p>\n

<\/a>[33]<\/a> MONTERO AROCA (2001, p. 70).<\/span><\/p>\n

<\/a>[34]<\/a> Esto es debido a que la jurisprudencia niega al acusador popular legitimaci\u00f3n para el ejercicio de la acci\u00f3n civil. En este sentido, la STS, 2\u00aa, de 12.3.1992 (RJ 1992\\2442; MP: Jos\u00e9 Augusto de Vega Ruiz) se\u00f1ala que \u201ccon respecto a la petici\u00f3n de indemnizaci\u00f3n que la acusaci\u00f3n popular ejercita, hay que advertir que, desde el punto de vista de la casaci\u00f3n, \u00e9sta se concibe \u00fanicamente para defender y ejercitar derechos propios pero no ajenos, lo que necesariamente debe relacionarse con la legitimaci\u00f3n en el ejercicio de las acciones para la defensa de aqu\u00e9llos, puesto que si la acci\u00f3n penal es siempre p\u00fablica seg\u00fan el art. 101 LECrim (art. 125 de la Constituci\u00f3n), la civil s\u00f3lo afecta a los perjudicados o al Ministerio Fiscal (arts. 108 y 110 LECrim), de tal manera que para la concesi\u00f3n de esa indemnizaci\u00f3n civil se necesita no s\u00f3lo que haya sido solicitada por ese perjudicado o por el Fiscal sino que adem\u00e1s se haya acreditado la existencia de un perjuicio causado por el delito que se castiga\u201d. Tambi\u00e9n puede verse STS, 2\u00aa, de 26.9.1997 (RJ 1997\\6366; MP: Gregorio Garc\u00eda Ancos) y STS, 2\u00aa, de 21.3.1994 (RJ 1994\\2373; MP: Roberto Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez).<\/span><\/p>\n

<\/a>[35]<\/a> En este sentido DEL MORAL GARCIA (2002, p. 2466) afirma que \u201cla simple denuncia no es t\u00edtulo h\u00e1bil para iniciar la causa\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[36]<\/a> Igualmente, v\u00e9anse, ATSJ de Catalu\u00f1a, Civil y Penal, de 9.3.2009 (JUR 2009\\236248; MP: Nuria Bassols Muntada); ATSJ Andaluc\u00eda, Granada, Civil y Penal, de 13.9.2003 (JUR 2003\\235923); ATSJ de Castilla-La Mancha, Civil y Penal, de 25.1.2001 (JUR 2001\\102282; MP: Eugenio C\u00e1rdenas Calvo); ATSJ Andaluc\u00eda, Granada, Civil y Penal, de 12.6.2000 (RJ 2000\\1845); ATSJ Murcia, Civil y Penal, de 29.6.1998 (RJ 1998\\4477; MP: Manuel Abad\u00eda Vicente); ATSJ Andaluc\u00eda, Granada, Civil y Penal, de 5.5.1998 (RJ 1998\\2907; MP: Pl\u00e1cido Fern\u00e1ndez Viagas); STS, 2\u00aa, de 12.6.1995 (RJ 1995\\4517; MP: Jos\u00e9 Augusto de Vega Ruiz).<\/span><\/p>\n

<\/a>[37]<\/a> VIEITES PEREZ (1997, p. 33). En este mismo sentido, FONT SERRA (1991, p. 59) y MONTERO AROCA (2001, p. 71).<\/span><\/p>\n

<\/a>[38]<\/a> Normalmente, una vez que ya se ha iniciado el proceso, la constituci\u00f3n en parte se realizar\u00e1 tras el ofrecimiento de acciones. No obstante, tambi\u00e9n ser\u00e1 posible que esa personaci\u00f3n se realice sin que se haya realizado el preceptivo ofrecimiento de acciones. En este sentido nos parece muy acertada la matizaci\u00f3n realizada al respecto por ORTELLS RAMOS (1997, p. 83) al se\u00f1alar que \u201clos ofendidos por el delito pueden constituirse en parte mediante un simple acto de personaci\u00f3n. Para facilitar este acto se establece el deber de ofrecimiento de acciones\u201d. Sin embargo, \u201ceste ofrecimiento no es presupuesto de admisibilidad de la personaci\u00f3n, que es admisible aunque se realice espont\u00e1neamente\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/a>[39]<\/a> En este mismo sentido, v\u00e9ase SAP Barcelona, Secc. 2\u00aa, de 1.7.2004 (RJ 2004\\604; MP: Javier Arzua Arrugaeta).<\/span><\/p>\n

<\/a>[40]<\/a> La doctrina se ha venido cuestionando si la exigencia de la fianza no constituir\u00eda una cortapisa al derecho a la tutela judicial efectiva, en su principal manifestaci\u00f3n como es el derecho de acceso a la jurisdicci\u00f3n. Sobre esta cuesti\u00f3n se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una consolidada jurisprudencia, se\u00f1alando que la exigencia de una fianza no es en s\u00ed misma contraria al contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando su cuant\u00eda, en relaci\u00f3n a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida u obstaculice gravemente su ejercicio. En este sentido, v\u00e9anse por todas, SSTC, de 26.4.1999 (RJ 1999\\79; MP: Fernando Garrido Falla); de 2.3.1998 (RJ 1998\\50; MP: Jos\u00e9 Gabald\u00f3n L\u00f3pez); de 12.12.1994 (RJ 1994\\326; MP: Carlos de la Vega Benayas); de 29.10.1985 (RJ 1985\\147; MP: Carlos de la Vega Benayas); de 29.11.1984 (RJ 1984\\113; MP: Angel Latorre Segura); de 11.7.1983 (RJ 1983\\62; MP: Rafael G\u00f3mez-Ferrer Morant).<\/span><\/p>\n

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ESPECIALIDADES DEL PROCESO PENAL POR PREVARICACI\u00d3N JUDICIAL – Parte II \u00a0 *** NOTA PUNTO CR\u00cdTICO: Con posterioridad a la elaboraci\u00f3n de este trabajo,\u00a0el legislador espa\u00f1ol ha eliminado la posibilidad de exigir\u00a0\u00a0Responsabilidad Civil\u00a0a Jueces y Magistrados; […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":3,"featured_media":15142,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-15109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-justicia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15109"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15109\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15142"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}