{"id":1229,"date":"2017-02-22T01:00:24","date_gmt":"2017-02-22T00:00:24","guid":{"rendered":"http:\/\/puntocritico.com\/?p=1229"},"modified":"2018-03-06T20:03:05","modified_gmt":"2018-03-06T19:03:05","slug":"a-la-carcel-sin-juicio-justo-sin-presuncion-de-inocencia-sin-defensa-y-sin-hacer-ruido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntocritico.com\/ausajpuntocritico\/2017\/02\/22\/a-la-carcel-sin-juicio-justo-sin-presuncion-de-inocencia-sin-defensa-y-sin-hacer-ruido\/","title":{"rendered":"\u00abA LA C\u00c1RCEL SIN JUICIO JUSTO, SIN PRESUNCI\u00d3N DE INOCENCIA, SIN DEFENSA Y SIN HACER RUIDO\u00bb"},"content":{"rendered":"
\n

SIN DERECHOS HUMANOS: Historia de la Espa\u00f1a contempor\u00e1nea: del 25-S al 25-A; EL JUICIO DE FRAN MOLERO y el Derecho Penal del Enemigo<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n

La condena de Fran Molero, objeto inmediato de este trabajo, se ha producido vulnerando su Derecho Fundamental al JUICIO JUSTO; y por tanto la Presunci\u00f3n de Inocencia. En su Juicio s\u00f3lo hubo espacio para las pruebas de la acusaci\u00f3n, si\u00e9ndole negado su Derecho de Defensa. El objetivo no es otro que DESINCENTIVAR LA EXPRESI\u00d3N DE LA DISCREPANCIA POL\u00cdTICA.<\/span><\/p>\n

En la necesaria defensa de los Derechos Humanos, no nos han de importar \u201cnuestros\u201d Derechos, sino \u201clos\u201d Derechos. De otra forma no habr\u00e1 solidaridad, sino ego\u00edsmo.<\/span><\/p>\n

\u00abUna injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad<\/em>\u00ab<\/span><\/p>\n

(Montesquieu).<\/span><\/p>\n

Este trabajo versa, en \u00faltimo t\u00e9rmino, sobre nuestro futuro. Que se est\u00e1 construyendo en estos mismos momentos como negaci\u00f3n de los Derechos Humanos. En este caso, de los Derechos de Reuni\u00f3n y Manifestaci\u00f3n, de las Libertades de Expresi\u00f3n y de Informaci\u00f3n, de la Libertad y de la misma integridad f\u00edsica, y todo ello mediante la vulneraci\u00f3n del Derecho al Juicio Justo y la Presunci\u00f3n de Inocencia, que se ven afectados, en el caso analizado a continuaci\u00f3n, por\u00a0 la ausencia de defensa material en el seno del proceso judicial entablado contra un ciudadano que se concept\u00faa como \u201cEnemigo\u201d.<\/span><\/p>\n

Toda la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n judicial aqui<\/u><\/strong><\/a><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

*******<\/p>\n

AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES SUBDELEGACI\u00d3N DEL GOBIERNO EN M\u00c1LAGA – SECRETARIA GENERAL SERVICIO\u00a0 DE ASUNTOS JUR\u00cdDICOS<\/strong><\/span><\/p>\n

S\/Ref : 53\/2017 – AJ\/fmb<\/strong><\/span><\/p>\n

Asunto<\/strong>: Manifestaci\u00f3n 24 de febrero de 2017 – Cuevas de San Marcos<\/span><\/p>\n

Don Jos\u00e9 B.B.<\/strong>, cuyos datos constan en este Expediente, actuando en su propio nombre y derecho, como convocante de la Manifestaci\u00f3n de referencia, ante este Centro Directivo comparezco y, como mejor proceda,<\/span><\/p>\n

DIGO<\/strong>:<\/span><\/p>\n

Que le ha sido notificada la Resoluci\u00f3n dictada por el Sr. Subdelegado del Gobierno Accidental, don Luis Carlos Abreu Cervera, de 10 de febrero de 2017, sin indicaci\u00f3n de su car\u00e1cter firme, ni indicaci\u00f3n de los Recursos, en su caso procedentes, contra dicha Resoluci\u00f3n, ni del \u00f3rgano competente para su resoluci\u00f3n<\/strong>. Resoluci\u00f3n de 10 de febrero de 2017 que viene a imponer al ejercicio del DERECHO FUNDAMENTAL DE MANIFESTACI\u00d3N unas limitaciones que, en realidad, vienen a negar su ejercicio, como seguidamente pasamos a exponer conforme a las siguientes<\/span><\/p>\n

ALEGACIONES<\/strong><\/span><\/p>\n

PRIMERA<\/u><\/strong>: Conforme a la citada Resoluci\u00f3n de 10 de febrero de 2017 (cuya copia se adjunta como documento 1 de este escrito), \u201cEsta Subdelegaci\u00f3n del Gobierno da por comunicado el acto p\u00fablico previsto, haci\u00e9ndose las siguientes observaciones: <\/em><\/span><\/p>\n

\u00a01\u00ba.- Habida cuenta que la celebraci\u00f3n del acto deber\u00e1 tener lugar en la v\u00eda p\u00fablica, se observar\u00e1n estrictamente las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Polic\u00eda Local, sin que en ning\u00fan momento se produzcan alteraciones del orden p\u00fablico, ni impedimento de tr\u00e1nsito de personas. Asimismo, no se cortar\u00e1n cruces de v\u00edas, no se invadir\u00e1 la calzada, ni se interrumpir\u00e1 el tr\u00e1fico rodado.\u00a0 <\/em><\/span><\/p>\n

2\u00ba.- En ning\u00fan caso se podr\u00e1n obstaculizar las puertas de acceso, ni impedir el tr\u00e1nsito de ciudadanos y trabajadores por las instalaciones pr\u00f3ximas. <\/em><\/span><\/p>\n

3\u00ba.- En el supuesto de emplear \u201celementos sonoros\u201d les comunicamos que su utilizaci\u00f3n no est\u00e1 prevista en la normativa reguladora del Derecho de Reuni\u00f3n, por lo que les informamos que durante la celebraci\u00f3n de las reuniones deber\u00e1n ajustarse a las normas de convivencia y ruidos establecidas en las correspondientes Ordenanzas Municipales, correspondiendo al Ayuntamiento velar por el cumplimiento de las mismas. <\/em><\/span><\/p>\n

4\u00ba.- Deber\u00e1 observarse lo dispuesto en el art\u00edculo 4, n\u00ba 2 y 3 de la Ley Org\u00e1nica 9\/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reuni\u00f3n, modificada por L.O. 9\/1999 de 21 de abril, respecto a la adopci\u00f3n de medidas de seguridad necesarias para el adecuado desarrollo del acto p\u00fablico y a la responsabilidad subsidiaria que pueda derivarse si se producen da\u00f1os a terceros por los asistentes al acto<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

SEGUNDA<\/u><\/strong>: Las limitaciones sin amparo constitucional que se vienen a imponer al ejercicio de nuestros Derechos Humanos de Reuni\u00f3n y Manifestaci\u00f3n, as\u00ed como a las Libertades de Expresi\u00f3n e Informaci\u00f3n, comienzan en el mismo instante de realizaci\u00f3n de la Comunicaci\u00f3n de la Convocatoria, por medio de las trabas burocr\u00e1ticas a su recepci\u00f3n por parte de esta Administraci\u00f3n, que se intent\u00f3 el pasado d\u00eda 1 de febrero por Fax y Correo Certificado, que no fueron admitidos, oblig\u00e1ndonos a aplazar la convocatoria \u2013inicialmente prevista para el d\u00eda 11 de febrero. Se adjunta copia de dichos documentos (Fax y Correo Certificado), como Documentos n\u00ba 2 y 3 adjuntos a este escrito.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, en primer t\u00e9rmino, hemos de denunciar las trabas que, de manera inconstitucional, se nos impone al ejercicio del Derecho Fundamental de Reuni\u00f3n y Manifestaci\u00f3n, as\u00ed como a las Libertades de Expresi\u00f3n e Informaci\u00f3n: En primer t\u00e9rmino, denunciar las dificultades que para efectuar la Comunicaci\u00f3n de la convocatoria se imponen por parte del Ministerio del Interior-despu\u00e9s de varios intentos documentales de comunicaci\u00f3n, como el Fax, correo electr\u00f3nico y el correo Certificado- nos obligaron a elegir entre aportar documentaci\u00f3n interminable o personarnos f\u00edsicamente en la Subdelegaci\u00f3n de M\u00e1laga Capital para efectuarla, como finalmente nos vimos obligados a hacer.<\/span><\/p>\n

TERCERA<\/u><\/strong>: Una vez conseguimos superar estos obst\u00e1culos (que nos obligaron a retrasar la fecha prevista inicialmente), se nos comunica por parte de la subdelegaci\u00f3n del gobierno en M\u00e1laga, que la Manifestaci\u00f3n se autoriza con unas condiciones que, m\u00e1s que condiciones al ejercicio del Derecho Fundamental, son restricciones al mismo: Nos quieren obligar a ir por la acera, sin hacer ruido, amenazando con sanciones a los convocantes (integrantes del SAT, el Sindicato m\u00e1s represaliado de Europa). C\u00f3mo acertadamente se\u00f1ala un colaborador de este Sindicato, \u00a1Menos mal que a las asistentes no se les impone llevar Mantilla Espa\u00f1ola!<\/span><\/p>\n

Conforme al Art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola \u201c1.- Se reconoce el derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica y sin armas. El ejercicio de este derecho no<\/u><\/strong> necesitar\u00e1 autorizaci\u00f3n previa<\/em>. 2.- En los casos de reuniones en lugares de tr\u00e1nsito p\u00fablico y manifestaciones se dar\u00e1 comunicaci\u00f3n previa<\/u><\/strong> a la autoridad, que s\u00f3lo podr\u00e1 prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, con peligro para personas o bienes<\/u>\u201d.<\/span><\/p>\n

Y, conforme al art\u00edculo 9.2 de la vigente Constituci\u00f3n \u201cCorresponde a los poderes p\u00fablicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obst\u00e1culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural y social<\/em>\u201d, para continuar se\u00f1alando, en el apartado primero del articulo siguiente (art\u00edculo 10.1), que \u201cla dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los dem\u00e1s son fundamento del orden pol\u00edtico y de la paz social<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

Derechos de Reuni\u00f3n y Manifestaci\u00f3n y Libertades de Expresi\u00f3n e Informaci\u00f3n, Derechos Fundamentales garantizados, todos ellos, por la propia Constituci\u00f3n -art\u00edculos 20 y 21-, garant\u00eda reforzada por el Art. 53 de nuestra Norma Fundamental, pues dichos Derechos Fundamentales figuran entre los comprendidos en la Secci\u00f3n Primera del Cap\u00edtulo Segundo del T\u00edtulo Primero de la Constituci\u00f3n (Derechos protegidos por el Recurso de Amparo Constitucional).<\/span><\/p>\n

En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que es posible recabar la obligaci\u00f3n dispensada por los Derechos Fundamentales de la Secci\u00f3n Primera del Cap\u00edtulo Segundo del T\u00edtulo Primero de la Constituci\u00f3n, tanto frente a los poderes p\u00fablicos como respecto de otros ciudadanos, alcanzando a los primeros la obligaci\u00f3n positiva de contribuir a la eficacia de los derechos garantizados y de los valores que abrigan (SSTC 53\/1985, de 11 de abril, FJ 4; 129\/1989, de 17 de julio, FJ 3; 11\/1991, de 17 de enero, FJ 2, y 181\/2000, de 29 de junio, FJ 8).<\/span><\/p>\n

La STC 110\/1988, de 8 de junio consagra el principio de primac\u00eda de los derechos y libertades reconocidos en el Cap\u00edtulo Segundo del T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, cuya consagraci\u00f3n en la Ley fundamental vincula a todos los poderes p\u00fablicos (art. 53.1 C.E. y art. 7.1 LOPJ), y m\u00e1s a\u00fan respecto de los protegidos por el recurso de amparo, que habr\u00e1n de ser reconocidos, en todo caso, de acuerdo con su contenido constitucionalmente declarado \u00absin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido\u00bb (art. 7.2 LOPJ).<\/span><\/p>\n

Ni la Constituci\u00f3n (SSTC 12\/1994, de 17 de enero, FJ 6; 47\/1987; 194\/1987; 176\/1988 y 8\/1990) ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Sentencias del T.E.D.H. de 9 de octubre de 1979, caso AIREY, y 13 de mayo de 1980, caso ARTICO) consagran derechos meramente te\u00f3ricos o ilusorios, sino reales y efectivos; raz\u00f3n por la cual se hace imprescindible asegurar su protecci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Consecuentemente, la infracci\u00f3n, por parte de los Poderes P\u00fablicos, del mandato incondicional efectuado por el Art\u00edculo 9, apartado 2 de la Constituci\u00f3n (\u201cCorresponde a los poderes p\u00fablicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst\u00e1culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural y social\u201d), m\u00e1s en el presente caso, produce el efecto de quedar directamente afectada la efectividad de los derechos fundamentales invocados, ya que no solo se han puesto en peligro, sino que se ha sometido su ejercicio leg\u00edtimo a unas consecuencias que afectan a la noci\u00f3n que se halla en la base del concepto de derechos fundamentales, esto es, la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), que requiere la plena efectividad de estos derechos fundamentales, de acuerdo con el criterio interpretativo de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales (STC 303\/1993, de 25 de octubre, FJ 8).<\/span><\/p>\n

Como se\u00f1ala la STC, 2\u00aa de 15\/1\/2001, n\u00ba 2\/2001: \u201cquienes tiene a su cargo la gesti\u00f3n de una Instituci\u00f3n del Estado deben soportar las criticas de su actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean, y, en su caso, pesa sobre ellos la obligaci\u00f3n de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 143\/1991, FJ 5). Pero de ning\u00fan modo los personajes p\u00fablicos pueden sustraer al debate p\u00fablico la forma en la que se presta un servicio p\u00fablico esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquel que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que estas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos\u201d.<\/span><\/p>\n

CUARTA<\/u><\/strong>: Siendo el principal destinatario de la cr\u00edtica leg\u00edtima que constituye el objeto de la Convocatoria de referencia, precisamente, el partido que ostenta las funciones de gobierno (y por tanto la direcci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica del Estado -partido que ha venido criminalizando el leg\u00edtimo ejercicio de los invocados Derechos Fundamentales que la Constituci\u00f3n garantiza de manera singularmente intensa, a la vez que ordena garantizar su efectividad a todos los poderes p\u00fablicos), si tal ejercicio leg\u00edtimo del derecho a la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n se puede ver coartado por medio de situaciones en las que, como en la presente, el afectado por la divulgaci\u00f3n de las informaciones se encuentra con la posibilidad de obligar a quienes leg\u00edtimamente ejerciten sus Derechos Fundamentales a soportar condiciones que desnaturalizan la esencia misma de los citados Derechos Humanos, as\u00ed como a sus convocantes se les amenaza con perjuicios econ\u00f3micos por hechos de terceros sobre los que carecen de toda posibilidad de actuaci\u00f3n, el riesgo resulta evidente: la derogaci\u00f3n \u201cde facto\u201d de Derechos Fundamentales, la imposibilidad de su ejercicio, pues se imponen tales limitaciones que los convierte en meros espejismos, enunciados constitucionales vac\u00edos de contenido y excluidos de la garant\u00eda establecida en el art. 53 de nuestra Norma Fundamental.<\/span><\/p>\n

Es, precisamente, en supuestos como el que nos ocupa (en que la informaci\u00f3n divulgada afecta, de manera particularmente intensa, a los \u00e1mbitos esenciales de nuestro Estado de Derecho; al DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN INDEFENSI\u00d3N, as\u00ed como a la VULNERACI\u00d3N DE LA PRESUNCI\u00d3N DE INOCENCIA),\u00a0 en que la necesidad de preservar la efectividad del ejercicio de Derechos Fundamentales alcanza su grado m\u00e1ximo. Ello no es sino consecuencia de la pac\u00edfica y consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, conforme a la cual del ejercicio leg\u00edtimo de los Derechos Fundamentales no es posible derivar consecuencias perjudiciales para quien los ejercita.<\/span><\/p>\n

El fundamento constitucional del derecho fundamental a la libertad de expresi\u00f3n y de informaci\u00f3n reside en la consideraci\u00f3n de una sociedad democr\u00e1tica libre y plural, que conlleva la necesidad de que los ciudadanos puedan estar informados acerca de los asuntos de relevancia p\u00fablica y social.<\/span><\/p>\n

En el caso que nos ocupa, la restricci\u00f3n del ejercicio de las libertades de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n, de manifestaci\u00f3n y reuni\u00f3n, afectar\u00eda, por lo dem\u00e1s, no solo a quienes desean acudir a la Convocatoria de Manifestaci\u00f3n comunicada, sino a toda la ciudadan\u00eda, que es a quien se dirige la garant\u00eda constitucional del ejercicio de dichos derechos fundamentales; en efecto, la lesi\u00f3n es causada a todos los ciudadanos en su derecho a recibir libremente informaci\u00f3n, en base a la cual se forma la opini\u00f3n p\u00fablica y se promueve el Estado democr\u00e1tico libre y plural que nuestra Constituci\u00f3n establece.<\/span><\/p>\n

QUINTA<\/u><\/strong>: A todo lo anterior se suma la m\u00e1s que probable asistencia masiva a la Manifestaci\u00f3n Convocada para este viernes 24 de febrero en Cuevas de San Marcos, que impedir\u00e1 de facto la observancia del condicionado objeto de este escrito.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, una manifestaci\u00f3n en la que se proh\u00edbe comunicar mediante megafon\u00eda con los asistentes, y en la que se conmina a transitar por la acera, sin que se conozcan el fundamento de la existencia de \u2013en palabras del propio art\u00edculo 21 de la vigente Constituci\u00f3n- \u201crazones fundadas de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, con peligro para personas o bienes<\/em><\/strong>\u201d, pues no se expresan en la Resoluci\u00f3n de 10 de febrero de 2017 a que se refiere este escrito, viene a impedir \u2013o cuanto menos a dificultar gravemente- el ejercicio leg\u00edtimo de los Derechos Fundamentales enunciados en los art\u00edculo 20 y 21 de nuestra Norma Fundamental.<\/span><\/p>\n

Es por ello que, a la vista de la considerable afluencia de p\u00fablico que se espera asista a la convocatoria, hemos de solicitar de esta administraci\u00f3n que o bien sean anuladas tales inconstitucionales condiciones, o bien se tomen medidas adecuadas a la afluencia de manifestantes, tales como una ampliaci\u00f3n de las aceras por las que ha de discurrir la manifestaci\u00f3n, u otras que no impidan el ejercicio de los Derechos bajo la apariencia de un condicionado que, en realidad, viene a negar el ejercicio de los derechos que nos proponemos ejercitar leg\u00edtimamente.<\/span><\/p>\n

Es por ello que, a este centro directivo,<\/span><\/p>\n

SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, se proceda a dar respuesta escrita con car\u00e1cter urgente a todas las cuestiones planteadas en el mismo, con cuanto m\u00e1s sea menester.<\/span><\/p>\n

Es Justicia que pido en Cuevas de San Marcos, a 21 de febrero de 2017.-<\/span><\/p>\n

Fdo. Don Jos\u00e9 B.B.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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