TRAGEDIA EN BARBATE: Guardias Civiles Descuartizados por el Narco
Tabla de contenidos
- 1 Instrucciones para saquear un país
- 2 LA PRUEBA DE QUE LOS GUARDIAS DE BARBATE FUERON ASESINADOS: LAS LANCHAS NO TENÍAN DROGA
- 3 LA NARCOLANCHA QUE MATÓ A LOS GUARDIAS CIVILES DE BARBATE ES PROPIEDAD DE UN MARROQUÍ
- 4 UN IMPUTADO REVELA UN VÍDEO ANTE LA JUEZ QUE DESMIENTE LA AUTORÍA DEL ASESINATO DE LOS GUARDIAS DE BARBATE
- 5 TRAGEDIA EN BARBATE: NARCOLANCHAS DE 100.000 EUROS FONDEADAS EN ALTA MAR PARA EVITAR SU INCAUTACIÓN
- 6 LA INFILTRACIÓN DE LOS NARCOS DENTRO DE LA SOCIEDAD: «SE COBRA HASTA MIL EUROS POR DAR CHIVATAZOS DE GUARDIAS CIVILES»
- 7 ASESINATO DE DOS GUARDIAS CIVILES EN BARBATE
- 8 EL DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD ANTIDROGA, UN MISTERIO QUE PLANEA SOBRE LA TRAGEDIA DE BARBATE
- 9 EL JEFE DE LA UNIDAD ‘ANTINARCO’ DESMANTELADA POR MARLASKA SERÁ JUZGADO POR CORRUPCIÓN
- 10 CONSTERNACIÓN EN LA POLICÍA TRAS DETENER AL TERCER JEFE ANTIDROGA CONSECUTIVO EN MURCIA
Instrucciones para saquear un país
Por Carlos Marín-Blázquez
Gaceta, 8 MARZO 2024
Saquear un país no es una tarea sencilla. Y no lo es porque, al menos en un sistema nominalmente democrático, el saqueo metódico de los recursos comunes debe efectuarse de un modo que resulte compatible con el hecho de que una significativa porción del electorado no deje de votar a quienes lo perpetran. Así pues, una de las claves del éxito de la corrupción estriba en generar una sólida corriente de empatía entre el agente que protagoniza el expolio y el sujeto colectivo que lo padece. Este último ha de percibir que en la evidencia del daño que se le inflige —que se nos inflige— hay una prueba de lealtad a la que se le somete. Y cuando con su voto proceda a refrendar el comportamiento delictivo de la trama que ha orquestado o consentido el pillaje, lo hará en una paz de conciencia absoluta, sin un solo reproche íntimo que hacerse, colmado de esa serena beatitud que emana de quienes han aprendido a transitar por la esfera de los asuntos públicos habiéndose desembarazado de fastidiosos escrúpulos morales.
No obstante, antes de llegar a ese punto, lo primero que se necesita para saquear un país es que exista una organización que aglutine al número suficiente de elementos aptos para la práctica del latrocinio. Resulta muy conveniente que dicha organización ostente una naturaleza política, pues de lo que se trata es de acceder al flujo de recursos con que una sociedad contribuye al sostenimiento material del Estado. Esto puede parecer un requisito de fácil cumplimiento, pero no lo es. La organización a la que nos referimos debe hallarse inserta en un sistema donde el poder político lo decide todo. Pero un sistema donde el poder político lo decide todo no es propiamente una democracia, de manera que para estar en situación de llamar democrático a un régimen que no se desempeña como tal es imprescindible hacer creer a los ciudadanos que existen instituciones y mecanismos que velan, sin ningún tipo de interferencias ni coacciones, por el cumplimiento íntegro de las leyes. Y para eso se inventó la propaganda.
La propaganda es mucho más que un conjunto de televisiones y emisoras de radio de titularidad pública, sufragadas por tanto con el dinero de los contribuyentes y cuya explotación el poder político de turno se arroga en su beneficio. La propaganda es todo aquello que, a lo largo de generaciones, propicia una atmósfera de unanimidades, urde un determinado clima cultural y edifica una arquitectura psicológica de dogmas y estereotipos que limitan la capacidad de discernimiento de los sujetos abocados a vivir bajo su influjo.
Durante años, decenios incluso, a la propaganda se le confía el crucial cometido de que la entidad consagrada al saqueo del país quede asociada en el subconsciente colectivo a la noción benemérita de una honradez centenaria. De ese modo, se consigue que cada vez que aflora la noticia de una malversación de fondos públicos, el cobro de una comisión ilegal o el trato de favor a algún familiar cercano, el individuo que ha sufrido la desgracia de ser sorprendido en el flagrante acto deshonroso (que no es, por lo demás, sino la cabeza de turco necesaria para que siga funcionando una maquinaria que se engrasa con la podredumbre moral de sus más prominentes artífices) quede mágicamente desvinculado de las siglas de la organización bajo cuyo amparo ha perpetrado la fechoría.
La propaganda, en el sentido amplio de artefacto ideológico que le hemos atribuido con anterioridad, tiene además una finalidad añadida, de todo punto esencial: ha de contribuir a la creación de una sociedad carente de la fibra necesaria para protagonizar cualquier acto de contestación cívica. Esto se logra a través del manejo de la opinión pública, operación que, para ser eficaz, no puede esperar a dar comienzo en la edad adulta, sino que tiene que hallarse operativa desde los más tiernos estratos de la vida del individuo. De lo que en último término se trata es de que dicha opinión pública, convenientemente adoctrinada, quede desposeída de todo el orden simbólico predecente, de toda referencia de autoridad anterior a las entidades que prevalecen en un Estado de partidos, que son las que en adelante ocuparán el vacío provocado por esta descomunal estrategia de arrasamiento.
Así, al quedar destruidos los símbolos que servían para generar un sentimiento de comunidad histórica, de nación hermanada por vínculos metapolíticos, lo que queda es una muchedumbre de individuos carentes de lazos orgánicos, donde cada cual vive atento en exclusiva a la satisfacción de sus intereses particulares, desentendido de la vida pública y resignado a las tropelías impunes de la casta gobernante. Una muchedumbre alimentada con la papilla del entretenimiento banal y la cháchara emotivista, y a la que los demagogos adulan al mismo tiempo que la empobrecen. Una muchedumbre, en definitiva, a la que se le hace creer que disfruta de un amplio catálogo de derechos sociales cuando en realidad se la está haciendo cada vez más dependiente del poder omnímodo del Estado.
El estadio final de este proceso de desmantelamiento social es la caída en un lodazal donde las líneas que marcan la delimitación entre lo público y lo privado se han difuminado por completo. Entonces es cuando el saqueo de un país ya no tiene por qué limitarse al pillaje de los recursos comunes, sino que puede llegar tan lejos como decidan quienes hacen las leyes. La clase gobernante y el entramado mediático-cultural se funden en una simbiosis indestructible. La nación se reduce a un agregado de individuos que deben producir para poder ser parasitados. Y en adelante, como en la letra de Povera patria, aquella canción de Franco Battiato, todo queda en manos de una ralea de gente infame que no conoce el pudor.
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LA PRUEBA DE QUE LOS GUARDIAS DE BARBATE FUERON ASESINADOS: LAS LANCHAS NO TENÍAN DROGA
Un atestado policial, incorporado al sumario, revela que las embarcaciones no portaban ninguna mercancía ilegal
Por Enrique Recio y Teresa Gómez
The Objective, 19 MARZO 2924
Vídeos del recinto portuario de Barbate, imágenes grabadas desde otros barcos atracados en el puerto, testimonios de distintos testigos, la cámara Go-Pro de una de las víctimas… y un hecho clave: que las narcolanchas no portasen ningún tipo de mercancía ilegal. Son los indicios bajo los que la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz sustenta el delito de asesinato en el caso de los dos agentes que murieron tras ser embestidos por una narcolancha en la noche del pasado 9 de febrero, según desgrana uno de los atestados policiales incorporados al sumario de la causa, que dirige el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barbate, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
No portaba droga ni petacas de gasolina, ni migrantes, siendo esta la carga ilegal que suelen transportar y que en alguna ocasión suelen tratar de proteger huyendo de las fuerzas de seguridad
En el escrito, los investigadores destacan que la embarcación cuatrimotora que utilizaron los seis implicados, todos ellos en prisión provisional por delitos de asesinato, contrabando y resistencia a la autoridad, «no portaba droga ni petacas de gasolina, ni migrantes, siendo esta la carga ilegal que suelen transportar y que en alguna ocasión suelen tratar de proteger huyendo de las fuerzas de seguridad». Por lo que «más allá de estar patroneando un género prohibido —se refiere a la narcolancha—, nada tenían que defender». «La única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque gratuito acometido contra la embarcación de la Guardia Civil es la intención de causarles un grave daño o quitarles la vida», apuntala el atestado
La única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque gratuito acometido contra la embarcación de la Guardia Civil es la intención de causarles un grave daño o quitarles la vida
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También pone de manifiesto «la situación de indefensión» bajo la que actuaron los seis guardias civiles en el recinto portuario frente a «la sustancial diferencia de tamaño, de velocidad, potencia y agilidad en sus maniobras» de la narcolancha que les arrolló. La neumática que utilizaron los agentes «era más lenta y liviana», apunta la Guardia Civil. Un extremo que, del mismo modo, confirma la Go-Pro que portaba uno de los funcionarios policiales que resultó herido y que pudo grabar todos los hechos: cómo los investigados se aprovecharon del «desvalimiento en el que se vieron los agentes atacados», quienes, «pese a realizar varios disparos al aire, no pudieron evitar el atentado contra los seis guardias civiles y la muerte violenta de dos de ellos».
Un ataque tan violento, a gran velocidad, por estribor, o cualquiera que hubiese sido la zona atacada, tenía que acabar necesariamente con la muerte de al menos alguno de sus ocupantes
«El agente también captó cómo tras recibir una primera embestida, la narcolancha se alejó y regreso a gran velocidad pasando por encima de la embarcación oficial», «pasando por encima con la quilla, con toda la superficie del casco y con los cuatro motores de 300 caballos de potencia y unos 300 kilogramos de peso cada uno, dotados de elementos metálicos cortantes diseñados para el paso del agua en el avance de la navegación»
Los seis implicados en el presunto asesinato de los dos agentes fueron detenidos en la madrugada y medio día del 10 de febrero, pocas horas después de que ocurriesen los hechos. La Guardia Civil, en primer lugar, arrestó a José Jairo P. G, José Antonio G.C. y David G.N., tras seguir el rastro de la embarcación, desde el Puerto de Barbate hasta Sotogrande, donde, por medios técnicos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) del Instituto Armado, fueron observados hasta que la narcolancha los desembarcó. La Guardia Civil verificó su participación de los hechos a partir de las cámaras del Puerto de Barbate horas antes de que sucediesen los hechos, y también por las prendas que portaban dos de ellos y que varios testigos, desde otros barcos, reconocieron durante el arrollamiento.
Horas después, el mismo sistema y un avión de la Guardia Civil que se desplazó hasta la zona del Estrecho de Gibraltar observó cómo la misma embarcación se refugió tras un carguero, hasta que, por la mañana del día siguiente, fue vista aproximarse a la playa de la Hacienda, en La Línea de la Concepción. Allí, los otros tres investigados por los presuntos asesinatos, José Israel A.B., Francisco M.P., más conocido como ‘Kiko El Cabra’, y M. C., la abandonaron y se ocultaron entre la vegetación de la zona, siendo detenidos posteriormente, tras haberse llevado a cabo un dispositivo de cierre de la zona que impidió que pudieran huir.
Cuando fue intervenida la embarcación, los investigadores comprobaron que se trataba de la misma con la que se habían cometido los hechos, la noche anterior. Una narcolancha de cuatro cuatro motores fueraborda —siendo la única con esas características que se encontraba en el Puerto de Barbate, según han acreditado las pesquisas a partir de distintos vídeos— con dos antenas de sistema de radar, una de ellas desprovista de la carcasa superior de color blanco y con daños compatibles con el impacto con la embarcación de al Guardia Civil.
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LA NARCOLANCHA QUE MATÓ A LOS GUARDIAS CIVILES DE BARBATE ES PROPIEDAD DE UN MARROQUÍ
En su declaración, el investigado Mustafa C. niega los hechos y advierte de que fue otra barca la que arrolló a los agentes
Por Enrique Recio y Teresa Gómez
The Objective, 20 MARZO 2924
El dueño de la narcolancha cuatrimotora que supuestamente mató a los dos guardias civiles en el puerto de Barbate se llama Karim, es de nacionalidad marroquí y vive en el reino alauí. Es lo que ha revelado uno de los seis investigados por los dos presuntos asesinatos y otros cuatro en grado de tentativa, Mustafá C., en su declaración ante la juez que instruye el caso, incorporada al sumario, y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva. El detenido, al igual que el resto de tripulantes imputados, ha admitido que iba en una de las embarcaciones que se refugiaron por el temporal en el recinto portuario, pero ha negado que embistiese la neumática de la Guardia Civil. Ha asegurado que fue otra lancha, también de cuatro motores y con una antena, la que acabó con la vida de los agentes.
Según su testimonio, la narcolancha en la que también iban el resto de imputados (José Israel A.B., Francisco M.P., más conocido como ‘Kiko El Cabra’, José Jairo P. G, José Antonio G.C. y David G.N.) estaba situada en una zona próxima «a una boya roja» del puerto, junto a otras dos de dos y tres motores; y en otra ubicación, «cercana a una boya verde», estaban las otras tres, de tres y cuatro motores. Y habría sido esta última la que, con ayuda de otra embarcación, se lanzó contra la zódiac del Instituto Armado en repetidas ocasiones. Una goma, propiedad del citado marroquí, «en la que iban a bordo cuatro personas, dos de nacionalidad española y otras dos en situación irregular. La nuestra también era de otro marroquí», ha apuntado.
«Es la que mató a esa gente»
«Es la que mató a esa gente», insiste Mustafá C. en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate. Los supuestos implicados en el asesinato de los funcionarios policiales han negado en sede judicial su implicación en los hechos. Defienden que tras advertir el barco de la Guardia Civil, se resguardaron en la «boca de salida» del puerto y, desde allí, a «unos 600 metros de distancia», vieron cómo la otra embarcación «daba vueltas a su alrededor» y, finalmente, «la partía en dos».
Una coartada que, según han señalado, pueden demostrar con un vídeo «donde se ve todo» y que grabó desde su embarcación uno de los tripulantes investigados, Mustafá C., cuando se produjo el ataque a la neumática oficial. El joven marroquí ha asegurado ante la instructora que mandó a un familiar un archivo «de unos 40 segundos» poco después de que la narcolancha embistiese a los agentes. En la misma línea, Francisco P. M., alias El Cabra, también ha manifestado que el vídeo, incorporado a la causa, revela audios de los implicados, sorprendidos ante el ataque: «Vaya porrazo les han dado a los hijos de p…».
Un fallo en la dirección de la narcolancha
El relato del tripulante de la narcolancha, Kiko El Cabra, y del resto investigados difiere sustancialmente de la versión que recogen los atestados y la investigación de la Guardia Civil, según revelan sus declaraciones. Francisco M.P, José Israel A.B. y Mustafá C. han explicado que decidieron ir al puerto de Barbate por el temporal, pero también por «un error en la dirección» y otra serie de averías en la narcolancha. Motivo por el que, una vez allí, sobre el medio día del pasado 9 de febrero, habrían llamado a los otros tres investigados, José Jairo P. G, José Antonio G.C. y David G.N. para reparar el problema, que tardaron en solucionar entre «dos y cinco horas», han declarado.
De este modo, siempre según el relato de los investigados, los supuestos mecánicos, que todavía estaban en la narcolancha cuando se produjo el ataque a la Guardia Civil, se vieron obligados a quedarse en su interior. «Los chavales no podían irse porque sabíamos que todo eso era ilegal. Nosotros acudimos cuando nos llamo ‘el Kiko’ porque solemos apañarnos entre nosotros para arreglar estas cosas», han señalado los investigados. «Asustados», decidieron refugiarse casi en la salida del puerto y posteriormente salir del recinto portuario.
Sobre por qué desembarcaron, tras la huida del puerto, a tres de los implicados en Sotogrande sobre las 00.45 horas del día 10 de febrero, y posteriormente se fueron con la embarcación mar adentro, José Israel A.B. ha manifestado que fueron «ellos —los supuestos mecánicos— quienes se lo pidieron porque no tenían nada que ver». Asimismo, ha asegurado que ellos «tenían ordenes de custodiar la narcolancha durante toda la noche», por lo que tuvieron que marchase. Sin embargo, «el temporal y un error en los motores» les llevó a ir a tierra y embarrancar la neumática en la Playa de La Hacienda, en la Línea de la Concepción, donde fueron finalmente detenidos.
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UN IMPUTADO REVELA UN VÍDEO ANTE LA JUEZ QUE DESMIENTE LA AUTORÍA DEL ASESINATO DE LOS GUARDIAS DE BARBATE
Varios de los detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate aseguraron ante la juez que disponen de vídeos que demostrarían su inocencia
Por Borja Méndez
Vozpopuli, 14 MARZO 2024
Los ocho detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate reconocieron haber estado esa noche en una narcolancha pero negaron que su embarcación fuera la que embistió a la de los agentes. Varios de ellos afirmaron ante la juez que instruye el caso que incluso llegaron a grabar vídeos que mandaron a sus familiares de como fueron testigos del homicidio. Mustafá C. afirmó en respuesta a la Fiscalía que conocía a los asesinos reales de los funcionarios que eran otros individuos de nacionalidad marroquí, según su declaración a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
La investigación del asesinato de David y Miguel Ángel aún se encuentra en fase inicial ya que se está analizando los sistemas de navegación de la narcolancha que conducía ‘Kiko el Cabra’ y de otra embarcación que fue hallada dos días después. También se están realizando diligencias de los daños que había en estas dos naves. Esa noche, según el testimonio de los acusados, había seis ‘gomas’ apostadas en el puerto. Hacen especial mención a una de ellas ya que tiene características similares a la que ellos montaban con cuatro motores.
Los ocho detenidos por este homicidio negaron su participación en el mismo. Según el testimonio que prestó ‘Kiko el Cabra’, el principal investigado al ser el conductor, su embarcación estaba averiada y no podía realizar esos giros. Es por ello que se subió a la misma otro grupo de tres personas para intentar ayudarles con este problema.
Precisamente, los ‘mecánicos’ que arreglaron el problema, «perdieron un tornillo», se bajaron en Sotogrande pero fueron detenido poco después por la Guardia Civil. Una de las cuestiones que más interesó a la magistrada era conocer por qué se separó el grupo de narcos horas después del asesinato de los agentes. Unos callaron mientras que otros alegaron que en Sotogrande había menos presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Apuntan a un marroquí llamado Karim
Asimismo, los investigados confirmaron que había otras naves esa noche refugiadas por el temporal en el Puerto de Barbate. Sin embargo, muy significativa fue la declaración de Mustafá, el único marroquí detenido por estos hechos que apuntó a que unos compatriotas suyos estaban detrás del crimen.
Este joven sí que declaró que el dueño de la narcolancha era también marroquí. La Fiscalía le preguntó si conocía a los ocupantes de la otra nave y afirmó que el conductor se llamaba Karim. «Dos tienen documentos españoles y otros dos no», afirmó sobre sus compatriotas que estaban montados en el otro vehículo.
La abogada de Mustafá ha solicitado a la juez que se acuerde como diligencia la extracción y análisis por parte del Servicio de Criminalística de la Dirección de la Guardia Civil los datos contenidos «en el plotter marca GARMIN instalado en la embarcación semirrígida intervenida en la Playa de la Hacienda». Unas pesquisas que ya se están realizando.
Un video de 50 segundos de esa noche en Barbate
Este marroquí confesó a la juez que había grabado desde lejos como «otra narcolancha» hizo los giros y después embistió a los agentes. «Un vídeo de unos 50 segundos que envió a sus familiares», relató cuando pasó a disposición judicial.
Otro de los investigados, José Antonio G.C. también afirmó en sede judicial que grabó dos vídeos desde su teléfono móvil «donde se puede observar la colisión de la verdadera embarcación» que asesinó a los dos agentes de la Guardia Civil. Unos fotogramas que ha propuesto su abogado que sean aportados a la causa abierta.
En este suceso, ocurrido la noche del 9 de febrero en Barbate murieron asesinados dos agentes de la Guardia Civil. El primero era David Pérez Carracedo, tenía 43 años y estaba destinado en el Grupo de Acción Rápida (GAR), cuya base se encuentra en la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra. Tenía mujer y dos hijos de 9 y 7 años. El otro se llamaba Miguel Ángel González Gómez, tenía 39 años y pertenecía a los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) en Algeciras. Dejó una hija de 12 años.
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TRAGEDIA EN BARBATE: NARCOLANCHAS DE 100.000 EUROS FONDEADAS EN ALTA MAR PARA EVITAR SU INCAUTACIÓN
Las mafias rehúyen custodiar sus embarcaciones en ‘guarderías’ en tierra y las dejan en el agua para sortear el control policial
Por Julia Alarcón
Diario de Cádiz, 14 FEB, 2024
Desde 2018 las narcolanchas son «género prohibido», es decir, no se pueden fabricar, reparar, reformar, transportar, navegar, tenerlas o venderlas. En teoría, hace seis años que este tipo de embarcaciones no debieran navegar ni en la costa gaditana ni en ninguna otra del litoral español. Sin embargo, su presencia es más que frecuente en el mar. Se dejan ver con total descaro haciendo alarde de su potencia y prepotencia, además de diversificar su cometido: ya no sólo se emplean para la carga de droga, también para transportar combustible, proveer a otras embarcaciones y, en los últimos tiempos, para trasladar a inmigrantes desde Marruecos (previo pago) y después arrojarlos por la borda cuando están próximos a tierra.
Resulta especialmente sangrante que seis narcolanchas estuvieran refugiadas del fuerte temporal en el puerto de Barbate el pasado viernes, como si de un aparcamiento público se tratase. Cinco de ellas emprendieron la huida ante la presencia de la Guardia Civil, pero una sexta, la pilotada por Kiko El Cabra, decidió enfrentarse a la autoridad valiéndose de su superioridad técnica. La goma tenía unos 14 metros y varios motores fueraborda mientras que la patrullera de la Guardia Civil era una zódiac de actividades subacuáticas de unos 5 metros. En esa lucha desigual, dos agentes murieron y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad. Los seis tripulantes de la goma acabaron entre rejas.
Surgen preguntas de forma inevitable, ¿quiénes y dónde se construyen las embarcaciones de los narcos?, ¿cuál es la procedencia de los motores de gran potencia que utilizan? Es evidente que se fabrican de manera ilegal, sin cumplir trámite normativo alguno, pero lo cierto es que para montar una embarcación de este tipo se necesita una amplia infraestructura que, a su vez, precisa de un importante respaldo económico, el que aportan las mafias.
Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, los traficantes evitan la incautación de las narcolanchas así como su guarda en las denominadas ‘guarderías’ fondeando en alta mar, esto es, emplazan las embarcaciones frente a la costa de Cádiz, cerca de Málaga o incluso en zonas próximas a Marruecos para impedir su intervención en tierra por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De hecho, en un reciente caso juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz, los agentes comprobaron que la narcolancha implicada en el alijo estaba equipada con una tienda de campaña, sacos de dormir, provisiones, agua potable, etcétera.
Los atraques en alta mar vienen a abonar la tesis de que las narcolanchas que ocupaban el pasado viernes las instalaciones portuarias de Barbate estaban buscando refugio del temporal.
Las mismas fuentes jurídicas consultas han explicado a este medio que las narcolanchas están valoradas en unos 100.000 euros aproximadamente, una suma importante que las mafias invierten dentro de su logística y que no están dispuestas a perder.
Las últimas operaciones policiales de lucha contra el narcotráfico han puesto el foco en Portugal y el sur de Galicia como puntos de fabricación y transporte de las narcolanchas de gran potencia que usan las organizaciones criminales del Estrecho de Gibraltar y el litoral andaluz para trasladar el hachís procedente en su gran mayoría de Marruecos.
Los datos del Ministerio del Interior reflejan que se han incautado desde 2018 hasta 2023 un total de 1.421 embarcaciones usadas por el ‘narco’, unas lanchas con características similares a las usadas en el trágico suceso en el que fallecieron asesinados dos agentes de la Guardia Civil en Barbate al ser embestidos.
Un operativo de la Guardia Civil junto a la Policía de Portugal constató ya en 2022 esta realidad al desmantelar una organización asentada en el norte de Portugal y sur de Galicia que se dedicaba a la construcción de estas narcolanchas. Las fabricaban en una nave de un polígono en Vigo y, posteriormente, se empleaban para introducir grandes cantidades de hachís en aguas del Estrecho de Gibraltar.
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LA INFILTRACIÓN DE LOS NARCOS DENTRO DE LA SOCIEDAD: «SE COBRA HASTA MIL EUROS POR DAR CHIVATAZOS DE GUARDIAS CIVILES»
Las redes del narcotráfico cuentan con decenas de confidentes en Cádiz que reciben suculentos beneficios por vigilar los movimientos de la Guardia Civil
Por Borja Méndez
Vozpopuli, 13 FEB 2024
La infiltración de los narcos dentro de la sociedad de Barbate es un hecho. «Mucha gente come de esto allí», confirman a Vozpópuli fuentes de la lucha antidroga de la Guardia Civil. Las amplias redes de estos delincuentes captan desde bien jóvenes a los menores con potencial. Cada vez tienen estructuras más profesionales que disponen de decenas de personas con un único cometido: dar chivatazos sobre los movimientos de los policías y guardias de la zona. Una buena información puede pagarse a un precio que ronda los 1.000 euros.
Una buena muestra de como estos delincuentes envenenan a la sociedad fueron los gritos que se escuchaban en el vídeo del asesinato de los dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate. Los presentes en el Puerto vitoreaba, se reían de los funcionarios y animaban a los narcos a atacar a los agentes. La narcolancha acabó embistiendo a la embarcación ante un jolgorio totalmente injustificado. Dos familias se quedaron sin sus seres queridos y tres niños huérfanos.
«Tienen pueblos enteros comprados»
Las consignas contra la Guardia Civil también se reproducían en las redes sociales de los asentados en Barbate. Los tentáculos de estas organizaciones criminales no se queda en sus propios protagonistas. «Dan de comer a muchas familias», explican fuentes del Instituto Armado. Una familias que trabajan para ellos y están dispuestas a cualquier cometido para seguir con su ritmo de vida.
«Tienen pueblos enteros comprados, sobre todo donde tienen ubicados las guarderías», aseguran estas fuentes. Todos los vecinos saben donde se ubican las denominadas ‘Narcovillas’ y lo que sucede en su interior. Lamentablemente en estas zonas, aquejadas por la alta tasa de paro, los jóvenes perciben su ostentación como un reflejo de lo que quieren ser el día de mañana.
El sueño de los niños: ser narcos
Sus inicios en el mundo narco comienzan desde bien pequeños haciendo labores de vigilancia. «Pagan a chivatos para vigilar los movimientos de la Guardia Civil. Depende de los puntos y si son buenas las confidencias pueden dar hasta 1.000 euros por información«, develan estas fuentes. Dinero fácil y rápido en unas ciudades donde no hay trabajo.
Para ello, se administran en grupos de WhatasApp y Telegram. Es de los pocos contactos directos que mantienen los miembros de estas organizaciones criminales. Las asociaciones del Instituto Armado llevan tiempo solicitando que se establezca la Zona de Especial Singularidad. Otro de sus objetivos es «cambiar el chip» de la gente joven que sueña con ser «narcotraficantes».
Estos delincuentes captan a sus filiales incluso entre miembros de «familias honradas» donde no existe la tradición de los narcos. «Buscan ser de oro y ganar 50.000 euros al mes sin pegar un palo al agua», lamentan los agentes de luchan contra estos delincuentes.
Las «manzanas podridas»
Otra de las fuentes de información de estas bandas son las «manzanas podridas». Agentes que se cambian de bando por «dos pesetas». En los últimos tiempos Asuntos Internos ha detenido a varios de estos funcionarios que pasaban información a las organizaciones criminales.
El problema de los narcos es tan complejo que hasta los propios agentes desplegados en Barbate lo saben. «La situación es como hace 20 años», remarcan estos efectivos que cada día se las tienen que ingeniar para combatir en una batalla desigual con los delincuentes.
Este lunes no ha sido un lunes más entre los guardias civiles de Cádiz. La figura de David y Miguel Ángel, los dos agentes asesinados en Barbate por los narcos, está presente en cada uno de los funcionarios. Tienen un dolor interno y reconocen el mal estado anímico en el que se encuentran los efectivos. «La situación está muy tensa, los delincuentes bajarán unos días el pistón por los acontecimiento», señala uno de estos guardias a Vozpópuli.
«Son cosas que se podían haber evitado. Es una cagada bastante grande», explica afligido un agente de la Guardia Civil que lucha contra el narcotráfico en Algeciras. El comienzo de la semana en Barbate no ha menguado el dolor por la pérdida de dos compañeros que fueron embestidos por una narcolancha el pasado viernes. Han vivido un fin de semana complicado de los peores que se recuerdan. Este lunes no ha sido diferente.
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NARCOTRÁFICO | CÁDIZ
ASESINATO DE DOS GUARDIAS CIVILES EN BARBATE
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Los guardias civiles de la lancha arrollada en Barbate por los narcos dispararon al aire pero «no les dio tiempo a más»
Los agentes intentaron así dar el alto y disuadir a los traficantes antes de que les embistieran
Uno de los efectivos que iba en la lancha del GEAS grabó con una cámara personal GoPro que llevaba el impacto
El SIVE y un avión marcaron el recorrido que los tripulantes de la ‘goma’ siguieron hasta dar con ellos y detenerlos a las horas. La participación en este operativo del antiguo grupo del OCON Sur de Algeciras fue clave
Por María Almagro
La voz de Cádiz, 14 FEBRERO 2024
El auto judicial que ha enviado a los acusados de haber matado a dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate y herido a otros dos más delimita una serie de detalles que son claves a la hora de procesar a una persona y, en este caso, durante la instrucción de la causa, privarle de libertad.
Tras las declaraciones tomadas a los implicados y también en vistas a las pruebas aportadas, la titular del Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Barbate tomaba la decisión de enviar a seis de los ocho investigados a prisión provisional.
Según fuentes consultadas, entre los aspectos que han sido considerados de mayor peso para que se les procese por asesinato es el propio uso de la narcolancha, sus dimensiones y su potencia como arma, además de la intencionalidad mostrada en las imágenes y la desproporcionalidad entre las dos embarcaciones: la lancha del GEAS y la semirrígida.
En este sentido también son clave en la investigación todas las imágenes: las tomadas por el público que se congregó, las captadas por las cámaras del puerto de Barbate y, además, por una GoPro que llevaba uno de los agentes embarcados y que, según apuntan las mismas fuentes consultadas, habría grabado toda la dramática escena.
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«¡Acabamos de enterrar a dos compañeros y no tenemos ninguna lancha!»
Las patrulleras ‘La Río Agueda’, ‘La Río Irati’, ‘La Río Ulla’… todas las embarcaciones del Servicio Marítimo de Cádiz están en el taller… algunas llevan ahí dos meses. «Que no nos digan que tenemos medios porque esto es un desguace»
Las lanchas de la Guardia Civil de Cádiz que cubren toda la costa desde la desembocadura del Guadalquivir hasta Tarifa tienen hasta veinte años de antigüedad. Los agentes llevan desde el miércoles pasado sin estar de servicio
Por María Almagro
La voz de Cádiz, 13 FEBRERO 2024
La desesperación, la frustración y la impotencia de no haber podido estar allí con los medios apropiados ‘hunden’ estos días a los miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de la Comandancia gaditana, unos agentes expertos en navegación y en tratar a diario, de día y de noche, con los narcos, iguales o parecidos a los que mataban este pasado viernes a dos de sus compañeros en Barbate. Ellos están acostumbrados a patrullar las aguas hostiles, incluso algunas casi intransitables, y saber lo que es o no posible. Y medir los riesgos.
Por eso llevan años pidiendo medios, lanzando reclamaciones de manera oficiosa y oficial. Avisando que lo que podía ocurrir ya había estado a punto en alguna ocasión y que la cosa estaba yendo (otra vez) cada vez a peor. De hecho hace unas semanas un supuesto traficante moría cuando colisionaba contra una de sus patrulleras en Sanlúcar. Hace también unos meses un agente era tiroteado en otro alijo. Y así, podríamos seguir…
Pero la realidad es la que han venido denunciando y tras la trágica perdida se ha hecho, simplemente, más público. Las televisiones y la prensa nacional ha puesto su foco también en este problema que en Cádiz -todo Cádiz, no solo el Campo de Gibraltar sino también la Janda, el río Guadalquivir, Chiclana… – lleva años produciéndose.
Según se ha venido insistiendo, el Plan Especial tan mencionado por el ministro Marlaska no ha llegado a cubrir todas estas necesidades. No ha llegado a toda la provincia. «¡Acabamos de enterrar a dos compañeros y no tenemos ninguna lancha!», cuentan este martes con una frustración absoluta de quien quiere hacer su trabajo pero no puede.
Y es que las embarcaciones con las que sí pueden «hacer algo», ir tras ellos -de forma limitada pero con cierta seguridad-, están todas inactivas. Es más. Le llaman ‘el desguace’. Así, y tal y como ha podido saber LA VOZ, la lista de averías de las patrulleras es la siguiente: ‘La Río Águeda’ tiene desde el 4 de febrero una de las culatas de motor rota, la ‘Río Irati’ no funciona desde diciembre debido a fallos en su sistema de fondeo, la ‘Río Ulla’ se arregló pero vuelve a perder refrigerante, la ‘Río Cedena’ de Algeciras tiene un motor auxiliar averiado y la s20 también está rota.
Los agentes del Marítimo, sin trabajar desde el pasado miércoles por falta de patrullas
Y sin barcos no se patrulla. Así que el servicio actualmente está interrumpido como ocurrió este pasado viernes. Según indican fuentes consultadas a LA VOZ, los agentes de esta unidad especializada y experta en combatir a las mafias del narcotráfico en el mar, «están en su casa». Desde el pasado miércoles no pueden salir porque las embarcaciones con las que cuentan están todas averiadas. Algo que no ocurre desde hace décadas. Y no salen… ni para combatir a los narcos ni para hacer ningún tipo de auxilio humanitario de emergencia que se tuviera que hacer como, por ejemplo, el rescate de inmigrantes.
Además y aunque estuviera activo, como denuncian, «es imposible con los efectivos y medios que hay poder cubrir todo el litoral de Cádiz». En este sentido cabe recordar otro grave suceso que ocurría a finales de noviembre y en el que no pudieron estar tampoco las patrulleras del Servicio Marítimo porque se encontraban cubriendo la desembocadura del río en Sanlúcar debido a la incesante presión de los narcos. Aquel día cuatro inmigrantes fallecían en la playa de Camposoto (en San Fernando) cuando eran lanzados al agua desde otra narcolancha.
Además, y como advierten, las patrulleras que se tienen ya no están acondicionadas ni preparadas para poder combatir el narcotráfico, cada vez más equipado y también más violento. Por ello se han anunciado la construcción y dotación de nuevas lanchas pero habría que esperar a licitación, la construcción… algo que retrasa su llegada a la Comandancia de Cádiz. Y mientras, las disponibles, o están en el taller, o están a punto de estarlo de nuevo.
Por otro lado, fuentes consultadas insisten en que sería necesaria una reorganización de esa unidad. Como por ejemplo en el sistema de relevos. Actualmente están haciendo turnos de doce horas. Esta circunstancia les obliga a realizar el doble de desgaste en las continuas idas y venidas a las bases para darse dichos relevos, algo que no ayuda a los motores desgastados de estas viejas patrulleras. Además, como indican, ese tiempo de turnos es muy limitado para poder llegar hasta puntos de la costa de Cádiz tan distantes entre ellos.
Y a todas estas circunstancias se le une desde hace tiempo otra consecuencia. «Ellos saben que hay pocos medios», comenta una fuente refiriéndose al narco. «Que pueden entrar por Sanlúcar varios o que pueden ir a refugiarse a Sancti Petri (en Chiclana), o Barbate, o ‘petaquear’ por donde quieran que no podemos llegar… y así y por mucho que digan, no podemos luchar».
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Asesinato de dos guardias civiles en Barbate, crónica de unas muertes muy anunciadas y avisadas
Jueces, fiscales y cuerpos de seguridad de Cádiz llevan años denunciando la precariedad con la que tienen que combatir a unos criminales cada vez más violentos y mejor organizados
Por María Almagro
La voz de Cádiz, 15 FEBRERO 2024
«Van a tener que matar a algún compañero para que se nos haga caso, para que algo cambie y no nos estemos jugando así la vida». Estas palabras las pronunciaba hace más de un año a LA VOZ un agente de la Guardia Civil. Uno de los que están ahí. De los que sienten de cerca el aliento del narco. De los que saben lo que se vive cuando los medios son escasos, cuando la situación se complica y aún así tienen que meter sus botas en el barro y actuar. Ante narcolanchas con patrulleras viejas y precarias, ante fusiles de asalto, AK47, subfusiles o rifles de caza… con pocos efectivos y menos prácticas de tiro todavía, y ante todoterrenos cargados hasta arriba de fardos que embisten sin problema contra sus coches, con o sin indicativos, y que no ‘tiran’.
Estas palabras sonaban de forma mucho más dura este pasado viernes. Cuando, por desgracia, el aviso se volvía a hacer realidad en la provincia, en esta ocasión en Barbate, y dos agentes perdían cruelmente la vida arrollados por una de esas grandes ‘gomas’ contra las que intentan luchar. Ese testimonio es de noviembre de 2022 pero podría haber sido de 2021 ó 2020, 2019 o de mucho antes.
La lucha contra el narco en Cádiz y hasta donde pueden llegar no es para nada nueva. Ha ido cambiando en ‘modos’ pero siempre ha permanecido y esos avisos se han dado más de una vez. Y así lo ha ido contando este periódico en decenas de ocasiones, trasladando una necesidad con diferentes voces pero que se hacía más patente cada vez que un agente resultaba herido, los operativos eran especialmente arriesgados, violentos y, además entre droga y cientos de detenidos, se incautaban verdaderos arsenales de armas.
Una instancia sin respuesta
También este medio se hacía eco de la instancia que presentaba el sindicato Jucil ante la Dirección General de la Guardia Civil en 2022 para solicitar medios para un castigado Servicio Marítimo. «Están entrando de cinco a seis ‘gomas’ diarias cargadas de hachís y no tenemos medios», contaban. Entonces se volvía a avisar de que las patrulleras de la Comandancia de Cádiz están más tiempo averiadas que en funcionamiento y que, además, no están adaptadas ya para el trabajo que tienen que desarrollar. Según ha podido saber este periódico dicha instancia jamás fue contestada.
Durante este tiempo también ha sido claro el aviso dado por la Fiscalía Antidroga de Cádiz. En sus últimas memorias volvía a insistir que «el centro neurálgico del tráfico de hachís, procedente de Marruecos, sigue siendo el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia de Cádiz», es decir, no solo la zona del Estrecho.
Tras la instauración del Plan de Seguridad la fiscal delegada siempre ha asegurado que se han conseguido desarticular numerosas organizaciones , encontrándose muchos de sus miembros en prisión o huidos de la justicia en Marruecos. Sin embargo, a pesar de ello, el narcotráfico persiste en la zona, «porque otros clanes han sustituido a los anulados», y porque, como también indica, estos grupos y debido a esta presión se han ‘mudado’, bien de puntos de alijo -del Estrecho hacia Chiclana, San Fernando, Sanlúcar…- o incrementándose el número de descargas en otras provincias limítrofes, especialmente en Huelva y Málaga.
La Fiscalía Antidroga ha alertado también reiteradamente de la falta de medios en los juzgados, imprescindible para la lucha contra la delincuencia organizada. Causas pendientes desde 2011 que llevan a penas minimizadas. La sobrecarga, la complejidad de algunas instrucciones y los constantes cambios de funcionarios y jueces, siguen lastrando su resolución y aminorando los castigos a los traficantes. Los fiscales delegados reclaman al Gobierno que el plan de incremento policial contemple también un refuerzo judicial.
Y por supuesto se ha ido avisando del incremento en la violencia y de cómo embisten ante lo que sea, incluso ante la vida de otro. La presión ejercida sobre estos clanes y también su miedo a perder no solo la mercancía sino las carísimas narcolanchas ha llenado de titulares sobre esta agresividad este periódico por esta realidad y las demandas y la preocupación que ello implicaba.
E imágenes, muchas…. vídeos que son tan evidentes como que se vea cómo apedrean a los agentes en una intervención, o que se alije a plena luz del día o se realicen cambios de tripulación o petacas de combustible un día de verano con la playa de Sancti Petri por ejemplo llena, o lanchas apostadas al pairo en los puertos o los esteros esperando para entrar a descargar, o decenas de ‘gomas’ desfilando por el río como si fueran marineros… en una ida y vuelta sin fin.
Por tanto, la muerte de estos dos agentes por la violencia empleada por los que no cumplen con la ley (sea la ley que sea) estaba advertida desde hace años por todos estos acontecimientos y denuncias. La justificación del repetido Plan Especial sigue sin ser real para todos aquellos que con este terrible suceso continúan pensando, antes y después, que «no ha sido ni es suficiente».
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QUEJAS DE FISCALÍA Y ASOCIACIONES
EL DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD ANTIDROGA, UN MISTERIO QUE PLANEA SOBRE LA TRAGEDIA DE BARBATE
Interior tomó la decisión en septiembre de 2022, tras varias reuniones con Marruecos para tratar el asalto de la valla de Melilla.
La tragedia golpeaba Barbate cuando una narcolancha arrollaba otra lancha patrullera de la Guardia Civil, de menor tamaño y potencia, en las próximidades al puerto de la localidad, con numerosas personas desde la orilla jaleando a los propios narcotraficantes. Murieron dos guardias civiles y la indignación se extendía como un incendio: vecinos y autoridades denunciaban que el ‘narco’ estaba «crecido» en la zona, que se sentían impunes, al tiempo que resaltaban la llamativa falta de medios para los agentes de la autoridad.
Todo ello ocurría tras el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR), puesto en marcha en 2018 en la zona del Campo de Gibraltar. La pregunta que planea desde entonces es por qué, cuál es la razón por la que esta exitosa unidad se quedó sin recursos.
Hay quien mira hacia el sur. Lo deslizaba el portavoz de Jucil, Agustín Leal, en Onda Cero: «Ha que ver quién se beneficia del hachís».
Durante el verano de 2022, cuando se produjo el sonado asalto a la valla de Melilla, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, celebró varias reuniones con su homólogo marroquí Abdelouafi Laftit. En ellas, llegaron a acuerdos y entendimientos sobre migración, y Marlaska hablaba de «socio leal» y «estratégico». Las aguas se calmaron, aunque se desconoce el fondo de los pactos alcanzados.
Lo que sí se sabe es que el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR), puesto en marcha en 2018 en la zona del Campo de Gibraltar, redujo a la mitad las incautaciones de hachís, según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio de 2022.
La fiscal delegada antidroga para Andalucía, Ana Villagómez, fue quien alertó de la «notable reducción» de la incautaciones de hachís con respecto a 2021, y lo relacionó con la desaparición en 2022 de dicho operativo especial que se produjo, según sus palabras, «sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales».
Aún así, según esta fiscal añadió en la Memoria de la Fiscalía, en 2022 la provincia de Cádiz continuó siendo en la que más droga intervinieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, un 50 % del hachís y un 78 % de cocaína del total aprehendido en esa comunidad autónoma.
También observó que, «pese a la notable reducción de las cantidades de hachís intervenidas, casi la mitad que en el año 2021», había sucedido lo contrario con la cocaína, cuya incautación subió en 2022 un 78,4%.
La disminución en las intervenciones de alijos de hachís supuso a su vez una reducción de procedimientos penales en la provincia de Cádiz, lo que Villagómez atribuyó asimismo «a una menor presión policial».
El reajuste de los 150 efectivos del OCON-SUR en los Equipos de Delincuencia Organizada y Antridroga (EDOA) se produjo paulatinamente y a finales de 2022 aún no había finalizado el proceso, según ella misma relató en dicha Memoria.
En sus cuatro años de existencia, el OCON-SUR consiguió desarticular a los principales clanes de la droga de la zona con la detención de más de 10.000 personas y la incautación de más de 1.400 toneladas de droga.
En la Memoria, la fiscal delegada de Andalucía puso también el foco en el «estancamiento de algunas causas relevantes de blanqueo» en el Puerto de Santamaría, en Barbate o en Chiclana por «la sobrecarga de los juzgados y de los cambios de funcionarios y jueces titulares».
Una situación que implica, indicó, que cada «nuevo instructor deba conocer y estudiar causas complejas que llevan años de investigando».
Denunció así las dilaciones y retrasos en la celebración de los juicios, algunos pendientes desde 2011; el exceso de duración de la fase intermedia y las dificultades para el señalamiento de causas con muchos acusados y con muchos letrados.
Por su parte, la fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, destacó en esta misma Memoria, la primera en la que intervino tras ser nombrada para ese cargo, que el sistema de organización en relación con los fiscales delegados era anacrónico 35 años después de su puesta en marcha.
Por ello planteó «una revisión de la relación de la Fiscalía especial con sus delegaciones territoriales de forma que se pudiera también coordinar y supervisar realmente y, sobre todo, prestar desde la Fiscalía central el apoyo, asesoramiento y ayuda» necesarios, lo que requeriría «una redimensión de la actual plantilla».
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EL JEFE DE LA UNIDAD ‘ANTINARCO’ DESMANTELADA POR MARLASKA SERÁ JUZGADO POR CORRUPCIÓN
La OCON fue creada para combatir los clanes de la droga en el Estrecho y su supresión en 2022, criticada ahora tras los asesinatos de Barbate, no fue comunicada a Fiscalía
Por Mateo Balín
Heraldo, 13/2/2024
El asesinato el pasado viernes de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), arrollados por una narcolancha de forma intencionada en el interior del puerto marítimo, ha abierto la caja de pandora sobre la situación de los medios humanos y materiales del Estado en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. Un asunto que ha puesto en la picota de nuevo al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, a quien la oposición y las asociaciones de policías y guardia civiles reclaman con fuerza su dimisión.
Entre otros motivos, le atribuyen su responsabilidad directa en el desmantelamiento en septiembre de 2022 de la unidad especial creada cuatro años antes para combatir a los clanes de la droga en el Campo de Gibraltar, llamado OCON-Sur. Un grupo de unos 150 agentes de la élite del Instituto Armado que estuvieron acuartelados en el Puerto de Algeciras y que obtuvieron eficaces resultados tanto en el número de detenidos como en la droga incautada.
Además, ejercieron una presión de tal magnitud sobre los narcos en la costa gaditana que estos clanes tuvieron que emigrar a otras provincias andaluzas, Málaga, Sevilla o Huelva, e incluso al sur de Portugal para poder alijar la mercancía ilegal procedente de alta mar o del vecino Marruecos.
Sin embargo, de la noche a la mañana OCON-Sur fue suprimido por Interior. Una decisión que generó bastante sorpresa porque ni los fiscales antidroga gaditanos, que trabajaron «codo con codo» con los uniformados en las investigaciones judicializadas, fueron informados del final de este órgano. Así lo reconoció el fiscal general Álvaro García Ortiz en una entrevista en Onda Cero. «No se nos comunicó», dijo.
Pero, ¿por qué Grande-Marlaska suprimió este eficaz grupo de buenas a primeras? Fuentes de Interior explicaron que no fue desmantelado como tal, sino que los 150 agentes fueron recolocados en las unidades judiciales de las diferentes comandancias de las Guardia Civil de la zona, reforzando así su plantilla. Pero detrás de esta decisión del ministro -añaden otras fuentes consultadas- estuvo un asunto mucho más espinoso: las sombras de sospechas sobre el liderazgo «personalista» del entonces jefe de OCON-Sur, el teniente coronel David Oliva, su cercanía con algunos cabecillas del narco del lugar (ya fuera por cuestiones profesionales o personales) y las indagaciones que estaba llevando a cabo entonces la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil contra el citado oficial y sus «amistades peligrosas».
Información confidencial
Estas pesquisas fueron abiertas como una pieza separada en una causa mayor que un juez de la Audiencia Nacional seguía contra un clan de narcos en la denominada ‘operación Varea’, que dirigía el propio Oliva. Una disputa entre dos tenientes y la relación de uno de ellos con una familia gaditana vinculada a la droga, tal y como reveló la investigación judicial, puso en alerta a Asuntos Internos y también al propio Oliva. El condecorado oficial quiso conocer, presuntamente, si le afectaban estas pesquisas y fue imputado por facilitar la llegada a OCON-Sur de uno de estos tenientes, entonces en Asuntos Internos, a cambio de conocer la información reservada.
La operación estalló en diciembre de 2022, tres meses después de que Interior desmantelara OCON, con la detención del agente J. A. B. P. en Algeciras. Registraron su casa y su puesto de trabajo y le intervinieron su móvil y otros dispositivos. Lo acusaron de revelación de secretos. Declaró ante el juzgado de la Audiencia Nacional y, cuatro meses después, en abril de 2023, hicieron lo mismo Oliva y el segundo teniente implicado (J. I. F. P. ). Estas filtraciones provocaron el archivo de la pieza principal contra los narcos y la disputa entre dos juzgados sobre la competencia del procedimiento policial.
Finalmente tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, que en octubre entregó la causa a un juzgado ordinario de Madrid, el de Instrucción número cinco de Parla, por ser el lugar donde se produjo la supuesta delación. Y ahora este juzgado ha culminado las pesquisas y ha decidido mandar a juicio a los tres agentes implicados al apreciar dos delitos de revelación de secretos y uno de cohecho, según han confirmado fuentes judiciales.
Al ser este último tipo penal competencia del tribunal del jurado popular será este órgano el que los juzgue. Por su parte, la Fiscalía prefirió que la acusación la mantenga un fiscal antidroga de la Audiencia Nacional por la relevancia del caso.
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CONSTERNACIÓN EN LA POLICÍA TRAS DETENER AL TERCER JEFE ANTIDROGA CONSECUTIVO EN MURCIA
El inspector también habría hecho labores de seguridad para la presunta red, liderada por un confidente
Por Adriana Cabezas
ABC, 4 MARZO 2024
El jefe del Grupo de Estupefacientes de Murcia detenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional está acusado de recibir sobornos de un confidente que lideraba una presunta organización de tráfico de drogas. A cambio, además de hacer la vista gorda, el agente, que responde a las iniciales J. G. y tiene rango de inspector, habría prestado apoyo en materia de seguridad en traslados de efectivo o sustancias ilícitas, según fuentes próximas a las diligencias. Se convierte así en el tercer jefe consecutivo de este Grupo implicado en un caso de narcotráfico.
Tras más de un año de investigación, el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, encargado de las pesquisas, acordó el pasado 22 de febrero su ingreso en prisión provisional. También para el presunto confidente, al frente de una supuesta organización de escala intermedia dedicada al tráfico de cocaína, marihuana y hachís. La causa se sigue bajo secreto por delitos de tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, blanqueo de capitales, y pertenencia a organización criminal.
Hay otros cuatro imputados que, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional. Y según ha podido saber este diario, los investigadores han tomado declaración a un segundo agente del Grupo de Estupefacientes que dirigía J. G., también en condición de investigado.
«Cruzó la línea»
En la Jefatura Superior de Policía de Murcia, tras el ingreso en prisión del inspector, no salen de su asombro. «Estamos consternados», asegura una fuente policial a este diario. También en Udyco central, pues el inspector J. G. «era un histórico, un veterano de la zona» que contaba con varias condecoraciones –entre las que destaca la cruz al mérito policial con distintivo rojo, dotada con una pensión– por su implicación en operaciones contra el narcotráfico.
Cabe recordar que llevaba al frente del Grupo de Estupefacientes en la región desde 2015, cuando su antecesor en el cargo y el antecesor de este fueron imputados por otro asunto relacionado con el tráfico de drogas. Hace solo un mes la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis años de prisión al primero por un delito contra la salud pública e impuesto cuatro al segundo, también por delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras conseguir una rebaja por confesar los hechos durante el juicio.
En el caso que nos ocupa, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional llevaba más de un año investigando al inspector J. G. «con el máximo sigilo», tras detectar un aumento injustificado en sus movimientos de efectivo. Vigilancias, seguimientos y pinchazos telefónicos habrían arrojado indicios de su presunta colaboración con la red de drogas supuestamente liderada por uno de sus confidentes, que además de facilitarle información sobre otros grupos delincuenciales le habría pagado con dinero en efectivo a cambio de que le permitiera traficar. «Cruzó la línea», explican las fuentes consultadas. Habría evidencias de que además dio a la supuesta organización cobertura en materia de seguridad. El dinero ilícito obtenido, según las pesquisas, lo estaba introduciendo en el circuito legal a través de distintas inversiones, de ahí que también se le atribuya un presunto delito de blanqueo de capitales.
«Limpiamos nuestra casa»
Fuentes policiales ponen en valor que en cuanto se detecta una conducta delictiva dentro de la Policía Nacional se activan mecanismos «sin ninguna demora», gracias a la labor de la Unidad de Asuntos Internos, encargada de investigar los delitos cometidos por agentes del Cuerpo. «Somos nosotros mismos los que limpiamos nuestra casa», añade otra fuente consultada.
No obstante también hay voces críticas que apuntan a que en Murcia están fallando los controles, así como la cadena de mando. «Hace falta una revisión interna». No sólo porque el inspector J. G., ahora en prisión provisional, «llevaba diez años al frente del Grupo, hacía y deshacía a su antojo y le compraban los éxitos policiales sin preguntarse con qué métodos los conseguía». Sino porque no es la primera vez que ocurre. J. G. es el tercer jefe consecutivo del Grupo de Estupefacientes de la Región de Murcia que se ha visto envuelto en un caso de tráfico de drogas.
«El inspector J. Ll. es un funcionario público y cometió el delito abusando de su condición de jefe del Grupo de Estupefacientes de Murcia, precisamente porque entre sus cometidos estaba el de custodiar la sustancia estupefaciente decomisada, lo que le permitió, sin levantar sospechas, acceder a ella, manipularla, sustituirla por otras sustancias, sustraerla y facilitársela a quien, a modo de comisionista, se encargaría de su venta, para finalmente lucrarse ambos», recoge la sentencia a la que tuvo acceso este diario. En total, y con la atenuante de dilaciones indebidas, ha sido condenado a seis años de prisión. Se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas.
En lo que respecta al jefe de Grupo anterior a J. Ll. –que responde a las inciales F. M.–, concluyen los magistrados: «Intervino en al menos dos operaciones en las que los hechos consignados en los atestados como instructor y los ocurridos no eran coincidentes, faltando a la verdad». La carga probatoria resultó suficiente también en su caso para concluir que «ocultó el apoderamiento de la droga, con el mismo fin de venta y reparto» entre él y otro confidente. El propio F. M. reconoció los hechos.
En la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia es de nuevo la relación entre un inspector y su informante la que está bajo la lupa, a la espera de que el volcado de los dispositivos intervenidos en los registros desplegados en Murcia, Molina de Segura y San Javier, aporten más datos.
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