MARINO BARBERO, EPÍLOGO: «LOS JUECES TRANSACTOS» (y 3). El Caso Sogecable, Gómez de Liaño, Baltasar Garzón y «El clan de los Bacigalupo».

LOS JUECES TRANSACTOS

MARINO BARBERO, EL MAGISTRADO CANCELADO (1): «La Calumnia, los Jueces y el PSOE»

MARINO BARBERO Y EL PAÍS (2): LA TRANSICIÓN … DE LA CENSURA A LA DESINFORMACIÓN: «Análisis del tratamiento mediático del Juez del Caso FILESA en «El País» (1992-1995), por Antonio Carreras

 

“ESTUP-IA”, LA NUEVA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA POLITICOS Y PERIODISTAS

 

La I con la A, IA. Ya has asistido a la primera clase.

La segunda es optativa para los españoles: La PP con la SOE, PPSOE.

Vamos con la tercera: LOS BOTONES DE RESOLVER.

Esta IAapp tiene, como novedad, un impactante sistema de respuesta instantánea con 3 opciones. La primera, el Botón Dorado, responde a la pregunta acerca de a qué responder cuando nos pregunten, con el objetivo único de ganar más lectores/electores. En segundo lugar, el Botón de Platino, que permite conocer lo que piensa el interlocutor ( si tiene chip implantado en el cerebelo; en otro caso, antes de pulsarlo, ha de estar lo más posible cerca del objetivo, aunque es preferible estar dentro de él/ella ). En tercer lugar, y constituye la mayor de las prestaciones ofrecidas por la marca (“Tentaciones 666”), el Botón de Diamante, que permite seleccionar el Juez que te va a juzgar si deseas agredir, incluso mortalmente, -o si deseas destruir, personal y/o profesionalmente- a quien te preguntó lo que no has podido responder usando los dos botones anteriores. 

 

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LA CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL ESPAÑOL: LOS JUECES TRANSACTOS

Los Jueces surgidos de la Transición: Cuando la Legitimación del Expolio de España pasa de Franco a «las Instituciones»

Por Jesús Díaz Formoso

 

Del periodismo salen los escándalos judiciales, y de los escándalos judiciales salen los Jueces corruptos. Finalmente los políticos corruptos ordenan el enriquecimiento ilícito de los integrantes de la Organización Criminal «general».

Primero fue el TOP, pronto se convirtió en la Cueva del Alí Babá del 78’.

Pronto el Nuevo Régimen, que había buscado una Nueva Fuente para legitimar el expolio de España, que se cifró en el adagio “De Franco a las Instituciones”, comenzó el relevo de los Jueces nombrados por el General vencedor en la Guerra Civil. Los que entonces entraron, hoy se jubilan. Estamos viviendo la Segunda Transición.

Veremos como comenzó «el cambio».

El primer Juez estrella, de fulgor breve, fue Carlos Bueren, quien se marchó pronto, para enriquecerse al otro lado del estrado. Fue noticia en su día. Pero todo se olvidó.

Después llegó el Caso FILESA, que pronto se convirtió en el Caso Barbero (Marino Barbero), un Juez preparado, dedicado y honesto, sacrificado en el altar del Régimen del 78’.

Sus ejecutores fueron Jueces del TOP renovado. Por el PP se jugó la pieza de Gómez de Liaño. Por allí ya estaba un tal Garzón, que iba con su jarrita recogiendo el pis de los poderosos financieros del Régimen (del Antiguo Franquismo, que acabó con la vida de su fuente de legitimidad: El viejecito dictador).

Tomadas las instituciones, en especial las del Poder Judicial, con el Nuevo TOP en primer término, desde ellas continuó el Franquismo. En especial el FRANQUISMO JUDICIAL.

Conviene aquí detenerse por un momento. Si bien los Delitos son tipificados mediante Ley Orgánica emanada de Las Cortes, esas leyes no son nada sin la Sentencia Judicial, que aplica las leyes a los casos concretos.

Una vez tenemos a los Jueces, la Ley nada puede.

Así lo podemos apreciar con una simple mirada a los «GRANDES ÉXITOS DEL PODER JUDICIAL ESPAÑOL», entre los que se encuentra en lugar destacado el que ahora nos ocupa.

Hemos visto, en la Parte 1 y en la Parte 2 de esta entrada, cómo fue apartado Marino Barbero del Caso Filesa: Calumniándolo y abandonándolo a su suerte hasta que no tuvo otra opción, mas que dimitir.

Marino Barbero fue sustituido por un nuevo actor, que acababa de ser nombrado Magistrado de la Sala II, de lo Penal (la Sala del Gran Poder) del Tribunal Supremo: El jurista argentino Enrique Bacigalupo, de quien tratará esta tercera parte. Como vimos, Bacigalupo propuso juzgar solo a 7 de los 29 imputados, dejando impunes a 22 de inicialmente imputados (en su mayoría, altos cargos del PSOE), pese a lo cual, tras ser estimados los oportunos Recursos de Apelación, serían llevados a juicio 26 imputados, dejando al margen, y definitivamente impunes, a Guillermo Galeote, responsable de Finanzas del PSOE, así como a los máximos responsables del PSOE, Felipe González y Alfonso Guerra, entre otros impunes. Finalmente habría 8 condenas de prisión.

A la vez, se producían grandes movimientos en los medios de comunicación, que darían lugar a la constitución de dos bloques “político-judiciales”, contando cada uno de ellos con su respectiva nómina de Periodistas, Jueces y Políticos.

Los periodistas crearon a los Jueces Estrella. Que se ubicaban allí donde habrían de ser necesariamente “visibles” (dados los delitos que investigaban): en la Audiencia Nacional, y en especial en sus Juzgados Centrales de Instrucción: En concreto, Gómez de Liaño, apoyado por el PP de Aznar, por una parte, y por otra Baltasar Garzón, oscuro partícipe del cambalache “Jurídico-Político” de la transición, que acabaría, años después, muerto por el mismo hierro (la Política Judicial).

Cada bando tenía su propio conglomerado mediático. El del PSOE, entonces, era fundamentalmente el Grupo PRISA, socio mayoritario de SOGECABLE. El Diario ABC era la cabecera principal del PP.

Así, comenzaron las hostilidades, con SOGECABLE como objetivo.

 

 

El llamado “Caso SOGECABLE” podría clasificarse como una agresión por parte de instituciones del estado a un grupo de comunicación adverso al partido que gobernaba (PP).

La investigación se inició en torno al operador de televisión SOGECABLE, el antiguo operador de televisión llamado Canal+, que pasó a denominarse SOGECABLE, como holding que agrupaba, junto al canal de pago analógico Canal+, proyectos de televisión por cable u otros.

SOGECABLE era propiedad de distintos socios, entre los que había entidades financieras, como el banco BBV o Bankinter, o grupos internacionales como Canal+ Francia (que luego se convertiría en el  Grupo Vivendi), pero el socio clave era el Grupo PRISA, que tenía un 25% del capital de SOGECABLE (el presidente de SOGECABLE era el presidente de PRISA, Jesús Polanco Gutiérrez; el Grupo PRISA era el grupo propietario del periódico “El País” y la cadena de radio Cadena SER, los dos principales grupos de comunicación contrarios al gobierno del PP de José MaríaAznar).

En este contexto, tres expertos economistas, el Notario Rafael Pérez Escolar, Gerardo Ortega, Decano de colegio de Economistas de Madrid y el Catedrático Ramón Tamames, elaboraron un Informe sobre los elementos negativos que pudieron encontrar en SOGECABLE (informe que les habría sido pedido por parte de un representante del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, Secretario de Estado de Comunicación).

El Informe acabó en manos del entonces Director del diario ABC, Luis María Ansón, del que pasó a Jaime Campmany Director de la revista ‘Época’ quien decidió publicar el Informe que dio inicio al llamado Caso SOGECABLE.

Hubo un segundo informe en este caso obra del periodista Pepe Rey, que se lo pasó al Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Joaquín Navarro Esteban, que también acabó publicado en la revista ‘Época’.

En el Caso SOGECABLE, la Audiencia Nacional, a través del juzgado de Javier Gómez de Liaño Botella (antiguo vocal del poder judicial la propuesta del Partido Popular), procesó a Polanco, a Cebrián y a todo el consejo de administración de SOGECABLE a instancias de hasta cuatro Denuncias y Querellas que fueron presentadas por el Caso SOGECABLE.

¿Quién estaba detrás de cada uno de los cuatro pleitos, solicitantes de medidas cautelares contra Polanco, Cebrián y el resto del consejo de SOGECABLE?

En la primera de ellas, era Jaime Campmany -el propio director de la revista ‘Epoca’, donde se había publicado el primer Informe (al igual que el segundo) que dio origen al Caso SOGECABLE.

Jaime Campmany presentó la primera denuncia, una vez se anunció que PRISA iba a tomar medidas judiciales contra él, decidió adelantarse acusando a Polanco y Cebrián de falsedad documental y apropiación indebida.

Según informaciones de la “época”, a Jaime Campmany le reprocharon su condición de Falangista, justificándose en que la cuestión en el Caso SOGECABLE era si PRISA había cometido un delito, no quien lo denunciara.

Después de la Denuncia de Campmany, fue presentada la primera Querella, del abogado Javier Sainz, abogado de José María-Ruiz Mateos, alguien que no tenía muchos motivos para llevarse bien con el Grupo PRISA, pero además, Sainz Moreno tenía un pleito personal contra un miembro del Consejo de PRISA, el abogado Matías Cortes.

El tercer pleito, también Querella, lo presentó Jesús Cacho periodista y columnista del diario El Mundo. Cacho había trabajado para el diario “El País”, hasta que fue despedido en 1988 por sospechas de que actuaba al servicio del financiero Javier de la Rosa.

Tras el cuarto pleito, estaba la Querella de Antonio García Trevijano, quien había intentado comprar el GrupoPRISA durante la transición, para intentar controlar el diario “El País”.

Amparándose en estas cuatro Denuncias-Querellas, el juez Javier Gómez de Liaño retiró el pasaporte a  Polanco y a Cebrián, les prohibió salir de España, y les impuso una fianza para que no entraran en prisión preventiva. Con el escándalo de tener que hacer el paseíllo en los juzgados.

Declara el propio Javier Gómez de Liaño que “en ese procedimiento –SOGECABLE- mi actuación fue como dice el misterio fiscal ajustada a derecho y que fueron todas ellas actuaciones listadas y respaldadas por ministro fiscal”.

Para PRISA, “fue una gran calumnia montada sino desde el poder político y desde los aledaños mediáticos y judiciales del poder. Fue una gran Calumnia. Algunos columnistas apoyaron activamente cualquier medida contra el señor Polanco y su grupo (ese fue el caso de Pablo Sebastián, ex empleado del Grupo PRISA, de Federico Jiménez Losantos, ex empleado del Grupo PRISA y otros). Se mostraron en todo momento partidarios de que las medidas contra señor Polanco fueran lo más duras posibles”.

Pero el Caso SOGECABLE dio un vuelco cuando Cebrián (que, en vida de Franco, había sido el Director del periódico Falangista ARRIBA) y otros imputados, presentaron la Recusación del juez Javier Gómez de Liaño.

 

La Recusación del juez Javier Gómez de Liaño, se fundaba en no ser un Juez Imparcial, lo que finalmente supuso su condena por Delito de Prevaricación. Posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la Condena de Gómez de Liaño, al haber sido dictada por un Tribunal que integraba a dos Jueces (Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos) que no habían sido Jueces Imparciales.

 

La Recusación afirmaba que no era un Juez Imparcial, porque había mantenido vínculos y reuniones con algunas de las personas que estaban detrás de los pleitos que se habían presentado contra el Grupo PRISA.

Se aseguraba en estos recursos que Javier Gómez de Liaño había estado reunido con Jaime Campmany y con Antonio García Trevijano, además de con otro juez, Joaquín Navarro Esteban, y de acuerdo a estas versiones, era el propio García Trevijano el que le daba indicaciones a Gómez de Liaño.

El Juez de la Recusación era Baltasar Garzón, considerado amigo de Gómez de Liaño. Fue Baltasar Garzón quien se abstendría de decidir el incidente de Recusación, exponiendo expresamente en su Auto, como motivo de su Abstención, que él mismo estaba implicado en los hechos, dado que él mismo había sido invitado a formar parte de las conversaciones, que luego darían lugar a la  denunciada Falta de Imparcialidad de Gómez de Liaño.

Así estalló el Caso SOGECABLE, que pasó a convertirse en el Caso Liaño.

 

 

Baltasar Garzón, en su declaración testifical, atribuyó a Gómez de Liaño “estar presente en una reunión en la sede del diario ABC en la que estaban presentes –junto al propio Garzón– el abogado y escritor Antonio García Trevijano y el juez Joaquín Navarro Esteban, cuando el entonces director de ese periódico, Luis María Ansón, contó que tenía un informe encargado por un Secretario de Estado, en el que se relataban irregularidades contables de la empresa audiovisual del Grupo PRISA, SOGECABLE. García Trevijano habría entregado a Ansón una copia de ese informe, informe que sería la base de las Denuncias y Querellas presentadas contra Polanco”.

Es decir, Baltasar Garzón (el que pedía dinero a quien había imputado en “su” Juzgado, Emilio Botín, dirigiéndose a él con un “querido amigo”) estaba ya implicado en los hechos. Como él mismo reconoce, estaba presente, por haber sido invitado a participar –y participó- en la trama “Político-Judicial” que finalmente lograría la impunidad de PRISA. Baltasar  Garzón, según manifiesta Ansón, presenta como el “gran cerebro del caso SOGECABLE” a García Trevijano.

Así, en el relato de Garzón, el juez Gómez de Liaño es presentado como una mera marioneta de García Trevijano, que sería quien le supervisaba y a veces redactaba las resoluciones que luego él dictaba.

Pero la pero la parte más impactante de la declaración de Garzón, fueron las amenazas que afirma haber recibido del juez Navarro Esteban cuando se enteró de que iba a denunciar lo que estaba produciéndose: ”Prepárate para la ofensiva de Anson, García Trevijano, Pablo Sebastián, Jesús Cacho, quieren machacarte Baltasar dirán que tienes intereses económicos y políticos con Polanco, si vas por ahí esa será tu perdición, ese será tu final; te vamos a destrozar como juez y como persona. Tú solito te lo habrás buscado”.

 

 

España es el paraíso de los Jueces Corruptos (y todavía mejor cuando han sido condenados), al servicio de la Corrupción Política. De Jueces Corruptos a millonarios hay un itinerario, una especie de “Cursus Honorum”, para elevarse políticamente y hacerse rico.

Fue la Justicia de los “Jueces Transactos”, que partiendo del franquismo con Franco, construyeron e actual Franquismo sin Franco (de Franco a las Instituciones).

La «hermenéutica» del Caso SOGECABLE resulta nítida: ABC, Aznar, Gómez de Liaño, y sus “confluencias”, contra “El País”, Felipe González, Garzón y sus “confluencias”.

La investigación sobre la supuesta apropiación indebida y/o falsedad documental del caso SOGECABLE fue archivada, y en cambio se abrió una nueva investigación para investigar si el juez Javier Gómez de Liaño había prevaricado. Gómez de Liaño, acabó sentándose en el banquillo de los acusados.

No fueron, por tanto ni Polanco ni Cebrián, sino que fue el Tribunal Supremo, presidido por el juez García Ancos, quien con el juez Bacigalupo formaban la mayoría del Tribunal , el que sentenció que Liaño había cometido prevaricación, al haber participado en conversaciones con los Querellantes para perjudicar a los Querellados.

Hubo una conjunción de factores que hacían todo especialmente complicado, porque no era el Poder Ejecutivo el que estaba contra el Grupo PRISA en aquel momento, sino que además existieron ciertas alianzas extrañas entre el Poder Legislativo y, sobre todo, el Poder Judicial, que finalmente condenó al Juez don Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, por por delito continuado de Prevaricación.

Así, vemos como el Tribunal Supremo permite, o no, según quienes sean los «interesados», que los medios de comunicación puedan, o no, «linchar» jueces.

Así se concluye tras el episodio narrado, en el que el Partido Popular puso en marcha la actividad judicial que acabó con un juez expulsado  de la carrera judicial, y luego indultado por el gobierno de Aznar. La condena de Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella se produjo en 1999 y tan sólo un año después, en el año 2000, sería indultado. Fue el producto final de una presunta conspiración en el seno de una guerra mediática, donde implicaron incluso a la fiscalía.

Años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) revisó la expulsión de Gómez de Liaño de la judicatura y consideró que los jueces García-Ancos y Bacigalupo, NO podían considerarse como jueces imparciales, ya que que ambos habían ocupado cargos en el gobierno del PSOE.

La Falta de Imparcialidad decretada por el TEDH respecto a los Jueces García Ancos y Bacigalupo, no tuvo consecuencia alguna para ellos, dando por hecho que la Falta de Imparcialidad de los jueces españoles es «normal» dentro del Poder Judicial español. 

Y, así, llegamos a la terrible situación actual del Poder Judicial en España.

La ausencia de medios es la excusa. Pero esa falta de medios es una decisión política. Y en la práctica, permite un amplio margen de actuación de la Corrupción Judicial y de todo tipo en España. Los corruptos Jueces españoles, pocos pero muy activos y eficaces, siempre favorecen al Poder Político, del que depende su carrera, por lo que la denunciada ausencia de medios se enquistará, haciéndose crónica. Como vemos.

Sólo podría cambiar si el Poder Judicial español se posiciona en favor de los Derechos Humanos de los españoles. En ese caso, el Poder Político si tendría incentivos para dotar de medios a los Jueces españoles. Lo que, evidentemente, no es el caso. 

 

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LA AUDIENCIA CIERRA LA PUERTA A IMPUTAR A CEBRIÁN POR EL CASO SOGECABLE Y CUESTIONA LA DENUNCIA DE VILLAREJO

La Sala de lo Penal determina que sin microcintas y sin anotaciones escritas sobre este presunto encargo no hay indicios para imputar a los señalados por Gómez de Liaño

Por Gema Huesca, 16 FEBRERO 2024

 

La Audiencia Nacional cierra la puerta a imputar a Juan Luis Cebrián en el procedimiento contra Villarejo por el caso Sogecable. La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de Javier Gómez de Liaño en el que instaba a citar como investigado, entre otros, al exconsejero delegado de Prisa por el presunto encargo al comisario jubilado para frenar la investigación contra Canal Plus y acabar con la carrera judicial de Gómez de Liaño.

Así consta en un auto de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que los magistrados explican que no hay indicios suficientes en el procedimiento como para citar como investigado a Cebrián y otras personas a las que el propio Villarejo implicó en el caso Sogecable. De hecho, en relación a la denuncia del comisario jubilado en la que desvelaba estos hechos, los magistrados explican que pudo ser fruto del «resentimiento» porque la redactó desde la prisión.

Cabe recordar que Gómez de Liaño, a quien esta misma Sala ordenó tenerle como perjudicado por el encargo, solicitó que se imputara a Juan Luis Cebrián además de los hermanos Gregorio y Álvaro Marañón y Beltrán de Lis; el empresario Antonio Navalón; José Aliste y Enrique Bacigalupo, este último magistrado que integró el tribunal que inhabilitó a Gómez de Liaño por prevaricación.

 

El magistrado instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, desestimó la solicitud el pasado mes de diciembre al considerar que la denuncia que redactó Villarejo desde la prisión de Estremera no contaba con ningún apoyo objetivo. Sin embargo, Gómez de Liaño recurrió su decisión y precisó que eran necesarias para esclarecer el complot que existió en los años en los que él dirigió la investigación contra Sogecable y que destripó al detalle Villarejo en su denuncia.

Ahora la Sala de lo Penal le responde que no puede acordar dichas imputaciones porque no se han encontrado indicios de este trabajo entre todo el material incautado al comisario jubilado tras su detención en noviembre de 2017. Así, no figuran en sus agendas personales anotaciones sobre el caso Sogecable (porque las mismas son posteriores a este encargo que se remonta a 1998) y tampoco microcintas que contienen sus famosos audios.

 

Le parece inocuo al Tribunal que Villarejo compusiera su denuncia estando recluido en un centro penitenciario, porque en esa época estaba viviendo como todo el aparato se cernía contra él, por lo que es improbable que la denuncia estuviera completamente libre del motor del resentimiento.

Auto de la Sala de lo Penal

 

En relación a estas últimas Villarejo mantiene que grabó alguna de las reuniones celebradas entonces para frenar el caso Sogecable en la Audiencia Nacional y acabar con la carrera judicial de Gómez de Liaño. De hecho, en su comparecencia ante el juez a tenor de esta línea de investigación de su macrocausa, dijo que se le habían incautado más de mil microcintas (y no 300) y dio por seguro que estos archivos de audio estaban dentro de las cintas «desaparecidas».

 

El encargo de Sogecable

Sobre esto la Sala de lo Penal determina que la ausencia de pruebas impiden la citación como investigados de Cebrián y el resto de señalados. Del mismo modo, en lo que respecta a la denuncia que presentó la defensa de Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla en octubre de 2019, los magistrados exponen que «es improbable que estuviera completamente libre del motor del resentimiento» dado que en aquel momento «todo el aparato del Estado se cernía contra él».

Además, cuestionan que la escribiera con tal precisión de detalles 21 años después de que ocurrieran los hechos y sostienen que en su interrogatorio en sede judicial en junio de 2022 confirmó extremos que vendrían a contradecir el contenido de la misiva. Uno de ellos era que aunque en la carta habla de un encargo, en sede judicial alegó que participó tangencialmente.

 

 

Sin embargo, Villarejo, en su interrogatorio ante el juez, sí confirmó los extremos principales de este asunto que la Sala de lo Penal ordenó investigar; esto es, que existió una operación para apartar a Gómez de Liaño de las diligencias de Sogecable y que, para ello, se triangularon pagos millonarios. Al hilo implicó también en los hechos al entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

 

La Denuncia de Villarejo

Con todo, la Sala de lo Penal -que ordenó investigar estos hechos y tener a Gómez de Liaño como perjudicado- considera, tras revisar «palabra por palabra» la denuncia de Villarejo, que queda «suficientemente definido» que varias personas de posiciones notoriamente muy elevadas se confabularon para que Gómez de Liaño dejara el caso Sogecable, y más aún, que fuera expulsado de la carrera judicial.

De acuerdo con el relato de Villarejo, a mediados de 1997 le contactó el histórico dirigente socialista ‘Txiki’ Benegas «en nombre de Felipe González» y le planteó la posibilidad de que a los encuentros se incorporara Carlos Carnicero por parte del Grupo Prisa. En estas reuniones participaron también los hermanos Marañón, que fueron el vínculo «con los de Sogecable».

La misión que se le encomendó consistió en controlar a Gómez de Liaño y a su pareja para conseguir «información íntima», presionar a Baltasar Garzón para que no pusiera trabas al plan trazado contra el juez y facilitar los pagos que el empresario Navalón tenía preparados.

Al respecto, Villarejo confesó que se utilizaron varios procedimientos. Por un lado, se abonaron 5 millones de pesetas a Lozano y por otro recibió 12 millones de pesetas «para pagos de colaboradores y demás gastos del trabajo». Parte de estos abonos, en concreto 170.000 dólares, fueron transferidos desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas Francesas «a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional».

 

Presuntos pagos a Garzón

Del mismo modo dijo que se efectuaron pagos al magistrado Bacigalupo que se canalizaron a través de un banco suizo. Bacigalupo fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que integró el tribunal que inhabilitó a Gómez de Liaño en 1999. Nueve años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD) condenó a España a indemnizar al exjuez de la Audiencia Nacional por haber sido juzgado por un tribunal «imparcial».

Por estos hechos se tomó declaración al perjudicado y se citó también a otros testigos, entre ellos el propio Lozano. El juez del caso Villarejo citó a este empresario después de que Gómez de Liaño explicara que este hombre le confesó en 2015 que le habría entregado una cantidad indeterminada de dinero a Garzón por parte de Prisa. La cuantía ascendería a 300 millones de pesetas. Lozano negó la mayor en sede judicial aunque confirmó que conocía a Baltasar Garzón.

 

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ENRIQUE BACIGALUPO, UNA VEZ CANCELADO EL MAGISTRRADO BARBERO, SE HIZO CON LA INSTRUCCIÓN DEL GRAN CASO DE CORRUPCIÓN DE SU MENTOR, EL PSOE

EL CLAN DE LOS BACIGALUPO, PODER, DINERO Y SOCIALISMO: DEL JUEZ FELIPISTA AL MARIDO DE TERESA RIBERA

Los Bacigalupo cuentan con una larga trayectoria en nuestro país vinculada al poder judicial, económico y político

Por Borja Negrete

Vozpópuli, 4 FEBRERO 2024

 

Bacigalupo. Un nombre que suena a nomenclatura científica para referirse a alguna clase de coleóptero, pero que en realidad representa a uno de los clanes familiares que más poder han manejado (y manejan) en el tablero español. Este grupo, considerado por algunos como agente del socialismo, ha amasado una nada desdeñable fortuna en su trayectoria vital y profesional. Durante las últimas semanas copa los titulares un miembro del clan, Mariano Bacigalupo, marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde cobra alrededor de 141.000 euros al año.

El primero de los Bacigalupo en extender sus redes de poder en España fue el magistrado Enrique Bacigalupo, cabeza del clan. Este exmagistrado del Tribunal Supremo, de origen argentino y siempre vinculado al felipismo y al peronismo, llevó en su larga trayectoria algunos de los casos más mediáticos de nuestra historia. En el ‘caso GAL’ rechazó la imputación de Felipe González; en el ‘caso Filesa’ redujo de 39 a 7 los acusados por financiación irregular del PSOE; y en el ‘caso Sogecable’ se encargó de apartar por prevaricación al exjuez Javier Gómez de Liaño. Que cada uno saque sus conclusiones.

En el año 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de Gómez de Liaño. La Corte de Estrasburgo admitió que la imparcialidad de la Sala del Tribunal Supremo -de la que formó parte Bacigalupo-que juzgó a Gómez de Liaño por prevaricación «podía suscitar serias dudas» y condenó a España a pagar una indemnización al exjuez.

En 2019, el excomisario Villarejo presentó una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla en la que afirma que el Grupo Prisa pagó 200.000 dólares a Bacigalupo por condenar a Gómez de Liaño. Según la denuncia, este pago se llevó a cabo a través de una cuenta del «Sr. Navalón» en un banco de Zúrich. A continuación, Bacigalupo habría recibido otros 170.000 dólares desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas. Una jugada que muchos consideran que sirvió para que Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián salvaran los muebles.

Enrique Bacigalupo, de 86 años, ha permanecido activo en los últimos tiempos, encargándose de la defensa del futbolista Lionel Messi cuando fue imputado por defraudar 4,1 millones a Hacienda por derechos de imagen. En 2011, tras abandonar el Tribunal Supremo, el líder del clan Bacigalupo fichó por el despacho internacional DLA Piper, desde donde ha llegado a representar a José Antonio Moral Santín, exconsejero de IU en Bankia imputado por las tarjetas opacas.

Mariano Bacigalupo, el hombre de Ribera en la CNMV

Uno de los hijos del Don Bacigalupo es Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV y los ojos de la vicepresidenta Teresa Ribera de cuanto ocurre en los mercados. Más allá de los 140.000 euros que se embolsa cada mes, Bacigalupo hijo cuenta con información pata negra de las principales empresas de nuestro país.

Desde su cargo en la CNMV, no se contuvo a la hora de opinar sobre el cambio de sede de Ferrovial, que alegó cambiarse a Holanda por las dificultades para cotizar en Estados Unidos (e insinuó problemas de seguridad jurídica). Bacigalupo se posicionó con el Gobierno, que acudió en tromba a presionar a la multinacional. Es más, Mariano Bacigalupo publicó su comentario en la red social Linkedin horas después de que Teresa Ribera diera un paso al frente en la guerra contra Ferrovial.

Recientemente, Vozpópuli dio a conocer un informe interno de la CNMV en la que esta reconocía que el cambio de sede de Ferrovial sí estaba justificado.

 

Silvina Bacigalupo, amiga de Sánchez

La tercera pata de este clan familiar es Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional en España. Silvina colaboró con su padre en la defensa del futbolista Messi. También se ocupó de defender a Francisco Javier del Valle Petersfeldt, abogado, testaferro y apoderado de Francisco Correa, principal cabecilla de la trama Gürtel.

 

 

Su relación Pedro Sánchez viene de lejos. En 2016, formó parte del equipo electoral de Sánchez, ocupándose del área de ‘Transparencia y ética empresarial’. En la órbita socialista de los Bacigalupo se encuentra también el marido de Silvina, José María Ridao, exembajador en la India. Ridao pidió su cese en una carta tras varios encontronazos con el ministro de Exteriores José Manuel Albares.

 

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Es un escándalo, digno de ser divulgado, pregonado y machacado como el que canta Raphael. El nombre del magistrado Enrique Bacigalupo ha estallado como un triquitraque en escándalo morrocotudo desde mi Buenos Aires querido hasta el Madrid, Madrid, Madrid, la cuna del requiebro y del chotís, a una y otra orilla del charco. Las radios y los periódicos argentinos echan chispas con la remanguillé pensionista de este peculiar sujeto que por haber ocupado durante mes y medio un cargo de segunda fila en el gobierno de Héctor Cámpora lleva cobrado en concepto de pensión medio millón de dólares.

Así va la economía de aquel país. Ante ese escándalo, hasta el presidente de la República ha intervenido para anunciar que va a acabar con tales «pensiones de privilegio». Aquí, el presidente del Tribunal Supremo ha salido al campo para aclarar que, si la pensión es compatible con el sueldo de magistrado, su cobro es legal. Obvio, señor presidente. Gracias. Pues claro que sí, aunque alguien tendría que decirnos, aquí y allí, si hay o no hay incompatibilidad en que un magistrado del Tribunal Supremo español cobre una pensión vitalicia de otro país. Resuelto el aspecto legal, queda la ética y, a la vista de la situación que atraviesa Argentina, el pundonor y lo que hay que tener.

Y resta por conocer algo aún más importante. Tal y como anda la señora Justicia en nuestro país y las diversas intervenciones polémicas de este singular magistrado, conviene saber si esos ingresos han sido declarados o no al Fisco de España. Mucho más porque este personaje llegó aquí y llegó al Tribunal Supremo apadrinado y protegido por Felipe González cuando éste era secretario general del partido socialista y sobre todo presidente del Gobierno. No sería de recibo que tuviéramos en el Supremo a un defraudador de Hacienda administrando justicia. Ya se sabe que quien hace un cesto hace ciento.

Especialmente alarmante resulta esa declaración de Bacigalupo según la cual «no recuerda» si ha renunciado al cobro de su privilegiada pensión. Porque si un funcionario de la Administración de Justicia no recuerda si ha renunciado o no a una pensión mensual de mil seiscientos euros, sabe Dios la cantidad de dinero que gana con sus obras, trabajos, labores, artes o mañas. Y este es el personaje que se permitió juzgar y condenar a un juez honrado y persona intachable como Javier Gómez de Liaño. Conviene recordar que con ello evitó que se investigaran las empresas de Jesús Polanco, el Hombre Más Rico de España.

Todo el año es carnaval, que dijo Larra. Pero a veces, en medio del baile, a alguien se le cae el antifaz y se le ve la cara.

 

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Catedrático de derecho penal. Procurador general del Tesoro por 49 días, durante el gobierno de Héctor Cámpora. Militante de izquierda, perseguido por la Triple A y exiliado en Europa. Exjuez del Tribunal Supremo español. Abogado de Messi. Suegro de Teresa Ribera, la ministra del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Enrique Bacigalupo Zapater tiene 82 años. Referente en materia jurídica para Alberto Fernández, es uno de los once expertos que integran el comité que lo asesorará en la reforma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

De hecho, fue el único al que le agradeció especialmente durante la presentación del proyecto de ley. «Solo les pido, me dispensen el permiso de expresar un especial y profundo agradecimiento para alguien que ha sido el maestro de muchos de nosotros. Gracias, profesor Enrique Bacigalupo, por estar siempre dispuesto a colaborar en el mejoramiento de nuestra querida Argentina«, expresó Fernández.

Pero no todos fueron elogios en la carrera de Bacigalupo. El abogado fue fuertemente cuestionado durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando se supo que había acumulado más de 500 mil dólares con su jubilación de privilegio, que había percibido mensualmente desde 1987, por su participación de menos de dos meses en el gobierno fugaz de 1973.

En 2002, la agencia DyN informó: «Lleva embolsados más de medio millón de dólares de erario, aunque no vive en la Argentina desde antes del golpe de Estado de 1976 e hizo su carrera profesional en España«.

 

 

Exilio

Efectivamente, el experto en derecho penal abandonó el país de manera definitiva en 1974, luego de ser perseguido por la Triple A, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. En ese momento, Bacigalupo –según dijo en una entrevista con LA NACION– militaba en el Movimiento Universitario Reformista –un grupo de izquierda liberal– e integraba la lista negra del Gobierno, junto con otros profesores de la Universidad de Buenos Aires.

Tras ser inducido a abandonar su puesto, migró a Bonn –Alemania–, donde vivió hasta 1978, para luego continuar su carrera académica en España y conseguir su segundo doctorado. El primer doctorado lo obtuvo en la Universidad de Buenos Aires, con una tesis titulada «Delitos impropios de omisión».

Bacigalupo ya había estado cinco años en Alemania, cuando en 1967 renunció a su puesto en el cuerpo de profesores de la UBA, también por cuestiones políticas, luego de una intervención militar del gobierno de Juan Carlos Onganía.

Dado su prestigio en el campo académico, el exprocurador del Tesoro fue rápidamente acogido en las universidades españolas y, más tarde, en el Poder Judicial, donde ejerció como magistrado durante 24 años, desde 1987 hasta 2011.

Por sus manos pasaron algunos de los casos judiciales más relevantes de la Justicia española. Entre ellos, Bacigalupo condenó a otro juez, Javier Gómez de Liaño, por mala praxis en un caso contra el actual multimedio Grupo Prisa, entonces Sogecable.

Sector privado

Luego de su renuncia, el exmagistrado pasó a formar parte de DLA Piper, una de las firmas de abogados más grande del mundo, con sede en más de 40 países. En 2014, fue elegido por Lionel Messi para gestionar la causa judicial en la que se lo inculpaba de evadir de impuestos. Bacigalupo tomó la representación de Messi junto a su hija Silvina, también especialista en derecho penal.

Hoy, el «maestro» de Fernández vuelve a relacionarse con asuntos del Tribunal Supremo. Pero, esta vez, en territorio argentino: encabezará, junto al presidente y otros diez asesores, un nuevo plan de reforma del Poder Judicial.

 

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La Audiencia Nacional investigará el pago de 200.000 dólares del Grupo Prisa al que fuera magistrado del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, para condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable. Bacigalupo, cercano al PSOE de Felipe González, fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011.

La Sección Tercera de la Sala Penal ha estimado el recurso presentado por Gómez de Liaño y ha aceptado su personación como perjudicado en la causa, tras la negativa inicial del Juzgado Central de Instrucción nº 6. Tal y como publicó LD, el comisario José Villarejo presentó en el año 2019 una denuncia en la que desvelaba el presunto plan delictivo urdido por el Grupo Prisa para apartar de la Judicatura a Gómez de Liaño. Un plan en el que el propio Villarejo participó al mantener varias reuniones con los responsables de la empresa Sogecable. El comisario llegó a afirmar que incluso hubo grabaciones de conversaciones mediante dispositivos de pequeño tamaño provistos de microcintas.

El auto de 8 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que «el recurso ha de ser necesariamente estimado. No podemos compartir el criterio, expresado por el Juzgado Central de Instrucción en las resoluciones impugnadas, respecto a la falta de relación de los hechos alegados por el recurrente, como sustento de su pretensión de personación en las diligencias previas, con los que constituyen el objeto de estas. En ellas se vienen investigando hechos presuntamente constitutivos de delitos de organización criminal, cohecho o descubrimiento y revelación de secretos, entre otros, asociados a la estructura empresarial encabezada por José Manuel Villarejo Pérez, presuntamente dedicada a la comercialización de servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial, todo ello realizado con el supuesto aprovechamiento de la condición de policía de dicho investigado».

«Y los hechos a los que hace referencia el recurrente en su escrito de personación», añade el auto, «extraídos de una denuncia presentada por el Sr. Villarejo y tramitada en el Juzgado de Instrucción n.º 45 de Madrid, cuyo contenido el denunciante ha ratificado en esta causa, consisten, en esencia, en el encargo de la compañía del grupo PRISA, SOGECABLE, titular de la empresa de televisión Canal Plus, al Sr. Villarejo, para la prestación de servicios de la naturaleza antes señalada en relación con el recurrente, entonces Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 1, con objeto de apartarlo de las diligencias abiertas en dicho órgano judicial por presunto delito de apropiación indebida de una importante cantidad de dinero procedente de las fianzas depositadas por los abonados de Canal Plus».

«Señala el recurrente en su escrito que las gestiones incluían actuaciones dirigidas a conocer su entorno personal y familiar; el pago de sumas de dinero (entre ellas cinco millones de pesetas a un tal Lozano) para acabar con su carrera y lograr su condena en el procedimiento abierto contra él en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como consecuencia de una querella presentada por SOGECABLE, para lo cual una persona llamada Antonio Navalón, vinculada al grupo PRISA, abonó 200.000 dólares estadounidenses en un banco argentino al Magistrado Sr. Bacigalupo, miembro del Tribunal que finalmente dictó sentencia condenatoria por delito de prevaricación contra el recurrente en octubre de 1999. También se afirma en el escrito que se hicieron llegar, desde una sucursal del banco HBSC de las Antillas inglesas, 170.000 dólares a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional», destacan los magistrados.

«No hay, por lo tanto, duda alguna de la condición de perjudicado del recurrente por las actividades presuntamente delictivas de la organización del Sr. Villarejo, en caso de que estas llegaran a acreditarse, y, como consecuencia, es incuestionable su legitimación para personarse como tal en las diligencias previas», apunta la Audiencia Nacional.

«Dadas las fechas de los hechos señalados por el recurrente y la prescripción de los posibles delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, a la que se refiere el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, esa personación habrá de circunscribirse al posible delito, inicialmente de asociación ilícita y posteriormente de organización criminal, de los integrantes del círculo del Sr. Villarejo, pues el carácter permanente de tales infracciones penales impide, por el momento, apreciar su prescripción, conforme a lo dispuesto en el art. 132.1 del Código Penal. De existir, con arreglo a lo que hipotéticamente plantea el Ministerio Fiscal, un delito de blanqueo de capitales deberá ser objeto de otro procedimiento, a seguir, en su caso, ante el órgano judicial competente», concluye el auto.

 

El caso Sogecable de Liaño y contra Liaño

Javier Gómez de Liaño cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional asumió en 1997 la investigación contra el Grupo Prisa (Canal Plus y Sogecable) por posibles delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.

 

En el marco de dicho procedimiento, el magistrado impuso de forma cautelar a Jesús de Polanco (expresidente del Grupo Prisa), una fianza de 200 millones de pesetas. Después, procesó al propio Polanco, a Juan Luis Cebrián (exconsejero delegado del Grupo Prisa) y a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por falsedad documental y apropiación indebida en los fondos de los abonados. En 1998, Polanco lo denunció por prevaricación y el magistrado fue procesado.

 

 

Gómez de Liaño recusó en febrero de 1999 a los tres miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que ratificaron su procesamiento por prevaricación y dictaron auto de apertura de juicio oral contra él para juzgarlo: Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda. Éste último magistrado emitió un voto particular discrepante expresando su disentimiento «por no haberse decretado el sobreseimiento libre, al no ser los hechos de la causa constitutivos de delito alguno, como han solicitado, no sólo el procesado sino el propio ministerio fiscal». Según el fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, padre del actual fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, los hechos no eran constitutivos de delito de prevaricación, ni de infracción penal alguna.

Liaño entendía que habían perdido la imparcialidad objetiva para juzgarle por haber dictado dichas resoluciones. En el caso de Bacigalupo, le recusaba también por «amistad íntima» con el abogado de Sogecable, Antonio González Cuéllar, y por interés directo o indirecto en la causa. Sin embargo, dicha recusación resultó fallida.

Los tres magistrados del Supremo lo condenaron a 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez. La sentencia contó con los votos favorables de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Por su parte, José Manuel Martínez-Pereda formuló de nuevo un voto particular discrepante con la decisión de sus dos compañeros más extenso que la propia sentencia.

En el año 2000 recibió un indulto del gobierno presidido por José María Aznar para volver a la carrera judicial y en 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor recordando «la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables» y estimando que «las quejas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que lo juzgó y lo condenó del demandante Gómez de Liaño pueden ser consideradas objetivamente justificadas». El argumento es que los tres magistrados que la componían (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez), ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso.

 

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VILLAREJO: PRISA SOBORNÓ A UN JUEZ PARA CONDENAR A JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO POR EL CASO SOGECABLE

El Español, 10 octubre, 2019

 

El excomisario José Manuel Villarejo ha presentado una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla en la que documenta que el Grupo Prisa pagó 200.000 dólares al juez Enrique Bacigalupo por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable.

Bacigalupo fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011 y se le consideraba un juez cercano al PSOE de Felipe González. En la actualidad ejerce de abogado y entre sus clientes más destacados está el jugador del FC Barcelona Leo Messi.

El comisario encarcelado asegura en la denuncia que se organizó una operación para inhabilitar al entonces juez Gómez de Liaño y apartarlo de la causa que instruía contra Sogecable, empresa del grupo de comunicación Prisa.

 

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Recuperamos de nuestra Hemeroteca la pieza que se hizo sobre el cambio de capital en la SER del año 1985, que significó un antes y un después en el sector de la radio.

MARINO BARBERO Y EL PAÍS (2): LA TRANSICIÓN … DE LA CENSURA A LA DESINFORMACIÓN: «Análisis del tratamiento mediático del Juez del Caso FILESA en «El País» (1992-1995), por Antonio Carreras