EL CASO MÓNICA OLTRA

EL CASO MÓNICA OLTRA

 

EL CASO MÓNICA OLTRA

Por Rosa María Vidal Sánchez

Punto Crítico 

MÓNICA OLTRA

 

Debemos remontarnos al año 2016 para comprender el origen de este caso y el gran revuelo social que ha causado. A finales de 2016 y durante 2017 el entonces marido de Mónica Oltra, Luis R. abusó sexualmente de una de las menores que estaba a su cargo en el centro público de acogida del que era educador social. Es importante mencionar en este momento que la Sra. Oltra dirigía la Consejería de Políticas Inclusivas de la que dependen los centros de menores de la Generalitat Valenciana, dato este muy relevante a tenor del desarrollo de acontecimientos que a continuación se expondrán.

En febrero de 2017 la menor puso en conocimiento de una de las trabajadoras del centro lo que estaba sucediendo y lo único que se llevó a cabo fue un informe de carácter interno, el cual no tuvo trascendencia, dejando a la menor en una tesitura bastante compleja y de desamparo, ya que acudió a quien según ella podía ayudarla en ese momento y lo único que encontró fue una inacción por parte de la Administración, además de cuestionar si realmente lo que contaba era veraz.

Meses más tarde, en junio de ese mismo año, la menor denunció los hechos ante la Policía Autonómica y fue cuando por fin, la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación. Los hechos relatados hasta este momento, nos hacen pensar que cuando en un primer momento la menor puso en conocimiento de la trabajadora del centro lo que estaba sucediendo se intentó “tapar” el problema, no darle importancia para así quizá salvaguardar la reputación del educador social, que además era marido de la persona que estaba al cargo del buen funcionamiento de los Centros de Menores, lo que nos hace plantearnos la primera pregunta: ¿se puso realmente en funcionamiento el protocolo existente para estas situaciones? A la luz de los hechos se podría decir, casi categóricamente que no.

Es por ello que, una vez se abrieron diligencias de investigación contra el entonces marido de la Sra. Oltra, teniendo en cuenta los hechos acontecidos y el presumible poder que tenía Mónica Oltra por su cargo, hace sospechar que se podrían haber alterado las pruebas de los abusos cometidos por su entonces marido Luis R.

Por lo tanto, podemos considerar que la Sra. Oltra debería haber sido también investigada en ese momento e incluso, podría haberse planteado la prisión provisional en virtud del artículo 503 de la LECrim, pues teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquí desde el momento que se inició la investigación pudieron alterarse de manera sustancial pruebas e incluso, como veremos a continuación, se llegaron a  realizar informes extrajudiciales y posteriores en el tiempo que tenían como finalidad desacreditar a la menor. No se debe olvidar que la prisión provisional es una de las medidas cautelares personales más restrictivas y debe aplicarse con precaución y atendiendo a las circunstancias del caso, pero ¿hasta qué punto es posible plantear la duda de que la Sra. Oltra no llevó a cabo ciertas acciones para tapar o encubrir lo que había sucedido?, la verdad, es difícil considerar que fuera imparcial teniendo en cuenta quién era el acusado de abusos sexuales y lo que habría en juego si todo salía a la luz.

Se puede llegar a presumir, sin afirmar con rotundidad que las probabilidades de que, una vez que Mónica Oltra fue conocedora de los hechos llevados a cabo por su entonces marido, hiciera todo lo que estuviera en su mano bien, para protegerlo a él o bien, para proteger sus espaldas y evitar (el inevitable) revuelo mediático y social que se produciría con el conocimiento de estos hechos.

Finalmente, en diciembre de 2019 Luis R. fue condenado a 5 años de prisión por un delito de abusos sexuales y casualmente, posteriormente a esta sentencia, aparecieron dos informes realizados uno por el Instituto Espill y otro por la Dirección Territorial de la Consejería de Igualdad, informes éstos en los que ninguno daba credibilidad a la declaración de la menor. Esto provocó que en junio de 2020 el TSJCV anulase la condena y ordenara repetir la vista para tener en consideración dichos informes.

Si ya el caso resultaba sospechoso por cómo se había gestionado desde el principio, en este momento ya es más que evidente que existen indicios racionales y sólidos para considerar que la Sra. Oltra habría tenido algún tipo de participación en el caso.

Así las cosas, en marzo de 2021 el tribunal se pronunció de manera muy similar al primer juicio y añadió la circunstancia agravante de prevalimiento al delito continuado de abusos a una menor de 16 años. La sentencia consideró probado que la menor sufrió abusos por parte de Luis R, sentencia que actualmente se encuentra recurrida.

El 9 de junio de 2022 y tras empezar las declaraciones de los 13 investigados, todos ellos funcionarios del centro de menores, en abril de este mismo año, la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana consideró y argumentó su postura para que el Tribunal Superior de Justicia investigase a la Sra. Mónica Oltra Jarque por su presunta participación en la iniciativa de desacreditar el testimonio de la menor víctima de abusos sexuales en un centro público de acogida dependiente de la Consejería de Políticas Inclusivas, siendo Mónica Oltra la persona encargada en ese momento de su dirección.

En la declaración llevada a cabo por la psicóloga que atendió a la menor ante el juzgado de instrucción 15, es alarmante cómo hace una tergiversación de los hechos, ya que como se verá más abajo no para de manifestar que ella no podía hacer preguntas directas a la menor porque según el “protocolo” no debe “dirigir” la entrevista recayendo sobre la menor entrevistada narrar los hechos de forma espontánea, algo complicado si partimos de la base que es algo de lo que no se sentía orgullosa, le daba vergüenza y no sabía cómo gestionar.

Además, se debe tener presente que en el momento de esa entrevista con la psicóloga la menor contaba con unos 16 años, edad más que suficiente como para no condicionarla, así como para creer los hechos que relataba (porque relató lo que había sucedido), ya que, en una entrevista concedida por la menor, tiempo más tarde, ponía de manifiesto que le comentaba a la psicóloga los hechos y ésta lo único que hacía era increparla y decirle que dejara de mentir, ¿esta es la forma correcta de entrevistarse con una menor? Cuestionar su historia y decirle que está mintiendo sin ningún tipo de pudor, ¿es manera de ayudarla? Rotundamente no.

El día 16 de junio de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió llevar a cabo la investigación de la Sra. Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y diputada del partido político Compromís, por la gestión del caso de abusos sexuales de su exmarido hacia una menor tutelada por la Generalitat, ya que existen indicios sólidos y fundados de su participación en el encubrimiento de los abusos sexuales, es por ello que algunos de los delitos que se le podrían imputar son:

  • Prevaricación (Art. 404 CP) con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años.
  • Omisión del deber de perseguir delitos (Art. 408 CP) con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.
  • Encubrimiento (Art. 451. 3º. b) CP) con pena de prisión de 6 meses a 3 años.
  • Abandono de menores (Art. 226.1 CP) con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.
  • Delito de malversación agravada del Art. 432 apartado tercero en relación con el Art. 252 CP por haberse, supuestamente, prevalido de los medios que tenía a su disposición para ocultar los hechos que se habían cometido, produciendo de esta manera un entorpecimiento al servicio público competencia de la Sra. Oltra, quien habría dedicado los medios que debía gestionar, no a sus propios fines públicos, sino a sus delictivos fines propios, fines privados en abierta colisión con sus obligaciones de gestión de los medios personales y materiales de que se había dotado a su entonces Departamento gubernamental. Con pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años.

Con la actual renuncia al cargo político que ostentaba la Sra. Oltra, ya no tendrá la consideración de aforada, por lo tanto, el caso se volverá a remitir al Juez de Instrucción 15 de Valencia, siendo el juez instructor inicial de la causa el competente para investigar el caso.

En vista de todos estos acontecimientos debemos esperar al desarrollo de la investigación y, esperar que, una vez por todas se arroje algo de luz al caso, pudiendo resarcir de alguna manera el daño causado a la menor, pues, no olvidemos que su testimonio ha estado puesto en tela de juicio desde el primer momento.

Sorprende enormemente la corruptela que hay en esta sociedad, siendo difícil comprender cómo una persona que aboga por los derechos de las mujeres, que se declara manifiestamente feminista, así como es propulsora del movimiento "hermana yo si te creo", llegó al punto de presuntamente querer desacreditar a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, la cual había sufrido abusos, ¿qué clase de mensaje se da a la sociedad con esto? Es la clara definición de hipocresía e incongruencia, se puede llegar a entender que quisiera proteger su carrera política e incluso "proteger" a su entonces pareja, pero, a veces, hay cosas que están por encima de todo eso, como, por ejemplo, velar por aquellos que necesitan una protección especial como es el caso de una menor.

Por último, no debe olvidarse el daño psicológico que ha sufrido esta chica ya no solo por los abusos sufridos sino también por el sufrimiento causado por haber sido puesta en duda desde el primer momento, abandonándola de algún modo, queriendo tapar lo que había sucedido, por no considerar que su testimonio era veraz, por querer hacer como que no había pasado nada. Se debe reflexionar y considerar que estos hechos pueden marcar la vida de una persona y deben tratarse con el mayor cuidado y profesionalidad posible, dejando a un lado las aspiraciones políticas individuales o de partido. Son situaciones totalmente deleznables que deben ser castigadas para no dejar impunes a aquellos que creen tener el control de todos y todo.

No quedando aquí las cosas y por desgracia, no siendo éste el único caso de abusos sexuales a menores tutelados, impacta la cifra puesta sobre la mesa por el Defensor del Pueblo Valenciano es, cuanto menos, preocupante, ya que se notificaron 175 casos entre junio de 2020 y junio de 2021…175 abusos sexuales cometidos a menores tutelados por la Generalitat Valenciana, siendo en algunos casos incluso menores de 3 años. Situaciones éstas que dan un pellizco en el estómago y lo peor de todo es que se demuestra la nefasta gestión existente, ya que una vez más, la Sra. Oltra eludió su responsabilidad, echando balones fuera y alegando que la oposición mentía en cuanto al informe aportado por el Defensor del Pueblo Valenciano.

¿Qué más se necesita para comprobar la falta de escrúpulos de esta señora? Estamos hablando de menores tutelados, personas vulnerables que necesitan del apoyo y protección de las instituciones y no de su abandono. Lo más alarmante y llamativo de todo es comprobar como intentan “exculparse” alegando que la mayoría de esos abusos se cometieron fuera de los centros tutelados…No hay cosa más vergonzosa que intentar eludir sus responsabilidades de esta manera, ¿si los abusos no se cometen dentro del centro de acogida no es responsabilidad de la Generalitat? Es obvio que, se cometan en un sitio u otro, esos abusos deben ser perseguidos, investigados y llevados hasta el final, llevando por delante a todo aquél que bien los haya cometido, o bien haya hecho todo lo posible por encubrirlos.

Es aterrador ver esas cifras, imaginar el cómputo total de víctimas de abusos sexuales en este tipo de centros de más años atrás a la actualidad pone, cuanto menos, los pelos de punta.

Pero esta corrupción no acaba aquí, pues, llama la atención cómo se intenta por todos los medios dirigir y controlar el sistema, en este caso a través de la fiscalía de menores. Se ha llamado la atención en varias ocasiones a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por el nombramiento de una forma cuanto menos fraudulenta del Fiscal coordinador de Menores, Eduardo Esteban.

 

actualmente, existen miles de procesos judiciales de menores -en trámite o a punto de ser incoados- por abusos sexuales a menores tutelados por administraciones públicas del Estado

 

Según el Tribunal Supremo se ha designado a Eduardo Esteban sin motivación alguna, ya que en un primer momento ya se pronunció la Sala Tercera del Tribunal Supremo exigiendo la motivación de dicho nombramiento, puesto que uno de los aspirantes al cargo, el fiscal José Miguel de la Rosa, contaba con méritos más que suficientes e incluso con un currículum superior al de Eduardo Esteban, para poder ser nombrado como Fiscal coordinador de Menores.

Se puede sospechar que esta forma de actuar y la falta absoluta de atención a las indicaciones dadas ya por el Tribunal Supremo, estén relacionadas con el afán de controlar el poder judicial para así ganar la impunidad en todos aquellos hechos atroces que se cometan bajo la dirección de determinados partidos políticos en las diferentes CCAA. Pues no se debe olvidar que, actualmente, existen miles de procesos judiciales de menores abiertos, o próximos a ser incoados, por abusos sexuales a menores tutelados por administraciones públicas del Estado; recordemos el caso “18 Lovas” de Gran Canaria, así como los tan atroces hechos sucedidos en las Islas Baleares también con menores tutelados por la administración balear, todo esto sumado al caso que estamos estudiando, nos hace llegar a pensar sin ningún género de duda que, lo único que se pretende con el nombramiento de Eduardo Esteban como Fiscal coordinador de Menores es poder controlar el sistema judicial, impedir que se saquen las verdaderas vergüenzas de las administraciones públicas y acallar a todos aquellos menores que han sufrido abusos, abocándolos de esta manera a un aumento del sufrimiento que, ya de por sí padecen, así como, a albergar en ellos un sentimiento de abandono e incomprensión, destrozando de esta manera sus infancias y creando personas que no creerán en absoluto en la justicia. ¿Qué más se necesita para poner cartas en el asunto?

 

Imagen de la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra junto a su pareja y su hijo - ABC

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GRABACIONES VIDEOGRÁFICAS

TESTIMONIO DE LA MENOR (video-entrevista) 

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Declaración de la psicóloga que atendió a la menor abusada por el marido de Oltra

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Declaración como imputada de la técnico de la Sección del Menor de la Consejería de Igualdad

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Declaración del jefe de sección del Menor de la Consejería de Igualdad valenciana

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Declaración de la directora territorial de la Consejería de Igualdad de Valencia, Carmen Fenollosa

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SEIS CARGOS DE OLTRA, INVESTIGADOS POR LOS SUPUESTOS ABUSOS A UNA MENOR TUTELADA POR PARTE DE SU EXMARIDO

Los investigados en estas diligencias son las directoras territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Conselleria

Vozpopuli, 15 FEB 2022

La vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana y consellera de Políticas de Igualdad, Mónica Oltra. Europa Press

 

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha citado a declarar como investigadas a ocho personas en relación a una denuncia y una querella por encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por parte de un educadorexmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica OltraSeis de ellos son cargos del Gobierno de la vicepresidenta valenciana.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han informado este martes de que los investigados en estas diligencias son las directoras territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Conselleria.

También figuran una funcionaria de la Conselleria que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Conselleria y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

Citados a declarar a partir del 28 de febrero

Las citaciones de los investigados han sido señaladas para los días 28 de febrero y 2 y 3 de marzo a partir de las 17.oo horas, según las mismas fuentes.

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Otros 13 investigados: altos cargos y trabajadores del centro

MÓNICA OLTRA, IMPUTADA POR EL PRESUNTO ENCUBRIMIENTO DE ABUSOS SEXUALES DE SU EXMARIDO A UNA MENOR TUTELADA

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha sido imputada por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Europa Press

Onda Cero, 16 JUNIO 2022

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, en una foto de archivo. | EFE/ Kai Forsterling

 

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha imputado a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Declarará el próximo 6 de julio.

Así lo ha decidido la Sala, tribunal al que el Juzgado de Instrucción número 15 de València remitió las actuaciones el pasado mes de abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra. Se envió la causa a este órgano ante la condición de aforada de la consellera.

Tras recibir las actuaciones, el tribunal preguntó a las partes del procedimiento -acusaciones y defensas- sobre la competencia para instruir el caso. Fiscalía se pronunció favorablemente a que lo asumiera el TSJCV por ver indicios "relevantes" contra Oltra.

Qué se investiga: el encubrimiento de abusos a una menor

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.

Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

La Sala, tras estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo al apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre la aforada y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada", según consta en un auto notificado hoy a las partes.

Otros 13 investigados: altos cargos y trabajadores del centro

El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, "con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario".

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos "una conexidad inescindible".

 

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PSOE Y PODEMOS VETARON QUE EL CONGRESO INVESTIGARA EL CASO OLTRA

La investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos a menores tuteladas apenas registra avances

Por Ana I Sánchez

ABC, 29 JUNIO 2022

Mónica Oltra, durante la comparecencia en la que anunció su dimisión - MIKEL PONCE

 

El Congreso no pudo investigar la gestión de los abusos del exmarido de la exvicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, porque PSOE, Podemos y sus socios lo impidieron. El veto tuvo lugar el pasado febrero, casi un año después después de que la Audiencia de Valencia condenara a cinco años de prisión al exmarido de la líder de Compromís.

La iniciativa había partido del PP para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las responsabilidades políticas del Gobierno, «tanto por acción como omisión», en los abusos a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares. Pero el intento chocó de bruces con la mayoría de investidura, que se alineó para echarlo abajo en la Junta de Portavoces.

El razonamiento esgrimido fue que el Congreso no tiene competencia en casos de carácter autonómico y que debían ser los parlamentos de cada comunidad los que investigaran lo sucedido.

Un argumento que conducía a un callejón sin salida, porque para esa fecha PSOE y Compromís habían dado carpetazo a todos los intentos de investigar los abusos a menores en las Cortes valencianas, mientras el partido de Pedro Sánchez y Podemos habían hecho lo propio en el Parlamento balear. Durante el debate y la posterior votación en la Junta de Portavoces, solo Vox, Ciudadanos y Foro apoyaron la investigación que pedía el PP.

Más velocidad para la Iglesia

El partido que hoy preside Alberto Núñez Feijóo también pidió al Defensor del Pueblo que interviniera e investigara la actuación de los gobiernos central, balear y valenciano ante los casos de abusos a menores, y que exigiera las responsabilidades oportunas. En su escrito, remitido a la institución en diciembre, el PP recordaba a Ángel Gabilondo que estos abusos «vulneran derechos y libertades fundamentales» garantizados por la Constitución, e insistía en esa idea de esclarecer cualquier tipo de responsabilidad de las administraciones públicas «por acción u omisión». Pero Gabilondo rechazó la petición sosteniendo que la situación en la Comunidad Valenciana había sido judicializada y que, por tanto, no podía intervenir hasta que quedara resuelta.

 

La izquierda aseguró que el caso Oltra solo podía examinarlo el Parlamento valenciano, pero allí había tumbado su investigación

 

El Defensor del Pueblo ha sustituido esa investigación que pedía el PP por otra de oficio en todo el país, para la que ha pedido que las comunidades –la valenciana y la balear incluidas– y el Ministerio de Derechos Sociales le envíen los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados y las medidas adoptadas frente a ello. Pero esta investigación se encuentra aún en una fase muy prematura, a la espera de recibir datos. Una falta de avances que choca con el ritmo imprimido por la institución a las labores sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia.

Y es que el Defensor del Pueblo recibió el encargo del Congreso para investigar estos últimos hace solo tres meses, pero a primeros del próximo mes ya estará creada la comisión asesora y celebrará su primera reunión. Para esa fecha, Gabilondo también pondrá en marcha la Unidad técnica de escucha activa y atención a las víctimas de abusos. Además, quiere crear un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas. En cambio, la investigación sobre los abusos a menores tuteladas cuenta en este momento únicamente con los datos remitidos por algunas autonomías.

El Defensor del Pueblo achaca esta evidente diferencia de trato a la judicialización de los abusos a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana, pero también hay casos de abusos en el seno de la Iglesia que se encuentran judicializados. Sobre ello, la institución argumenta que investiga los abusos cometidos por religiosos por encomienda del Congreso, pero que esta Cámara no le ha pedido que informe sobre el caso Mónica Oltra.

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El entonces Marido de Mónica Oltra en el Juicio por Abusos Sexuales a la menor

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ADMITIDA A TRÁMITE LA DEMANDA CONTRA OLTRA POR DESPEDIR A LA MENOR ABUSADA DE UN CENTRO PÚBLICO

Por Mari Luz Llac Pontós

CataluyniaPRESS, 18 JUNIO 2022

Oltra comparece en la rueda de prensa tras el pleno del Consell | @ep

 

El Juzgado de lo Social Número 1 de Elche ha admitido a trámite la demanda de Teresa, la menor que fue abusada por el entonces marido de Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalidad Valenciana y que mantiene el cargo de consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y que posteriormente fue despedida del hospital público en el que trabajaba. Pero este Juzgado no ha admitido sólo la demanda de Teresa

La chica abusada rehizo su vida con un novio que también trabajaba en el Hospital de Torrevieja. Que también fue despedido casualmente en el mismo momento. Y del que también la Justicia ha admitido la demanda. Los dos dependían de ese trabajo. Los dos empezaron a trabajar justo después de que Teresa saliera del centro de menores tutelados por cumplir 18 años. Los dos rehicieron sus vidas e iniciaron una familia cuando ese hospital era de gestión privada. Pero un hecho se volvió a cruzar en su vida: en 2021 la Generalidad Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra hizo lo que se denomina administrativamente como reversión del hospital. Es decir, paso a control público. O, dicho de otro modo, de Puig y Oltra. Y una de las primeras decisiones fue despedir a los dos chicos.

La demanda de Teresa y de su novio se dirige directamente contra el Gobierno socialista- comunista. En concreto, contra la Consejería de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló. Porque ese departamento es el responsable de los hospitales.

El Juzgado ha fijado el acto de conciliación y mediación el 26 de enero de 2023, a las 10:50 horas de la mañana. Hay que recordar que este pasado jueves el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha acordado la imputación de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. 

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OLTRA PIDIÓ A LA FISCALÍA QUE RETIRASE LA CUSTODIA DE SU HIJO A LA MENOR ABUSADA POR SU EX JUSTO DESPUÉS DE SER IMPUTADA

Alega una "posible desprotección" cuando fue precisamente su Gobierno el que despidió a la joven y a su pareja del Hospital en el que trabajaban

Mónica Oltra antes de presentar su dimisión | Europa Press

 

Apenas un día después de ser imputada por encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, Mónica Oltra pidió a la Fiscalía de Menores que retirase a la joven la custodia de su hijo. Así lo revelan los documentos a los que ha tenido acceso El Español, que sitúan tal petición el pasado 17 de junio.

El escrito remitido por el equipo de la ya exconsejera alega "una posible situación de desprotección", algo cuanto menos paradójico teniendo en cuenta que Teresa y su pareja fueron despedidos del Hospital de Torrevieja en el que trabajaban precisamente cuando el Gobierno de Puig y Oltra tomó el control del centro. No en vano, tal y como publicó Libertad Digital, fueron los únicos despedidos tras los cambios, algo que la joven no dudó en calificar de venganza por la denuncia contra su exmarido.

Desde entonces, la situación de la joven, que además espera a su segundo hijo, es de extrema vulnerabilidad: sobrevive gracias a donaciones y al dinero que le presta su padre y ni ella ni su pareja, otro joven que también pasó por el sistema de protección de menores, han conseguido encontrar un nuevo empleo.

Una indemnización bloqueada

Ambos confían en recibir una indemnización por el despido irregular del que fueron víctimas que les ayude a empezar de cero. Sin embargo, también en eso el Gobierno valenciano está poniendo todo tipo de dificultades. La pareja presentó una denuncia por "despido nulo", solicitando 25.000 euros para cada uno de indemnización. El objetivo era lograr un acto de conciliación y mediación, pero la Generalitad no se personó.

Ahora, la fecha fijada para el juicio es el 26 de enero de 2023, a las 10:50 horas de la mañana. En estos seis meses que restan hasta ese momento, sin embargo, la pareja podría perder a sus hijos por culpa de las maniobras de Mónica Oltra que, apenas un día después de ser imputada -y cuatro antes de dimitir- pidió a la Fiscalía de Menores que investigase si la menor que la puso en la picota podía cuidar de su hijo.

 

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XIMO PUIG Y MÓNICA OLTRA SÓLO DESPIDIERON A DOS PERSONAS DEL HOSPITAL DE TORREVIEJA: LA MENOR ABUSADA Y SU MARIDO

La víctima de los abusos sexuales del marido de Oltra lo tiene claro: el despido fue una venganza.

Ximo Puig en las fiestas de San Juan de Alicante. | EFE

 

Mónica Oltra ya está imputada acusada del encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su entonces marido a una niña tutelada en un centro de menores responsabilidad de la consejería de la ya exvicepresidenta valenciana. Libertad Digital ya ha publicado, también, que Ximo Puig impidió la personación de los equipos jurídicos de la Abogacía de la Generalidad Valenciana en el caso Oltra. Pero ahora se descubre, además, que Teresa —la menor abusada— y su marido fueron los dos únicos despedidos en 2021 del Hospital de Torrevieja tras tomar el control del centro el Gobierno de Puig y Oltra. Teresa no duda en calificar ese despido de venganza.

El 15 de octubre de 2021 se produjo la toma de control del Gobierno sobre el Hospital de Torrevieja. Se trataba de un centro sanitario bajo gestión privada y ese día pasaba, fruto de la reversión oficial ordenada, a manos públicas, lo que supuso que sus nuevos jefes eran los responsables del Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. Y Teresa, la menor abusada, y su marido, no tardaron en darse cuenta de que su suerte había cambiado.

Mónica Oltra está imputada bajo la acusación de haber tapado los abusos cometidos por su entonces marido a Teresa, una menor tutelada en un centro responsabilidad de la propia consejería que comandaba la líder de Compromís y ya exvicepresidenta del Gobierno socialista comunista de la Comunidad Valenciana.

La Justicia considera que hay indicios suficientes para investigar si pretendió proteger a su marido o esconder el abuso —diezmando la protección de la menor— para no perjudicar su propia carrera política. Pero la historia de la menor abusada no acabó ahí. Posteriormente, y ya fuera del centro tutelado de menores, Teresa —ya mayor de edad— rehízo su vida, formó una familia y encontró trabajo. Pero tras tomar la Generalidad Valenciana el control del hospital de Torrevieja donde trabajaban ella y su pareja, sus vidas volvieron a pegar un vuelco. Y es que uno de los primeros actos tras pasar a controlar el hospital fue despedir a Teresa y a su marido. De hecho, fueron los únicos despidos ordenados tras ese acto de toma de control público.

La Justicia ha admitido ya a trámite la demanda de la chica abusada contra el Gobierno valenciano por este despido. El Juzgado que ha tomado cartas en el asunto es el de lo Social Número 1 de Elche (Alicante). Y admitió en abril la demanda de Teresa. Es más, este Juzgado no ha admitido sólo la demanda de Teresa: también la ha admitido la demanda de su pareja. Los dos dependían de ese trabajo. Los dos empezaron a trabajar justo después de que Teresa saliera del centro de menores tutelados por cumplir 18 años. Los dos rehicieron sus vidas e iniciaron una familia cuando ese hospital era de gestión privada. Pero en 2021 la Generalidad Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra hizo lo que se denomina administrativamente como reversión del hospital y sólo encontraron motivo para despedir a dos personas.

Las demandas de Teresa y de su pareja se dirigen directamente contra el Gobierno socialista- comunista. En concreto, contra la Consejería de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló. Porque ese departamento es el responsable de los hospitales. El Juzgado ha fijado el acto de conciliación y mediación el 26 de enero de 2023, a las 10:50 horas de la mañana.

 

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MATAR A UN RUISEÑOR

Cuando se supo, cuando trascendió, lo de menos fue que la creyeran o no. El abusador era quien era, la investigación se paralizó

los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No decoran los frutos de los huertos, no anidan en los arcones de maíz, no hacen nada más que derramar el corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor

Por Ignacia de Pano

Vozpopuli, 13 ENE 2022

La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, y el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig. Europa Press

 

Es aniñada, menuda, con una carita resignada desde la que unos ojos pardos de cervatilla asustada miran a la cámara con una tristeza infinita. Todo en ella transmite una vulnerabilidad casi dolorosa, una orfandad esencial. Si es así ahora, cuatro años después de ser abusada por su educador y en aquel momento marido y subordinado de Mónica Oltra, es imposible no pensar en cómo era entonces. Mucho más niña, mucho más frágil. Es algo insoportable, estremecedor. Es una imagen que duele y que nos reta: Dime si hay algo más allá de esto, nos interpela. Non plus Oltra.

Por si la vida no le hubiera repartido las peores cartas posibles, privada de la infancia a la que todo niño tiene derecho, protegido y amado por su familia, Teresa tuvo que soportar ser el juguete sexual de quien tenía la obligación de protegerla. No lo contó porque como se portaba mal, -¡quién no se portaría mal en sus circunstancias!- pensó que nadie la creería. Cuando se supo, cuando trascendió, lo de menos fue que la creyeran o no. El abusador era quien era, la investigación se paralizó. La niña Teresa, con el corazón y el alma llena de cristales rotos. Los adultos a cuyo cargo estaba, abusando nuevamente de ella al negarle su protección.

Y al juzgado, la niña víctima con las manitas esposadas.

Decía Atticus Finch, en las palabras de Harper Lee en recuerdo de su padre, que “los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No decoran los frutos de los huertos, no anidan en los arcones de maíz, no hacen nada más que derramar el corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor”.

 

Se conoce, se maneja y se trata de desactivar de todas las maneras posibles. La primera, entorpeciendo la investigación, paralizándola

 

Si pecado es matarlo, también lo es dejarlo tirado y con su buchecito temblando cuando puedes hacer un hueco con tus manos y recogerlo del suelo para darle calor.

Resulta muy difícil creer que una esposa y jefa no supiera algo de las andanzas de su marido cuando la directora general que las estaba conteniendo era una íntima colaboradora. Un asunto de tal calibre no se puede ignorar, aunque tan solo sea por su capacidad de dinamitar cualquier carrera política. Se conoce, se maneja y se trata de desactivar de todas las maneras posibles. La primera, entorpeciendo la investigación, paralizándola. No hay posibilidad más plausible, no creo que exista. Oltra algo debía saber, según general opinión. Se antoja prácticamente imposible, una política de su experiencia, y en pleno ejercicio del cargo, permitirse el lujo de no saber nada. Y si no lo sabía o no quiso saberlo, su responsabilidad no es menor.

Ahora va a tener que responder porque no ha habido forma de paralizar o de enterrar definitivamente la investigación. Lo que se dirime es demasiado serio, demasiado trascendental. Lo que se ha hecho con esa criatura es vomitivo.

Pienso en Rosario Murillo, mujer del dictador nicaragüense Daniel Ortega. También su hija denunció los abusos sexuales que sufrió a manos de su padrastro y tuvo que sufrir el rechazo y la incredulidad de su madre.

Mujeres que protegen a sus maridos depredadores. Qué rabia y qué asco.

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LA JUSTICIA CONFIRMA LA CONDENA DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL AL EXMARIDO DE OLTRA POR ABUSOS A UNA MENOR TUTELADA

La Sala desestima el recurso interpuesto por el condenado y confirma la decisión de la Audiencia de Valencia de penarle por un delito de abuso sexual continuado

Europa Press

Vozpopuli, 17 NOV 2021

La vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana y consellera de Políticas de Igualdad, Mónica Oltra. Europa Press

 

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la condena de cinco años de prisión a un educador, exmarido de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por abusar sexualmente de una menor tutelada. 

De esta forma, la Sala desestima el recurso interpuesto por el condenado y confirma la decisión de la Audiencia de Valencia de imponerle cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento a una menor.

El tribunal ve la sentencia de la Audiencia "totalmente correcta" tanto por lo que se refiere a la valoración de la prueba como con las consecuencias de índole jurídico que liga a los hechos previamente aceptados como probados.

Juzgado dos veces

La víctima era una menor, tutelada por la Generalitat Valenciana y acogida en un centro de Valencia, y los hechos tuvieron lugar entre los años 2016 y 2017, cuando la adolescente tenía 14 años, en el interior del propio local. 

El educador fue juzgado en dos ocasiones. En una primera, en noviembre de 2019, en la que ya se le condenó por los abusos. En esta ocasión, el TSJCV ordenó repetir el juicio para la práctica de una serie de pruebas.

En la nueva vista la fiscal añadió una circunstancia agravante de prevalimiento. Y la Audiencia le volvió a condenar. La sala consideró probado que la menor, nacida en mayo de 2002 y en situación de desamparo, estaba acogida en un centro de Valencia donde trabajaba como educador el acusado quien, cuando estaba en turno de noche, acudió a la habitación de la adolescente en los momentos en que estaba castigada por mal comportamiento y le daba masajes en el cuello para que pudiera dormirse. En entre dos y diez ocasiones, y pensando que estaba dormida, le cogió la mano y se masturbó con ella.

 

La sala consideró probado que la menor, nacida en mayo de 2002 y en situación de desamparo, estaba acogida en un centro de Valencia donde trabajaba como educador el acusado quien, cuando estaba en turno de noche, acudió a la habitación de la adolescente en los momentos en que estaba castigada por mal comportamiento y le daba masajes en el cuello para que pudiera dormirse. En entre dos y diez ocasiones, y pensando que estaba dormida, le cogió la mano y se masturbó con ella.

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EL FINAL DE LA ESCAPADA

Saben que van a perder y les queda la conciencia de esos últimos metros para escapar a lo que nadie duda que es su destino

Por Gregorio Morán

Vozpopuli, 25 JUNIO 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Consejo Europeo en Bruselas

 

Lo suyo sería titular “morir matando”, pero me faltó valor. La referencia a la muerte está demasiado ligada al crimen y de momento no corre la sangre ni matan a nadie que no sea de manera simbólica. Lo cual no obsta para que tengamos ante nosotros cadáveres llenos de vida, que bailan, gritan y se inventan lo inimaginable para hacer ver que aún sobreviven. Las elecciones en Andalucía han disparado todas las alarmas y hemos de afrontar un tiempo en el que todo se convertirá en una guerra a contrarrelojsin piedad y a conciencia. Algo parecido a contemplar como Jean Paul Belmondo echa a correr sus últimos metros en aquel filme inolvidable de Godard.

Saben que van a perder y les queda la conciencia de esos últimos metros para escapar a lo que nadie duda que es su destino. Será un año y pocos meses de carrera en la que no hay que dárselas de adivino para asegurar que se va a utilizar todo lo que esté a mano para conjurar la derrota. Ya ha empezado. Ni Maquiavelo, ni Marx, ni hostias viejunas. El espíritu que domina los tiempos lo marcan los Corleone o su variante más siniestra de Totò Riina; sin sangre pero con empeño. ¿El baile de los cinco valencianos -¡y valencianas!- sobre el siniestro asunto de una menor maltratada, acaso no parece una  escena  del “Accattone” de Pasolini? Les da una higa lo que puedan pensar los ajenos a “la familia”, siempre que se seamos conscientes de que “si tocan a una, nos tocan a todos”.

Una operación de la extrema derecha. Jodidos estamos si negamos a un reaccionario el derecho a denunciar, porque ese es el principio de “la tiranía de los nuestros”, de la que está cargada la historia. Pero lo más grave es que los mafiosillos con aire fallero aleguen los orígenes de una denuncia, recogida por una jueza de inequívoca trayectoria progresista, para blindar su impunidad. El jarabe democrático en dosis que atragantan. Como el idioma se ha ido reblandeciendo hay que recuperar el valor que tenía decir “sin vergüenza” y no simplificarlo en el “sinvergüenza”, tan deteriorado. Ni Oltra ni sus secuaces son otra cosa que gente “sin vergüenza”, porque de tenerla sencillamente hubiera dimitido a la espera de una investigación y evitando el “daño reputacional” -ahora se dice así- que ha causado en todo lo que rodea su desvergüenza.  El 7 de julio la simple operación de “Sumar” de las Chicas de Oro tendrá una partida que descuenta.

Como las abejas van al panal así se lanzaron a defender una causa sórdida en la que se metió la arrogancia sumada a la indignidad. Mezclaron la miel del poder con la mierda de sus ambiciones y el resultado es un producto que ni huele bien ni es apto para estómagos sencillos. Aún no había salido a la luz el bebé de diseño de Yolanda Díaz y a la primera de cambio se empotra en una Falla jaleando fuego. Quizá sea el destino de esta izquierda sin vergüenza, ni historia, ni mochilas, pero con demasiado jarabe espesado por la irresistible levedad de hacer política como quien escribe un twit o maneja una tertulia.

La factoría Sánchez está en otra guerra, la de verdad, y con armas propias, letales. Como si hubiera gritado “todos a sus puestos de combate” debemos de ser conscientes de que esto va en serio y no de “cucadas” de damas sin destino y con funcionariado de por vida. Ha nacido una nueva clase política y es de mujeres; nos atrevamos o no a decirlo. Y lo desazonador no es el género, por supuesto, sino el caso. “Lo más revolucionario que podemos hacer las mujeres es hablar entre nosotras y cuidarnos”. El enunciado es una muestra de que la estupidez no es monopolio de “los señoros”. La idea hubiera disgustado a nuestras abuelas que entre sofoco y sofoco quizá llamarían a hacer algo más allá del encaje de bolillos con la lengua. En el fondo una humillación para las mujeres que trabajan sin subsidio público y se miman poco.

La factoría Sánchez no está para frases como la de Aina Vidal dedicada a Mónica Oltra: “me faltan brazos para abrazarte”. Y no porque conozca y desprecie esta deleznable literatura de señoritas del XVIII si no porque los brazos que necesita están para ahogar al adversario. El martes, José Félix Tezanos presentó ante “la familia” su biografía del patrón, que lleva el ambivalente subtítulo de “Había partido”; ¿de fútbol o político? Tezanos, como estadístico y como teórico, da plano, pero es un termómetro para las calenturas del partido. Fue arrebatado guerrista, palanganero con Solchaga, beato de monseñor Rubalcaba, y apóstol siempre de González, el muñidor intocable. Se adaptó como un guante a Zapatero y al Gran Pedro se le hizo imprescindible como amanuense con fondos públicos bajo las siglas del CIS. Hay que observarle cuando amenazan tormentas.

La guerra necesita mandos de una pieza, aunque sea de piedra u hormigón. Es la misión de Adriana Lastra. Siempre ha hecho lo mismo, detestar al adversario con esa pasión que construyen los mediocres para aspirar a codearse con el padrino. Preparémonos porque es implacable en sus odios y veleidosa en sus quereres; la timidez de los inseguros. No conoce otra cosa que el PSOE. En él se fue desasnando y se hizo mayor porque nadie era capaz de condensar tanto fervor y tan aviesas intenciones. Es asturiana de Ribadesella; su único mundo conocido: un puerto chungo, un río desfondado y una cueva prehistórica. No sabe reír y cuando lo intenta remeda al chacal. Condensa el futuro de un partido en pleno descenso a los infiernos de la marginalidad. No tiene ideas, porque para su función constituirían un menoscabo a la furia. Hasta ahora no era conocida salvo por sus palabras arrebatadas en la pequeña Sicilia del socialismo asturiano. Pero no minusvaloren su capacidad de ofender. A Zapatero, sus compañeros en León, le consideraban un chiquilicuatre. 

Las guerras pueden hacer de un cabo un mariscal. Era el señuelo que esparcía Napoleón entre sus servidores. Pero ni estamos en tiempos del Imperio, ni los mariscales alcanzan a oficiales de complemento, ni los enemigos forman un ejército uniformado a la prusiana. Son tiempos líquidos. De momento el jefe, acorralado y sin crédito, se prepara a extender un cheque para millones de hogares. A falta de “la oferta que no podrás rechazar”, hay que contentarse con el “Perón, qué grande sós”. Es el comienzo para conjurar la derrota.

 

A falta de “la oferta que no podrás rechazar”, hay que contentarse con el “Perón, qué grande sós”

 

 

 


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9 Comments

  1. LA CORRUPCIÓN QUE DESAMPARA A LOS MENORES AGREDIDOS SEXUALMENTE ESTANDO BAJO LA CUSTODIA DE GOBIERNOS «PROGRES»

    Señala el artículo:

    «actualmente, existen miles de procesos judiciales de menores -en trámite o a punto de ser incoados- por abusos sexuales a menores tutelados por administraciones públicas del Estado»

    Y así es que el PsPSOE necesita controlar la Fiscalía de menores.

    ¿Cómo vivir en un país en el que la Justicia es un Departamento más al servicio de la Corrupción?

    Veamos la noticia de hoy mismo:

    «La Fiscalía investiga la supuesta desprotección del hijo de la víctima de los abusos del exmarido de Oltra a instancias de la Generalitat»

    https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/fiscalia-investiga-supuesta-desproteccion-hijo-victima-abusos-20220708214922-nt.html

    Sorprendentemente, vemos que, en general, la Justicia de Base todavía funciona. Hasta que llegan los «Superiores Jerárquicos» corruptos, estos si. Y mucho.

  2. IMPRESIONANTE ENTREVISTA A ANA DE SILVA, Abogada de Teodoro,, el padre inocente encarcelado por los informes periciales fraudulentos preparados por la mafia judicial y parajudicial de género.

    No podía ser de otro lugar: pasó en la ZONA GRIS española por excelencia: HUELVA, donde las autoridades se cofunden con los Tratantes de Esclavos.

    Gracias, Ana!

    https://www.youtube.com/watch?v=f1_DOqdNYOQ

  3. El equipo jurídico de aquella menor ha remitido un escrito al juez señalando que la «declaración prestada el pasado día 19 por la investigada Oltra manifestó que la Abogacía de la Generalidad valenciana no se había personado como acusación particular en defensa y representación de los intereses de la niña tutelada porque no existía título habilitante, alegando que la Ley 26/2018 entró en vigor con posterioridad a la incoación del procedimiento judicial». Pues bien, según ese mismo escrito la frase de Oltra es mentira: «Efectivamente entró en vigor el 25/12/2018, pero es absolutamente falso que antes de esa fecha no existiera título habilitante para la personación de la Abogacía» defendiendo a la menor. Porque «esa ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia, deroga una anterior, la Ley 12/2008 de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana, en vigor desde el 10/10/2008, y cuyo artículo 102 es del siguiente tenor literal: […] Asistencia letrada. Los menores, cuya tutela haya asumido La Generalitat por ministerio de la Ley, podrán ser representados y defendidos en juicio […]. Esta defensa y representación será ejercida por los abogados y letrados de la Abogacía General de La Generalidad».

    «En el apartado sexto de nuestro escrito de denuncia del que trae causa este procedimiento, ya se hizo referencia a una cuestión que todavía no ha sido objeto de la necesaria investigación. Se trata de la forma en que mi representada fue conducida y custodiada por funcionarios de la Policía Autonómica con ocasión del juicio celebrado el día 7/11/2019 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, al que comparecía como testigo y víctima». Y es que la menor fue llevada esposada ante la Justicia.

    «su trascendencia también resulta indudable porque, partiendo de la hipótesis más que probable de que hubo un intento de ocultar primero y desacreditar después su denuncia, no se puede descartar que ese peculiar traslado fuera una pieza más en esa estrategia: amedrentando a la víctima, desconcertándola, y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en juicio».

    El escrito recuerda que «en la Sentencia de la Sección Segunda de la A.P. consta lo siguiente sobre este extremo: MAITE vino conducida por la Policía, por encontrarse en un centro de corrección de menores, esperando a prestar testimonio en la habitación contigua a la Sala de vistas en que se iba a celebrar el juicio, permaneciendo esposada y custodiada por dos agentes de la Policía Nacional, encontrándose en dicha habitación igualmente personal de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito por lo que no existía riesgo alguno de que pudiera fugarse de la sede judicial». Y añade: «Al apercibirse de dicha circunstancia la Presidenta del Tribunal, pidió a los agentes que le retiraran las manillas a la menor, que se encontraba llorando, negándose aquellos a atender a dicha petición produciéndose una nueva victimización de la niña».

    Es más, en el «Tomo I de las piezas documentales aparece el expediente gubernativo incoado por la Sala de Gobierno del TSJCV a raíz del escrito de queja presentado por la Ilma. Sra. Magistrada Da Dolores Hernandez Rueda, en el que narra como la niña se encontraba engrilletada, llorando y nerviosa, custodiada por dos policías y acompañada por dos mujeres, una de las cuales se negó a identificarse. La niña al finalizar su declaración preguntó a la magistrada si le iba a pasar algo malo».

    https://www.libertaddigital.com/espana/2022-09-27/la-menor-abusada-sexualmente-exige-a-la-justicia-investigar-a-oltra-por-llevarla-esposada-tras-denunciar-a-su-marido-6936538/

  4. De acuerdo con el relato de la magistrada y presidenta del Tribunal de la Sección Segunda, «ante mi sorpresa al encontrarla en dichas condiciones me dirigí a la funcionaria de policía y le pedí que le quitara las esposas inmediatamente, le dije que era una presunta víctima menor de edad – además alterada y nerviosa – contestando ésta de forma terminante que cuando entrara en la sala cumpliría mi orden bajo mi responsabilidad. Reiterada la orden y la negativa afirmó que era el protocolo y que hablara con su superior. Salí de la dependencia e intenté hablar a través del LAJ del Tribunal con el subinspector del grupo pero resultó imposible. Volví a entrar esta vez ya con toga y le reiteré a la funcionaria a la orden recordándole que estaba en sede judicial, manifestándole nuevamente que se trataba de una víctima necesitada de protección, como era el caso, a lo que se negó terminantemente replicando que si no estaba conforme con el protocolo que lo cambiaran. Al ser del todo imposible razonar con ella opté, como mal menor, a priorizar la celebración del juicio para que la situación de temor y angustia de la menor terminase de la forma más rápida posible. Solo en el momento anterior a sentarse tras el parabán que impedía la confrontación visual con el acusado se le quitaron las esposas. En ningún momento durante estos incidentes la persona del centro que acompañaba a la menor se identificó y manifestó nada».

    Los letrados recuerdan que «el Grupo de Menores pertenece a la Unidad de Policía Autonómica del Cuerpo Nacional de Policía, que depende funcionalmente de la Conselleria de Interior de la Generalitat Valenciana».

    La defensa de María Teresa T. M. recuerda también en su escrito que «las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y protocolos de actuación policial con menores son muy claros: solo se admite el uso de grilletes u otros sistemas de aseguramiento y protección con los menores detenidos, en los casos que sea estrictamente necesario, como respuesta proporcional a la naturaleza del hecho cometido y a la actitud del menor en el momento de su detención, cuando no sea posible otro medio de contención física, y sólo en referencia a menores detenidos como infractores penales, no cuando el menor sea la víctima».

    https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/victima-exmarido-monica-oltra-pide-citacion-policias-20220926194828-nt.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=espana&vli=portadilla.espana&vtm_loMas=si

  5. La menor abusada por el ex de Oltra llegó al juicio esposada porque nadie avisó de que era la víctima

    La Policía Nacional respalda la actuación de los agentes que realizaron el traslado de la joven tutelada, ante los reproches de la magistrada que presidió la vista oral por el trato que se le dispensó

    Nadie avisó a los policías que trasladaron a la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra hasta los juzgados de que la menor tutelada iba a comparecer como víctima en el juicio contra su agresor.

    Así lo revelan sendos informes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana incorporados a la causa que investiga la gestión que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hizo en 2017 de estos hechos, por los que un monitor de un centro de menores fue condenado a cinco años de prisión, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo.

    En la causa están imputadas dieciséis personas, entre ellas, la exvicepresidenta de la Generalitat y máxima responsable de este departamento autonómico hasta su dimisión en junio.

    La víctima solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que aclarara el motivo por el que fue llevada esposada a la Ciudad de la Justicia de Valencia el 7 de noviembre de 2019, cuando se celebró la primera vista oral, que tuvo que repetirse meses después -ya sin el testimonio de la joven- porque no se había incluido un expediente de Igualdad que exculpaba al acusado.

    La magistrada de la Audiencia de Valencia que presidió el juicio señaló días después en un escrito que, momentos antes de iniciarse la vista, la entonces menor de 17 «se encontraba sentada, llorando y engrilletada» en una sala contigua, por lo que pidió a una agente que la acompañaba -junto a una educadora y una abogada- que «le quitara las esposas inmediatamente», al tratarse de «una presunta víctima menor de edad», que estaba «alterada y nerviosa».

    Según la juez, la funcionaria policial le respondió que cumpliría la orden, bajo su responsabilidad, cuando entrara en la sala de vistas y le remitió a su superior. Tras intentarlo de nuevo sin éxito, la juez explicó en su informe que optó por «priorizar al celebración del juicio para que la situación de temor y angustia de la menor terminase de la forma más rápida posible». «Solo en el momento anterior a sentarse tras el paraban que impedía la confrontación visual con el acusado, se le quitaron las esposas», apuntó.

    Tras el juicio, el subinspector expresó a la magistrada «su desconocimiento sobre la situación de la menor trasladada, la falta de total de información por parte del centro de menores, así como que, al parecer, la misma estaba cumpliendo allí algún tipo de medida sancionadora, de lo que hasta el momento no se había informado al tribunal, pese a los numerosos requerimiento realizados con anterioridad al juicio que se había suspendido en tres ocasiones con escasa o nula colaboración por parte del centro de menores».

    En respuesta a ese escrito de la juez, tanto el comisario jefe como el inspector del Grupo de Menores de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana realizaron sendos informes -remitidos al Tribunal Superior de Justicia- en los que refrendaron que los agentes «no disponían de ninguna información sobre el motivo por el que realizaban el traslado de la menor» y se limitaron a aplicar el protocolo.

    Los policías de paisano que realizaron el traslado, al llegar al centro de cumplimiento de medias judiciales, donde la chica había sido ingresada por estar implicada en un delito de atentado y tres delitos leves de lesiones, «fueron advertidos sobre el riesgo de fuga existente en base al reiterado comportamiento anterior de la menor -había estado fugada cuatro meses- y al haber expresado directamente la misma a los educadores su intención de volver a escaparse a la menor oportunidad».

    «La menor fue esposada -durante los trayectos- con las manos por delante, para evitar cualquier tipo de lesión», subraya el comisario jefe de la Policía Nacional en su escrito, al tiempo que incide en que sus subordinados «actuaron con total profesionalidad, velando por la dignidad y derechos de la menor, en el marco de la legalidad y a tenor de lo establecido por la normativa específica en materia de protección de menores».

    Llamadas en los días clave
    La investigación judicial sigue su curso. Vox, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, ha reclamado que se incorporen a la instrucción las llamadas que intercambiaron Mónica Oltra y su exmarido Luís Ramírez Icardi cuando, según ha mantenido siempre ella, tuvo conocimiento de lo ocurrido por una notificación judicial que llegó a su casa en agosto de 2017. También piden que se incorporen las comunicaciones telefónicas con su entonces jefe de gabinete, Miquel Real.

    El titular de Instrucción número 15, de momento, solo ha ordenado a la Policía Judicial que compruebe los números de teléfono asignados por la Generalitat a estos imputados en ese periodo clave y si la compañía telefónica todavía guarda esas llamadas o mensajes en sus sistemas, al haber transcurrido ya más de un lustro.

    https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/menor-abusada-oltra-llego-juicio-esposada-aviso-20221202123314-nt.html

  6. La Fiscalía pide 18 años de cárcel para un exconcejal de Compromís por abusar de una menor que tenía en acogida

    El acusado alegó que el material pedófilo hallado en su ordenador correspondía a un trabajo de investigación periodística sobre pornografía infantil

    La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga desde este miércoles a un exconcejal de Compromís en la localidad de Alfafar y a su mujer por abusar sexualmente de una menor de edad que tenían acogida en su vivienda, según indican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

    La acusación pública pide para el exedil una pena de prisión de 18 años y medio por dos delitos continuados de abuso sexual, corrupción de menores y descubrimiento de secretos. Para la procesada, solicita una condena de seis años y medio por los mismos delitos.

    De acuerdo con el relato que aporta la Fiscalía, la pareja le propusieron a la joven de 14 años mantener relaciones sexuales y a enviarles fotos íntimas. Ante la negativa de la adolescente, cogieron su teléfono móvil sin su permiso y se mandaron imágenes en las que esta aparecía desnuda, según las mismas fuentes.

    Cuando la perjudicada denunció los hechos, se procedió a la entrada y registro de la vivienda de la pareja, donde se intervinieron fotos de la víctima e imágenes de otras menores desnudas. Anteriormente, desde enero de 2016 cuando se inició la convivencia, la víctima compartía la cama con los procesados al carecer de cuarto propio.

    En julio de 2019, el juzgado de Instrucción 1 de Catarroja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exconcejal de Compromís en el Ayuntamiento de Alfafar, mientras que la magistrada dejó en libertad provisional con medidas cautelares a su mujer. Además, dictó una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio.

    Según aclaró la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en aquel momento, la pareja acusada de abusos sexuales no constaba en ningún registro de familias acogedoras, lo que indicaba que tenían algún tipo de relación con los padres biológicos de la menor, lo que se conoce como «familia alargada».

    Por su parte, Compromís emitió un comunicado para expresar «la más absoluta condena» por los delitos cometidos por el exedil y su pareja y matizó que ambos ya no se encontraban afiliados a ninguna organización perteneciente a la coalición. En las elecciones municipales de 2019, el acusado figuraba como número dos de la lista de Alfafar y su mujer en el puesto tres. No obstante, el partido solo obtuvo una edila, por lo que ambos se quedaron fuera de entrar nuevamente en la corporación.

    El abogado de la acusación particular explicó tras el juicio que la cantidad de material pornográfico que se halló en el domicilio de los acusados «era muy elevada», teniendo en cuenta el argumento que expusieron durante la primera jornada de la vista, en la que apuntaron que correspondía a la documentación y elaboración de un reportaje periodístico.

    Asimismo, entre los documentos intervenidos, a los investigadores le llamó la atención un contrato matrimonial en el que aparecía recogida una cláusula por la que todas las hijas que pudieran tener «fueran educadas como esclavas sexuales», según informa el diario Levante-EMV. Algo que el acusado calificó de «pura literatura» y que le ofrecieron sin éxito a la víctima.

    https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/fiscalia-pide-anos-carcel-exconcejal-compromis-abusar-20230216093150-nt.html

  7. Condenan a la Generalitat Valenciana a indemnizar con 10.000 euros a la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra

    El juez declara nulo el despido de la joven en el Hospital de Torrevieja

    ABC, 31 Marzo 2023
    Por Alberto Caparrós

    El Juzgado de lo Social número 1 de Elche ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar una indemnización de 10.000 euros a María Teresa Tanco, víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra, por su despido en el Hospital de Torrevieja.

    En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado declara la «nulidad radical» del despido de la joven. La defensa de Tanco ha anunciado que recurrirá el fallo al considerar insuficiente la cantidad estipulada por el juez.

    La víctima de Luis Eduardo Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel por los abusos sexuales cometidos cuando la joven eran menor de edad, trabajaba en el verano de 2021 como auxiliar administrativa cuando la Generalitat asumió la gestión del Hospital de Torrevieja en un proceso de reversión. Tanto Teresa como su entonces pareja perdieron entonces el empleo.

    La sentencia datada este 30 de marzo entiende que se han vulnerado los derechos fundamentales de ambos jóvenes. De acuerdo con el fallo, «al día siguiente de la reversión, los dos demandantes acudieron al hospital para interesarse por su situación». Los responsables buscaron sus contratos, «pero nunca se pusieron en contacto con los interesados», según recalca el fallo judicial. Teresa y su entonces pareja fueron los únicos trabajadores, sobre una plantilla de más de un millar de personas, que perdieron el trabajo. El resto fueron subrogados.

    Los abogados de Tanco consideran que la actuación de la Conselleria de Sanidad suponía una suerte de «venganza» por la denuncia interpuesta en su día por la joven contra su educador, condenado por abusos sexuales en u fallo pendiente del recurso presentado por el exmarido de Mónica Oltra ante el Tribunal Supremo.

    Ante el cariz de los despidos, la Generalitat Valenciana debía «probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión empresarial». Sin embargo, el magistrado considera que el Gobierno autonómico no aportó suficientes argumentos y se limitó a explicar que el proceso de reversión no había sido «pacífico» y que la empresa concesionario se retrasó en la remisión de la documentación.

    La sentencia que impone a la Generalitat el pago de 10.000 euros a la joven y a su anterior pareja por sus despidos puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

    El fallo se ha producido unos días después de que María Teresa Tanco perdiera la tutela de sus hijos menores de edad, que han pasado a manos de la Generalitat.

    https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/condenan-generalitat-valenciana-indemnizar-10000-euros-victima-20230330212227-nt.html

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