FINAL DE LA COPA DE SCHENGEN: ALEMANIA – ESPAÑA

[1] Cataluña y el puzzle inconexo del caos

Por GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ

Analista

El encefalograma plano de la conciencia crítica de la sociedad española actual vendría favorecida por una práctica periodística peligrosamente mediatizada por la ausencia de la exégesis u objetividad en los artículos de opinión y el finiquito del código deontológico periodístico que tendría su plasmación en la implementación de la autocensura y en la sumisión “nolis volis” a la línea editorial de su medio de comunicación (fruto del endemismo atávico de la servidumbre a los poderes fácticos del status quo) habrían convertido al periodista en mera correa de transmisión de los postulados del establishment o sistema dominante, edulcorando ante la opinión pública la deriva autoritaria del Gobierno de Rajoy y contando con la colaboración necesaria del PSOE y Ciudadanos como garantes del Régimen del 78.

 

¿Es España un régimen autocrático?

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), e iniciado asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del “Estado Tardofranquista”, anacronismo político que bebería de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas. Así, en el paroxismo de la deriva autoritaria de Rajoy, asistimos a la implementación de la llamada Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España ” , teniendo como efectos colaterales criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español y la prohibición del referéndum soberanista en Cataluña con la implementación de un Golpe blando en Cataluña tras la suspensión de facto de la Autonomía catalana mediante la aplicación del 155.

 

La perfección negativa del Estado español

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”.Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa Unidad de España y a eliminar el principio de inviolabilidad (habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del Estado español plasmada en la instauración de la Ley Antiterrorista, la persistencia de la tortura, la Ley Mordaza y la unidad indisoluble del Reino de España, elementos constituyentes de la llamada “la perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.

 

Cataluña y el puzzle inconexo del caos

El puzzle inconexo del caos ordenado puede esbozarse mediante la llamada “Teoría de las Catástrofes” del científico francés René Thom y se basaría en dos conceptos antinómicos para intentar “comprender el orden jerárquico de la complejidad biológica”. Así, el concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable aunque registre un cambio, principio que trasladado a la esfera política se traduciría en la Reforma del Régimen del 78 sin alterar sus principios esenciales (Monárquico, jacobino y neoliberal), tesis que defenderían los partidos del establishment dominante del Estado español (PP, PSOE y Ciudadanos). En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Nuevo Régimen), tesis defendida tan sólo por los grupos independentistas periféricos (EH Bildu, JpCat, ERC y CUP) y que es asociada por el aparato mediático del sistema dominante (mass media) con el advenimiento del caos.

 

Masa Crítica y República Catalana

Por su parte, el biólogo Lyan Watson en su obra “Lifetide” publicada en 1979 afirma que “ si un número suficientemente grande de personas (Masa Crítica) adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad”, para lo que es necesario que un determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada, momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad, tesis conocida como “Teoría del Centésimo Mono”.

Estamos asistiendo en Cataluña a la aparición de un nuevo individuo (Individuo Multidimensional) reafirmado en una sólida conciencia crítica y sustentado en valores caídos en desuso como el sentimiento de Nación, la solidaridad y la indignación colectiva ante la corrupción e injusticia imperantes y dispuesto a quebrantar las normas y las leyes impuestas por la “monarquía de las tinieblas” del Estado español y que logrará finalmente la utopía de una República Catalana tras una época traumática en la que agonizará lo viejo sin que amanezca lo nuevo.

Así, la agudización de la crisis económica en el 2019, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el Golpe blando del Gobierno de Rajoy en Cataluña harán revisar la vigencia de la Constitución del 78 en la que se sustenta el actual status quo y tras un proceso que se antoja inevitable de catarsis y posterior metanoia colectiva en el conjunto del Estado español, no sería descartable la instauración de la III República en el horizonte del 2021, escenario en el que se procederá al diseño de una nueva cartografía del Estado español con la implementación de un Estado Confederal.

 

 

Sumario:

[1] Cataluña y el puzzle inconexo del caos, por German Gorraiz López

[2] Llarena y el manifiesto de los 750 jueces, por Fernando López Agudín

[3] La justicia alemana desnuda al Tribunal Supremo español, por Ignacio Escolar

[4] Llarena peleará en la UE hasta que Puigdemont sea juzgado por rebelión, por Nati Villanueva y Luis P. Arechederra

[5] El Tribunal Supremo contempla dejar a Puigdemont en Alemania, por Carlota Guindal

[6] La euroorden, mucho más importante que Puigdemont, por TSEVAN RABTAN

 

 

[2] Llarena y el manifiesto de los 750 jueces

 

Por Fernando López Agudín

Artículo publicado el 13 de julio de 2018 en

 

Pocos días tan negros para el Poder Judicial español como el de ayer, viernes 12 de julio. No por esperada la bofetada del tribunal alemán de Schleswig–Holstein contra la resolución del magistrado Pablo Llarena, en la que se afirma que Puigdemont no ha cometido delito alguno de rebelión, su impacto es menor. En este día aciago se produce también un insólito manifiesto, firmado por más de  750 jueces españoles, en el que se denuncia el linchamiento del tribunal que dictó la sentencia contra el quinteto de violadores conocidos como La Manada. Un escándalo dentro de la Unión Europea, donde el máximo respeto al Estado de Derecho impide que las mujeres y los políticos puedan estar sujetos a la manifiesta arbitrariedad de algunos magistrados, tal como exigen esos jueces, un 15% de los 5.000 jueces existentes en España.

Lo que no se puede negar es la  coherencia ideológica de estos jueces a la hora de tipificar profesionalmente estos delitos. Elevan a delito de rebelión la conducta ilegal de los dirigentes soberanistas catalanes, mientras rebajan a abuso sexual la de los violadores. Coherente, pues, desde la sobrecarga ideológica que les caracteriza: tan lógico es la aplicación del Derecho Penal del Enemigo al simple adversario político como poner en cuestión la denuncia de las víctimas de violación. Al fin y al cabo, el general Francisco Franco, del que son herederos, procesó por rebelión a los políticos que representaban las instituciones legales de la II República  y barrió  toda la amplia legislación progresista republicana que equiparaba a las mujeres con los hombres.

Por las huellas de este verdadero “asesinato judicial” se conoce a su inductor. Todo lleva a Federico Trillo y a la cohorte togada que le acompañó en su etapa como ministro de Justicia del gobierno Aznar. Asimismo, también se vislumbra la mano de la brigada Aranzadi de la hoy candidata a dirigir el Partido Popular, Soraya Sáenz Santamaría. El primero, dado su manifiesto desprecio legal a la condición femenina; la segunda, en su voluntad manifiesta de encarcelar a los dirigentes soberanistas catalanes. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, ya no están en la Moncloa; pero sí en el aparato judicial, dispuestos a poner bastones bajo las ruedas del nuevo gobierno de Pedro Sánchez e insultar a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

No es casual que la Justicia sea hoy la única institución no saneada profesionalmente desde la transición. Es la única, con la salvedad de la jefatura del Estado, puesto que el Ejército, la Guardia Civil, la Policía, el Servicio Exterior, e incluso la prensa, han sido bien reajustados, con distintos matices, al sistema democrático. No ha sucedido así con los jueces, apenas tocados por ese mal llamado cuarto turno de acceso a la carrera judicial, que pasaron de la dictadura a la democracia “sin romperlo ni mancharlo”, como aquel virgo de la Virgen María cuando fue concebida por el Espíritu Santo. Unas cuatro décadas de algunas actitudes dignas, muchos silencios ominosos reiterados y demasiadas complicidades con la represión de la dictadura.

Los 750 y el magistrado Pablo Llarena apuntan contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la Fiscal General del Estado, María Jesus Segarra, en el inicio de esta nueva y muy importante etapa democrática de la Administración de Justicia. Justo cuando anuncian la creación de una comisión de reforma del Código Penal, que tipifica toda relación sexual no consentida como una violación, se dirigen al Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles ahora la existencia de una “gravísima amenaza” contra la independencia judicial, manifestada en la denuncia de la vergonzosa sentencia sobre los violadores de la Manada. Al tiempo, el magistrado Pablo Llarena da nuevas vueltas de tuerca al procesamiento de los líderes catalanistas cada vez que parece abrirse una ventana de oportunidad en la Moncloa.

Llarena ha vuelto a quedar al desnudo con la sentencia del Tribunal de Schleswig-Holstein, que niega todo delito de rebelión en el caso Puigdemont, y es de preveer que el mismo Consejo Consultivo de Jueces Europeos no tarde en dejar a la altura del betún a los 750 jueces solidarios con la sentencia de la Manada que no ve como violadores al quinteto de la violación. Vergüenza da  señalarlo. Hace ya siete años que 20 estados europeos, entre ellos España, firmaron el Convenio de Estambul, que en el apartado sobre la violencia sexual establece  muy claramente que “el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona”. Triste es, como decía el escritor Dürrenmatt, tener que luchar por lo evidente; pero así es. Franco saldrá del Valle de los Caídos cuando aún permanece el franquismo togado en el Convento de las Salesas.

 

Hacienda ha enviado cinco informes al juez sin detectar malversación en el 1-O

 

[3] La justicia alemana desnuda al Tribunal Supremo español

 

Por Ignacio Escolar

Artículo publicado el 12 de julio de 2018 en

 

La decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont dinamita toda la estrategia del juez Llarena y pone en entredicho una acusación de rebelión que solo tribunales tan politizados como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo logran ver

 

Cuando Carles Puigdemont fue detenido hace tres meses en la autopista A7 de Alemania, entre los pueblos de Shuby y Jagel, la decisión sobre su extradición quedó en manos de un tribunal. El que tocaba. El más cercano. El que rige para esa región federada alemana. El tribunal de Schleswig-Holstein, a apenas media hora de allí.

Si a Puigdemont le hubieran detenido en esa misma autopista una hora antes o una hora después, habría sido un tribunal distinto y otros jueces quienes habrían tenido que decidir. Porque en Alemania –y se supone que en España también– rige un principio jurídico esencial: el derecho al juez natural. Que a cualquier acusado le debe juzgar el tribunal predeterminado por la ley, el que le toca, no el que prefiere el Gobierno o el rey. Es un derecho humano fundamental y que sirve para evitar abusos obvios. Es una de los principios básicos para un juicio justo. Un juicio justo que, en el caso del independentismo, no parece estar garantizando el sistema judicial español.

En España, el principio del juez natural también está en nuestra Constitución. Artículo 24 punto 2: el derecho al “juez ordinario predeterminado por la ley”. Algo que entra en clara contradicción con la existencia de un tribunal nada ordinario, la Audiencia Nacional, que no tiene equivalentes en la justicia europea y que toma muchas de las decisiones más sensibles.

En la Audiencia Nacional solo hay seis juzgados centrales de instrucción. Solo seis jueces por los que pasan los sumarios más delicados del país. Que sean solo seis es lo contrario a una garantía de independencia. Es una garantía para el poder, porque es más fácil presionar a seis jueces, mover las sillas de seis jueces, promover o castigar a seis jueces, que controlar los cientos de jueces ordinarios del país.

Entre otros asuntos importantes, de Estado –como el terrorismo, los ‘peligrosos tuiteros’ o la lucha contra los grandes delitos económicos de la corrupción–, la Audiencia Nacional es también el tribunal que decide en España sobre las extradiciones. Si hubiera sido al revés, y un prófugo de la justicia alemana fuese detenido en el kilómetro 180 de la A6, habría sido la Audiencia Nacional, y no un juez de Tordesillas, quien sentenciara si le mandamos a Alemania o se queda aquí.

¿Qué habría pasado con Puigdemont si la decisión sobre su extradición la hubiera tomado una Audiencia Nacional alemana sobre la que Angela Merkel hubiera tenido herramientas con las que presionar? No lo sabemos. Pero es posible que algo diferente a lo que acaba de ocurrir.

La decisión de la justicia alemana sobre la extradición de Carles Puigdemont desnuda al Tribunal Supremo y por extensión al sistema judicial español. El tribunal de Schleswig-Holstein no ve por ningún sitio ese delito de rebelión para el que se necesita un alzamiento armado y violento que no existió. El fallo de este tribunal dinamita toda la estrategia del juez Pablo Llarena, toda su instrucción, y pone aún más en entredicho una acusación exagerada, la de rebelión, que, en toda Europa, solo juzgados tan politizados como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo español logran ver.

Lo ocurrido en el Supremo se entiende mejor cuando se conoce el sistema de elección de jueces que rige en el más alto tribunal español. Al Supremo se llega por decisión directa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin ningún concurso de mérito especial. Y a su vez los 20 vocales del CGPJ son nombrados, directamente y a dedo, por las mayorías parlamentarias del Congreso y el Senado. Es decir, al Supremo español solo se llega desde hace muchos años con el apoyo de la mayoría conservadora del CGPJ que nombra a dedo el PP. Con su imprescindible bendición. Somos casi el único país de toda Europa donde la elección de los jueces del Supremo se hace así, casi directamente desde el poder político, sin que prevalezcan los criterios de mérito o experiencia, como ha criticado en varias ocasiones el Consejo de Europa.

El juez Pablo Llarena, por ejemplo. Llegó al Supremo en 2016 tras ser el presidente y portavoz de la APM, la asociación judicial conservadora. Tras liderar la APM, fue ascendido al Supremo con los votos de los vocales nombrados a dedo por el PP. No llevaba una instrucción penal desde hace años.

Cuestión de competencia

Uno de los abusos más claros de todo el proceso penal contra el independentismo reside ahí, en quiénes son los jueces que están decidiendo si los líderes independentistas son culpables o no lo son. En teoría, la competencia sobre los delitos de rebelión y sedición eran en España de las audiencias provinciales, no de la Audiencia Nacional. Este criterio es el que aplicaron cuando Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo –en el Supremo le dijeron que la rebelión no era cosa suya– o cuando procesaron a los controladores aéreos por sedición –cada uno fue juzgado en su audiencia provincial más cercana a su aeropuerto, no en la Audiencia Nacional–. Pero con el indepentismo catalán, el criterio de la Fiscalía y de los tribunales cambió, y de la Audiencia Provincial de Barcelona se pasó, como por arte de magia, a la Audiencia Nacional.

Más tremendo fue el cambio con el que entró en el baile el Tribunal Supremo. En teoría, a los aforados autonómicos los juzga el tribunal superior de cada autonomía. En el caso de Puigdemont o Junqueras, les debía haber tocado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no el Tribunal Supremo, que solo se ocupa de aquellos aforados no autonómicos. Pero el derecho al juez natural, en España, funciona así.

El argumento que utilizaron para pasar este caso al Supremo es que sus presuntos delitos afectan a todos los españoles, no solo a los catalanes. Y es cierto, pero pasa lo mismo con otros muchos delitos que no cambian de juez por esta razón. El verdadero motivo –que no explicaron– es que los tribunales superiores autonómicos están en parte nombrados por los parlamentos autonómicos. Y claro, Puigdemont y los suyos se iban a encontrar en el TSJ catalán con jueces promocionados por sus respectivos partidos. Exactamente igual que ocurre con muchos otros aforados en la politizada justicia española.

P.D. ¿Podría el rey Juan Carlos de Borbón ser investigado por la justicia tras las revelaciones sobre sus negocios y su patrimonio oculto en Suiza que ha confesado su examiga entrañable, Corinna zu Sayn-Wittgenstein? Podría. Probablemente sucedería si esos mismos indicios salpicaran a un ciudadano común. Desde que dimitió como jefe del Estado, el rey emérito perdió su inviolabilidad y tiene que cumplir con las mismas leyes que los demás. Con una diferencia: que es aforado. Y que por tanto solo lo puede juzgar el Tribunal Supremo y aquellos jueces que han sido nombrados por los vocales nombrados a dedo por las mayorías parlamentarias.

¿Y si la decisión de investigar judicialmente al Borbón dependiera de un juez ordinario y que nunca ha recibido ningún favor político, como el juez Castro? Pues probablemente sería otro cantar.

[4] Llarena peleará en la UE hasta que Puigdemont sea juzgado por rebelión

Por Nati Villanueva y Luis P. Arechederra

Artículo publicado el 12 de julio de 2018 en
 

El juez se inclina por retirar la euroorden cursada a Alemania tras laminar el tribunal regional esta herramienta de cooperación

 

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante el edificio del Reichstag, en Berlín, Alemania – Reuters | Vídeo: Puigdemont recurrirá su extradición al Constitucional alemán EP

El juez Pablo Llarena no se resigna y se inclina por rechazar la entrega de Carles Puigdemont solo por malversación. Aceptar la decisión de Alemania en tales condiciones -ayer dio el portazo definitivo al delito de rebelión-crearía acusados de primera y segunda división en el juicio por el proceso independentista ilegal, un escenario que desde el primer momento ha intentado evitar la Justicia española.

Con esa intención, el magistrado del Tribunal Supremo baraja retirar en las próximas horas la euroorden dictada contra el expresidente catalán, según han informado a ABC fuentes de la investigación. Llarena se encontraba ayer a la espera de recibir de forma oficial la resolución acordada por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el tribunal de la región alemana donde fue arrestado Puigdemont, que se fugó de España en octubre de 2017.

La decisión de los jueces alemanes de rechazar definitivamente la entrega del expresidente catalán por el delito de rebelión, el más grave sobre la mesa, en cierto modo era previsible. Hasta en tres ocasiones en los últimos meses este tribunal regional ha sostenido que Puigdemont no cometió el delito de alta traición, el equivalente alemán a la rebelión. No aprecian violencia suficiente en su plan para separar Cataluña de España por las vías ilegales. Es más, estos jueces llegaron a decir que la violencia no fue suficiente como para doblegar a las instituciones y compararon lo sucedido en Cataluña con una protesta ecologista en el aeropuerto de Fráncfort.

La indignación creció ayer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal español, que lamenta que Alemania se extralimite y entre a valorar el fondo de los delitos atribuidos a Puigdemont. Para lo magistrados de la Sala Penal, esta decisión ha roto el espíritu del sistema europeo de euroórdenes, basado en el principio de confianza.

El Alto Tribunal atribuye indicios de rebelión a trece líderes independentistas, a quienes acusa de asumir la violencia como un medio -no deseado, pero aceptable- para alcanzar la secesión de Cataluña por la vía unilateral, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Que luego sean condenados por este delito u otro dependerá de la prueba que se desarrolle en el juicio, el momento de la verdad. Por este crimen está procesado Puigdemont, pero también el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, o los antiguos consejeros Jordi Turull y Raul Römeva, entre otros investigados que sí se encuentran a disposición del juez. Esta misma semana el juez Llarena suspendió de sus funciones a seis de los procesados que son diputados, entre ellos a Puigdemont.

Al retirar la euroorden, lo previsible es que Llarena exprese este malestar ante Alemania, pero también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se plantea cuestionar la decisión alemana. Llarena ya expresó que podría reclamar a este tribunal, con sede en Luxemburgo, para que resuelva si Alemania ha cometido un exceso en su actuación.

Como adelantó ABC, el Supremo asume que se celebrarán varios juicios contra los líderes del «procés», debido a los plazos de entrega de los fugados; pero busca neutralizar los perjuicios que generaría una limitación externa a los delitos sobre la mesa. Se daría la paradoja que el máximo responsable del plan secesionista ilegal, Puigdemont, fuera juzgado por un delito castigado con menos pena que los demás.

La Fiscalía del Supremo también reaccionó ayer y se puso manos a la obra. El Ministerio Público, cuyos cuatro representantes en la causa tienen previsto reunirse hoy, estudia solicitar a Llarena la retirada de la eurorden, el escenario más plausible tras estudiar todas las opciones legales posibles. Se trata de la primera decisión crucial que adoptará la Fiscalía desde que asumió el mando María José Segarra, nombrada por Pedro Sánchez.

El rechazo a la entrega por parte de Alemania dejaría a Puigdemont con libertad de movimientos en este país, pero no impediría un futuro juicio. Si el expresidente catalán se desplazase a otro país, la Justicia española podría cursar una nueva orden europea de detención y entrega, y el proceso de reclamación volvería a empezar. Además, Puigdemont sería arrestado en el momento si se le ocurre volver a España, donde el delito de rebelión no prescribe hasta pasados veinte años.

Reacciones políticas

La situación procesal de Puigdemont ahora mismo es la de un procesado en firme por rebelión y declarado en rebeldía. Llarena, tras nueve meses de investigación, ha dado por concluida la investigación respecto a los encausados que se encuentran en España, y mantienen en una pieza separada a los huidos.

Además de Alemania está pendiente la respuesta del Reino Unido sobre la entrega de Clara Ponsatí, algo que está previsto que suceda a finales de este mes. Por su parte, la reactivación de la euroorden a Bélgica y la extradición a Suiza para reclamar al resto de fugados estaba supeditada a la decisión de Alemania, con lo que es una incógnita cuál será el próximo paso que dé el juez.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar, de manera especialmente eufórica en el campo del soberanismo, que celebró la decisión prácticamente como si Alemania hubiese reconocido la fallida República catalana, informa Àlex Gubern. Así, los partidos independentistas consideraron que el tribunal alemán ha hecho saltar por los aires lo que consideran que es una persecución vengativade la Justicia española contra el proceso.

El propio Puigdemont utilizó la red social Twitter para expresarse: «Hemos derrotado la principal metira sostenida por el Estado», publicó. Para el portavoz de JPC, Eduard Pujol, «el delito de rebelión del que eran acusados ha caído», por lo que en «un país normal» los nueve diputados en prisión preventiva estarían la semana que viene en sus escaños. Para el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), es la prueba de que la acusación por rebelión «no se aguanta» porque se trata de una «construcción jurídica artificial que no pasa la prueba del algodón en otras jurisdicciones».

Frente a la posición de los independentistas, Inés Arrimadas recordó que la decisión de extraditarle solo por malversación no descarta que haya cometido un delito de rebelión: «No se está juzgando el fondo de la cuestión, (la justicia alemana) no puede decidir que no se ha cometido rebelión en España».

[5] El Tribunal Supremo contempla dejar a Puigdemont en Alemania

 

Por Carlota Guindal

Artículo publicado el 13 de julio de 2018 en
 

Otra opción sería juzgar al expresidente por malversación para después hacerle un segundo juicio ya por rebelión.

 

Puigdemont (Hannibal Hanschke / Reuters)

La decisión de la Justicia alemana de limitar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a un delito de malversación de caudales públicos y dejar fuera el de rebelión y sedición genera un problema en el Tribunal Supremo. El instructor Pablo Llarena tiene que decidir en los próximos días si acepta la entrega o por el contrario la rechaza y deja que siga circulando libremente por Alemania sin ser enjuiciado.

Fuentes del alto tribunal explican que en estos momentos la balanza se inclina por rechazar su entrega, postura que tendría el visto bueno de la Fiscalía. Si Puigdemont no puede liderar el banquillo como principal acusado, tal y como se afirma en la instrucción, prefieren que no sea juzgado junto al exvicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de consellers.

Si finalmente Llarena decidiera rechazar su entrega, Puigdemont quedaría libre en Alemania. Ahora bien, la orden nacional, europea e internacional de detención seguiría vigente, lo que significa que el dirigente catalán no podría volver a España y si decide salir del país germano puede ser detenido en cualquier otro país y volver a pasar todo el proceso de extradición.

Además, hay otro dato importante a analizar. Mientras siga huido de la Justicia española, Puigdemont se encuentra en rebeldía y con una orden de ingreso en prisión lo que permite a Llarena tenerle ‘sine die’ suspendido cautelarmente de sus funciones públicas y, por tanto, alejado activamente de la política catalana.

Prisión inmediata

Si el magistrado acepta la entrega, lo primero que habría que acordar es el ingreso en prisión incondicional. Por un lado, para garantizar que sigue con la suspensión de sus funciones, ya que para esto exige que esté procesado por rebelión y encarcelado. Por otro lado, es evidente el riesgo de fuga que existe respecto de él dado que ha estado huido de la Justicia española casi nueve meses de prisión. Si no se acordara la prisión provisional, entonces recuperaría sus funciones y podría volver al Parlament.

Es cierto que en este supuesto, su defensa pelearía por demostrar que si no puede ser juzgado por rebelión no se le puede aplicar la suspensión cautelar. Sin embargo, fuentes jurídicas explican que el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo define, exige que haya un procesamiento firme sobre este delito, lo que sí se da y se mantiene. Alemania no delimita la jurisdicción española sino que sólo limita el objeto del juicio.

En caso de Puigdemont está procesado por rebelión y malversación de caudales públicos y aunque Alemania sólo permita su enjuiciamiento por el segundo de ellos, el expresidente catalán mantiene en vigor su procesamiento por rebelión.

Dos juicios

Es más, incluso si fuera juzgado sólo por malversación y el Tribunal Supremo le condenara -a una pena que puede alcanzar hasta los 12 años de cárcel-, una vez fuera excarcelado la Justicia puede volver a perseguirle por el delito de rebelión, lo que forzaría a que Puigdemont tuviera que irse de España en un plazo de 45 días tras cumplir su primera condena si no quisiera volver a ser juzgado, en su caso por el delito de rebelión.

Por ahora Llarena está estudiando todas las opciones, incluso la de ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y plantear una cuestión prejudicial para que Europa resuelva si Alemania ha incumplido el derecho comunitario al rechazar una orden europea de detención entre países miembro.

Cuando le llegue la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein y sea traducida entonces el instructor adoptará una decisión en uno u otro sentido. Mientras tanto, la defensa de Puigdemont ya ha anunciado que va a recurrir la decisión del tribunal alemán para intentar evitar su entrega por ninguno de lo

[6] La euroorden, mucho más importante que Puigdemont

Por TSEVAN RABTAN

Artículo publicado el 13 de julio de 2018 en
 

 
Cuando escribo esto no he podido aún acceder a la resolución que ha concedido la euroorden contra el señor Puigdemont por malversación, denegándola por los otros hechos por los que ha sido procesado. He leído la nota de prensa, pero como no soy adivino voy a evitarme discutir o analizar argumentos que ignoro. Sin embargo, la reacción que la decisión ha provocado aconseja recordar algunas cuestiones generales.

¿Sirve para algo la euroorden? Asombra que haya que preguntarse esto, pero, puesto que el eurodiputado del Partido Popular, señor González Pons, ha reaccionado pidiendo al Gobierno español que suspenda la aplicación del acuerdo Schengen, y puesto que el portavoz, por Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados, señor Girauta, ha afirmado que esta decisión supone un retroceso hacia un espacio de “impunidad europeo”, voy a detenerme en dos o tres obviedades. Para el establecimiento de una zona común de seguridad y justicia, el caso singular de los golpistas catalanes tiene una influencia minúscula comparado con el excelente y habitual cuasiautomatismo con el que funciona la ya famosa lista de delitos de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002; la que afecta a terroristas, explotadores sexuales y tratantes de seres humanos, vendedores de pornografía infantil, traficantes de drogas y de armas, violadores, blanqueadores de dinero, corruptos, falsificadores, asesinos y homicidas, secuestradores, ladrones, estafadores y, en general, otros sujetos de la peor calaña. ¿La tiramos por la ventana porque no hubo acuerdo para incluir en ella delitos de perfil muy concreto, afectados a veces por idiosincrasias históricas y políticas? Esa sería una noticia estupenda para esa caterva de gentuza. Yo, qué quieren que les diga, prefiero este sistema que funciona en la inmensa mayoría de los casos a la extradición tradicional, con sus ataduras, sus intermediarios políticos y sus tiempos eternos. Eso sí que facilitaba la impunidad.

Desde el primer momento era evidente que, a diferencia de la malversación, los hechos que el Tribunal Supremo había calificado indiciariamente como rebelión o sedición no encajaban en los supuestos de la lista. La consecuencia legal es que se aplicaría el principio de doble incriminación: solo si los hechos son delito en Alemania, Alemania debe entregar al afectado. Ésta es otra obviedad: que un tribunal haga lo que ley prevé no supone ninguna quiebra, ni de la ley, ni del espacio de seguridad y justicia europeos.

Más obviedades: es francamente estúpido concluir que los políticos secesionistas presos en España son presos políticos porque el tribunal de Schleswig-Holstein haya afirmado que no hay delito -algo que por cierto no ha hecho-. Un tribunal alemán puede decidir qué es delito en Alemania, pero no puede decidir qué es delito en España. La euforia manifestada por voceros del mundo secesionista y por el propio implicado en la decisión es, como en tantas otras ocasiones, hija de la mentira y el deseo. Además, lo discutido es la narración contenida en el auto de procesamiento y en las aclaraciones remitidas después por el magistrado Llarena: el tribunal no decide si los hechos realmente sucedieron o no, o cómo -algo que corresponde en exclusiva a los jueces que habrán de juzgar-, sino que se limita a si, tal y como se le narran, son delito en su país. Veamos esto.

Como dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE, en Auto de 25 de septiembre de 2015, para cumplir la exigencia de la doble incriminación no importa el nombre del delito -importan los hechos, no su calificación jurídica, artículo 2.4 de la Decisión Marco- y tampoco importa la pena prevista en Alemania (bastaba con que la pena en España fuese -como es- superior a 12 meses de prisión). Éste era el meollo: ver si los hechos que todos conocemos (iniciados en 2015 y que alcanzaron su momento más intenso en los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017) podían calificarse, en Alemania, como delito de alta traición (81 CP alemán), o de coerción a órganos constitucionales (105), o de alguno de los delitos contra el orden público previstos en los artículos 125 o 242 del mismo texto.

Y han resuelto que si el equivalente de Puigdemont en un land organizase un referéndum ilegal con una finalidad constitucionalmente prohibida, incumpliese órdenes de los tribunales y, concertándose con otros, utilizase las instituciones, incluida la policía, creando y facilitando las condiciones para que ese plan prohibido se llevase a la práctica, admitiendo la posibilidad de que se produjesen enfrentamientos violentos y asumiéndola, esto en Alemania no sería delito. Sí, yo también estoy perplejo; es extraordinario que Alemania se encuentre inerme de esta forma. Como dije previamente, sin conocer la resolución no se puede dilucidar hasta qué punto una conclusión tan llamativa es razonable, aunque hay elementos en la nota de prensa intranquilizadores: por ejemplo, las referencias al control mediato -espiritual- de Puigdemont sobre los elementos violentos o la discusión sobre si pretendía secesionar Cataluña o solo forzar una negociación con el Gobierno español. Si el tribunal alemán no juzga y es cierto que confía totalmente en los tribunales españoles -como se afirma en la nota de prensa-, debería haber evitado cuestiones al alcance solo de quienes tomarán la decisión definitiva tras presenciar toda la prueba, en un proceso público y contradictorio.

En todo caso, los jueces aciertan o se equivocan y, en ocasiones, se dejan llevar por sus prejuicios. Quién sabe: a lo mejor no confían tanto en nuestros jueces, pese a lo dicho, y nos miran por encima del hombro. Pero no por eso le pegamos fuego al sistema. Porque, ¿qué se pretende? ¿exigir al Gobierno alemán lo que decimos que el Gobierno español no puede hacer, presionar a los jueces?

Llegados a este punto, el Tribunal Supremo tendrá que decidir el paso siguiente considerando, en particular, los derechos de los encausados. Puede negarse a admitir la entrega y mantener la orden de prisión contra los fugados para el caso de que regresen a España, lo que no impediría que el resto de los procesados pudieran ser juzgados. Puede admitir la entrega de Puigdemont, lo que supondría que éste no pudiera ser condenado por rebelión o sedición, aunque sí por malversación. En este caso, de ser condenado por malversación, el señor Puigdemont tendría, una vez cumplida la pena, la posibilidad de marcharse de España libremente para no ser procesado por rebelión o sedición -salvo, claro está, que los otros procesados resultasen absueltos por estos delitos-, siempre que lo hiciera en un plazo de cuarenta y cinco días, ya que el principio de especialidad así lo prevé: la negativa a la entrega no es un cheque en blanco. También puede el Tribunal Supremo plantear una cuestión prejudicial si considera que el tribunal alemán ha aplicado erróneamente el derecho europeo una vez conocida la resolución.

Mientras todo esto sucede o no y mientras seguimos encarcelando a pederastas y asesinos, podríamos dedicarnos a intentar mejorar el sistema. No, desde luego, liarnos a romper lo construido por arrebatos pasionales nacidos de la frustración o a salirnos de un espacio de seguridad compartida. Recordemos que el golpe -que ha existido aunque los hechos no supongan delito de rebelión, opinión por la que me inclino- fue posible porque el Estado no utilizó a tiempo, contra los que se hacían fotografías con las resoluciones del Tribunal Constitucional desobedecidas, el procedimiento legal natural: el artículo 155 de la Constitución. Antes de echarnos al monte y hacer levas -que somos mucho de calarnos el chapeo y mirar de soslayo-, no estaría de más un poco de autocrítica. Esa inacción inexplicable es la razón esencial del escepticismo de nuestros vecinos europeos: ¿cómo va a ser grave que representantes públicos perpetraran abiertamente todas esas cosas tan feas prohibidas por la ley, si se les mantuvo en sus cargos alegremente hasta el último día -seguro que se preguntan-? Pues sí, fue muy grave, y aunque quedemos mal, habría que reconocer que nuestra inveterada afición al perfil bajo en esto de cumplir y hacer cumplir las leyes se encuentra en el origen de nuestros males.

Tsevan Rabtan es es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).

 

 

 

 

Be the first to comment

Deja tu opinión

Tu dirección de correo no será publicada.


*