El Gobierno espía, “infiltra” y criminaliza las actividades legítimas de sus ciudadanos

SUMARIO:

[1] Memorizar planos o infiltrarse en una ONG: las pruebas que debe superar un aspirante a analista del CNI, por Marcos Pinheiro

[2] 25-S: EL GOBIERNO ESPÍA Y CRIMINALIZA LAS LEGÍTIMAS ACTIVIDADES POLÍTICAS DE LOS CIUDADANOS, por Belén Luján Saéz y Jesús Diaz Formoso

[3]  FABRICANDO DISIDENCIA: GLOBALISTAS Y ÉLITES CONTROLAN MOVIMIENTOS POPULARES, por Michael Chossudovsky

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[1] Memorizar planos o infiltrarse en una ONG: las pruebas que debe superar un aspirante a analista del CNI

Por Marcos Pinheiro

Articulo publicado el 30 de abril de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/politica/pruebas-aspirante-CNI-investigacion-personal_0_764324091.html

 

Eduardo B. se sometió a evaluaciones psicológicas, una investigación sobre su entorno y a una semana de pruebas junto a otros candidatos

Los aspirantes a analista de inteligencia, que solo se conocían por su nombre de pila, tenían que memorizar planos o enfrentarse a escenarios concretos

La última prueba exigía obtener información de una empresa o institución; en su caso, una ONG con importantes filtros de seguridad

 

El director del CNI, Félix Sanz Roldán. EFE

Memorizar planos de viviendas, retener facciones, recordar datos de libros de 500 páginas leídos en tan solo unas horas o adentrarse en una ONG con fuertes controles de seguridad. El aspirante a analista de inteligencia que  ha llevado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante los tribunales superó un complicado proceso se selección sin recompensa. No accedió nunca a la plaza que le habían garantizado tras someterse durante seis meses a duras pruebas que le obligaron a mentir en su trabajo, donde ponía excusas falsas porque no podía informar a nadie de su intención de acceder a los servicios de inteligencia.

La Audiencia Nacional investiga si hubo irregularidades en el trato que el CNI dio a este candidato, de nombre Eduardo B., que reclama 120.000 euros de indemnización por el tiempo que le hicieron perder entre trabajos temporales, esperando su incorporación definitiva a los servicios de inteligencia. Las promesas por escrito de que eso ocurriría cuando el presupuesto lo permitiese quedaron en nada en 2015, cuando le comunicaron que su aprobado había caducado en 2013.

 

El proceso al que se presentó se celebró en 2011 y accedió a él tras el envío de su currículum a través de la web del CNI. Según la información a la que ha tenido acceso eldiario.es, en marzo de 2011 se convocó a todos los aspirantes a la primera prueba, un test de aproximadamente 100 preguntas divididas en cuatro bloques: Historia de España y Universal, Constitución, Unión Europea y Seguridad y Defensa. Se sometieron también a pruebas de idiomas, además de rellenar un formulario de concurso oposición que valoraba sus méritos académicos y profesionales. Eduardo B. aprobó y pasó a la segunda fase.

Excusas falsas en su trabajo

Este aspirante al CNI compatibilizó este proceso con su trabajo en el extranjero, donde estaba destinado y desde donde tenía que viajar a España con una coartada para someterse a las pruebas. La exigencia de los servicios de inteligencia era clara: no podía contar a nadie que se estaba sometiendo a ese proceso de selección. Con esta advertencia, Eduardo B. tuvo que recurrir a un falso problema médico que le obligaba a viajar a España cada vez que el CNI le convocaba de nuevo.

La segunda fase se realizó a lo largo de un solo día, desde primera hora de la mañana hasta media tarde, con apenas un par de pausas. Durante varias horas los candidatos estuvieron rellenando test psicotécnicos -al estilo de los que incluyen las oposiciones a Policía Nacional o Guardia Civil- y de personalidad. Estos últimos incluían preguntas sobre cómo afrontar la muerte, la depresión, el suicidio o les inquirían sobre drogas y alcohol. Hubo otras pruebas, como rellenar formularios para obtener su perfil psicológico.

Eduardo B. también pasó estas pruebas.. Así se lo dijeron unos días más tarde funcionarios del CNI mediante una llamada, el método del Centro para comunicarse con quienes aprobaban. Si, por el contrario, recibías en tu buzón una carta del Centro era porque ya no te iban a llamar más.

Preguntas sobre sexualidad y tolerancia al alcohol

La tercera fase de las pruebas fue una entrevista personal de unas tres horas con un miembro del CNI. Hubo preguntas sobre su trayectoria profesional, pero también sobre su familia, su infancia, su vida social, su sexualidad o su militancia política. Hubo nuevas preguntas sobre su tolerancia al alcohol y sobre cómo se comportaba cuando bebía, además de cuestiones de actualidad internacional, en su punto álgido durante aquella época. Tuvo que responder también sobre aspectos relacionados con las altas instituciones del Estado y sobre cuestiones a las que ya había respondido en los test, para ver si caía en contradicciones.

Pasó entonces a una de las fases más importantes: una semana de pruebas durante unas 13 horas al día junto a una pequeña selección de aspirantes. Allí tuvieron que afrontar más pruebas de idiomas y nuevos test psicotécnicos por sopresa. Entre prueba y prueba, les sometían a uno. Los aspirantes se enfrentaron también a pruebas que anticipaban su trabajo como analistas: con documentos e información en bruto debían redactar informes de inteligencia. Además, tenían que hacer propuestas de actuación frente a escenarios concretos, como si el destinatario de sus opciones fuese directamente el presidente del Gobierno.

A los candidatos se les obligaba en ocasiones a presentar esos informes ante sus compañeros. Otra prueba grupal consistía en exponer un tema asignado al azar en el momento y desarrollarlo frente al grupo. Tras algunas de estas pruebas había candidatos que no volvían al día siguiente. No tenían mucho contacto en entre ellos solo se conocían por el nombre de pila. Entre las pruebas a las que se sometieron, algunas consistentes en retener facciones e identificar rostros.

Prueba de campo: obtener información de una ONG

Había pruebas de retención de datos más duras; un día, cuando ya iban a irse a casa, les repartieron una novela de aproximadamente 500 páginas que tuvieron que leer durante la noche porque al día siguiente les esperaba un extenso test sobre su contenido. Durante otra prueba les mostraron varios planos de una casa durante unos minutos, que luego debían tratar de reproducir de memoria. Esa semana concluía con uno de los exámenes a los que más importancia dio el CNI, la que debían hacer sobre el terreno.

A cada aspirante se le entregó un objetivo. Su trabajo consistía en recabar de una empresa o institución cierta información, para lo que tenían que crearse una coartada creíble. Los candidatos recibieron un documento con la información que debían conseguir. A Eduardo B. se le asignó una ONG que, por los temas de los que se ocupa, cuenta con unos filtros de seguridad que tuvo que superar para conseguir los datos que le pedían. En especial, la composición de la dirección de la ONG y las funciones que dentro tenían determinadas personas. Los candidatos a analista de inteligencia reflejaron su trabajo de campo en un informe que también tenía que incluir los detalles de la cobertura que se habían creado.

Quienes superaron esa fase se enfrentaron entonces al último filtro, una investigación exhaustiva para ver si eran merecedores de la habilitación de personal de seguridad del CNI. Los servicios de inteligencias les pidieron detalles sobre su familia, sus amigos o sus relaciones sentimentales, además de realizar una completa investigación a sus datos patrimoniales, tributarios y bancarios. Esta fase incluyó también una entrevista previa con dos personas del CNI durante unas cuatro o cinco horas.

Lo que siguió a esa quinta etapa del proceso de selección ya está en manos de la Audiencia Nacional. Un total de 43 candidatos superaron las duras pruebas, pero solo había 24 plazas. El resto estuvo esperando una ampliación de presupuesto y, en el caso de Eduardo B., esa espera se conjugó con constantes promesas de su próxima incorporación. Así estuvo hasta 2015, cuando le dijeron que su aprobado había caducado dos años ante y su única vía para ingresar en el CNI era aprobar de nuevo el proceso de selección. La jueza Begoña Fernández Dozagarat está a la espera de que el Centro le remitan un informe del caso para ver si hay lugar a la reclamación de 120.000 euros.

Los lunes tenemos una nueva Sección en la que volvemos a publicar artículos de Punto Critico anteriores,  que han despertado la curiosidad del público o que por el contrario han pasado desapercibidos injustamente, artículos a los que les daremos un nuevo toque, una mayor amplitud en el tratamiento del tema del que se ocupen y que tendrán conexión con una noticia del momento. En esta linea publicamos hoy los articulos  del 18 de julio  y 16 de diciembre de 2017, “25-S: EL GOBIERNO ESPÍA Y CRIMINALIZA LAS LEGÍTIMAS ACTIVIDADES POLÍTICAS DE LOS CIUDADANOS”, escrito por dos de nuestros abogados en realidad en el año 2012 (publicado en origen en ausaj.org) y FABRICANDO DISIDENCIA: GLOBALISTAS Y ÉLITES CONTROLAN MOVIMIENTOS POPULARES, del Profeor  Chossudovsky.

En un momento en que a los aspirantes a “espias profesionales” les imponen como prueba de acceso que sean capaces de infiltrarse en una empresa o institución para obtener información, superando sus filtros de seguridad y debiéndose crear para ello coartadas creibles;  en que las Presidentas de Comunidad Autonoma dimiten por sus imágenes comprometidas grabadas y guardadas por más de cinco años en espera de la ocasión propicia (y eso después de que esta mujer resistiera los ataques del escándalo por la manipulación de su titulación de master o la atribución por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil  en uno de los informes remitidos a Audiencia Nacional, los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011, imputación que fue rechazada por el Juez Eloy Velasco, quien poco después era nombrado para la Sala de apelaciones de Audiencia Nacional, ascenso que le hizo abandonar el Juzgado Central de Instrucción en medio de las dos investigaciones más importantes y mediáticas de los últimos tiempos: casos Púnica y Lezo); en un mundo en el que los Gobiernos colaboran entre sí para permitir el espionaje de sus propios ciudadanos, un mundo en  el que el “trafico” de nuestros datos permite cada vez mayores beneficios -y no parece que podamos evitarlo- y en el que los Derechos a la libertad de expresión e intimidad languidecen, es necesario reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra reivindicación como ciudadanos en libertad.  

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[2] 25-S: EL GOBIERNO ESPÍA Y CRIMINALIZA LAS LEGÍTIMAS ACTIVIDADES POLÍTICAS DE LOS CIUDADANOS

Por Belén Luján Saéz y Jesús Diaz Formoso

 

Quienes nos hemos venido dedicando a la defensa de los Derechos Fundamentales ante Juzgados y Tribunales, conocemos bien lo ingrato de nuestra labor. Y sólo en muy contadas ocasiones, los obstáculos de todo tipo con que nos encontramos constantemente en nuestra práctica jurídica pueden ser puestos en conocimiento de la generalidad de la ciudadanía. Sin embargo, en el ejercicio de la abogacía, hay ocasiones en que las circunstancias del caso concreto proporcionan la oportunidad de hacerlo. Y esta es una de ellas.

Sobre la “judicialización” de la Convocatoria de manifestaciones ante el Congreso de los Diputados del pasado 25 de septiembre (25S) se ha escrito mucho. Pero, pese al empacho informativo, lo esencial ha sido silenciado, no solo desde los medios “convencionales”, sino también -y esto es muy relevante- desde los “alternativos”, supuestamente independientes.

Existen, al menos, tres vértices en la estructura de los hechos -anteriores, coetáneos y posteriores al “25S”- que conforman la realidad multiforme que se nos oculta tras la geometría “plana” de la información proporcionada, en la que unos serían los “buenos” y otros los “malos”, dependiendo de la perspectiva del informador.

Ninguna información es imparcial, porque ninguno de nosotros lo es. Los hechos nunca se pueden exponer objetivamente, ya que han tenido que ser previamente “procesados” por la subjetividad del informante. Por ello, los hechos que a continuación se relatan, lejos de presentarse como objetivos, son sometidos al escrutinio de la sana crítica de cada lector.

A principios del mes de abril de 2012, un pequeño grupo de activistas sociales, defraudados por la atonía del llamado Movimiento 15M, en el que habían estado integrados, constituyen la Plataforma “En Pié”, desde la que lanzan una convocatoria a “ocupar el congreso”, que fijan para el día 25 de septiembre. Su difusión, en aquél primer momento, es muy limitada.

En su análisis, habían llegado a la conclusión de la necesidad de evitar ser “infiltrados” por agentes al servicio de otros intereses, como viene ocurriendo una y otra vez con cada movimiento ciudadano de base surgido al “calor” de la terrible situación social que padecemos. A tal fin, los promotores de la Plataforma “En Pié” diseñan una organización cerrada y no inclusiva.

Desde luego, tales cautelas no colaboraban a la difusión de su convocatoria, “25S”. En aquéllas fechas, la crisis del Movimiento 15M -centralizado en “Acampada Sol” (Madrid)- era evidente. De una u otra manera, los ciudadanos percibíamos que el efecto de la desactivación de nuestra potencia política, bien visible en las multitudinarias manifestaciones del verano de 2011, no era para nada ajeno a la actuación de los “cabecillas” del Movimiento 15M, que había tenido como efecto el contrario a los deseos y esperanzas de todos nosotros: la formación de un gobierno de derechas sostenido por una mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento. La ilusión se transformó en decepción.

Como no podía ser de otro modo, la acción parlamentaria y de gobierno surgida del fracaso del 15M demostró que las cosas, por mal que estén, siempre pueden empeorar. Y mucho. Pero lo peor estaba por llegar: con una ciudadanía desesperanzada y dividida, las agresiones a nuestros Derechos Fundamentales, la destrucción de nuestros servicios públicos y la apropiación de la riqueza, tanto pública como privada, que se había venido produciendo hasta entonces, alcanzó un grado insoportable para la inmensa mayoría de nosotros.

El Poder real nunca ha estado más alejado del Pueblo. Un Gobierno cautivo del Poder Económico Globalizado, que controla el Poder Legislativo -en el que su partido cuenta con Mayoría Absoluta- dispone de nuestras vidas y haciendas, no ya en el presente, sino también para el futuro.

Ante la división y desmovilización de los ciudadanos, el único amparo posible lo encontramos en el Poder Judicial, constitucionalmente obligado a ejercer la acción de control del Gobierno. Poder Judicial que, sin embargo, es a su vez “gobernado” desde un Consejo General del Poder Judicial absolutamente politizado, en abierta vulneración del espíritu y la letra de nuestra Constitución. Y sin independencia del juzgador, no hay posibilidad de verdadera Justicia. Solo importa la apariencia, el artificio.

En este punto, tiene lugar la Convocatoria del “25S” realizada por la Plataforma “En Pié” el pasado mes de abril. Sin mayor repercusión, llegamos al mes de mayo, en que la Delegada del Gobierno en Madrid, Sra. Cifuentes, es sorprendida en un acto del “15M” en Sol (Madrid), al que acudió sin escolta. Esta extraña relación de altos cargos del Gobierno con los “comisionados” del Movimiento 15M no empezó, ni acabó, entonces.

A partir de ese momento, la Asamblea del 15M en Sol, comienza a debatir sobre la, hasta entonces anecdótica, convocatoria del “25S” realizada por la Plataforma “En Pié”. Finalmente la Asamblea decide no participar en ella. Decisión que no admitiría la dirección de la Asamblea, que procede a infiltrarse en la Plataforma “En Pié”, así como se integra en la Coordinadora que se crea para organizar la convocatoria. Finalmente, como es notorio, son los miembros de Acampada Sol (15M) quienes se adueñan de la organización de la convocatoria “25S” a todos los niveles, utilizándola mediáticamente como promoción de su, hasta entonces, marchito movimiento.

A finales del mes de junio, la Delegada del Gobierno en Madrid se encarga de promocionar la Convocatoria “25S”, al instalar alrededor del Congreso vallas metálicas y vigilancia policial, que impiden a los ciudadanos acercarse siquiera al Parlamento. De ello, lógicamente, dieron buena cuenta todos los medios de comunicación. Los promotores del “25S” no podrían haber soñado una mejor difusión de su convocatoria.

El 14 de agosto, la Comisaría General de la Policía Judicial presenta en el Juzgado de Guardia (Plaza de Castilla) una Denuncia “en base a la existencia de una convocatoria con eco en multitud de websites denominada “Ocupa el Congreso” y prevista para el 25 septiembre, fecha en la cual el Congreso estaría reunido” (Auto del Juez Pedraz, de 4/10/2012).

La Policía Judicial, que para entonces, muy probablemente, ya habría intervenido -sin amparo legal, ni autorización judicial- las comunicaciones de un buen número de ciudadanos, actuando al margen de la Ley -en contra de la Ley, pues el inicio de su investigación no es posterior al mes de julio del año en curso, como consta en los propios Atestados Policiales (esto es, al menos durante un mes, la Policía Judicial llevó a cabo investigaciones sobre las actividades políticas de un buen número de ciudadanos sin dar siquiera cuenta de ello a aquéllos de quienes dependen orgánicamente -Juzgados, Tribunales o Ministerio Fiscal-, y por ello, de manera ilícita, pues se afectó a Derechos Fundamentales de los así investigados, que vieron vulneradas sus comunicaciones, intimidad y libertad ideológica, entre otros de sus Derechos Humanos),- procede a continuación al acoso, incluso a la detención, de los ciudadanos que estaban siendo investigados por el hecho de ejercitar legítimamente sus Derechos Fundamentales.

Así, sin siquiera dar cuenta al Juzgado competente, desde el día 14 de agosto, y hasta el día 19 de septiembre, la Policía Judicial procede a la persecución de las legítimas actividades políticas de multitud de personas, cuyo único “crimen” era compartir la idea de la oportunidad de una convocatoria que, “bajo los lemas de rodear, permanecer de forma indefinida”, se dirigía a “exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social” (Juez Pedraz -Auto de 4-10-2.012).

Y es que, conforme al Artículo 126 de la Constitución, “en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente”, “la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal”. De la misma manera, el Artículo 31, 1º de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dispone: “En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación”.

En definitiva, la actuación de cualesquiera Unidad de Policía Judicial ha de estar presidida por su sometimiento a la autoridad judicial o, en su caso, Ministerio Fiscal que dirija dicha actuación, es decir, ha de estar pre-ordenada al proceso, siendo que, en los casos en que en que la actividad policial se desarrolle con anterioridad a la existencia misma de la investigación judicial, deben dar cuenta con carácter inmediato a la autoridad judicial competente, comunicación que ha de producirse con mayor premura si cabe cuando se afecten Derechos Fundamentales de la persona, siendo precisa la autorización judicial para cualquier intromisión de cierto calado en la intimidad y libertades de los ciudadanos.

Como consecuencia de la Denuncia formulada por la Policía Judicial ante el Juzgado de Guardia, mediante Auto de 14/8/2012, se incoan las correspondientes Diligencias Judiciales en investigación de los hechos denunciados. Pese a ello, la Policía Judicial procede a nuevas “investigaciones” sobre tales hechos, que oculta a los órganos judiciales competentes, y por tanto ejecutando nuevos hechos presuntamente delictivos. Ello se acredita por los propios Atestados Ampliatorios presentados posteriormente por la Policía Judicial ante la Autoridad Judicial.

Así, llega a detener a quienes portaban legítimamente una pancarta durante la Manifestación que tuvo lugar el día 15 de septiembre, a quienes incluso tomaron declaración sin dar intervención ni meramente comunicarlo al Juzgado competente, que estaba conociendo de dichos hechos, hasta cuatro días después.

Asimismo, el día 16 de septiembre, la Policía Judicial (actuando sin la preceptiva dependencia del órgano judicial competente; en realidad, ocultando tal actuación al Juzgado) irrumpe en una reunión -en la que previamente había infiltrado a un Agente Policial- que varios ciudadanos estaban manteniendo en un lugar público e interrumpiéndola coactivamente, procede incluso a la identificación de los allí presentes. En definitiva, vulnerando con todo ello, tanto el Artículo 17 (Derecho Fundamental a la Libertad), como el Artículo 16 (nadie está obligado a declarar sobre su ideología), o el Artículo 18 (Derecho Fundamental de Reunión), todos ellos de la Constitución. Hechos presuntamente delictivos, encuadrables en diversos tipos penales (desde Prevaricación y Detención Ilegal hasta diversos Delitos contra la Intimidad o los Derechos Cívicos).

Y todo ello, al margen de las ulteriores irregularidades sancionables de la investigación policial, a las que se refiere rotundamente el Auto del Juez Pedraz, de 4 de octubre de 2012, al afirmar: “De ninguna forma, la unidad policial puede “sustraer” unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial”.

Así, si la Policía Judicial actuaba con plena independencia respecto del Juzgado del que orgánicamente dependía en su actuación, la realidad es que su actuación sí era conocida por la Delegación del Gobierno en Madrid, que el día 18 de septiembre, cuando estaban ultimando el Atestado para su remisión al Juzgado (efectuada el 19 de septiembre), envió por fax copia de la Comunicación efectuada el día 15 de septiembre por un particular sin relación con la convocatoria realizada por la Plataforma “En Pié”, aunque de contenido muy similar. Lo que acredita que la actuación de la Policía Judicial se ocultó al Juzgado competente, pero no a la Delegación del Gobierno, lo que deja bien claro el hecho de que tal actuación estaba dirigida desde instancias gubernamentales, y no desde la obligada instancia judicial.

Como quiera que la Delegación del Gobierno en Madrid había requerido al particular para que completase su comunicación del día 15 de septiembre -lo que tendría lugar el día 19 siguiente-, cuando el día 20 de septiembre la Delegada del Gobierno en Madrid autoriza dicha manifestación, no informa de ello al Juzgado, que se enterará el día 24 de septiembre, cuando una de las defensas de los imputados la adjunta dicha Resolución de la Delegación del Gobierno -de 20 de septiembre-, a un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Audiencia Nacional).

En definitiva, nos encontramos ante un Poder Político que, actuando al margen de la Ley, utiliza a la Policía Judicial -de manera ilegítima- para cometer, presuntamente, múltiples Delitos, incluso contra la integridad física de las personas, vulnerando gran parte del catálogo de Derechos Fundamentales que constitucionalmente, todos ellos, están obligados a garantizar y promover.

Y, sostenemos que lo hace con la finalidad de aterrorizar a la población, generando un clima de temor, tanto a la represión brutal desarrollada el día 25S por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (a la que nos referiremos en la siguiente entrega), como a la eventual violencia de los manifestantes, cuyo general carácter pacífico ha sido, como consecuencia de estos hechos, presentado a la opinión pública absolutamente deformado, falseado, de manera aberrante; incluso se acusa a quienes han sido víctimas de tortura, de graves delitos, mientras se premia y condecora a sus agresores por sus crímenes, que se presentan, sin embargo, como actos ejemplares.

El objetivo no es otro que la coacción y amenaza con que desde el Gobierno y el Parlamento, se intenta forzar la renuncia de los ciudadanos a ejercitar sus Derechos Fundamentales, en especial, los de Reunión y Manifestación, y la Libertad de Expresión e Información.

Recordemos que se trata de hechos cometidos por la Policía Judicial que, actuando al margen del Poder Judicial, y del Ministerio Fiscal, habría llevado a cabo fuera de su ámbito de competencia, y en beneficio del partido político del Gobierno, actos de ESPIONAJE de las actividades Políticas de los ciudadanos. Actividades políticas, hay que recordar, que el Juzgado ha determinado como lícitas y plenamente conformes a derecho.

En la siguiente entrega de esta breve serie de artículos seguiremos avanzando en la exposición de la sucesión de hechos que culminan -por el momento- en la apertura de investigaciones judiciales penales, con nulo o muy escaso fundamento, contra quienes han sido víctimas de graves delitos, entre ellos, torturas, y la absoluta inactividad judicial en relación a la investigación de hechos de excepcional gravedad, entre ellos, las sólidas denuncias de torturas que han hecho, más que fundadamente, muchos de los detenidos durante los sucesos en que la violencia estatal intentó sobreponerse al pacifismo ciudadano, infiltrando en las manifestaciones grupos de agentes estatales violentos, con que el Gobierno intentó justificar la brutal represión desplegada contra todo aquél que se cruzó en el camino de las fuerzas estatales represivas, fuere manifestante o no. Entre tanto, los jueces investigan empujones, mientras se niegan a investigar las torturas.

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Entre otros, citamos los siguientes enlaces relacionados:

Cristina Cifuentes se infiltra en el 15 M

Cifuentes prohíbe al 15-M acampar en Sol y ofrece como alternativa la Casa de Campo

 

 

Michel Chossudovsky

 

[3] FABRICANDO DISIDENCIA: GLOBALISTAS Y ÉLITES CONTROLAN MOVIMIENTOS POPULARES

Prof Michel Chossudovsky

Global Research, September 26, 2010

 

El Foro Social Mundial y el Foro Económico Mundial, las ONG’s y movimientos de oposición a la globalización son controlados por las mismas fuerzas ante las cuales protestan.

La fabricación de consentimiento implica la manipulación y la formación de la opinión pública. Se establece la conformidad y aceptación a la autoridad y la jerarquía social. Se busca el cumplimiento de un orden social establecido.

Los movimientos populares son controlados por los globalistas usando sus propios “líderes”, quienes se hincan ante los controladores.

 

Resultado de imagen de disidencia controlada

 

La fabricación de consentimiento, es la presentación a la opinión pública, de la principal narrativa de los medios de comunicación, sus mentiras y falsedades. Bajo la ilusión de capitalismo contemporáneo, la ilusión de democracia debe prevalecer. Es en el interés de las élites corporativas de aceptar la disidencia y la protesta como una característica del sistema en la medida en que no pongan en peligro el orden social establecido. El propósito no es reprimir la disidencia, sino, por el contrario, dar forma y moldear el movimiento de protesta, para establecer el límite a la disidencia. Para mantener su legitimidad, las élites económicas favorecen formas de oposición limitadas y controladas, con el fin de prevenir el desarrollo de formas radicales de protesta, lo que podría sacudir los cimientos mismos y las instituciones del capitalismo global. En otras palabras, la fabricación de disidencia” actúa como una “válvula de seguridad”, que protege y sostiene el Nuevo Orden Mundial. Para ser eficaz, sin embargo, el proceso de “fabricación de disidencia” debe ser cuidadosamente regulado y supervisado por los que son objeto del movimiento de protesta.

El financiamiento de la disidencia

¿Cómo se ha logrado crear y mantener el proceso de fabricación de la disidencia? Esencialmente “financiando la disidencia”, es decir, mediante la canalización de recursos financieros de los que son objeto del movimiento de protesta a los que están involucrados en la organización del movimiento de protesta. La cooptación no se limita a la compra de favores de los políticos. Las élites económicas – que controlan grandes fundaciones – también supervisan el financiamiento de numerosas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, que históricamente han estado involucrados en el movimiento de protesta contra el orden económico y social establecido. Los programas de muchas organizaciones no gubernamentales y movimientos populares dependen en gran medida tanto de fondos públicos como privados, incluyendo las fundaciones Ford, Rockefeller, McCarthy, entre otras. El movimiento anti-globalización se opone a Wall Street y a los gigantes del petróleo controlados por Rockefeller, y otros. Sin embargo, las fundaciones y organizaciones benéficas de Rockefeller y otros, generosamente fundan redes “progresistas y anti-capitalistas” (como los ecologistas frente a las grandes petroleras) con el fin último de supervisar y formar sus diversas actividades.

Los mecanismos de “fabricación de disidencia” requieren un entorno de manipulación, un proceso de presión y la sutil cooptación de los individuos dentro de las organizaciones progresistas, incluyendo coaliciones anti-guerra, ambientalistas y el movimiento anti-globalización. Considerando que los medios de comunicación “fabrican consentimiento”, la compleja red de organizaciones no gubernamentales (incluidos segmentos de medios alternativos) es utilizada por las élites corporativas para moldear y manipular el movimiento de protesta. A raíz de la desregulación del sistema financiero mundial en la década de 1990 y el rápido enriquecimiento de las entidades financieras, el financiamiento a través de fundaciones y organizaciones benéficas se ha disparado.

En una amarga ironía, parte de las ganancias fraudulentas en Wall Street en los últimos años se han reciclado y dado a fundaciones exentas de impuestos y organizaciones benéficas. Estas inesperadas ganancias financieras no sólo han sido utilizadas para comprar políticos, también han sido canalizadas a las organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, centros comunitarios, grupos religiosos, ambientalistas, medios de comunicación alternativos, grupos de derechos humanos, etc. “La disidencia fabricada” también se aplica a “corporaciones de izquierda” y “medios de comunicación progresistas“, financiados por ONG’s o directamente por las fundaciones. El objetivo interno es “fabricación de disidencia” y establecer los límites “políticamente correctos” de oposición.

A su vez, muchas ONG’s están infiltradas por informantes a menudo en nombre de las agencias de inteligencia occidentales. Por otra parte, un segmento cada vez mayor de los medios de comunicación alternativos progresistas en Internet se ha vuelto dependiente del financiamiento de fundaciones empresariales y organizaciones benéficas.

Activismo por etapas

El objetivo de las élites corporativas ha sido el de fragmentar el movimiento popular en una gran mosaico individual. La guerra y la globalización ya no están en la vanguardia del activismo de la sociedad civil. El Activismo tiende a ocurrir poco a poco. No hay integración de los movimientos contra la globalización y el anti-guerra. La crisis económica, no se considera como relacionada a la guerra patrocinadas por los países poderosos como EE.UU. La disidencia se ha compartimentado. Movimientos independientes que pretenden atacar diferentes asuntos (medio ambiente, globalización, paz, derechos de la mujer, cambio climático) son generosamente financiados para impedir la aparición de un movimiento de oposición masivo coherente. Este mosaico era ya común en la lucha contra la cumbre del G7 y Cumbres de los Pueblos de la década de 1990.

 

Los movimientos de protesta popular son directamente controlados por fundaciones y “organizaciones benéficas” que financian sus actividades.

 

El Movimiento Anti-Globalización

La cumbre anti-globalización en Seattle en 1999 vista como un triunfo para el movimiento anti-globalización: “una coalición histórica de los activistas de cerrar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, la chispa que encendió un movimiento global anti-corporativo”. Seattle fue de hecho, una importante encrucijada en la historia del movimiento de masas. Más de 50.000 personas de diversos orígenes, organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos, sindicatos y ambientalistas se habían reunido en una búsqueda común. Su objetivo era desmantelar la agenda neoliberal incluyendo su base institucional. Pero Seattle también marcó un cambio importante. Con la aparición de disidencia en todos los sectores de la sociedad, la cumbre de la OMC necesitaba desesperadamente la participación simbólica de los líderes de la sociedad civil “en su interior”, para dar la apariencia de ser “democrático”. Mientras miles de personas convergieron en Seattle, lo que ocurrió detrás de la escena fue una victoria para el neoliberalismo.

Un puñado de organizaciones de la sociedad civil que se opusieron formalmente a la OMC han contribuido a legitimar la arquitectura de comercio global de la OMC. En lugar de desafiar a la OMC como un organismo intergubernamental ilegal, acordaron un diálogo previo a la cumbre entre los gobiernos occidentales y la OMC. “Participantes acreditados de las ONG’s fueron invitados a mezclarse en un ambiente amigable con los embajadores, ministros de comercio y los magnates de Wall Street en varios de los eventos oficiales, incluidos los numerosos cócteles y recepciones“. La agenda oculta era debilitar y dividir el movimiento de protesta y orientar el movimiento anti-globalización en áreas que no pusieran en peligro los intereses del establecimiento comercial.

Financiados por fundaciones privadas (como Ford, Rockefeller, Rockefeller Brothers, Charles Stewart Mott, la Fundación para la Ecología Profunda), estos “acreditados” de la sociedad civil se habían posicionado como los grupos de presión, en calidad de oficiales en nombre del movimiento popular. Al estar dirigidos por destacados activistas sus manos fueron atadas. En última instancia contribuyeron (sin saberlo) a debilitar el movimiento anti-globalización al aceptar la legitimidad de lo que es esencialmente una organización ilegal. (El acuerdo de la Cumbre de Marrakech de 1994 que condujo a la creación de la OMC el 1 de enero de 1995). Los líderes de las ONG tenían pleno conocimiento de dónde el dinero venía. Sin embargo, dentro de los EE.UU. y la comunidad europea de las ONG, las fundaciones y organizaciones benéficas son consideradas como órganos filantrópicas independientes, aparte de las empresas, a saber, la Fundación Rockefeller Brothers, por ejemplo, se considera como separada y distinta del imperio de la familia Rockefeller, de los bancos y las compañías petroleras.

Con los sueldos y gastos de operación en función de las fundaciones privadas, se convirtió en una rutina aceptada: En una lógica retorcida, la batalla contra el capitalismo corporativo ha sido una pelea con los fondos de las fundaciones exentas de impuestos contra el capitalismo corporativo. Las ONG’s fueron capturadas en una camisa de fuerza, su propia existencia depende de las fundaciones. Sus actividades fueron monitoreadas de cerca. En una lógica retorcida, la propia naturaleza del activismo anti-capitalismo corporativo fue controlada indirectamente por los capitalistas corporativos a través de sus fundaciones independientes.

“Vigilantes Progresivos”

En esta saga de la evolución, las élites empresariales cuyos intereses son debidamente atendidos por el FMI, el Banco Mundial y la OMC, fundan (a través de sus diversas fundaciones e instituciones de beneficencia) a las organizaciones que están a la vanguardia del movimiento de protesta contra la OMC y las instituciones financieras basadas en Washington. Con el apoyo de dinero de las fundaciones, varios “perros guardianes” fueron creados por las organizaciones no gubernamentales para vigilar la aplicación de las políticas neoliberales, pero sin plantear la cuestión más amplia de cómo los gemelos de Bretton Woods y la OMC, a través de sus políticas, han contribuido al empobrecimiento de millones de personas.

El Programa de Ajuste Estructural para la Revisión Participativa de Redes (SAPRIN) fue establecido por Development Gap, órgano del USAID y las ONG’s financiadas por el Banco Mundial con sede en Washington DC. Está ampliamente documentado que la imposición del Programa de Ajuste Estructural del FMI y el Banco Mundial (PAE) en los países en desarrollo constituye una forma flagrante de injerencia en los asuntos internos de estados soberanos en nombre de las instituciones acreedoras. En lugar de desafiar la legitimidad de la “medicina económica mortal” el FMI y el Banco Mundial, la organización de SAPRIN trató de establecer un papel de participación para las organizaciones no gubernamentales, trabajando mano a mano con la USAID y el Banco Mundial.

El objetivo era dar un “rostro humano” a la agenda política neoliberal, en lugar de rechazar el marco del FMI y del Banco Mundial: “SAPRIN es la red global de la sociedad civil que tomó su nombre de la Iniciativa de Ajuste Estructural de Revisión Participativa (SAPRI), que se puso en marcha con el Banco Mundial y su presidente, Jim Wolfensohn, en 1997. SAPRI está diseñado como un ejercicio tripartito para reunir a las organizaciones de la sociedad civil, sus gobiernos y el Banco Mundial en un examen conjunto de los programas de ajuste estructural (PAE) y la exploración de opciones políticas nuevas. Se trata de legitimar un papel “activo” de la sociedad civil en la toma de decisiones económicas, ya que está diseñado para indicar las áreas en que los cambios en las políticas económicas y en el proceso de formulación de políticas económicas se requieren” (http://www.saprin.org/overview.htm página web de SAPRIN).

Del mismo modo, el Observatorio del Comercio (antes OMC Watch), que opera en Ginebra es un proyecto del Instituto de Política Agrícola y Comercial de Minneapolis (IATP), que es generosamente financiado por Ford, Rockefeller, Charles Stewart Mott, entre otros.

El Observatorio del Comercio tiene el mandato de supervisar la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio (TLC y la propuesta Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). (IATP, sobre comercio Observatorio, consultado septiembre de 2010). El Observatorio del Comercio es también para obtener datos e información, así como fomentar la “gobernabilidad” y “responsabilidad”. Nunca en estás iniciativas se promueve la rendición de cuentas a las víctimas de las políticas de la OMC o la rendición de cuentas por parte de los protagonistas de las reformas neoliberales. Las funciones del Observatorio del Comercio de ninguna manera es una amenaza para la OMC. Todo lo contrario: la legitimidad de las organizaciones y los acuerdos comerciales no son cuestionados.

El Foro Económico Mundial

El movimiento popular ha sido secuestrado. La selección de los intelectuales, los ejecutivos de los sindicatos, y los líderes de organizaciones de la sociedad civil (entre ellas Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace) suelen ser invitados al Foro Económico Mundial de Davos, donde se mezclan con los más poderosos del mundo; los actores económicos y políticos. Esta mezcla de las élites empresariales del mundo con “progresistas” escogidos al dedo es parte del ritual que crea y mantiene el proceso de “fabricación de la disidencia.

El truco consiste en seleccionar personalmente (selectivamente) a los líderes de la sociedad civil, en quien “podemos confiar” e integrarlos en un “diálogo”, apartarlos de sus bases, que se sientan que son “ciudadanos globales” que actúen en nombre de sus compañeros de trabajo; pero los hacen actuar de una manera que sirva a los intereses del Establecimiento y de las Empresas: “La participación de las ONG’s en la reunión anual de Davos es la evidencia del hecho de que a propósito [se] trata de integrar un amplio espectro de los actores principales en la sociedad … en la definición y la promoción del programa global … Creemos que el Foro Económico Mundial ofrece a la comunidad de negocios el marco ideal para realizar actividades de colaboración con los demás actores principales [ONG] de la economía mundial para “mejorar el estado del mundo”, que es la misión del Foro“. (Foro Económico Mundial , Comunicado de Prensa 05 de enero 2001).

El Foro Económico Mundial es compuesto de elitistas, académicos y varios artistas como el cantante de U2, Bono, quienes se encargan de llevar el falso sentido de inclusión a los grupos “sin voz”.

El Foro Económico Mundial no representa a la comunidad empresarial en general. Es un encuentro elitista: Sus miembros son gigantescas corporaciones mundiales (con un mínimo de 5000 millones de dólares en volumen de negocios anual). Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son vistas como socios “partes interesadas”, así como un conveniente “portavoz de los sin voz que a menudo son excluidos de la toma de decisiones” (Foro Económico Mundial – Organizaciones No Gubernamentales, 2010).

“Ellos [la ONG] reproducen una gran variedad de papeles en la asociación con el Foro para mejorar el estado del mundo, incluyendo servir como un puente entre las empresas, el gobierno y la sociedad civil, la conexión de los políticos responsables a la base, aportando soluciones prácticas … ” La sociedad civil “asociada” con empresas internacionales en nombre de los “sin voz”. ¿Quiénes quedan “excluidos”?

Ejecutivos sindicales son también co-optados, en detrimento de los derechos de los trabajadores. Los dirigentes de la Federación Internacional de Sindicatos (IFTU), la AFL-CIO, la Confederación Europea de Sindicatos, el Canadian Labour Congress (CLC), entre otros, suelen ser invitados a asistir a las reuniones anuales del Foro Económico Mundial en Davos, así como a las cumbres regionales.

También participan en el Foro Económico Mundial líderes de la comunidad del trabajo que se centran en los patrones de comportamiento mutuamente aceptables para el movimiento obrero. El Foro Económico Mundial “, estima que la voz de Trabajo es importante para el diálogo sobre cuestiones de dinámica de la globalización, la justicia económica, la transparencia y la rendición de cuentas, y garantizar un sano sistema financiero global”. “La garantía de un sano sistema financiero mundial” conducido por el fraude y la corrupción? La cuestión de los derechos de los trabajadores no se menciona. (Foro Económico Mundial – Los líderes del Trabajo, 2010).

El Foro Social Mundial: “Otro mundo es posible”

La cumbre de Seattle contra la globalización en 999 sentó las bases para el desarrollo del Foro Social Mundial.

El Foro Social Mundial constituye uno de los engaños más grandes al movimiento de oposición al globalismo y capitalismo global de las élites.

La primera reunión del Foro Social Mundial tuvo lugar en enero de 2001, en Porto Alegre, Brasil. Este encuentro internacional contó con la participación de decenas de miles de activistas de organizaciones de base y organizaciones no gubernamentales. La reunión del FSM de las ONG y organizaciones progresistas se llevó a cabo simultáneamente con el Foro Económico Mundial de Davos (WEF). La intención era ser la voz de la oposición y la disidencia al Foro Económico Mundial con sus líderes empresariales y ministros de finanzas. El Foro Social Mundial desde el principio fue una iniciativa del ATTAC de Francia y varias organizaciones no gubernamentales brasileñas: En febrero de 2000, Bernard Cassen, director de una ONG francesa llamada ATTAC, Oded Grajew, jefe de una organización de empresarios brasileños, y Francisco Whitaker, jefe de una asociación de organizaciones no gubernamentales de Brasil, se reunieron para discutir una propuesta de “evento mundial de la sociedad civil”, en marzo de 2000, que formalmente garantizó el apoyo del gobierno municipal de Porto Alegre y el gobierno del estado de Rio Grande do Sul, ambas controladas en su momento por el Partido de los Trabajadores brasileño (PT).

Un grupo de ONG’s francesas, incluidas las de ATTAC, los amigos deL’Humanité, y Amigos de Le Monde Diplomatique, patrocinó un Foro Social Alternativo en París titulado “Un año después de Seattle”, a fin de preparar una agenda para las protestas que se realizaron en la próxima cumbre de la Unión Europea en Niza. Los oradores pidieron “la reorientación de ciertas instituciones internacionales como la OMC, FMI, Banco Mundial, … a fin de crear una globalización desde abajo” y “la construcción de un movimiento internacional de ciudadanos, no para destruir el FMI, sino reorientar sus misiones” (por la Unidad de Investigación de Economía Política, Economía y Política del Foro Social Mundial, Global Research, 20 de enero 2004).

Desde el principio, en 2001, el FSM fue apoyado por el financiamiento de la Fundación Ford, que se sabe tiene vínculos con la CIA que se remontan a la década de 1950: “La CIA utiliza fundaciones filantrópicas como el conducto más efectivo para canalizar grandes sumas de dinero a proyectos de la Agencia sin alertar a los destinatarios sobre su origen” (James Petras, la Fundación Ford y la CIA, Global Research, 18 de septiembre de 2002).

El mismo procedimiento de cumbres financiadas por donantes que caracterizó a las cumbres de la década de 1990 (Cumbre Popular) se incorporó en el Foro Social Mundial (FSM): Otros financistas del FSM (o ‘socios’, como se les conoce en la terminología FSM) incluyen la Fundación Ford (baste decir aquí que ha trabajado siempre en la más estrecha colaboración con los EE.UU. y la Agencia Central de Inteligencia para avanzar los intereses estratégicos de EE.UU.), laFundación Heinrich Boll, que es controlada por el partido alemán Los Verdes, socio en el presente [2003] el gobierno alemán y un partidario de las guerras en Yugoslavia y Afganistán (su líder, Joschka Fischer, es el [ex] ministro de Relaciones Exteriores de Alemania), y los principales organismos de financiamiento como Oxfam (Reino Unido), Novib (Países Bajos), ActionAid(Reino Unido), y así sucesivamente.

Sorprendentemente, un miembro del Consejo Internacional del FSM, reporta que “fondos considerables” recibidos de estos organismos “hasta ahora no despertaron ningún debate significativo [en los cuerpos FSM] sobre las posibles relaciones de dependencia que pueden generar.” Sin embargo, admite que con el fin de obtener fondos de la Fundación Ford, los organizadores tuvieron que convencer a la base de que el Partido de los Trabajadores no estaba involucrado en el proceso.” Dos puntos vale la pena señalar aquí.

En primer lugar, esta establece que los fundadores fueron capaces de torcer brazos y determinar el papel de las diferentes fuerzas en el Foro Social Mundial – que tenían que ser “convencidas” de las credenciales de los que estarían involucrados. En segundo lugar, si los donantes se opusieron a la participación del domesticado Partido de los Trabajadores, serían aún más enérgicamente reconocidos por las fuerzas genuinamente anti-imperialistas. Que lo hicieron quedó o claro como se describe quienes fueron incluidos y quién excluido en la segunda y tercera reunión del Foro Social Mundial,

La cuestión del financiamiento [del FSM] ni siquiera figura en la Carta de Principios del FSM, adoptada en junio de 2001. Marxistas, siendo materialistas, dirían que se debe mirar la base material del foro para comprender su naturaleza (no se tiene que ser marxista para entender que “el que paga manda”). Sin embargo, el FSM no está de acuerdo. Puede retirar fondos de las instituciones imperialistas como la Fundación Ford, mientras que lucha contra “la dominación del mundo por los globalistas y cualquier forma de imperialismo” (Unidad de Investigación para la Economía Política, Economía y Política del Foro Social Mundial, Global Research, 20 de enero de 2004).

La Fundación Ford otorgó apoyo básico para el Foro Social Mundial, con contribuciones indirectas a través de “organizaciones asociadas” de la Fundación MacArthur, la Fundación Charles Stewart Mott, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación W. Alton Jones, la Comisión Europea, varios gobiernos europeos (incluido el Gobierno laborista de Tony Blair), el gobierno canadiense, así como una serie de organismos de la ONU (entre ellas la UNESCO, el UNICEF, el PNUD, la OIT y la FAO). Además del apoyo núcleo inicial de la Fundación Ford, muchas de las organizaciones de la sociedad civil participantes reciben financiamiento de grandes fundaciones y organizaciones benéficas. A su vez, los EE.UU. y las ONG europeas a menudo funcionan como organismos de financiamiento secundario canalizando dinero de las fundaciones Ford y Rockefeller a las organizaciones asociadas en los países en desarrollo, incluidos los campesinos y movimientos de derechos humanos.

El Consejo Internacional (CI) del FSM se compone de representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones de medios de comunicación alternativos, institutos de investigación, muchos de los cuales están fuertemente financiados por fundaciones y gobiernos. (Véase el Fórum Social Mundial). El mismo sindicato, que se suele invitar a mezclarse con los directores ejecutivos de Wall Street en el Foro Económico Mundial (FSM), incluyendo la AFL-CIO, la Confederación Europea de Sindicatos y el Canadian Labor Congress (CLC) también forman parte del Consejo Internacional del FSM. Entre las ONG’s financiadas por fundaciones importantes está el Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP), que supervisa el Observatorio del Comercio con sede en Ginebra en el Consejo Internacional del Foro. La Red de Donantes sobre el Comercio y la Globalización (FTNG), que tiene estatuto de observador en el Consejo Internacional del FSM juega un papel clave. Mientras canaliza ayuda financiera al FSM, también actúa como centro de intercambio de grandes fundaciones.

El FTNG se describe como “una alianza de concesionarios de ayuda comprometido a construir comunidades justas y sostenibles en todo el mundo”. Los miembros de esta alianza son la fundación Ford, Rockefeller Brothers, Heinrich Böll, CS Mott, Fundación Merck de la Familia, el Open Society Institute, Tides, entre otros. (Para obtener una lista completa de los organismos de financiamiento del FTNG ver financistas del FNTG). FTNG actúa como entidad de recaudación de fondos en nombre del FSM. Gobiernos occidentales Frenan las cumbres contra la globalización y reprimen el movimiento de protesta.

En una amarga ironía, las subvenciones, incluyendo el dinero de la Unión Europea es usado para financiar grupos progresistas -como el propio FSM- que participan en la organización de protestas contra los mismos gobiernos que financian sus actividades. “Los gobiernos también han sido financistas significativos de grupos de protesta. La Comisión Europea, por ejemplo, financió dos grupos que se movilizaron con un gran número de personas para protestar en las cumbres de la UE en Gotemburgo y Niza. LA lotería nacional de Gran Bretaña, que es supervisada por el gobierno, ayudó a financiar a un grupo en el corazón del contingente británico” (James Harding, contra el capitalismo, FT.com, 15 de octubre de 2001).

Se trata de un proceso diabólico: El gobierno anfitrión financia la cumbre oficial, así como las reuniones de las organizaciones no gubernamentales que participan activamente en la contra cumbre. También financia la operación de la policía antidisturbios, que tiene el mandato de reprimir a los participantes de las contra cumbres. El objetivo de estas operaciones combinadas, incluyendo acciones violentas cometidas por las fuerzas de policía antidisturbios, es desacreditar el movimiento de protesta e intimidar a sus participantes. El objetivo general es transformar la contra cumbre en un ritual de disidencia, que sirve para defender los intereses de la cumbre oficial y el gobierno anfitrión.

Esta lógica ha prevalecido en numerosas cumbres desde la década de 1990. En la Cumbre de 2001 de la ciudad de Quebec, el financiamiento por parte del gobierno federal de Canadá a las ONG y los sindicatos se concedió bajo ciertas condiciones. Un gran segmento del movimiento de protesta fue de hecho excluido de la Cumbre de los Pueblos. A su vez, los organizadores acordaron con las autoridades provinciales y federales que la marcha de protesta se dirigiría a un lugar remoto, unos 10 km fuera de la ciudad, en lugar de hacia el área del centro histórico donde los oficiales de la cumbre del ALCA se encontraban en un perímetro fuertemente custodiado por matones de los servicios privados de seguridad. Estos servicios de seguridad fueron pagados con dineros de los contribuyentes. “En lugar de marchar hacia el vallado del perímetro y la Cumbre de las reuniones de las Américas, organizadores de la marcha eligieron una ruta para marchar desde la Cumbre de los Pueblos a través de zonas residenciales en gran parte vacías y hacia el estacionamiento de un estadio en una zona libre a varios kilómetros de distancia“. Henri Massé, el presidente de la Federación des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), se disculpó así: “Lamento que estamos tan lejos del centro de la ciudad …. Pero era una cuestión de seguridad“.

Los líderes de las ONG versus sus Compatriotas

El establecimiento del Foro Social Mundial (FSM) en 2001 fue, sin duda, un hito histórico que reunió a decenas de miles de activistas comprometidos. Era un lugar importante que permitió el intercambio de ideas y el establecimiento de lazos de solidaridad. Lo que está en juego es el papel ambivalente de los líderes de las organizaciones progresistas. Su íntima relación con los círculos internos de poder, el financiamiento por parte de empresas y el gobierno, los organismos de ayuda, el Banco Mundial, etc, socava sus relaciones y responsabilidades para con sus bases. El objetivo de la “disidencia fabricada” es precisamente eso: mantener a los líderes a distancia de sus bases como un medio eficaz para silenciar y debilitar las acciones populares. La mayoría de las organizaciones de base que participan en el Foro Social Mundial, incluyendo campesinos, trabajadores y organizaciones estudiantiles, firmemente comprometidas con la lucha contra el neoliberalismo no estaban conscientes de la relación del Consejo Internacional del FSM al financiamiento corporativo, negociado a sus espaldas por un puñado de líderes de ONG’s vinculadas a oficiales y agencias privadas de financiamiento. El financiamiento de las organizaciones progresistas no es incondicional. Su objetivo es “pacificar” y manipular el movimiento de protesta. Condiciones precisas son establecidas por los organismos de financiamiento. Si no se cumplen, los desembolsos son descontinuados.

El FSM se define como “un espacio abierto de encuentro para la reflexión, el debate democrático de ideas, formulación de propuestas, el libre intercambio de experiencias y la interconexión de acciones eficaces por parte de grupos y movimientos de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capitalismo corporativo y cualquier forma de imperialismo, y estamos comprometidos a construir una sociedad centrada en la persona humana“. (Véase el Foro Social Mundial, consultado el 2010).

El FSM es un mosaico de iniciativas individuales que no amenazan directamente o desafían la legitimidad del capitalismo global y sus instituciones. Se reúne anualmente. Se caracteriza por una multitud de sesiones y talleres. En este sentido, una de las características del FSM era mantener el modelo “hágalo usted mismo”, típico de los donantes que financian Cumbres del G-7 contra del Pueblo desde la década de 1990.

Esta estructura aparentemente desorganizada se presentó y se usa deliberadamente. Al tiempo que favorece el debate sobre una serie de temas, el marco del FSM no es propicio para la articulación de una plataforma coherente común y un plan de acción dirigido a acabar con el capitalismo global. Por otra parte, la guerra iniciada por los EE.UU. en el Oriente Medio y Asia Central, que estalló pocos meses después de la inauguración de la sede del FSM en Porto Alegre en enero de 2001, no ha sido un tema central en las discusiones del foro. Lo que prevalece es una red extensa y compleja de organizaciones. Las organizaciones de base en los países en desarrollo no son conscientes de que sus ONG’s asociadas en los Estados Unidos o la Unión Europea, que les proporcionan apoyo financiero, son financiadas por grandes fundaciones.

El dinero establece restricciones en las acciones de esos movimientos populares. Muchos de estos líderes de ONG’s son personas comprometidas y bien intencionadas que actúan dentro de un marco que establece los límites de la disidencia. Los líderes de estos movimientos son a menudo co-optados, sin siquiera darse cuenta de que, como resultado del financiamiento de las empresas ellos quedan con las manos atadas.

El Capitalismo Global financia el movimiento anti-capitalista: una relación absurda y contradictoria.

“Otro mundo es posible”, pero no puede ser alcanzado de manera significativa en el marco del presente acuerdo. Una reorganización del Foro Social Mundial, de su estructura organizativa, sus mecanismos de financiación y el liderazgo es necesario. No puede haber ningún movimiento de masas que tenga sentido cuando la disidencia es generosamente financiada por los mismos intereses corporativos que tienen como objetivo limitar y eliminar el movimiento de protesta. En las palabras de McGeorge Bundy, presidente de la Fundación Ford (1966-1979), “Todo lo que la Fundación Ford hace se podría considerar como mecanismos para hacer el mundo seguro para el capitalismo corporativo”.

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Versión en Español:  Luis R. Miranda 

Publicado en www.real-agenda.com el 23 de septiembre de 2010

The original source of this article is Global Research

Copyright © Prof Michel Chossudovsky, Global Research, 2010

 


 

 


 

 

 

 

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