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HOJA DEL LUNES: Un Mesías sedicioso. Jueces, Franquismo y Populismo Neoliberal

 

[1] Gobierno de fariseos

Por Elisa Beni

Articulo publicado el 31 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Gobierno-fariseos_6_755984405.html

Quizá a los ministros les interesa más mezclarse con armas, cánticos y respaldar esa insultante mezcla de patrioterismo caduco que obtener una verdadera enseñanza que, este año más que nunca, les hubiera hecho falta

 

Rafael Catalá, José Ignacio Zoido e Iñigo Méndez de Vigo en el traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas EFE/CARLOS DÍAZ

Cuatro ministros del Gobierno cantando a voz en grito cuplés militarizados. Una foto buscada para refregar la impresión del triunfo de una única España sobre otra. Un Gobierno de hipócritas fariseos temblando de falsa emoción con algo que o no conocen o no comprenden. Dándose golpes de pecho en la conmemoración de una de las más claras manifestaciones del triunfo de la mal llamada razón de Estado, y de las mentiras de los que pretendían conservar el poder e imponer su visión de las cosas, sobre la verdadera Justicia. ¡Ah, sepulcros blanqueados! Quizá les interesa más mezclarse con armas, cánticos y respaldar esa insultante mezcla de patrioterismo caduco que obtener una verdadera enseñanza que, este año más que nunca, les hubiera hecho falta. Sabido es que el sentido histórico de procesiones, autos sacramentales y otras representaciones era ilustrar con estas lecciones al pueblo iletrado, que no podía obtenerlas directamente de la lectura de los textos sagrados. Hoy son los letrados los que hacen caso omiso.

No hace falta creer en la divinidad del ciudadano Jesús, ni admitir siquiera su existencia histórica real, para comprender cómo en su historia se sintetiza todo aquello que la Justicia no debería ser jamás con tan gran actualidad que muchas de las vulneraciones que acabaron con su ejecución se repiten ante nuestros ojos contemporáneos sin que se inmuten la mayoría de los que anegan con lágrimas de cocodrilo sus ojos ante su conmemoración.

Pudieron optar por someter su proceso a la autoridad política o por someter al reo a un segundo proceso bajo la jurisdicción romana y eligieron esto último. Así, Jesus de Nazaret fue juzgado nuevamente en un nuevo procedimiento, a cargo de los creadores del derecho que aún nos inspira, en el que triunfaron muchos de los despropósitos antijurídicos que estos días nos amenazan aún en pleno siglo XXI en España.

El sanedrín sabe que los romanos no van a entrar en una cuestión de acusaciones teológicas y religiosas sobre la fe local. Si algo aprendieron los romanos es que daba exactamente igual a que dios adorara cada uno. Así que tuvieron que hacer trampas y marcar la casilla del delito político para conseguir que el Procurador Romano, el máximo magistrado, aceptara su jurisdicción. Así Jesús pasó de blasfemo a sedicioso y rebelde. De ser un individuo peligroso para los intereses de la casta sacerdotal, a individuo peligrosos para el Estado. Ante los romanos Jesús aparece imputado de levantar sediciosamente al pueblo, de ser un nacionalista judío que invita a la desobediencia civil propugnando que dejen de pagarse los tributos al pueblo que sojuzga al suyo. Un nacionalista que encabeza una rebelión. Ante un delito así, Pilatos no puede negar su jurisdicción. Se trata de graves imputaciones:  “crimen de laesae maiestatis”, el más grave crimen desde la Ley Julia;  de un “crimen soladiciorum”, consistente en la organización de asociaciones para fines ilícitos; un “crimen receptatorum” o de encubrimiento y complicidad y una “seditio”, delito público de tumultos y de promoverlos.

Por mucho que Pilatos lo considerara inocente no podía negarse a examinar acusaciones tan graves, aunque lo intentó. No viéndolo culpable los miembros del Sanedrín clamaron: ¡si libras a este no eres amigo del César! . La misma demagogia falta de lógica que contemplamos en nuestros días: si no les ves culpables de rebelión te alineas con el independentismo y devienes inconstitucional y defensor de delincuentes. En ambos casos es de una lógica espuria pero siempre, siempre, suscita una gran adhesión de las multitudes y un miedo exacerbado de la gente a moverse de esa raya. Pilatos también lo tuvo. Su carrera no se iba a sustanciar en Judea. Ascensos, promociones, premios y regalías habrían de venir de Roma y la mera sospecha de alinearse con los enemigos de Roma era un peligro. ¡Que humano a pesar del paso del tiempo! Así que como un total incompetente, sobrepasado por el tumulto, la muchedumbre, se rindió a las coacciones de la masa que pedía una condena injusta pero que lo hacía a gritos y de forma mayoritaria. Sucedió, sucede y sucederá así. Las masas, los gritos, las peticiones de penas injustas, desproporcionadas e inhumanas, exigirán siempre un tributo que dirigentes cobardes estarán dispuestos a darles.

Pilatos conculcó la legalidad vigente, que debía defender, al aceptar la condena de alguien cuya conducta no vulneraba ningún ilícito penal existente y, por último, Pilatos prevaricó proclamando tres veces la inocencia de Jesús y condenándolo tras ello a una pena capital a sabiendas de su injusticia.

El proceso a Jesús fue la victoria de la violencia del Estado sobre la Ley y de la injusticia sobre el Derecho.

¡Staurotheto! (¡Que lo crucifiquen! ¡Que los crucifiquen!)

 

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SUMARIO ( Del lunes 26-3-18 al domingo 1-4-18):

1.- Gobierno de fariseos, por Elisa Beni 

2.- Puigdemont, la resurrección de Rajoy, por Fernando López Agudín

3.- De necesidad virtud, por Javier  Pérez Royo

4.-Schiller y Puigdemont, por Anibal Malvar

5.- Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta del dictador Francisco Franco, ha solicitado al Ministerio de Justicia recibir por sucesión el título de Duquesa de Franco con Grandeza de España que ostentaba su madre – BOE

6.- Dejemos de fingir que Facebook es una diversión inofensiva, por Ellie Mae O’Hagan 

7.- Defensa oculta el nombre de la empresa a la que pretende vender un terreno por 12 millones de euros, por  Laura Galaup

8.- El catedrático que avaló a Cifuentes dirigió las tesis doctorales de las tres profesoras que firman el acta de su trabajo, por  Fátima Caballero

9.- La detención de Puigdemont sepulta la creación de una república catalana desde Bruselas y dispara la tensión en la calle, por  Neus Tomàs

10.- Los agentes forestales denuncian a la Xunta por no facilitarles el material necesario para prevenir e investigar los incendios, por  Juan Oliver

11.- Suiza desmiente que se haya comunicado con España por el caso de Anna Gabriel, por Público

12.- Se impone la razón de Estado, necesitamos razón democrática, por José Antonio Pérez Tapias

13.- ¿Rebelión, sedición o fracaso político?, por Francisco Javiier Álvarez García

14.- Alemania considera que el conflicto catalán debe resolverse “en base al derecho español” – La Vanguardia

15.- La detención de Puigdemont divide a la prensa alemana – La Vanguardia

16.- El rescate de las hidroeléctricas supera el veto del Gobierno, por Eduardo Bayona

17.- Baja participación en la consulta de Podemos para decidir cómo concurrir en las elecciones de 2019 –  Europa Press

18.- El Ministerio de Sanidad ficha a una alto cargo de Feijóo imputada por homicidio al retrasar fármacos de la hepatitis, por José Precedo

19.- Ni rastro de Ítaca en el horizonte, y el puerto de salida de la nave destrozado, por Arsenio Escolar

20.- El escándalo de Cambridge Analytica pone contra las cuerdas a algunos miembros del Gobierno británico – The Guardian

21.- La ONU admite la demanda de Puigdemont contra España, por Oriol Solé Altimira

22.-  El auto de la juez que interrogó a Puigdemont recoge que podría ser “denegada” la extradición, por María Laura Aráoz y María Prieto

23.- Alemania debate si hubo violencia ante la posible extradición de Puigdemont – La Vanguardia

24.- La cuenta de Twitter de la Fundación Franco: bloqueada en Alemania, visible en España – eldiario.es

25.- El PPCV recibió documentación “anónima” en 2016 que llevó a la Policía y anuncia que se personará en la causa, por La Vanguardia

26.- Un juzgado investiga la financiación del PSPV-PSOE y Bloc en la campaña de 2007, por Juan Nieto 

27.- Ciudadanos y Podemos piden al Gobierno conceder más indultos, por Raúl Piña

28.- ENTREVISTA A EVGENY MOROZOV: “Más protección de datos no es suficiente para frenar el poder de Facebook o Google”, por Pablo Romero

29.- Privacidad: Guía para entender qué es GDPR, por David Bollero

30.- Cifuentes: de anécdota a categoría, por Javier Pérez Royo

31.- ENTREVISTA  Raquel Rolnik, relatora de la ONU para la Vivienda:”El Gobierno español ha provocado la financiarización de la vivienda y la burbuja del alquiler”, por Sergi Pitarch

32.- Cuarenta días después, el juez prorroga la prisión provisional para seis personas por un intento de ocupación en Sevilla, por Javier Ramajo

33.- El juez o la jungla, por Pascual Serrano 

34.- La acusación pone en duda la actuación de la Fiscalía al solicitar el archivo de la senadora Barreiro, por Carlota Guindal

35.- Jueces y fiscales inician sus acciones de protesta sin avances en las negociaciones con el Ministerio, por Marcos Pinheiro

36.- Castilla y León contrata a dedo a la empresa de dos imputados por ayudar a Rato a defraudar con sus conferencias, por Antonio M. Vélez 

37.- En fraude de ley, por Javier Pérez royo 

38.- La ONU ordena paralizar el desahucio de una familia que ocupa un piso de un banco, por Laura Galaup

39.- Primer acuerdo entre Podemos y el Gobierno, por Alberto Carvajal

40.- Fernando Suárez: “Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la Corona”, por Emilia Landaluce

 

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El abrazo de Vergara

 

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[2] Puigdemont, la resurrección de Rajoy

Por Fernando López Agudín

http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/03/25/puigdemont-la-resurreccion-de-rajoy/

 

El domingo de Ramos no ha existido para Rajoy. Coincidiendo con el cambio de horario, la Moncloa ha adelantado el calendario de la Semana Santa para celebrar ayer el domingo de Resurrección del presidente del Gobierno. En apenas unas setenta y dos horas, las que van desde el viernes de Dolores a este Domingo de Ramos, Mariano Rajoy ha logrado que Jordi Turull y Carles Puigdemont se hayan visto obligados a entrar en una prisión española, el primero, y luego en una prisión alemana, el segundo. Le toca, pues, a sus adversarios entrar en una larga semana de pasión política.

La detención de Puigdemont es obra del CNI. Quien hoy lo dirige, el teniente general Félix Sánz, despacha con la misma vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en las últimas recientes elecciones catalanas se jactaba mucho antes de tiempo de haber descabezado todo el movimiento soberanista nucleado en torno a la Generalitat. La Policía alemana se limitó a actuar una vez que fue avisada por los servicios de inteligencia españoles. Todos estos datos están en casi todos los medios de comunicación. El mérito de esta detención corresponde al propio Mariano Rajoy que ha supervisado, coordinado y dirigido desde la Moncloa.

La secuencia de la captura de Puigdemont es clara. Rajoy apela al Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena demanda su detención y el CNI procede rapido para que la policía de Alemania lo ponga a disposición del juez alemán que deberá decidir su extradición. No tiene sentido alguno pensar que tanto el aparato judicial como el policial del Estado van a su aire, e incluso contra la orientación estatal. Máxime en cuestiones de Estado como la que comentamos. Desde el 3 de octubre, mensaje de Felipe VI, no cabe duda alguna sobre la postura del Rey y del presidente del Gobierno.

Se entiende la desazón de Albert Rivera, que viene combatiendo al soberanismo catalán desde 2006, o la incomodidad de Pedro Sánchez, desenfocado desde las inteligentes reflexiones de Felipe González sobre la necesidad de que los políticos no se cubran con las togas o las puñetas; pero Rajoy se ha atrevido a hacer lo que Rivera proponía con la ayuda sumisa de Sánchez. Así, Ciudadanos seguirá de Cirineo del Partido Popular y el PSOE de costalero de la procesión del 155. Nadie lo sabe mejor que el PNV, el mejor equipo político de todas las siglas españolas, a juzgar por su lucidez analítica.

El mejor regalo para celebrar este éxito de Rajoy se lo va ofrecer la Merkel sirviéndole en bandeja la cabeza de Puigdemont. Pese a las protestas de Die Linke, no cabe esperar que tras haber interceptado el coche del líder catalán, gracias al aviso del CNI, Berlín vaya a rechazar la extradición a España. Los alemanes le hubieran dejado viajar desde la frontera danesa a la belga, de tener alguna duda sobre su entrega a Madrid.  Sin atentar para nada contra la separación de poderes, la justicia alemana sabrá, al igual que la policía, cumplir con su deber.

Contra lo que pensaba Marx, hay situaciones históricas que se repiten sin que se repitan en forma de farsa. Puigdemont repite doblemente a Companys, sin que quepa establecer analogía alguna sobre ambos presidentes de la Generalitat. En 1934, la República metió en prisión a Companys; en 2008, la Monarquía de Felipe VI acaba también de ingresar a Puigdemont. En 1940, los alemanes entregaron a Franco la cabeza de Luis Companys; en 2008, los alemanes entregarán a Rajoy la cabeza de Carles Puigdemont. Será, ya lo es, el mejor cartel electoral del Partido Popular en una España barrida por el peor nacionalismo español. No es ninguna caricatura, lamentablemente, sino la reedición del mismo drama histórico.

 

[3] De necesidad virtud

Por Javier Pérez Royo

Articulo publicado el 25/03/2018 en:

https://www.eldiario.es/zonacritica/necesidad-virtud_6_753884618.html

 

Resulta irónico que sea del sentido de Estado del nacionalismo catalán del que dependa la continuidad de la democracia española 

 
Carles Puigdemont en Bruselas

Con la detención de Carles Puigdemont en Alemania van a ser jueces y tribunales de cuatro países europeos los que van a tener que pronunciarse sobre la eurorden dictada por el Juez Pablo Llanera. Si inicialmente era la judicatura belga exclusivamente la que tendría que haber tomado una decisión, en este momento, además de la belga, tendrán que intervenir las judicaturas alemana, escocesa y suiza. La incorporación de la justicia alemana no significa, en principio, nada más que eso. Todos los políticos nacionalistas exiliados iban a tener que comparecer ante un juez belga, escocés o suizo. Ahora, además, uno de ellos lo va a tener que hacer ante un juez alemán.

Cada uno de estos países tiene un ordenamiento jurídico distinto, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal, además de tradiciones jurídicas diferentes en un terreno tan proceloso jurídicamente como el que tienen delante de si.

Quiero decir con ello que, en este momento, de lo único que podemos estar seguros es de que se va a entrar en una batalla procesal de duración incierta, pero que consumirá, en todo caso, varios meses.

La intervención del poder judicial de cuatro países diferentes es, en principio, positiva. Si todos ellos consideran que la eurorden cursada por el juez español está justificada, no podrá haber la más mínima sombra de duda acerca de la misma, independientemente de la opinión personal que se tenga sobre ella. Las reglas del juego son las reglas del juego y hay intérpretes de las mismas con autoridad reconocida en el universo jurídico en el que España está integrada.

Jurídicamente no se puede decir prácticamente nada más. En los próximos días y semanas, en función de lo que vaya sucediendo, podremos ir teniendo una idea más precisa de lo que pueda ser el final de los diversos procesos, aunque, como siempre ocurre en estos asuntos,  habrá que esperar hasta que se pronuncie la más alta instancia judicial competente en cada país.

Pero políticamente, este nuevo capítulo judicial viene a añadir un elemento de complejidad adicional a una situación ya muy compleja. Es obvio que los partidos nacionalistas, que son los únicos que pueden formar gobierno con los resultados del 21-D, van a tener que consumir mucha energía en el frente judicial que se ha abierto y no se van a encontrar en las mejores condiciones anímicas para centrarse en lo que tendrían que centrarse, que no es otra cosa que la formación del Gobierno.

Es posible que ocurra lo contrario y que los partidos nacionalistas consideren que, precisamente porque la situación está tan complicada, no se puede perder más tiempo en formar gobierno y en crear las condiciones para que dejen de estar en vigor las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 CE. Sería deseable que así fuera, pero la trayectoria de la política catalana y española de los últimos años no permite ser demasiado optimistas. Hasta el momento todo lo que se ha podido torcer, se ha torcido. En ningún momento se ha avanzado ni un milímetro en la dirección de una respuesta razonable para el conflicto.

En todo caso, los dos meses para la disolución automática del Parlament si no hay investidura ya están corriendo y, en consecuencia, el margen del que se dispone es mínimo. La repetición de elecciones no es, en mi opinión, una opción tan posible jurídicamente como imposible en términos políticos. Supondría el fin definitivo del ejercicio del derecho a la autonomía tal como se ha ejercido desde 1980. Si las elecciones del 21-D estuvieron viciadas de raíz por las querellas ante el Tribunal Supremo, ¿qué habría que decir de las elecciones del próximo 15 de julio?

Hay que cruzar  los dedos y esperar que el nacionalismo haga de necesidad virtud y sea capaz de sobreponerse a una situación tan adversa. De lo contrario, habrá que prepararse para el fin definitivo de la Constitución Territorial de 1978, lo que es lo mismo que decir el fin definitivo del sistema político articulado con base en dicha Constitución.

Resulta irónico que sea del sentido de Estado del nacionalismo catalán del que dependa la continuidad de la democracia española.

 

[4] Schiller y Puigdemont

Por Aníbal Malvar

http://blogs.publico.es/rosa-espinas/2018/03/28/schiller-y-puigdemont/

 

De todos es sabido que los alemanes son más dados a la épica que a la lírica, por mucho que Schiller intentara embellecer su racionalismo con baladas. Por eso sorprende tanto que la casi totalidad de nuestros opinadores estén poniendo el acento en la falta de épica que ha tenido la detención allí de Carles Puigdemont. “¡En una gasolinera!”, se alborozan los tertulianos. Y la pena es que en las gasolineras alemanas no se vendan casetes de El Fary, pues ya hubiera sido fabuloso para el españolismo centralista haber cogido al president a la fuga comprando Soy gitanito.

“Puigdemont fue detenido sin épica en una gasolinera”, se jactan dando más realce al cómo que al qué, al sabor que al valor nutricional, a la forma que al fondo, como si el olor a gasofa ya putrefaccionara definitivamente cualquier atisbo de dignidad del político nacionalista. Había que desfolclorizar a Puigdemont, y nada mejor que pillarlo con la manguera en la mano echando gasóleo A a su jaca perseguida. Está claro que la coordinación de la operación policial corrió a cargo de los espías españoles, que a lo mejor no espían muy bien, pero saben que la estética es la que toca el alma de los carpetovetones, raza que no se hubiera contentado con detener a secas al catalán, sino que prefiere ese añadido de vulgaridad que ya permite despreciar el pensamiento y las razones que puedan adornar el discurso nacionalista. El separatismo catalán no hubiera sufrido tan grave golpe si a Puigdemont lo hubieran esposado en un ateneo o cruzando Los Alpes subido a un elefante. Pobre Schiller y su educación estética del hombre. Nunca será best-seller en España.

Este empeño de ridiculizar al adversario, de gasolinerarlo, es el que lleva un lustro sin entender ni querer entender lo que sucede en Catalunya, tres per cents a parte, y de ahí que mucha gente se crea que este golpe antiestético al procés es el fin del procés, que ya no se va a atrever a salir más a la calle echando ese pestazo a carburante. Nos han pillado una vez más mirando al dedo y obviando la belleza de la luna, lo que no quiere decir que en el procés haya de habitar  belleza alguna, y menos con complicidades lunáticas stricto sensu.

El caso es que nos hemos quedado en el diseño de la escena, sin importarnos lo que significa la escena misma. O eso nos quieren hacer tragar. Hasta ahora, a Puigdemont le habían afeado mucho el peinado, como si la estética capilar permitiera despreciar sin más pérdida de tiempo lo que hay debajo de la queratina. Ahora, además, el españolismo rampante blande el arma risueña del recendo a gasolina. El nivelazo es incuestionable.

Incluso se llegaron a parodiar como defecto imperdonable las habilidades políglotas del rebelde catalán, pues de todos es sabido que el conocimiento de otras lenguas es causa de risa y desprecio de los españoles de bien, que son muy y mucho más españoles si apenas saben balbucear su propio idioma. Una de las bases del patriotismo español es la exaltación de la propia ignorancia, de ahí que su mayor exponente sea el ejército, esa negación armada de toda poesía.

Con tan sólidos argumentos, es normal que la gente obvie la trascendencia que pueda tener la irrupción de Alemania en el asunto. De sus jueces y sus medios de comunicación, algunos de los cuales, y no minoritarios, ya han acusado a su propio gobierno de aliarse con los perseguidores de la libertad de ideas: más de uno ha hablado de Puigdemont como “preso político”. Y, sinceramente, no creo haber visto ninguna alusión jocosa al hecho de que la detención se haya producido en una estación de servicio. Schiller otra vez, o sea.

 

[5] CARMEN MARTÍNEZ-BORDIÚ FRANCO, NIETA DEL DICTADOR FRANCISCO FRANCO, HA SOLICITADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA RECIBIR POR SUCESIÓN EL TÍTULO DE DUQUESA DE FRANCO CON GRANDEZA DE ESPAÑA QUE OSTENTABA SU MADRE

 

 

 

[6] Dejemos de fingir que Facebook es una diversión inofensiva

Por Ellie Mae O´Hagan

The Guardian

Articulo publicado el 25 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/theguardian/Dejemos-fingir-Facebook-diversion-inofensiva_0_752075620.html

Traducido por Emma Reverter

 

Desde su postura respecto al contenido extremista a su inmensa acumulación de datos, Facebook es una empresa que, de una vez por todas, debe ser controlada

 
Zuckerberg en el Mobile World Congress 2016

[7] Defensa oculta el nombre de la empresa a la que pretende vender un terreno por 12 millones de euros

Por Laura Galaup 

Articulo publicado el 25 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/Defensa-Parque_Artilleria-Burgos_0_753125592.html

 

El Ministerio no aporta el nombre a pesar de que la compañía ya ha abonado el 5% del precio total y se ha comenzado a tramitar el expediente para la venta

El pliego de condiciones recoge la construcción de entre 241 y 337 viviendas en el Parque y Talleres de Artillería de Burgos de 48.000 metros cuadrados 

El Ayuntamiento de Burgos asegura que se ha adjudicado a una constructora de pisos y Unidos Podemos critica que se “especule” con ese suelo 

 
La ministra de Defensa en una imagen de archivo
 
 

[8] El catedrático que avaló a Cifuentes dirigió las tesis doctorales de las tres profesoras que firman el acta de su trabajo

Por Fátima Caballero

Articulo publicado el 25 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/catedratico-Cifuentes-profesoras-acta-ilegal-TFM_0_753124920.html

 

Las tres profesoras que firman esa supuesta acta de la presentación del trabajo de fin de máster, sin sello y sin fecha de registro, forman parte del estrecho círculo de Enrique Álvarez Conde: el teórico director del máster

Este diario ha intentado ponerse en contacto con las tres profesoras, que guardan silencio después de que el rector de la universidad diera a conocer sus nombres

Aparte de dirigir sus tesis doctorales, estas docentes también están con Álvarez Conde en el Instituto de Derecho de la URJC que le permite un nivel de autonomía, dentro de la Universidad, mayor que cualquier otro departamento

   
Enrique Álvarez Conde con Alicia López de los Mozos.  TWITTER INSTITUTO DEL DERECHO
 

Los nombres de estas tres docentes se hicieron públicos hace cinco días y el rector llegó a afirmar que las profesoras le habían confesado haber evaluado a Cifuentes. Sin embargo, pese a los esfuerzos que ha hecho este periódico para ponerse en contacto con las firmantes del acta, guardan silencio absoluto y no han querido responder a ningún medio ni explicar las muchas irregularidades que rodean este polémico máster. Tampoco aparece ni el registro telemático de entrada del TFM de la presidenta autonómica, ni el propio trabajo. “Guardo en una carpeta del ordenador todos los trabajos fin de máster y grado en los que he estado como parte de un tribunal”, asegura a este diario un profesor de la Carlos III. “Cuando evalúas la exposición de un trabajo como miembro del tribunal previamente has de leer el trabajo de ahí que se requiera una entrada telemática del mismo”, apunta otro.

La Rey Juan Carlos: un acuerdo entre el PP e IUCM

Para entender cómo llegan estas tres profesoras a la URJC hay que remontarse a los inicios de la institución. La universidad nace gracias al impulso del Partido Popular pero también al apoyo de la antigua federación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM) de José Antonio Moral Santín, hoy condenado por las tarjetas Black, en un acuerdo similar al que llevó a Miguel Blesa a presidir Caja Madrid.

El PP quería su universidad madrileña como el PSOE, que había fundado la Carlos III. Para ello se apoyó en Izquierda Unida y en Moral Santín, emulando muchos otros pactos entre ambos partidos en esos años, en la segunda mitad de los noventa. Moral Santín presidió Telemadrid en los 90 y fue vicepresidente de Caja Madrid durante diez años. Fuentes de Izquierda Unida recuerdan que su nombre incluso sonó para ser el primer rector de la URJC cuando se estaba fraguando su creación. La Universidad se puso en marcha en 1996.

Luis García Montero durante la campaña de las autonómicas de 2015 A su derecha, Cecilia Rosado Villaverde EFE

 

Del entorno de IUCM, y con el apoyo de Enrique Álvarez Conde, llega a la URJC Cecilia Rosado Villaverde, que es, a su vez, sobrina de Santiago Rosado Pacheco, catedrático de derecho administrativo en la URJC. La profesora, que figura como secretaria del supuesto tribunal que evaluó el TFM de Cifuentes, es también la supuesta directora del máster según la propia universidad desde 2009 antes de obtener el doctorado en abril 2010 bajo el título ‘Las declaraciones de derechos en los estatutos de autonomía’.

El vínculo de Cecilia Rosado con IUCM es de sobra conocido en el partido. La doctora formó parte de las listas de la candidatura de Luis García Montero a la Comunidad de Madrid. La candidatura contó con el respaldo del ahora coordinador federal, Alberto Garzón, a diferencia de la de Raquel López para la capital. La dirección acabó expulsando a todo lo que quedaba IUCM por el escándalo de las black y creó una nueva organización en Madrid, IU Madrid. En el twitter de la profesora de la URJC hay numerosas fotografías de actos del poeta en las que se declara “orgullosa de mi organización IUCM, defendiendo los valores de la izquierda”.

En el entorno de IUCM también se conoce a Clara Souto Galván, la vocal del supuesto tribunal que examinó a Cifuentes. Aunque hay otro vínculo más de esta profesora miembro del Observatorio de Igualdad de la URJC, tema en el que se ha especializado, con la universidad. Es hija de José Antonio Souto Paz, catedrático de derecho canónico y primer alcalde democrático de Santiago de Compostela tras la dictadura por UCD. Souto Paz, fallecido en septiembre de 2017, figura como titular de varios trabajos de investigación en la URJC en los que también están sus tres hijas: Clara Souto, Esther Souto y Beatriz Souto, investigaciones en las que también aparece Enrique Álvarez Conde, Cecilia Rosado y Alicia López. Clara Souto obtuvo el doctorado con su tesis ‘Principios de Igualdad. Transversalidad de género’, que dirigió Álvarez Conde, en mayo de 2011.

 

Captura del perfil de la URJC de Clara Souto Galván
 
 
Finalmente, Alicia López de los Mozos figura en el acta presentada por Cifuentes como la presidenta del tribunal que evaluó a la presidenta madrileña. Es doctora desde mayo de 2008 cuando presenta su tesis ‘La Directiva Comunitaria y el Sistema de fuentes del derecho’, bajo la dirección de Enrique Álvarez Conde. La profesora, con plaza desde enero de este año, también es secretaria del Instituto de Derecho Público de la URJC que Álvarez Conde preside. Rastreando en su currículum, destacan varias conferencias en FAES, fundación del expresidente del Gobierno José María Aznar, una de ellas en 2007 junto al propio Álvarez Conde.
 
 
 
 
[9]La detención de Puigdemont sepulta la creación de una república catalana desde Bruselas y dispara la tensión en la calle

 

Por Neus Tomás

Articulo publicado el 25 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/detencion-Puigdemont-proyecto-republica-Bruselas_0_753824940.html

 

El president cesado pasará este lunes a disposición judicial aunque la decisión sobre su extradición puede alargarse hasta tres meses

Partidos y entidades independentistas llaman a la movilización pero insisten en pedir calma y niegan que quieran una huelga general

Dirigentes de JxCat y la CUP proponen pasar a la ofensiva e investir a Puigdemont mientras que ERC aboga por un gobierno de concentración

 
 
Manifestación de Òmniun y la ANC por la detención de Puigdemont
 
 
XUNTA DE GALICIA

[10]Los agentes forestales denuncian a la Xunta por no facilitarles el material necesario para prevenir e investigar los incendios

Por Juan Oliver

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/sociedad/xunta-galicia-agentes-forestales-denuncian-xunta-no-facilitarles-material-necesario-prevenir-e-investigar-incendios.html

 

Hacen jornadas de doce horas en solitario, sufragan de su bolsillo las cámaras de fototrampeo, no les renuevan la ropa de abrigo hace una década y los todoterrenos tienen más de medio millón de kilómetros o más de quince años de antigüedad

 

Remache en la carrocería de uno de los todoterrenos utilizados por agentes forestales. / Juan Oliver
 

Los agentes forestales de Galicia, el cuerpo de técnicos medioambientales especializado en el cuidado de los montes y al que pertenecen las brigadas de investigación de incendios forestales, ha denunciado a la Xunta ante la Inspección de Trabajo por incumplir la legislación en materia de riesgos laborales. Los sindicatos con representación en el colectivo acusan al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de mantener un parque de vehículos en mal estado que pone en peligro su seguridad y el desarrollo de su trabajo, por obligarlos a realizar jornadas excesivas y por no dotarles del equipamiento adecuado para ejercer sus funciones.

Según aseguran los portavoces de Comisiones Obreras (CCOO), los todoterreno que les asignan tienen más de medio millón de kilómetros o más de 15 años de antigüedad, no tienen señalización de vehículo prioritario y están en condiciones lamentables: chasis soldados, asientos rotos, sin aire acondicionado ni climatización, con remaches en la carrocería, sin manos libres, sucios y sin ofrecer las más elementales condiciones de higiene y seguridad, etcétera. En algunos de los coches la chapa está tan rota y desgastada que si llueve fuera, también llueve dentro.

Los agentes forestales trabajan para la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que dirige Beatriz Mato, y para la Consellería do Medio Rural, a cuya cabeza está Ángeles Vázquez. Según los trabajadores, “es una constante” por parte de ambos departamentos “el abandono de su personal”, ya que la no renovación del parque de vehículos se extiende a algo tan básico como la ropa de trabajo. Especialmente la de abrigo, cuya última entrega fue en el año 2008, uno antes de que Feijóo accediera a la Xunta. “[Los agentes] llevan diez años sin prendas que garanticen la debida protección a pesar de que están expuestos a condiciones climatológicas adversas y, así como tienen que comprar su propio material, también se ven obligados a comprar la ropa”. 

Todoterreno utilizado. / J. Oliver
 

La Xunta conoce la situación no sólo por las reiteradas reclamaciones del colectivo, sino porque la Inspección de Trabajo ya la advirtió en abril del año pasado, a raíz de una denuncia presentada en octubre del 2016, de que estaba incumpliendo las normas de seguridad laboral. Pero no ha hecho nada. “La Xunta debería dar ejemplo cumpliendo la ley en vez de actuar como una empresa pirata”, asegura CCOO.

El asunto incluso se debatió este mismo año en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento de Galicia para esclarecer los incendios forestales del otoño pasado, en la que los agentes explicaron que incluso tuvieron que comprar de su bolsillo material como las cámaras de fototrampeo, los dispositivos que se instalan en el monte para obtener imágenes automáticamente y que son una herramienta fundamental en la prevención, la extinción y la investigación de los incendios. “La Xunta debe considerar innecesario ese trabajo ya que no dota de material ni de personal a las brigadas de investigación”, añaden.

Los trabajadores también denuncian que la Dirección Xeral da Función Pública, que depende del vicepresidente y Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, mantiene bloqueadas las negociaciones de un nuevo acuerdo laboral. El marco vigente obliga a los agentes a realizad jornadas de más de doce horas de presencia física en solitario en los montes.

 

[11] Suiza desmiente que se haya comunicado con España por el caso de Anna Gabriel

Por Redacción Público

Articulo publicado el 28 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/politica/suiza-desmiente-comunicado-espana-caso-anna-gabriel.html

 

El diario ‘El Español’ aseguró este miércoles que la Oficina Federal de Justicia suiza había comunicado a las autoridades españolas su negativa a extraditar a la dirigente independentista.

 

Anna Gabriel en Ginebra. EFE

La Oficina Federal de Justicia suiza ha asegurado a la agencia Efe que no ha transmitido ninguna información a las autoridades de España en relación a la dirigente independentista catalana, Anna Gabriel, quien se ha exiliado en Suiza, contrariamente a lo que había publicado este miércoles el diario El Español.

“No hemos transmitido información a las autoridades españolas sobre Anna Gabriel, contrariamente a lo que pretenden algunos medios españoles”, dijo el portavoz de la entidad, Folco Galli.

Recordó, además, que no hay una orden de detención internacional contra la líder de la CUP.

En ese sentido, Galli hizo referencia a una información del Tribunal Supremo, del pasado día 23, que indicaba -agregó- “que en el caso de Anna Gabriel no se cursa orden internacional ni europea de detención, a diferencia de los otros encausados procesados por rebelión y malversación”.

Según publicó el citado diario en la mañana de este miércoles, la comunicación oficial de un país a otro se produjo ayer, cuando las autoridades suizas habrían rechazado también activar la alerta roja del sistema Sirene de busca y captura de personas de los países integrados en el Sistema de Información Schengen (SIS),del que Suiza forma parte.

No obstante, el Gobierno de Suiza ya dijo anteriormente que, a priori, rechazaría la petición de extradición de la exdiputada catalana por tratarse, “con toda probabilidad” de un delito político.

“Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos”, dijo el portavoz de la Oficina Federal de Justiciasuiza, Folco Galli. 

 

 

[12] Se impone la razón de Estado, necesitamos razón democrática

Por José Antonio Pérez Tapias

Articulo publicado el 25 de marzo de 2018 en: 

http://ctxt.es/es/20180321/Politica/18595/catalu%C3%B1a-investidura-independentismo-perez-tapias-democracia-1o.htm

 

La imagen del Estado español tras el 1O no se redime con la sombra de interferencias de los tribunales en la política, consecuencia de una judicialización del conflicto político que bloquea su solución
 
 
Disturbios en Barcelona la noche del 23 de marzo-ELISE GAZENGEL
 
La precipitada sucesión de los hechos que en los últimos días se han producido, a lo largo de una secuencia en la que se encabalgaba lo que sucedía en el Parlament de Catalunya, en proceso de investidura para President de la Generalitat abruptamente truncado, y lo que salía del Tribunal Supremo como autos de procesamiento de los dirigentes políticos independentistas a los que el juez Llarena, como nueva remesa de presos por motivos de su acción política, enviaba a prisión provisional, nos ha traído a todos a un punto en el que el lugar de confluencia es una democracia seriamente dañada.

Por mucho que se valore desde el punto de vista jurídico que el auto judicial que insiste en la presunta acción delictiva de los encausados en los términos de rebelión, sedición y malversación de fondos es un auto bien trabado en sus argumentos, no se disipan las razones que llevan a dudar de la solidez y justificación suficiente de los mismos. Aún menos se salvan los motivos de la acusación cuando las ciertamente ilegales actuaciones de los acusados se asimilan al golpe de Estado que el teniente coronel Tejero llevó a cabo contra la democracia española en 1981. Que el “procés” haya supuesto una grave crisis del Estado no debe hacer que se pase por alto que frente a las pistolas y ametralladoras con que los asaltantes al Congreso amedrentaron a diputados y diputadas, incluyendo disparos cuyos impactos han quedado en el techo del hemiciclo como testimonio de la barbarie golpista, en las calles y plazas de Catalunya no ha aparecido ni un tirachinas. Quienes ridiculizan las manifestaciones del independentismo bien podían tener en consideración su componente no violento en vez de abundar en el carácter de inútil performance. Al lado de tan descuidados y ofensivos comentarios están las apreciaciones de juristas con autoridad suficiente en la materia para enjuiciar lo que ahora, como antes respecto a los miembros del Govern y líderes de organizaciones independentistas ya encarcelados, se percibe como planteamiento judicial excesivo, toda vez que es discutible la calificación que se hace de los hechos –y dicha sea tal consideración sabiendo que el juez de la causa cuenta a buen seguro con la información que las fuerzas de seguridad le han proporcionado-, en especial al describirlos como rebelión en el más duro sentido del término. De hecho, el mismo juez retiró la orden de extradición por dicho supuesto delito que en su día cursó a otros Estados de la UE, temiendo que tal motivo no se sostuviera como para que la extradición tuviera lugar en razón del mismo.

“QUIENES RIDICULIZAN LAS MANIFESTACIONES DEL INDEPENDENTISMO BIEN PODÍAN TENER EN CONSIDERACIÓN SU COMPONENTE NO VIOLENTO EN VEZ DE ABUNDAR EN EL CARÁCTER DE INÚTIL PERFORMANCE”

Somos testigos en España de cómo las actuaciones del Tribunal Supremo se han ido dando en paralelo a las del Tribunal Constitucional, no exento de presiones ejercidas sobre él por parte del Gobierno del PP. Tan conocidas constataciones no han hecho sino reforzar los argumentos que llevan a concluir que, además de presiones del ejecutivo del Estado sobre el poder judicial, hemos visto y seguimos viendo una grave interferencia del mismo poder judicial –incluso desde cómo se han administrado los tiempos- en la dinámica política y, concretamente, en el poder legislativo, cual es el caso del Parlament de Catalunya. No sólo lo denuncian políticamente los partidos independentistas, sino que en sede parlamentaria se pronuncia abiertamente en tal sentido Miquel Iceta, del todo lejano a los postulados independentistas. El primer secretario del PSC –y estaría bien que le acompañaran desde el PSOE en la dirección que apuntan sus palabras- viene así a redundar en lo que en su día afirmó acerca de la desproporcionalidad de la prisión provisional decretada contra los líderes del independentismo encarcelados desde hace meses. Por más que el lenguaje sea un tanto eufemístico, hablar de desproporcionalidad cuando de actuaciones de la Justicia se trata es decir que ésta actúa injustamente.

Las posiciones cerradas que desde el Gobierno del PP y quienes les apoyan se mantienen, y los excesos que desde la Justicia se aprecian, llevan a concluir que estamos ante todo un proceder que responde a las claras a criterios de razón de Estado, la cual es asumida por un juez que subjetivamente procede desde su independencia, pero que objetivamente, visto todo, queda en la órbita de lo que desde tal razón de Estado se propugna. El caso es que tratando de salvar al Estado resulta que el Estado español no sale muy bien parado con todo ello. Si ya quedó tocada su imagen internacional con las actuaciones decididas por el ministerio del Interior el 1 de octubre, ahora dicha imagen no se redime ni mucho menos con la sombra de interferencias de los tribunales en la política, consecuencia de una judicialización del conflicto político que bloquea su solución.

“SOMOS TESTIGOS EN ESPAÑA DE CÓMO LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO SE HAN IDO DANDO EN PARALELO A LAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NO EXENTO DE PRESIONES EJERCIDAS SOBRE ÉL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL PP.”

Pero, con todo, no es lo más importante el deterioro de la imagen del Estado como Estado democrático de derecho que se muestra gravemente deficitario respecto a su definición constitucional, sino que lo grave es el deterioro mismo de la democracia en nuestro Estado. De los hechos acaecidos se desprende que en Catalunya queda como horizonte utópico lo que comúnmente se entiende como normalidad democrática, pues salta a la vista que no será fácil no sólo recomponer las fracturas sociales que los desvaríos del independentismo han provocado, sino recuperar además la confianza en las instituciones por parte de una sociedad que se ha visto conmocionada y humillada por los modos del procesamiento en curso y del encarcelamiento de quienes fueron votados por millones de ciudadanos y ciudadanas. Quedaría incompleta esta consideración respecto al futuro si no se reconociera que se sostiene igualmente sobre la triste comprobación de la anormalidad democrática en la que se ha instalado el Estado español.

Hay quien encuentra motivos para la esperanza en el mismo transcurrir de la sesión parlamentaria de inusual carácter que reemplazó a la que no pudo celebrarse para proceder en segunda sesión a la investidura del candidato Turull a la presidencia de la Generalitat. Como ha señalado Antoni Gutiérrez-Rubí en artículo cargado de moderado optimismo, un nuevo lenguaje y nuevos modos de reconocimiento recíproco parece que pueden vislumbrarse en la vida parlamentaria catalana. ¡Ojalá! Ello será fructífero si desde el bloque autodenominado constitucionalista se abren cauces de diálogo efectivo, más allá de increíbles declaraciones retóricas a favor del mismo, y si desde el bloque independentista se recompone no sólo un caudal político dilapidado con actuaciones inexplicablemente torpes, amén de ilegales, sino también con el lamentable espectáculo de una división interna que cabe imaginar que ha dejado más que perplejos a sus votantes. La CUP escribe su texto, aunque no parece acertar con el contexto.

Como quiera que sea, si en medio de ilegalidades, torpezas y excesos nos vemos entre la sinrazón de las precipitadas y mal implementadas pretensiones de un Estado que no pudo ser y la apabullante razón de Estado que no deja ser ni al mismo Estado, lo que nos queda es transitar con generosidad, prudencia y acertado criterio político por los cauces de esa razón democrática en la cual lo político puede justificarse, es decir, configurarse como justo.

 

[13] ¿Rebelión, sedición o fracaso político?

Por Francisco Javier Alvarez García

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III

Articulo publicado el 25 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Rebelion-sedicion-fracaso-politico_6_753884610.html

 

Con los datos que hay sobre la mesa no puede afirmarse que los políticos catalanes recientemente procesados por el Supremo hayan cometido un delito de rebelión

La cuestión ahora es decidir si la vía a transitar para dar una salida al problema debe ser exclusivamente la judicial o (sólo o acompañada) la política

 

Carles Puigdemont

1. Con los datos que hay sobre la mesa (los que se ponen de relieve en las resoluciones judiciales) no puede afirmarse que los políticos catalanes recientemente procesados por el Instructor del Tribunal Supremo hayan cometido un delito de rebelión. En efecto, el artículo 472 del Código Penal exige que los fines propios de ese ilícito se traten de conseguir mediante un alzamiento violento y público. Así, la violencia debe estar en una determinada relación típica con el alzamiento; es decir, no basta con que aparezcan circunstancialmente episodios violentos en un entorno de, incluso, alzamiento, sino que éste, desde un principio, debe poseer estructuralmente esos tintes violentos; así, se requiere que se haya concebido el dicho alzamiento como violento. No se trata, pues, de la mera acumulación de dos elementos, alzamiento y violencia, sino de un peculiar conjunto: el alzamiento violento. No concurriendo esta caracterización no es posible hablar de rebelión.

Se trata, la de la rebelión, de una configuración delictiva que impide, también, la construcción del tipo con dolo eventual, pues la estructura del precepto exige desde un principio esa configuración violenta del alzamiento en un tipo penal que históricamente se caracterizó, tanto en el Derecho militar como en el común, como de un alzamiento anudado a la traición (que los dirigentes de la rebelión fueran autoridades legítimamente constituidas,) o a la violencia (incluso al combate entre fuerzas): de ahí, precisamente, que la pena prevista para este delito haya sido tradicionalmente la de muerte (para los dirigentes o impulsores de la rebelión).

En conclusión: no hay violencia física en el sentido del tipo y, por lo tanto, no hay rebelión, en este momento de la Instrucción de la causa y siempre a reserva de que las actividades de instrucción pudieran probar otra cosa.

2. Cuestión distinta es la que pudiera presentarse en relación al delito de sedición. En este caso la discusión se centra en si concurre el elemento “alzamiento” que es constitutivo de este delito (también de la rebelión). Pues bien, a este respecto hay que señalar que el concepto de alzamiento actualmente no se corresponde con la imagen llevada al lienzo por Delacroix: una señora mostrando los senos, con la bandera de Francia en una mano, un fusil con la bayoneta calada en la otra, mientras que con la mirada alienta a la turba a seguir adelante corriendo entre cadáveres. No. El “alzarse” se refiere a una acción (levantarse, sublevarse) que admite numerosas formas comisivas y tractos temporales. Entre ellas una sedición “atomizada”, compuesta por numerosos actos insurreccionales sucesivos constitutivos aisladamente, o no, de delito: resistencia, daños, protestas ciudadanas, manifestaciones multitudinarias, coacciones…, que adquieren un determinado sentido en el ámbito de un alzamiento.

Pues bien, eso es precisamente lo que sucedió (según se manifiesta en este momento de la tramitación, no así, en mi opinión, al principio de la andadura judicial del caso), incluso planificadamente, característica esta última que no es elemento constitutivo de la sedición pero si un frecuente acompañante de ésta. Existe abundante prueba, relatada por el Instructor en el Auto de Procesamiento de los principales dirigentes del independentismo (y en las resoluciones de otros magistrados), de que se llevó a cabo una detallada previsión de los pasos que debían llevar a un impedimento para la aplicación del Ordenamiento Jurídico y la actuación de las legítimas autoridades del Estado, y todo ello mediante un hecho de alzamiento (sublevación, levantamiento de una parte, por más que minoritaria, de la población), que se concretó en actuaciones como: concentración del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, realización del “referéndum” del 1 de octubre, acoso a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, numerosos actos legislativos (ley de transitoriedad, del referéndum…) y administrativos en abierta rebelión frente al Tribunal Constitucional, y un numeroso etcétera en el que se integra de forma señalada el incumplimiento por parte de un cuerpo fuertemente armado –la policía autonómica catalana- de las órdenes que le fueron emitidas por las autoridades competentes, lo que debería abrir todo un capítulo sobre el futuro de ese cuerpo policial radicalmente infiable…por ser compasivo en el uso de calificativos.

Esto último, penalmente, es lo que de verdad ha sucedido en Cataluña, donde por las razones que se han evidenciado no ha habido una rebelión y nunca hubiera podido haberse dado. Precisamente la estrategia de los independentistas consistía en evitar la rebelión, no tanto, que también, por flanquear el tipo penal (aunque los asesores jurídicos del independentismo no han estado muy “finos” en todos los casos), sino por hacer posible fácticamente el “alzamiento”.

3. Al lado de un posible delito de sedición se cuentan otros numerosos injustos, señaladamente: malversación del patrimonio público (no sólo por el desvío de fondos y subvenciones, sino también por la utilización desviada de personal y medios materiales públicos), desobediencia o prevaricaciones, y posiblemente otros ilícitos con una gran diversidad de sujetos, que pueden ser de naturaleza asociativa y también vinculada a, especialmente, delitos contra el orden público.

4. La cuestión, ahora, es decidir si la vía a transitar para dar una salida al problema debe ser exclusivamente la judicial o (sólo o acompañada) la política. Desde luego lo ocurrido ha puesto de manifiesto algo: la absoluta incapacidad política (excepto para hacer daño) tanto del Gobierno central como del autonómico, que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Por ello, la indicada salida ha de venir de las manos de otros actores políticos que deberían, por una vez (¡aunque sólo fuera por una vez!), ser conscientes de cuál es el problema principal que tiene ahora España y orillar otras cuestiones ahora mismo secundarias por más que muy importantes. El no tratar de resolver el problema sólo de la mano judicial (cuyos principales actores, tanto en la instrucción abierta en la Audiencia Nacional como en los juzgados catalanes o en el Tribunal Supremo, han demostrado una profesionalidad merecedora de todos los elogios y reconocimientos, lo que no se debe decir de todos los abogados que han participado en la causa) sería un signo de inteligencia y manifestación de que se busca la convivencia pacífica y no el enfrentamiento al que nos han llevado unos políticos –centrales y autonómicos- que sólo deben ser acusados, desde el plano estrictamente político, de traición.

 

RUEDA DE PRENSA EN BERLÍN

[14] Alemania considera que el conflicto catalán debe resolverse “en base al derecho español”

Por Redacción Berlin-La Vanguardia

Articulo publicado 26 de marzo de 2018 en: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180326/441966070391/merkel-puigdemont-espana.html

 

La última hora de Carles Puigdemont en Alemania

El Gobierno alemán recalca que la detención del expresidente catalán no interferirá en las relaciones bilaterales con España

 

Angela Merkel, canciller de Alemaniaa (Ludovic Marin / AFP)

Con un rotundo “no” ha respondido el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert, durante una comparecencia rutinaria ante la prensa en la capital alemana a un periodista que le ha preguntado si considera que el arresto podría afectar a la tradicional buena relación entre Berlín y Madrid.

La Justicia alemana debe ahora decidir si mantiene en prisión preventiva al político catalán

El portavoz de Merkel ha insistido una vez más en que el desafío catalán constituye un asunto de política interna que debe ser abordada en el marco de la Justicia española. “España es un Estado democrático. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español”, ha aseverado Seibert para a continuación recordar que el Gobierno alemán respalda la postura adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Desde el Ministerio del Interior alemán han evitado comentar por qué otros países por los que atravesó Puigdemont desde su salida de Finlandia, como por ejemplo Dinamarca, no procedieron a su detención en cumplimiento de la orden de arresto dictada el viernes por la Justicia española.

Puigdemont fue interceptado en la mañana del domingo en un área de servicio junto a la autopista A7 tras ingresar desde Dinamarca a Alemania por la frontera norte en respuesta a una orden de captura europea activada por el Tribunal Supremo español dos días atrás. La Justicia alemana deberá ahora decidir si mantiene en prisión preventiva al político catalán.

Una portavoz de la oficina del fiscal ha indicado que la vista inicial para la extradición de Puigdemont no es probable que se produzca antes de esta tarde. En teoría, el tribunal tiene hasta antes de medianoche para celebrar dicha audiencia.

 

[15] La detención de Puigdemont divide a la prensa alemana

Por Redacción La Vanguardia

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180326/441966120030/puigdemont-prensa-alemania.html

 

Para algunos medios el arresto del político es un punto de inflexión en el conflicto; para otros ha llegado el momento de que Angela Merkel tome cartas sobre el asunto

 

Una cámara filma la entrada de la prisión de Neumuenster, Alemania (Reuters)
La detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Alemania ha trasladado el debate sobre la crisis catalana al país centroeuropeo, de ahí que las principales cabeceras del país dediquen sendos artículos a la cuestión este lunes, el mismo día que el político debe comparecer ante el juez de guardia del Tribunal Administrativo de Schleswig-Holstein, el land alemán donde fue detenido este domingo tras cruzar la frontera de Dinamarca.

La prensa alemana está dividida a la hora de valorar la detención de Puigdemont. Mientras algunos articulistas ven el arresto del expresident como un punto de inflexión en el conflicto catalán otros creen que nada cambiará para el movimiento independentista que persistirá más allá de la detención de uno de sus líderes principales. Estas son algunas de sus opiniones:

 Zeit Online:

“La detención de Puigdemont es un punto de inflexión en el conflicto de Catalunya”

Zeit Online: un antes y un después

“De hecho, la detención de Puigdemont es un punto de inflexión en el conflicto de Catalunya. No solo porque el estado de ánimo en la calle es de irritación y las manifestaciones de ayer no tienen nada que ver con los acontecimientos alegres de los últimos años con cientos de miles de estaladas agitándose, sino también porque la estrategia separatista subirá a otro nivel. Puigdemont, y otros políticos catalanes, había huido a Bélgica para elevar el conflicto a nivel internacional […]”.

Süddeutsche Zeitung: los juegos de poder españoles atrapan a Alemania

“Ahora pasa algo con lo que Europa no había contado antes. El derecho penal se redescubre como un medio empleado de mala manera para la persecución de opositores políticos. No puede haber una presión europea para proporcionar apoyo mutuo entre los Estados miembros (en este caso). Especialmente el poder judicial alemán debe tener cuidado por razones históricas cuando se trata de presuntos delincuentes políticos. La protección de los derechos humanos contra la persecución no puede sacrificarse por el reconocimiento mutuo (entre Estados europeos)”.

Berliner Zeitung

“Puigdemont es un rebelde en el sentido político de la palabra, pero no en la significación penal”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: no cambia nada

“Para la situación política en Catalunya, no importa si el expresidente catalán Puigdemont es entregado a España por Alemania […]. Los separatistas carecen de liderazgo y están divididos, y el gobierno central en Madrid no está tratando de encontrar una solución duradera al conflicto. Nada de esto es un buen desarrollo. España tiene un problema grave con Catalunya, cuya importancia se extiende mucho más allá de la política partidista cotidiana. La detención de separatistas puede ser legalmente requerida, no es un sustituto de una oferta de autonomía genuinamente autónoma”.

Berliner Zeitung: advierte sobre la “venganza ciega” de la justicia española

“Puigdemont es un rebelde en el sentido político de la palabra, pero no en la significación penal. No ha organizado un levantamiento violento, no se ha previsto ninguna acción militar, que ha provocado una guerra civil. El juez Llarena intenta en su acusación demostrar lo contrario. Acusa a los separatistas de aceptar la fuerza como una indicación del asedio del Ministerio de Asuntos Económicos de Catalunya el 20 de septiembre. (…) El hecho de que la protesta vaya en aumento hace que sus organizadores no sean todavía traidores. Las decisiones legales son siempre discutibles. Pero un estado constitucional que funciona bien también se caracteriza por su serenidad. Y eso se ha perdido para el juez Llarena”.

Süddeutsche Zeitung

“La protección de los derechos humanos contra la persecución no puede sacrificarse por el reconocimiento mutuo”

Der Spiegel: Puigdemont no es un traidor

“Puigdemont no es un traidor, sino un político elegido democráticamente. Quería hacer cumplir los intereses de sus electores por medios políticos. Sí, quizás con la ayuda del dinero de los contribuyentes, pero siempre sin violencia física. Por lo tanto, las autoridades judiciales alemanas podrían decidir en caso de duda para el acusado. Los responsables políticos de Berlín ahora deben asumir la responsabilidad. Y, finalmente, comience a mediar entre los dos frentes estancados. Ayudando a encontrar un compromiso político: uno poco más de autonomía para Catalunya, como España ya concedió en parte con los vascos. Durante mucho tiempo, Angela Merkel se ha mantenido al margen de esta delicada disputa. Desde el domingo, su Alemania está en el medio”.

Der Spiegel

“Puigdemont no es un traidor, sino un político elegido democráticamente”

ELÉCTRICAS

[16] El rescate de las hidroeléctricas supera el veto del Gobierno

Por Eduardo Bayona

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/economia/electricas-rescate-hidroelectricas-supera-veto-gobierno.html

 

La renuncia del ejecutivo a vetar la iniciativa alegando que aumentaría el gasto público admite implícitamente que recuperar las centrales conforme vayan caducando sus concesiones resultaría beneficioso para el Estado

 

La central de Aldeadávila, propiedad de Iberdrola y que turbina las aguas del Duero desde noviembre de 1962, se considera la mayor central hidroeléctrica de España, con una producción de 2.400 millones de kilowatios.hora al año
 

[17] Baja participación en la consulta de Podemos para decidir cómo concurrir en las elecciones de 2019

Por Europa Press

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/politica/elecciones-2019-baja-participacion-consulta-decidir-concurrir-elecciones-2019.html

 

La consulta que Podemos ha celebrado  para decidir si concurre a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 en coalición con sus aliados y con su marca visible en la papeleta  ha contado con una participación del 16% 

 

Pablo Echenique valorando los resultados de participación/EP
 

La consulta que Podemos ha celebrado entre el miércoles y el domingo pasado para decidir si concurre a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 en coalición con sus aliados y con su marca visible en la papeleta -salvo excepciones-, ha contado con una participación del 16% de sus bases. Los resultados se irán haciendo públicos a partir de este martes.

En concreto, de los 473.678 inscritos con los que cuenta el partido y que estaban llamados a votar en las diferentes consultas lanzadas a nivel municipal, autonómico y estatal -para el caso de las europeas-, han participado 76.511 -es decir, un 16,15%-, según ha avanzado el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Si sólo se tienen en cuenta los llamados inscritos “activos”, que el partido define como aquellos que han accedido al menos una vez en el último año a la web de participación de la formación y que ascienden a 164.020, el porcentaje de participación asciende al 46,6%.

Los simpatizantes de Podemos debían responder la pregunta de si apoyan que Podemos se presente a las próximas elecciones “en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura”.

En el caso de las consultas municipales, la pregunta que se formulaba contemplaba la posibilidad de se puedan producir excepciones “donde ya exista una marca consolidada”, aunque la norma general sea usar el nombre de ‘Podemos’, si así lo aprueban los inscritos.

Estas consultas se han desarrollado, además, en tres ámbitos: Se ha realizado una a nivel estatal para la candidatura de las europeas; otras 14 consultas en cada una de las autonomías donde se celebrarán comicios el año que viene -incluida Andalucía-; y por último, en todos los municipios donde Podemos tiene inscritos que, según Echenique, superan los 5.000.

Los datos cosechados representan, a juicio del secretario de Organización, una participación “bastante digna”, teniendo en cuenta que se trata de una consulta en la que no había ningún tipo de competición ni pugna interna, y que los resultados ya “se intuyen”, según ha explicado.

BAJA LA PARTICIPACIÓN 

En aquella ocasión participaron 87.674 personas de las 487.154 que estaban llamadas al voto, -el 17,99% del total-; es decir, una participación de dos puntos porcentuales más que la que ha registrado la consulta que el partido morado cerró este domingo, y de la que espera ofrecer datos a partir de este martes.

La baja participación también volvió a ser la línea general en los últimos procesos internos que celebró Podemos el pasado mes de diciembre para renovar las direcciones autonómicas en el País Vasco y Asturias, y la cúpula municipal de Madrid, en los que participó el 13,46%, el 19,03% y el 16% de los respectivos censos.

La formación dirigida por Pablo Iglesias tiene un atípico sistema de afiliación muy abierto, no vinculado al pago de una cuota, y asociado a un número de teléfono móvil. Esto ha llevado a que el número de inscritos ronde ya los 500.000, mientras que la participación en los diferentes procesos internos no ha superado los 155.000 -la cifra récord que se registró en la Asamblea de Vistalegre II de febrero-.

Por ello, la Secretaría de Organización comenzó a implementar tras el verano un nuevo sistema de validación de inscritos a través de la presentación del DNI, con un doble objetivo: mejorar la seguridad de sus votaciones para evitar posibles fraudes, y regular el número real de simpatizantes con los que cuentan. No obstante, en esta consulta todavía no se ha aplicado este nuevo requisito, ya que el partido morado está realizado el cambio de forma gradual.

 

[18]El Ministerio de Sanidad ficha a una alto cargo de Feijóo imputada por homicidio al retrasar fármacos de la hepatitis

Por José Precedo 

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/Ministerio-Sanidad-Feijoo-homicidio-hepatitis_0_754175288.html

 

Carolina González-Criado está siendo investigada en un juzgado de Santiago por los retrasos en los tratamientos de la hepatitis C que causaron la muerte a seis pacientes

Se trata de la subdirectora general de Farmacia del Gobierno gallego a la que el juez y la Fiscalía le imputan un doble delito de homicidio imprudente y prevaricación

El departamento de Dolors Montserrat le ha encomendado un estudio relacionado con él area de los medicamentos antes de hacerla subdirectora general de Farmacia

González-Criado junto al otro imputado en el caso de la hepatitis, Félix Rubial, a la salida los juzgados de Santiago. EFE

 

[19] Ni rastro de Ítaca en el horizonte, y el puerto de salida de la nave destrozado

Por Arsenio Escolar

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/arsenioescolar/rastro-Itaca-horizonte-puerto-destrozado_6_753884614.html

 

Tras al auto de Llarena y la detención de Puigdemont, es hora de hacer balance del procés: desolador para los independentistas y también poco favorable para los constitucionalistas. Malo para la sociedad catalana y nada bueno para el conjunto de la sociedad española

Protestas en Barcelona contra la detención de Carles Puigdemont – ORIOL SOLÉ

El auto de procesamiento de 25 dirigentes independentistas catalanes dictado por el juez Pablo Llarena el viernes pasado y la detención el domingo del expresident Carles Puigdemont en Alemania son dos hitos fundamentales en elprocés. Negativos ambos para los intereses soberanistas, y poco positivos para el otro lado del frente. En la crisis catalana, va a haber un antes y un después de este pasado fin de semana.

Arriesgado y muy cuestionable en lo jurídico –veremos en unos meses si el tribunal que juzgue el caso también considera que hay violencia en algunos episodios de otoño pasado, y por tanto rebelión entre los delitos presuntamente cometidos; y en unos años qué dice la justicia europea –, el mazazo del juez Llarena es de un impacto político descomunal. Con su auto, el magistrado del Supremo saca de la política a toda la reciente generación de líderes independentistas -y a muchos de ellos les señala un horizonte de años de cárcel-, pone fin probablemente definitivo al procés, desalienta entre los soberanistas cualquier intento de procés 2 y añade nuevas incertidumbres a la dificultosa investidura de un presidenten el Parlament catalán.

Lo que no hacen ni el auto ni la detención de Puigdemont es resolver el grave problema político del que surge todo. El problema sigue ahí, incluso agravándose. Unos dos millones de catalanes han desconectado del proyecto común llamado España y están dispuestos a irse. Otros muchos quieren quedarse, pero no sin que antes se cambie y renueve el marco de equilibrio territorial pactado en la Constitución hace ya casi cuatro décadas. Y una gran mayoría de los catalanes, en fin, quieren opinar directamente sobre esta cuestión mediante un referéndum o una consulta.

El dinosaurio sigue ahí, y no hay aún indicios de que las novedades judiciales y policiales recientes hayan despertado por completo a Mariano Rajoy y esté dispuesto a afrontarlo políticamente. Los que en el Gobierno y en el PP celebran el auto de Llarena y la rapidez en la ejecución de la euroorden y detención de Puigdemont deberían preguntarse antes si no les deja también a ellos en evidencia, por políticos inútiles.

En su auto, Llarena procesa a 25 personas muy relevantes en Catalunya. A prácticamente todos los que son referentes políticos de la mitad de la sociedad catalana, a casi toda su nomenclatura. A nueve de ellos, por rebelión y malversación: Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull, Forn, Ponsatí, Rull, Comin y Bassa. A cuatro más, sólo por rebelión: Forcadell, Sánchez, Cuixart y Rovira. A cinco, por malversación y desobediencia: Borrás, Puig, Mundó, Vila y Serret. Y a siete más, solamente por desobediencia: Corominas, Guimó, Simó, Barrufet, Nuet, Boya, Gabriel). Solo queda archivada la causa para tres de los inicialmente investigados: Pascal, Mas y Lloveras.

Las penas a las que se arriesgan son muy elevadas. En nuestro Código Penal, la rebelión está castigada con hasta 25 años de cárcel. La rebelión agravada (con malversación), con hasta 30 años. La malversación a secas, con hasta 8 años de prisión. La desobediencia, con la inhabilitación. Por bien que les vaya, por mucho que logren los procesados que se rebajen los cargos y las penas correspondientes, la mayoría de ellos se ha quedado sin futuro político y con un oscuro horizonte personal.

El balance global que por ahora deja la crisis catalana es aún mucho más desolador que el auto del juez del Supremo. La sociedad catalana está dividida en dos mitades casi irreconciliables. La economía no se recupera aún del shockde miedos e incertidumbres de otoño pasado. La clase política independentista ha quedado devastada (¿quién liderará y encauzará ahora ese caudal político, por cierto, desde las estrategias parlamentarias hasta las movilizaciones ciudadanas?). La Generalitat está intervenida, y perdida su autonomía desde que se activó el artículo 155 de la Constitución, hace ya cinco meses. El Parlament surgido de las elecciones de diciembre lleva tres meses prácticamente bloqueado, con una mayoría independentista internamente fragmentada que ya acumula tres intentos fallidos para encontrar un president(Puigdemont, Sánchez, Turull) y con una oposición que tampoco puede formar una alternativa ni parece capaz de romper el frente con alguna fórmula trasversal.

En la antigua Grecia, Creso, rey de Lidia, fue al oráculo de Delfos a consultarle cómo le iría si atacaba al imperio persa. “Si  cruzas el río Halys, destruirás un gran imperio”, le contestó el oráculo. Y así fue. Creso destruyó un gran imperio: el suyo propio. Lidia pasó a poder de los persas. ¿Nadie pensó en el entorno de Puigdemont que si cruzaba las líneas rojas que cruzó en otoño pasado, camino de esa Ítaca soñada, corría serio riesgo de destruirse a sí mismo y a su proyecto? Pocos meses después de las leyes de desconexión, del 1-O, del 27-O, del 21-D… no hay rastro alguno de Ítaca en el horizonte, y el puerto de salida de la nave ha sido destrozado por el huracán desatado por el intento de viaje. 

En el conjunto de España, las cosas no están mucho mejor. El impacto de la crisis catalana también es notable. El Gobierno y su presidente están muy tocados -un exlíder socialista me decía hace unos días que ve incluso en Rajoy “indicios de fallo multiorgánico”-. Su estado comatoso es consecuencia de muchas causas –la debilidad parlamentaria, la falta de perfil y de empuje político de la mayoría de los miembros del Ejecutivo, la losa de la corrupción, las movilizaciones sociales de colectivos que se rebelan contra la sociedad dual y desigual que el Ejecutivo a contribuido a crear con su gestión de la crisis económica…-, pero el acelerador y el catalizador de ese deterioro del Gobierno ha sido la mala gestión de la crisis catalana, como se vio en las elecciones del 21 de diciembre pasado –el PP cayó del 8,5% al 4,34% de los votos, y de 11 a 4 escaños en el Parlament- y se ha refrendado durante todo este invierno en docenas de encuestas.

En el resto del espectro político estatal, también la crisis catalana ha impactado, y por lo general no para bien. El socio del Gobierno, Ciudadanos, es el mejor parado:  logró un gran éxito electoral en diciembre y  se ha disparado en las encuestas estatales después, pero con lo primero no logra desatascar Catalunya y con lo segundo ha hecho que el PP lo vea más como un competidor que como un aliado. Último roce fronterizo, este mismo lunes, cuando Albert Rivera se ponía la medalla de un pacto con el Gobierno para los Presupuestos, Cristóbal Montoro se la disputaba y decía que el mérito le corresponde a Rajoy y uno y otro obviaban que por ahora no hay medalla alguna que ponerse, pues la llave final del Presupuesto la tiene el PNV y no está dispuesto a cederla si no se encauza el conflicto catalán y se desactiva el 155.

Hacia la izquierda, el panorama es peor. Al PSOE se le ve lastrado, entre otras cuestiones por Catalunya, por su apoyo al Gobierno en la aplicación del 155 y por sus inconcreciones federales. A Podemos, debilitado y perdiendo fuelle, entre otras cosas por sus contradicciones catalanas.

Poco extraña, con este panorama, que en el Barómetro del CIS de febrero, conocido hace pocos días, el 22,4% de los encuestados crea que la situación política general es regular, el 34,8% que es mala y el 35,6% que es muy mala. Preguntados los mismos encuestados cómo creen que será la situación política dentro de un año, el 43,5% dice que será igual, el 13,3% que será mejor y el 26,2% -¡el doble!- que será peor.

¿Será capaz ahora la clase política de impedir que se cumpla el negro pronóstico?

 

[20] El escándalo de Cambridge Analytica pone contra las cuerdas a algunos miembros del Gobierno británico

Por Kevin Rawlinson

The Guardian

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/theguardian/escandalo-Cambridge-Analytica-Gobierno-britanico_0_754175231.html

Traducido por Cristina Armunia Berges

 

Vote Leave, acusada de obtener 700.000 euros de manera ilegal y bajo la supervisión del asesor de la primera ministra Stephen Parkinson

Activistas británicos han pedido a Theresa May que investigue si los ministros Boris Johnson y Michael Gove tuvieron algo que ver con las irregularidades

 

Johnson asegura que el Brexit ganó “justa, honrada y legalmente” EFE

Sanni ha dicho que su familia en Pakistán, lugar en el que la homosexualidad está criminalizada, esta ahora en peligro.

Sanni ha planteado una serie de interrogantes en elObserver sobre la validez de una donación de más de 700.000 euros procedentes de Vote Leave hacia un aparentemente grupo de campaña independiente llamado BeLeave que se canalizó hacia la empresa de servicios digitales AggregateIQ (AIQ), que tiene vínculos con Cambridge Analytica.

En su carta, Best for Britain pide respuestas a estas preguntas.

  • ¿Qué sabían Michael Gove y Boris Johnson sobre la coordinación de la campaña del Leave y de AIQ? ¿La primera ministra está planeando investigar sobre lo que sabían de tales afirmaciones?
  • ¿Se recusará a esta pareja del “gabinete de guerra” [Gove y Johnson] del Brexit mientras esas afirmaciones son investigadas?
  • ¿La primera ministra planea investigar al personal mencionado en los informes que trabajan para el Gobierno?
  • ¿Estuvo el Gobierno involucrado o reveló la homosexualidad de Sanni directamente?
  • ¿Se utilizaron correos electrónicos, teléfonos u otros equipos del Gobiernos?

Dicha carta llegó después de la última de una serie de revelaciones que aparecieron sobre el trabajo de la campaña favorable al Brexit y la compañía de datos Cambridge Analytica.

La donación de más de 700.000 euros, según denuncia Sanni, viola la legislación electoral porque Vote Leave compartió oficinas con BeLeave y ejerció medidas de control sobre la organización más pequeña. La normativa requiere que los grupos de campaña que se coordinan entre sí un limite en el gasto compartido. Vote Leave ha negado tal coordinación.

Sanni también denunció que, después de que la Comisión Electoral abriese una investigación, las figuras más relevantes de la campaña Vote Leave comenzaron a borrar el rastro de su presencia en los archivos compartidos por los dos grupos. El director oficial de la campaña favorable al Brexit, Dominic Cummings, describió tal afirmación como “incorrecta y difamatoria”. Vote Leave dijo también que su personal actuó de manera “ética, responsable y legal al borrar cualquier dato”.

 

Gove y Johnson, durante la campaña a favor del Brexit EFE

 

En otra entrevista en Channel 4 News, Sanni dijo: “Sé que Vote Leave hizo trampas… sé que la gente había mentido y que el referéndum no era legítimo”. “Efectivamente, utilizaron BeLeave para gastar más de lo permitido, y no estamos hablando de pequeñas cifras… casi dos tercios de un millón de libras son una gran diferencia, y era ilegal”.

Rápidamente, estas afirmaciones fueron desestimadas por importantes figuras del Vote Leave.

El sábado por la noche, pocas horas después de que se conocieran estas noticias, Johnson dijo que las acusaciones eran “totalmente absurdas”. Y apuntó que Vote Leave ganó el referéndum de 2016 “justa, honrada y legalmente”.

¿Es un ataque a la decisión de un pueblo?

El ministro de Medio Ambiente, que copresidió la campaña por el Brexit, no ha querido hacer comentarios sobre las denuncias sobre administración fraudulenta sino que las ha reformulado en forma de un ataque a la decisión del electorado.

“Respeto los motivos y comprendo los sentimientos de quienes votaron a favor de permanecer en la UE. Pero 17,4 millones de británicos optaron por abandonar la UE en una votación libre y justa, y se tiene que respetar el resultado. Nuestro trabajo ahora es trabajar para superar la división”, ha dicho Gove.

Andrea Leadsom, la líder de la Cámara de los Comunes e importante figura dentro de Vote Leave, fue algo más cautelosa que el ministro de Exteriores cuando dijo en Sky News: “Obviamente, se trata de un asunto de la Comisión Electoral. Es muy importante que aborden estos temas. Sé que ya se han producido una serie de investigaciones sobre el asunto y que no se ha encontrado ninguna irregularidad”.

Cuando se le preguntó si sentía que la legitimidad del resultado del referéndum estaría en duda si se probaba que las acusaciones eran ciertas, dijo: “Creo que tenemos que esperar a que la Comisión Electoral termine sus investigaciones”.

Las acusaciones también fueron desechadas por Parkinson en un comunicado individual publicado por el Gobierno. En él, calificó las acusaciones de Sanni “objetivamente incorrectas y engañosas”. Downing Street se negó a decir este domingo si Theresa May continuaba teniendo total confianza en Parkinson. Una fuente del Gobierno asegura que habría que esperar al lunes para tener una respuesta a esto.

Parkinson es una de las figuras clave que probablemente se tendrán muy en cuenta en la investigación de la comisión. Todas estas personas ocupan ahora posiciones importantes en el Gobierno de May. Es posible que también se tenga que enfrentar a presiones para que se haga a un lado de manera voluntaria mientras se llevan a cabo estas investigaciones.

“Theresa May tiene que asegurarse de que la Comisión Electoral tiene los nedios para investigar al completo las acusaciones que se han hecho de que hubo complicidad delictiva”, avisó el domingo el vicepresidente de los laboristas Tom Watson en BBC.

“Porque hay que tener en cuenta que las personas que lideraron esas campañas son ahora figuras importantes de Gabinete, y creo que tenemos que asegurarnos de que ellos no tenían idea lo que estaba sucediendo. Pero eso creo que se necesitan todos los recursos que sean necesarios, y si es necesario, hasta la policía tendría que investigarlo”.

“La comisión tiene una serie de investigaciones abiertas en relación con los que hicieron campaña durante el referéndum sobre el futuro e la UE. No tiene ningún comentario que hacer sobre las investigaciones en curso”, dijo una portavoz de la Comisión Electoral.

 

[21]La ONU admite la demanda de Puigdemont contra España

Por Oriol Solé Altimira

Articulo publicado el 27 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/ONU-admite-demanda-Puigdemont-Espana_0_754524632.html

 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide al Estado que se pronuncie sobre la denuncia presentada por el expresident en un máximo de seis meses

 

Carles Puigdemont, ahora en prisión en Alemania, en una imagen en el Palau de la Generalitat- SANDRA LÁZARO

El Comité de Derechos Humanos vela por el cumplimiento del Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito por 170 países, incluido España. En base al Protocolo facultativo adicional al Pacto, suscrito por España en 1985, el Comité puede recibir quejas de ciudadanos que creen violentados sus derechos en los países que han ratificado el protocolo y dictar medidas que tendrían que ser de obligado cumplimiento.

No obstante, el Comité no tiene capacidad para imponer a los estados miembros sus decisiones, por lo que España podría desoir su resolución. En el equipo jurídico internacional de los dirigentes independentistas consideran que llevar ante la ONU sus reclamaciones influye en la imagen internacional de España y es una manera para forzar al Gobierno a dialogar para resolver la cuestión catalana.

En su demanda, Puigdemont acusó a las autoridades españolas de “frustrar su reelección como president y, por lo tanto, anular la voluntad expresada democráticamente por el pueblo catalán” el 21-D. Los abogados internacionales del expresident consideran que el Estado vulneró hasta tres artículos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés).

En concreto, se trata del artículo 19, que protege el derecho a la expresión política pacífica a favor de la independencia de cualquier territorio; el 21, que reconoce el derecho de reunión pacífica y prohíbe imponer restricciones al ejercicio de este derecho en interés de la seguridad nacional; y el 25, que otorga derecho a todos los ciudadanos de un país a presentarse para ocupar cargos públicos.

A diferencia de Jordi Sànchez, Puigdemont no incluyó en su demanda una petición de medidas cautelares, por lo que el Comité no ha instado a España a garantizar sus derechos políticos, como sí hizo en el caso del exlíder de la ANC. El organismo de la ONU sí ha pedido al expresident que indique “el tipo de medidas” que le gustaría obtener de España en el caso de que finalmente se concluya que se han vulnerado sus derechos políticos.

 

LA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

[22] El auto de la juez que interrogó a Puigdemont recoge que podría ser “denegada” la extradición

Por María Laura Aráoz (Neumünster) y María Prieto (Berlín)

Redacción Berlín La Vanguardia

Articulo publicado el 28 de marzo de 2018 en: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180327/441984498267/auto-jueza-interrogo-puigdemont-extradicion-denegada.html

 

El mismo documento es el que señala mantener en prisión al President cesado

 

Un cartel que pide la libertad de Puigdemont frente a la prisión donde sigue encarcelado mientras se decide su extradición (Axel Heimken / AFP)

La juez alemana que este lunes escuchó durante tres horas y media las alegaciones del president cesado entiende que la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español podría no ser del todo procedente y así lo hizo constar en el acta judicial emitida en la noche del lunes. “No cabe duda de que la orden de detención europea incluye indicios de que la extradición de la persona perseguida, después de la evaluación completa de las cuestiones judiciales, podría ser denegada”, reza el escrito.

No obstante, la juez no es quien decide en última instancia sobre la extradición. El proceso de entrega puede durar hasta 60 días según la normativa europea.

La Justicia de Schleswig-Holstein, que analizará ahora si se cumplen los requisitos para ejecutar la entrega del president cesado a España, no podrá evitar tener que analizar el trasfondo político del asunto. Una de las opciones que mencionan también los medios alemanes es la de que Puigdemont sea extraditado solamente por el delito de malversación de fondos, lo que impediría que fuese juzgado en España por rebelión, el delito más grave que se le imputa.

El diario Süddeutsche Zeitung cita un informe del servicio científico del Parlamento alemán de 2017 que destaca la salvedad contenida en el acuerdo de 2004 para la entrada en vigor de la orden de detención europea de que “los Estados pueden seguir denegando la extradición de las personas que son perseguidas por sus ‘convicciones políticas’”.

 

Artículo sobre el arresto de Carles Puigdemont en el 'Süddeutsche Zeitung': 'Lo que hace que el caso de Puigdemont sea tan complicado'
Artículo sobre el arresto de Carles Puigdemont en el ‘Süddeutsche Zeitung’: ‘Lo que hace que el caso de Puigdemont sea tan complicado’ (LVD)

En caso de que finalmente Alemania opte por extraditar a Puigdemont únicamente en base al delito de malversación de fondos públicos, daría una importante bofetada al Gobierno de Mariano Rajoy, así como a los tribunales españoles, cuya intención es procesar a Puigdemont también por rebelión agravada, castigada en España con hasta 30 años de cárcel.

Esta misma razón fue la que llevó a al Tribunal Supremo español a retirar la orden de detención europea contra el president cesado después de que la Justicia de Bélgica, país en el que residía Puigdemont desde que salió de España, diese a entender que podría rechazar parcialmente la euroorden o limitar la investigación por rebelión que se le imputa en Madrid.

Puigdemont fue interceptado en la mañana del domingo en un área de servicio junto a la autopista A7 tras ingresar desde Dinamarca a Alemania por la frontera norte en respuesta a una orden de captura europea activada por el Tribunal Supremo español el viernes pasado, una vez ya tenía dictado el auto de procesamiento.

Este lunes, la Justicia alemana decidió mantener al político soberanista en prisión hasta que se tramite su posible extradición a España, mientras que en Bélgica la justicia ha abogado por dejar libes a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

 

CRISIS CATALANA

[23] Alemania debate si hubo violencia ante la posible extradición de Puigdemont

Por Gina Tosas

Articulo publicado el 27 de marzo en:

http://www.lavanguardia.com/politica/20180327/441982835933/alemania-debate-violencia-puigdemont-extradicion.html

 

Juristas y expertos alemanes creen que se llevará a cabo la entrega del expresident pero no por el delito de rebelión sino por el de malversación

 

Alemania debate si hubo violencia ante la posible extradición de Puigdemont
Artículo sobre el arresto de Carles Puigdemont en el ‘Süddeutsche Zeitung’: “Lo que hace que el caso de Puigdemont sea tan complicado” (LVD)
 

La justicia alemana debe analizar si el delito de rebelión que esgrime el juez Pablo Llarena tiene correspondencia en la legislación germana. Todas las voces apuntan a que es el delito de alta traición, tipificado en el artículo 81 del Código Penal alemán, el que guarda más similitudes. Para ser condenado por alta traición en Alemania debe existir “violencia o amenaza de violencia”. De ahí que las voces consultadas por los medios alemanes se estén preguntando si el expresident de la Generalitat ejerció la violencia durante el proceso para lograr la independencia de Catalunya.

En la misma dirección, el catedrático alemán de derecho penal internacional Nikolaos Gazeas, considera en LTO que “Puigdemont no ha empleado la fuerza en relación con los esfuerzos independentistas en Catalunya”. “Aquí no estamos tratando con un terrorista, sino con un político que ha sido legitimado por unas elecciones democráticas libres y, sobre todo, ha recurrido a medios pacíficos”, argumenta en Mitteldeutschland Rundfunk .

“No estamos tratando con un terrorista, sino con un político legitimado por unas elecciones democráticas”

En el auto de procesamiento, el juez Llarena sostiene que tras los hechos ocurridos el 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia, cuando 40.000 personas rodearon el edificio mientras una comisión judicial realizaba un registro, reflejaban la existencia de “un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia”.

Para Llarena es clave la reunión del 28 de septiembre, tres días antes del 1-O, entre los Mossos d’Esquadra, Puigdemont, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, donde los máximos responsables policiales alertaron de la escalada de violencia y del riesgo que conllevaba la celebración del referéndum. Al desoír las advertencias, el magistrado considera que la cúpula independentista usó a los catalanes como fuerza para hacer valer la independencia de forma violenta.

La violencia no requiere violencia física”

La decisión del magistrado del Tribunal Superior español “convierte a la facción rebelde en una amenaza política sin límites”, según el autor del blog De legibus Oliver García. “Sin embargo, este juego (del juez Llarena) dirigido a marcarle un gol al código penal es a su vez un ataque no insignificante al Estado de derecho; un ataque igual que el que él mismo quiere poder evitar”, añade el experto consultado por Süddeutsche Zeitung.

A diferencia de la opinión mayoritaria, Martin Heger, prestigioso catedrático de derecho penal europeo de la Universidad Humboldt de Berlín, sí considera que la aplicación de alta traición es posible: “La violencia no requiere violencia física”.

Malversación de fondos

La mayoría de los juristas ven más plausible justificar la extradición a través del delito de malversación de fondos que, en Alemania, está tipificado como un delito de “infidelidad”. De ser ese el caso, el juez Llarena solo podría juzgar a Puigdemont por el delito de apropiación indebida de fondos públicos, castigado con una pena mucho menor que los 30 años de prisión del delito de rebelión.

“La apropiación indebida de fondos públicos también es punible para nosotros. Entonces está claro: Alemania tiene que entregar a Puigdemont. Y generalmente dentro de los 60 días establecidos”, concluye el abogado penal Heger. Alemania tiene que entregar a Puigdemont”

Sin embargo, Safferling alberga dudas también en este punto: “La acusación está políticamente superpuesta, porque está en relación con el referéndum de independencia que fue clasificado inconstitucional”. De todos modos, según Heger, “no importa” si Puidemont malversó o no. “En el caso de la orden de detención europea, las autoridades judiciales locales solo verifican si se han cumplido los requisitos formales, si el acto en cuestión es punible por nosotros y si la persona buscada está acusada de ello”, detalla el penalista para Der Spiegel . En otras palabras, la Fiscalía alemana no debe juzgar al político catalán, solo ver si hay correspondencia entre ambos códigos.

Fuerza ante un problema político

Más allá de la rebelión y la malversación, la detención de Puigdemont ha abierto otro debate en el país, que gira en torno a si España está empleando la justicia para resolver un problema de carácter político. Para Gazeas “surge la pregunta de si España no está tratando de resolver un conflicto político interno por la fuerza sobre la orden de arresto europea”, plantea el experto para Süddeutsche Zeitung .

En el mismo rotativo, el experto en derecho Heribert Prantl considera que el poder judicial alemán debe rechazar la solicitud de extradición del político catalán, porque “Alemania no puede participar en las disputas domésticas de España. La justicia alemana no debe convertirse en la herramienta política del gobierno español”.

Ademas, Gazeas agrega a LTO que es dudoso que Puigdemont pueda esperar en España un juicio justo en absoluto. El abogado penal señala que Puigdemont también podía invocar la objeción de persecución política ante el Tribunal Regional Superior. O pedir asilo político, como aboga el periodista Jakob Augstein en Der Spiegel , “La detención de Puigdemont es una vergüenza. Para España. Para Europa. Para Alemania”

La justicia alemana no debe convertirse en la herramienta política del gobierno español”

 

[24] La cuenta de Twitter de la Fundación Franco: bloqueada en Alemania, visible en España

Por Redacción “Eldiario.es”

Articulo publicado el 26 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/rastreador/Twitter-Fundacion-Francisco-Franco-Alemania_6_754234591.html

 

Bajo la “NetzGD”  las compañías tecnológicas se pueden enfrentar a multas de hasta 50 millones de euros por no eliminar contenido o bloquear cuentas que entren dentro de la categoría de discurso del odio

 

 

La cuenta de la Fundación de Francisco Franco es inaccesible desde Alemania. El motivo es muy sencillo: la legislación alemana considera, simplemente, que el contenido que publica una incitación al odio, por lo que debe ser bloqueado de la red social. 

Uno de los primeros en darse cuenta ha sido el periodista Antonio Maestre, que ha compartido el siguiente tuit. 

 

 

Fundación Franco
 

Bajo la “NetzGD”  las compañías tecnológicas se pueden enfrentar a multas de hasta 50 millones de euros por no eliminar contenido o bloquear cuentas que entren dentro de la categoría de discurso del odio. La ley les concede un periodo de tan sólo 24 horas después de recibir una notificación o denuncia por parte de los usuarios.  

Facebook y Twitter se han visto obligados a contratar moderadores adicionales para sus usuarios en Alemania y  tienen más de 1.200 empleados controlando el contenido denunciado por los usuarios en Berlín y Essen. La normativa no sólo se aplica a Twitter, sino que también regula plataformas como Instagram, Snapchat y Youtube. 

La Fundación Francisco Franco no ha sido la única afectada por las leyes de regulación de datos del Gobierno de Berlín. La pasada Nochevieja, Beatrix von Storch, una política de la formación alemana de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) publicó un tuit en el que calificaba a los musulmanes de ser “hordas de bárbaros violadores”.  Von Storch se convirtió así en una de las primeras afectadas por la nueva ley, ya que su publicación fue bloqueada a las pocas horas.

 

DELITO ELECTORAL

[25] El PPCV recibió documentación “anónima” en 2016 que llevó a la Policía y anuncia que se personará en la causa

Por Redacción Valencia La Vanguardia

Articulo publicado el 28 de marzo de 2018 en: 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180328/442003339291/financiacion-ilegal-pspv-bloc-2007.html

 

El PPCV recibió documentación “anónima” en 2016 que llevó a la Policía y anuncia que se personará en la causa

 

Ximo Puig conversa con Mónica Oltra y con Enric Morera (Efe / Kai Försterling)

Un juzgado de València investiga una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, partido mayoritario en Compromís, durante la campaña electoral de 2007, según la información publicada este miércoles por el diario El Mundo, que explica que las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

La investigación partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc.

Explica que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia ‘estados de cuentas de Bloc’, según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra ‘concepto’ con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta.

 En conocimiento de la policía hace año y medio

Tras conocerse estas informaciones periodísticas, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha comparecido ante los medios para explicar que hace aproximadamente un año y medio, en 2016, el partido recibió una información “anónima” y, tras revisarla y no ver “clara alguna cuestión que tiene que ver con la financiación de los dos partidos”, la dirección decide ponerla en conocimiento de la Policía. A partir de ahí, ha apuntado, se inicia una investigación de la que han tenido constancia por la prensa.

El PPCV, ha dicho, “respeta la labor de la justicia” y se personará en breve en la causa. Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no ha querido dar más detalles sobre la documentación concreta que aportaron, que se conocerá una vez se levante ese secreto: “Después de año y medio con este asunto, dejando actuar a la justicia, comprenderán que mientras no se levante el secreto no vamos a entrar en el detalle de las investigaciones”.

“Serán ellos los que tendrán que explicar cómo se han financiado, cómo no se han financiado o cómo han ido sus campañas”, ha dicho en alusión al PSPV y Bloc, y ha apuntado que los ‘populares’ están “muy interesados” en oír las explicaciones de Ximo Puig y Mónica Oltra, que nos han dado tantas lecciones de moral y ética”, como también qué opinan Podemos y Ciudadanos al respecto. Además, ha recordado que el PP “siempre ha dado la cara en cualquier cuestión que se le ha preguntado”.

Asimismo, ha recalcado que el PP va a seguir poniendo en conocimiento de la justicia “todo aquello que entienda que no está claro” y, de hecho, ha indicado que también se personará en la causa abierta al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, por cobrar un sueldo público por ser asesor de la vicepresidencia de Les Corts y trabajar para el grupo socialista.

 

[26]Un juzgado investiga la financiación del PSPV-PSOE y Bloc en la campaña de 2007

Por Juan Nieto 

Articulo publicado el 28 de marzo de 2018 en: 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/03/28/5aba9895ca47414c358b45a9.html

 

La Policía cree que las dos formaciones financiaron de manera irregular la campaña de 2007 falsificando facturas y conceptos

La agencia de comunicación Crespo Gomar organizaba los actos electorales pero terceras empresas se hacían cargo de los pagos

El PSPV considera “grave” el caso y trata de ganar tiempo con una investigación interna

 

Rodríguez Zapatero junto a los candidatos a la Generalitat y a los ayuntamientos de Alicante, Valencia y Castellón en 2007. ALBERTO DI LOLLI

Una presunta trama de corrupción que imita la estructura de la Gürtel para beneficiar a dos partidos políticos. Un juzgado de Valencia dirige desde hace más de un año una investigación en secreto tras tener conocimiento de una serie de indicios de supuesta financiación ilegal de PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el partido mayoritario en la coalición Compromís.

Las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la causa parte de una investigación policial puesta en marcha a mediados de 2016 después de que representantes del Partido Popular (PP) se personaran en una comisaría de la ciudad de Valencia para aportar documentación, facturas y decenas de correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV-PSOE.

Estado de cuentas del Bloc que investiga la Policía Nacional y un juzgado de Valencia. EL MUNDO

Esta documentación estaría directamente relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a ambas formaciones políticas en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

El secretario general de los socialistas valencianos y candidato a la Generalitat era Joan Ignasi Pla y el líder de los nacionalistas Enric Morera, en la actualidad presidente de las Cortes valencianas y destacado dirigente de Compromís.

Al parecer, el juzgado ha comprobado ya la veracidad de la documentación aportada por el PP en Comisaría y la Policía ha identificado en varios informes el circuito que presuntamente habría seguido el dinero de empresas, de carácter público y privadas, para saldar facturas relacionadas con la campaña y precampaña del año 2007 al margen de las subvenciones oficiales que reciben los partidos políticos para financiar actos electorales.

El posible delito electoral cometido por dirigentes socialistas y nacionalistas valencianos estaría ya prescrito y, por tanto, el juzgado no podrá perseguir la responsabilidad penal en la financiación de las campañas de ambas formaciones políticas en 2007. En cambio, la investigación continua abierta porque el resto de delitos no están prescritos.

Por el momento, un juzgado de Valencia dirige el caso pero podría inhibirse a otros órganos judiciales, pues la documentación que ha motivado esta investigación contra la corrupción apunta a varios ministerios del Gobierno de España mientras José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente.

A la espera de que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional complete una serie de diligencias y el juzgado alce el secreto de sumario, se desconoce el volumen total del dinero supuestamente defraudado y el número concreto de personas investigadas.

 

El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera. JOSÉ CUÉLLAR
Los hechos que se investigan guardan ciertas características con la estructura que financió durante años en negro al PP, sobre todo en lo que se refiere a la campaña del PSPV-PSOE.

Según esta información, la empresa de comunicación que asumió el papel de Orange Market, el brazo de Francisco Correa en Valencia, fue la sociedad Crespo Gomar, quien tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar.

Tras un año de diligencias secretas, la Policía habría constatado que Crespo Gomar facturaba servicios a formaciones políticas de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas –fundamentalmente constructoras– y no los destinatarios mediante la presunta falsificación de facturas.

Es decir, siempre según esta información y al menos en lo que respecta al PSPV, Crespo Gomar facturó al partido por la campaña de 2007 y del pago de esas facturas se hacían cargo empresarios de su confianza. La investigación tributaria ha acreditado que los importes coinciden, hasta los céntimos, con los trabajos que en realidad se hacían para los socialistas.

Gomar era una de los concejales de confianza del ex alcalde de GandíaJosé Manuel Orengo, en la actualidad asesor del presidente Ximo Puig. En estos hechos también estaría implicado el ex jefe de gabinete de Orengo en Gandía, José Ramón Tiller, quien trabajó para Crespo Gomar durante un tiempo.

Tiller es el dirigente que eligieron los socialistas como gerente de Imelsa, la empresa pública de donde partió la presunta organización criminal que la Guardia Civil atribuye a Alfonso Rus, para limpiar la imagen de corrupción de la Diputación de Valencia.

Pese a que el punto de partida de la investigación policial se sitúa en la cita electoral de 2007, entre la documentación que ha investigado la Policía Nacional destacan correos electrónicos, fechados en el año 2006, en los que se nombra a Pepe Cataluña, ex secretario de Finanzas del PSPV y ex vicepresidente de Bancaja.

En esos correos aparecería la constructora Blauverd, con sede en Alzira, con importes y referencias de envíos, sin especificar el contenido, a la calle Blanqueries de Valencia, donde el PSPV tiene su sede central.

Además, según esta información, entre la documentación incluida en el procedimiento figuran facturas que esconderían presuntos pagos en B de empresas por trabajos que en realidad se realizaron para la campaña de los socialistas en 2007.

Entre los actos del PSPV-PSOE que ha investigado la Policía Nacional destacan la presentación como candidato de Pla o el proyecto Pla 2007 el futur que volem, una campaña de promoción del ex líder socialista en la que visitó más de 50 municipios para recoger ideas.

La empresa Crespo Gomar también fue la que ideó la campaña de la candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante en 2007, Etelvina Andreu. Al final, la victoria se quedó en una decepcionante derrota para el socialismo alicantino porque EU no logró un centenar de votos y se quedó sin representación, lo que habría permitido un vuelco electoral para la izquierda. EL MUNDO publicó posteriormente que Crespo Gomar fue quien pagó una de las carpas usadas en campaña por la candidata.

Del PSPV al Bloc

Sobre el Bloc, que ese año concurrió a la elecciones en coalición con otros partidos como Els Verds o EUPV, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia «estados de cuentas de Bloc».

Según esta información, la documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla en la que se desarrollan conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra «concepto» con una serie de empresas. Al parecer, según esta información, la investigación policial trata de determinar si fueron estas empresas las que realmente asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y así conocer el motivo por el que aparecen en la cuenta de los nacionalistas valencianos.

Entre las empresas que aparecen en ese estadillo destaca una sociedad participada por la Diputación provincial de Valencia, Egevasa, junto las facturas de la campaña del Bloc Adéu PP. Enric Morera presentó esta iniciativa los medios como una «campaña innovadora, fresca y diferente al resto de las campañas y que pretende dar a conocer al mayor número de gente el mensaje prioritario del Bloc para las elecciones del 27 de mayo, que no es otro que el de decir adiós al PP y lograr echarlo fuera de las instituciones valencianas y la Generalitat».

La hoja del estado de cuentas del Bloc incluye facturas de fotografías de candidatos, cuñas o un vehículo publicitario alquilado en Torrent.

Según esta información, la Policía Nacional también ha rastreado una serie de correos electrónicos en los que se menciona a «Lluis Miquel», quien, según diversas fuentes, podría referirse a Lluis Miquel Campos, actual jefe de gabinete de Enric Morera en las Cortes y destacado dirigente valencianista.

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MÁS INFORMACION EN:

 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/03/28/5abb6bf3ca474162458b4637.html

 

[27] Ciudadanos y Podemos piden al Gobierno conceder más indultos

Por Raúl Piña

Articulo publicado el 31 de marzo de 2018 en: 

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/31/5abe6b4e22601da92c8b4604.html

 

Denuncian la caída general de los últimos años pero el PP defiende limitarlos al máximo

 

Entre las muchas tradiciones que alberga la Semana Santa se enmarca una histórica, no exenta de polémica: los indultos a solicitud de las cofradías religiosas. Este año han sido cinco, de un total de nueve que el Consejo de Ministros concedió el pasado 16 de marzo. Son los primeros que el Gobierno concede en 2018.

La aplicación de esta institución se ha ido restringiendo en los últimos años, circunstancia que ha llevado a Podemos y Ciudadanos a criticar su reducido número. Esto es, emplaza a que se concedan más.

En 2017, el Gobierno aprobó 26 indultos, la cifra más baja de la última década. En 2007, por ejemplo, fueron 521, y en 2012, el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy, se otorgaron 501. Los indultos específicos por Semana Santa, a petición de las cofradías, han bajado desde los 17 de 2011 a los cinco de este año.

«Expresamos cierta preocupación por el descenso tan drástico en el número de indultos concedidos. Nos preocupa que el carácter excepcional y el rigor que guían el uso de esta prerrogativa por parte del Gobierno desvirtúen de alguna manera la finalidad y la razón de ser de esta institución», expuso Marcial Gómez, diputado de Ciudadanos, en la Comisión de Justicia que evaluó el informe sobre indultos relativo al segundo semestre de 2017.

La formación que lidera Albert Rivera transmitió a la subsecretaria del Ministerio de Justicia su preocupación por que el Gobierno haya «malinterpretado» el rechazo general a determinados indultos en casos de «corrupción, violencia de género o crímenes de especial violencia o especialmente atroces», y «haya hecho extensiva esa sensibilidad popular a toda suerte de casos». «Algunos indultos son necesarios», pidió Gómez.

Una preocupación por el desplome en la concesión de este perdón gubernamental que también atañe a Podemos. «Nos sorprende el número escaso de indultos. El descenso ha sido vertiginoso», zanjó en la misma comisión parlamentaria Jaume Moya, diputado de Unidos Podemos. «Nos preocupa esta dejación de la institución del indulto, que entendemos que es fundamental en el sistema de política criminal del Estado español. Es una auténtica válvula de seguridad, un elemento corrector dentro del ordenamiento jurídico que tiene, como sabe, la finalidad de coadyuvar al mantenimiento de los principios y valores constitucionales de libertad, justicia e igualdad».

Ambas formaciones trasladaron su planteamiento de que el Gobierno sea más benévolo en la concesión de indultos. Eso sí, marcaron límites al Ejecutivo: que no sean nunca por corrupción y que se supriman los de Semana Santa.

En particular, Unidos Podemos pide acabar con los «habituales indultos concedidos como medida de gracia y clemencia instados por cofradías religiosas. En un Estado aconfesional, que la mayoría de los indultos sean instados por cofradías religiosas nos supone cierta contradicción», reflexionó Moya.

Esta petición no es respaldada ni por el PSOE ni por el PP. «El instrumento del indulto es residual, excepcional», contrapuso Juan Carlos Campo Moreno, diputado socialista, en el debate parlamentario. «Nunca llueve a gusto de todos», afeó el diputado del PP Francisco Molinero Hoyos. «Si hay muchos indultos, el Gobierno se extralimita en el poder discrecional de la concesión del derecho de gracia; si hay pocos, el Gobierno es un poco caciquero y no quiere concederlos».

¿Pero por qué ha habido un descenso en los indultos? Para el Gobierno hay tres causas. Las expuso Áurea Roldán Martín, subsecretaria del Ministerio de Justicia. En primer lugar, «ha bajado en sí mismo el número de solicitudes desde el máximo histórico en 2014 de 7.000. Ahora estamos en 4.000». Segundo, «está el principio de individualización de las resoluciones: se tienen en cuenta las circunstancias concurrentes, pero también la sensibilidad social».

Y, por último, el indulto, en tanto que «implica una injerencia de un poder, el Ejecutivo, en las decisiones de otro poder [el Judicial] debe estar limitado». El Gobierno defiende el «respeto hacia las tareas constitucionales encomendadas al Poder Judicial, y la sociedad exige este esfuerzo de autolimitación».

 

 

ENTREVISTA A EVGENY MOROZOV

[28] “Más protección de datos no es suficiente para frenar el poder de Facebook o Google”

Por Pablo Romero

Articulo publicado el 28 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/culturas/entrevista-evgeny-morozov-proteccion-datos-no-suficiente-frenar-facebook-google.html

 

Para Evgeny Morozov, considerado uno de los azotes intelectuales de Silicon Valley, las grandes compañías de EEUU y China se están haciendo con el control de infraestructuras. “Hay toda una nueva política por hacer”, afirma

 

Evgeny Morozov, durante un momento de la entrevista. Román Lores | MNCARS

Justo cuando truena sobre Facebook por el uso que Cambridge Analytica hizo de los datos de millones de estadounidenses sin permiso para tratar de influir en las presidenciales que ganó Donald Trump, es bueno dar unos cuantos pasos hacia atrás y asomarse a un panorama más general. ¿Se trata de un problema de protección de datos y de oscuras influencias políticas, o es un síntoma más de algo mucho más complejo? ¿No es acaso “lo digital” un reflejo de nuestro sistema capitalista?

Evgeny Morozov (1984), uno de los grandes escépticos que critican el discurso amable y atractivo de Silicon Valley, ha venido al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid a participar en un ciclo de seminarios titulado “Seis contradicciones y el fin del presente”. Para él, tenemos un problema con el capitalismo digital. Grandes compañías estadounidenses (Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple…) y chinas (Alibaba, Tencent…) acumulan enormes cantidades de datos. Poco a poco, de forma imparable, esas compañías se están haciendo con el control de infraestructuras. Y, paulatinamente, establecen sus propias condiciones. Toda una privatización del espacio originariamente público, a plena luz del día y delante de nuestras narices. Tienen demasiado poder.

“No podemos hablar del capitalismo digital sin hablar del financiero”

Autor de El desengaño de Internet. Los mitos de la libertad en la red (Destino, 2012) y La locura del solucionismo tecnológico (Clave Intelectual, 2015), Morozov sostiene que el “capitalismo digital” es mucho más que Facebook o Twitter, es decir, de la mera monetización de nuestros datos; tiene que ver con la salud, el transporte, con el control de las infraestructuras. “Algo que va más allá de la protección de los datos personales”. También afirma que “no se puede hablar del capitalismo digital sin hablar del capitalismo financiero”. Y todo ello, sin perder de vista la dimensión política del asunto.

Personalmente, Morozov cree que abordar esas cuestiones como una asunto legal o de protección de los consumidores (mejor dicho, de protección de los datos de los consumidores) es quedarse a las puertas de la cuestión, ya que las soluciones previstas –más regulación, mayor protección de los datos- “no serán suficientes para abordar el creciente poder de esas compañías, para frenarlo”.

Influencia ‘relativa’

El asunto de Facebook y Cambridge Analytica tiene que ver, precisamente, con el uso de nuestros datos en la red. ¿Es simplemente ruido? ¿Es un síntoma del mundo en el que vivimos? ¿O es algo más? “Depende mucho de cuánta fe tengas en los sistemas electorales de las democracias avanzadas”, comenta, y se pregunta si no han sido manipuladas con anterioridad mediante el uso de datos y el análisis del comportamiento, incluso antes del surgimiento de las redes sociales e internet.

“Necesitamos tener un punto de referencia, y para mí no está en una idílica arcadia anterior a internet, sino cómo han sido tradicionalmente las campañas políticas y qué medios han influido decisivamente en ellas, al menos en EEUU”, comenta, y añade: “Fox News ha estado sacudiendo el paisaje electoral americano durante años, y sinceramente no puedo poner al mismo nivel el trabajo de Cambridge Analytica, el términos de propaganda y manipulación de lo que la gente piensa”.

No obstante, en el caso de los datos que proporcionan no sólo Facebook, sino las demás redes sociales y las búsquedas en Internet, es apabullante. Y el nivel de conocimiento que pueden tener sobre nosotros es altísimo. “Bueno, pero es que para mí eso es un grano de sal”, afirma, y explica: “Si sigues el dinero, tienes que fijarte en las grandes compañías y cuestionarte: dado que en los últimos años han invertido grandes cantidades de dinero en anuncios en las redes sociales, ¿tienen fe en el poder de ese tipo de anuncios? ¿O esa fe está descendiendo? Me da la impresión de que se están dando cuenta de que esa forma de publicidad, de fijar el objetivo de la misma, es un fraude; no es demasiado efectiva”. Y apunta: “Muchas grandes marcas, como Procter & Gamble, están reduciendo su inversiónahí, porque no lo ven efectivo” 

Evgeny Morozov cuestiona la eficacia del ‘microtargeting’. Román Lores | MNCARS
 

“La idea de uno vea un anuncio de Donald Trump y que, de repente, se dé cuenta de que su postura sobre la inmigración o el control de armas es completamente diferente a la de Hillary Clinton, es asumir que la gente es completamente idiota”, añade.

Lo cierto es que la polémica del uso de ‘microtargeting’ va por otro camino: gira en torno a la idea de que determinados mensajes a determinados votantes (muchos de ellos indecisos) pueden adecuarse a sus gustos, o a sus miedos y temores. La respuesta de Morozov no decepciona: “Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que la gente de Cambridge Analytica dice, y si yo me dedicara al marketing también diría ese tipo de cosas”, ironiza.

“La forma en la que esos grupos objetivo de determinados mensajes, y la efectividad de esos mensajes, su efecto real, es algo que debería ser cuestionado e investigado”, afirma este experto. “La idea de tomar en serio afirmaciones de una compañía de marketing es un poco exagerado, y me cuesta trabajo tomar esas afirmaciones como algo real”, asegura, “tendría que ver todas y cada una de las pruebas que sustentan esas afirmaciones sobre la persuasión de un montón de personas mediante los anuncios que vieron en Facebook”. “En cualquier caso, comparado con otras formas de propaganda y marketing político, yo podría más atención en lo que hacen cadenas como Fox News que en la actividad de Cambridge Analytica”, insiste.

Un panorama más amplio

Entonces, ¿por qué una campaña política iba a gastar dinero en algo así, como hicieron Trump o la campaña del Brexit al contratar los servicios de Cambridge Analytica? ¿Cómo nos protegemos para los posibles efectos de esta supuestas manipulaciones? Porque al final, el último escándalo es la constatación de que las empresas de internet recolectan masivamente nuestros datos que luego son usados para experimentos para los que no hemos dado nuestro consentimiento.

“Por fin el problema está empezando a ser abordado desde una escala apropiada”

“Es que al final todo depende de dónde quieras enmarcar este problema digital”, comenta Morozov, “que es ambiguo y difícil de definir: ¿de qué hablamos? ¿Qué ángulos tiene? ¿Es un problema legal? ¿Es una cuestión de protección de los consumidores? ¿Es un problema económico? ¿O político?”. Y celebra que, al menos ahora, “por fin el problema está empezando a ser abordado desde una escala apropiada, y hay ya espacio de maniobra suficiente como para buscar varios enfoques”.

Para Morozov, la situación actual puede verse como una oportunidad, más que como un problema, y sería deseable que en Europa se abriesen “amplias intervenciones” en asuntos tipo cómo usamos los datos en las infraestruturas. O bien cómo podemos podemos usar nuestros propios datos para poder impulsar nuestra propia inteligencia artificial –sin regalárselo a terceros- y no depender tanto de los desarrollos estadounidenses y chinos, que claramente lideran ese sector. En definitiva, cómo podemos recuperar la llamada ‘soberanía tecnológica’ en Europa, no en cada estado sino en el continente en general.

Morozov cree que el ‘problema digital’ es casi una consecuencia de las liberalizaciones. Román Lores | MNCARS

“Veo que muchos grupos y partidos políticos se encuentran perdidos, y los argumentos tradicionales, los de la política del siglo pasado, ya no sirven para esta década”, comenta Morozov. “La tarea es enorme”, asegura, y afirma que considerar que todos esos problemas digitales forman parte de un panorama más amplio “no requiere una serie de soluciones a una serie de problemas, sino que el asunto se convierte en todo un proyecto político en sí”. “No es simplemente una intervención tecnócrata en la protección de datos, o cantar alabanzas hacia el cifrado de datos o la tecnología blockchain; no tengo nada contra estas tecnologías, siempre que se enmarquen dentro de un proyecto político más amplio, siempre que sean los medios para alcanzar un objetivo, y no el objetivo en sí”.

Consecuencia, no causa

Si internet es un reflejo de la realidad, está interconectado, ¿hemos de cambiar la sociedad? “Hablar del ‘problema digital’ es un atajo muy bonito. ¿Qué es el ‘problema digital’? Si echamos un vistazo a una compañía como Uber, lo que hace con sus conductores es lo que nuestros políticos han estado deseando hacer durante años: horarios flexibles, con escasa cobertura o beneficios sociales reducidos… En muchos mercados, este tipo de empresas han forzado una liberalización tan agresivamente que a veces se convierten en dominantes”, comenta, y añade: “Sea digital o no, si liberalizas del todo los mercados de servicios, alguien vendrá y construirá algo ahí para proveer de dichos servicios a quienes los demanden”.

“No veo la economía digital como la causa de todas estas predicciones, sino que es una consecuencia”, dice Morozov. Él cree que Airbnb, por ejemplo, debe su éxitoen las políticas impulsadas por algunos gobiernos orientadas a que la gente compre su propia casa y así se impulse el mercado hipotecario. “Y claro, surgen plataformas que te permiten monetizar tu inversión”, razona.

Una gran parte de su argumentario gira en torno a que el ‘problema digital’ es casi una consecuencia -algo casi necesario, dada la demanda de servicios- de las liberalizaciones de los últimos años. “Y en este sentido, no se trata de salvar el resto del mundo para solucionar el ‘problema digital’, sino que el objetivo sea solucionar el resto del mundo”, ríe.

“No veo la economía digital como la causa de todas nuestras predicciones, sino que es una consecuencia”

En cualquier caso, para Morozov existe el peligro de quer los ‘problemas digitales’ se conviertan en un solo problema, como el ecologismo en los 70, con partidos políticos centrados en ello. ¿Veremos partidos centrados en el ‘problema digital’? “Sería lo mismo que estar centrados en el capitalismo en sí”, contesta, y recuerda los partidos piratas que surgieron en Europa hace unos años–centrados en asuntos de propiedad intelectual en la red- y dejaron de lado el resto de problemas, lo que resultó ser su principal fallo.

“Cuando hablo de capitalismo, de mercado, de Europa… es porque ahí está la cuestión digital de verdad, no simplemente en la protección de datos en plataformas comerciales, o en los algoritmos”, afirma. Y al final, en mitad de tanto escepticismo surge una chispa de esperanza: “Soy optimista en el sentido que hay toda una nueva política por hacer sobre la base de estos problemas”. 

 

[29] Privacidad: Guía para entender qué es GDPR

Por David Bollero

Articulo publicado el 28 de marzo de 2018 en: 

http://blogs.publico.es/kaostica/2018/03/28/privacidad-guia-para-entender-que-es-gdpr/

 

 

¿QUÉ ES GDPR?

Su siglas en inglés corresponden a General Data Protection Regulation. Se plasma en el Reglamento 2016/679  y pasa por ser una de las reformas más profundas que ha acometido la Unión Europea (UE) en materia de protección de datos. El objetivo es garantizar la privacidad de la ciudadanía en su día a día en internet, especialmente de cara a no caer víctima de un abuso por parte de las compañías que comercian con nuestros datos personales. Escándalos como el reciente de Facebook parecen recomendar especialmente la adopción de este tipo de medidas.

Por datos personales entendemos toda la información que recopilan los sistemas informáticos de nosotr@s, buena parte de ellas a través de cookies, desde las direcciones IP, a identificaciones personales, o información de salud, económica o cultural.

¿SÓLO ES PARA EUROPA?

Esta protección también afecta a nuestros datos cuando éstos son exportados fuera de la UE. En esencia, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea intentan devolver el control de sus datos a sus legítimos propietari@s, las personas. Tanto es así que el reglamento aplica a actores que se encuentren fuera de la UE siempre y cuando operen con datos personales de ciudadan@s europe@s.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR?

El próximo 25 de mayo todas las empresas deberían tener sus sistemas apuntos para cumplir con el reglamento. Ninguna empresa está eximida de su cumplimiento, da igual si es grande o pequeña, de si se dedica a la banca o a la hostelería; tampoco escapa la Administración Pública o las entidades sin ánimo de lucro. En realidad, este reglamento se aprobó el 27 de abril de 2016, por lo que las empresas, aunque les vaya a pillar el toro, han tenido dos años para prepararse. Además, los Gobiernos de cada Estado miembro no tienen que mover un solo dedo, sin que sea necesario legislar, pues el GDPR es vinculante y, por tanto, aplicable.

Se contemplan dos tipos de actores diferentes: por un lado, los llamados controladores de datos, es decir, la empresa que determina cómo y por qué han de ser procesados los datos; ahí es donde entra en juego el segundo tipo de actores, los procesadores que se encargan del procesamiento informático de toda esa información.

¿CÓMO HAY QUE PONERSE AL DÍA?

Especialmente para las organizaciones de menor tamaño, no resulta una tarea sencilla. La farragosa terminología ya es compleja de descifrar por ellas mismas… y éste es un punto esencial para poder iniciar esa puesta a punto a la hora de blindar los datos personales de las personas usuarias.

El primer paso sería tener un dibujo real del panorama de nuestra empresa, algo que no siempre resulta sencillo y para lo que se precisa de consultores externos. Así, es recomendable realizar tanto una Evaluación de Impacto de la Privacidad (PIA) como una Evaluación de Impacto de la Protección de Datos (DPIA) de todas las políticas de seguridad.

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES DE CARA A L@S USUARI@S?

Para empezar, se les acabó a las empresas comerciar con nuestros datos personales sin nuestro consentimiento explícito. No sólo eso, sino que también el derecho al olvido será una realidad, así como la revocación de cualquiera de estos consentimientos explícitos.

Además, en caso de que se produzca una brecha de seguridad o se haya realizado un uso indebido de los datos personales almacenados, las empresas tendrán que comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 días. Ahora, en cambio, sólo nos enteramos cuando la prensa lo destapa… aunque sea años después y nuestros datos personales hayan estado comprometidos.

¿ESTÁ LISTA LA EMPRESA ESPAÑOLA?

La respuesta es un clamoroso no; ni lo está ahora ni llegará a tiempo para el 25 de mayo. Ya han sido publicados numeros estudios que así lo indican, como el realizado por la firma tecnológica Compuware que revelaba que más de la mitad de las empresas (56%) no cumplen con el reglamento, aunque más de un 70% dice estar muy bien informada. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar a ser millonarias en el caso de las grandes compañías, pues contemplan multas de hasta el 4% del volumen de negocios mundial (o 20 millones de dólares, la cantidad que sea más elevada).

¿POR QUÉ ES TAN COMPLEJA LA ADAPTACIÓN?

Porque no resulta nada sencillo saber dónde se encuentran los datos personales de cada individuo en un momento concreto. Es preciso tener en cuenta que hay que cubrir todos los los ciclos de vida de los datos, desde su mismo origen hasta su destrucción.

Lo que antes podía resultar fácil, con la llegada del procesamiento masivo de datos (big data) y la explosión en el volumen de información que se vive en las organizaciones, ahora es complejo. Factores como el hecho de que tanto infraestuctura tecnológica como servicios informáticos estén subcontratados con terceros o, incluso, la adopción masiva de la movilidad, suman aún más dificultad. Si, además, se ha producido una fusión o compra de empresas que compartían clientes, el desbarajuste puede ser total con registros de usuari@s duplicados o triplicados.

Y este es sólo el primer paso, porque lo que viene a continuación es el establecimiento de diferentes fórmulas de protección de toda esa información, desde la encriptación, a ‘anonimizar’ todos esos datos personales. Así las cosas, más de una empresa debe de estar lamentando no haber comenzado los deberes dos años atrás.

 

[30] Cifuentes: de anécdota a categoría

Por Javier Pérez Royo

Articulo publicado el 31 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Cifuentes-anecdota-categoria_6_755634433.html

 

Si se acredita que Cifuentes, como creo que se va a acreditar, no asistió a ninguna clase y que no hizo ningún trabajo sobre las asignaturas, ¿en qué van a basar los profesores la calificación que han reflejado en las actas?

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes EFE

La investigación que se ha abierto sobre las notas de Cristina Cifuentes en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos va a poner de manifiesto que la calificación de “no presentado” en dos asignaturas, entre ellas el Trabajo de Fin de Máster, es lo único que hay de verdad en todo el expediente. Sobre todo lo demás, sobre todas las calificaciones en las que se acreditaba que Cristina Cifuentes había aprobado las asignaturas, se va a demostrar que son falsas.

No puede ser de otra manera. El desempeño de la tarea de delegada del Gobierno en cualquier comunidad autónoma, pero más todavía en alguna de las cuatro grandes, Catalunya, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, es incompatible con hacer unos estudios reglados. Si se estudia, no se hace el trabajo de delegada del Gobierno y si se hace el trabajo de delegada del Gobierno, no se estudia.

Un delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid no es dueño de su agenda. No puede serlo. Su persona es la proyección institucional del Estado en la Comunidad. Es, en consecuencia, imposible que le quede tiempo físico o psicológico para seguir unos estudios reglados. Podrá y deberá leer, con la finalidad de no quedarse reducido a la mera tarea de gestión. El trabajo de leer es complementario de la tarea de gestionar. Es el complemento cualitativo del trabajo cuantitativo indispensable en el entrenamiento deportivo. Pero hacer un curso reglado, como un máster, es otra cosa.

En cuanto se contrasten los días y las horas en que se impartió el máster con la agenda de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno, se comprobará que prácticamente ninguno de los días en que tenía que estar en la Universidad, Cristina Cifuentes estaba. Seguro que estaba en cualquier sitio menos en la Universidad. Y si estaba en la Universidad porque le tocaba ese día en su agenda, no estaría en la clase del máster.

El máster de Cristina Cifuentes tiene que haber sido un fraude universal, que se ha descubierto porque los profesores de dos asignaturas cumplieron con su obligación y la calificaron con un “no presentado”, que es lo que tendrían que haber hecho los de todas las demás.

Los que la calificaron con el “no presentado” tienen que ser investigados no por la calificación que le dieron, sino por la reacción que han tenido una vez que se ha descubierto el fraude de la rectificación de las actas. Su conducta fue correcta en la calificación inicial de “no presentado”. No lo ha sido su conducta posterior.

Los que tienen que ser investigados son los que calificaron con aprobado o con la nota que fuera las demás asignaturas. Si se acredita, como creo que se va a acreditar, que Cristina Cifuentes no asistió a ninguna clase y que no hizo ningún trabajo sobre la materia propia de cada una de las asignaturas, ¿en qué van a basar los profesores la calificación que han reflejado en las actas?

El descubrimiento de Raquel Ejerique ha destapado un fenómeno de corrupción general en la Universidad Rey Juan Carlos, amplificado por un intento de encubrimiento de la misma por el rector, el supuesto director del máster y otro de los profesores con rueda de prensa televisada incluida. Mercedes Gallizo esa misma mañana, antes de la comparecencia del rector, ya avisó de que Cristina Cifuentes estaba intentando que el máximo responsable de la Universidad le sacara las castañas del fuego.

El máster de Cristina Cifuentes es un claro ejemplo de la anécdota que se convierte en categoría. Es una metáfora del PP como partido político. La metáfora de un partido constitutivamente corrupto, donde el fraude no es la excepción sino la norma.  

 

 

ENTREVISTA | Raquel Rolnik, relatora de la ONU para la Vivienda

[31] “El Gobierno español ha provocado la financiarización de la vivienda y la burbuja del alquiler”

Por Sergi Pitarch

Articulo publicado el 27 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/cv/Raquel-Rolnik-Gobierno-provocado-financiarizacion_0_754525368.html

 

La relatora especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda y miembro del Gobierno de Lula avisa de la especulación inmobiliaria y llama a los políticos a regular el mercado y el acceso a la vivienda “en favor de los ciudadanos”

“Un Gobierno que debería defender a sus ciudadanos y sus derechos a la vivienda lo que hace es impulsar la política de la golden visa -visados en España para millonarios que invierten más de 500.000 euros en inmuebles-“, denuncia

 

Raque Rolnik, exministra de Vivienda de Brasil y autora de “La guerra de los lugares”, antes de su conferencia en Valencia

El barrio de Russafa de Valencia, como el de Poble Nou en Barcelona o el distrito Centro de Madrid, están sufriendo duros procesos de gentrificación y de turistificación, que expulsan a los vecinos de clases populares para dejar paso a los turistas y a los ciudadanos con rentas altas. Ante esta preocupación, la Plataforma per Russafa, ha invitado a la arquitecta y urbanista Raquel Rolnik a presentar su libro La Guerra de los Lugares: la colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Un ensayo sobre el proceso de “financiarización de la vivienda”. Desde su experiencia en el Gobierno de Lula da Silva en Brasil, Rolnik critica las políticas de Mariano Rajoy y llama a la “regulación” del mercado.

-Llega a Valencia -también pasa en Madrid y Barcelona desde hace un par de años- en un momento en el que la burbuja de los alquileres turísticos ya está empezando a expulsar a los vecinos y familias de los barrios populares. Plantea que esta especulación en la vivienda viene provocada por su financiarización. ¿Podría profundizar en ese concepto?

-Lo que hemos visto, y esto es una tendencia global, es que la vivienda se ha convertido en una mercancía, en un activo financiero. A nivel internacional, el sector de la vivienda ha sido tomado por las finanzas. Esto tiene que ver con la hegemonía de las finanzas sobre todas las demás formas de capitalismo. Pero particularmente el espacio construido ha sufrido este fenómeno porque para los financieros los inmuebles son una garantía para las inversiones. Y se vio en la crisis de las hipotecas. El espacio construido es una garantía para el capital invertido de que esto no va a desaparecer, que tiene una compensación. Lo que ha pasado recientemente es la titularización del espacio construido. Ahora no es necesario comprar y vender para poder obtener los usufructos de las rentas sino que se puede rentabilizar el bien sin ser el propietario total del mismo, teniendo solo una parte. Y esa nueva frontera que se ha superado es el alquiler, con el nacimiento de un sector propietario de viviendas, real o virtual, capaz de generar un gran movimiento de inversión que ofrece grandes rentabilidades. El ejemplo son las Socimis ( Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) que han comprado edificios enteros devaluados durante la crisis y que los han puesto en el mercado de la renta echando a la gente. Pero también Airbnb ha provocado este fenómeno.

-¿La turistificación o masificación del turismo ha provocado ese efecto de expulsión de los vecinos de los barrios populares de las ciudades?

-Es un problema el hecho de que también hay un mercado global de destinos turísticos. Las ciudades españolas como Barcelona o Valencia son grandes destinos turísticos y tienen un problema, porque toda la política urbana y de vivienda está armada para que se saque renta de los inmuebles y no para que la gente viva. El problema es que, a pesar de que Airbnb puede favorecer al propietario de un piso que alquila una habitación, hay grandes inversores financiarizando la vivienda. También Aibnb tiene inversores que son los propios bancos que provocaron la crisis financiera e hipotecaria. Y ganan mucho dinero, esta es una nueva frontera. Esta lógica ha ocupado los barrios. 

-Creo que en España nos ha pillado de sorpresa. Todavía no nos habíamos recuperado del hundimiento de la economía y del precio de la vivienda y en tres años ya vivimos una nueva burbuja, esta vez del alquiler. 

-En la historia del capitalismo hemos visto varios ciclos de este tipo. Son ciclos de valorización, devaluación, revaluación. Y este es justamente eso, hubo un ataque del capital financiero global a la vivienda, luego una salida radical de esta inversión y por tanto una devaluación y el stock devaluado se convierte en una nueva oportunidad de inversión. Pero esto solo beneficia a quien tiene una gran capacidad de movilizar capitales. No es para ti, para mi, mi abuela, mi tío, mi vecino, sino para los grandes fondos. Y este juego es el que pierden los vecinos. Es una doble desposesión, la crisis hipotecaria que dejó a millones de ciudadanos endeudados, desahuciados, estafados y ahora, esto se convierte en una demanda de vivienda de alquiler porque no hay opción de acceso a crédito después de la crisis. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? El Estado al ver una crisis de vivienda con todo este stock devaluado, en lugar de ver una opción para regular el acceso a la vivienda, hace lo contrario. Atrae capitales para tomar ese stock devaluado. Con ello podemos concluir que esa financiarización de la vivienda, también con la burbuja del alquiler, es cien por cien conducida por el Estado español. Conducida, regulada y atraída. Un Gobierno que debería defender a sus ciudadanos y sus derechos a la vivienda lo que hace es impulsar la política de la golden visa -visados en España para millonarios que invierten más de 500.000 euros en inmuebles-.

-No se aceptan refugiados sirios pero se facilita la llegada “legal” de millonarios rusos o chinos que compran inmuebles millonarios.

-Es una afirmación clara de la posición del Estado español con respecto al concepto de ciudadano. El ciudadano no es la gente que necesita vivienda, el ciudadano es el magnate que tiene capital compitiendo con la gente. Y claro, la gente no puede competir con un magnate ruso o árabe. 

-Hecho el diagnóstico sobre la situación actual, ¿Cómo se puede frenar esta financiarización de la vivienda?

-Es absolutamente necesario replantear el tema de la famosa crisis fiscal. La idea de que el Estado está quebrado, que no hay fondos públicos, que la única manera de salir de la crisis es abrir la puerta y que vengan los capitales financieros internacionales. Pero lo que hemos visto en la medidas postcrisis es la enorme cantidad de fondos públicos que han sido movilizados para salvar a los bancos. Entonces, si hay fondos públicos para salvar a los bancos hay fondos públicos para ocuparse de los ciudadanos y de su necesidad de vivienda. No hay fórmula mágica, sino la vieja fórmula de políticas públicas de protección, de apoyo a la vivienda, de regulación del mercado, de regulación de las Socimis, de derogación de la golden visa… Utilizar las herramientas que el Estado tiene para regular no para hacer daño a los ciudadanos sino para ayudarles. Y un cambio en la ley de arrendamientos urbanos es una de las soluciones, así como la regulación de Airbnb, preocupación por la planificación urbana local con respecto a la turistificación.

-Bueno, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo modificaciones en el arrendamiento, y es bajar de 5 a 3 años el máximo de tiempo de vigencia de los contratos de alquiler. Ya está provocando la salida de los arrendatarios con menores rentas de los barrios populares.

-Es el claro ejemplo, a parte de la golden visa, ha sido claramente una medida del Estado para destruir el poder de los ciudadanos y aumentar el poder de los propietarios. Una medida activa del Estado de imponer a la gente la financiarización de la vivienda. Hay que cambiar la ley para revertir estos efectos. El alquiler es la nueva frontera de la financiarización de la vivienda y en España han tenido la mala suerte de estar a la vanguardia global de este fenómeno. Barcelona, Madrid, Valencia… 

-¿Es este fenómeno el fin de las ciudades de los ciudadanos?

-Creo que no, porque lo que estoy viendo en varias ciudades son procesos potentes de resistencia de los ciudadanos. Una recuperación de los movimientos sociales urbanos, con la recuperación de la ciudad y con la entrada de nuevas generaciones. Este movimiento ya ha introducido algunos cambios en las políticas de las ciudades, como en Barcelona y Valencia, aunque también con límites. En los próximos años nos asistiremos al fin de los ciudadanos, sino el inicio de nuevas luchas urbanas. Tenemos ejemplos como la creación de la PAH o el Sindicat de Llogaters. 

 

[32] Cuarenta días después, el juez prorroga la prisión provisional para seis personas por un intento de ocupación en Sevilla

Por Javier Ramajo

Articulo publicado el 27 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/desalojo-prision-preventiva_0_754525163.html

 

La medida cautelar de encarcelamiento la considera “ajustada al principio de proporcionalidad al revelarse necesaria, idónea e instrumental”

Para una de las defensas, el auto no motiva el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva, argumentos en los que se basa el juez

 

Uno de los encarcelados fue juzgado un día antes por la ocupación de otro inmueble cercano

A través de un auto fechado este 23 de marzo, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el juez concluye que “la gravedad de los hechos, tanto por la mecánica de los mismos, con la actuación concertada y violenta de un grupo numeroso de personas, como por la pena que podría resultar de aplicación, unido a los antecedentes que se señalan en el atestado policial, permiten sostener el concurso de un riesgo de elusión de la justicia como de reiteración delictiva, lo cual aconseja mantener la medida cautelar de prisión provisional”, una medida “ajustada al principio de proporcionalidad al revelarse necesaria, idónea e instrumental para asegurar la instrucción”.

Los recursos de reforma se presentaron entendiendo que el auto de prisión carecía de fundamento y había “ausencia de motivos” para acordar la medida, así como “ausencia de riesgo de destrucción de pruebas o reiteración delictiva”, recuerda el juez, que repasa el concepto de prisión provisional y los presupuestos que la determinan, argumentando para ello “la conjuración de ciertos riesgos relevantes para el normal desarrollo del proceso, para la ejecución del fallo o, en general, para la sociedad”.

Recursos ante la Audiencia

Una de las defensas, al conocer el auto, ha señalado a este medio que la resolución judicial está “sin motivar el porqué del riesgo de fuga, el porqué se van a destruir pruebas o el porqué se va a volver a delinquir”. Lo cierto es que las situaciones de los investigados son diferentes y no se particulariza la actuación ni en éste ni en el auto que dictó la prisión provisional pese a que se trata, además, de delitos diferentes.

Las defensas, que pueden interponer recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla (dos de ellas ya lo tienen interpuesto de forma subsidiaria) ya coincidieron en lamentar la lenta tramitación de sus recursos en una ‘causa con preso’ como la presente, a la que se le presupone especial urgencia a la hora de atender a los escritos de las partes. Entre los diversos argumentos esgrimidos por las defensas, ahora rechazados por el juez, estaban que no existen indicios para justificar “una medida cautelar tan excepcional como es la privación de libertad traducida en prisión provisional”.

El nuevo episodio de ocupación fue protagonizado por personas sin hogar y por activistas en defensa del derecho a la vivienda, con el apoyo de la Corrala Dignidad, un  nuevo concepto de corrala establecido hace unos meses en Sevilla para dar cobijo alternativo a personas sin hogar y cuyo juicio está pendiente de sentencia. Precisamente una de las personas juzgadas el pasado 15 de febrero está en la cárcel por participar en la nueva ocupación, acometida al día siguiente del juicio a la Corrala Dignidad.

 

[33] El juez o la jungla

Por Pascual Serrano 

Articulo publicado el 27 de marzo de 2008 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/juez-jungla_6_754584550.html

 

En los recientes acontecimientos judiciales no se está criticando solo nuestro sistema legal, se está acusando a los jueces de burlarlo aplicando decisiones que no se ajustan a la norma

 

La sede del tribunal Supremo EFE

He de reconocer que el análisis de nuestro sistema judicial tras las decisiones de los tribunales respecto al procés me tiene algo desorientado. No me refiero tanto a si estar o no de acuerdo con estas decisiones, como a la actitud que debemos adoptar ante la “justicia”.

En primer lugar, debemos diferenciar entre compartir o acatar las medidas judiciales. El problema surge cuando, ante las recientes resoluciones (procesamiento por rebelión, encarcelamiento preventivo…) nos planteamos la discrepancia y acusamos al sistema judicial de estar controlado por el gobierno, es decir, de no ser independiente, es decir, adoptar resoluciones injustas, o sea, de prevaricar. Parece lógico que, si llegamos a esa conclusión tras unas determinadas decisiones, no podemos, luego, compartir o aplaudir otras porque no estamos criticando una decisión judicial, sino que hemos desautorizado nuestro sistema judicial a su nivel más alto, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. A partir de eso, deberíamos considerar lícito no acatarlo, exigir la liberación de presos y considerar legítima la fuga de acusados por considerarlos exiliados en lugar de prófugos en todos los procesos. En los recientes acontecimientos judiciales no se está criticando solo nuestro sistema legal, se está acusando a los jueces de burlarlo aplicando decisiones que no se ajustan a la norma. Cuando algunos hace décadas apoyamos el movimiento de insumisión contra el servicio militar obligatorio no estábamos rebelándonos contra los jueces, sino contra la ley que lo establecía y exigíamos que se cambiara.

Además, tampoco podemos recurrir a intentos institucionales de cambio o mejora, puesto que hemos llegado a la conclusión de que nuestros jueces encarcelan y reprimen de forma arbitraria y represiva sin respeto a la ley. No vale la pena, por tanto, trabajar por cambiarla. Acatar las decisiones judiciales, no aceptando por tanto que los procesados se fuguen o entender que ante la discrepancia la solución no es otra que cambiar la ley, es fundamental para la convivencia. Uno puede estar en contra de otras instituciones sin que ello afecte al funcionamiento de la democracia. Por ejemplo, algunos no reconocemos la monarquía, nada de lo que diga o haga merece nuestro aprecio, porque rechazamos la propia institución y ningún pronunciamiento de ella -tanto si creemos que nos beneficia como si no- consideramos que tenga valor. Pero es evidente que no se puede adoptar la misma posición frente a la judicatura sin que haya consecuencias en nuestro modelo de convivencia. 

Dicho lo anterior, no entiendo cuando, con buena intención, se dice que las decisiones judiciales no colaboran en resolver el problema de Catalunya. Es que los jueces no deben resolver conflictos políticos, sino aplicar la ley, independiente de que como resultado de su aplicación el conflicto se resuelva o se agrave. Cuando una sentencia judicial envía a la cárcel a un asesino, no se plantean si están agravando la situación económica de su familia que puede entonces perder los ingresos económicos que proporcionaba el ahora encarcelado. Simplemente el juez aplica la pena establecida al que se demostró que cometió un delito.

Por tanto, debemos posicionarnos sobre si vamos o no a acatar las decisiones de nuestro sistema judicial, aceptando que las situaciones de injusticia que provoquen son solo el resultado de una legislación inapropiada, injusta incluso. Es lógico que siempre tengamos discrepancias con sentencias y decisiones judiciales, en los recientes encarcelamientos de líderes independentistas podemos debatir y discrepar sobre si se puede considerar rebelión o no, en qué medida hubo o no violencia, y si es proporcionada o no la prisión preventiva. Pero deberíamos asumir que la opción es recurrir a una instancia judicial superior para que vuelva a juzgar (incluso revocar o sancionar a un juez, como sucedió con Pascual Estevill, pero siempre a través de la institución judicial) o a intentar cambiar la ley que se aplicó (el caso de la insumisión al servicio militar obligatorio). Si desautorizamos las decisiones que no nos complacen porque consideramos injustas debido a arbitrariedades judiciales y renegamos de los más altos tribunales, estaremos legitimando también a que corruptos, asesinos y todo tipo de crímenes puedan acogerse al mismo principio de no aceptar ni acatar las sentencias. Eso solo lo puede hacer el que, desde el principio, ya dejó claro que no aceptaba el sistema de convivencia y, en coherencia, se situaba al margen de la ley. Es el caso del grupo armado o la revolución armada que se enfrenta al poder, está en guerra y no puede aceptar el código legal del bando enemigo; o el delincuente común, que no tiene ningún interés en convivir con sus congéneres, solo en sobrevivir con sus crímenes. ¿Acaso en una hipotética Catalunya independiente no exigirían acatar las decisiones judiciales?

Si cargos que formaron parte de nuestro sistema de convivencia como Puigdemont, Gabriel o Rovira pueden “exiliarse” (una decisión comprensible desde el interés estrictamente personal del procesado) porque los jueces les persiguen “injustamente” también lo podrán hacer mañana Urdangarín, Rato o el último asesino de su pareja, aplicando el mismo criterio de “decisiones judiciales no acordes con la ley” que los anteriores. En pocas palabras, de actuar así, estaríamos volviendo a la ley de la jungla. Es el estado de Derecho la única forma de que los débiles puedan ser protegidos. Como Sócrates, debemos entender que la ley se acata o se cambia, lo que no vale es no acatarla cuando la sentencia no nos gusta argumentando que el juez no es justo. 

CASO PÚNICA

[34] La acusación pone en duda la actuación de la Fiscalía al solicitar el archivo de la senadora Barreiro

Por Carlota Guindal 

Articulo publicado el 28 de marzo de 2018 en: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180328/441996996225/pilar-barreiro-caso-punica-fiscalia-archivo-causa-ts.html

 

Sostiene que por los mismos hechos el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido enviado a juicio

 

La senadora Pilar Barreiro (EFE)

El movimiento de la Fiscalía de solicitar el archivo de la causa respecto de la que fuera senadora del PP Pilar Barreiro -investigada en el ‘caso Púnica’ en el Tribunal Supremo al ser aforada- ha sido vista con cierto recelo desde algunos sectores. La propia acusación popular, representada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) se ha opuesto a esta pretensión, poniendo en duda los argumentos planteados por el Ministerio Público.

Barreiro, el alcaldesa de Cartagena (Murcia) saltó en la causa de corrupciónen torno al PP, conocida como ‘caso Púnica’, tras detectar que habría contratado los servicios del empresario Alejandro de Pedro para que le hiciera labores de ‘reputación on line’ para limpiar su imagen en internet camuflando los pagos a través de contratos por publicidad desde la Consejería de Educación de Murcia.

Tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco vieron indicios de que tanto Barreiro como Pedro Antonio Sánchez -después elegido presidente de Murcia- contrataron los servicios de De Pedro para limpiar su imagen personal con fondos públicos.

El juez se tuvo que inhibir a los tribunales correspondientes respecto de ambos dirigentes ‘populares’ al estar aforados. En el caso de Sánchez, se fue al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), cuyo instructor vio suficientes indicios para sentarle en el banquillo de los acusados. Justo en el momento de solicitar a las partes sus escritos de conclusiones, Sánchez dimitió de todos sus argos públicos y el magistrado encargado del asunto tuvo que devolver la causa a la Audiencia Nacional al haber perdido Sánchez el aforamiento.

La Fiscalía da por válida la versión de Barreiro

Sin embargo, en el caso de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha estimado que no hay indicios que acrediten mínimamente que Barreiro utilizara fondos públicos para pagar esos trabajos. Da por válida su propia declaración en sede judicial y la del presidente del PP de Cartagena de entonces, Francisco Celdrán. quien confirmó que esos trabajos iban a pagarse con dinero del partido.

En el caso de Barreiro, su imputación y futuro judicial había marcado la agenda política una vez que desde Ciudadanos se había puesto como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado que la senadora fuera cesada. Es más, la semana pasada, Barreiro abandonó el Grupo Parlamentario Popular para incorporarse al Grupo Mixto y no perjudicar así a su partido.

La senadora, “papel fundamental” de la malversación

Con su escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia, la acusación pretende que la magistrada del Tribunal Supremo encargada del caso se oponga a archivarlo, “máxime cuando la investigada queda acreditado que tiene un papel fundamental en los hechos y además es la beneficiaria directa de los bienes públicos malversados, gracias a la mejora en su reputación”.

ADADE recuerda que tanto Pedro Antonio Sánchez como Barreiro “se les atribuye participación en los mismos hechos, referidos a la contratación de servicios de mejora de la reputación tanto para Pedro Antonio como para la investigada Pilar Barreiro, con cargo a fondos de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, de la que Pedro Antonio era el titular en el momento de producirse los hechos, y por intermediación de la investigada Pilar Barreiro, lo que es fácilmente comprobable de la lectura de ambas exposiciones razonadas”.

Para la acusación, la Fiscalía ha dado por buena la versión ofrecida por la senadora cuando al ser investigada “le asiste el derecho de no decir la verdad, con lo que su declaración, por muy bien estructurada y preparada que se encuentre, difícilmente puede desvirtuar todos los indicios acumulados”.

”Las irregularidades en el contrato, han sido ampliamente documentadas, no existe justificación de la necesidad del servicio y el personal eventual no está facultado para autorizar el gasto. Y en cualquier caso, el que todos los expedientes se hiciesen mal en ese Ayuntamiento (Cartagena), no afecta en nada a que la actividad aquí enjuiciada, esté igualmente mal hecha, y además tenga clara relevancia penal, mas allá de demostrar la falta de respeto a la legalidad vigente, en el desarrollo de la actividad de ese Ayuntamiento, bajo los mandatos de la ahora investigada Barreiro y de su equipo de confianza”, añaden los letrados de la acusación.

 

[35] Jueces y fiscales inician sus acciones de protesta sin avances en las negociaciones con el Ministerio

Por Marcos Pinheiro

Articulo publicado el 30 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/politica/Jueces-fiscales-protesta-negociaciones-Ministerio_0_754525324.html

 

El próximo jueves se inician las movilizaciones que podrían desembocar en una huelga general a finales de mayo

Las negociaciones con el Ministerio sobre las reclamaciones para mejorar la administración de Justicia no han avanzado

Jueces y fiscales piden más medios, mejoras salariales, incrementos de plantilla y un refuerzo de su independencia con cambios en los nombramientos

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una sesión del Congreso

 

[36] Castilla y León contrata a dedo a la empresa de dos imputados por ayudar a Rato a defraudar con sus conferencias

Por Antonio M. Vélez 

Articulo publicado el 30 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/economia/Castilla-Leon-imputados-Rato-conferencias_0_754875081.html

 

La Consejería de Presidencia de la Junta contrata a la firma BCC, cuyos dos administradores están imputados por ayudar al expresidente de Bankia a defraudar con sus charlas

El ex director gerente del FMI y el dueño de BCC montaron una firma vinculada a los paraísos fiscales de Gibraltar e Islas Vírgenes

 

 

José Antonio de Santiago Juárez-López, consejero de Presidencia de Castilla y León, saluda al presidente, Juan Vicente Herrera. JCYL

El contrato, de naturaleza menor, fue  adjudicado por 5.300 euros (más IVA) a BCC el pasado 19 de marzo, a unos días de que, como adelantó Vozpópuli, Diez y Buján comparezcan para declarar el próximo 5 de abril ante el titular de Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, que instruye la causa por los presuntos delitos fiscales del expresidente de Bankia.

Rovira es uno de los conferenciantes a los que BCC dedica un espacio destacado en su web junto a figuras como el exatleta Carl Lewis o el entrenador de baloncesto Sergio Scariolo. Le presenta como “autor de ‘La Buena Suerte’ e impulsor del self management“.

La Consejería de Presidencia de Castilla y León, cuyo máximo responsable es el también vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez López, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto.

Conferencias y paraísos fiscales

Como informó este diario en mayo de 2015, el copropietario de BCC, Pedro Díez, fue el encargado de montar  las conferencias que Rato impartía cuando presidía Caja Madrid y Bankia, a razón de unos 50.000 euros por charla. Ambos se asociaron en una firma británica, Lilac Trading, vinculada a los paraísos fiscales de Islas Vírgenes y Gibraltar y que, según determinó luego la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenía como objetivo adquirir inmuebles en asociación con fondos de inversión.

Ahora, Díez está imputado junto a su socia en el caso Rato. Según un informe de la UCO de noviembre de 2015, la empresa que administran, BCC, ingresó entre 2007 y 2014 un total de 1.660.611 euros de Arada, una sociedad propiedad de Rato y de su exmujer, Ángeles Alarcó, actual presidenta de la empresa pública Paradores de Turismo.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el 16 de marzo de 2017 la pieza separada de las conferencias de Rodrigo Rato, quien, según la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, habría utilizado Arada para facturar sus conferencias, una actuación que podría tener carácter delictivo al disfrutar de una tributación mucho más ventajosa que si Rato hubiera tributado como persona física a través del IRPF.

Tal y como destacó la UCO, en su etapa como presidente de Bankia Rato llegó a contratar a Pedro Díez para “asesoramiento estratégico externo de comunicación”, aunque “su destitución hizo que de manera inmediata se suspendiera este contrato que ni siquiera llegó a firmarse, pero por el que, sin embargo, Bankia abonó la cantidad de 42.480 euros (cantidad facturada), si bien el importe inicialmente aprobado ascendía a 84.960 euros”.

 

[37] En fraude de ley

Por Javier Pérez royo 

Articulo publicado el 30 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/fraude-ley_6_755634432.html

 

La euroorden se va a volver como un boomerang contra la justicia española, que va a sufrir un descrédito evidente

El juez califica como delito de rebelión conductas en las que no está presente el elemento central del tipo penal de ese delito: la violencia

 
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont con sus exconsellers Lluís Puig y Clara Ponsatí EFE
La euroorden  es simultáneamente un instrumento de cooperación intra e interjudicial. Es intrajudicial porque en ella intervienen únicamente jueces. En el punto de partida está el juez emisor de la  euroorden. En el punto de llegada está el juez receptor que tiene que decidir si la acepta en los mismos términos en que ha sido emitida o no. Es también interjudicial porque el juez que está en el punto de partida es de un país distinto al del juez que está en el punto de llegada.

La finalidad de la  euroorden  es clara: se trata de dejar a los gobiernos de los distintos países fuera de la operación. Únicamente un juez debe tomar la decisión acerca de la solicitud de otro juez para que un determinado ciudadano le sea entregado, a fin de proceder penalmente contra él.

Y sin embargo, esto es, justamente, lo que ha hecho el juez Pablo Llanera al dictar la euroorden contra Carles Puigdemont y otros cuatro dirigentes nacionalistas catalanes. El juez califica como delito de rebelión conductas en las que no está presente el elemento central del tipo penal de dicho delito que es la violencia.

Para que exista un delito de rebelión es necesario que se produzca un “alzamiento violento”, expresión que, en la interpretación prácticamente unánime de la doctrina, no es el resultado de yuxtaponer un adjetivo al sustantivo, sino que “alzamiento violento”  es un conjunto inescindible. El delito de rebelión es un   alzamientoviolento, en el que la violencia tiene que estar desde antes de que empiece el alzamiento, desde el momento preparatorio del mismo y del que no desaparece durante todo su desarrollo. No se trata de que haya episodios violentos, sino de que no haya prácticamente nada más que violencia.

Y este alzamientoviolento simplemente no ha existido. Ha habido episodios violentos de muy diferente entidad, que pueden ser o no constitutivos de delito, pero que, en ningún caso, pueden serlo del delito de rebelión. Y esto resulta meridianamente claro a partir de  la lectura de los autos sucesivos que ha dictado el juez instructor.

Afortunadamente van a ser órganos jurisdiccionales de cuatro países democráticos los que va a tener que pronunciarse. Cada uno de ellos es independiente. No es un órgano colegiado el que va a intervenir, sino cuatro órganos independientes. Pero a nadie se le oculta y menos que a nadie, a los jueces de esos cuatro países que van a tener que tomar la decisión, que la misma va más allá del caso concreto que se somete a su consideración. Lo que van a decidir es el canon europeo del delito de rebelión, es decir, qué debe entenderse por rebelión en la democracia europea del siglo XXI.

Aunque cada órgano judicial va a tomar la decisión de manera independiente, todos son conscientes de que se trata de un asunto del que está pendiente la opinión pública europea, y no solamente la europea, que espera de ellos que definan el común denominador europeo del delito de rebelión.

Y ese común denominador  no puede ser el que figura en los autos y en la  euroorden  del Juez Pablo Llanera. El fraude de ley va a quedar retratado en las decisiones de los cuatro órganos jurisdiccionales europeos de manera inequívoca e inapelable.

El abuso de confianza se acaba pagando siempre. La euroorden  se va a volver como un boomerang contra la justicia española, que va a sufrir un descrédito evidente.

 

[38] La ONU ordena paralizar el desahucio de una familia que ocupa un piso de un banco

Por Laura Galaup

Articulo publicado el 27 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/desahucio-ONU-ocupacion_0_754524867.html

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ordena la suspensión cautelar del lanzamiento de una familia con dos niñas de 4 y 8 años

Este organismo solicita la suspensión mientras estudian el caso o que les concedan alternativa habitacional para evitar “posibles daños irreparables” 

Los afectados residen en Madrid en un inmueble del BBVA y su defensa asegura que las administraciones públicas no les han proporcionado vivienda social  

La ONU ordena la paralización de un desahucio de una familia que ocupa un piso de un banco

 
Pactan la creación de un observatorio nacional de igualdad de género en la cultura

[40] Fernando Suárez: “Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la Corona”

Por Emilia Landaluce

Articulo publicado el 24 de febrero de 2018 en: 

http://www.elmundo.es/opinion/2018/02/24/5a8dbf29268e3ec2518b45c2.html

 

Cuenta Suárez (Leon, 1933) que cuando le llevó la Ley de Huelga a Franco para la firmase, éste le dijo: «Ministro, contra la realidad no se puede ir». Catedrático de Derecho del Trabajo, ponente fundamental en la defensa de la Ley para la Reforma política que finiquitó el Franquismo critica ahora la nueva Ley de la Memoria Histórica que pretende instituir comités de la verdad ‘orwellianos’ para reescribir la Historia.
  
Fernando Suarez Gonzalez, ministro de Trabajo en el ultimo gobierno de Franco. Foto: Antonio Heredia
 
La proposición de reforma de la Ley de la Memoria Histórica que ha presentado el PSOE habla de un “comité de la verdad”.

Una cosa es la memoria de la historia, y otra su tergiversación. La vigente Ley de Memoria Histórica está tergiversando, de manera que trata de exaltar a quienes perdieron la guerra, y de denigrar a quienes la ganaron. Lo que ahora proponen el PSOE y Podemos es rigurosamente antidemocrático. Eso no es historia, eso es sectarismo.

Pablo Iglesias dice que hay un ADN franquista en la derecha española.

Pero, ¿cómo no lo va a haber? El error es considerar eso como un insulto. La Guerra Civil fue una batalla implacable entre la derecha y la izquierda española. La ganó la derecha y surgió un régimen absolutamente autoritario en el que muchos trabajamos para que evolucionara, se modernizara y desenlazara en la democracia en la que vivimos. Quienes trajimos la democracia fuimos Fernandez-Miranda, Adolfo Suárez, Osorio, Fraga y muchas otras gentes, incluido yo mismo, que habíamos estado vinculados, como es notorio, al régimen de Franco, pero que queríamos la democracia para España.
Se insiste en que la Guerra Civil fue una batalla entre el fascismo y la democracia que encarnaba la República.
La República no fue un régimen idílico. ¡Lo dijeron hasta sus fundadores! Y los hijos de Ortega, Marañón y Pérez de Ayala lucharon con Franco porque la II República era sectaria y acabó sovietizada. Decir que ellos eran fascistas que luchaban contra la democracia y que las Brigadas Internacionales la defendían es una enorme falsedad. Por otro lado, y eso lo han demostrado documentalmente Álvarez Tardío y Villa García, el Frente Popular había ganado las elecciones de febrero del 36 fraudulentamente.

 Ni derecha ni izquierda pueden presumir de historia democrática.

Es evidente. El PSOE empezó por decir que contra Maura valía el atentado personal y en 1934 organizó la Revolución. Y la derecha también se había sublevado en el año 32 y fue autoritaria hasta 1975. Pero lo que pasa en 1976 es que el Rey decide ser rey de todos los españoles en un régimen parlamentario, democrático y en Europa que es lo que queríamos casi todos los españoles. Por eso nadie tiene derecho a reprochar al otro su historia porque en España la democracia no empieza hasta 1977. Es patológico que tengan estatuas golpistas como Companys o Largo Caballero y que no se pueda recordar la heroica defensa de Oviedo o del Alcázar.

 ¿Qué debería hace Cs ante la votación de la reforma de la ley de Memoria Histórica?

Me parece muy comprensible que un partido nuevo y con un líder tan joven como Rivera no quiera verse mezclado en polémicas sobre el franquismo. Siempre he interpretado sus abstenciones en la materia en el sentido de que considera fuera de tiempo y de lugar tanto el Franquismo como el antifranquismo. Esta vez, sin embargo, la cosa es muy grave porque la proposición de ley de Margarita Robles añade al legítimo deseo de enterrar a los muertos como se debe una serie de preceptos que chocan violentamente con algunos derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución. Por otra parte, en el programa electoral de Ciudadanos figuraba expresamente el rechazo a convertir la Historia en arma política y esa proposición consiste precisamente en eso, insistiendo en la línea que inauguró Zapatero y que Rajoy no ha tenido a bien rectificar. Cs apuesta por lo que une y no por lo que separa y tiene autoridad para oponerse a los excesos de Robles y no debe sentir ninguna preocupación por que les llamen fascistas los que practican la muy fascista costumbre de reescribir la historia.

Usted dice que duda que el PP llegue a celebrar el centenario de Fraga… ¿Pero no cree excesivo que se ponga a reivindicar a Franco?

A mí no se me ocurriría defender que en la España actual hubiera un régimen como el de Franco. No se trata de mantener el autoritarismo, sino de respetar la historia de España. Le recuerdo que yo he publicado una visión crítica de Largo Caballero y que nadie de la izquierda ha encontrado en el texto la menor falta de respeto. ¿Sería mucho pedir la reciprocidad, en aras de una verdadera reconciliación?

 Podemos deslegitima la Transición porque precisamente la hace el franquismo.

¿Y quién la iba a hacer?

El franquismo fue un régimen autoritario. Los primeros años de la posguerra fueron crueles…

Solo comparable a la que hubiera supuesto la represión si la guerra la hubiera ganado las izquierdas. Naturalmente, cuando el ejército de Franco llegó a pueblos en los que habían matado al párroco y a 10 o 12 familias conocidas… ¿qué iban a hacer? ¿Felicitar a los asesinos? Naturalmente entraron con una dureza extrema. Fue así en los dos bandos, y por eso la represión fue dura aunque después de la Guerra casi siempre con tribunales. Imagine cómo hubiera sido la represión de los marxistas si se hubieran impuesto. Eso es lo que hay que olvidar, que superar y que no vuelva a ocurrir. Y por eso nos hemos dedicado en cuerpo y alma a superar esos recuerdos. Sin embargo, insisto: se debe de enterrar con dignidad a los que estén en cunetas.

¿España vive lastrada por el pasado?

Yo creo que esto de la nueva ley es una argucia para colocar al Gobierno de Rajoy en una situación difícil porque si respeta el Franquismo lo condenan, y si no lo respeta, pierde votos. Pero si usted lo piensa -y se lo digo yo, que soy parte del pasado- España vive el mejor momento de su historia, con todos los defectos pero con todas las posibilidades de ser un país formidable si prescinde de discusiones estériles.

 ¿Ha llegado el momento de, sin desmerecerla, desmitificar la Transición?

Perfecta no fue, no. No me gusta mitificar nada, ni siquiera la Transición pero sí valorarla porque fue un momento en el que una generación de españoles, por primera vez, decidió convivir democráticamente.

 Pese a las autonomías…

Ese es otro tema más delicado porque el proyecto de descentralizar era un proyecto valioso pero se hizo muy deprisa y se improvisó. Se cometió el error de creer que Cataluña y el País Vasco eran CIU y el PNV, y no era verdad. Si se observan los resultados electorales del 77, se ve que UCD y AP tienen más votos en Cataluña y en el País Vasco que PNV y CIU. Entonces la tesis de Abril Martorell de que si no votaban la Constitución los catalanes y los vascos no iba a valer fue un error porque el pueblo catalán y el pueblo vasco hubieran apoyado la Constitución sin hacer tan largas concesiones a aquellos partidos nacionalistas.

 Usted dice que no ha temido en ningún momento por lo sucedido en Cataluña.

Mientras se aplique la Constitución es imposible la secesión de parte del territorio nacional. Lo tienen que impedir la Justicia, las leyes y en último extremo las Fuerzas Amadas. ¿Molesta? Pues molestará, pero lo dice la Constitución.

 El problema catalán…

Lo han creado políticos irresponsables. Tendríamos que estar hablando de la representación política, de cómo se reforma la Ley Electoral, de las pensiones…

Usted que fue ministro de Trabajo.

Mire, el sistema de pensiones arranca del retiro obrero de 1919. Y hace un siglo se estableció la edad de jubilación en 65 años. Punto primero, la edad de jubilación no puede ser la de hace un siglo. Punto segundo, el sistema que se estableció fue de capitalización, es decir, cada obrero pagaba -mejor dicho, su empresa- 10 céntimos diarios (la perra gorda) para tener una pensión de una peseta cuando tuviera los 65. Los que empezaron a cotizar en el año 18 se jubilaron en los años 39 ó 40, y la peseta en cuestión, las 30 mensuales, las tuvo que convertir Franco en 90 en 1939 y en 300 en 1956, porque la capitalización era una risa. Entonces el sistema de capitalización fracasó y se pasó al sistema de reparto, es decir, a que la generación actual mantenga a los pensionistas a cambio de que las generaciones futuras mantengan a los pensionistas de entonces. Eso ha funcionado muy bien desde 1940 hasta ahora, pero hay que revisarlo porque las circunstancias han cambiado. España no puede dejar de atender a sus pensionistas, que son los que lo han hecho todo: los pantanos, las autopistas, los colegios, los hospitales… Algunos proponen ahora volver a que ahorre cada cual lo suyo, con el riesgo de que dentro de 30 años lo que usted ahorre no signifique nada… El reparto es el mejor sistema pero hay que ajustarlo a las circunstancias actuales, elevar la edad y conseguir que la gente pueda cotizar más, lo que no se va a conseguir con sueldos miserables…

 A ver cómo se hace…

Pues se hace con arrojo, con valor, como ya se hizo. Es que se han hecho muchas cosas en España contra viento y marea, por ejemplo la supresión del lucro en los accidentes de trabajo.

 Se compara a Franco con Hitler y Mussolini.

Perdóneme pero Franco murió en la cama, con una despedida popular impresionante, que sorprendió al Gobierno. Compararlo con Hitler son ganas de negar la evidencia. Puedo entender que la izquierda más radical trate de comparar a Franco con Hitler y tenga a Stalin en su corazoncito, pero me resulta incomprensible la ingratitud de la derecha española que para demostrar su comportamiento democrático no se atreve a defender la obra histórica de Franco, verdadero creador de la clase media, de la industrialización, de la Seguridad Social, de la educación generalizada y, sobre todo, de la restauración de la Corona, que es hoy un patrimonio de incalculable valor. Un partido fundado por Fraga que no defiende la memoria de Franco no merece ganar las elecciones. Y que no me malinterpreten: Digo la memoria, no la nostalgia de su Régimen excepcional. El respeto a Franco es perfectamente compatible con la convicción de que España vive uno de sus mejores momentos.

 La Monarquía tiene origen en el Franquismo.

No hay otro. Tiene, por supuesto, su legitimidad histórica pero su restauración es una decisión personalísima de Franco, no cabe la menor duda, y hay que ver qué patrimonio tan importante supone para nosotros en la actualidad. La República en España es contra media España. Siempre. La Monarquía no tiene más preocupación que la de ser de todos.

Pero un tercio de los españoles no se sienten monárquicos. Dos millones de catalanes que han votado al independentismo. ¿Qué se puede hacer?

Predicar, como siempre. Y si no se aceptan las reglas del juego democrático hay que imponerlas y el que no esté de acuerdo, pues lo siento por él. Por supuesto, hay que enseñar, persuadir… La gente tiene que darse cuenta de que si España está en uno de los mejores momentos es también por la Corona.

Las encuestas dicen que el número de los partidarios de la recentralización ha aumentado.

Es natural porque alguna recuperación de competencias por parte del Estado es indispensable, aunque a algunos políticos no les convenga. En León no hace falta una ley de caza distinta de la de Extremadura, y yo quiero poder ir a un hospital en cualquier provincia española… ¿Eso no se puede decir? ¿O es uno un centralista impenitente?

La recentralización es franquista, dicen.

Si Franco dijo que dos y dos son cuatro, ¿va a ser mentira? Pues yo creo que no. O vamos a deslegitimar también las pensiones, los pantanos, los hospitales…

 La condena al Franquismo supone la condena de la Monarquía, ¿no?

Es evidente. Franco fue el propulsor de la Monarquía. Y si se deslegitima al Franquismo y se convierte a Franco en una figura comparable a la de esos grandes dictadores sanguinarios de la humanidad, se le da una connotación a la Corona que la pone en riesgo. A veces pienso que se trata precisamente de eso. Por ello es una torpeza no explicar la historia completa, contarla como es, la verdad de por qué cayó Alfonso XIII, por qué llegó la República, por qué la República defraudó a los que la trajeron, por qué ocurrió la Guerra Civil y los motivos por los que hubo una dictadura que duró 40 años. La historia, decía Sánchez-Albornoz, «es la ciencia de los porqués». Y hay quien no lo sabe. A partir de esa ignorancia se puede improvisar, reducir la comisión de la verdad a los años que convienen o proponer la salvajada de dinamitar el Valle de los Caídos… Pero así no hay concordia posible. Deberíamos dedicarnos a perfeccionar el presente, sin tratar de rectificar una historia de la que es heredero ese nuestro brillante presente.
 

 

 

 

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