LA MUJER EN LA DICTADURA FRANQUISTA. Cuando nací, mi madre no podía contratar sin permiso de mi padre

La necesidad  de  un  Movimiento  Feminista  revolucionario y autónomo en  nuestro  país,  que  defienda las reivindicaciones específicas de la mujer en  todo  momento, a  fin de evitar su  discriminación en  cualquier aspecto:  legal,  laboral,  familiar o sexual, conscientes de que la poca envergadura política que revista la situación de la mujer es la causa de la continua marginación de  sus intereses en las esferas de decisión del país.  Pensamos que  siendo  indispensable  la autonomía del feminismo como  organización  reivindicativa,  es sólo  mediante  la presencia activa y teórica de  la  mujer  en las estructuras y  programas encargados de encauzar las reivindicaciones sociales,  como podrán  lograrse  sus objetivos.
 
Nuestra lucha como mujeres no debe ser una lucha contra el sexo masculino, sino contra  la situación  que hace posible  que  nos oprima,  contra  las estructuras que mantienen  el  poder de  decisión, configuración y actuación en manos exclusivamente masculinas. 
 
Resolución política de las primeras Jornadas Nacionales por la Liberación  de la Mujer (1975)
 
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LA MUJER EN LA DICTADURA FRANQUISTA*
 
 
Por MANUEL ORTIZ HERAS
Doctor en Historia Contemporánea 
Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 
 
El feminismo, como movimiento en el que se expresan y canalizan aspiraciones a una participación más activa por parte de las mujeres en las decisiones que atañen a la organización social, surge durante los años sesenta del siglo XX de un modo similar en  diversos países. Por un lado, entronca con aquel primer feminismo que giró en torno a las sufragistas y a al reivindicación de los derechos políticos y cuyo impulso quedó sepultado  en parte como una de tantas consecuencias de las dos guerras mundiales. Por otro lado,  forma parte de un movimiento más amplio de protestas protagonizadas por los más jóvenes, que planteaban la necesidad de ampliar la democracia, volviéndola más inclusiva y transformando los modos de entender las actividades políticas y las maneras en que se tomaban las decisiones.
 
Sin embargo, la situación en España presentaba entonces rasgos específicos porque, a diferencia de otros países como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, que vivían en marcos políticos democráticos, en este país todavía dominaba la dictadura  instaurada tras el golpe militar y la guerra civil que derrocó al gobierno de la República.
 
En contraste con la legislación crecientemente igualitarista de los tiempos anteriores a la guerra civil, el régimen encabezado por Franco desarrolló una legislación que excluía a las mujeres de numerosas actividades, en el intento de mantenerlas en roles muy tradicionales, que poco tenían que ver con las tendencias que se estaban manifestando en Europa (1) . Si el conjunto de la población carecía de los derechos individuales y políticos propios de las democracias, las mujeres estaban mucho más relegadas aún. A partir de 1 de enero de 1939 se obligó a dar de alta a las mujeres y a los hombres por separado. Aquéllas (pero no éstos) debían declarar el nombre del cónyuge, su profesión, lugar de trabajo, salario recibido y número de hijos. Es más, a finales de aquel año se prohibió a las mujeres inscribirse como obreras en las oficinas de colocación, salvo si eran cabezas de familia y mantenían a ésta con su trabajo, estaban  separadas, se hallaba incapacitado su marido, o eran solteras, bien sin medios de vida, bien en posesión de un título que les permitiera ejercer algunas profesión.
 

 
 
La miseria de la posguerra se cebó especialmente con las mujeres. Por ejemplo, se produjo un aumento significativo de la prostitución, tolerada hasta 1956, fenómeno que se convirtió en una válvula de escape de una sociedad moral y sexualmente opresiva, sometida a los preceptos de la Iglesia. El régimen puso en marcha instituciones de reclusión de las prostituidas como las llamadas Prisiones Especiales para Mujeres Caídas, creadas por un Decreto publicado en el BOE el 20 de noviembre de 1941. También en ese mes y año nació el Patronato de Protección a la Mujer, constituido formalmente en  marzo de 1942, presidido por Carmen Polo de Franco buscando para las prostitutas “impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica” además de informar sobre el estado de moralidad en España y luchar por su predominio (2) . El patronato se encargará también de la vigilancia y control de las prostitutas y locales de prostitución y pondrá en marcha una red provincial destinada a controlar la moral y a denunciar a los cines, piscinas o locales de baile que contravengan las rígidas normas de la Iglesia en cuanto a estos temas. La “limpieza” del ambiente era el objetivo y para ello las juntas provinciales de Patronato mandaban sus vigilantes, denunciando a la policía cualquier expresión de “pornografía”, desnudismo, promiscuidad, que no sólo era una vulneración de la moralidad católica sino una muestra de “exotismo antiespañol”. La mera convivencia en el trabajo entre hombres y mujeres se describe como fuente de problemas y de riesgos.
 
El franquismo asumirá la trilogía nazi niños, hogar, iglesia (Kinder, Küche, Kirche) que tanto recordaba al ideario tradicional. No se puede hablar de originalidad del franquismo a la hora de tratar a la mujer más allá de que la tradición de sometimiento femenino era más fuerte por la implantación del tradicionalismo católico. Su actitud antifeminista le hace ver a la mujer como un ser inferior espiritual e intelectualmente, que carecía de una dimensión social y política y que tenía una vocación inequívoca de ama de casa y madre. Es el reflejo de prejuicios antiguos de raíz católica, reforzados por  corrientes europeas decimonónicas como el irracionalismo, el nacionalismo conservador o el positivismo.
 
Por tanto, se practicará un discurso de reclusión de la mujer en el ámbito del hogar, de sumisión frente a los padres primero y luego frente al marido, de alejamiento del trabajo extradoméstico y de los foros de vida pública que tenía, además, una base biologista muy clara, que se proyectaba en las diferencias congénitas entre el hombre y la mujer. La mujer será “templo de la raza” y depositaria de la socialización de los hijos en los valores del régimen. Es un mensaje basado en la incompatibilidad biológica y natural de la mujer con su independencia laboral o jurídica. En el ámbito sexual se reprimirá cualquier atisbo de libertad en el cuerpo de la mujer, persiguiendo activamente el aborto, eliminando el divorcio y manteniendo una política natalista que, aunque fracasará, será el pilar básico del discurso dirigido hacia la mujer.
 
 
 
 
La propaganda franquista siempre se dirige a la mujer por un lado como un ser superior en cierta medida al hombre sus virtudes físicas (la maternidad) y por sus atributos morales (dulzura, protección, etc..) frente a un hombre siempre más hosco y guerrero. Esta conversión de la mujer en “virgen”, en “vestal”, en receptáculo del amor y la vida en definitiva es el contrapunto frente a una realidad de sometimiento en la vida cotidiana y que el régimen franquista va a reafirmar en todos los planos mediante la limitación jurídica de su capacidad y mediante el control de su cuerpo y actitudes. En este campo, la Iglesia era la más activa defensora de estas estrechas pautas de comportamiento especialmente en lo que se refiere a la moralidad pública que se traducía en la forma de vestir o en las pautas de comportamiento que tenían en la pureza y en la decencia formalunos referentes inexcusables.
 
El organismo que en España asumió la organización de las mujeres fue la Sección Femenina de FET y de las JONS, encabezada por la hermana del fundador de Falange, Pilar Primo de Rivera (3). También intentaba emular a las organizaciones nazis y fascistas, con sus propias peculiaridades, en este caso con una gran presencia del elemento religioso. Esta organización tenía como misión organizar la aceptación del régimen entre las mujeres a través de distintos mecanismos, reforzando pues el consenso y haciendo frente a un hecho claro a esas alturas del siglo XX: que había que contar con la mujer como un grupo con una fuerte influencia en todos los órdenes y que una organización fascista no podía ignorar. Otra cosa era que precisamente se tratara de afirmar en el ánimo de la mujer española su carácter de inferioridad respecto al hombre, pero poniendo de manifiesto la dignidad e importancia del trabajo de ama de casa, la gran relevancia del cuidado y educación de los hijos y su gran influencia en el medio familiar a la hora de conformar comportamientos sociales y políticos. Es decir, se trataba de anular las posibilidades de cambio de unas mujeres en creciente dinamismo y que habían iniciado con el cambio de siglo un replanteamiento de las relaciones personales y de su presencia en la sociedad o en la política.
 
De las tres funciones de la organización (adoctrinadora, educadora y asistencial) la que tendrá un carácter más claramente encuadrador por ser obligatoria (para aquellas mujeres solteras o viudas sin hijos que fueran menores de 35 años y que debían realizar durante seis meses, y seis horas diarias salvo festivos) era la del Servicio  Social. Comprendía una serie de actividades de carácter adoctrinador unas (el primer mes, a base de lecciones sobre nacional­sindicalismo y estructura del Estado, la llamada “formación teórica”), educativas otras (dos meses de asistencia a “escuelas del hogar”, en donde se recibían instrucciones sobre cómo ser una buena ama de casa mediante la realización de trabajos ligados al hogar, como coser, cuidados de puericultura, clases de cocina, etc.) y asistenciales (tres meses de “prestación” que se podía cumplir en comedores infantiles, talleres, hospitales y diversas instituciones). Junto a ello, la práctica de actividades deportivas, fundamentalmente gimnasia. El cumplimiento del Servicio Social era imprescindible para “tomar parte en oposiciones y concursos, obtener títulos, desempeñar destinos y empleos retribuidos en entidades oficiales o Empresas que funcionen bajo la intervención del Estado”. Posteriormente se exigió también para la obtención del pasaporte, carné de conducir, licencias de caza y pesca, pertenencia a asociaciones de todo tipo, etc. Un elevado índice de exenciones, permisos, etc. Hacía que muchas mujeres no lo hicieran y que otras lo hicieran a lo largo de varios años, especialmente las estudiantes urbanas, con lo que de alguna manera se frenaba el objetivo fundamental del Servicio, que era atraer a todas las mujeres españolas a un adoctrinamiento social y político intensivo de seis meses. Conforme pasa el tiempo, el Servicio social va quedándose más en la instrucción del “hogar”, en la forja de buenas amas de casa, que en otra cosa.
 
 
 
 
En el intento de llegar a la mujer del campo se creará la Hermandad de la Mujer y el Campo, organizándose grupos de mujeres que iban a los pueblos a ayudar a las tareas agrícolas, a la par que se hacía propaganda política y se informaba de elementos básicos de higiene, cuidado de la casa y de la familia. Fruto de estas actividades se creará un cuerpo de Divulgadoras Rurales Sanitario ­Sociales, formadas durante tres meses en escuelas de mandos menores que estaban destinadas a ilustrar en los pueblos de España sobre esos temas. Se creó en 1940 y destacarán en la dura posguerra, con especial hincapié en la lucha contra la mortalidad infantil y el cuidado de los bebés (4 ). Con el paso del tiempo cada vez adquirió más fuerza el aparato formativo y decayó la fuerza del adoctrinamiento político.
 
También parte de la actividad asistencial fueron las “cátedras ambulantes” que empiezan a funcionar en 1946. Consistían en un equipo de instructores (de juventudes, del hogar, enfermera, médico, maestra, mando del partido) que con una serie de remolques iban pueblo por pueblo dando charlas, consejos, cursos haciendo  demostraciones muy variadas. Destacaron en su lucha contra el analfabetismo y en la creación de grupos de coros y danzas. Menos conocidos fueron los círculos Medina (primero sólo en Madrid y Barcelona y luego en casi todas las provincias). Eran unos locales con salón de actos y biblioteca en donde se programaban conferencias, encuentros y actos culturales de todo tipo, como conciertos o exposiciones. Iban dirigidos más a la mujer de clase media y alta urbana y a las estudiantes de bachiller y universitarias.
 
Después de 1942­-43 en que los falangistas empiezan a perder terreno surge con fuerza la Acción Católica como canalizadora de muchas inquietudes de las mujeres. Se planteó de forma mucho más selectiva, sin intentar nunca ser una organización de masas y con actividades de carácter muy reservado, aunque algunas tuvieran dimensión pública. Fue menos intenso en el ámbito rural o con tintes más religiosos y más comprometido en  la ciudad, agrupando a mujeres procedentes en una buena parte de la aristocracia y la alta burguesía, pero también con una presencia importante de sectores populares y obreros. Representó una posibilidad real para las mujeres de alcanzar una cierta visibilidad dentro de una estructura eclesiástica claramente masculina e incluso generalmente misógina. Es decir, que suponía una presencia pública y un cierto nivel de responsabilidad de las mujeres.
 
Este modelo conservador de socialización de la mujer se encontrará sin embargo con riesgos no estrictamente políticos. La moda, el atolondramiento, el gasto superfluo y el alejamiento de las pautas oficial y tradicionalmente indicadas suponía un cierto enfrentamiento con otros modelos de conducta, que no era político, pero que sí mostraba un rechazo de determinados sectores al duro corsé de costumbres impuesto por el régimen. Efectivamente, desde finales de los años treinta y durante la década de los cuarenta se erigieron en España numerosas barreras a la actividad laboral femenina, en una época en que estos desincentivos y limitaciones se estaban destruyendo en otros países occidentales con gobiernos democráticos. Ya en el Fuero del Trabajo, promulgado  en 1938 se hablaba de “liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Posteriormente se prohibió el trabajo de la mujer casada si el marido tenía un mínimo de ingresos determinado. La Ley de reglamentaciones de 1942 implanta la obligatoriedad de abandono del trabajo por parte de la mujer cuando contraiga matrimonio y algunas importantes empresas como Telefónica hacen constar en sus cláusulas esta normativa al contratar: si había una reincorporación posterior, debía contar con la autorización del marido. Por contraste, la ley de julio de 1961 recogió el principio de igualdad de derechos laborales de los trabajadores de ambos sexos, si bien estableció excepciones significativas.
 
Cuando, a finales de los años cincuenta, comenzó un proceso de apertura de España hacia el exterior y una política de industrialización modernizadora del país, también se introdujeron algunas modificaciones en una legislación a todas luces arcaica. Así es como en 1958 y en 1961, por ejemplo, se publican sendas leyes que, en el plano de la vida civil y laboral, introducen algunas reformas tímidas, asentadas en una premisa que, entonces, era absolutamente novedosa: la no discriminación por razones de sexo respecto a la capacidad jurídica de las mujeres, es decir, respecto a sus derechos y obligaciones. Pero se aclaraba que este principio de no discriminación hacía referencia a las mujeres ¡solteras! Porque las menores de edad (entonces hasta los veintiún años aunque las hijas no podían abandonar el hogar paterno hasta los veintitrés años, “salvo para tomar estado”) estaban bajo la tutela de los padres y las casadas bajo la tutela de sus maridos. ¿En qué se traducía esta tutela? Por ejemplo, en que las mujeres no podían elegir por sí mismas una profesión y ejercerla, realizar ninguna operación de compraventa, firmar un contrato de trabajo o la apertura de una cuenta bancaria sin la correspondiente “autorización marital”. Por no poder, las mujeres casadas no podían no solamente disponer de sus propios bienes sin la autorización del marido, sino que ni siquiera podían  disponer de sí mismas: cualquier cosa que quisieran hacer debía contar con la firma del marido.
 
Como consecuencia de los cambios económicos que comenzaron a tener lugar, también la sociedad española se modifica profundamente: el desarrollo de la industria genera un éxodo muy fuerte desde el campo a las ciudades, la apertura contribuye a la salida de españoles y españolas en busca de trabajo en los países vecinos, la educación se generaliza. Muchas mujeres cambian de medio y se incorporan a vivir en los cinturones industriales, dejando atrás la vida rural. Muchas de ellas, además, se introducen en el mercado de trabajo, tanto en las industrias como en los servicios: la vida en las ciudades es completamente distinta y las necesidades económicas también. Las posibilidades de acceso a la educación se incrementan y se empieza a extender la idea de que los estudios son importantes para que las niñas puedan, en el futuro, tener mayores posibilidades de acceder a mejores trabajos y, por qué no decirlo, a mejores maridos, de niveles sociales más altos.
 
En las capas medias, sobre todo, las jóvenes comienzan a acceder en forma creciente a los estudios universitarios, proceso que se amplía notablemente en los años setenta. Con el acceso a la universidad se abrió la posibilidad de que algunas mujeres comenzaran a conocer tanto el ordenamiento jurídico como los presupuestos sobre los que éste se asentaba. Descubrían, por ejemplo, que en el Código Civil se equiparaba a las mujeres –por el solo hecho de ser mujeres– a los locos y dementes. El artículo 57 del Código Civil sancionaba ese su retorno a la edad pueril en su relación con el hombre, aun  dentro del matrimonio: “El marido ha de proteger a la mujer y ésta obedecerle”. Hasta 1958 no fue autorizada por la ley a ser tutora o testigo en testamentos, aunque la casada seguía necesitando permiso del marido, y hasta 1973, en las vísperas de la consunción  física del régimen por deceso de su líder carismático, las solteras no pudieron abandonar el hogar paterno y organizarse su vida antes de los veinticinco años, pasando a partir de ese año a equiparar la edad de emancipación legal –los veintiuno– con los varones. La educación recibida había intentado programarla en el sentido de la sumisión al hombre, de la virginidad como único valor específicamente femenino, de la decencia y la honra, del matrimonio y la procreación como indispensable objeto de su existencia. El Código Penal castigaba duramente a la mujer que cometía adulterio (la mujer casada que yace con varón que no sea su marido), mientras que en los hombres sólo era delito si se trataba de amancebamiento (que el marido tenga manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella). El artículo 416 del Código Penal castigaba con arresto mayor o multa a todos aquellos que indicaran, vendiera, anunciaran, suministraran o divulgaran cualquier medio o procedimiento capaz de facilitar el aborto o evitar la procreación. Sin embargo, en el caso de aborto, se contemplaba la reducción de la condena si se alegaba la deshonra que suponía para la familia una madre soltera.
 
Hasta 1961 la mayoría de las ordenanzas laborales y reglamentaciones de trabajo en empresas públicas y privadas establecieron despidos forzosos de las trabajadoras al contraer matrimonio y algunos reglamentos del régimen interior de las empresas prohibían a las mujeres ejercer puestos de dirección. Además, la mujer casada continuó  necesitando el permiso de su marido para firmar contratos de trabajo, ejercer el comercio y usufructuar su salario.
 
 
 
 
La Ley 22 de julio de 1961 prohibió toda forma de discriminación laboral en función del sexo y expresamente la salarial. En torno a 1961 las reglamentaciones de trabajo y ordenanzas laborales dejaron de contener cláusulas de despido por matrimonio. A partir de entonces, cuando las trabajadoras contraían nupcias, podían generalmente elegir entre tres opciones:
1. continuar en su puesto
2. acogerse a una excedencia temporal de uno a cinco años para dedicarse al cuidado de su familia
3. o a una permanente, tras percibir una indemnización.
 
En 1966 se permitió a las mujeres ejercer como magistrados, jueces y fiscales de la Administración de Justicia. La autorización marital para firmar un contrato laboral y a ejercer el comercio fue abolida en la reforma de los Códigos Civil y de Comercio de 1975. Cuando el régimen económico del matrimonio era la sociedad de gananciales, los salarios de ambos cónyuges constituían bienes gananciales, cuya administración siguió correspondiendo durante todo el franquismo (y hasta 1981) al marido. Por último, a finales de 1975 el acceso a algunos puestos de trabajo permanecía cerrado para las mujeres, por ejemplo, en la Policía o las Fuerzas Armadas.
 
En el plano laboral existían discriminaciones como la imposibilidad de acceder a cargos de magistrado, juez o fiscal, partiendo de la consideración de que, en caso de acceder a ellos, la mujer pondría en peligro ciertos atributos a los que no debe renunciar, como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad (Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, 1961); o la exigencia de una autorización del marido para que la esposa pudiera trabajar, lo que se conocía como “licencia marital” y  que se mantuvo hasta la reforma legislativa de 1975; el matrimonio era, en el caso de las mujeres, una causa para la rescisión del contrato de trabajo y las leyes no garantizaban la estabilidad laboral de las mujeres que desearan seguir trabajando. Las discriminaciones se manifestaban también en las diferencias salariales en general. Por ejemplo, unas ordenanzas laborales del sector textil establecían, en 1970, que en el caso de que las mujeres realizaran “funciones propias del varón”, recibirían un sueldo del 70%.
 
La tasa de actividad femenina ascendió al 21% en 1960, es decir, algo menos de 2.200.000 mujeres activas. En ese momento, la aprobación de la Ley de 1961 revistió considerable importancia porque amplió el rango de los derechos laborales reconocidos a las mujeres, inició una pauta de desmantelamiento progresivo (pero no total) de las discriminaciones legales referidas al trabajo extradoméstico femenino y, en principio, pudo afectar a todas las mujeres que participaban en el mercado laboral, y que constituían  un colectivo no desdeñable desde el punto de vista numérico.
 
La ley del 61 no se aprobó por imperativos económicos. En el mercado laboral español no se precisaba mano de obra adicional. Incluso si tal carencia se hubiera producido, hubiera podido paliarse, entre otros medios, contratando a hombres parados y  subempleados, o a los que emigraron a principios de los años sesenta.
 
Tampoco fue una respuesta a las demandas sociales. Las asociaciones movilizadas en contra de las discriminaciones por razón de sexo eran entonces muy  pocas, y contaban con recursos insuficientes para ejercer influencia sobre la elite política Durante el franquismo el feminismo fue atacado con una dureza e intensidad sin parangón en casi ninguna sociedad de nuestro entorno. Por eso no debe sorprender que en 1975 casi tres de cada cuatro (72%) entrevistados (hombres y mujeres) afirmaran que el trabajo de la madre era negativo para la educación de los hijos, al menos mientras estuviesen en edad escolar. Amplios sectores de la población se mostraban recelosos ante el trabajo extradoméstico de las mujeres casadas, frontalmente opuestos al de las madres de niños pequeños y favorables a que fuese a los maridos a quienes correspondiese autorizar (o no) a las mujeres a realizar actividades fuera del hogar, si bien una minoría significativa sostenía opiniones contrarias a las expuestas.
 
La Ley de 1961 fue elaborada por la elite gubernamental actuando con relativa independencia respecto a los dictados de la economía o las demandas sociales (5 ). Según Pilar Primo de Rivera: “Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombre nos dan hecho”. Por tanto, parece que fue la voluntad de los mandos de la Sección Femenina, en consonancia con el resto de la elite política franquista, de ganar para España cierto reconocimiento internacional, lo que les impulsara a promover una medida liberalizadora del cariz de la ley de 1961. La Ley de 1961 sirvió, junto a otras, para que los gobernantes franquistas presentaran a España en el contexto internacional como un país en el que, a pesar del régimen dictatorial, la situación de las mujeres era, de algún modo, equiparable a la de las sociedades de nuestro entorno. Por lo demás, en cuanto al debate de la ley el asunto más debatido fue el relativo a la autorización marital: a las casadas no se les requeriría un permiso escrito de sus esposos cada vez que firmaran un contrato de trabajo, si bien éstos podrían negarse a que sus mujeres trabajaran, habiendo de expresar su negativa por escrito. El precio que una parte de la elite política no estaba dispuesta a pagar por obtener cierta aceptación internacional del régimen era el cuestionamiento del principio de autoridad en la familia, la célula primaria de la sociedad según el discurso oficial.
 
 
 
 
 
LA MUJER EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
 
La igualdad ante la ley es una de las primeras exigencias de una sociedad democrática y sería, por lo tanto, una de las primeras cuestiones en torno a las cuales comenzarían a movilizarse las mujeres: primero serían los derechos civiles, tales como la derogación de la licencia marital, la supresión de todos los artículos en las leyes que tuvieran un carácter de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, la patria potestad conjunta, la mayoría de edad a los veintiún años a todos los efectos, la libertad  religiosa en los centros públicos y privados. A ellos se sumarían los derechos políticos: a crear asociaciones, a poder reunirse, expresarse libremente y ejercer la huelga, en el contexto de los reclamos de democratización del conjunto de la oposición al régimen autoritario. También se reclamarían los derechos en el ámbito laboral y educativo. Y, progresivamente, se añadiría el derecho a una sexualidad libre, al control de la natalidad y al aborto, la ley de matrimonio civil y la ley de divorcio.
 
Esta manifiesta desigualdad legal sería uno de los motores movilizadores que llevaría a organizarse a mujeres del ámbito universitario fundamentalmente, pero que se iría extendiendo a otras reivindicaciones y a la incorporación de mujeres procedentes de otros medios y otras experiencias, confluyendo en una corriente que comenzará a tomar forma como “movimiento feminista” a finales de 1975 y que, después de cuatro años de intensa actividad, comenzaría un etapa de pérdida de fuerza, en parte por las disensiones internas, en parte por los nuevos desafíos que implicaron la puesta en marcha de las instituciones democráticas.
 
 
 
 
Algunas mujeres, por tradición familiar o por contactos en los centros de estudios, se iban incorporando a las actividades que se realizaban en los diversos grupos de oposición política a la dictadura, en carácter de militantes, colaboradoras, simpatizantes o prestando apoyo y colaboración en forma más o menos ocasional y participando de las actividades de protesta que, por entonces, se generalizaron tanto en las fábricas y universidades como en los barrios populares. Muchas de estas mujeres realizarían el camino desde la participación en grupos políticos a la integración en grupos de mujeres feministas, a partir de los problemas que encontraron en las formas políticas al uso por el hecho de ser mujeres. Otras se nuclearon en torno al problema de la compatibilización del cuidado de los hijos y los trabajos: comenzaron entonces las primeras experiencias autogestionarias de guarderías y las reivindicaciones de su creación por parte del Estado. Ello implicaba una ruptura con un modelo tradicional que suponía que las mujeres debían dedicarse prioritariamente a la crianza de los hijos y que era cosa de los hombres el trabajar fuera de la casa para conseguir el dinero necesario. Para estas mujeres jóvenes, con mayores niveles de instrucción que sus madres, comenzaba la penuria de la doble jornada, que para tantas mujeres convirtió la dedicación exclusiva al hogar como la opción más deseable, frente al agobio de tener que hacerlo todo. A las mujeres que siempre habían tenido que trabajar porque necesitaban esos ingresos, se sumaban ahora otras que, además de venirles bien el dinero, querían trabajar como una forma de entender sus propias vidas, de preservar cierta autonomía personal dentro de la institución familiar.
 
Entre las que se incorporaban a trabajos remunerados, poco a poco iban comprobando las diferencias de trato y las desigualdades imperantes en los medios laborales entre hombres y mujeres: en general, estas últimas recibían salarios menores y sus posibilidades de promoción eran bastante más remotas que las de sus compañeros masculinos. Otra fuente de malestar y motivo de debates. En este sentido, la vertiente más fuerte de iniciación del movimiento feminista como tal, la constituyeron grupos espontáneos de mujeres que comenzaron a reunirse para conversar entre ellas sobre el creciente malestar que sentían y que no conseguían explicar ni delimitar. Estos grupos, básicamente iniciados por amigas, irían progresivamente incorporando temas de debate, accediendo a textos producidos por mujeres en otros países (Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos). Por su propia forma de constitución y por las preguntas de las que partían estas mujeres, una de las características que las diferenciaba de los grupos políticos tradicionales era la fuerte implicación personal y afectiva, el espacio concedido al debate de cuestiones de la vida cotidiana, de los sentimientos y las vivencias personales. Estos temas no tenían cabida en la agenda política y las mujeres no contaban tampoco con un lenguaje apropiado para expresarlo.
 
 
 
 
El año 1975 fue fundamental en este proceso. Las Naciones Unidas lo habían declarado como Año Internacional de la Mujer, dedicándolo al estudio de la situación de las mujeres en el mundo. Ello movilizó unas energías enormes entre las feministas y las mujeres que habían comenzado a organizarse. Quisieron aprovechar la celebración internacional para poner de manifiesto el atraso y las discriminaciones que sufrían las mujeres en la sociedad española. Las vías más importantes de difusión de estas preocupaciones fueron los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita como en la televisión, que transmitieron comparaciones de todo tipo con la situación de las mujeres en el resto de los países, especialmente los europeos, poniendo en evidencia la arcaica situación legal de las mujeres españolas, la ausencia de libertades y derechos, así como su  status social relegado.
 
De esta manera, el Año Internacional de la Mujer aportó una dimensión mundial a todas las inquietudes que venían sintiendo esta jóvenes españolas, en un momento que resultó muy intenso para el conjunto de la sociedad, por la creciente descomposición del régimen autoritario y la muerte de Franco. Para las mujeres fue un punto de inflexión en su capacidad de romper con una invisibilidad milenaria, viviendo un gran impulso organizativo, en el que los grupos comenzaron a delimitarse mejor y a adquirir una mayor solidez y proyección hacia el conjunto de la sociedad. Todo ello llevaría a la realización de las primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, en Madrid, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, pocos días después de la muerte de Franco.
 
Allí confluyeron distintas corrientes organizativas, procedentes de Madrid, Cataluña, Galicia, Valladolid, Albacete, Valencia, Santander, Málaga, Sevilla, entre otras. En la preparación colaboraron diversas asociaciones, como las de Amas de Casa, Mujeres Universitarias, Amigos de la UNESCO. El temario comprendía ponencias desarrolladas por las delegaciones procedentes de diversos puntos del país: mujer y sociedad; mujer y educación; mujer y familia; mujer y trabajo; mujer y barrios; movimientos feministas. Fue así como estas primeras Jornadas tuvieron un eco muy amplio, en primer lugar entre los grupos feministas, pues acudieron mujeres de todas las regiones y de todas las tendencias ideológicas.
 
 
 
 
Desde los primeros debates comenzaron a marcarse diferencias en la conceptualización y las prioridades del movimiento feminista: unas ponían el acento en la lucha feminista centrada en los derechos de las mujeres; otras, más ligadas a organizaciones políticas concretas, planteaban que el feminismo debía ser un frente más en la lucha política por la democracia y las libertades que mantenía la clase trabajadora en  su conjunto, aceptando la dirección de los partidos de vanguardia. Los grandes debates feministas comenzaron entonces y se centrarían en la cuestión de la autonomía del feminismo como movimiento social respecto a las estructuras partidistas tradicionales. En realidad, lo determinante de las desavenencias era la pertenencia o no a partidos políticos, lo que se expresó en términos de partidarios de la militancia única (feminista) versus partidarias de la doble militancia. Como conclusión se elaboró una Resolución política de las primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, se plasmaron denuncias y reivindicaciones relativas a las cuestiones que más preocupaban a las mujeres, con especial hincapié en los temas laborales. Respecto al Movimiento Feminista, se afirmaba lo siguiente:
 
La necesidad de un Movimiento Feminista revolucionario y autónomo en nuestro país, que defienda las reivindicaciones específicas de la mujer en todo momento, a fin de evitar su discriminación en cualquier aspecto: legal, laboral, familiar o sexual, conscientes de que la poca envergadura política que revista la situación de la mujer es la causa de la continua marginación de sus intereses en las esferas de decisión del país.
 
Pensamos que siendo indispensable la autonomía del feminismo como organización reivindicativa, es sólo mediante la presencia activa y teórica de la mujer en las estructuras y programas encargados de encauzar las reivindicaciones sociales, como podrán lograrse sus objetivos. Nuestra lucha como mujeres no debe ser una lucha contra el sexo masculino, sino contra la situación que hace posible que nos oprima, contra las estructuras que mantienen el poder de decisión, configuración y actuación en manos exclusivamente masculinas. 
 
Aunque la proliferación de grupos de mujeres de composición variopinta hace muy difícil realizar una clasificación exhaustiva por ideología o adscripción política, no obstante, ya a partir de esas primeras jornadas es posible delimitar la existencia de tres grandes corrientes, reconocidas en esa época:
 
­Feminismo socialista: vinculado a los movimientos políticos y a las luchas sociales de la época. Se identificaba con los grupos y partidos políticos de izquierda y admitía la doble militancia, participando muchas en partidos y organizaciones políticas tradicionales. Entre los grupos que integraban esta corriente pueden mencionarse el Movimiento Democrático de Mujeres, vinculado al Partido Comunista; la Asociación Democrática de la Mujer, vinculada al Partido del Trabajo; y la Unión por la Liberación de la Mujer, relacionada con la Organización Revolucionaria de Trabajadores.
 
­Feminismo radical: formado por los grupos feministas independientes de los partidos políticos. Propugnaban la militancia única por considerar que el feminismo era una alternativa política global. Pueden mencionarse los Seminarios y Colectivos Feministas; el grupo LAMAR, en Barcelona y el grupo TERRA, en Valencia.
 
­Tercera vía: integrada por grupos feministas que no estaban especialmente vinculados a ningún partido político pero que admitían la doble militancia por parte de aquellas mujeres a las que les apeteciera. A medio camino entre las posiciones de las otras dos corrientes, intentaban compatibilizar lo menos extremo de ambas posiciones. Pueden mencionarse como defensoras de esta postura al Frente de Liberación de la Mujer, en Madrid, y el grupo ANCHE, en Barcelona, entre otras.
 
Mientras que las segundas se centraban en el cambio de las relaciones entre hombres y mujeres, en la defensa de los intereses de las mujeres frente a los intereses históricamente defendidos por los hombres, las primeras entendían que sin cambio social general no era posible el feminismo y que el destino de las mujeres, sus derechos y libertades, estaba unido a la historia del movimiento socialista, como ejemplificaban las vidas de mujeres como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Flora Tristán a nivel internacional, y Clara Campoamor o Margarita Nelken, en España.
 
En mayo de 1976 tuvo lugar el segundo encuentro de mujeres de todo el Estado, las Jornades Catalenes de la Dona. Al calor del fuerte impulso activista que habían desarrollado las mujeres en Cataluña, estas jornadas se celebraron en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, bajo los auspicios de la Asociación de los amigos de las Naciones Unidas y la coordinación se realizó a través del Secretariado de Organizaciones No Gubernamentales. En ellas se reunieron más de cuatro mil mujeres procedentes de todos los puntos de España y se llegó a una Plataforma Unitaria de movilización. Allí se discutió la polémica sobre si las mujeres constituían una clase social en sí o formaban parte de las distintas clases en función de sus posiciones socioeconómicas; el análisis del patriarcado, el dominio masculino en el linaje y en la familia intentando explicar las relaciones existentes entre hombre y mujeres; el papel del trabajo doméstico no  remunerado en las sociedades capitalistas y el reparto tradicional de las tareas domésticas; el análisis de la familia como una institución que originaba la explotación de la mujer; la maternidad como imposición o como opción libre y voluntaria; la separación de la sexualidad y la reproducción. En las conclusiones se plasmó una plataforma amplia de reivindicaciones, que suscitó la creación de nuevos grupos, la ampliación de los existentes y mayores esfuerzos para la coordinación de acciones conjuntas. Pero no fue sólo un espacio para el debate teórico: también, a través de las ponencias y discusiones, comenzaron a ponerse en común diversas experiencias de trabajo que iban desarrollándose en distintos lugares (6) .
 
El día 8 de marzo, día de la Mujer, se convirtió en ocasión anual de manifestación reivindicativa. Las mujeres pusieron una marca festiva a esos encuentros políticos, buscando formas llamativas y provocadoras de presentar las reivindicaciones. Se abrieron bares para mujeres y las primeras librerías para mujeres. Los centros de planificación se crearon con el objetivo de ayudar a las mujeres de menores recursos económicos y a las más jóvenes, que tenían dificultades para acceder a métodos anticonceptivos y que se encontraban en dificultades muy serias a la hora de enfrentarse con embarazos no deseados. En 1976 se creó en Madrid el primer centro de este tipo. En 1978, el nombramiento de una mujer feminista como consejera de la Junta Preautonómica de Andalucía contribuyó en forma decisiva a la apertura de Centros de la Mujer. Una forma de actuación importante fueron las manifestaciones de protesta organizadas al hilo de agresiones, con el objeto de sensibilizar a la opinión pública sobre la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad machista y violenta y la necesidad de llevar a cabo actividades de prevención. Un ámbito en el que las feministas pusieron también grandes esfuerzos fue el de la educación, sobre todo en cuanto a libros de texto y coeducación. Así se llevó a cabo una denuncia del sexismo que impregnaba los libros de texto escolares. En sus análisis consideraban que una de las claves para entender el papel secundario de las mujeres en la sociedad era su reclusión en el seno de la familia. El trabajo remunerado aparecía como el mecanismo de cambio y la vía de liberación.
 
 
 
 
En las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, aunque en los programas de los partidos políticos –en realidad sólo los de izquierdas­ se hablaba de la mujer, siempre era considerado como de segundo orden, no obstante, veinticinco mujeres fueron elegidas diputadas y, entre ellas, tres eran feministas confesas. Dentro del Ministerio de Cultura se creó la Subdirección General de la Condición Femenina que organizó en septiembre de 1976 las primeras Jornadas de la Condición Femenina en Madrid a la que asistieron los grupos que tenían mayor ligazón con partidos políticos. Con el establecimiento de los primeros Ayuntamientos democráticos se crearon las primeras concejalías o Departamentos de la Mujer. También se creó el Instituto de la Mujer como un organismo de mayor rango dentro de la Administración y resultado de las presiones de un grupo de mujeres del PSOE en 1983 al transformarse la Subdirección de la Condición Femenina en Instituto de la Mujer con una dotación presupuestaria importante. Su primera directora sería la feminista y diputada socialista Carlota Bustelo. A partir de allí se intensifica y profundiza la presencia de las reivindicaciones feministas en la agenda política pero de forma institucional. Ello viene dado porque el asociacionismo femenino pareció tocar su techo en las terceras y últimas grandes jornadas estatales celebradas en Granada en 1979. El enfrentamiento más importante giró en torno a la cuestión sobre la participación activa en las instituciones democráticas, partidos políticos incluidos. En el fondo subyacía también un debate teórico: el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia.
 
Este debate se originaba en los diversos intentos de explicación del hecho de que las sociedades, a lo largo de la historia, habían hecho de la diferencia biológica de la mujer una desigualdad social o de género. En líneas generales, las partidarias del feminismo de la diferencia creían que lo importante era reivindicar como positivos los valores que se habían ido atribuyendo a las mujeres: afectividad, sensibilidad, naturaleza y apostaban a una rebelión total contra el sistema patriarcal y los valores dominantes. Por su parte, las partidarias del feminismo de la igualdad tendían a poner el acento en las discriminaciones por razones de género, se enfrentaban al machismo y apostaban por el ejercicio pleno de los derechos individuales, políticos, sociales y económicos por parte de las mujeres. Ambas posturas se traducían en posiciones divergentes respecto a la militancia única en el feminismo o a la militancia doble, con participación en los partidos políticos. En el encuentro de Granada la tensión alcanzó su máxima expresión y se desencadenó una profunda división en el movimiento feminista que fue progresivamente disgregándose y perdiendo la fuerza de los años precedentes.
 
Por otro lado, la creación de diversos espacios institucionales desde los que desarrollar políticas concretas para luchar contra la discriminación de las mujeres absorbió una buena parte de los esfuerzos y canalizó muchas de las tareas que hasta entonces se habían desarrollado a base de voluntarismo y espontaneidad.
 
Hoy se puede decir que el feminismo no es un movimiento exclusivo, cerrado, con  límites precisos sino que una parte de los postulados feministas ha ido coloreando a la sociedad en su conjunto: en los centros educativos, en la universidad, en los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales y juveniles; en todos los ámbitos las mujeres han ido avanzando, aunque sea poco a poco y en forma despareja.
 
 
 
 

 
NOTAS: 
 
* Articulo publicado en «Aposta. Revista de ciencias sociales» (ISSN 1696-7348), 28, (mayo 2006) 
 
1 Carme Molinero, “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un ´mundo pequeño`”, en Historia Social, nº 30, pp. 97­117.
 
2 A. Roura, Mujeres para después de una guerra. Informes sobre moralidad y prostitución en la posguerra española,  Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 1998.
 
3 María Teresa Gallego Méndez, Mujer, Falange y franquismo, Taurus, Madrid, 1983. Rosario Sánchez López, Mujer española, una sombra de destino en lo universal. Trayectoria histórica de Sección Femenina de Falange (1934­1977), Universidad de Murcia, Murcia, 1990.
 
4 J. Roca i Girona, De la pureza a la maternidad. La construcción del género femenino en la postguerra española, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996.
 
5 Celia Valiente Fernández, “La liberalización del régimen franquista: la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer”, en Historia Social, nº 31, 1998, pp. 45­65.
 
6 Laura Nuño Gómez (Coordinadora), Mujeres: de lo privado a lo público, Madrid, Tecnos, 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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