Las jornaleras de la fresa en España y Marruecos

INDICE- Esclavitud en la España del Siglo XXI

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[1] Contrataciones en origen y el monocultivo global de la fresa

Por Emmanuelle Hellio / Juana Moreno Nieto

Artículo publicado el 2 de julio de 2018 en
 
 
Proteger a estas mujeres exige asegurar su igualdad de derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras, que es justamente lo que el programa de contratación en origen impide, articulando desigualdades de género, clase, origen y precarización jurídica, así como cuestionar el modelo productivo de la fresa.

Las insostenibiilidades del actual sistema agroalimentario son múltiples y generalmente las relacionamos con su impacto medioambiental, sus efectos nocivos sobre la salud o la destrucción de las producciones y modos de vida campesinos. No obstante, las violencias que se ejercen sobre la mano de obra que trabaja en condiciones de gran precariedad en los campos de la agricultura global forman parte estructural de este sistema aunque queden, a menudo, invisibilizadas.

Estas últimas semanas, hemos visto romperse el pacto de silencio existente en torno a las condiciones de vida y trabajo de las temporeras extranjeras en el sector de la fresa en Huelva. La publicación a finales de abril de un reportaje denunciando las violaciones y abusos sexuales sufridos por trabajadoras marroquíes del sector ponía en el punto de mira el sistema de contrataciones en origen, erigido durante años como modelo ejemplar de «migración ordenada» por las instituciones españolas, marroquíes y europeas.

A principios de junio, unas cien jornaleras marroquíes, apoyadas por el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), intentaron denunciar en los juzgados incumplimientos del contrato y abusos sexuales en una empresa de Almonte. En solo dos días, el empleador organiza el retorno del conjunto de trabajadoras de su finca a Marruecos, aún cuando sus contratos no habían finalizado. El objetivo, evitar que pudieran ratificar sus denuncias ante la inspección de trabajo el lunes siguiente. Sin embargo, una parte importante de las trabajadoras resiste y se niega a embarcar en los autobuses. Las redes sociales y medios locales retransmiten lo que está ocurriendo y se logra detener el traslado de las trabajadoras al puerto de Algeciras.

Esta situación, en la que ante una tentativa de denuncia las trabajadores son «devueltas” a Marruecos ilustra especialmente bien la tendencia autoritaria del mercado de trabajo en el sector fresero y del sistema de contrataciones en origen que lo organiza.

Como en ocasiones anteriores, las asociaciones de productores denuncian una campaña de desprestigio contra el sector, minimizan lo que consideran “prácticas aisladas” de ciertos individuos e incluso basculan la responsabilidad sobre las propias víctimas, acusándolas de mentir y relacionándolas con la prostitución.

En estos fértiles terrenos para los estereotipos sexistas y racistas (Martin Díaz 2002), nos parece muy importante insistir en que no se trata de hechos aislados ni fortuitos, sino que el programa de contratación en origen desarrollado para responder a las necesidades del monocultivo de fresa, es la causa principal de la vulnerabilidad de estas temporeras frente a todo tipo de abusos. Es el régimen migratorio, puesto al servicio del capitalismo agroalimentario global y su alianza con el patriarcado y el racismo, lo que explica la situación de las jornaleras marroquíes en la agricultura onubense.

La provincia de Huelva es la principal zona de producción de fresas extra-tempranas en Europa. Su vocación exportadora y la utilización de todo tipo de insumos (variedades patentadas de fresas, plásticos para invernaderos, agroquímicos…) insertan al sector en una cadena agroalimentaria dominada por las grandes empresas transnacionales que producen los insumos agrícolas y controlan la distribución de la fruta en los mercados europeos, acumulando la mayor parte de los beneficios. La dependencia de los productores agrícolas frente a estos actores globales, junto a la gran cantidad de mano de obra necesaria para recolectar la fresa, hacen que el mantenimiento del costo del trabajo a la baja constituya una estrategia fundamental para los productores a fin de asegurar la rentabilidad del sector y aumentar el margen de beneficios.

En este contexto de búsqueda de una mano de obra flexible, barata y que no se organice para exigir mejoras laborales, debe entenderse la instauración de un sistema de contrataciones en origen totalmente feminizado desde el año 2000. A partir de 2006, se institucionaliza el programa de contrataciones con Marruecos que contará con cuantiosas subvenciones de la Unión Europea, y ello a pesar de su dimensión utilitarista, la precariedad laboral y jurídica que impone a las trabajadoras y el carácter sexista de la selección.

En efecto, al Estado español y a la Comisión Europea poco ha parecido importarles el carácter discriminatorio que establece la contratación de mujeres pobres con hijos menos de 14 años a su cargo para garantizar el retorno a su país de origen al final de la campaña.

Además, el sistema de contrataciones en origen establece una cautividad jurídica y material sobre las temporeras que constituye la base de su desprotección. Primero, porque los permisos de residencia y trabajo de estas trabajadoras están vinculados a un territorio, a un sector de actividad y a un empleador concreto, lo que supone que las temporeras no tienen derecho a cambiar de trabajo. Igualmente, su retorno la temporada siguiente depende de la voluntad del empleador. Ello instituye una dependencia absoluta de las trabajadoras ante el empresariado y reduce enormemente su capacidad para negociar las condiciones laborales o denunciar cualquier forma de abuso pues si pierden o renuncian a sus empleos, ya de por si valiosos debido a la diferencia salarial existente con Marruecos (equivalente a 6,3 euros por jornal) pierden, además, el derecho a trabajar legalmente en el Estado español. Las alternativas para aquellas que no acepten las condiciones ofertadas son claras y poco alentadoras, quedarse de manera irregular en el Estado español o regresar a Marruecos sin posibilidad de volver a acceder a un contrato.

Segundo, porque el hecho de que las temporeras residan en las fincas agrícolas permite ejercer un control sobre la vida privada de las temporeras, como muestra el hecho de que estas trabajadoras vean a menudo limitadas sus salidas nocturnas a fin de garantizar su productividad en el trabajo o que se les lleguen a retener los pasaportes para evitar lo que en el sector se consideran “fugas”, es decir, el abandono del programa. Asimismo, este modelo residencial dificulta su contacto con la población local y el aprendizaje del español, vías fundamentales para hacer valer sus derechos. En contraste, este sistema resulta de gran utilidad para los productores pues les permite de poseer trabajadoras “en stock” y ajustar diariamente el tamaño de su plantilla a las necesidades del cultivo.

Por todo esto, para proteger a estas mujeres se hace imprescindible asegurar su igualdad de derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras, que es justamente lo que el programa de contratación en origen impide, articulando desigualdades de género, clase, origen y precarización jurídica, así como cuestionar el modelo productivo de la fresa, paradigmático de una agricultura globalizada, que induce a que los eslabones más débiles de la cadena, las trabajadoras, carguen con todas las insostenibilidades y violencias de un sistema que beneficia al gran capital y sus alianzas patriarcales.

Sumario:

[1] Contrataciones en origen y el monocultivo global de la fresa, por Emmanuelle Hellio y Juana Moreno Nieto

[2] Las jornaleras de la fresa en Andalucía y Marruecos, por Juana Moreno Nieto y Emmanuelle Hellio

[3] Demagogia contra la inmigración: nuestros pobres, primero, por Javier Alberdi

 

 

[2] Las jornaleras de la fresa en Andalucía y Marruecos

Por Juana Moreno Nieto y Emmanuelle Hellio

Investigadoras posdoctorales LabexMed,
Universidad de Aix-Marsella, CNRS (Francia)

 

Hacia un análisis feminista de la globalización agroalimentaria

 

 

El cultivo de fresa de contraestación constituye un modelo paradigmático de la globalización agroalimentaria. Se trata de una agricultura muy tecnificada y orientada a la exportación que necesita una gran cantidad de insumos (pesticidas, fertilizantes, plásticos de invernaderos, variedades patentadas de plantas…) y depende de las grandes cadenas de distribución para su comercialización en los mercados europeos. Es, asimismo, una agricultura intensiva en mano de obra que emplea aproximadamente a 60 000 temporeras y temporeros en la provincia de Huelva y a más de 20 000 obreras agrícolas en el norte de Marruecos

Estos dos enclaves de producción intensiva de fresa ocupan una posición periférica en la cadena agroalimentaria, controlada por las grandes corporaciones de desarrollo de insumos y las grandes superficies comerciales que imponen precios y condiciones de venta. Ello hace que la reducción de los costes del trabajo constituya una de las principales estrategias de las empresas, agricultores y agricultoras para garantizar la rentabilidad del cultivo. El carácter altamente perecedero de la fresa, que debe recorrer miles de kilómetros hasta la mesa de los consumidores y las consumidoras en el norte de Europa, acentúa la importancia de una mano de obra abundante y disponible que asegure la recolección.

Huelva: de las familias andaluzas a la contratación en origen de madres marroquíes

En la provincia de Huelva, el cultivo de la fresa comenzó en los años sesenta y durante los primeros años reposó sobre el trabajo de la mano de obra familiar en pequeñas explotaciones de 1 a 2 hectáreas. En la actualidad, se trata de un cultivo que, junto con el de otros frutos rojos, se extiende sobre unas 10 000 hectáreas de invernaderos que han dado lugar a un mar de plástico en el extremo occidental de Andalucía. Asimismo, se ha registrado un incremento del tamaño medio de las explotaciones que en 2004 era de 15 hectáreas. Durante los años noventa, la mano de obra familiar y las familias jornaleras andaluzas fueron sustituidas por temporeros extranjeros, principalmente hombres procedentes del Magreb y del África subsahariana. A continuación, las movilizaciones protagonizadas por estos trabajadores tuvieron como consecuencia su sustitución por jornaleras extranjeras traídas exclusivamente para la temporada a través de un programa de contratación en origen. Desde el principio, los empleadores[1] privilegiaron el reclutamiento de mano de obra femenina, en un primer momento, en países de Europa del Este como Rumanía o Polonia; a partir de 2006-2007, con la entrada de estos países en la Unión Europea, los contratos se redirigieron hacia Marruecos.

Temporeras marroquíes esperando el barco en el puerto de Tánger para ir a recoger fresa en la provincia de Huelva. Foto: Emmanuelle Hellio

En Marruecos, la patronal fresera española y la Agencia Nacional de Empleo marroquí (ANAPEC), establecieron la contratación exclusiva de mujeres casadas, divorciadas o viudas, con hijos e hijas menores de 13 años a su cargo. Con ello pretendían asegurarse el retorno de estas mujeres a su país al finalizar la temporada, como está previsto en el programa. La identificación de las mujeres como principales proveedoras del trabajo de cuidados en el hogar, llevó a empleadores e instituciones a considerarlas como la mano de obra idónea, es decir, disponible cuando se la necesita y reenviable a sus responsabilidades familiares cuando no es el caso.

Este programa ofrece, igualmente, una gran flexibilidad a la hora de organizar los flujos de trabajadoras. Así, la Agencia Nacional de Empleo marroquí responde «just in time» a las demandas de cada explotación agrícola que solicita la llegada de las trabajadoras en función de la evolución de la campaña, independientemente de la estimación inicial que hubieran realizado al principio. Este sistema implica que numerosas trabajadoras se queden en Marruecos tras haber hecho todas las gestiones y preparativos para salir. Las que finalmente viajan tampoco tienen garantizada la continuidad del trabajo una vez en España. A pesar de que el acuerdo para el contingente indica que se debe garantizar una actividad continua fijada en Huelva en un mínimo de 18 jornadas al mes, se trata de una norma poco respetada en el sector. Esta situación permite disponer de una reserva de trabajadoras en las fincas que garantiza la fuerza de trabajo para los picos de producción, en contra de lo que les convendría para aprovechar al máximo su estancia.

Vulnerabilidad jurídica y precariedad laboral

El permiso de residencia de estas trabajadoras está condicionado a la vigencia del contrato laboral con el que accedieron al Estado español y la renovación la temporada siguiente depende exclusivamente de la voluntad de la persona o empresa empleadora. Ello instituye una dependencia absoluta de las trabajadoras ante el empresariado, colocándolas en una situación de gran vulnerabilidad. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la gran mayoría de las trabajadoras residen en las fincas donde trabajan, lo que limita la interacción con la población local o el aprendizaje del español.

En consecuencia, las trabajadoras poseen una capacidad muy limitada para negociar sus condiciones de trabajo o reivindicar la correcta aplicación del convenio colectivo. Así, se ven obligadas a aceptar jornadas de trabajo más largas o más cortas que las seis horas y media reglamentarias y a adaptarse a los intensos ritmos impuestos por los capataces. Asimismo, la falta de separación entre los lugares de residencia y los de trabajo hace que se controle el tiempo libre de las jornaleras, por ejemplo, limitando sus salidas nocturnas a fin de garantizar su productividad o reteniendo los pasaportes para que no abandonen el programa. Ello también permite a los productores y productoras de fresa ajustar diariamente el tamaño de su plantilla en función de los pedidos que reciban o de las condiciones meteorológicas.

Paradójicamente, a pesar de su dimensión utilitarista, la precariedad laboral y jurídica que impone a las trabajadoras y el carácter sexista de la selección, el programa de contratación en origen en Huelva se ha erigido como modelo de «migración ordenada» y ha recibido numerosas subvenciones del Estado español y de la Comisión Europea para financiar los costes de gestión de mano de obra que correspondería asumir a la patronal del sector.

Por otra parte, la condición precaria de las mujeres procedentes de hogares rurales y pobres, donde los salarios son mucho más bajos, junto con la marginación que muchas sufren en sus comunidades por ser divorciadas o viudas, hace que las obreras marroquíes aprecien el trabajo en la fresa en Huelva y lo conciban como un medio para mejorar a corto o medio plazo su situación. Para ellas es un trabajo que va a permitirles
construir una casa, pagar los estudios de sus hijos e hijas o, simplemente, garantizar la subsistencia de la familia.

Las trabajadoras poseen una capacidad muy limitada para negociar sus condiciones de trabajo o reivindicar la correcta aplicación del convenio colectivo

 

Marruecos: Deslocalización productiva y feminización del mercado de trabajo

El cultivo intensivo de la fresa comienza a desarrollarse en Marruecos a finales de los años ochenta y sus orígenes están íntimamente relacionados con la deslocalización de empresas españolas que, con su instalación, exportaron el modelo productivo vigente en Huelva en ese momento. En la actualidad, las empresas españolas (por citar algunas: Natberry, Felgar, Sol del Sur, Arbagri…) siguen siendo mayoritarias en el sector, si bien se observa una creciente presencia de grandes grupos transnacionales europeos y americanos (como Driscoll’s o Agrana) que encuentran en la costa noroccidental de Marruecos una excelente plataforma para exportar fresas y otros frutos rojos hacia los mercados europeos.[2] Un número importante de productores marroquíes agrícolas —y algunos industriales— se han incorporado al sector. Se trata de un tipo de agricultura en el que predomina la mediana y la gran explotación (el 60 % de las explotaciones tienen más de 20 hectáreas), debido a las altas inversiones que requiere, y en el que los productores agrícolas dependen de las empresas exportadoras, principalmente extranjeras, para poder acceder a los mercados internacionales. 

El sector emplea cada año a más de 20 000 personas, de las que en torno al 90 % son mujeres. Se trata principalmente de jóvenes rurales, originarias de la región, que son transportadas diariamente en camiones o furgonetas entre sus hogares y los lugares de trabajo. La mayor parte de este transporte se realiza sin ninguna garan- tía de confort o seguridad y los trayectos pueden añadir de una a cuatro horas (no remuneradas) a las jornadas laborales.

Debido a su carácter de contraestación, en los campos agrícolas el trabajo se extiende casi nueve meses al año. Lo llevan a cabo principalmente chicas muy jóvenes, solteras, sin estudios o con estudios primarios que, a menudo, comienzan a trabajar antes de los quince años (edad mínima legal para trabajar en Marruecos). Las jornaleras realizan la inmensa mayoría del trabajo en las fincas, lo que incluye labores de plantación, desherbado y aclarado de las plantas, mantenimiento de los lomos y recolección. Esta última tarea es la más intensiva en trabajo ya que se extiende entre los meses de diciembre y junio. A pesar de que la aplicación de fitosanitarios se considera un trabajo masculino, no es raro que lo realicen también las mujeres. La remuneración es por jornal y los salarios recibidos son iguales o incluso inferiores al salario mínimo agrícola, que corresponde a 6,30 euros al día (69,73 dírhams marroquíes). Como señala un informe de 2015 de la ONG Fairfood, se trata de sueldos que se sitúan por debajo del umbral oficial de pobreza de Marruecos.

Recolectora de fresas, región de Moulay Bousselham (Marruecos) Foto: Juana Moreno Nieto

La ausencia de contratos y de declaración a la seguridad social, así como la eventualidad y la elasticidad de los horarios, caracterizan el trabajo en el sector. Las jornadas en los campos oscilan entre ocho y diez horas al día y las horas extras no son remuneradas. De hecho, el incumplimiento de los horarios de salida, junto con las condiciones de transporte y los malos tratos e insultos que reciben de los capataces —todos varones— constituyen los aspectos más criticados por las jornaleras. La exposición a estas violencias y las pésimas condiciones hacen que, salvo excepciones, este trabajo no sea aceptable para las mujeres casadas, quienes, en cambio, trabajarán en los campos de familias vecinas que cultivan patatas, cacahuetes o productos hortícolas de verano, o en la agroindustria fresera, que ofrece empleo entre cuatro y seis meses al año. 

En efecto, en los almacenes de envasado y congelación de fresas, la media de edad de las trabajadoras es algo mayor. A diferencia del salario agrícola, el salario mínimo industrial está establecido por hora y actualmente es de 1,20 euros (13,46 dírhams), si bien no todas las empresas respetan esta norma: durante el trabajo de campo realizado en 2012 se constató que numerosas obreras cobraban el equivalente a 60 céntimos la hora. La remuneración por caja de fruta procesada es también habitual. Los contratos y la declaración a la seguridad social son más habituales que en los campos, aunque distan de ser mayoritarios. Así, es corriente que en una misma empresa coexistan, en proporciones variables, trabajadoras con contrato y otras que trabajan de manera irregular.

La persistencia de la vulneración de los derechos laborales debe entenderse en un contexto marcado por una clara voluntad política de atraer y retener las inversiones extranjeras[3] que se traduce, a escala local, en la inacción de la inspección laboral y la connivencia de las autoridades locales con la patronal fresera. Asimismo, el sector se caracteriza por una escasa presencia sindical, hecho que contrasta con la realidad de otras zonas agroexportadoras del país donde las organizaciones sindicales son muy activas, como es el caso del sector del tomate y otras hortalizas bajo plástico de la región de Souss-Massa, en el sur del país.

En suma, el empleo de mujeres jóvenes del empobrecido mundo rural marroquí[4] y la identificación de sus trabajos como una actividad transitoria hasta el matrimonio o una ayuda a la economía familiar (a pesar de que a menudo sus salarios constituyan significativos aportes al sustento de la unidad doméstica), permite la construcción de una mano de obra que se adecua a las exigencias de disponibilidad y coste buscadas por las empresas de producción y exportación de fresas. Ello no implica que las jornaleras acepten impasibles las condiciones que se les imponen, muy al contrario, junto a las estrategias de resistencia cotidianas, se suceden episodios de protestas colectivas y paros de trabajo, de carácter más o menos espontáneo, para reivindicar mejoras laborales. Ahora bien, la falta de estructura de estas acciones hace que su capacidad para revertir las condiciones de explotación sea limitada.

En definitiva, hemos visto que la importación de mano de obra con contrato y la deslocalización de la producción hacia el Sur constituyen dos estrategias divergentes para garantizar la rentabilidad del sector de fresas de contraestación que utilizan, al tiempo que refuerzan, las desigualdades de género y las territoriales, así como la vulnerabilidad de las personas migrantes producto de unas políticas migratorias utilitaristas y puestas al servicio del capital. Ello deja claro que la explotación de la mano de obra en posiciones subalternas, en este caso conformada por mujeres rurales marroquíes, aparece como un elemento fundamental para la agricultura intensiva, poniendo en evidencia la insostenibilidad social, además de la ambiental, de este modelo productivo.

 

[3] Demagogia contra la inmigración: nuestros pobres, primero

Por Javier Alberdi
 
Artículo publicado el 1 de agosto de 2018 en
 
 

 

Los nuevos puntales de la derecha española, Casado y Rivera, se han apuntado en los últimos días a la corriente europea de populismo identitario para meter miedofrente al extranjero, el diferente, y defender “lo nuestro”, algo que no necesita de más argumentos para sacar rédito electoral. Miramos al mar y este verano nos devuelve dolor y demagogia, simplismo y pocas miras de futuro. Javier Alberdi reflexiona sobre las mentiras de este discurso xenófobo.

Cada vez resulta más habitual encontrar en redes sociales reivindicaciones en favor de los “mendigos españoles” por parte de usuarios cuyos historiales de mensajes distan mucho de una actitud compasiva. La explicación a esta incongruencia radica en que el énfasis de esta presunta indignación no se fundamenta en las carencias que padecen los marginados sino en su nacionalidad. “Nuestros pobres, primero”, precisan en un simulacro de solidaridad.

En la actualidad, asistimos a una reafirmación del discurso del nosotros – en oposición al ellos- y en consecuencia a la exaltación y defensa de su derivado, “lo nuestro”: nuestra nación, nuestra gente, nuestra cultura, nuestras calles, nuestros trabajos, nuestros recursos públicos y, alcanzando el máximo grado de cinismo, “nuestros pobres”, aquellos que por definición difícilmente encajan en el ámbito de lo colectivo en tanto que si lo son es, precisamente, por haber sido abandonados por una sociedad inmisericorde.

Estas manifestaciones no suponen más que otra muestra del creciente rechazo hacia la diversidad que desde hace tiempo espolean frentes populistas que tratan de achacar a los procesos migratorios la mayoría de los males que padecen nuestras sociedades. Los llamados partidos identitarios han alcanzado una gran relevancia en la mayoría de parlamentos europeos y su influencia resultó vital en el triunfo del Brexit.

El declive económico auspiciado por la Gran Recesión en 2008 y el consiguiente debilitamiento del Estado del Bienestar, así como la pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, fue el caldo de cultivo para la expansión de estas corrientes nacionalistas de carácter excluyente.

La vieja fórmula del enemigo exterior se ha demostrado muy efectiva mediante una incesante campaña de prejuicios falsos que, gracias al influjo de las redes sociales, han adquirido, para muchos, grado de verdad. En síntesis son: La inmigración aumenta el paro y la precariedad laboral, priva a los autóctonos de recursos públicos e incide en una mayor criminalidad. Las versiones más radicales todavía suben un poco más, si cabe, el grado de paranoia: las corrientes migratorias son una “invasión camuflada”, producto de un complot “orquestado para destruir el paisaje religioso y cultural de Europa y alterar sus cimientos étnicos y cuyo objetivo último es la eliminación de los Estados nación”, según palabras del primer ministro Viktor Orban en el discurso del día de la independencia de Hungría, en 2016, y que se ha convertido en toda una referencia para el identitarismo europeo.

Aunque si hay un personaje icónico para este movimiento, ese no es otro que Donald Trump. El actual presidente de Estados Unidos ha azuzado la xenofobia con descalificaciones hacia mexicanos y musulmanes, mediante decisiones tan controvertidas como la construcción del muro en la frontera con México o la reciente polémica por la separación de miles de niños de sus padres tras haber entrado ilegalmente en el país. De nada ha servido que gran parte de la sociedad estadounidense se haya manifestado en contra de esas medidas por considerarlas contrarias a los valores de un nación que es producto de una inmigración continuada desde su fundación. O que el conjunto de restricciones ya implementadas no hayan tenido ningún impacto positivo en la disminución del desempleo y ni mucho menos en un descenso de la delincuencia, un factor que Trump –en arreglo a la doctrina esencialista- también ha pretendido vincular, injustificadamente, a los recién llegados.

Y es que los argumentos esgrimidos tanto por el presidente norteamericano como por otros políticos xenófobos europeos no se ajustan a la verdad. Los estudios académicos corroboran, casi sin excepción, una relación entre inmigración y prosperidad. Las grandes corrientes migratorias están directamente relacionadas con periodos de crecimiento económico y reducción del paro. Podríamos afirmar que no hay mejor barómetro para medir el vigor de una economía que el saldo de inmigración.

Los inmigrantes son mano de obra productiva, pero también ciudadanos que pagan impuestos, consumen y crean nuevos negocios, que reactivan, por tanto, la economía y que aportan un saldo positivo a las arcas del Estado. Trabajadores, además, que en su gran mayoría se emplean en sectores con carencia de mano de obra autóctona. La paradoja reside en que, dado el acusado envejecimiento de los Estados más desarrollados, en un futuro el objetivo no será poner barreras sino competir para atraer a esos trabajadores, como desde hace años hacen países como Alemania y Canadá, sin que eso haya afectado negativamente ni a sus índices de paro -que son residuales- ni a la fortaleza de sus economías.

La creencia en una preponderancia de la inmigración irregular es otro de los mitos no fundados que han calado en la sociedad. Aunque la crisis de los refugiados suscitada por las guerras de Siria, Irak y Afganistán o la conflictividad en el Sahel han propiciado grandes desplazamientos, no por ello deja de ser una circunstancia porcentualmente minoritaria respecto a las cifras de inmigración globales (en España 9 de cada 10 inmigrantes están legalizados). La mayor parte de refugiados no tiene capacidad para desplazarse y permanecen en los países limítrofes a los conflictos. El 85% de los refugiados viven en países en desarrollo y solo uno entre los diez con mayor número de acogidas escapa a esa condición: Alemania, que ocupa la sexta posición.

Ello no impide la percepción de muchos ciudadanos occidentales de estar asumiendo actualmente un coste inadmisible respecto a una problemática que consideran no va con ellos. Pero, más allá de la conciencia de cada uno y de la responsabilidad que tenga Occidente en la situación de estos países – que difícilmente estará exenta de toda culpa-, un refugiado no es un emigrante en busca de trabajo, sino una persona que huye de una muerte casi segura. El derecho de asilo no es, como muchos creen, una ayuda que se otorga como un favor, sino un derecho que asiste legalmente a un perseguido en situación de riesgo, en arreglo a la Convención de Ginebra de 1951, que suscribieron todos los países de la Unión Europea.

Aun así, a muchas personas, bajo el influjo de estos discursos identitarios, no parece importarles que una gran cantidad de seres humanos sean asesinados, torturados, violados, esclavizados, forzados a la explotación sexual o que se expongan a morir ahogados en un intento de huir de la tragedia que les expulsó de sus hogares y del horror que sufren en los sitios de paso donde las mafias se enriquecen con ellos; como tampoco les importa la falsedad del discurso economicista y criminal en torno a los emigrados y que también utilizan para la construcción de un miedo social cuyo fin último es estigmatizar al que es distinto. Y es que lo que subyace sustancialmente bajo estas soflamas es un miedo a la pérdida de la identidad cultural como resultado de una cohabitación de realidades diferentes.

Las formaciones euroescépticas apuntan a la inmigración como un aspecto más de una globalización que amenaza con diluir las identidades nacionales y por ello reclaman el blindaje de las fronteras para frenar esta escalada. Pero los movimientos migratorios son tan antiguos como la propia Humanidad; rara vez en la historia se han conseguido regular por la técnica del cerrojo y el fenómeno de la globalización no responde más que al aumento exponencial de las interacciones, derivado del avance de las tecnologías de la información. Aislarse hoy en día resulta sencillamente imposible.

Las identidades colectivas no son más que unos rasgos específicos (idiomáticos, culturales, religiosos…) delimitados por una esfera de sociabilización concreta estabilizada durante un periodo de tiempo. Pero esa tendencia choca de lleno con la organización del mundo moderno. La evolución vertiginosa de las comunicaciones, alrededor de todo el planeta, nos induce a pensar que en un futuro lejano se tenderá a una cierta uniformidad. Lo que cabe plantearse ahora es si nuestra identidad presente constituye una esencia que debemos priorizar y defender, por encima incluso de las vidas de otros seres humanos con los que no compartimos la misma.

Según el biólogo Mark Pagel, profesor y jefe del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad de Reading (Reino Unido), el motivo por el que los humanos evolucionaron más que el resto de las especies se debe a lo que se conoce como la adaptación cultural acumulada que proporcionó el uso del lenguaje. Gracias a esta “tecnología social” nuestra especie adquirió, hace 200.000 años, una nueva y poderosa capacidad: la cooperación. Si los hombres hemos evolucionado ha sido gracias a nuestra capacidad de comunicación, que nos permite transmitir ideas propias y adoptar ajenas. De no haberlo hecho hubiéramos corrido la misma suerte evolutiva que los neandertales. El lenguaje abrió esa esfera que nos permitió compartir conocimientos, resolver crisis, llegar a acuerdos, cerrar tratos y coordinarnos. La cooperación fue el salto evolutivo más grande hacia la civilización y constituye por tanto el factor diferencial del ser humano. Nuestra única y verdadera esencia. Pongámosla en práctica.


NOTAS DE «Las jornaleras en Andalucía y Marruecos»: 

[1]. El uso del masculino genérico para referirnos a los empleadores, productores empresarios del sector en Marruecos, se justifica por el hecho de que, aunque existe algún caso de fincas o empresas dirigidas por mujeres, la inmensa mayoría están a cargo de varones

[2]. En 2016 había plantadas aproximadamente 3600 ha de fresa, 1000 de frambuesa y casi 900 de arándano. El 75 % de la producción se exporta

[3]. La acual política agraria marroquí, el Plan Marruecos Verde (2008), cuenta con atraer unos 1000 millones de euros anuales en inversiones privadas al sector y constituye una apuesta por la agricultura intensiva y orientada a la exportación. No en vano, este Plan identifica los sectores de exportación de fresas y otras verduras de contraestación como el tomate como modelos de éxito y ejemplos a reproducir.

[4]. El 85 % de las personas en situación de pobreza en Marruecos residen en el medio rural.

 

 

 

 

 

1 Comment

  1. TUPAC AMARU FUE EL PRIMERO EN ABOLIR LA ESCLAVITUD EN  EL MUNDO Y ENGENDRÓ LA REVOLUCIÓN FRANCESA

    Para adquirir identidad nacional hay que conocer nuestra historia; conocemos la historia oficial más no la historia real, que empieza a reescribirse. El 4 de Noviembre de 1780 se inició la revolución de José Gabriel Condorcanqui Noguera Túpac Amaru II con el apresamiento y posterior ejecución del corregidor sanguinario Antonio de Arriaga; que resquebrajó los cimientos del imperio español en las Indias y trazó el camino de la independencia de América Latina. 

    En nuestra patria, PERÜ, José Gabriel Cordorcanqui Tupac Amaru II fue el ´promero en abolir la esclavitud en el mundo por Bando distribuido en el Cusco el 16 de Noviembre de 1780 (Bolislao Lewin 1957) y firmado en Tungasuca, como tal engendró la revolución francesa. En esta decisión, de abolir la esclavitud, está sintetizada la igualdad, fraternidad y libertad que preconizaba la revolución francesa; del mismo  modo sirvió de estímulo e inspiración para la redacción de las obras de Juan Pablo Vizcardo y Guzman y Pablo de Olavide; como así mismo sirvió de inspiración a San Martín para la liberación de Argentina, Chile y Perú y  es el primer precursor de la emancipación de América Latina.

    En Estados Unidos Abraham Lincoln abolió en 1863 y en el Perú Ramón Castilla en 1854; 83 años y 74 años respectivamente después que Tupac Amaru II abolió. Por derecho histórico y de justicia  a Tupac Amaru II debe reconoerse la paternidad de la abolición de la esclavitud en el mundo  En esta decisión, de abolir la esclavitud, está sintetizada la igualdad, fraternidad y libertad de la revolución francesa; del mismo  modo sirvió de estímulo e inspiración para la redacción de las obras de Juan Pablo Vizcardo y Guzman y Pablo de Olavide; como así mismo sirvió de inspiración a San Martín para la liberación de Argentina, Chile y Perú y  es el primer precursor de la emancipación de América Latina.

    Personalidades contemporáneas lo comparan con Cromwel, Robespier y Jorge Washington. Era persona hábil e instruida; doctor en derecho canónico, teología y civil, con cultura política, políglota, dominaba el castellano, latín, quechua. aymara y otros dialectos. Su cultura se aprecia  en el oficio que le  envía a Areche el 5 de Marzo de 1781 en un párrafo escribe: » Un humilde joven  pastor rústico con el palo, la honda y la providencia divina libertó al infeliz pueblo de Israel, del poder de Goliat y Faraón; la razón fue las lágrimas de estos pobres cautivos dieran tales voces de compasión, pidiendo justicia al cielo, que después de cientos de años salieron de su martirio y tormento para la tierra de promisión; más ¡ ay¡ que al fin lograron sus deseos, aunque con tanto sufrimiento y llanto¡.. Más nosotros infelices indios, con más suspiros y lágrimas que ellos, en tantos siglos no hemos podido conseguir algún  alivio; será la razón porque el Faraón que nos persigue, maltrata y hostiliza no es uno sólo, sino muchos, tan inicuos y de corazones tan depravados como son los corregidores, sus tenientes, cobradores y demás corchetes. hombres diabólicos y perversos, que presumo que nacieron  del lúgubre caos infernal y se sustentaron de los pechos de arpías más ingratas, por ser tan impíos, crueles y tiranos;como los Nerones y Atilas, de quienes la historia refiere sus iniquidades y de sólo oir se estremecen los cuerpos y lloran los corazones».

    Se movilizaba sobre un caballo blanco son su séquito y capellán y en los pueblos era recibido. por los curas con capa de coro; cruz alta y palio..La preparación de la rebelión duró cerca  de 10 años, movilizó más de 100, 000 soldados en una extensión de más de 1,500  kilómetros; se movilizaban las personas con pasaportes o salvoconductos otorgados por su lugarteniente y esposa Micaela Bastidas y su apelativo familiar era CHEPE.  La respuesta a Areche, su encarnizado torturador:» Tú  por opresor y yo por evitarlo, merecemos la muerte» sintetiza su personalidad. Antonio de Areche le hizo justicia al informar al Ministro de Indias el 30 de Abril de 1781: » Es de un espíritu y naturaleza muy robusta y de una serenidad imponderable»-Contestaba a sus verdugos: «Que no diría a nadie la verdad, aunque le sacasen la carne a pedazos»: cumplió su palabra.

    Los objetivos de la revolución de Tupac Amaru no tenía la finalidad de anexar territorios sino era eminentemente político, social y económico: abolir la esclavitud, la mita, los repartimientos, obrajes, la desaparición de los corregidores; en síntesis, anticolonial, antiesclavista y antifeudal, único en el mundo. En  el lugar donde firmó Tupac Amaru la abolición de la esclavitud. TUNGASUCA debe levantarse un altar antiesclavista, debe corregirse la omisión histórica de no aceptar y reconoer que fue el primero en abolir la esclavitud en el mundo y en el Perú, considerarle primer precursor de la independencia de América Latina y padre de la revolución francesa. Más tarde que nunca se hará realidad.

               Las metas de la revolución de Tupac Amaru siguen vigentes; terminará cuando tengamos un gobierno que trabaje por el desarrollo y bienestar de los peruanos y ningún niño duerma sin comer un pan: en el día y en el mundo no muera un niño cada 5 segundos de hambre: exista justicia. La gloria de José Gabriel Rupac Amaru II seguirá creciendo como crece la sombra cuando el sol declina.

    BUIBLIOGRAFÍA.

    1. Lewin B. La Rebelión de Túpac Amaru, 1957, 2. Valcárcel CD. Túpac Amaru, 1970, 3. Hernández R. Precursor y Rebelde Túpac Amaru, 1969 4. Bonilla J. La Revolución de Túpac Amaru, 1971, 5. Valcárcel CD. La Revolución de Túpac Amaru, 1973, 6. Sivirichi A. La Revolución Social de los Tupac Amaru, 1979,

    7  Vega JJ. José Gabriel Túpac Amaru, 1969

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