SCHOLA IURIS: el vinculo entre Manuel Marchena y el Comisario Villarejo

[1]  El mensaje por WhatsApp de Cosidó

El pacto previo suponía (10 Psoe + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo) Psoe = 21 ) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. 

= (12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21

= ((3 jueces PP Congreso + 3 jueces Psoe Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces Psoe Senado) + ( 2 JRP PP Congreso + 2 JRP Psoe Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP Psoe Senado) + 1 Presidente = 21

Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11. 

Con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el Psoe tiene 11 vocales.

Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. 

Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del Psoe, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso sacar a de Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP.

Otra consideración importante, es que éste reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas.

En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo fuerte

https://www.eldiario.es/politica/Justicia-CGPJ-Cosido_0_837466429.html#mensaje

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Sumario:

[1] El mensaje por whatsapp de Cosidó 

[2] Montesquieu ha muerto, por Julio Llamazares

[3] Los tentáculos de Villarejo en el mundo judicial, por Javier Ayuso

[4] VIDEOS comparecencias Carlos Enrique Bayo y Patricia López en el Parlament de Catalunya

[5] Marchena, un juez denunciado durante años por su afinidad y parcialidad en favor del PP, por Carlos Enrique Bayo. 

[6] Villarejo ‘coloca’ a un juez amigo en la cima de la cúpula judicial: Marchena, por  Redacción Estrella Digital

[7] Las mentiras de Pablo Casado sobre la renovación del Poder Judicial y el ‘wasap’ de Cosidó, por Ignacio Escolar 

[8] Cosido a sus entretelas, por Jose Maria Tomás y Tío

[9] La presión interna en el PP rompió el pacto judicial, por Javier Casqueiro 

[10] Retrato judicial al completo, por  Redacción EL PAÍS

[11] Villarejo, el comisario de ‘La Curia’, por David M. Moreno

[12] BBVA pagó al comisario Villarejo por investigar los nexos de 172 jueces con Ausbanc, por Pedro Agueda y Raúl Sánchez 

[13] La Teoría Adolfo Suárez-Manuel Marchena, por Antonio Franco 

[14] Un juzgado condena al Santander a abonar el impuesto de hipotecas de forma retroactiva, por Redacción Economia ElDiario.es

[15] Jugada en plano secuencia, por Elisa Beni

[16] Qué está pasando, por Suso de Toro    

[17] Radio 3w: El Fiscal Villarejo destapa una trama de jueces y abogados unidos a la Gürtel que come con Acebes 

[18] ENTREVISTA AL COPORTAVOZ DE ERC EN EL CONGRESO Gabriel Rufián: “Somos muy conscientes de que gran parte del Parlament será inhabilitado”

 

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[2] Montesquieu ha muerto

No es de extrañar que la sociedad española cada vez contemple con más desmoralización el deterioro de nuestra vida pública, que es a la vez el de nuestra democracia

 

Por JULIO LLAMAZARES

Articulo publicado 24 noviembre de 2018 en: 

https://elpais.com/elpais/2018/11/23/opinion/1542986183_535384.html

 

El portavoz del PP Ignacio Cosidó (i) y José Ortiz durante el Pleno del Senado del pasado 20 de noviembre. ULY MARTIN EL PAÍS

 

Sabíamos que la división de poderes que consagra la Constitución Española y que todos los estudiantes de Derecho aprendimos como un dogma es más teórica que real, pero no sabíamos hasta qué punto. Lo hemos descubierto esta semana con el gesto de un juez, futurible presidente del Tribunal Supremo, que ha renunciado a su cargo antes de que lo eligieran. La filtración —interesada o no— de su nombre junto con la de un whatsapp enviado por un senador del PP a sus compañeros de partido jactándose de ese nombramiento (que, según él, les permitiría controlar “desde atrás” al alto tribunal) llevó al futurible a presentar su renuncia al cargo en un gesto que para algunos le honra y para otros simplemente era obligado. ¿Cómo podría aceptar presidir el más alto tribunal del país después del Constitucional un juez cuando todos los españoles sabemos ya cómo y por qué fue elegido presidente?

Así que, conocido ya que a los jueces los eligen sus compañeros de profesión, pero indirectamente los partidos, y que la elección se hace en función de intereses partidistas muchas veces, nadie se va a creer a partir de ahora la ilusión de la división de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que consagró Montesquieu como un pilar de la democracia, del mismo modo en que, a partir de una edad, ya nadie se cree esa historia de que los niños vienen de París y los Reyes Magos de Oriente o que los ganadores de determinados premios literarios los elige el jurado que los hace públicos. Si ya era muy difícil entender la inquietante cercanía de la justicia y el Poder Ejecutivo, que incluso tiene un ministerio específico para su gobernación, más lo es que la elección de los jueces y los tribunales la haga indirectamente el Poder Legislativo, a cuyos representantes pueden tener que juzgar esos mismos jueces a los que eligen. Si nadie se creería la independencia de la prensa si a los directores de los periódicos los nombraran los políticos, ¿por qué hemos de creer en la de una justicia que en su selección para los tribunales de más responsabilidad depende de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra lo que la democracia manda y el sentido común más elemental justificaría?

Mal que bien, hasta hace unos pocos años, la justicia española era respetada dentro y fuera del país a pesar de ello, pero acontecimientos últimos junto con algún varapalo de la justicia internacional a determinadas sentencias de nuestros jueces han colocado en la picota a una institución tan importante para la democracia como la elección de los representantes públicos. En el cambio de esa apreciación tienen alguna culpa los jueces, pues como seres humanos que son también se equivocan, pero fundamentalmente la responsabilidad principal es de los partidos políticos con la judicialización creciente de la política, sobre todo en el conflicto catalán, que comporta a la vez una politización paralela de la justicia cada vez más evidente, como la elección de los miembros y el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha venido a demostrar. Así las cosas, no es de extrañar que la sociedad española cada vez contemple con más desmoralización el deterioro de nuestra vida pública, que es a la vez el de nuestra democracia, esa que tanto costó alcanzar en un momento de nuestra historia, y que algunos estemos tentados de corregir la famosa pintada del Mayo Francés del 68: Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo últimamente no me encuentro muy bien, añadiéndole el nombre de Montesquieu.

 

[3] Los tentáculos de Villarejo en el mundo judicial

Por JAVIER AYUSO

Artículo publicado el 25 de mayo de 2017 en

 
 
Los comisarios José Manuel Villarejo (abajo) y Olivera (detrás) a su llegada a Melilla, en 2015.

 

El comisario jubilado y empresario José Manuel Villarejo montó durante años una red de influencias en la justicia española para poder intervenir en los procedimientos judiciales que le afectaban a él o a sus clientes. Esa red sigue viva y tiene como principales activos el instituto de práctica jurídica Schola Iuris, en el que han cobrado por dar clases relevantes jueces y fiscales españoles (entre ellos el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, según los datos públicos del claustro de profesores), y la asociación Transparencia y Justicia, que se persona en aquellos casos de interés para el policía, como hizo hace apenas 10 días en el caso Lezo.

El entramado de sociedades de Villarejo no se limita al sector inmobiliario, hotelero, de consultoría, seguridad o sanidad; la justicia supone un nicho importante para sus actividades. En unos casos a través del despacho de abogados del que es socio (Stuart & Mckenzie Spain) y en otros, a través de las citadas escuela y asociación.

Schola Iuris es un exclusivo instituto jurídico de Madrid en cuyo claustro han confluido altos cargos policiales, reputados abogados y, sobre todo, fiscales y magistrados de relevancia. El centro fue creado el 19 de octubre de 2004 y una de sus especialidades es el máster de Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogados de Madrid. Los alumnos abonan de matrícula 14.000 euros por 512 horas lectivas.

Este instituto es una sociedad limitada, cuyo titular es la sociedad Procard Europa, con un capital social de 3.010 euros, de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer. El director es perito calígrafo y psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y el campus está situado en la planta 18 de la Torre de Cristal, en el centro financiero del paseo de la Castellana de Madrid.

Benseny aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo (socio de Villarejo en la mayoría de sus negocios) y otros dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, en el consejo de la empresa Cenyt Argo, que tiene como sociedad matriz a Cenyt Consultoría, uno de los ejes del entramado societario del conflictivo policía.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con los fiscales Maza y Moix para contrastar la información pública de Schola Iuris y, a través de la Dirección de Comunicación de la fiscalía, han señalado que el actual fiscal general del Estado impartió una sola clase en 2005 y que el fiscal Anticorrupción nunca ha dado ni clases ni conferencias en ese instituto y que no conoce al comisario Villarejo (esta aclaración no se le había solicitado). Esta respuesta contradice los datos incluidos en la web de Schola Iuris durante años.

El propio comisario Villarejo presume en sus conversaciones privadas de tener muy buenas relaciones con jueces y fiscales, con los que mantiene reuniones periódicas. El expolicía y empresario acudió a la toma de posesión del fiscal general del Estado sin estar invitado, pero acompañó al juez decano de Madrid, Antonio Viejo, con quien tiene buena relación.

Los magistrados y jueces españoles están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las únicas actividades consideradas compatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional son “la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística y científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”. La norma establece con detalle las actividades compatibles y aquellas sobre las que hay que pedir autorización.

Los jueces, magistrados y fiscales pueden dar clase en cursos y seminarios (siempre que no tenga carácter permanente ni suponga más de 75 horas al año), conferencias públicas, participar en tribunales calificadores de pruebas de selección a la Administración, etcétera. Sin embargo, desde algunas instancias se ha planteado la posible connivencia entre estos funcionarios públicos y los abogados que participan en estos cursos y, por supuesto, con los propietarios de las instituciones que les contratan. El que fuera fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha sido uno de los más críticos con estas relaciones.

Además de Schola Iuris, Villarejo tenía una segunda vía para influir sobre aquellos casos de interés: la asociación Transparencia y Justicia, que acaba de personarse como acusación popular en el caso Lezo. Esta asociación fue fundada en 2005, un año después que la escuela de práctica jurídica, bajo el nombre de Asociación para la Protección de la Inversión.

Web de la esposa

En 2011 cambió de denominación por el nombre actual y fueron designados representante legal el abogado David Macías González y el miembro de su patronato Rafael Redondo. Ambos forman parte del núcleo duro de las sociedades de Villarejo. Macías es, entre otros cargos, administrador único de Desarrollo Empresarial Potes, que ostenta la propiedad de la web informaciónsensible.com, dirigida por la actual mujer del policía.

Transparencia y Justicia se ha personado en procedimientos famosos. Entre ellos, el caso Campeón, por el que se imputó al político socialista José Blanco, y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en la Gran Vía de Madrid. En este último caso, la asociación tuvo una actuación errática, acusando primero a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de desobediencia y abandonando el caso posteriormente a pesar de ganar un recurso de apelación.

Este movimiento fue muy comentado en su día (marzo de 2015) y el periodista Ernesto Ekaizer escribió en este periódico que “fuentes jurídicas consultadas señalan que esta aparición y desaparición es un modus operandidel tándem Villarejo-Macías” y que “la acusación popular es un instrumento para obtener ciertos objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados”. Esta práctica se ha comparado en ocasiones con la desarrollada por el pseudosindicato Manos Limpias o la asociación de usuarios bancarios Ausbanc. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES DE SCHOLA IURIS

Esta es la lista de profesores que impartían clases y conferencias en Schola Iuris hace dos años (la información posterior ha sido eliminada de la web):

Adolfo Prego Oliver Tolivar: Exmagistrado del Tribunal Supremo.

Alfredo Domínguez Ruiz Huerta: Abogado.

Ángel Benseny Pellicer: Psicólogo forense.

Antonio del Moral García: Magistrado del Supremo.

Arturo Beltrán Núñez: Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Bartolomé Vargas Cabrera: Fiscal de Seguridad Vial.

Eduardo Fungairiño: Fiscal del Tribunal Supremo.

Florentino Ortí Ponte: Abogado y fiscal excedente.

Francisco Vieira Morante: Magistrado presidente del Tribunal Superior de Madrid.

Héctor Cachero Álvarez: Abogado.

Ignacio Gordillo: Fiscal excedente de la Audiencia Nacional.

Ignacio Serrano Butragueño: Abogado y exmagistrado.

Isabel Cid: Magistrada.

José Luis Olivera Serrano: Comisario principal y jefe de la UDEF Central (actualmente del CITCO).

José Manuel Maza Martín: Magistrado del Supremo (ahora fiscal general del Estado).

José Miguel de la Rosa Cortina: Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado.

Juan José Carrasco Gómez: Psiquiatra forense.

Luis Jordana de Pozas González: Fiscal excedente.

María Rocío Gómez Hermoso: Psicóloga de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

María Teresa Palacios: Magistrada de la Audiencia Nacional.

Manuel Marchena Gómez: Magistrado del Supremo.

Manuel Moix Blázquez: Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ahora jefe de la Fiscalía Anticorrupción).

Marc Molins Raich: Abogado.

Mariano Medina Crespo: Abogado.

Paz Ruiz Franco: Fiscal del Tribunal Superior de Madrid.

Santiago Delgado Bueno: Psicólogo forense.

 

 

[4] Republicamos dos vídeos de excepcional interés en estos días, en que los casos de Corrupción Judicial y Policial siguen poniendo a prueba la fortaleza, no del Estado de Derecho, que nunca la tuvo, sino de nuestras convicciones democráticas.

En la Comisión de investigación del Parlament de Cataluya sobre las “cloacas del interior“, bajo la Presidencia de Alba Vergés, quien destacó por su objetividad, comparecieron el 23 de mayo de 2017 los dos periodistas de publico.es que destaparon la llamada “Operación Cataluña”, en realidad mucho más amplia.  
 
Patricia López y Carlos Enrique Bayo; GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. Excepcionales comparecencias; excepcional valor.
 
Fíjense en las referencias  que en su intervención Carlos Enrique Bayo recoge sobre Schola Iuris 
 
 
 
 

 

 

[5] Marchena, un juez denunciado durante años por su afinidad y parcialidad en favor del PP

Por CARLOS ENRIQUE BAYO

Artículo publicado el 20 de noviembre de 2018 en
 

El actual presidente de la Sala Segunda del Supremo gozó de un ascenso meteórico en la carrera judicial gracias a padrinos ultraconservadores y se distinguió siempre por sus resoluciones claramente favorables al Partido Popular, aunque ahora lo niegue. Nada más alcanzar la cúpula de esa Sala de lo Penal –encargada de juzgar a todos los aforados–, mantuvo un almuerzo con el exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, implicado en el caso de los papeles de Bárcenas.

 

El magistrado Manuel Marchena (derecha) con el exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón, quien le encargó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando el juez aún no era presidente de la Sala Segunda del Supremo. /EFE

El examen de las resoluciones que durante años ha dictado el magistrado Manuel Marchena no refleja en absoluto una trayectoria tan independiente y apolítica como él sostiene en su escrito de renuncia a ser candidato a la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Más bien lo contrario, desde que fue ascendido a juez de ese Alto Tribunal, en 2007, sus actuaciones han sido a menudo polémicas y contestadas, precisamente por mostrar un sesgo claramente conservador, muchas veces rayando en el favoritismo hacia los imputados del Partido Popular… y en la represión exagerada de los enemigos del PP.

Que Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es un jurista extremadamente conservador lo demuestra también su meteórica trayectoria de escalada en la Judicatura, ya que sus grandes padrinos siempre estuvieron en la ultraderecha de la carrera fiscal y judicial. Brillante estudioso del Derecho, tanto en la Universidad de Deusto como al cursar su doctorado en la de La Laguna, su ascenso profesional se disparó en 2003, gracias al entonces fiscal general del Estado Jesús Cardenal, tan de derechas que incluso se opuso en 1998 a la petición de extradición del dictador Pinochet cursada por el juez Baltasar Garzón.

Ese opusdeísta ferviente quedó encadilado por Marchena, al que nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica, convirtiéndolo en el fiscal de sala más joven de la historia de la Fiscalía española, y en sólo un año escaló a la Fiscalía del Supremo, en la codiciada Sección de lo Penal (Sala Segunda). Después, su progresión durante el Gobierno de Aznar fue fulgurante: tres años después, en 2007, era designado por el CGPJ como el magistrado más joven del Alto Tribunal.

Y ¿quién presidía entonces ese Poder Judicial dominado por conservadores? Pues Francisco José Hernando, quien el año anterior se negó a comparecer ante la Comisión de Justicia de un Congreso de los Diputados con mayoría socialista, generando el rechazo de los vocales progresistas del CGPJ por su incumplimiento de la obligación de comparecencia parlamentaria. Hernando también mantuvo un enfrentamiento si precedentes con el Tribunal Constitucional –al que llegó a acusar de traspasar sus límites jurisdiccionales– y mostró su extremismo al redactar, en 2005, informes extemporáneos contra el matrimonio homosexual y contra la reforma del Estatut de Catalunya.

Gallardón le encargó la reforma de la Ley para que la Fiscalía se hiciera cargo de las investigaciones, en vez del juez instructor

La carrera profesional de Marchena volvió a acelerarse en cuanto regresó el PP al poder. En marzo de 2012, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón le hizo presidente de la comisión que elaboró una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de traspasar al fiscal de la dirección de la investigación de los procesos judiciales –actualmente al cargo de los jueces de instrucción–, con lo que la Fiscalía, que depende directamente del Ejecutivo, tendría la voz cantante en las investigaciones judiciales.

Y fue en ese mismo año, el 7 de mayo, cuando apareció la primera denuncia seria en la que una veintena de juristas presentaron un escrito ante el entonces presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en el que exponían una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo, y especialmente de Marchena, que habían participado en los procesos contra el juez Garzón a raíz de las causas por los crímenes del franquismo y sobre la trama Gürtel de corrupción del PP. Los juristas reclamaban que se adoptaran las medidas adecuadas. Nunca se hizo nada.

Marchena se estaba ya distinguiendo por ejercer una persecución feroz contra Garzón, al que por ejemplo rechazó todas las diligencias de prueba que solicitó en la causa de los cobros por unos cursos que éste último impartió en 2005-2006 en la Universidad de Nueva York. El juez de la Sala Segunda negó todas esas pruebas en el mismo día que concluía el plazo y en el que él mismo puso fin a la instrucción, insistiendo en imputar cohecho impropio a Garzón. Pero dos semanas más tarde, y cuatro días después de que éste fuera condenado por ordenar las escuchas de la Gürtel, Marchena descubrió de pronto que ese supuesto delito estaría en todo caso prescrito.

El propio Marchena fue ponente del tribunal que acabó condenando a Garzón, y se esforzó en “arrastrar la honorabilidad de Garzón por el fango”, según escribió el periodista especializado en tribunales de El País, José Yoldi.

Marchena, ya en el Supremo, impartió cursos, charlas y conferencias patrocinadas por al menos 25 empresas y entidades privadas 

Aunque, simultáneamente, el justiciero Marchena había estado impartiendo, desde su llegada al Supremo, cursos, conferencias y charlas para fundaciones, universidades y entidades con el patrocinio financiero de al menos 25 empresas privadas, desde bancos como el Santander o Cajamar, hasta multinacionales como Wolters Kluwer y Endesa, pasando por grandes bufetes de abogados como Garrigues Walker. Y fueron precisamente esas actividades remuneradas –no sólo de Marchena, sino también de otros destacados magistrados conservadores de la Sala Segunda, como José Manuel Maza Martín, luego el fiscal general del Estado que abriría la causa general contra el procés soberanista catalán– las que generaron la protesta de los juristas en 2012 ante el Consejo del Poder Judicial.

Pero no sólo nada ocurrió, sino que Marchena ascendió a la presidencia de la Sala Segunda del Supremo en septiembre de 2014 con los votos de la mayoría conservadora del CGPJ, que desplazó a Cándido Conde-Pumpido a pesar de tener mucha más antigüedad y experiencia jurídica. Casi enseguida se descubrió que el flamante jefe de la Sala encargada de procesar a políticos y parlamentarios había disfrutado de una opípara comida con el exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, sólo cinco días antes de que éste fuera imputado en el caso de la trama de corrupción Gürtel por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional.

Entonces fue cuando el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo se llevó las manos a la cabeza y volvió a dirigir un escrito al Consejo General del Poder Judicial, recordando la anterior denuncia cursada por los juristas dos años antes y subrayando que “hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho. Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos”.

Y Jiménez Villarejo recordaba:

Los juristas denunciaron que el comportamiento de los jueces del Supremo en centros como Schola Iuris, del comisario Villarejo, afecta a “su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva”

El escrito concluía así: :“Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos Magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobación y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad. Y, particular, la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades. Y, en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de “prohibiciones e incompatibilidades”, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho.

Además, entre los hechos expuestos no sólo estaban todos los cursos y conferencias financiadas privadamente que ya hemos mencionado, sino también la estrecha relación de Marchena con el Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris, para el que participaba en el Master de Derecho Penal Práctico, en el que los alumnos pagaban 14.000 euros por matrícula.

Y lo verdaderamente grave es que ese instituto Schola Iuris pertenecía al ya famoso comisario de las cloacas de Interior José Manuel Villarejo –tal como reveló después Público en sucesivas exclusivas– y que en su oferta educativa “incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupción conocida como ‘Gürtel”, escribió el fiscal Jiménez Villarejo.

Esa denuncia reiterada no ha sido ni siquiera respondida por el CGPJ cuyos vocales y presidente se están repartiendo ahora los dos grandes partidos políticos.

Ignacio González, Jaume Matas, Francisco Camps… y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

Pero aún hay más, puesto que a lo largo de su trayectoria al frente de la Sala Segunda del Supremo, Marchena se ha distinguido por favorecer siempre a los políticos del PP encausados, desde Ignacio González (caso ático de Estepona) hasta Jaume Matas (caso Palma Arena), pasando por Francisco Camps (regalos de la Gürtel). Y, desde ese puesto de enorme poder apadrinó a Maza Martín en su ascenso a fiscal general del Estado y a Manuel Moix, convertido por el Gobierno Rajoy en fiscal jefe Anticorrupción precisamente para proteger a los corruptos del PP. Como quedó patente en la instrucción de la Operación Lezo, donde el nombre de Marchena figura entre los que baraja el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como favorable a los intereses del Partido Popular.

Y también bajo su mandato la Sala Segunda decidió archivar la querella de CDC (hoy PDeCAT) contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, por presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación, en las conversaciones que mantuvieron en el despacho del primero y cuyas grabaciones fueron reveladas por Público.

Según Marchena, no existían indicios ningunos de que el entonces ministro y todavía hoy diputado del PP hubiera cometido esos delitos, pero las dos comisiones parlamentarias de investigación creadas tras el escándalo que estalló a raíz de las exclusivas de este diario (del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya) concluyeron todo lo contrario: Fernández Díaz utilizó los medios y recursos de Interior para espiar y desacreditar ilícitamente a políticos y partidos rivales del PP.

El juez Llarena, la jueza Lamela… y la hija de Marchena

Más recientemente, Marchena ha facilitado el ascenso irregular al Supremo del juez Pablo Llarena, quien ha dirigido con puño de hierro la causa contra los políticos catalanes que impulsaron el referéndum del 1-O y la declaración parlamentaria de independencia.

El nombramiento de Llarena como magistrado de la Sala Segunda fue tan irregular que la asociación Jueces para la Democracia presentó una demanda pidiendo su anulación por vulnerar la Ley, el reglamento del Tribunal y hasta la Constitución.Menos de un año después se le asignaba la instrucción del proceso contra los políticos soberanistas catalanes quebrantando claramente las normas de reparto de las Causas Especiales aprobadas por ese mismo Alto Tribunal, en una decisión adoptada bajo el mando de Marchena.

A continuación, el CGPJ ascendía también a la Sala Segunda a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien arrebató las competencias al TSJC para procesar y enviar a prisión a los políticos catalanes independentistas. Y fue designada por delante de muchos otros candidatos mejor preparados y a pesar de su incorrecta emisión de euro-órdenes luego retiradas.

Finalmente, la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ha presentado una querella por prevaricación ante el CGPJ por conceder una plaza en la carrera fiscal a la hija del juez Marchena –Sofía Marchena Perea– pese a no haber realizado el obligatorio curso teórico multidisciplinar previsto en el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Atenas también se querelló contra la directora de la Escuela Judicial que formuló esa propuesta, la magistrada Gema Espinosa Conde, que es esposa del juez Llarena. Pero el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas Ramos, ha solicitado el archivo de esas querellas de la asociación Atenas, a pesar de reconocer en su escrito de calificación que se produjeron “lagunas legales” en la asignación de esa plaza a la hija de Marchena.

Ahora, el colectivo de juristas Atenas ha denunciado al fiscal Navajas ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto “delito de omisión del deber de perseguir delitos”.

Después de todo esto, ¿era necesario que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, explicitase que ese partido controlaría la Sala Segunda “desde detrás” si Marchena presidiese el Supremo y el CGPJ?

Lo peor, es que todo indica que el PP ya la controla “desde delante”, puesto que Marchena seguirá presidiendo esa Sala de lo Penal encargada de juzgar las “causas especiales” : aquellas en las que están imputados parlamentarios y otros aforados.

 

 

 

[6] Villarejo ‘coloca’ a un juez amigo en la cima de la cúpula judicial: Marchena

Por Redacción Estrella Digital

Artículo publicado 14 de noviembre de 2018 en
 
 

Manuel Marchena ha sido finalmente el elegido por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo y se convertirá así en el máximo representante del Poder Judicial español, en sustitución de Carlos Lesmes, quien termina su mandato en diciembre. A pesar de ser un candidato de consenso, el magistrado es una figura polémica, cuyo pasado podría poner en riesgo la tan pretendida estabilidad que buscaban los dos principales partidos políticos. 

De esta forma, Marchena fue un asiduo profesor del instituto Schola Iuris, controlado por dos de los socios del excomisario José Manuel Villarejo Pérez, hoy en prisión provisional. El policía utilizó durante años su influencia con jueces y fiscales, según el mismo se jactaba, para conseguir sus objetivos. Dada la obsesión de Villarejo con las grabaciones, no sería de extrañar que pudiera aparecer algún audio en el que se escuchara al magistrado. 

No fue el único en participar como profesor en el master que ofertaba el instituto. José Manuel Maza Martín, Manuel Moix o el polémico policía José Luis Olivera aparecían también como docentes de Schola Iuris, del que el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo alertó sobre las irregularidades que se producían, denuncias que nunca se tramitaron.

Curiosamente, esta afinidad con Villarejo no le impidió acabar con la carrera judicial de uno de los grandes amigos del expolicía. Marchena fue uno de los jueces del Tribunal Supremo que condenaron a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón.  

Tras la inhabilitación, en mayo de 2012 un grupo de juristas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial las sospechosas compañías que frecuentaban algunos de los magistrados del Supremo, en concreto las de abogados de implicados en la ‘trama Gürtel’ con quienes compartían actividades académicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid patrocinadas por empresas que mantenían alguna vinculación con esos mismos imputados. Entre los nombres que se señalaron estaba precisamente el de Marchena.

En un ardid, que parecía cargado de buenas intenciones, Marchena dio un segundo ‘estocazo’ a Garzón. De esta forma, archivó por prescripción la causa que seguía contra Baltasar Garzón por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El instructor puso en tela de juicio la honorabilidad del exjuez, al considerar acreditado que este reclamó dinero a diversas empresas españolas para patrocinar una serie de conferencias en Nueva York, pero no le dejó defenderse porque archivó la causa al considerar que ese delito ya no se puede perseguir.

Marchena (Las Palmas, 1959), sacó su plaza como fiscal en 1985 y aterrizó en el Alto Tribunal en 2007, tras ejercer como fiscal en distintos destinos durante casi dos décadas. En 2014 fue nombrado presidente de la Sala Segunda con 11 votos a favor, entre ellos los del PP.  Fue precisamente allí donde se volvió a ver envuelto en polémica cuando condenó en 2017 a César Augusto Montaña Lehmann (César Strawberry), cantante del grupo Def con Dos, anulando la absolución dictada meses antes por la Audiencia Nacional, por los mensajes publicados por el cantante en la red social Twitter.

Además, Marchena es uno de los cinco integrantes de la Sala de Admisión del Alto Tribunal, es decir, uno de los magistrados que decidió archivar el caso de máster de Pablo Casado, del que sólo cursó 4 de 22 asignaturas. El archivo se produjo pese a que el Supremo apreció indicios de “trato de favor” en la concesión de este título a Casado, entonces diputado en la Asamblea de Madrid. 

Su nombramiento ha sido duramente criticado por las tres principales organizaciones de jueces y magistrados ya que, según ellos, con la elección se incumplen las previsiones constitucionales que establecen que son los vocales y no los partidos quienes eligen este cargo por votación. El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González, ha asegurado que “transmite una mala imagen de la justicia” que sean los partidos quienes, nuevamente, elijan al nuevo presidente, en este caso, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena.

Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, ha insistido en que es “un procedimiento ilegal porque está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial” que son los vocales quienes designan al presidente. “Que ya se sepa quién va a ser presidente sin que se sepa quiénes son los vocales y sin que los vocales hayan votado, nos parece una aberración. El sistema se perpetúa y volvemos a tener otros cinco años con sombras sobre la independencia de la justicia en España”, ha apostillado-

Por último, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, ha lamentado que “desde el primer mandato en 1985” no se ha respetado el sistema que, a su juicio, debería regir “por pura coherencia constitucional” y es que “la designación tanto de los vocales como de su presidente sea impulsada por la carrera judicial”.

 

[7] Las mentiras de Pablo Casado sobre la renovación del Poder Judicial y el ‘wasap’ de Cosidó

Por Ignacio Escolar 

Articulo publicado el 22 de noviembre en: 

https://www.eldiario.es/escolar/Pablo-Casado-Poder-Judicial-Cosido_6_838576166.html

 

Un repaso a las dudosas explicaciones del presidente del PP durante la entrevista que dio este jueves a Pepa Bueno en la Cadena SER

El PP ha roto el acuerdo con el PSOE sobre el Poder Judicial porque perdía al juez en el que más confiaban para el puesto. Quien filtró ese mensaje buscaba reventar el pacto. Y lo logró

Pablo Casado: “La información que da (el ‘wasap’ difundido por Cosido) es falsa”.

Al contrario. Pocas veces alguien desde la política ha explicado con tanta sinceridad en qué consiste la separación de poderes en España. El mensaje difundido por Ignacio Cosidó (texto completo), es tan preciso como obsceno, precisamente porque es verdad. No hay un solo dato falso en ese escrito que el portavoz del PP en el Senado envió al teléfono móvil de todos los miembros de su grupo parlamentario.

Es cierto que el PP ya intentó antes que Marchena fuera el presidente del Tribunal Supremo y que el PSOE de Rubalcaba le vetó.

Es cierto que fue “una jugada estupenda” para los dirigentes del PP, y que les iba en ello algo “vital”: “centenares de nombramientos en el poder judicial”.

Es cierto que entre estos nombramientos estarán “las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo”. Porque en los próximos años, 43 de los 75 jueces del Supremo se van a jubilar y el CGPJ nombrará casi a dedo a sus sustitutos.

Y es cierto que para que el PP era “vital” controlar, desde delante o “desde detrás”, la sala Segunda del Tribunal Supremo: el juzgado al que van la inmensa mayoría de los aforados cuando son procesados por corrupción. El tribunal al que iría el propio Cosidó si la justicia decide investigarle por la ‘operación kitchen’: los pagos con fondos reservados de la Policía Nacional al chófer de Luis Bárcenas, en los años en los que Cosidó era el director general.

Pablo Casado: “No sé (quién escribió el ‘wasap’). No lo sé ni me importa”.

Es muy difícil de creer porque solo hay dos opciones y ninguna de las dos es ajena a Pablo Casado. O lo escribió Ignacio Cosidó, su portavoz en el Senado, o lo hizo alguien con aún más poder en el partido, porque el mensaje lo redacta una persona que, según sus propias palabras, ha “vivido desde la primera línea” las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ.

Casado asegura que habló con Cosidó “para pedirle explicaciones” por el ‘wasap’. ¿Alguien se cree que no le preguntase de dónde sacó este mensaje si es que Cosidó no lo redactó?

Pablo Casado: “Tengo que recordar que en nuestro programa electoral ya estaba volver al sistema de elección de jueces de 1980, en el cual el Congreso y el Senado eligen a ocho vocales y los jueces, por procedimientos democráticos, eligen a doce”.

Falso. En los últimos programas electorales del PP, los de 2015 y 2016, no aparece ni de lejos una propuesta así. Más allá de las clásicas generalidades de “promover un acuerdo que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial” no se promete mucho más.

Tampoco está en el decálogo con el que Pablo Casado se presentó a las primarias del partido.

Sí aparecía esa propuesta en el viejo programa electoral de Mariano Rajoy de 2011. Pero en esa legislatura, el PP se olvidó de esa promesa electoral, a pesar de que contaba con una amplísima mayoría absoluta para poder cumplirla. Como con “el IVA de las chuches”, el Gobierno del PP hizo justo lo contrario de lo que dijo durante la campaña: puso en marcha una reforma del Poder Judicial que dio aún más poder a los políticos, en detrimento de las asociaciones judiciales.

El PP también cambió las normas para el nombramiento de los jueces del Supremo, de tal forma que ahora basta con una mayoría simple en el CGPJ; la mayoría de la que aún disfrutan los vocales del PP, que de ese modo han podido nombrar jueces en el Supremo sin necesidad de pactar con nadie más.

Y hace muy poco, el PP –junto con el PSOE– se opuso a la propuesta de Ciudadanos, que es el único partido entre los cuatro principales que defiende de forma constante desde hace años que sean directamente los jueces quienes escojan a más de la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Solo tras la filtración del mensaje de Cosidó y el fiasco en el nombramiento de Manuel Marchena, el PP ha decidido cambiar otra vez de postura y plantear la vuelta al modelo de elección de vocales de 1980. Fue un giro tan improvisado que, en la enmienda que el miércoles presentó ante el Senado, el PP copió y pegó artículos de esa vieja ley que se han quedado obsoletos hoy.

Pablo Casado: “Hemos roto ese pacto porque, desde el momento en el que el Gobierno, sin conocimiento de este partido, filtra el nombre de un posible presidente, en ese momento hiere el pacto de muerte”.

Falso. Que Marchena iba a ser el presidente –lo habría sido si no hubiera renunciado– es algo que se confirmó el 12 de noviembre, hace más de una semana. Nunca fue solo “un posible candidato”: era el presidente in pectore, propuesto por el PP y aceptado por el PSOE.

Su designación, que adelantó la prensa, no solo fue confirmada por fuentes  del Gobierno, también de la oposición. “Es uno de los mejores juristas españoles en las últimas décadas”, dijo públicamente ese mismo día Pablo Casado cuando le preguntaron por él. No había herida alguna ese día. Nadie en el PP protestó.

Solo una semana más tarde, tras la la filtración del mensaje de Cosidó que provoca la renuncia de Marchena al día siguiente, el PP ha roto ese acuerdo. Y lo ha hecho porque perdía al juez en el que más confiaban para el puesto, y para acallar las críticas internas que este pacto provocó. Porque Casado estaba siendo cuestionado desde la derecha por darle la mayoría en el CGPJ a los vocales propuestos por el PSOE. Por permitir un “soviet judicial” en el Supremo”, como decía Losantos cada día en la radio.

Que el portavoz del PP en el Senado tuviera que dar internamente esa clase de explicaciones sobre el reparto de vocales en el CGPJ demuestra hasta qué punto el PP estaba divido con este tema.

Quien filtró ese mensaje del chat interno del PP en el Senado buscaba reventar el pacto con el PSOE. Y lo logró.

Pablo Casado: “Que el partido de la oposición se entere por la prensa de que el Gobierno manda un comunicado diciendo quién va a ser el presidente del Supremo, creo que esto sí que es susceptible de que el presidente del Gobierno pida disculpas, no solo a este partido sino a los españoles y al interesado, al que pusieron en la picota“.

Falso. El Gobierno no envió ningún “comunicado”. Es falso que exista tal comunicado, igual que era falsa la foto que, según Casado, se había hecho Sánchez con los inmigrantes del Aquarius, igual que son falsos tantos y tantos datos que el presidente del PP suele improvisar.

También es falso que el PP se enterase “por la prensa”. El acuerdo entre los dos principales partidos estaba cerrado desde hace semanas. El propio negociador en el nombre del PP, el exministro Rafael Catalá, confirmó el nombramiento de Marchena y el pacto de su partido con el Gobierno ese mismo día en una entrevista en la SER. En esa entrevista, el 12 de noviembre a primera hora, Catalá también explica que Pablo Casado llevaba meses al corriente de todos los detalles de la negociación.

Pablo Casado: “Parece que el partido socialista y el Partido Popular han hecho lo mismo. No es así. Nosotros no hemos pedido más que un jurista al que yo no conocía”.

Falso. El acuerdo de reparto de vocales se cerró entre los dos partidos y el PP pidió bastante más que “un jurista”. Además de la presidencia para Manuel Marchena, también pactó nueve sillones para sus vocales, entre los que están dos exportavoces de Justicia del PP: un exdiputado y un exsenador. Nueve juristas a los que Casado ni siquiera quiso votar cuando supo que Marchena no iba a presidir el Supremo y el Poder Judicial.

Pablo Casado: “Mi respeto a la independencia es que estuviera presidido por el que yo creo que es uno de los mejores juristas actualmente, al que no tengo el gusto de conocer“.

Marchena, además de “uno de los mejores juristas”, es también el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo que decidió no investigar el máster regalado de Pablo Casado en la URJC. La sala que el mensaje de Cosidó dice que el PP iba a controlar “desde detrás”, admitiendo implícitamente que hoy la controla desde delante.

Pablo Casado: “Uno de ellos (de los vocales propuestos por el PSOE) ha sido propuesto para mero escarnio de la oposición”.

Se refiere a José Ricardo de Prada, que además de ser uno de los jueces que sentenció la Gürtel, y al que el PP ha despreciado públicamente en innumerables ocasiones –Rafael Hernando, hace unos meses, le tachó de “proetarra” y de ser “candidato de Izquierda Unida”– también es uno de los juristas en España con más experiencia internacional. Es el único juez español que participó en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina. Además, De Prada ha estado más de veinte años en la Audiencia Nacional. Sin duda tiene bastante más experiencia y carrera en la justicia que la gran mayoría de los vocales propuestos por el PP. También una trayectoria más independiente del partido que lo propone que ese exdiputado o ese exsenador propuestos por el PP.

Pablo Casado: “Yo si me entero de que algún compañero de partido da indicaciones a un juez, que estoy convencido que en España tenemos jueces tan buenos que nunca las adoptarían, lo criticaría en un primer momento”.

Falso. El 4 de agosto de este año, Carmen Sánchez-Cortés, secretaria de Justicia con el PP, llamó a la jueza del caso Máster para preguntar si pensaba pedir la imputación del presidente del PP. Por supuesto, no recibió ninguna crítica por parte de Pablo Casado, el último beneficiado de esa llamada.

 

[8] Cosido a sus entretelas

Por Jose María Tomás y Tío 

Magistrado, Presidente de la Fundación por la Justicia

Articulo publicado el 22 de noviembre de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Cosido-entretelas_6_838576161.html

 

La percepción de la falta de independencia o mejor de imparcialidad en la Justicia tiene su origen en un sistema que propicia, como mínimo, desconfianza al estar condicionada por el deber de “respeto” a quien te nombra

 

Sede CGPJ

Tres años elaborando y reivindicando hasta con movilizaciones medidas para mejorar el servicio de la justicia por parte de 8000 jueces y fiscales y con escaso éxito, hasta que llegó un mesías con un whatsApp explicativo de su necesidad. No importa quién lo redactara o sólo lo difundiera. El poder de las redes: no hay mejor explicación de lo que todos conocíamos, algunos denunciábamos y era opinión generalizada de una ciudadanía escandalizada.

No es ahora, sino que viene de antiguo, que el poder político ha pretendido llevar “cosido” a sus entretelas el timón de toda gran decisión que la jurisdicción pudiera revisar.

Casi todos los partidos políticos (menos EU y PP) suscribieron la propuesta 94 del Pacto Estatal contra la corrupción de 2015, impulsado por la Fundación por la Justicia y otras 55 organizaciones civiles, de propiciar el cambio del sistema de elección y nombramiento de los altos cargos de la justicia y del Consejo. Y todos los partidos políticos sin exclusión suscribieron la propuesta 95 del mismo Pacto, comprometiéndose a excluir del ejercicio de la jurisdicción penal, contencioso-administrativa y de destinos gubernativos y representativos a magistrados y jueces que hubieren desempeñado cualquier cargo público electivo o de libre designación con categoría superior a la de director general en cualquier administración vinculada a cualquier opción política. El derecho universal reconoce que los pactos están para cumplirse. La experiencia dice que se cumplen según interese.

La ciudadanía tendría que estar agradecida a todos los títeres que en este guiñol han jugado su papel. Gracias a cada uno y al conjunto hemos podido ver con más claridad un escenario diferente donde nadie puede estar demasiado tranquilo de conseguir de la justicia lo que es justo.

Todos debemos sentirnos agradecidos por la publicación de lo que era convicción generalizada de la intervención política, no tanto en el funcionamiento de un órgano político como el Consejo, por cierto sin poder judicial; sino del desenmascaramiento de todos los actores y figurantes que han venido participando política o asociativamente en la búsqueda de instrumentos para interferir en la resolución de los graves y grandes temas que se someten a la justicia, condicionándola.

Las deficiencias de la justicia ordinaria pueden provenir del temor a equivocarse o de la insuficiente formación o información, raramente de la vinculación partidaria en la resolución de conflictos. La percepción de la falta de independencia o mejor de imparcialidad tiene su origen en un sistema que propicia, como mínimo, desconfianza al estar condicionada por el deber de “respeto” a quien te nombra.

No se trata de poner en entredicho el sistema de designación de altos cargos a partir de “mis elegidos”. Se trata de descubrir el modo en que la ciudadanía de manera directa o representativa participa en la designación y puede exigir cuentas a quien no cumple con su responsabilidad.

No cabe duda que cualquier designado se siente independiente y con frecuencia así lo evidencia con sus resoluciones en las que participa. Pero tampoco puede caber ninguna duda que llegó a esa instancia con los padrinos que pudo conseguir.

Dice el refrán castellano que el que evita la tentación evita el peligro. Reglamentar la selección de personas que deben acceder a los más altos cargos en la prestación de la justicia significa concebir que el ámbito de la discrecionalidad quedara minimizado hasta el máximo. Las garantías para la selección sólo pueden establecerse a partir de criterios objetivos y medibles. El control o medición de cumplimiento debe igualmente establecerse sobre mecanismos de evaluación técnicos y predeterminados. Reducir y aún más excluir la competencia para la arbitraria elección de los propios, dejaría inactivo cualquier reproche de parcialidad en la imprescindible imparcialidad y eludiría luchas partidarias de quienes aspiran a colocar a sus afines como interés prioritario. Y con ello, al Consejo que lo elija quien quiera.

Seguimos dando argumentos para el descrédito y las recusaciones en una justicia tan maltratada como dolorida para los que seguimos queriendo creer y ofrecer justicia.

 

[9] La presión interna en el PP rompió el pacto judicial

Casado frustró en el último minuto los dos meses y medio de negociaciones fluidas entre la ministra Dolores Delgado y Rafael Catalá

Por Javier Casqueiro

Articulo publicado el 25 de noviembre de 2018 en:

https://elpais.com/politica/2018/11/24/actualidad/1543073646_004459.html

 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, saluda a Manuel Marchena. LUCA PIERGIOVANNI EFE

Los inoportunos mensajes con las injerencias políticas sobre la Justicia reenviados desde el móvil de Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, fueron una espoleta. Y para muchos en el PP la perfecta justificación para romper el pacto judicial, el único gran acuerdo alcanzado en esta legislatura entre el Gobierno socialista y el nuevo PP de Pablo Casado. El PP esgrime oficialmente que se desligó del pacto por la “deslealtad” del Ejecutivo de Sánchez al filtrar el nombre de Manuel Marchena, el candidato conservador a presidente del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes populares implicadas en la negociación niegan esa versión y concluyen que el detonante fue la presión interna de la línea más dura en el partido y en sus apoyos mediáticos.

Al día siguiente Sánchez encomendó esa tarea a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Casado a Rafael Catalá, el exministro de esa área en el último equipo de Mariano Rajoy. Los dos se hicieron una primera llamada en verano y postergaron su primera cita, en el Ministerio, para los primeros días de septiembre. Desde entonces esas reuniones fueron casi semanales, con discreción, y sin excesivos problemas, creándose incluso un clima de cierta confianza entre ambos, como confirman en el entorno de los dos equipos.

La primera tarea que se pusieron fue confirmar que de verdad querían llegar a un acuerdo bilateral, sin incluir en las negociaciones ni a Podemos ni a Ciudadanos, y lo segundo que hicieron fue empezar a expurgar la lista de más de medio centenar de candidatos que se presentaron para ocupar los 20 codiciados puestos de vocales del Poder Judicial. Así llegaron hasta mediados de octubre, con el compromiso de no ponerse vetos. Y fue entonces Catalá el que exigió a Delgado hablar ya del aspirante a presidente y puso sobre la mesa el nombre de Marchena. No era una propuesta casual ni inocente.

Marchena ya había sido propuesto para ese cargo en diciembre de 2013 por el entonces ministro popular Alberto Ruiz-Gallardón a su interlocutor, Antonio Camacho, con el que negoció con el mismo sistema la anterior renovación del Consejo por delegación respectiva de Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Marchena ya estaba entonces en el Tribunal Supremo y se cayó de la lista en la recta final, como ha sucedido ahora. Su teórica querencia conservadora les pareció un mal menor frente a su contrastada independencia y su nivel profesional demostrado en el procesamiento de los líderes independentistas en Cataluña.

Delgado no hizo causa de ese nombre sino de recuperar una mayoría progresista en el Consejo. Catalá convenció por su parte a Casado de que su amigo Marchena era inmejorable y sobre todo de que el reparto (11 vocales progresistas y 9 conservadores más el presidente) era el mejor y único posible. Delgado y Catalá coincidieron en que la renovación facilitaría a su vez una cadena de más de 30 nombramientos en otros niveles judiciales. A finales de octubre el asunto quedó casi resuelto a la espera de hacerlo público. Sánchez y Casado recibían información permanente. Se llegó así al segundo fin de semana decisivo de noviembre. El periódico Abc publicó ese viernes 9 una información con todos los aspirantes conservadores propuestos por el PP, sin citar al presidente. EL PAÍS avanzó esa tarde en su web la candidatura de Marchena. Esa noticia molestó en el PP y en La Moncloa. Algunos medios la desmintieron. Ese fin de semana se volvieron a encontrar Delgado y Catalá: el pacto seguía adelante pese a esos inconvenientes.

En la noche del domingo 11 de noviembre la ministra citó para las 8.30 horas de ese lunes en su despacho a Marchena para confirmarle 15 minutos después que era su candidato a presidente. Ese lunes, tras ver a Delgado y avanzar al director de un medio de comunicación sus planes para el futuro Consejo, Marchena comprobó cómo desde La Moncloa se confirmaba su nombramiento, que poco después también ratificaban fuentes del PP. No puso pega alguna.

“Enorme malestar”

El problema con Marchena se desbocó por la reacción airada del sector más duro del PP y de los medios conservadores, no con el presidente sino con el aspirante a vocal progresista José Ricardo de Prada, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que participaron en la redacción de la sentencia del caso Gürtel, según confiesan ahora dirigentes populares implicados en la negociación y de la dirección. En una reunión interna del grupo parlamentario uno de los miembros de su dirección llegó a reprocharle a Casado y su entorno esa “excesiva flexibilidad” y que no entendiera “el enorme malestar de las bases del partido a punto de explotar” por haber aceptado a De Prada.

Esa reacción y las duras críticas en periódicos y radios afines al PP se multiplicaron en los días siguientes hasta el punto de que la dirección del partido optó entonces por permitir que Carlos Rojas, su portavoz parlamentario en la comisión de nombramientos, le cuestionara a la cara la falta de independencia de De Prada y le espetara que podría estar mejor en el Consejo que firmando sentencias. Eso sí, el PP se tragó el sapo de votarle a favor. Fue una reacción pactada para calmar ánimos internos muy soliviantados. Pero no fue suficiente.

Entonces llegó, el lunes 19, la publicación en El Español del whatsapp de Cosidó. El martes 20, Marchena renunció. Y, a continuación, se suspende la votación en el Congreso de los vocales. En el PP se ha abierto una caza de brujas para averiguar quién redactó ese mensaje que permitió a Casado descolgarse de un pacto al que no ve ya suficientes beneficios.

 

[10] Retrato judicial al completo

Sin la participación de magistrados y jueces no habría manipulación política

Por  Redacción EL PAÍS

Artículo publicado el 20 de noviembre de 2018 en
 
 
Los magistrados Manuel Marchena y Luis María Díez-Picazo. ULY MARTIN

 

El prestigio del poder judicial atraviesa horas bajas en España como consecuencia de sentencias que han provocado un profundo rechazo social, como la relativa a si deben ser los bancos o los particulares quienes corran con el impuesto de actos jurídicos documentados al contratar una hipoteca. Además, esta y otras resoluciones polémicas del Tribunal Supremo han venido a continuación de decisiones de tribunales europeos rechazando poner a disposición de la justicia española a algunos representantes políticos responsables de derogar la Constitución por vías de hecho y de tratar de imponer la independencia de Cataluña a la mayoría de ciudadanos que la rechazan, privándolos de sus derechos. La suma de unas y otras circunstancias ha fomentado un clima de opinión de acuerdo con el cual el poder judicial no es enteramente independiente, ni frente a otros poderes del Estado ni frente a grupos de presión. También se ha generalizado la idea de que la causa fundamental de este estado de cosas es la voracidad de los partidos políticos por colonizar la totalidad de las instituciones.

El grave desprestigio que padece la justicia exige huir tanto de la generalización como del reduccionismo, apuntando siempre en una dirección que, como la condena a los partidos, sirve para explicarlo todo a costa de impedir poner remedio a nada. Desde el momento en que los partidos son imprescindibles en el sistema parlamentario, la crítica puede dirigirse exclusivamente a la manera en la que actúan, no a la razón constitucional por la que lo hacen. Negar la intervención de las fuerzas políticas en la conformación del Poder Judicial, sustituyéndolas por las decisiones de los propios profesionales, no es solo tomar posición sin decirlo acerca de la organización de un poder del Estado, sino también sobre su fundamento último, democrático, como exige la Constitución, o técnico y corporativo. Pero invocar la necesidad de que los partidos intervengan para conectar los tribunales con la legitimidad democrática, según pretende el sistema español a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no equivale a concederles carta blanca para cualquier acuerdo, en cualquier sede, ni por cualquier procedimiento.

El reciente pacto alcanzado por el Partido Socialista y el Popular ha incurrido en este último peligro, al confundir una negociación transparente entre grupos parlamentarios para decidir la composición del CGPJ con un oscuro apaño entre ejecutivas para promocionar a sus respectivos candidatos en diversas instancias de la justicia. El problema que suscita ese pacto no es consecuencia de ninguna deficiencia del sistema constitucional, sino de un mal uso impuesto durante los últimos años como consecuencia del intento de predeterminar desde los partidos las sentencias sobre los grandes escándalos de corrupción. Siendo esto así, no se puede olvidar que ese mal uso solo ha sido posible con la aquiescencia de los propios jueces y magistrados, que se han valido de él para afianzar sus carreras al calor de uno u otro partido. Solo contando con la participación de jueces y magistrados, dos fuerzas políticas como el Partido Socialista y el Popular pueden estar tan seguras acerca de los futuros nombramientos en el Tribunal Supremo y en el CGPJ cuando los vocales de este último no han sido siquiera nombrados.

Las reglas por las que se rige la justicia en España son ahora las mismas que durante los primeros años de vigencia de la Constitución, cuando se acreditó como un poder respetado y que hacía valer la independencia y la inamovilidad garantizadas por la Constitución. Si hoy ha dejado de ser así, no basta con señalar hacia fuera, sino que el retrato completo de la justicia exige mirar también hacia dentro.

 

[11] Villarejo, el comisario de ‘La Curia’

Por David M. Moreno

Artículo publicado el 14 de mayo de 2015 en

 

La invitación lo dejaba bien claro. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, iba a inaugurar el 17 de abril la primera fase de los jardines del palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte. Pero a última hora anuló la visita y le sustituyó su segundo, el consejero Salvador Victoria. Los jardines, decorados con tilos de Holanda y cipreses de la región italiana de la Toscana, lindan en su parte trasera con dos fincas particulares que suman 2.700 metros cuadrados. Las dos pertenecen a una empresa llamada Premium Hoteles, cuya administradora única es la actual esposa del policía más famoso y polémico de España: el comisario Villarejo. Mes y medio antes, el 3 de marzo, José Manuel Villarejo Pérez había denunciado ante los tribunales a Ignacio González después de que este último le acusara de amenazas y chantaje. El diario El Mundo había publicado el informe policial que resumía la reunión mantenida en noviembre de 2011 entre Villarejo, acompañado de otro alto cargo policial, con González. El titular del diario se despachaba a gusto: “Ignacio González pidió ayuda a policías para ocultar el caso de su ático”.

González sabía que su carrera política estaba sepultada. El 8 de marzo El Mundo también había hecho públicas las grabaciones de la reunión secreta entre Villarejo y González (sí, alguien les había grabado). Por eso, aquel 17 de abril, aunque su presencia estaba prevista, a González no le apetecía en absoluto inaugurar unos puñeteros jardines mientras sentía en el cogote la mirada y la sonrisa hiriente de su nuevo enemigo. Mucha gente en Boadilla sabe que desde el chalé de Villarejo se pueden ver perfectamente los jardines que mandó construir el hermano del rey Carlos III. 

El caso del ático de González, que se instruye en un juzgado de Estepona (Málaga), no solo ha acabado con las aspiraciones políticas del todavía presidente madrileño, ha servido también para enfocar con bastante luz a un policía que siempre se ha movido con destreza por las sombras y que últimamente, muy a su pesar, es protagonista de demasiados titulares. Pero, ¿quién es realmente el comisario Villarejo? Policía, espía, agente encubierto, empresario, periodista, detective, exsindicalista… la vida de Villarejo, cordobés, a punto de cumplir 64 años, ha ido a tanta velocidad como lo es su forma de hablar, a veces atropellada, con un tono duro y quebrado. Alias Pepe Villar, Manuel Villar, Manuel Pérez Villar, ‘el técnico’ o ‘Pepe la gorda’, Villarejo está en la Policía desde 1971, cuando aprobó la oposición en la plaza 263. “Todo un personaje, un caso único”, asegura un policía que le conoce bien. “El rey de la fontanería policial. Hace y deshace. Desde el siglo pasado, aparece relacionado con asuntos de lo más escabrosos, y todos con vinculaciones políticas”, escribió de él uno de los periodistas que lo ha tratado, Fernando Lázaro.

DESDE EL SIGLO PASADO, APARECE RELACIONADO CON ASUNTOS DE LO MÁS ESCABROSOS, Y TODOS CON VINCULACIONES POLÍTICAS

Lázaro, en cierta medida, tiene razón. El nombre de Villarejo aparece relacionado con el caso del ático de González; con el caso del pequeño Francisco Nicolás (donde ya ha declarado como testigo); con el ‘caso Emperador’ (la mafia china con sede en Fuenlabrada), aunque realmente a quien han involucrado en este caso es a su hijo, dueño de una empresa de ambientadores; con el caso López Madrid (el financiero y yerno de Villar Mir acusado de acoso sexual a una doctora); e incluso con los famosos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra el clan Pujol. Villarejo está en todos los saraos, a pesar de sus molestias crónicas de espalda. O al menos hay gente interesada en que aparezca en las principales fiestas. Precisamente él, a quien no le gusta bailar. 

Hasta que Villarejo se convirtió día sí, día también, en titular de los medios de comunicación, estaba adscrito a una reducida unidad de inteligencia que depende del Director Adjunto de la Policía Nacional (el DAO), una unidad a la que algunos apodan ‘La Curia’. Sus últimas funciones dentro de la Policía (como escribió Lázaro es un comisario sin comisaría) fueron las de enlace entre la UDEF y el DAO. Antes, durante muchos años, se encargó de combatir el crimen organizado y el terrorismo como agente encubierto (le encantan los caballos, y ha actuado como tratante de equinos en sus operativos). Incluso cuando estuvo de excedencia, siguió trabajando para el Estado como una especie de espía. “Le pidieron un favor cuando estaba fuera del Cuerpo, y cumplió. Entonces le pidieron otro, y volvió a cumplir. Y encima le encanta viajar”, explica el mismo agente. 

“Oficialmente, no existo”, dicen que le gusta decir. Una frase que ya no puede repetir. Una vida como la suya deja enemigos. Y eso, a la larga, se paga. El digital El Confidencial ha publicado una foto de su actual mujer, Gema, una periodista de 43 años. Y el diario El Paísha revelado con todo lujo de detalles el entramado empresarial creado por Villarejo, su familia y sus socios. Y ha mostrado incluso una imagen suya, tomada en 1995. Aunque su físico ha cambiado con el paso de los años, El País se atrevió así a desvelar la mirada y el rostro de lo que para un agente encubierto es sagrado: su identidad física. Según el diario de PRISA, Villarejo ha llegado a manejar 46 empresas en los últimos 30 años, radicadas en cuatro países (España, Uruguay, Estados Unidos y Panamá), que han acumulado un patrimonio inmobiliario que solamente en nuestro país supera los 14 millones de euros. Estas empresas han ido cambiando de residencia fiscal, de nombre y de actividades con el paso del tiempo, y algunas de ellas, según fuentes solventes, han tenido objetivos muy específicos. “Es normal utilizar empresas privadas ajenas a la Policía como sociedades pantalla para trabajos delicados”, explican fuentes policiales, como hizo Villarejo para agilizar la investigación del ‘caso Malaya’ (sí, aquí también aparece Villarejo). No es de extrañar, por tanto, que el Ministerio del Interior concluyera hace unas semanas que las actividades empresariales de Villarejo son compatibles con su función policial y no han supuesto ningún “menoscabo” en el cumplimiento de sus deberes. El 11 de marzo, el propio ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz, destacó los “relevantes servicios” prestados por Villarejo. Seguramente el ministro estaba pensando en uno de los últimos: la investigación sobre la familia Pujol, que ha tambaleado los cimientos del clan más importante de Cataluña. Villarejo tiene muchos enemigos, pero también muchos amigos.

INCLUSO CUANDO ESTUVO DE EXCEDENCIA, SIGUIÓ TRABAJANDO PARA EL ESTADO COMO UNA ESPECIE DE ESPÍA

El comisario y el CNI no se pueden ni ver. Su enemistad viene de lejos, cuando ambos competían con poner en nómina al famoso traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. La verdad es que Al Kassar acabó siendo confidente de Villarejo, con el alias de ‘Luis’. La relación entre el sirio y el policía cordobés fue fructífera. Sirvió para desarticular una célula yihadista en España y para acabar con el narcotraficante gallego Laureano Oubiña. Pero el verdadero enfrentamiento entre Villarejo y el CNI germinó en 1995, cuando el diario El Mundo destapó el caso de las escuchas ilegales del Cesid (el antecedente del CNI). Entonces el diario El País acusó a Villarejo de filtrar el escándalo. Las guerras que mantenía el CNI con la Policía Nacional por el control de la información empezaban a tener a Villarejo en el centro del tablero.

El periodista
“Mi madre no sabe que soy periodista. Piensa que soy pianista en un burdel”. El dicho, con cierta sorna, pone la profesión periodística a los pies de los caballos. A Villarejo, en cambio, le gusta la prensa, le gustan los periodistas, sobre todo los que puede controlar. Durante años, fue un ‘redactor’ más de un importante medio de comunicación generalista y de una reconocida revista semanal de sucesos. Muchas de las informaciones de estos medios llevan su firma. Él facilitaba la información y otros escribían. Ya se sabe, a río revuelto, ganancia de periodistas. Y Villarejo es un experto moviéndose por los riachuelos del poder y la conspiración. Mucha gente en la Policía sabe que es amigo del periodista Alfonso Rojo. De hecho, en la web que este dirige, Periodista Digital, Villarejo acaba de publicar una carta contestando el artículo que le ha dedicado otro reportero. 

Como buen periodista, Villarejo sabe mejor que nadie que la información es poder. Por eso hace un par de años decidió crear con sus socios la web Información Sensible (IS), donde la mayoría de las noticias aparecen sin firmar. Descubierta su tapadera mediática, Villarejo ha utilizado esta web para dejar claro que puede disparar con bala. Ha acusado al CNI (su viejo enemigo) de perder dinero destinado a pagar el rescate de Javier Espinosa y Marc Marginedas y de destapar el nombre de una empresa suya creada en Uruguay, una tapadera que ha servido durante años para controlar a la colonia etarra que se refugia en ese país suramericano. Y como buen periodista, el comisario suele grabar discretamente muchas de las conversaciones que mantiene sin que sus interlocutores lo sepan. Para aclarar dudas, un reportaje de Información Sensible ya explicó que las grabaciones de una reunión o cita no son ilegales si son realizadas por uno de los participantes de las mismas. Un aviso a navegantes. En la cita con Ignacio González solo estaban sentados a la mesa el político madrileño, Villarejo y otro mando policial. Si González no fue… También se ha hecho pública una conversación telefónica grabada entre el empresario Enrique Cerezo y Villarejo. Si Cerezo no fue… Sí, han acertado, Villarejo graba sus conversaciones telefónicas. 

EN LA CITA CON IGNACIO GONZÁLEZ SOLO ESTABAN SENTADOS A LA MESA EL POLÍTICO MADRILEÑO, VILLAREJO Y OTRO MANDO POLICIAL. SI GONZÁLEZ NO FUE…

“Es un tipo inquieto, muy listo, un poco chuleta, muy castizo aunque sea andaluz. Con ese tic característico que le hace mover un poco el cuello hacia atrás”, lo define otro veterano agente que ha tratado mucho con él. Y como tipo listo, sabía que controlar un medio de comunicación, aunque sea modesto, no era suficiente. En mayo de 2011 nació la Asociación Transparencia y Justicia, heredera de la Asociación para la Protección de los Inversores, una especie de Manos Limpias, pero mucho más discreta, sin página web, sin cuenta de Twitter ni perfil en Facebook. En sus estatutos, de ocho páginas, enumera los 15 fines que motivaron su creación, todos con un único objetivo: “Luchar contra la corrupción”. De momento se ha personado en el ‘caso Campeón’ (donde se investigó al exministro Pepe Blanco), en el ‘caso Nicolay’ (que investiga las actuaciones del pequeño Nicolás), en el ‘caso Aguirre’ (su multa de tráfico y posterior fuga) y en el ‘caso Arnaiz’ (un arquitecto muy conocido en Boadilla procesado por fraude fiscal y blanqueo de capitales). Este último es un caso personal para Villarejo, que como buen espía que ha sido, controla todo o casi todo lo que ocurre en Boadilla, donde vive desde hace muchos años. 

En Boadilla tuvieron su sede dos agencias de detectives controladas por Villarejo, concretamente en las calles Mártires y Convento, muy apropiadas para un agente que perteneció a una unidad que llaman ‘La Curia’. Boadilla fue el epicentro de la trama Gürtel, donde Francisco Correa y sus socios hicieron millonarios negocios. Es curioso que mucho antes de que se destapara la trama en febrero de 2009, incluso mucho antes de que la UDEF empezara a investigar a los implicados en noviembre de 2007, la revista semanal muy bien relacionada con Villarejo publicó en marzo de 2005 un reportaje sobre empresas y sociedades. “Las amistades peligrosas del yerno de Aznar”, se titulaba el artículo. Algunos de los nombres que aparecían en él fueron luego, cuatro años después, en 2009, detenidos dentro de la operación Gürtel. Sí, han acertado. Villarejo también colaboró en la investigación hecha por la UDEF contra esta trama de corrupción. El comisario Villarejo. Policía, espía, agente encubierto, empresario, periodista, detective, exsindicalista… y también vidente.

 

[12] BBVA pagó al comisario Villarejo por investigar los nexos de 172 jueces con Ausbanc

Por Pedro Agueda y Raúl Sánchez 

Articulo publicado el 22 de noviembre de 2018 en:

https://www.eldiario.es/politica/BBVA-comisario-Villarejo-investigar-Ausbanc_0_838517172.html

 

El banco presidido por Francisco González era una de las entidades extorsionadas por la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda

Las empresas del policía facturaron más de 6 millones de euros al BBVA por distintos conceptos entre febrero de 2012 y abril de 2017

Ausbanc organizaba cursos remunerados donde asistían magistrados, algunos de los cuales decidían sobre las demandas de la asociación contra bancos

 

El excomisario José Manuel Villarejo EFE

 

El BBVA recurrió al comisario Villarejo para acabar con el chantaje al que le sometía Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016. El banco que preside Francisco González pagó algo más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017 a las empresas del comisario José Manuel Villarejo. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc.

La investigación que desarrolló el comisario Villarejo, en servicio activo en la Policía cuando se realizaron la mayoría de esos trabajos, derivó en la elaboración de un listado de jueces a los que clasificó en tres apartados: los que acudían a las conferencias remuneradas de Ausbanc, aquellos que intervenían en demandas de la organización de consumidores a los principales bancos y otra para los togados que habían fallado a favor de la falsa asociación de consumidores. En total, 172 magistrados a los que Villarejo y sus colaboradores incluyeron en sus informes para el BBVA, según una extensa documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Las facturas en la contabilidad del grupo empresarial de Villarejo al BBVA van desde la más pequeña, de 2.800 euros por la “impartición de sesión de trabajo en grupo: Weather the Weather”, hasta los 2.577.661,70 euros que Cenyt le factura al banco el 17 de febrero de 2014 como una “prima de éxito”, pactada en febrero de 2010. Entre la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción aparece un informe fechado dos meses después de este abultado bonus, en abril de 2013, de más de doscientas páginas, sobre la actividad de Ausbanc, Luis Pineda y el resto de los responsables de la asociación, detenidos e imputados tres años más tarde en el marco de la  Operación Nelson.

Consultado por el trabajo sobre Ausbanc y el resto de pagos, la entidad que preside en la actualidad Francisco González se ha limitado a contestar que una empresa de Villarejo “ha sido proveedor del área de seguridad del banco para servicios de asesoría en materia de seguridad, y de protección de los activos y personas de la entidad”. “Todos los contratos, de manera expresa, citaban la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación”, añade un portavoz de la entidad.

El juez Santiago Pedraz dictó el pasado agosto auto de apertura de juicio oral contra Pineda y el resto de los acusados. Para el presidente de la asociación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 118 años de cárcel por liderar una organización criminal, 16 delitos continuados de extorsión, cuatro de extorsión, siete de extorsión en grado de tentativa, delito de estafa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La Fiscalía describe la actividad de Pineda al frente de Ausbanc, consistente en amenazar a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que apenas nadie leía. La investigación cifra en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje que practicó durante diez años.

La investigación judicial a Ausbanc arranca un año después de que Villarejo elaborase su dossier para el BBVA. Ocurre el 2 de febrero de 2014 cuando la UDEF de la Policía recibió una “denuncia anónima” describiendo las actividades ilícitas de Pineda, según consta en el primer informe policial incorporado al sumario. Quince días después de la presentación de esa denuncia anónima, Villarejo ingresó la factura récord dentro de su relación con el BBVA, los 2.577.661,70 euros de la “prima de éxito” por el contrato firmado cuatro años antes. “Liquidación final”, recoge la factura. 

El entonces fiscal jefe de Delitos Económicos en la Audiencia Nacional, Daniel Campos, presentó una querella el 10 de noviembre de 2015 con los avances en la investigación que había originado la denuncia anónima ante la UDEF. El BBVA colaboró activamente en la investigación judicial que se abrió en la Audiencia Nacional, posterior a los encargos que realizó Villarejo, según fuentes del caso.

Jueces “favorables” y banqueros “desfavorables”

En otro de los documentos a los que ha tenido acceso esta redacción se analiza una de las publicaciones de Pineda, la revista Mercado de Dinero, y se concluye que hay contactos “favorables” y “desfavorables” a Ausbanc. Ahí aparecen desde jueces, incluido un presidente de un Tribunal Superior de Justicia porque en junio de 2013 inauguró un foro jurídico sobre transparencia bancaria que patrocinaba Ausbanc Empresas. Lo mismo se atribuye a dos presidentes de audiencias provinciales.

En los contactos “desfavorables” a Luis Pineda figuran el presidente del BBVA, Francisco González, y Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid que también se negó a ceder al chantaje de Ausbanc. Manos Limpias pidió prisión sin fianza para Blesa en una de las causas contra el fallecido banquero que finalmente fue archivada. En aquella causa ejerció la representación letrada de Manos Limpias el propio Pineda.

Los documentos que guardaba Villarejo apuntan a que el comisario comenzó investigando a Ausbanc y así llegó a realizar el trabajo sobre los jueces. A los que asistieron a conferencias pagadas de la asociación entre marzo de 2010 y julio de 2013 los divide entre los que fueron a unos actos u otros, si estuvieron anunciados, pero no fueron y los que finalmente participaron. También dedica un apartado a si habían recibido elogios en las revistas que utilizaba Pineda para su presunta extorsión. Este documento se llama “Relaciones con la judicatura”.

El entramado de Pineda era una máquina de poner querellas. El principal acusado tenía una terminal en el sindicato ultra Manos Limpias, que dirigía Miguel Bernad, quien también se sentará en el banquillo. Pero las querellas contra los bancos estaban reservadas a la asociación de consumidores.

Los trabajos de Villarejo permiten localizar en un segundo documento Excel

a 32 jueces o tribunales que fallaron a favor de las mismas y que el comisario y sus colaboradores plasmaron en otro documento que distinguía entre casos de “permutas y clips”, “preferentes” y “clausulas suelo”. Esos 54 jueces fallaron sobre causas que afectaban a casi todos los bancos y cajas en juzgados de toda España. Un tercer documento cita 300 querellas, contra qué banco se interpusieron y que tribunal o juez penal falló.

Más de 6 millones, con IVA

La cifra total de trabajos pagados por el BBVA a las empresas de Villarejo es de 5.058.099,38 euros sin IVA y 6.109.388,23 euros con IVA. Además del pago de más de 2 millones hay otros muy relevantes. El primero de los que aparecen en la citada contabilidad es de febrero de 2012, asciende a 767.000 euros (con IVA) y corresponde a “servicios profesionales de localización de bienes y estructuras patrimoniales paralelas al proyecto denominado King”.

El proyecto King da nombre a la pieza principal del caso Villarejo, que investiga el encargo para desprestigiar a uno de los hijos de Teodoro Obiang, el dictador guineano, de parte de otro de sus hijos. Ni la fecha de la factura, febrero de 2012, ni la entidad que paga, el BBVA, coinciden con la investigación de la Audiencia Nacional. El BBVA contestó a elindependiente.com, el medio que desveló la facturación de Villarejo al BBVA, que esa factura responde en realidad a “servicios prestados de investigación sobre la solvencia patrimonial de una empresa española deudora del banco”.

El comisario José Manuel Villarejo Pérez fue detenido el 3 de noviembre de 2017. Está en prisión provisional por organización criminal, blanqueo de capitales, extorsión y revelación de secretos, entre otros delitos. La investigación le muestra como el líder absoluto de una banda dedicada a fabricar informes para clientes de la élite empresarial y política en contra de sus enemigos. Para ello se servía de su condición de funcionario público, lo que le permitía de primera mano o con colaboración de otros policías, tener acceso a información reservada.

De las 22 facturas en poder de eldiario.es, Villarejo giró 14 de ellas siendo funcionario público. La última, del 1 de agosto de 2016, tres días antes de su jubilación por 60.500 euros. El concepto es “honorarios por servicios profesionales correspondientes al mes de julio”, de acuerdo a un contrato firmado ese mismo mes. Ese concepto se repite un total de diez ocasiones. La última es de 4 de abril de 2017, siete meses antes de ser detenido.

 

[13] La Teoría Adolfo Suárez-Manuel Marchena

Por Antonio Franco 

Articulo publicado el 23 de noviembre de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Teoria-Adolfo-Suarez-Manuel-Marchena_6_838926130.html

 

Hay cosas delicadas y difíciles que únicamente pueden hacerlas desde dentro de los lodazales los hombres y mujeres que son madera de la misma cuña de lo que debe cambiarse

¿De qué estoy hablando? De quién le puede poner el cascabel de la No-Rebelión al gato

 

Marchena – EFE

A veces conviene repasar la Historia. Adolfo Suárez fue cuidadosamente seleccionado para traicionar la herencia política de Franco en su calidad de Secretario General del Movimiento. Era un Tiempo de Ciegos y Miopes. Ha pasado a la posteridad Ricardo de la Cierva, que vivía de analizar, por su capacidad de perspectiva en su famosa frase “Qué error, qué inmenso error” pretender que fuese Suárezquien encarrilase una transición. Desde la bancada de la prensa también dio la nota mi queridísimo Cuadernos para el Diálogo que acuñó el título de portada más compartido por la progresía de la época: “El apagón”. Para la revista Suárez era el apaga y vámonos a cualquier esperanza de apertura.

Los posibilistas confiaban en que el elegido sería José María de Areilza, a quien el muñidor de la jugada, Torcuato Fernández-Miranda, todavía más ortodoxo que Suárez encarnando al franquismo del Movimiento Nacional, ni siquiera incluyó en la terna de candidatos a la presidencia del Gobierno que le presentó al Rey. Los otros dos nombres, recuérdenlo, eran el ultracristiano no demócrata Federico Silva Muñoz (que luego se hizo prudentemente invisible cuando se investigó la trama civil del golpe del 23-F), yGregorio López Bravo, opusdeista, algo así como la extrema izquierda de la extrema derecha. Siguiendo con las miopías, a quien más le gustó el primer discurso presidencial de Adolfo Suárez fue al editorialista del diarioEl Alcázar, que tituló su texto “Lealtad y Continuidad”.

¿De qué estoy hablando? De quién le puede poner el cascabel de la No-Rebelión al gato.

Lo que seguro que tiene presente Manuel Marchena:

1.- La justicia internacional desacreditará masiva y llamativamente a la justicia española si la condena a los independentistas es por rebelión. En realidad, ya ha avisado. Y lo que decida el tribunal será luego analizado con lupa y bendecido o repudiado por las altas instancias mundiales de casación.

2.- Eso se producirá en un momento en que la cúpula de justicia española, heredada esencialmente del franquismo, atraviesa el peor momento de su historia, despreciada por un amplísimo sector de la opinión pública -posiblemente mayoritario en términos cuantitativos- después de los descarados producidos en torno a la composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y de la Sala que debe juzgar a los independentistas.

3.- Crea o no crea la cúpula judicial española en la separación de poderes, pesa  mucho la convicción del Gobierno español de que lo de Catalunya es sustancialmente un problema político más que judicial, y pesa mucho asimismo su tesis de que los hechos del año pasado no encajan con la definición legal que tiene en este país el delito de rebelión.

4.- Sí que ha empezado una rebelión real, aunque en el sentido conceptual y no técnico de la palabra, que además va a ir a más. Centenares de catedráticos y profesores de Derecho Penal de universidades no catalanas (las informaciones ya aluden a Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Valencia) recogen firmas cualificadas que suscriben la tesis de que es un error considerar rebelión o sedición lo que va a juzgarse porque no hubo ni el preceptivo alzamiento público y violento y porque no se planteó el uso de armas de guerra o explosivos para destruir el orden constitucional.

Lo que no es seguro que tenga presente Marchena:

A) El Partido Popular, que le ha aupado hasta sus altas responsabilidades, va a la baja en todas las previsiones preelectorales de cara al futuro inmediato.

B) La capacidad decisoria del PP para imponer a partir de ahora sus nombres y criterios en el inevitable reordenamiento que se producirá más pronto que tarde en la estructura judicial española también va a la baja. Eso comportará lógicamente decisiones sobre futuros personales, carreras y cargos y sueldos y tarjetas de crédito. Y puede abrirse el melón de las exigencias de responsabilidades si la justicia internacional estima que se han producido irregularidades, prevaricaciones, contaminaciones u otras anomalías delictivas. En definitiva, ese futuro judicial puede vivirse quizás en paz o quizás en guerra.

C) Manuel Marchena tiene hasta ahora un amplio prestigio de alta capacidad y calidad jurídica. Se lo reconocen incluso por quienes le consideran ideológicamente adscrito a la España ultraconservadora en la que ya no quieren vivir las nuevas y amplias capas emergentes y dinámicas de este país.

D) De su coherencia, de su sentido de la independencia íntima, de su comprensión de que los grandes problemas de un Estado deben resolverse a través de grandes soluciones políticas, de su patriotismo a la hora de analizar si conviene sustituir el “España es diferente” democrática y judicialmente hablando de cara a los próximos años, tiene que tomar una gran decisión. Necesita valentía. A Adolfo Suárez no le fueron muy bien las cosas después de cumplir con su obligación, pero a medida que pasan las décadas se reconoce de forma casi unánime que en el momento más difícil fue grande y ejemplar pese al lastre de proceder del ominoso Movimiento.

 

[14] Un juzgado condena al Santander a abonar el impuesto de hipotecas de forma retroactiva

Por Redacción Economia ElDiario.es

Articulo publicado el  20 de noviembre de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/economia/juzgado-Santander-impuesto-hipotecas-retroactiva_0_837816757.html

 

El Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga sentencia que debe recaer en la entidad prestamista porque la disposición del Gobierno “resuelve una laguna interpretativa” y, por tanto, y en cuanto tal, es “tácitamente retroactiva”

 

Un juzgado condena al Santander a abonar el impuesto de hipotecas de forma retroactiva

 

Un juzgado de Málaga ha dictado una sentencia en la que condena al Banco Santander a abonar 1.990,31 euros por los gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados al declarar nula la cláusula financiera incluida en un préstamo hipotecario de junio de 2014, según informa EFE.

En la sentencia, dictada el pasado 12 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga y contra la que cabe recurso de apelación, se señala que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados debe recaer en la entidad prestamista porque la disposición del Gobierno “resuelve una laguna interpretativa” y, por tanto, y en cuanto tal, es “tácitamente retroactiva”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 9 de noviembre el real decreto ley aprobado el jueves por el Consejo de Ministros para modificar las leyes que regulan el impuesto sobre actos jurídicos documentados y el impuesto de sociedades.

El tribunal argumenta que se puede hablar de retroactividad tácita ante “las normas interpretativas, las complementarias, de desarrollo o ejecutivas, las que suplan lagunas, las procesales y, en general, las que pretendan eliminar situaciones pasadas incompatibles con los fines jurídicos que persiguen las nuevas disposiciones, pues de otro modo no cumplirían su objetivo”.

En este caso, sostiene que se asiste a una “norma interpretativa” y precisa que aunque al inicio del único artículo se dice que la reforma se aplica a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, “no quiere decir que sea a modo de dogma irretroactiva”, porque, entre otros factores, su interpretación queda al arbitrio de los magistrados.

En el mismo sentido, recuerda que “en pocos días ha habido doctrinas discrepantes del Tribunal Supremo, por lo que se evidencia más aún dicho aspecto interpretativo de la nueva norma”.

La resolución judicial, de 51 páginas, declara nula en primer lugar la mencionada cláusula financiera al no haber podido acreditar la entidad que el consumidor sabía tanto las condiciones del producto que contrataba como sus efectos, y posteriormente se abordan las consecuencias de esta decisión en los gastos satisfechos.

En concreto, se condena al   Santander  a devolver 1.990,31 euros en concepto de gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados (1.246,07 euros del montante total estimado) incluidos en la cláusula declarada nula.

Desde el despacho Mora Jordano Abogados auguran que el criterio de este juzgado, especializado en materia de contratación hipotecaria de conformidad al plan de urgencia puesto en marcha por el anterior Gobierno, “afectará a las cerca de 12.000 demandas pendientes de resolver entre banca y consumidores” en Málaga.

No obstante, aclaran que “quedaría siempre pendiente conocer el criterio de la Audiencia Provincial”. En un comunicado remitido a Efe, el despacho añade que la resolución “viene a alargar más, si cabe, el debate judicial en torno a este tipo de pleitos, en un escenario donde se pone en valor la independencia de los juzgados de Primera Instancia”.

 

[15] Jugada en plano secuencia

Por Elisa Beni

Articulo publicado el 20 de noviembre de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Jugada-plano-secuencia_6_837876245.html

 

Lo único que falla aquí es que Marchena no dijo nada cuando se supo que era él el elegido antes de que se iniciara el proceso democrático. No hizo ni dijo nada. ¡Ah, bueno sí, vetó a Victoria Rosell y metió alguna candidata fiscal de su pueblo! Hasta la ruptura de baraja no se le veía muy molesto con lo del cambio de cromos

 

De este modo, en la estrategia todo es muy simple, pero no por ello muy fácil

De la Guerra. Karl Von Clausewitz

 

¿Alguien quiere pensar que un mensaje de un chat de senadores del PP se filtra para denunciar lo podrido del sistema? A otro perro con ese hueso. La filtración del obsceno mensaje de Cosidó -real como la vida misma, pornográfico en su pura exposición- no puede tener otro objetivo que convertir la situación en insostenible. Y así se logró. Hay un sesgo cognitivo que tiende a hacernos percibir una serie de acontecimientos lineales como una sucesión de causalidades que se explican por sí mismas. Algo simple pero a veces erróneo.

Por eso sugiero analizar en plano secuencia, que siempre tiene ese efecto dramático, lo sucedido en los últimos días aunque, insisto, el aparente orden de los acontecimientos no asegura nunca que la realidad se haya producido así. Arranquemos, por no irnos al Génesis, del pornográfico anuncio de quién será el próximo presidente del Tribunal Supremo antes incluso de que se sepa quiénes le tendrán que elegir. La desvergüenza en grado sumo. Nadie hasta ahora se había atrevido a tanto. Este anuncio deja al descubierto todo el contenido del pacto logrado entre el PP y el PSOE, en el que Delgado y Catalá actúan como oficiantes sin que sea precisable su grado de autonomía, y que arroja un panorama que ambas formaciones intentan vender a sus bancadas. El afán de explicar lo que no terminan de entender ningún grupo de referencia es lo que provoca el descubrimiento de todo el tomate.

A los progresistas, Marchena les parece un sapo a no tragar. A los peperos, esa supuesta mayoría y el nombramiento de De Prada -el culpable de la caída- se les indigesta sin remisión. Así que ahí van ambos bandos a esgrimir las ventajas que traerá tal enjuague. Supimos así que en el intercambio iban a dar la presidencia de las Sala II a Ana Ferrer, “una magistrada mujer y progresista”, que le quitara el amargor de la boca a los que esperaban una presidencia del CGPJ femenina y feminista. Ese dato dejó ya claro que también había cambalache jurisdiccional adherido al institucional y que se había hablado de puestos de los que ponen sentencias. Un escándalo.

Eso fue por parte socialista, pero el gallinero del PP también andaba muy revuelto. El propio hecho de que Cosidó decidiera escribir un mensaje en un chat en el que apenas participa, nos indica que el incendio era grande. De haber sido dos o tres, podía haberles convencido individualmente. Es en ese momento en el que a través de un medio -El Español, que ha dado todas las exclusivas de esta jugada- se filtra el mensaje que enloda definitivamente el proceso. Ese mensaje sólo lo tenía gente del PP. ¿Por qué deciden sacarse las vergüenzas a la calle de esa forma? ¿Un alma bendita que no soporta más lo indecente del proceso? La ironía les vendrá bien a los que siguen siendo capaces de creer en lo que desean.

No cabe sino pensar que la filtración es interesada y que hay al menos una parte  de los populares que quieren reventar el proceso. Estas noticias coinciden con los insistentes rumores de que habrá elecciones generales e, incluso, de ese hablar en corrillos periodísticos del superdomingo. Las fechas que se manejan son marzo, superdomingo de mayo o ya en otoño. ¿Ha pensado alguien del PP que teniendo que aguantar sólo cinco meses no tenía sentido hacer tantas concesiones en este momento? ¿Hay sectores del partido que creen que Casado y su entorno estaban pagando una novatada con este acuerdo y que era mejor aguantar ahora? Me dirán que les pregunto mucho, pero ya dijo el clásico que todo es simple pero puede que no fácil.

La constatación por escrito de que todo el objeto del pacto es conseguir dominar órganos jurisdiccionales -no un órgano político como el Consejo, no- cae sobre la huelga de jueces y provoca una situación insostenible. Todos están en una posición de difícil gestión. Así las cosas surge el mirlo blanco que, en defensa de una intolerable injerencia en la independencia judicial y en la suya propia, se sacrifica y se queda fuera de un proceso que, no sé si les cabe duda, sabe que se va a paralizar. Marchena ha sido inteligente. Es inteligente. Más allá de lo grotesco que resulta renunciar a que te elijan democráticamente veinte personas que aún no se sabe quiénes son, es la única oportunidad de salvar las opciones para un futuro. Es demasiado claro lo que pasa cuando los partidos te queman en una negociación de este tipo. Pregunten a los de RTVE. Además, hay mucha gente en la carrera judicial tan escaldada que agarrarse a la alardeada honestidad e independencia del futuro líder les resulta providencial. Lo único que falla aquí es que Marchena no dijo nada cuando se supo que era él el elegido antes de que se iniciara el proceso democrático. No hizo ni dijo nada. ¡Ah, bueno sí, vetó a Victoria Rosell y metió alguna candidata fiscal de su pueblo! Hasta la ruptura de baraja no se le veía muy molesto con lo del cambio de cromos.

Según Cosidó, Marchena les iba a controlar la Sala II “desde atrás”. El que puede lo más puede lo menos. O sea, ya la controlan desde dentro. Se va a quedar controlándola desde “delante” al menos un tiempo y al menos durante el juicio del procés. Nadie puede pensar que el quemado, el arrasado Cosidó, creía con tanta alegría que a través de él iban a controlarlo todo sin tener motivos.  El caso es que inmediatamente después de conocerse el enorme gesto del “presidente no electo in pectore”, el PP ha anunciado que rompía la negociación y renunciaba a renovar el CGPJ. Por supuesto que habrá quien piense que han sido los populares los que han reaccionado al gesto de Marchena de forma espontánea. Allá cada cual.

La gangrena es profunda pero las estrategias no tratan de drenarla sino que hablan de poder. ¿De qué si no?

 

[16] Qué está pasando

Por Suso de Toro 

Articulo publicado el 20 de noviembre de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/pasando_6_837526260.html

 

No es casualidad que lo que ocurre en el principal Estado sudamericano le ocurra al Reino de España, que presume con altivez de hidalgo de ser Estado europeo, pero que en realidad ya se ha desnudado como el Estado corrupto y continuador del franquismo que es

 

Imagen de una marcha nazi en València

España está sumida en un proceso semejante al que se ejecutó en Brasil. Primero, los medios de comunicación crearon una distorsión de la realidad exagerando la corrupción del PT, que era real, y ocultando la de la derecha, generando ansiedad en el país y una demanda de acabar con la corrupción (del PT). Y, segundo, la Justicia procesó al carismático candidato de la izquierda, Lula Da Silva, lo encarceló y no le permitió presentarse a las elecciones. Un verdadero golpe de Estado ejecutado por medio de los medios de comunicación y la Justicia. Naturalmente, detrás estaban los EE UU de Trump, el Ejército y la oligarquía y la victoria de Bolsonaro se celebró con fuertes subidas en la bolsa.

No es casualidad que lo que ocurre en el principal Estado sudamericano le ocurra al Reino de España, que presume con altivez de hidalgo de ser Estado europeo, pero que en realidad ya se ha desnudado como el Estado corrupto y continuador del franquismo que es. Una democracia de una calidad muy parecida a la de algunos países del Este de Europa que se han integrado recientemente en la Unión.

Y lo que vivimos es una crisis de ese sistema político provocada y dirigida directamente por la oligarquía que desde una Corte que es un entramado de financieros, periodistas, militares, magistrados y políticos posee el Estado.

En España los medios de comunicación son el instrumento más claro de la oligarquía, que es su propietaria. Y así grupos como Prisa, Planeta (propietaria de Antena3 y LaSexta, La Razón y determinante en el capital de El Periódico) o Tele5 (Mediaset ), así como todas las cabeceras de Madrid colaboraron unánimemente en la etapa final del segundo Gobierno de Zapatero para llevar a Rajoy a la Moncloa. Lo que vino después fue la continuación, la demonización de los dirigentes catalanes y por extensión de la misma población catalana, el ocultamiento de la violencia contra la población allí y de las ilegalidades cometidas por policías, jueces y fiscales.

A pesar de todo, en parte gracias a algunos medios digitales como éste y a las redes sociales, que una vez y otra culpan y pretenden controlar, emerge la radiografía del Estado. Quien no sea rehén de la prensa y televisiones de la Corte sabe que el Ejército, la Policía y, de manera muy acusada, la Guardia Civil, mantienen una plácida continuidad con el franquismo. Y que, puede que lo más grave, la Justicia no sólo comparte esa cultura política sino que, además, es una parte fundamental de la corrupción política y económica. Es decir, este Estado es rigurosamente antidemocrático y pervierte el contenido democrático que pueda haber en esta constitución o en cualquier otra. Ya no hablo de la monarquía y de un rey, Felipe de Borbón, rigurosamente de extrema derecha y carente de la agudeza del padre.

La presencia en las redes y las calles de la derecha fascista primero fue en Catalunya, donde guardias civiles con coche de la Secretaría General de Seguridad se reúnen con elementos de extrema derecha y coordinan con logística grupos organizados y enmascarados. Ahora los fascistas campan obscenamente también por calles de Madrid, Valencia… No hay duda de que el lanzamiento de la extrema derecha, primero en Catalunya y ahora en toda España, es una operación que nace desde dentro del mismo Estado, con la cooperación, consentimiento o inoperancia de este Gobierno y de los anteriores. Pero eso es posible porque los medios de la Corte primero hicieron su trabajo, legitimaron a la extrema derecha en los periódicos y, sobre todo, en los platós de televisión. El papel que jugaron esas televisiones privadas algún día será estudiado en las facultades de periodismo, sentando y dando igual consideración a demócratas que franquistas. Ese espectáculo de debates entre contrarios en realidad legitimó a los fascistas.

Esto está siendo un proceso de deterioro del proyecto de Estado que continuó sin ruptura el régimen de Franco tras su muerte. En estos momentos nos encontramos en un momento agudo porque ha habido un cambio en el Gobierno que desplazó al partido que expresaba más legítimamente tanto al Estado corrupto como los intereses del IBEX y, además, el Gobierno no tiene una base suficiente ni estable. Eso explica el paroxismo y la cantidad de disparate que se acumula cada día.

¿Qué salida tiene esa situación que sea democrática? Ninguna nacida de la actual política, la de los cuatro partidos que hemos visto enredados en el chalaneo por los puestos del poder judicial y en el cuerpo a cuerpo de cada día. Solamente habrá esperanza desde la ética, solamente desde voces que nazcan dentro o fuera de esos o de otros partidos y que se sitúen fuera de ese juego y que se levante sobre la ética. Esas voces tendrán que reclamar la ruptura con el franquismo y abrir un período constituyente verdadero. Naturalmente tendrán todo en frente, los medios de comunicación más potentes de la Corte, el poder económico, las alcantarillas del Estado, los cuerpos policiales y la Justicia.

Únicamente podrán contar con nuestra escasa cultura democrática y el sentido de la decencia que todavía nos quede.

 

[17] Radio 3W: El fiscal Villarejo destapa una trama de jueces y abogados unidos a la Gürtel que come con Acebes

Por espiaenelcongreso.com

Artículo publicado el 11 de noviembre de 2014 en
 
Acebes ha sido visto comiendo con Marchena, el juez del Supremo que juzga políticos: ¿biscottto? ¿amaño? ¿pasteleo?

“Estos días se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del ex ministro Ángel Acebes, ahora imputado en la causa de Gürtel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS)” [precisamente la que juzga a los políticos en su fuero especial], “un hecho ciertamente vergonzoso y preocupantepor numerosas razones”. Así comienza la denuncia del ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ex eurodiputado de Podemos, en el que enumera a una serie de jueces y abogados que se han corrompido con la “mafia” Gürtel. Y da nombres y apellidos, señalando las pruebas que documentan la “contaminación” entre los magistrados, los abogados defensores de los inculpados en la banda, las empresas y un centro público, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que patrocinan los cursos en los que todos ellos cobran y trabajan juntos. Los pormenores de esta denuncia serán abordados en directo este miércoles 12 de noviembre en Radio 3w durante el programa que a las 12.00 de la mañana emite “Espía en el Congreso” y en el que contaremos con la voz del propio Jiménez Villarejo. Otro bloque radiofónico será Cataluña y la “Operación Canonges”, el simulacro de “referéndum del 9-N, en el que los políticos corruptos del régimen catalán y español (pacto Mas-Rajoy) “se la han liado” a los honrados y entre todos ellos abusaron de la buena fe de 2,2 millones de ciudadanos convirtiéndolos en “extras” de una “película” que ha bajado ya el telón. Para valorarlo, entrevistaremos al diplomático catalán y residente en Madrid, Alberto Moreno, un caso singular en el Ministerio de Asuntos Exteriores porque está afiliado a PodemosEl despido de Pedro Jota Ramírez y la cena de su sustituto, Casimiro García Abadillo con el banquero Blesa, así como la exculpación de la infanta Cristina, serán los otros asuntos analizados en el programa.  Como siempre, los oyentes que quieran opinar podrán hacerlo enviando una grabación o un whatsapp sin coste alguno a través del teléfono +1 607 323 7710 (solo whatsapp, no admite llamadas) o un email. Quien no pueda escuchar en directo este espacio, podrá recuperarlo luego en los podcast de Radio 3w o Ivoox.

¿Quienes diseñaron un país sin separación de poderes que por ello está abocado a la corrupción de sus élites?  El ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo ha proclamado que la Justicia debe ser independiente del poder político y abochorna que no lo sea además de los políticos acusados de cohecho, lo que le ha llevado a formular una denuncia pública que inhabilita ya en la práctica a una veintena de magistrados, abogados y técnicos judiciales. En “Espía en el Congreso” damos sus nombres y por ello tendrán que responder de sus actuaciones y de esta grave negligencia profesional en una investigación independiente de un nuevo CGPJ propiciada por un nuevo régimen democrático en libertad. Estos son los magistrados denunciados y los bufetes implicados:

 

El magistrado Manuel Marchena (Tribunal Supremo), acusado de corrupción

Magistrado Manuel Marchena: además de la comida con Acebes, “en 2007, 2008 y 2009 participó en los Foros de las Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues. Consta el patrocinio de dicho Foro por Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems. En el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008, también participó, conjuntamente con el magistrado Maza Martín, con asistencia de diversos letrados del Despacho Garrigues y de otros, así como jueces de diversos órganos judiciales. En marzo de 2009, el magistrado Marchena intervino, junto al magistrado Sánchez Melgar,en la apertura del encuentro sobre la Responsabilidad de las personas jurídicas que organiza el Instituto de Fomento Empresarial, curso en el que la cuota de inscripción fue de 1.230 euros. Igualmente participa, con el magistrado Miguel Colmenero, en la VII Semana Jurídica Malacitana celebrada en Noviembre de 2007 conjuntamente con letrados de los Despachos ya citados. Según el CV de dicho magistrado, publicado por la Editorial Datadiar, ha sido profesor del Master de Nuevas Tecnologías de la Información organizado por el Instituto de Informática Jurídica de la Facultad de Derecho de ICADE“.

El magistrado Manuel Marchena ha intervenido también en el Comité de Expertos del “Observatorio de la Justicia Gratuita” del Consejo General de la Abogacía y “La Ley” de Walters Kluwer. Su nombre aparece además junto al de Michavila en algún acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de Onésimo a principios del año 2010. En esta ocasión el magistrado compartió el encuentro con otro magistrado del Tribunal Supremo, Sánchez Melgar“.

El magistrado Carlos Lesmes lleva retenida 11 meses la denuncia por corrupción contra jueces del Supremo

 

Magistrados Carlos Dívar (por acción) y Carlos Lesmes (por omisión): “el 7 de mayo de 2012 un grupo de juristas, ante la conclusión de los procesos contra el juez Garzón, en el ejercicio del derecho constitucional de petición, presentó un escrito ante el entonces presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en el que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo que habían participado en los procesos contra Garzón y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas. Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho. Un ejemplo más de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos“.

La corrupción le costó el puesto al juez Carlos Dívar. Taparla le puede costar el suyo a su sucesor.

 

“Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobación y esclarecimiento de los referidos hechos”. Una comisión de investigación deberá determinar “la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades. Y, en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de ‘prohibiciones e incompatibilidades’, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho“.

Angel Benseny: anuncia su empresa como “Juzgado de primera instancia Madrid”.

 

Psicólogo Forense de Juzgado Ángel Benseny Pellicer y Francisco Hernando: “El Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris es una entidad de carácter privado. Es administrador único el director, Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de 1º Instancia de Madrid. Director que, a la vez, es administrador solidario con María Ángeles Mora Martínez“. Angel Benseny estuvo en México con el juez Maza y a la vuelta, el 14 de julio de 2004, llegó a España el magistrado mexicano Guillermo Narváez: “el director del Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris, Angel Benseny, tuvo la oportunidad de entrevistarse con él y presentarle la oferta formativa”, tras verse con “el presidente del CGPJ y del TS”. Entonces lo era el juez Francisco Hernando (PP), que falleció en 2013 con 77 años, víctima de un cáncer de pulmón, según el periodista Francisco Javier Alvarez García. El juez mexicano Narváez también “acordó la promoción” del Máster “entre distintas instituciones del Estado en México”.

El magistrado Maza, en uno de sus viajes pagados a Canarias: hablaba de “bandas y camorra” junto al abogado de la Gürtel

 

Magistrados José Manuel Maza MartínSánchez Melgar y Manuel Marchena: En el plantel de profesores de esta empresa “figuran los magistrados del TS Maza Martín, Sánchez Melgar y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del TS [la que juzga a los políticos], mas numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro. En el Máster, los alumnos pagan por matrícula 14.000 euros y en el Curso de Derecho Penal en Genética y Nuevas Tecnologías figuran como profesores los magistrados del TS Maza Martín y Sánchez Melgar. “Resulta preocupante, para la imagen de jueces y magistrados, hallar en internet desde hace varios años una enumeración de jueces, en particular los del Tribunal Supremo, como reclamo para los cursos de una academia privada“, señala Villarejo.

El juez Juan Saavedra, patrocinado por Caja 7

 

Ex magistrado Juan Saavedra y letrado José Antonio Choclán: “En las Canarias, la entidad económica Caja7 patrocina diversos actos en los que intervienen el magistrado de la Sala Segunda, Maza Martín y el letrado Choclán, defensor del imputado Correa en la causa penal contra la trama Gürtel y que actuó como acusador particular, en representación de dicho imputado, en la causa penal contra el magistrado Garzón por las escuchas del caso Gürtel. Bajo el patrocinio deIuris Comer Canarias S. L., empresa, entre otras actividades, de distribución de fondos bibliográficos, los días 25 y 26 de junio de 2009, se celebra en Tenerife un Curso sobre “La prueba ilícita penal” en el que participó el expresidente de la Sala Juan Saavedra y el letrado Choclán“.

El abogado Choclán, defiende a Correa, el “capo” de la mafia Gürtel

 

“Los días 25 y 26 de Junio de 2009, en la sede de Caja7Juan Saavedra “interviene junto al citado letrado en unas Jornadas en Tenerife sobre laPrueba ilícita penal. Mas tarde, los días 21 y 22 de enero de 2010, en la Universidad de Las Palmas participan en otro evento el letrado Choclán y el magistrado Maza Martín sobre La delincuencia medioambiental en Canarias. Y, nuevamente, el 3 de Noviembre de 2011, con el patrocinio de Caja7y otras entidades, como Iuris Vegueta, el letrado y magistrado anteriormente citados participan, de nuevo en Tenerife, en las III Jornadas de delincuencia y económica y blanqueo de capitales. El 26 de Octubre de 2007, se celebra en la Sala de Conferencias de Cajamar la VII Semana Jurídica Malacitana. Semana en la que, según informó Cajamar, participaron “miembros relevantes de la judicatura española”. Entre ellos, los magistrados Juan Saavedra, Manuel Marchena y Miguel Colmenero. El 10 de noviembre de 2008, en la Sala ya citada se celebra una conferencia sobre La ejecución de las sentencias penales: disfunciones y carencias que modera el expresidente Saavedra”.

Díaz Arias: tiene a sueldo al magistrado Saavedra

 

Bufete Díaz Arias y empresa Datadiar. “En noviembre de 2009, Cajamarconvoca un nuevo acto en Málaga sobre El Tribunal Supremo en la Constitución en el que también interviene el expresidente Saavedra. Acto que fue retransmitido por la empresa Datadiar. Con relación a Saavedra, debe destacarse su condición de miembro del Consejo Asesor del Centro de Formación Datadiar. Centro que dirige el letrado José Manuel Díaz-Arias, principal responsable del Bufete Díaz-Arias, con despachos en Madrid, Barcelona y California (EEUU). Magistrados de diversas instancias judiciales, entre los que figura el presidente Saavedra, se han ocupado de realizar una labor de asesoramiento para la citada empresa”.

Sentados, Ramón Hermosilla Gimeno, Ramón Hermosilla Martín (fundador) y Bernardo Gutiérrez de la Roza; de pie, Javier Rodríguez, Antonio Murillo, Miguel G. Vigil, Jorge Álvarez, Sandra Cabrero, Eutimio Martínez y Pedro Rodríguez Rodero.

“Asímismo, dispone de una oferta online para la adquisición de publicaciones de ciertos magistrados o visionar sus conferencias, como algunas de los referidos Maza Martín y Sánchez Melgar. En dicho centro, el expresidente de la Sala desarrolla una intensa actividad docente, en la que también intervienen algunos de los citados magistrados. Entre otras, los siguientes: los días 12 y 13 de marzo de 2007, organiza unas Jornadas de Derecho Penal Económico que fueron presentadas por el expresidente Saavedra y en la participaron los magistrados Manuel Marchena y Maza Martín. Los días 16 a 18 de noviembre de 2010, se celebran las Jornadas sobre el C. Penal en el juego online, Jornadas que también fueron patrocinadas por el Centro Internacional Carlos Vy la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). En ellas participaron el ex presidente Saavedra y los magistrados Marchena y Maza“.

Adolfo Suárez (hijo), socio de Hermosilla

 

Despacho Hermosilla y Gutiérrez de la Roza: “El 20 de mayo de 2011, el expresidente Saavedra preside el Jurado que ha de otorgar el Premio Cátedra José María Cervellóconvocado por dicha cátedra, la IE Law School y el Despacho de Abogados Hermosilla y Gutiérrez de la Roza. Entre las numerosas actividades extrajudiciales del ex presidente Saavedra, debe citarse su participación en las II Jornada Jurídica de Ceuta, convocada por el Gobierno

 

 

[18] ENTREVISTA AL COPORTAVOZ DE ERC EN EL CONGRESO Gabriel Rufián: “Somos muy conscientes de que gran parte del Parlament será inhabilitado”

 

Entrevista realizada por Carlos Enrique Bayo publicada en el diario digital publico

 

Sus oficinas en el Congreso de los Diputados (las de ERC) no están en el edificio de los leones ni en el contiguo, sino en la acera de enfrente de la Carrera de San Jerónimo, como si ya estuvieran alejándose del Parlamento español que prometen abandonar en cuanto Catalunya declare la independencia. Allí, el despacho de Gabriel Rufián Romero (Santa Coloma de Gramanet, 1982), coportavoz de Esquerra Republicana, es angosto y abarrotado de papeles… desorden por el que se excusa antes de empezar la entrevista.

El enfant terrible de las Cortes es mucho más afable y apacible de lo que aparenta en sus intervenciones desde la tribuna de oradores de la Cámara o cuando llamó “gánster” al exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, al interrogarlo en la comisión de investigación del Congreso sobre la brigada política del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz que desveló Públicoal difundir las grabaciones en su despacho oficial.

Así que lo mejor es no andarse con rodeos:

¿Cuándo se va a producir finalmente el choque de trenes entre el Estado y Catalunya?

Nosotros, después de esta Gestapo española que estamos investigando en esta comisión, que seguramente será cerrada, entendemos que su “operación diálogo” no es más que micrófonos en despachos, policía o brigadas patrióticas, amenazas, titulares, sentencias, inhabilitaciones… esa es la operación diálogo. A nosotros nos sorprende, porque casi es un insulto a la inteligencia. Cuando nos dicen: “Es que no queréis dialogar”. Bueno, es que nos inhabilitan. Ése es el diálogo del Estado español… Dicho esto, pues el choque de trenes desgraciadamente vendrá cuando el Parlament de Catalunya, a tenor de las mayorías absolutas que tiene, empiece a aprobar leyes de desconexión, de independencia… En definitiva, cuando el Parlament apruebe o cree el nuevo marco legal catalán, bajo el que estará el referéndum de autodeterminación.

¿Se están descolgando los comunes [los de Catalunya en Comú, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau] del último acelerón soberanista hacia el referéndum y la independencia?

Los comunes no es que se hayan descolgado, es que nunca se habían colgado. Hay como un mantra de que Podemos nos ayuda y que está con nosotros, y es al revés: la marca blanca de Podemos en Catalunya es Catalunya Sí Que Es Pot [candidatura formada por ICV, EUiA, Podemos y Equo] y entre [Lluís] Rabell y [Joan] Coscubiela se han alineado con el unionismo más reaccionario. De hecho es gente que, juntamente con PP y con Ciudadanos, piden que vayamos a comisiones de investigación por cosas que decimos en actos, ¿no? Cosa que sorprende, sobre todo en diputados aparentemente de izquierdas como Rabell y Coscubiela… Nosotros agradecemos enormemente la valentía que está demostrando Albano Dante Fachín, el representante de Podemos en esa coalición En Comú, y no nos sorprende lo de la cúpula de los comunes. Nos consta que la cúpula de los comunes no hará absolutamente nada por ayudar… simplemente porque no lideran…

¿Por ‘la cúpula de los comunes’ te refieres a Ada Colau y su equipo?

Colau, [Xavier] Domènech… Sí, sí, no harán absolutamente nada. Hay una frase que creo que lo define muy bien y que dice gente mayor que yo, que es: “Si todos aquellos que dicen hoy que corrieron frente a los grises [la Policía Nacional del Franquismo] hubieran corrido delante de los grises, habríamos ganado”. Estamos convencidos de que toda esta gente dirá al día siguiente: “Sí, ganamos”, y que eran independentistas de toda la vida. Pero no harán nada por ayudar. Y lo digo con pesar, desde la experiencia y después de conocer a las personas.

¿Crees que es posible que salga adelante el procès de independencia?

A nosotros –y lo digo con respeto y con afinidad– nos da igual lo que pueda llegar a decir Colau. Nosotros interpelamos a sus votantes y estamos absolutamente convencidos –y no lo digo yo, lo dicen las encuestas– de que la gran mayoría de los votantes de los comunes son autodeterministas… Es gente que quiere votar en un referéndum [de autodeterminación]. Quiere votar que y quiere votar que no, que es otra postura tan legítima como la del . En cambio su cúpula no se posiciona, simplemente porque juegan un poco a ese equilibrio, a ver qué pasa. Y nosotros estamos convencidos de que si el 80% de los catalanes quieren votar, pues votarán… tanto los del como los del no, que también son demócratas, claro.

Pero si se produce otro 9-N, va a ser poco homologable… Con la resistencia activa de todas las instituciones del Estado español, va a ser muy difícil poder votar, ¿no?

Las diferencias con respecto al 9-N son obvias: primero, hay una mayoría independentista total y absoluta en el Parlament de Catalunya, y eso puede parecer una anécdota pero no pasaba el 9-N. Segundo, existe un Gobierno decidido a iniciarlo y a terminarlo, con Puigdemont y Junqueras, y eso no pasaba el 9-N. Y tercero –aunque eso sí que pasaba el 9-N–, guste más o guste menos hay centenares de miles de personas en la calle pidiendo votar. Y a esa gente les puedes decir que la Constitución o que la legalidad o que los jueces… pero es imparable. También es preciso recordar que el Parlament de Catalunya aprobará leyes que conformarán una legalidad que permitirá votar con todas las garantías. La diferencia con el 9-N es que pasarán cosas al día siguiente. Gane el o gane el no.

¿Qué pasará al día siguiente?

Lo que no pasará es que se fraccione la Tierra o deje de salir el Sol o lleguen las siete plagas bíblicas. Si gana el , se iniciará el proceso de autodeterminación de Catalunya con unas elecciones constituyentes. Y si gana el no, pues habrá unas elecciones autonómicas. Pura democracia.

¿Son las autonómicas una alternativa en el caso de que se tomen medidas coactivas que impidan un referéndum en condiciones?

El que crea que no se va a hacer el referéndum, o el que tenga miedo de que no se vaya a hacer, que espere a dentro de tres o cuatro meses.

Pero la propia Soraya Sáenz de Santamaría, que era la que tenía que dialogar con el Govern para encontrar una salida negociada, ha dicho que se tomarán medidas drásticas para impedir que se vote…

Pues nosotros le damos la bienvenida. A ver si así se dan cuenta de que tenemos un Estado en contra. Ya llevamos cuatro o cinco años despertándonos cada mañana con titulares, con editoriales, con amenazas, con inhabilitaciones… A nosotros nos han inhabilitado a políticos simplemente por ser independentistas: tenemos un compañero que no tiene absolutamente nada que ver conmigo a nivel ideológico, como el señor [Francesc] Homs [exconseller de Convergència], que han inhabilitado; que no puede estar aquí simplemente porque dio el OK al 9-N. Aquí podría estar por ejemplo el asesino de Guillem Agulló [independentista valenciano asesinado en 1993 por jóvenes fascistas que hoy dirigen el partido ultraderechista Alianza Nacional]. Podría estar aquí, en el Congreso. No pasaría nada. En cambio, Francesc Homs no puede estar. Yo creo que eso es una anomalía a la que nos hemos acostumbrado…

Todos nos preguntan: “¿Y qué vais a hacer?” Al final la pregunta no es tanto qué haremos nosotros sino qué va a hacer el Estado español, a través de Soraya o de quien sea, para evitarlo. A mí me resultaría mucho más interesante que estuviera aquí Soraya para explicar cómo lo va a hacer para evitar… Lo que sí que entendemos, y somos muy conscientes, y casi es dramático, es que Carme Forcadell será inhabilitada, y Oriol Junqueras será inhabilitado… gran parte del Parlament de Catalunya será inhabilitado. Tendremos editoriales, tendremos amenazas, tendremos tertulias en todas las teles posibles… Pero con todo y con eso, la gente sigue queriendo votar. Ése es otro de los mantras que sorprende mucho aquí, en Madrid, y que seguramente no es gratuito: cuando quieren hacer ver que esto es de un partido, que esto es de un político. Yo recuerdo casi con simpatía cuando decían que Pujol era independentista. Pujol es un tipo que pactó con Felipe González y luego con Aznar y fue autonomista toda su vida… ¡Incluso llegó a ser español del año! Y también sorprende cuando decían que todo esto iba de Mas. Que era una enfermedad de Mas. O ahora cuando dicen que todo esto es una enfermedad de Puigdemont. Que vayan a la Diada y vean la cantidad de gente que sale a la calle. O la que hay cada semana en cualquier acto. Supongo que son mantras que según en qué teles y medios venden mucho.

Bueno, quizá los mayores generadores de independentistas son los que toman esas medidas coercitivas, amenazas e inhabilitaciones.

Yo no lo digo con alegría, pero el PP, Rajoy, Soraya, el Tribunal Constitucional, los medios afines… hacen lo que hacen porque así ganan elecciones. Rajoy lleva a Carme Forcadell [presidenta del Parlament] a un juzgado para que la inhabiliten porque así gana elecciones. Ése es el principal encontronazo que tenemos con los compañeros de Podemos o de los comunes. Ellos ignoran o quieren ignorar el hecho de que el PP gana elecciones haciendo lo que hace. Y nosotros les decimos que nos sabe muy mal, pero es así. De hecho, Núñez Feijóo [líder del PP en Galicia], por ejemplo, comparó el independentismo con la ETA. Consecuencia: mayoría absoluta. Susana Díaz [presidenta andaluza, del PSOE] ha sido durante mucho tiempo el mirlo blanco de la izquierda española y comparó el independentismo con los robos. Miguel Ángel Rodríguez [exportavoz del Gobierno de Aznar], ayer, comparó el independentismo con violaciones a su hija. ¿Consecuencias? Cero. Y hacen lo que hacen porque así ganan elecciones. Y repito, no lo digo con alegría.

También es porque el sistema electoral prima los votos en zonas rurales, en provincias despobladas… Pero el PP ha perdido gran parte de su fuerza política en muchas grandes comunidades, como Catalunya, Valencia, Euskadi, Aragón…

La única amenaza para el régimen del 78, la verdadera moción de censura a Rajoy, es el referéndum catalán de autodeterminación. Esa es la única derrota que tiene Rajoy en el horizonte

Me encantaría creerlo, pero opino radicalmente en contra de ese diagnóstico. De hecho, hay un mapa muy significativo después de las últimas elecciones que es todo azul, todo azul, excepto Euskal Herría y Catalunya. Me encantaría creer que el PP está perdiendo, que está de capa caída. Pero aunque hagamos esa ciencia ficción, ¿acaso el PSOE es diferente con respecto a Catalunya? No lo es. De hecho, tenemos a insignes líderes del PSOE diciendo auténticas barbaridades de lo que estamos haciendo en Catalunya, que es simplemente que la gente vote. Y donde no llegue el PP y no llegue el PSOE, llegará Ciudadanos. Que no está de capa caída. Ojalá lo estuviera. Y donde no lleguen estos tres, llegará el Tribunal Constitucional. Yo creo que la única amenaza para el régimen del 78, la moción de censura real a Rajoy, somos nosotros, es el referéndum de autodeterminación en Catalunya. Esa es la única derrota que tiene Rajoy en el horizonte. De hecho, convocarlo, gane quien gane, ya será una derrota para Rajoy. Es la verdadera moción de censura al PP.

Después de lo ocurrido judicialmente tras el 9-N, ¿puede haber muchos funcionarios catalanes que tengan temor a participar en la organización y ejecución del referéndum por las consecuencias que puede tener para sus puestos y sus carreras profesionales?

La verdad es que no he llamado a todos y cada uno de los funcionarios de Catalunya, pero creo que le tienen mucho más miedo a Rajoy que a una urna. Al final, repito, se trata de votar. Creemos que, hasta el final, los políticos catalanes tenemos que asumir las consecuencias de todo este proceso y proteger, o dejar de lado incluso, a la parte más débil, que son los funcionarios, el cuerpo funcionarial. A todos, incluidos los Mossos d’Escuadra. Pero si gana el referéndum, se crea otra legalidad, otro status quo y, como cualquier proceso de autodeterminación en la historia contemporánea de la Unión Europea (porque ha pasado más veces y no pasaba nada), entonces el cuerpo funcionarial dependerá de la legislación catalana.

Sí, claro, temen más a Rajoy que a la urna, por supuesto, lo que temen son las represalias que pueden sufrir.

Me refiero a que hay una cantinela en Madrid de que “queréis poner en peligro a los funcionarios”. Los peligros para los funcionarios son los recortes que hay… de todas las administraciones, no sólo de la central.

¿Cómo se puede poner en marcha, en la práctica, esa consulta popular, si la Administración central toma todo tipo de medidas coercitivas para impedirlo?

Repito: En el Parlament de Catalunya, de los 135 diputados, 72 están a favor de que la gente pueda llegar a votar en el próximo otoño. Si gana el en el referéndum, se creará una nueva legalidad.

¿Pero se podrá homologar el resultado del referéndum si no se puede efectuar con todas las garantías?

Nosotros no esperamos nada del Estado español. Pero España debe el 100% de su PIB y estará muy interesada el día después [del referéndum] en entenderse con Catalunya. Es nuestra última garantía. La deuda que tiene encima el Estado español. Y también apelamos continuamente a entidades supranacionales. Europa está atendiendo cada vez más a lo que está sucediendo, sobre todo después de esta violencia y esta ofensiva judicial del Estado español. Nos consta que cada vez hay más y más voces que no acaban de entender no solamente la persecución política o judicial a políticos, sino también el hecho de que la gente no pueda votar. Ha habido casos muy recientes en los que las poblaciones han podido votar. De hecho, procesos electorales de referéndum por parte de dirigentes muy conservadores, como David Cameron [expremier británico que convocó la consulta en Escocia], que es poco sospechoso de ser antisistema.

Bueno… en Reino Unido no hay Constitución y aquí sí…

A mí me sorprende y me alegra que ahora haya tantos constitucionalistas. Un montón que se acuerda un mogollón de según qué artículos cuando han estado obviando y violando directamente esa Constitución de forma reiterada en los últimos cuarenta años, como el artículo 47, el 128 o el propio Artículo 135 que cambiaron en una reunión de una noche. Nos parece un ejercicio de hipocresía absoluto que ahora se acuerden tanto de la Constitución que otras veces no les ha servido para nada.

Según los sondeos, una gran mayoría de los catalanes quiere votar, pero el resultado lo dan muy igualado. Con las últimas presiones y advertencias más duras desde el Gobierno, además de la última intervención de Pedro Sánchez apoyando al Ejecutivo, ¿podría inclinarse una balanza tan igualada?

Estamos hablando de un partido, el PP, que es el último en las encuestas en Catalunya; de Ciudadanos, que está en el rango del penúltimo, y el PSOE está ocupando un espacio cada vez más secundario a través de su marca blanca, el PSC. Si el PSC sigue alineado con el unionismo más reaccionario, irá perdiendo cada vez más apoyo. No lo digo yo, lo dicen los sondeos. Sorprende porque hace cuatro o cinco años sus líderes, en este caso Pere Navarro, sí que decían de forma abierta que había que hacer un referéndum porque era la mejor forma de solucionar la disputa territorial o nacional. En cambio, ahora dicen lo contrario. La victoria de Pedro Sánchez creo que ha sido mejor recibida por sectores de Podemos en el Congreso que por la población de Catalunya.

Nos sorprende cuando alguno de los compañeros de Podemos nos dice: “Ahora, con Sánchez, todo cambiará”. La experiencia que tenemos con él es muy negativa. Ya renunció a gobernar su país porque se negó a hablar de urnas en Catalunya. Se negaba a hablar de la nación catalana. Ahora, porque se haya puesto una chupa, en vez de una americana –igual que hacía Felipe González con la de pana– la gente ¿cómo puede creer que todo va a cambiar? La diferencia entre Sánchez y Susana Díaz es que Sánchez es más guapo, más simpático.

Pero ahora habla de una “nación de naciones”.

Sí, perdió la secretaria general y se puso a hablar de eso, pero en la reunión que nosotros tuvimos con él se negó a hablar de una nación catalana.

Eso fue antes de las primarias…

Sí, hace unos ocho meses. Ojalá ahora cambiado y sea una especie de Gramsci, de federalista asimétrico, pero creo que no. Ojalá me equivoque.

¿El federalismo asimétrico sería compatible con vuestra idea de una república catalana?

Decía Castelao una frase con la que me siento muy identificado: “Yo era federalista hasta que me di cuenta de que no había nadie que se quisiera federar conmigo”. A mí me encanta la ciencia-ficción, me encanta Blade Runner, Alien… pero creo que en esta España el federalismo está muy lejos de alcanzarse. De hecho, creo que la única ruptura con el régimen del 78, la única posibilidad de que España sea un país de países real, de confederaciones, es que Catalunya pueda llegar a votar. Muchos de nosotros también lo hacemos por Andalucía, por Galicia, por Euskal Herría, por els Països Catalans… Esa idea un poco perversa de que nosotros somos unos egoístas y que pasamos de todo… Pues no, yo también lo hago por los republicanos a los que hace 80 años les robaron un país.

¿Os sentís cómodos en vuestra alianza con una Convergència que tiene un historial de corrupción?

Nos sentimos igual de cómodos que Colau con [Jaume] Collboni [líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona], que [Mónica] Oltra [de Compromís, vicepresidenta de la Generalitat valenciana] con Ximo Puig [presidente valenciano, del PSPV], que tantos ayuntamientos y tantas comunidades autónomas de Podemos con el PSOE. Nos sorprende que en Podemos sean más benevolentes con el PSOE que con el pueblo de Catalunya. El marco mental es muy perverso: con el PSOE, sí, pero con Convergència, no. En España, sí, pero en Catalunya, no. El independentismo es el 3%, es Pujol y son las sedes embargadas. Pero, en cambio, yo no tengo nada que ver ni con Narcís Serra [ex ministro socialista que dirigió la hundida Caixa Catalunya], ni con los EREs ni con Chaves y Griñán [expresidentes andaluces socialistas imputados en ese caso].

Nosotros respetamos enormemente a los ayuntamientos del cambio, los de Podemos, los de los comunes, que son con el PSOE. La pregunta es por qué a nosotros nos invalidan porque vamos con un espacio social, político y parlamentario imprescindible para ganar como es el PDeCAT, igual que ellos van con un espacio imprescindible para ganar como es el PSOE. A mí no me gusta todo lo que pasa en el Parlament de Catalunya pero estoy convencido de que a [Pablo] Iglesias no le gusta todo lo que pasa en el Ayuntamiento de Barcelona. Entendemos que son procesos de cambio, o de ruptura. Podemos tiene una vía que creo que es más lenta que la nuestra pero también comprende que tiene que tener aliados con un pasado complicado porque sin ellos no se gana. Hay que pensar en el votante, también. Sin el votante, el señor o señora que no ha robado en su vida pero que de forma lícita vota al espacio del PDeCAT, el nuevo partido de Convergència, no se gana. Igual que entiende seguramente Colau que sin lo que representa el espacio electoral del PSOE en Barcelona, no se gana. Lo que nos sorprende es que en todas las entrevistas a nosotros nos terminan preguntando por Pujol, y a Colau nadie le pregunta por Narcís Serra.

El fiscal del caso Palau acaba de afirmar que se usa la bandera para justificar cualquier atropello con la cartera…

Sí, igual que la gente que lleva una pulserita de España y tributa en Panamá…

Mal de muchos…

A nosotros nos encantaría que… Yo lo he dicho antes: Pujol es lo peor que le ha pasado a la política catalana, junto con Ciudadanos. Aquellos que nos quieren vincular con Pujol demuestran una enorme miopía social y política con respecto a Catalunya. ¿Por qué no tienen tantas portadas los EREs de Chaves y Griñán? ¿Por qué a Iglesias nadie le pregunta por ellos? ¿Yo qué tengo que ver con [Lluís] Prenafeta [secretario de la Presidencia con Pujol y hoy imputado en el caso Pretoria] y con [Fèlix] Millet [expresidente de la Fundación del Palau]? Millet es un señor que es miembro honorífico de la FAES [fundación que preside Aznar]. ¿Qué tiene que ver Millet con el independentismo catalán?

CiU nunca fue independentista. ¿Abrazaron el independentismo cuando vieron que se desmoronaba todo su tinglado?

Eso es un mantra unionista. Al que crea eso, le invito a que venga a Catalunya y se quede un ratito. Guste o no, Convergència ya no es lo que era. Los líderes han cambiado, el partido ha cambiado, el nombre ha cambiado, incluso el discurso a cambiado. Nosotros damos la bienvenida a ese cambio, pero cualquiera que tenga que dar explicaciones frente a un juez, que las dé. Por nosotros no será. ERC ha votado a favor de que en el caso Palau todo el mundo dé explicaciones. Desde Madrid se quieren vincular mucho los casos de corrupción con el independentismo y no tienen nada que ver. Como ya he dicho muchas veces, a algunos les pillará la independencia de Catalunya hablando de Pujol. Que sigan hablando de eso. Y ojalá algún día el PSOE, que tanto pacta con Podemos y a ellos no les preguntan por el PSOE, emprenda este proceso de cambio que está experimentando Convergència.

¿Cree que CDC está transformándose en un partido diferente de lo que era?

No lo digo yo. Lo dice la realidad. ¿Hace unos años sabías quién era Carles Puigdemont? ¿Marta Pascal, lo sabías?

Precisamente las inhabilitaciones hacen que surjan alternativas cuanto menos conocidas mejor…

A mí me hace gracia que ahora que Pedro Sánchez ha vuelto a la secretaría general del PSOE se diga que ese partido ha cambiado y hay un nuevo PSOE. Mientras que en el PDeCAT que hayan cambiado los líderes y hasta el nombre, nada: “Son los mismos”. Hay que ser un poco ecuánimes.

Algunos partidos tienen las sedes embargadas y otros no…

El PSOE también tiene sedes embargadas… De hecho el caso de corrupción más bestia, repito: más bestia de la historia contemporánea europea son los EREs de Andalucía. Pero igual son cosas mías. Pero se habla poco de eso y mucho del Palau. Y nosotros estamos encantados de que se hable del Palau y que todos tengan que dar explicaciones, sin ningún problema. Ojalá, en España algún día se llegue a ese punto. Pero si un proceso de autodeterminación y un camino a la independencia se tiene que deslegitimar porque un partido tiene sedes embargadas por su actividad de gobierno durante los últimos veintipico años… España debería ser desmantelada.

Si se acaba por hacer una declaración unilateral de independencia, ¿os retiraréis del Congreso de los Diputados?

Hago una enmienda a la totalidad. Decía Anguita: “Programa, programa, programa”. Nosotros decimos: “Referéndum, referéndum, referéndum”. No habrá caos ni una invasión zombi ni nada de eso. Lo que queremos es que la gente vote. Y hemos hecho una promesa electoral: si gana el a la independencia en las urnas, nosotros nos marcharíamos del Congreso de los Diputados. Y, claro, después tendría que haber una representación catalana en Madrid, igual que la hay en Bruselas. No pasa absolutamente nada.

¿Quieres decir que no habrá declaración unilateral de independencia?

Nosotros hasta el último minuto intentaremos pactar con el Gobierno del Estado español… que da pocas explicaciones. Nosotros damos muchas. A lo que no renunciaremos en ningún caso es al referéndum de autodeterminación. No hay un Plan B, como parece que se está sugiriendo aquí.

Pero allí también se plantea otra alternativa al referéndum: si al final salen los tanques a la calle y no se puede votar…

Los tanques son los medios de comunicación. Según qué mantras, qué marcos mentales… que veinticuatro horas al día se esté diciendo en todas las televisiones que nosotros nos comemos a los bebés por las mañanas y cosas así… La cuestión es que lo que se ha dicho en Catalunya alguna vez es que hay una mayoría que da pie a aprobar un montón de cosas, igual que aquí la hay. A mí no me gusta que aquí haya una mayoría en el Congreso como la que hay: de facto, una mayoría PP/PSOE/Ciudadanos. No me gusta. Pero es lo que hay. Y en el Parlament de Catalunya hay otra mayoría, y ésa da pie a que se puedan aprobar todas las leyes que haga falta.

 

 

 

 

 

1 Comment

  1. EL HIJO DEL JUEZ MARCHENA, MANUEL MARCHENA PEREA SE ENCUENTRA DENUNCIADO ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN JUNTO A UNA TRAMA DE POLICIAS NACIONALES CORRUPTOS, Y AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE POZUELO Y A SU TITULAR, PARA TAPAR LOS DELITOS DE UNO DE LOS MAYORES CORRUPTOS AFINES AL PARTIDO POPULAR, QUE SE DEDICA A LAVAR DINERO NEGRO Y A CREAR ESTRUCTURAS OPACAS PARA ELLOS, EL ABOGADO MANUEL BUERGO SANZ, CUÑADO DE LUIS BRIONES FERNANDEZ EL QUE FUERA EX-DIRECTOR DEL GABINETE Y ASESOR EJECUTIVO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA EN LAS DOS LEGISLATURAS DE AZNAR. SI ALGUIEN CONSIGUE SACAR A LA LUZ LO QUE HAY DETRAS DEL SEÑOR BUERGO, TEMBLARAN LOS CIMIENTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL

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