MARCHENAGATE

[1] El misterioso currículum de Begoña Gómez: ni rastro de sus publicitadas titulaciones académicas

Por Daniel Basteiro

Artículo publicado el 14 de agosto de 2018 en
 
 
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. JALEOS

 

Se ha difundido que es licenciada en Márketing y que tiene dos másteres. Ni el IE, que la ha fichado, ni Moncloa, ni la UCM, donde da clase, ni ESIC, donde estudió, facilitan un currículum básico.

El capítulo de ‘Borgen’ que tendrían que ver Pedro Sánchez y Begoña Gómez para no meter la pata.

El pluriempleo de Begoña para no estar a la sombra de Pedro: profesora y primera dama.

Si busca “Begoña Gómez Fernández” en Google y consigue desbrozar la lista de resultados para deshacerse de los cientos de artículos que la prensa ha publicado sobre ella, incluidos los de este periódico, apenas encontrará nada. Tras muchos años de vida profesional, algunos como directiva en una empresa y con participación en congresos profesionales y actos públicos, apenas queda rastro en internet de la esposa del presidente del Gobierno

Es prácticamente imposible encontrar entrevistas a Gómez que no hayan sido las pactadas con los medios durante las últimas campañas electorales (y se cuentan con los dedos de una mano). No figuran apenas publicaciones que hablen sobre la esposa del presidente del Gobierno, fichada por IE (antes Instituto de Empresa) para dirigir un centro volcado en África, según anunció la propia compañía este miércoles. Tampoco hay artículos académicos o conferencias que haya pronunciado.

Podría argumentarse que Gómez es muy discreta o que, legítimamente, ha tratado de minimizar su presencia online, logrando que se retiren incluso referencias antiguas, previas a la llegada de su marido a la primera línea de la política en 2014 como líder del PSOE. Otras personalidades públicas contratan para estas tareas a empresas especializadas en borrar la conocida como huella digital . 

Lo más sorprendente es que en ninguna de las instituciones con las que mantiene relación en la actualidad figure ni tan siquiera una relación básica de titulaciones académicas. Este periódico se ha puesto en contacto con IE, el equipo del presidente del Gobierno, la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez codirige cursos de formación, y ESIC, la escuela de negocios y márketing donde en principio estudió, pero ninguna ha podido facilitar una breve trayectoria académica de la esposa del presidente del Gobierno. 

Ninguna de estas instituciones ha podido tan siquiera confirmar, una semana después de que se anunciase su fichaje, que es licenciada en Márketing y posee dos títulos de Máster, uno en administración y dirección de empresas (MBA) y otro en administración de relación con clientes (CRM), como figura en las pocas páginas web que aún conservan alguna línea sobre su trayectoria. 

Trayectoria de Gómez en el programa del último Congreso Nacional de Márketing y Ventas de APD.

Un ejemplo de su publicitado currículum es el programa del último Congreso Nacional de Márketing y Ventas, celebrado en Sevilla en octubre del año pasado y que fue organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), un colectivo profesional de directivos de empresas con presencia en varios países y varias décadas de historia, según su web. El folleto también puede encontrarse en la web de la Asociación de Márketing de España.

En la web de perfiles profesionales Xing, similar a Linkedin, se indica que Gómez es licenciada en Márketing y que cursó sus estudios entre 1989 y 1994, aunque es poco probable ya que, según se ha publicado en varias ocasiones, Gómez nació en 1975. 

De ella misma sólo se pueden encontrar las siguientes palabras, en un vídeo reciente: “Yo tengo un expertise de más de 20 años dentro del ‘tercer sector’, que engloba diferentes organizaciones tanto de cooperación al desarrollo como investigación, también cultural, social…”

Las explicaciones oficiales

Al comunicar su fichaje, el IE anunció también la creación de una nueva división, el Africa Center, que será dirigido por Gómez. El amplio comunicado de prensa del IE apenas dedica un párrafo a explicar la trayectoria de Gómez, pero en ningún momento indica que esté en posesión de licenciatura o título de máster alguno.

La esposa del presidente cuenta “con más de 20 años de experiencia en consultoría y docencia”, se limita a decir, de forma escueta, la nota, donde sólo se referencian dos instituciones con las que mantenga vinculación: el Grupo Inmark, donde trabajaba hasta que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, y la Universidad Complutense de Madrid, donde es codirectora de un máster de Dirección en Fundraising Público y Privado en organizaciones sin ánimo de lucro. “No tenemos nada más”, explicaban desde el IE al ser preguntados por la formación académica de Gómez, que ahora pasará a trabajar para un centro que precisamente forma directivos y expide títulos. 

En Moncloa no se distribuye ninguna información sobre Begoña Gómez, a pesar de que tradicionalmente las parejas de los presidentes de Gobierno han contado con uno o dos trabajadores públicos como asesores o asistentes. “Moncloa no ofrece información sobre la incorporación de Begoña Gómez a IE”, explica un portavoz oficial, que remite a la empresa que la ha contratado. 

Consultados por este periódico por vías oficiales, ni la UCM ni ESIC, donde presuntamente Gómez habría logrado una licenciatura y dos másteres, fueron capaces de suministrar una lista de títulos y años en los que fueron completados. “Estamos verificando la información”, explicaron desde ESIC. Desde la UCM se argumentó que, en pleno agosto, no es fácil verificar la formación de una de las directoras de máster que figura en su web.

En OK Diario han informado, además, de que el título que le ha servido a Begoña Gómez para dirigir el Africa Center no lo consiguió en ESIC, sino en la M&B Escuela Superior, un centro privado madrileño que expide títulos no homologados oficialmente. Es decir, la titulación de la esposa del presidente del Gobierno no sería equivalente en ningún caso a una licenciatura, contrariamente a la idea que se ha trasladado.

SUMARIO:

[1] El misterioso currículum de Begoña Gómez: ni rastro de sus publicitadas titulaciones académicas, por Daniel Basteiro
[2] Marchenagate, por Elisa Beni
[3] La hija de Marchena, por Elisa Beni
[4] Documento BOE-A-2018-10481
[5] Dos asociaciones judiciales piden explicaciones sobre la plaza de fiscal para la hija de un magistrado del Supremo, por eldiario.es
[6] El Poder Judicial defiende la legalidad de la plaza de fiscal concedida a la hija de un magistrado del Supremo, por eldiario.es
[7] El CGPJ defiende la polémica concesión de una plaza de fiscal a una hija del Supremo, por Efe
[8] El CGPJ crea ad hoc una plaza de fiscal para la hija de un juez del Supremo, por Economía Digital
[9] AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
[10] Comunicado de la Comisión de Selección integrada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el CGPJ,  por Comunicación Poder Judicial
[11] La reasignación de plaza ‘sin precedentes’ de la hija de un juez del Supremo, por ELPLURAL.COM 
[12] Sospechas de trato de favor a la hija del presidente de la sala que juzgará el 1-O, por El Nacional 
[13] JUECES CON ANTECEDENTES : MANUEL MARCHENA GÓMEZ, por losgenoveses.net
[14] La hija del Magistrado Marchena podría haber sido nombrada ilegalmente funcionaria por la mujer de Pablo Llarena, por  Juez Fernando Presencia
[15] Silencios y fake news en el Marchenagate, por Elisa Beni
[16]Pablo Casado y Manuel Marchena: destinos que se cruzan, por Javier Pérez Royo

[17] Manuel Marchena Perea, hijo del Magistrado, abogado del despacho principal de Legalitas 

 

[2] Marchenagate

Por Elisa Beni
 
Artículo publicado el 28 de julio de 2018 en
 
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena EFE

“Me llamo X. Aprobé los exámenes de acceso en la convocatoria del año pasado (BOE, 5 de diciembre de 2016). Elegí la carrera judicial que era mi vocación, pero cuando llegó mi número ya no quedaban plazas de juez y me asignaron ser fiscal. Sofía Marchena eligió la carrera judicial y ahora resulta que puede volver atrás y elegir la carrera fiscal. Si ella hubiera elegido fiscal -como hace ahora en una segunda oportunidad inaudita- YO HOY SERÍA JUEZ. A mí, en dos años, nadie me ha notificado que esta señora deja la Escuela Judicial. Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”. Este mensaje apareció en uno de mis buzones tras la publicación esta semana de las anomalías en la asignación de una plaza de fiscal, especialmente creada para ella, a la hija de Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo (La hija de Marchena). Cuando la Comisión de Selección, en un comunicado insólito, se nos acabarán los adjetivos para lo nunca visto, explicó tras mi columna que nadie había sido perjudicado, tampoco decía toda la verdad.

Más allá de la ley de la omertà, vamos a seguir hoy tras la pista de la inédita plaza 36 de la oposición de fiscales de este año. La plaza de la hija de Marchena. Nunca pensé que intentar buscar transparencia en el Poder Judicial pudiera parecerse a la tarea de Saviano, pero lo cierto es que me estoy encontrando con opositores advertidos sobre posibles represalias que borran todo rastro de sus quejas en sus foros y en las redes sociales, con medios de comunicación que se ponen de perfil ante una situación tan grave y de tan necesaria aclaración como los másteres fantasma y con una pléyade de mensajes que me recuerdan con cariño que tenga cuidado con Marchena que es un tipo muy poderoso. Cierto es. Es poderoso, busca más poder y, además, tiene una característica que no todos los jueces tienen y es que conoce los sutiles hilos que lo conforman y tiene arte para moverlos.

El CGPJ y la Comisión de Selección de la oposición a jueces y fiscales han hecho públicos sendos comunicados para explicarnos que todo está bien. Tan bien está, que las asociaciones judiciales, excepción hecha de aquellas a las que pertenecen algunos de los que podrían estar implicados en las irregularidades, tras leerlos, se han puesto en pie de guerra exigiendo al Consejo General del Poder Judicial la documentación que permita probar si se produjeron o no actos irregulares o no lícitos. Me gusta particularmente la petición de las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia que termina con un litúrgico, pero también rotundo: “Es Justicia que pedimos en Madrid a 26 de julio”. Pedir justicia y transparencia y control de la corrupción es tarea que también tenemos los periodistas. Ahí lo dejo.

Sí, hay evidencias de que la hija de Manuel Marchena ha podido beneficiarse de una serie de decisiones hechas a su medida para poder cambiar de opinión y después de haber elegido cuando correspondía ser juez poder ahora ser fiscal. Dejar de estudiar en Barcelona para poder formarse en Madrid, plaza en la que reside su familia. Esos interrogantes sobre una legalidad ad hoc creada para ella, no son un fantasma ni mucho menos una conspiración independentista contra Marchena como algunos tiralevitas quieren insinuar. A menos que gran parte de la carrera judicial y fiscal y miles de opositores indignados puedan ser considerados conspiradores. No, lo que sucede es que una oposición de esta envergadura es un hito personal tan profundo que nadie está dispuesto a que se lo devalúen poniéndolo en duda ante la opinión pública. A los ciudadanos debería importarnos, tanto o más que otros escándalos educativos, porque si no reaccionamos ante la posibilidad de que las personas con poder estén manipulando los resortes para conseguir que sus hijos accedan a los puestos que desean, estaremos aceptando la peor lacra que el sistema de oposición pública quiso evitar: el nepotismo, el enchufismo y el amiguismo. Estaremos asumiendo que no nos importa si manipulan o no el acceso a puestos tan sensibles como los de fiscal o juez. Aceptaríamos que no nos importa la corrupción institucional.

Sofía Marchena eligió ser juez y ahora elige ser fiscal siendo que ambas carreras son estancas y esta marcha atrás no se le ha permitido jamás a nadie. ¿Se le va a permitir a X, la fiscal por obligación con la que arrancaba esta columna? Si la ingeniería jurídico-administrativa alegada se ha creado exclusivamente porque la afectada se llama Marchena y es hija de quien es, estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas que podría tener una gravedad más allá de lo administrativo. Por eso las asociaciones de jueces y fiscales quieren una documentación que respalde los puntos oscuros de todo este suceso. Los jueces han pedido oficialmente al CGPJ que se acredite cómo se solicita la transformación de una plaza de juez en una de fiscal para que la ocupe Sofía Marchena y el acuerdo ministerial en el que se concede. Esto es primordial porque, además, las plazas que se convocan tienen una dotación presupuestaria en cajas distintas. Esos jueces y fiscales deberán ser pagados el resto de su vida activa, así que esa dotación existe para un número concreto de jueces y para un número concreto de fiscales. En la Administración no se puede cambiar el dinero de bolsillo como hacemos en la vida diaria. No vale pasar dinero de una caja a otra sin respaldo legal. Eso es lo que tienen que mostrar para poder comprobar que se hizo adecuadamente o si, en caso contrario, hay responsabilidades.

Han pedido también el soporte documental y legal de cómo la Comisión de Selección le asignó a Sofía Marchena una nota inventada, pero que les venía bien según ellos mismos dicen, y que no se corresponde con la publicada por dos veces en el Boletín Oficial del Estado (cuando aprobó y en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, el acuerdo de Nochebuena). Y es que el BOE no es el ¡Hola!. Lo que se publica en el BOE tiene peso de ley y no puede ser alterado o cambiado según acomode a unos u otros.

Por último, los jueces han exigido al Consejo que les entregue los boletines de petición de asignación de carrera, fiscal o judicial, de todos los aprobados este año para comprobar que, efectivamente, la asignación a la hija de Marchena de una plaza de fiscal inexistente en la convocatoria no ha perjudicado a nadie. Esta demanda, como hemos visto, es insuficiente puesto que puede haber perjudicados en la promoción anterior.

Los que esperan que el verano entierre en arena, calor y olvido el Marchenagate creo que van a quedarse con las ganas. Y más nos vale. La integridad y la limpieza de la forma de acceso a las carreras públicas es irrenunciable. El respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad ante la ley, también. El esfuerzo de tantos jóvenes no puede ser devaluado. Puede que algunos crean que es difícil explicarle a la ciudadanía lo que nos jugamos si miramos para otro lado, pero yo sospecho que, por contra, es tremendamente fácil que entienda de qué hablamos y qué nos jugamos.

[3] La hija de Marchena

Por Elisa Beni
 
Artículo publicado el 25 de julio de 2018 en
 

Yendo la última de los aprobados, con una nota que no es la suya ni la aprobada en la Permanente sino elegida a posteriori, Sofía Marchena ha sido elegida fiscal en una plaza inexistente en principio

¿Cómo se explica que el CGPJ acuerde y publique en BOE una cosa y luego no la cumpla para no perjudicar?

La transparencia y la limpieza deben regir los actos de toda administración y, como no, aún más si cabe del órgano de Gobierno de los jueces que son aquellos llamados a controlar la de los otros. Por eso, cuando la sombra de la duda se cierne sobre sus actos es necesario que estos sean explicados, aclarados y dejados fuera de toda sospecha ante la ciudadanía y ante aquellos que puedan haberse visto agraviados por ellos. Si el acto que semeja mancillado lo es, además, por la sombra del nepotismo, no cabe dilación a la hora de hacerlo.

Este es el caso de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación de la plaza número 36, de la convocatoria pública de 35 plazas de fiscal, a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Hace calor y en muchos rincones de España, jóvenes esperanzados estudian su oposición con gran sacrificio personal. Ayer estaban soliviantados. ¿Cómo se concede la plaza número 36 si sólo había 35 plazas? ¿Cómo es que esa plaza inesperada es para Sofía Marchena Pereda, hija del magistrado Marchena? ¿Deben comenzar a desconfiar de algo que les parecía tan sólido y neutro y justo como una dura oposición? ¿Debemos hacerlo los ciudadanos? Voy a intentar responder a algunas de estas preguntas pero es seguro que serán otros los que tendrán que hacerlo para asumir su responsabilidad.

Comenzaré por el principio para ver dónde se hallan las grandes dudas de un proceso que puede resultarles farragoso.

La hija de Marchena aprobó en 2016 la oposición común a las carreras fiscal y judicial con una nota de 68’20 y eligió irse a la Escuela Judicial para ser juez. Según los datos públicos de la convocatoria, el último aspirante que eligió ser fiscal tenía un 50’66 lo que significa que ella podía haber elegido ser fiscal. No fue así. Optó por ser juez. Esto es importante porque una vez elegida una u otra carrera, la permeabilidad entre ambas es nula. Sofía Marchena se incorporó a la Escuela Judicial y al mes de estar en ella tuvo que abandonarla por una enfermedad. Lo cierto es que no es la primera vez que esto sucede, evidentemente. La ley ya dice claramente que a quien le suceda esto, se le permitirá incorporarse a superar su fase de Escuela con otra promoción. ¿Por qué no pasa eso con la hija de Marchena? ¿Por qué no se espera a que se recupere para volver a incorporarse?

Lo que sucede es algo bien distinto. El día 21 de diciembre de 2017, al filo de la Nochebuena, se toma un acuerdo en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante el cual la aspirante a juez Marchena  es suspendida como funcionaria en prácticas por su enfermedad pero, además, resuelve que la hija de Marchena “se incorpore a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo inmediato al dictado de esta resolución”, es decir, la retrotrae al momento en el que aún no había elegido entre ser juez y fiscal. ¿Por qué se hace esto? Es inaudito. Ningún director de la Escuela Judicial recuerda que un caso de ausencia por enfermedad se resolviera de ninguna otra manera que como está indicado: volviendo a iniciar el curso con otra promoción. El acuerdo de Nochebuena dice además que conservará la nota y todos sus derechos. Podría parecer justo pero al propio CGPJ no se lo ha parecido puesto que, a pesar de haberlo acordado, hoy hemos sabido que se le asignó otra nota inferior a esa (52’31) justo por debajo del último admitido “para no perjudicar a nadie”. ¿Cómo se explica que el CGPJ acuerde y publique en BOE una cosa y luego no la cumpla para no perjudicar?

¿Cómo y por qué adopta este acuerdo la Comisión Permanente -el sanedrín reducido de Lesmes-? ¿A petición de quién? Aclaremos que un órgano de este tipo no se pronuncia en el vacío sino que el problema o la cuestión ha de llegar por vía legalmente autorizada para estimular la adopción de ese acuerdo. El CGPJ ha aclarado que tal cuestión llegó a la mesa de la Permanente a través de una propuesta de la Directora de la Escuela Judicial. ¿Por qué y a título de qué la directora de la Escuela propone que se adopte una resolución sobre un problema cuya solución ya se conoce porque la fija la ley? ¿En qué términos lo hace? Nunca se había dado un caso así. Ninguna otra vez un director de la Escuela Judicial ha consultado que sucede con un alumno enfermo al CGPJ, ¿tiene algo que ver que la directora consultante sea la mujer del magistrado Llarena que pertenece a la sala que preside el padre de la joven?

La citada resolución se publicó a hurtadillas justo antes de Nochebuena e incluía la indicación de que podía ser impugnado durante dos meses ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Como se ha visto ningún opositor o interesado lo vio o lo impugnó así que devino firme y eso es lo que utiliza ahora el CGPJ para revestir de legalidad lo que sigue pareciendo totalmente ajeno a la normalidad de una oposición.

Como hemos dicho, la hija de Marchena ha optado esta vez por elegir la carrera fiscal. Ha tenido la posibilidad debido a su infausta enfermedad de volver a replantearse sus opciones profesionales y elegir otras, algo que le está vedado a todos los demás componentes de su promoción y de las restantes. Nunca había pasado. Ya es cosa del destino que vaya a suceder con la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo.

Insiste mucho el CGPJ en que no se ha perjudicado a nadie, pero es que ni siquiera este extremo lo podríamos firmar a ciegas. Yendo la última de los aprobados, con una nota que no es la suya ni la aprobada en la Permanente sino elegida a posteriori, ha elegido fiscal en una plaza inexistente en principio. ¿Le ofrecieron a los anteriores opositores, del 93 al 97 que eligieron juez la plaza supletoria, la plaza de más? ¿Eligieron juez todos por voluntad propia o alguno lo hizo porque la plaza 35 ya se había consumido por el opositor 92 y ya no quedaban más?

El presidente del CGPJ  debería de explicar todos estos extremos y mostrar la documentación pertinente para alejar la sospecha de que esto seas una cacicada a la que se ha revestido de una legalidad nunca vista antes para permitir que la hija del magistrado Marchena cambiara su elección de juez a fiscal sin volverse a examinar. Deberíamos poder ver los términos del escrito de la directora de la Escuela y los informes técnicos o deliberaciones que llevaron a este acuerdo. En caso contrario muchos opositores y muchos que no lo somos vamos a pensar que el triángulo mujer de Llarena-Padre Marchena y Lesmes se cerró para hacerle un favor concreto a una persona determinada. Eso en castellano del que le gusta a Reverte se llama nepotismo. Eso lanzaría una sombra de duda sobre el sistema de acceso a la judicatura y al ministerio fiscal y nos enseñaría hasta que punto de desvergüenza institucional se puede llegar.

Las explicaciones dadas hasta el momento, como les he mostrado, no son suficientes. Hay un dicho jocoso en el mundo judicial que dice que en el CGPJ el principio de legalidad resulta revolucionario. Es un chascarrillo. Es seguro que todo el proceso pasa de largo la prueba del algodón, sólo tienen que mostrárnoslo.  

[4] Documento BOE-A-2018-10481

Artículo publicado en
 
TEXTO

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de esta Comisión de 10 de julio de 2017, por el que se convocaron pruebas selectivas para la provisión de 65 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial para su posterior ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 35 plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, una vez elevada por el Tribunal calificador número 1 la lista a la que se refiere la base octava, apartado D), de la convocatoria y una vez verificada la opción por los aspirantes aprobados para el ingreso en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos, la Comisión ha acordado:

Primero.

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación definitiva de aspirantes que han superado la oposición, con expresión de la plaza obtenida, como figura en el anexo al presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado D.10 de la base octava de la convocatoria.

Segundo.

En cumplimiento del Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, y del Acuerdo de 23 de julio de 2018, de esta Comisión de Selección, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Ofrecer 98 plazas, de las cuales 36 plazas serán para la Carrera Fiscal y 62 plazas para la Carrera Judicial.

2. Incluir a la opositora doña Sofía Marchena Perea con la puntuación y la plaza obtenida en los términos del anexo al presente Acuerdo.

Tercero.

El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia comunicarán a los interesados la fecha de inicio de las correspondientes fases de formación.

Cuarto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, se requiere a todas las personas aprobadas para que, en el plazo de treinta días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este Acuerdo, presenten ante la Comisión de Selección (Registro General del Consejo General del Poder Judicial, calle del Marqués de la Ensenada, número 8; 28071 Madrid, o Registro General del Ministerio de Justicia, calle de la Bolsa, número 8, 28012 Madrid), directamente o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, los siguientes documentos:

Partida de nacimiento, literal o en extracto.

Certificado médico oficial acreditativo de no padecer ninguna enfermedad o disminución física ni psíquica que le incapaciten para el ejercicio de la función jurisdiccional o fiscal.

Juramento o promesa de observar el régimen de incompatibilidades establecido en los artículos 389 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, y 57 y siguientes de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En el supuesto de que no se hubiere autorizado a la Comisión de Selección, de conformidad con el apartado segundo de la base tercera de las normas que rigen la presente convocatoria, a acceder a los Registros del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, las personas aprobadas deberá adjuntar también los siguientes documentos:

Título de Licenciado en Derecho (o justificante de haberlo solicitado y de haber abonado las correspondientes tasas).

Fotocopia del documento nacional de identidad.

Certificado de antecedentes penales.

Quienes no presentaren la documentación aludida dentro del plazo indicado, o no subsanaren los defectos de la documentación presentada en un nuevo plazo de diez días hábiles, quedarán excluidos de la relación definitiva, salvo en caso de fuerza mayor, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en el apartado D.11 de la base octava de las normas que rigen la presente convocatoria.

Quinto.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 305.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la base novena de las bases que rigen la presente convocatoria, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 2018.–El Presidente de la Comisión de Selección, José Javier Huete Nogueras.

ANEXO

Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos, convocado por Acuerdo de 10 de julio de 2017, de la Comisión de selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

(1)

Apellidos y nombre

DNI

(2)

(3)

(4)

52

Alfaro Gutiérrez, Beatriz

72820276E

L

62,22

C.J.

16

Ardanaz Sánchez, Paula

76430909T

L

69,58

C.F.

94

Artillo Benítez, Francisco

53347205Q

L

53,75

C.J.

97

Aubareda Dalmau, Laia

53292362M

L

52,32

C.J.

20

Barreda Parra, Alejandro

20493238P

L

69,50

C.J.

8

Barrios Manrique de Lara, Francisco de Asís

44728928T

L

72,10

C.F.

44

Bernal Tirapo, Marina

18169933W

L

63,07

C.J.

76

Brea Parra, Lucía

50888351T

L

57,65

C.J.

92

Cabrera Vizcaíno, Luis Felipe

20456958E

L

53,93

C.F.

28

Calvo Gaya, Teresa

43208704F

L

67,40

C.J.

39

Casadevall Portas, Axel

41548871S

L

64,95

C.J.

36

Cecchini Maíllo, Teresa

71679432R

L

66,06

C.J.

32

Cerreda Fernández, Lucía

44484911J

L

67,31

C.J.

4

Conde García, Jimena

71172827V

L

73,20

C.F.

83

Córdoba Limón, Alicia

70072304K

L

55,97

C.J.

78

Cremades Gracia, Lucía

73132929J

L

58,38

C.J.

90

Cristóbal Sáez, Lorena

47102031D

L

54,77

C.J.

51

De la Torre Ollero, María Dolores

44597389K

L

62,64

C.F.

66

Del Moral García, Francisco

74881832L

L

61,75

C.F.

63

Delgado Sánchez, Francisco Modesto

45741134E

L

62,34

C.J.

19

Díaz-Maroto Morey, Carlos

43212254S

L

70,98

C.F.

35

Díez Hernaiz, Raquel

12424917H

L

66,81

C.J.

82

Escobal Sacramento, Arantza

78953178C

L

57,82

C.J.

59

Espigares Jiménez, Víctor

44242840V

L

62,36

C.J.

7

Fernández Lupiáñez, Miguel Ángel

52439736N

L

77,43

C.J.

27

Florea Salado, María Isabel

47345293T

L

67,65

C.J.

70

Galán Flores, María

53263527N

L

60,99

C.J.

15

García Maldonado, María del Mar

48634867X

L

75,18

C.J.

95

García Molinero, Davinia Carolina

50898727A

L

53,64

C.J.

31

García Pérez, Isabel

41008713N

L

67,47

C.J.

75

García Tabernero, Alexandra

47966533X

L

59,42

C.F.

3

García Vega, José María

71441828X

L

80,50

C.J.

43

García-Cernuda Ferreras, Rocío

51109333K

L

63,37

C.F.

86

Garijo Gil, Loreto

70080513L

L

57,62

C.F.

47

Gato Tellado, Antón

32708524V

L

62,99

C.J.

40

Gil González, Rubén

78716931Y

L

64,64

C.J.

11

Gómez Udias, José María

72149491D

L

76,84

C.J.

55

González Sánchez, Elsa

71529276N

L

62,49

C.F.

23

Gonzalo Ruiz, Sergio

48700566K

L

70,64

C.J.

62

Irizar Iracheta, Amaya

44644583L

L

63,30

C.F.

58

Izquierdo López-Cepero, Pedro Manuel

30261868D

L

63,83

C.J.

54

Jane i Gil, Enric

48038322Q

L

64,37

C.J.

87

Jiménez Castrejon, José Carlos

77362760Y

L

55,00

C.J.

6

Jiménez Fernández, Francisco Manuel

45597108E

L

83,75

C.J.

18

Juberías Meléndez, Marco Jesús

03208976Q

L

76,33

C.J.

67

Julián García, Ángel Ignacio

18443008K

L

61,00

C.F.

38

Langarita Cerrada, Jorge

73019201C

L

68,80

C.J.

30

López Baus, Lucía

78988176N

L

70,00

C.F.

22

López Pérez, Ana Isabel

71156121D

L

75,35

C.J.

74

Macías Nieto, María Sandra

41523727X

L

59,82

C.J.

98

Marchena Perea, Sofía

05299966F

L

52,31

C.F.

34

Marín Ruz, Andrés Rafael

31009213S

L

69,00

C.J.

79

Marrón Berlanga, Servando Luis

73011077S

L

57,75

C.J.

42

Martínez Villafañe, Nadia

71460809Q

L

68,33

C.F.

72

Martínez Abarca Ibabe, Javier

48518072D

L

60,33

C.J.

50

Meana Monsalve, Raquel

71155581K

L

65,33

C.F.

14

Méndez Rodríguez, Marta

44433198G

L

79,00

C.J.

1

Menéndez Félez, Cristina

77135365N

L

86,91

C.J.

84

Menéndez Represa, Paula

05328871R

L

55,83

C.F.

10

Moreno Bolumar, Eduardo

26749036J

L

81,91

C.J.

26

Municio Pastor, Rodrigo

70256593B

L

72,00

C.F.

45

Muñoz de Toro, Santiago Antonio

30999791T

L

68,00

C.J.

91

Nistal San Juan, María Luisa

72089592W

L

54,75

C.J.

29

Osma Castellanos, Fortunata Cecilia

05458728T

L

76,23

C.J.

93

Padilla Capilla, María Victoria

50983837J

L

56,77

C.F.

9

Parra Cabrera, Ignacio

22597138Y

L

83,89

C.J.

85

Penado de León Lama, Alberto

45119824B

L

58,26

C.F.

2

Pereira Pérez, Alejandro

74682567A

L

84,89

C.J.

49

Pérez Moreno, Tania

54054410V

L

66,84

C.F.

37

Pérez Rodríguez, Raquel

78729191F

L

70,89

C.J.

5

Porras López, Alba Noelia

76875290K

L

84,27

C.F.

65

Prat Pujol, Ares

78090367P

L

64,63

C.F.

96

Ramírez Cabeza, Aida

45963122Z

L

56,65

C.J.

89

Ramón Company, Bernat

43197204F

L

57,77

C.J.

13

Roa Escobar, Irene

71463433H

L

82,76

C.J.

77

Romero García, Pablo

20078264T

L

60,38

C.F.

73

Romero Soriano, Antonio

44596726W

L

62,26

C.J.

17

Rubio Blanco, Minia

54127249S

L

78,77

C.J.

33

Rubio Negueruela, Héctor

12418176Q

L

73,89

C.J.

41

Ruiz Llario, Julio Manuel

72892877N

L

69,02

C.J.

69

Sancho Montalvo, Víctor Hugo

29207340P

L

62,89

C.J.

53

Sanz Gallardo, Leonor

05319422M

L

66,09

C.J.

25

Serrano Derqui, Rafael

47284722B

L

77,89

C.F.

57

Serrano Marcos, María Amparo

29494847S

L

65,27

C.F.

46

Solís Martín, Eva

76420290F

L

67,66

C.J.

81

Soriano González, Leticia

53469988W

L

58,41

C.J.

21

Soro García, Javier

73131402G

L

78,51

C.F.

61

Sosa Camarena, Ana

45809813T

L

64,76

C.F.

48

Suárez González, Ylenia

53518113B

L

62,98

C.F.

64

Uriz Marturet, Leyre

72824932D

L

60,84

C.J.

88

Vallejo Oñate, Almudena

05312353C

L

54,20

C.F.

71

Vargas Magallón, Rocío Pilar

76973062C

L

60,67

C.J.

60

Vázquez Gómez, Ana

33555684H

L

61,60

C.F.

24

Velasco Hernández, Andrés

47281790T

L

68,16

C.F.

56

Ventura Cantón, Ester

73006016Z

L

61,90

C.F.

12

Vidal Aragón Gil, María del Rosario

44777044T

L

70,70

C.J.

80

Viedma Herrera, Araceli

76422446R

L

56,26

C.F.

68

Zapatero Toledo, Marina

70239572X

L

60,80

C.F.

(1) Orden de prelación.

(2) Turno por el que participa (L: Libre. D: Personas con discapacidad).

(3) Puntuación final asignada.

(4) Destino adjudicado (C.J.: Carrera Judicial. C.F.: Carrera Fiscal).

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[5] Dos asociaciones judiciales piden explicaciones sobre la plaza de fiscal para la hija de un magistrado del Supremo,

Por eldiario.es

 

Artículo publicado 26 de julio de 2018 en
 
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena. EFE

La Unión Progresista de Fiscales pide al Poder Judicial que explique por qué Sofía Marchena pudo pasar de la carrera judicial a la fiscal

La Asociación Francisco de Vitoria ha reclamado una copia del acuerdo del CGPJ para conocer las razones para crear una plaza de fiscal no prevista

El BOE publicó hace unos días que la hija de Manuel Marchena se incorporaba a la carrera fiscal después de haber abandonado la Escuela Judicial por enfermedad

 

Dos asociaciones judiciales ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “información y la debida documentación” sobre la asignación de una plaza en la Carrera Fiscal a Sofía Marchena, hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Así se lo solicitan la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV).

El Boletín Oficial del Estado publicó hace unos días la relación de aprobados en las oposiciones a jueces y fiscales. En ese documento se incluía la siguiente disposición: “Incluir a la opositora doña Sofía Marchena Perea con la puntuación y la plaza obtenida”.

Sofía Marchena aprobó la oposición en 2016 con una nota de 68’20 y se incorporó a la Escuela Judicial. Con sede en Barcelona, los aspirantes a juez que han superado deben pasar dos años en esta escuela. Pero Sofía Marchena abandonó al poco de comenzar por enfermedad.

El CGPJ acordó a finales de 2017 suspender su condición de funcionaria en prácticas hasta que “el momento en que aquella situación de baja médica se extinga”. Además, establecieron que “la alumna se incorporará a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposición a las carreras judicial y fiscal inmediato que se concluya a partir del dictado de la presente resolución”.

Para ello, Sofía Marchena conservaría “la puntuación obtenida en el proceso selectivo en el que participó en su momento”. Así, la opositora se incorporó al proceso convocado este año que incluye “65 plazas de alumnos de la Escuela Judicial  para su posterior ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 35 plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal”.

El acuerdo del CGPJ que se publicó en el BOE incluye una plaza más en la Carrera Fiscal para Sofía Marchena, que inicialmente había elegido la Judicial. Ocupará la plaza 36 con una nota de  52,31, muy por debajo de la que obtuvo en las oposiciones de 2016.

Según ha explicado el CGPJ a través de su cuenta de Twitter, se acordó que, para no perjudicar al resto de aspirantes, se le asignó la nota más baja de las obtenidos por los aprobados, a fin de que no quitase la plaza a nadie que hubiese optado por la Carrera Fiscal.

La UPF, en un comunicado emitido este jueves, pide “que se proporcione a esta asociación y a la opinión pública, información y la debida documentación en relación a la creación, para el próximo curso de formación inicial de la carrera fiscal, de una nueva plaza que se suma a las existentes, y que se adjudica a una persona procedente de la carrera judicial”.

Esta asociación de fiscales progresistas afirman que “a la vista de los comentarios en las redes sociales y la opinión pública”, la propia Sofía Marchena es la más interesada en que se den “las explicaciones pertinentes.

“Nuestra asociación, entre sus propuestas sobre formación, siempre ha incluido la existencia de un curso de formación inicial conjunto entre todos los opositores que hubieran superado las pruebas de acceso, para después, y una vez superado el mismo, se proceda a la elección. Creemos que esta opción supondría mayores beneficios para el buen funcionamiento de la justicia y el ejercicio de nuestras profesiones, abriendo nuevas posibilidades para ambas carreras”, recuerda la UPF.

la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), por su parte, ha reclamado copia del acuerdo del CGPJ por el que se modifica la nota de Sofía Marchena y “las razones por las que se decidió ‘crear’ una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria”.

Además, reclaman una copia de la solicitud de “transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces, en una plaza para fiscales, así como copia de la resolución del Ministerio de Justicia acordando dicha transformación”, y copia de la solicitud del resto de aspirantes.

[6] El Poder Judicial defiende la legalidad de la plaza de fiscal concedida a la hija de un magistrado del Supremo

Por eldiario.es

Artículo publicado el 27 de julio de 2018 en

 

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. EFE

El GGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia avalan su actuación en la polémica sobre la hija de Manuel Marchena

Sofía Marchena abandono la Escuela Judicial por enfermedad y el CGPJ le permitió incorporarse a la carrera fiscal unos meses más tarde

La Comisión de Selección relata los pasos que dio y defiende que con esa decisión no se perjudicó a ninguno de los opositores

El Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia han defendido la concesión de una plaza en la carrera fiscal a  la hija del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, tras la polémica suscitada entre opositores y asociaciones profesionales. Sofía Marchena abandonó la Escuela Judicial por enfermedad y el CGPJ le permitió incorporarse a la carrera fiscal en el siguiente proceso de selección.

Las tres instituciones integran la Comisión de Selección de las oposiciones a jueces y fiscales, y han emitido un comunicado conjunto. Según explican, a propuesta de la directora de la Escuela Judicial, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado 21 de diciembre que Sofía Marchena quedaría incorporada a la relación de aspirantes aprobados en la siguiente convocatoria con la nota que ya había obtenido.

Acordó así incorporar su nombre a la lista de aprobados de 2017 y que, para preservar los intereses de todos los participantes, se anotara “en el último lugar de la mencionada lista, con una puntuación inmediatamente inferior a la del ultimo de la lista y respetando la opción que ha manifestado por el ingreso en la carrera fiscal”.

Sofía Marchena ha podido así cambiar de la carrera judicial a la fiscal y “atendidas las circunstancias excepcionales anteriormente descritas”, añade la comisión de selección, se han otorgado finalmente 36 plazas para la carrera fiscal, en vez de las 35 inicialmente convocadas.

Destaca la comisión que no se ha incrementado el número de plazas, ya que se convocaron 100 en total, quedaron inicialmente cubiertas 97 y a Marchena se le ha asignado una de las tres que no se cubrieron. Asegura además que se ha respetado la elección de carrera judicial o fiscal de todos aquellos que han aprobado las oposiciones.

Las asociaciones judiciales piden explicaciones

La UPF, en un comunicado emitido este jueves, pide “que se proporcione a esta asociación y a la opinión pública, información y la debida documentación en relación a la creación, para el próximo curso de formación inicial de la carrera fiscal, de una nueva plaza que se suma a las existentes, y que se adjudica a una persona procedente de la carrera judicial”.

Esta asociación de fiscales progresistas afirman que “a la vista de los comentarios en las redes sociales y la opinión pública”, la propia Sofía Marchena es la más interesada en que se den “las explicaciones pertinentes.

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), por su parte, ha reclamado copia del acuerdo del CGPJ por el que se modifica la nota de Sofía Marchena y “las razones por las que se decidió ‘crear’ una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria”.

Sofía Marchena aprobó la oposición en 2016 con una nota de 68’20 y se incorporó a la Escuela Judicial. Con sede en Barcelona, los aspirantes a juez que han superado deben pasar dos años en esta escuela. Pero Sofía Marchena abandonó al poco de comenzar por enfermedad.

El CGPJ acordó a finales de 2017 suspender su condición de funcionaria en prácticas hasta que “el momento en que aquella situación de baja médica se extinga”. Además, establecieron que “la alumna se incorporará a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposición a las carreras judicial y fiscal inmediato que se concluya a partir del dictado de la presente resolución”.

Para ello, Sofía Marchena conservaría “la puntuación obtenida en el proceso selectivo en el que participó en su momento”. Así, la opositora se incorporó al proceso convocado este año que incluye “65 plazas de alumnos de la Escuela Judicial  para su posterior ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 35 plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal”.

El acuerdo del CGPJ que se publicó en el BOE incluye una plaza más en la Carrera Fiscal para Sofía Marchena, que inicialmente había elegido la Judicial. Ocupará la plaza 36 con una nota de  52,31, muy por debajo de la que obtuvo en las oposiciones de 2016.

[7] El CGPJ defiende la polémica concesión de una plaza de fiscal a una hija del Supremo

Por EFE

Artículo publicado el 26 de julio de 2018 en
 
Concesión polémica (Àlex Garcia)
 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia han defendido este jueves la concesión de una plaza en la carrera fiscal a una hija del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, tras la polémica suscitada entre opositores y asociaciones profesionales.

Las tres instituciones integran la comisión de selección de las oposiciones a jueces y fiscales, que este miércoles publicó en el Boletín Oficial del Estado la lista de personas que han superado la oposición a juez y fiscal convocada en 2017.

El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia han defendido la concesión de la plaza

En el listado, con una puntuación de 52,31 y con la carrera fiscal como destino, se incluyó a Sofía Marchena, hija del magistrado del Supremo. Marchena ya había superado la oposición en 2016, con 68,2 puntos, y eligió entonces la carrera judicial, por lo que entró en la Escuela Judicial para realizar el curso preceptivo.

Pero no pudo completarlo por estar de baja médica desde marzo de 2017 y la directora de la Escuela Judicial advirtió al CGPJ de que era una situación“inédita en la historia” de esa institución y que no había una “solución explícita” para ella en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en el reglamento del centro.

La directora de la Escuela Judicial advirtió al CGPJ de que era una situación “inédita en la historia”

Según explica la comisión de selección en un comunicado emitido este jueves, a propuesta de la directora de la Escuela, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado 21 de diciembre que Marchena quedaría incorporada a la relación de aspirantes aprobados en la siguiente convocatoria con la nota que ya había obtenido.

La comisión de selección, reunida entre el 17 y el 23 de julio, cuestionó en parte la decisión del CGPJ, al entender que si Marchena mantenía su nota se podía perjudicar a los aspirantes de las pruebas convocadas en 2017.

Acordó así incorporar su a la lista de aprobados de 2017 y que, para preservar los intereses de todos los participantes, se anotara “en el último lugar de la mencionada lista, con una puntuación inmediatamente inferior a la del ultimo de la lista y respetando la opción que ha manifestado por el ingreso en la carrera fiscal”.

Marchena ha podido así cambiar de la carrera judicial a la fiscal y “atendidas las circunstancias excepcionales anteriormente descritas”, añade la comisión de selección, se han otorgado finalmente 36 plazas para la carrera fiscal, en vez de las 35 inicialmente convocadas.

Destaca la comisión que no se ha incrementado el número de plazas, ya que se convocaron 100 en total, quedaron inicialmente cubiertas 97 y a Marchena se le ha asignado una de las tres que no se cubrieron.

Asegura además que se ha respetado la elección de carrera judicial o fiscal de todos aquellos que han aprobado las oposiciones. Poco antes de emitirse este comunicado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) había exigido a la comisión de selección que aclarara por qué para el próximo curso de la carrera fiscal se ha ofrecido una nueva plaza y se ha adjudicado a una persona procedente de la carrera judicial.

A su juicio, la persona afectadas debe ser la primera interesada en esas explicaciones para evitar “cualquier asomo de duda en el duro y objetivo proceso de selección” que hay que seguir para ser juez o fiscal

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había pedido al Consejo una aclaración “extensa y completa” que eliminara cualquier atisbo de duda, con la esperanza de que todo fuera un “malentendido”.

[8] El CGPJ crea ad hoc una plaza de fiscal para la hija de un juez del Supremo

Por Economía Digital

Artículo publicado el 26 de julio de 2018 en

Asociaciones de fiscales piden explicaciones al CGPJ por la adjudicación ad hoc de una plaza de fiscal a la hija del magistrado del Supremo Manuel Marchena

Dudas por la posible adjudicación irregular de una plaza de fiscal a Sofía Marchena, hija del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la selección de aspirantes para cubrir 65 plazas de juez y 36 plazas de fiscal, pero en el caso de la carrera fiscal el Gobierno solo había presupuestado 35 plazas.

La plaza extra llevaba el nombre de la hija del magistrado del Alto Tribunal, que aprobó en 2016 la oposición a la carrera judicial y fiscal. Esta oposición es común para futuros jueces y fiscales y los aspirantes que superan el duro proceso selectivo deben elegir si completarán su formación en la Escuela Judicial para ser magistrados o si acudirán a la Escuela Fiscal para ser fiscales. Esta elección no tiene marcha atrás.

En el caso de Sofía Marchena, que aprobó la oposición en 2016 y accedió a la Escuela Judicial, la elección sí ha tenido vuelta atrás, según ha detallado Elisa Beni en Eldiario.es, haciéndose eco de una noticia que ha corrido como la pólvora en las últimas horas en los foros de opositores a la carrera judicial.

La entonces aspirante a juez abandonó la Escuela Judicial por enfermedad. En este caso la ley permite que los futuros jueces inicien el curso en la Escuela en otra promoción, pero en ningún caso se les permite volver a elegir entre ser jueces o fiscales.

Sin embargo esta semana su nombre ha aparecido estampado en el BOE en el listado de aspirantes que han superado la oposición este año, con una nota de 52,31; que no es la que obtuvo cuando aprobó el proceso selectivo, de 68,20. Según Beni, esta decisión fue acordada en diciembre por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Las asociaciones profesionales piden explicaciones al CGPJ

Varias asociaciones profesionales han reclamado explicaciones por lo sucedido. Es el caso de la Unión Progresista de Fiscales, que en un comunicado hecho público este jueves ha pedido a la Comisión de Selección para las carreras fiscal y judicial que se den “las explicaciones pertinentes para que se pueda evitar cualquier asomo de duda en el duro y objetivo proceso de selección” para ser juez o fiscal. Además, ha exigido “transparencia” al CGPJ.

También se ha pronunciado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha exigido al órgano de gobierno del Poder Judicial una “aclaración extensa y completa” que elimine “cualquier atisbo de duda sobre lo ocurrido”, con la esperanza de que sea “un malentendido”. 

[9] AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

 

AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

 

La ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Hermosilla, 69 1º Dcha 28001 de Madrid y mail ajfv@ajfv.es y JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Núñez Morgado 3, 4ºB. 28036 de Madrid y mail jpd@juecesdemocracia.es, mediante el presente escrito ante V.I. comparecen y, como mejor proceda en derecho

 

EXPONEN

 

PRIMERO.- Que el miércoles 25 de julio de 2018, se publicó en el BOE el Acuerdo de 23 de julio de 2018 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado la primera fase de pruebas selectivas, convocadas por Acuerdo de 10 de julio de 2017.

 

SEGUNDO.- El citado Acuerdo de 10 de julio de 2017 (BOE de 11 de julio de 2017) era del siguiente tenor: «Convocar pruebas selectivas para la provisión de 65 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y 35 plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal. No obstante lo anterior, si el número de personas aprobadas es inferior al de las plazas convocadas, la Comisión de Selección ofrecerá un número de plazas igual al de las plazas aprobadas, manteniendo en este caso la misma proporción que guardan las plazas convocadas en cada una de las Carreras».

 

TERCERO.- En el listado aparecido en el acuerdo a que se hace referencia en el antecedente primero, de un total de 98 aprobados, resultan 62 aspirantes a alumnos de la Escuela Judicial (categoría juez) y 36 aspirantes a alumnos del Centro de Estudios Jurídicos. Según las Actas que figuran publicadas en la web

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acceso-a-la-Carrera-Judicial–Jueces-y-Fiscales/Convocatorias-en-curso/Acceso-a-la-carrera-judicial–Juez—Fiscal-2017–Desarrollo-de-las-pruebas—Tercer-ejercicio–resultados-y-convocatorias, el total de aspirantes que superaron las pruebas fue de 97.

 

CUARTO.- La aparición de un aspirante más en el listado al del número total de los aspirantes que superaron las pruebas, se debe a la incorporación de la aspirante Dª. Sofía Marchena Perea en el listado. Concretamente con el ordinal 98, nota 59,82 y elección “C.F.” (Carrera Fiscal), tal y como recoge el propio acuerdo publicado en el BOE (antecedente primero).

 

QUINTO.-  La citada aspirante, había aprobado la oposición en la convocatoria anterior, según se desprende del Acuerdo de 5 de diciembre de 2016, de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 18 de diciembre de 2015 (BOE 8 de diciembre de 2016).

 

SEXTO.- Por Acuerdo de la Comisión Permanente de 21 de diciembre de 2017, en su punto 7-18- establece «1.- Resolver y declarar que la alumna XXX XXX no ha realizado el curso teórico multidisciplinar previsto en el art. 307 Ley Orgánica del Poder Judicial por haber estado en situación de baja médica –proceso de incapacidad temporal- por enfermedad cuya duración ha impedido completar dicho curso, lo que conlleva la suspensión de la condición de funcionario en prácticas hasta el momento en aquella situación de baja médica se extinga.

 

»2.- Resolver y declarar que la alumna XXX XXX se incorporará a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposición a las carreras judicial y fiscal inmediato que se concluya a partir del dictado de la presente resolución, conservando la puntuación obtenida en el proceso selectivo en el que participó en su momento y todos sus derechos en la forma expuesta en el apartado (b) de la propuesta que sustenta este acuerdo.

 

»3.- Comunicar la resolución al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y, en su caso, a la Mutualidad Judicial a los efectos oportunos.

 

»Particípese el presente acuerdo con la indicación de que contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses (artículo 638.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio) y el potestativo de reposición ante la Comisión Permanente del Consejo en el plazo de un mes, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su notificación».

 

Dicho acuerdo fue adoptado porque la referida aspirante, la Sra. Marchena, no pudo completar su formación en la Escuela Judicial de Barcelona, por motivos de salud. Ha de destacarse que en 2016, la referida aspirante había optado voluntariamente por la Carrera Judicial, pese a que sobraron ese año plazas para la Carrera Fiscal.

SÉPTIMO.- Entendemos que el acuerdo contraviene el tenor literal del artículo 309 LOPJ, que recoge que, en el caso de no concluir la formación en la Escuela Judicial (artículo 308), «1. Los que no superen el curso podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción.

»2. Si tampoco superaren este curso, quedarán definitivamente excluidos y decaídos en la expectativa de ingreso en la Carrera Judicial derivada de las pruebas de acceso que hubiesen aprobado».

Ante una eventualidad como la enfermedad de un alumno o alumna de la Escuela Judicial, la dicción del precepto legal parece indicar que el alumno puede incorporarse a la Escuela Judicial junto con la promoción siguiente, sin que se prevea la retracción de su situación al momento anterior a la elección entre la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal.

Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 305 LOPJ entendemos que La competencia para adoptar esta decisión corresponde a la Comisión de Selección y no a la Comisión Permanente.

OCTAVO.- Adicionalmente, el artículo 306 LOPJ establece que «1. La oposición para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal por la categoría de juez y de abogado fiscal se convocará al menos cada dos años, realizándose la convocatoria por la Comisión de Selección prevista en el apartado 1 del artículo 305, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, atendiendo al número máximo de plazas que corresponda ofrecer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 301 y en atención a las disponibilidades presupuestarias.

»2. En ningún caso podrá el tribunal seleccionar en las pruebas previstas en el artículo 301 a un número de candidatos superior al de las plazas que hubieran sido convocadas según lo dispuesto en dicho artículo (…)».

Si las plazas de Fiscales para el año actual eran 35, se contraviene lo dispuesto en el artículo 306 LOPJ al ofertar una plaza inexistente más (la 36ª) puesto que la aspirante Dª. Sofía Marchena Perea había escogido ingresar en la Escuela Judicial (Carrera Judicial) no en el Centro de Estudios Jurídicos (Carrera Fiscal), por lo que, en su caso, habría un excedente de plaza de juez del año anterior que podría entenderse acrecida a la actual convocatoria. No así en el caso de las plazas de fiscales, que, para este año, eran 35, no 36.

NOVENO.- Por otro lado, la aspirante Dª. Sofía Marchena Parea, aprobó la oposición den 2016 con una nota de 68,20, mientras que en el listado del BOE del día 25 de julio de 2018, su nota es de 52,31. El origen de la asignación de esta nota se desconoce, porque en el Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 21 de diciembre de 2017, se acordó mantener la nota y condición que conservaba de su convocatoria. Es decir: 68,20.

DÉCIMO.- En la cuenta oficial del CGPJ en Twitter, se ha dado la siguiente explicación: «para no perjudicar al resto de los aspirantes, se le ha asignado una nota una nota [sic.] (52,31) por debajo de la más baja de las obtenidas por los aprobados (52,32) y muy inferior a la que obtuvo en 2016 (68,20)».

UNDÉCIMO.- Ante las noticias aparecidas en prensa, en el día de hoy, la Comisión de Selección ha emitido una nota de prensa en la que se asegura que, cuando la alumna había iniciado la formación en la Escuela Judicial, «en su propuesta dirigida a la Comisión Permanente del CGPJ, la directora de la Escuela Judicial advierte que la situación de la alumna es “inédita en la historia de la Escuela Judicial”, no hay una “solución explícita” en la LOPJ y no está regulada en el Reglamento de la Escuela Judicial». Por otro lado, afirman que «A la vista del acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, y en ejecución del mismo, la Comisión de Selección, reunida los días 17 y 23 de julio de 2018, señala que “se trata de una excepcional circunstancia que no encuentra acomodo en el artículo 309.1 de la LOPJ, así como tampoco en el reglamento de la Escuela Judicial, pudiendo ser, en su caso, de aplicación por analogía, la normativa reguladora del Centro de Estudios Jurídicos”. La Comisión de Selección entiende que la solución hallada por la Comisión Permanente del CGPJ “si bien permite preservar los derechos de la interesada como aspirante, impone, por otro lado, un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas…y que en el orden de sus respectivas puntuaciones han efectuado su opción por una de las dos carreras (judicial o fiscal) conforme a la distribución de plazas contenidas en las bases de la convocatoria», afirmando que la Comisión de Selección, por unanimidad y, atendiendo a las excepcionales circunstancias de la aspirante, «se incorpore en el último lugar de la mencionada lista, con una puntuación inmediatamente inferior a la del último de la lista y respetando la opción que ha manifestado por el ingreso en la Carrera Fiscal”. Finalmente, la Comisión de Selección acuerda declarar que “atendidas las circunstancias excepcionales anteriormente descritas, la Comisión de Selección resuelve ofrecer 98 plazas, de las cuales, 36 plazas serán para la Carrera Fiscal y 62 plazas para la Carrera Judicial”. Finaliza la nota asegurando que este hecho no ha supuesto la supresión ni el incremento de ninguna plaza, ya que, de las 100 plazas convocadas, se cubrieron inicialmente 97, quedando tres plazas sin cubrir, una de las cuales se ha asignado por la Comisión de Selección a doña Sofía Marchena Perea.

 

         Ante lo inusual de lo acontecido y con el fin de despejar cualquier sombra de duda sobre su licitud, ESTAS ASOCIACIONES SOLICITAN A V.I.:

1.- Copia del Acuerdo de la Comisión de Selección en la que se acuerda la asignación de una nota distinta a la reconocida en el Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 a la aspirante Dª Sofía Marchena Parea, así como las razones por las que se decidió “crear” una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria.

2.- Copia de la solicitud en forma de la Comisión de Selección o, en su defecto, del CGPJ al Ministerio de Justicia solicitando la transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces, en una plaza para fiscales, así como copia de la resolución del Ministerio de Justicia acordando dicha transformación.

3.- Copia de las solicitudes de cada uno de los aspirantes aprobados para el acceso a las Carreras Judicial y fiscal en la que eligen una u otra Carrera, con el fin de examinar que, efectivamente, no ha habido ningún perjuicio para quien, teniendo mejor nota que la aspirante de referencia, hubiera podido elegir plaza en la Carrera Fiscal de habérsele creado alguna plaza adicional más hasta completar el máximo de 3 plazas excedentes de la convocatoria.      

Es Justicia que pedimos en Madrid, a 26 de julio de 2018.

 

COMITÉ NACIONAL AJFV

SECRETARIADO JJD

[10] Comunicado de la Comisión de Selección integrada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el CGPJ

Por Comunicación Poder Judicial

Artículo publicado el 26 de julio de 2018 en
 

Ante diversas informaciones publicadas en relación con la decisión de la Comisión de Selección, prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, por la que se acuerda la inclusión de la aspirante Sofía Marchena Perea en la lista de aprobados de la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas mediante acuerdo de la misma Comisión de 10 de julio de 2017, la Comisión de Selección quiere manifestar: 

1.- La decisión mencionada se trata de un acuerdo de la Comisión de Selección, en la que se integran el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de un Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 21 de diciembre de 2017. 

2.- El día 30 de noviembre de 2017, y previa deliberación del Claustro de profesores de la Escuela Judicial, se aprobó la lista de los alumnos que habían superado el curso teórico multidisciplinar que constituye la primera fase del proceso de formación inicial previsto en el artículo 307.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con relación a la alumna Sofía Marchena Perea se acordó tener por no realizado el curso de formación multidisciplinar teniendo en cuenta la situación de baja médica de la referida alumna desde principios del mes de marzo de dicho año. 

3.- En su propuesta dirigida a la Comisión Permanente del CGPJ, la directora de la Escuela Judicial advierte que la situación de la alumna es “inédita en la historia de la Escuela Judicial”, no hay una “solución explícita” en la LOPJ y no está regulada en el Reglamento de la Escuela Judicial. 

4.- El día 21 de diciembre de 2017, la Comisión Permanente del CGPJ, a propuesta de la directora de la Escuela Judicial, resolvió y declaró, por unanimidad, lo siguiente: 

1.- Resolver y declarar que la alumna Sofía Marchena Perea no ha realizado el curso teórico multidisciplinar previsto en el art. 307 Ley Orgánica del Poder Judicial por haber estado en situación de baja médica –proceso de incapacidad temporal- por enfermedad cuya duración ha impedido completar dicho curso, lo que conlleva la suspensión de la condición de funcionario en prácticas hasta el momento en aquella situación de baja médica se extinga. 

2.- Resolver y declarar que la alumna Sofía Marchena Perea se incorporará a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposición a las carreras judicial y fiscal inmediato que se concluya a partir del dictado de la presente resolución, conservando la puntuación obtenida en el proceso selectivo en el que participó en su momento y todos sus derechos en la forma expuesta en el apartado (b) de la propuesta que sustenta este acuerdo. 

3.- Comunicar la resolución al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y, en su caso, a la Mutualidad Judicial a los efectos oportunos. 

5.- A la vista del acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, y en ejecución del mismo, la Comisión de Selección, reunida los días 17 y 23 de julio de 2018, señala que “se trata de una excepcional circunstancia que no encuentra acomodo en el artículo 309.1 de la LOPJ, así como tampoco en el reglamento de la Escuela Judicial, pudiendo ser, en su caso, de aplicación por analogía, la normativa reguladora del Centro de Estudios Jurídicos”. 

La Comisión de Selección entiende que la solución hallada por la Comisión Permanente del CGPJ “si bien permite preservar los derechos de la interesada como aspirante, impone, por otro lado, un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas…y que en el orden de sus respectivas puntuaciones han efectuado su opción por una de las dos carreras (judicial o fiscal) conforme a la distribución de plazas contenidas en las bases de la convocatoria”. 

6.- La Comisión de Selección acuerda declarar, por unanimidad, en atención a las circunstancias excepcionales presentes, que “Sofía Marchena Perea se incorpore en la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas correspondientes al año 2017”. 

Asimismo, la Comisión de Selección acuerda declarar, con el objetivo de preservar los intereses de todos los aspirantes, que “se incorpore en el último lugar de la mencionada lista, con una puntuación inmediatamente inferior a la del último de la lista y respetando la opción que ha manifestado por el ingreso en la Carrera Fiscal”. 

Finalmente, la Comisión de Selección acuerda declarar que “atendidas las circunstancias excepcionales anteriormente descritas, la Comisión de Selección resuelve ofrecer 98 plazas, de las cuales, 36 plazas serán para la Carrera Fiscal y 62 plazas para la Carrera Judicial”. 

7.- Por último debe de señalarse que este hecho no ha supuesto la supresión ni el incremento de ninguna plaza, ya que de las 100 plazas convocadas, se cubrieron inicialmente 97, quedando tres plazas sin cubrir, una de las cuales se ha asignado por la Comisión de Selección a doña Sofía Marchena Perea. 

8.- Se ha respetado la opción manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del año 2017 en cuanto al centro de formación elegido.

[11] La reasignación de plaza ‘sin precedentes’ de la hija de un juez del Supremo

Por ELPLURAL.COM 

Artículo publicado el 27 de julio de 2018 en
 
De izquierda a derecha tres de los magistrados del Tribunal Supremo que componen la vista del caso Nóos, Andrés Martinez Arrieta, Manuel Marchena, Miguel Colmenero.
 

Sofía, hija del magistrado del Supremo Manuel Marchena, tuvo que abandonar la escuela judicial por una enfermedad y ahora es reasignada como fiscal

Sofía Marchena hizo las oposiciones a la carrera judicial y aprobó con nota. En el momento de elegir plaza, tuvo que elegir entre la Escuela Judicial (en Barcelona), donde se forman los jueces, y el Centro de Estudios Jurídicos (en Madrid), donde se forman los fiscales. Esa decisión, una vez tomada, no tiene vuelta atrás. El reglamento dice además que, si por la razón que fuera, un alumno no superase el primer curso de estas escuelas, repetiría curso con los miembros de la siquiente promoción. Sofía Marchena, por una grave enfermedad, tuvo que abandonar la Escuela Judicial al mes de estar en ella, no pudiendo reincorporarse hasta un año más tarde

Sin embargo, en lugar reincorporarse a la Escuela Judicial para ser jueza,Sofía Marchenaes ahora fiscal, dado que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) en una decisión inexplicable, ha cambiado su nota (de 68,20 a 52,31) sin dar ninguna explicación y ha asignado a Marchena una plaza de fiscal creada sólo para ella y que se suma a las 35 plazas ya creadas. Así que, aparte de lo inédito de que alguien pase de ocupar una plaza de juez a una de fiscal, en lugar de repetir curso, se añade el cambio de nota, que desde el CGPJ se justifica para que ésta fuera inferior al de la última persona de esa promoción de fiscales y no perjudicarles así. 

Nada dicen sobre el cambio de carrera, de la judicatura a la fiscalía, excusándose en que ha sido una “situación inédita” por la polémica decisión, que ha despertado en las asociaciones de jueces y fiscales sospechas de un posible trato de favor a la hija de un magistrado del Tribunal Supremo que es, a su vez, miembro del CGPJ.

¿Quién es su padre?

 
Manuel Marchena, el padre de Sofía es un juez al que se atribuye buena relación con Carlos Lesmes, el conservador presidente del CGPJ nombrado por el Gobierno anterior (PP) y que, además de relaciones acreditadas con altos cargos del PP y con los abogados de Gürtel, tiene también un largo historial de archivar causas contra los conservadores, desde el caso Palma Arena a la denuncia por malversación contra Rajoy por cargar los gastos de los cuidados de su padre a los presupuestos públicos. 

[12] Sospechas de trato de favor a la hija del presidente de la sala que juzgará el 1-O

Por El Nacional 

Artículo publicado el 26 de julio de 2018 en
 

La hija del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha conseguido una plaza como fiscal en un proceso sin precedentes que apunta a trato de favor, según ha denunciado eldiario.es. Sofía Machena Pereda ha conseguido la plaza 36 de una convocatoria de 35 plazas de fiscal y lo ha hecho mediante un procedimiento sospechoso de nepotismo.

La hija de Marchena aprobó el año 2016 la oposición común a las carreras fiscal y judicial con una nota de 68,20, optó por ser juez e ingresó en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona. En aquel momento Sofía Marchena Pereda hubiera podido hacer carrera como fiscal ya que tenía nota suficiente para hacerlo. Hay que puntualizar que una vez has escogido una opción no puedes pasarte a la otra.

Acuerdo del CGPJ

Un mes después de ingresar en la Escuela Judicial, la hija de Marchena la abandonó por enfermedad, y no ha vuelto, una vez recuperada, tal como le permite la ley. Contrariamente, en diciembre del 2017 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspendió como funcionaria en prácticas (estatus que tenía como alumna de la escuela) a causa de su enfermedad y la puso en situación de poder escoger nuevamente si quería ser juez o fiscal, a la vez que le conservó su nota (68,20) y sus derechos.

Esta es, explica el diario.es, una situación inaudita ya que, habitualmente, cuando un alumno de la Escuela Judicial abandona por enfermedad, se incorpora a la siguiente promoción.

El cambio de situación de la hija del magistrado se acordó en la Comisión Permanente del CGPJ a propuesta de la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, esposa del magistrado de la sala segunda del Supremo Pablo Llarena, sala que preside precisamente Manuel Marchena. Y el acuerdo se adoptó, sospechosamente, el 21 de diciembre, a pocos días de las vacaciones de Navidad, de modo que pudiera pasar desapercibido.

Plaza de fiscal

Gracias ha este acuerdo del CGPJ, la hija de Marchena ha conseguido una plaza de fiscal, la 36, en una convocatoria que inicialmente era de 35, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 25 de julio. La nota con que ha conseguido la plaza no, es sin embargo, la que le reconoció el CGPJ en diciembre del 2017 (68,20). Se le asignó una inferior (52,31) para, según han indicado fuentes del CGPJ a eldiario.es, “no perjudicar a nadie”.

El trato de favor que habría recibido a la hija del magistrado Manuel Marchena ha sido denunciado por varios juristas y políticos en las redes sociales.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial toda la información y documentación referida a ala asignación de la plaza de fiscal a la hija del magistrado Manuel Marchena.

[13] JUECES CON ANTECEDENTES: MANUEL MARCHENA GÓMEZ

Por losgenoveses.net

Artículo publicado en 
 

BIOGRAFÍA NO OFICIAL

Poco se sabe sobre sus primeros años de vida desde que naciera en 1959 en Las Palmas de Gran Canaria. Es más que probable que por destino profesional de sus progenitores cursó parte del bachillerato en el Instituto General Alonso de El Aaiún (Sáhara) y en el Colegio de los jesuitas “San Ignacio de Loyola” de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de sus hijos, Sofía Marchena Perea se ha visto envuelta en una polémica sobre si ha recibido o no trato de favor.

De allí marchó a estudiar Derecho a la Universidad de Deusto, licenciándose en el año 1981. Según informa el BOE en 1983 figura en el listado de opositores a Letrado del Consejo de Estado. La casualidad más casual hace que en el listado también figure un joven Manuel Moix Blázquez, hoy polémico Fiscal Jefe Anticorrupción. Sobre sus vinculaciones con este Cuerpo de Letrados el BOE no vuelve a dar señales de vida. A cambio 2 años después logra aprobar las oposiciones a Fiscal. Muy resumidamente estos han sido algunos de sus destinos:

Como Fiscal

1985-1992. Fiscal de la Audiencia Territorial de Las Palmas.
1992.1994. Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
1994-1996. Fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
1996-2003. Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado
2003-2004. Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, siendo Fiscal General del Estado, el ultraconservador y miembro del OPUS DEI, y recientemente fallecido Jesús Cardenal Fernández.
2004-2007. Tras su cese por el Gobierno de ZP solicita su reingreso a la carrera fiscal. 

Como Magistrado Tribunal Supremo

2007-2012. Designado por el Consejo General del Poder Judicial Magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal para cubrir la vacante por jubilación de José Antonio Martín Pallín.

2012. Nombrado a propuesta del Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón por acuerdo del Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy Presidente de la Comisión institucional para la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2014. Desde septiembre de ese año es Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo gracias a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. De la terna de candidatos, Marchena era el que menos recorrido tenía como magistrado. Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, obtuvo el apoyo de los siete vocales progresistas. Marchena sumó los votos de los 10 vocales propuestos por el PP, la vocal a propuesta de CiU y el del conservador Presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El tercer candidato, Miguel Colmenero, obtuvo el apoyo de Enrique Lucas, vocal del Poder Judicial a propuesta del PNV.

Siempre está donde se le espera

Hasta aquí su trayectoria resumida. Ahora, sin ánimo exhaustivo, durante los 10 años que Marchena ha ejercido como magistrado de la Sala II, incluidos los de su etapa actual como Presidente y excluidos los tiempos que se ha dedicado a otras actividades académicas, la citada Sala se ha pronunciado sobre asuntos tales como:

Sobre el magistrado Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y el cobro de los cursos de Nueva York cuyo Ponente fue el propio Marchena. Sobre esta segunda causa, según el ex periodista de El País especializado en tribunales José Yoldi, Marchena aprovechó el archivo del caso por prescripción para “arrastrar la honorabilidad de Garzón por el fango”. Sobre su papel en los juicios contra el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional se recomienda darse una vuelta por la selecta selección de noticias que hemos incluido en este enlace.

Sobre la Operación Lezo. Según el periodista Ernesto Ekaizer, el nombre de Manuel Marchena se suma a las personalidades del mundo judicial que aparecen en las conversaciones que mantuvo en los últimos meses de 2016 el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según Ekaizer es el “padrino” del actual Fiscal General del Estado, José Manuel Maza y de Manuel Moix, Fiscal Jefe Anticorrupción. Con el primero ha trabajado en la Sala Segunda del Supremo y ha coincidido con Moix en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en época del fiscal General del Estado Jesús Cardenal, durante el gobierno de José María Aznar. Ignacio González, según las fuentes consultadas por ARA, también hace referencia en sus conversaciones a Marchena, a quien sitúa entre los “buenos”.

Sobre el juez Velasco. Según informa “OK Diario” Marchena llamó al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, instructor del Caso Lezo para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

Sobre el Clan de los canarios. Según la periodista Elisa Beni la “independencia” de Marchena queda en entredicho respecto a la querella como acusación popular que interpuso el ex Ministro Soria contra la magistrada Rosell, ex diputada de Podemos. El abogado de Soria es Eligio Hernández, ex Fiscal General del Estado y jefe de Marchena cuando trabajó con él en la FGE. La causa que enfrenta a Soria con Victoria Rosell tiene su origen en el momento en el que ejercía sus funciones de jueza en el juzgado número 8 de Las Palmas. Soria acusó a Rosell de dilatar la tramitación de una causa en la que estaba imputado un empresario que tenía negocios con la pareja sentimental de Rosell. El compañero de la ex jueza no es otro que el periodista de Canarias Ahora Carlos Sosa, quien lleva años denunciando presuntas irregularidades del exministro desde los diferentes cargos que ha ido desempeñando. Y para rizar el rizo, se da la feliz circunstancia que en la primera querella presentada contra Victoria Rosell en los juzgados de Plaza de Castilla, el exministro Soria se apoyó en el letrado Nicolás González-Cuéllar. Este abogado es otro de los hombres de confianza de Manuel Marchena con quien ha trabajado mano a mano en la redacción de varios libros. A finales de 2015, Marchena y González-Cuéllar presentaron por varios puntos de la geografía española la obra “La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015”, redactada por ambos. El texto está prologado por el ministro en funciones Rafael Catalá, compañero de Soria en la mesa de deliberaciones del Consejo de Ministros.

Sobre el almuerzo con Acebes. Según elconfidencial.com recién elegido Presidente de la Sala II Marchena mantuvo el 16 de octubre del 2014 un almuerzo con el que fuera ministro del Gobierno Aznar y secretario general del Partido Popular Ángel Acebes que en esa fecha además estaba imputado por el juez Ruz por su presunta relación con el caso de los papeles de Bárcenas. Según indicaba en su información asistieron al citado almuerzo además de los citados, “Pedro Calvo –ex responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid–, Alfonso Carrascosa –propietario de Legalitas, que reside en Miami–, y otra persona sin identificar”.

Archivar, archivar y archivar

También si ánimo exhaustivo, coincidiendo con Marchena en la Sala II, se han conocido archivos variopintos de asuntos relacionados con conocidos genoveses de alto standing. Hete aquí algunos casos:

Conversaciones entre Díaz y Alfonso. El Tribunal Supremo archiva la querella de CDC, actual Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDCAT), contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso por delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación. La Sala de lo Penal ha acordado la inadmisión a trámite y archivo de la querella interpuesta por el partido nacionalista catalán, refundado bajo las siglas PDCAT, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trías “al no existir indicios de que hubieran cometido tales delitos”, en las conversaciones entre ambos que fueron grabadas. Año 2015

Cuidados padre Rajoy. El Tribunal Supremo ha archivado la querella que el partido Soberanía y la Asociación El Defensor del Paciente presentaron contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por financiar a cargo de los servicios médicos de Moncloa la asistencia de gran invalidez que necesita su padre. No es posible advertir en los documentos que se presentan la presencia de los elementos o requisitos dogmáticos del delito de malversación”. Año 2016

Caso Novo Carthago y senadora Pilar Barreiro. El Tribunal Supremo confirma el sobreseimiento del caso Novo Carthago, sobre presuntas irregularidades urbanísticas, para la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro. Según el Supremo de las pruebas practicadas no se deduce indicio criminal alguno contra ella. Año 2016

Nombramiento Comisario Honorífico de la policía a Francisco Marhuenda. El Tribunal Supremo archiva la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por delito de prevaricación administrativa tras el nombramiento del director de La Razón, Francisco Marhuenda, como comisario honorífico de la Policía Nacional. La Sala de lo Penal del alto tribunal concluye que los hechos imputados al ministro no presentan relevancia penal y aclara que el cargo de comisario honorario que se otorga al periodista no parece contravenir la normativa indicada dado que es un nombramiento discrecional y el expediente no se hace público, tal y como denunció la parte querellante. Año 2016

El Ayuntamiento de Valencia y la Memoria histórica. El Tribunal Supremo archiva la querella presentada contra Rita Barberá por negarse a retirar los símbolos del franquismo durante su etapa como alcaldesa. La Sala de lo Penal ha rechazado la denuncia al considerar que los hechos no son constitutivos de delito. La denuncia contra Barberá mencionaba un total de 33 calles de la ciudad cuyo mantenimiento, según sus impulsores, infringe la Ley de Memoria Histórica. Año 2016

La exalcaldesa de Jerez y el Caso Gürtel. El Tribunal Supremo archiva la investigación a la exalcaldesa de Jerez y actual diputada del PP, María José García-Pelayo, por adjudicar contratos a la rama andaluza de la trama Gürtel. Los hechos investigados se remontan al año 2004 y tienen relación con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel año, así como otros expedientes para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid. Año 2016

El Presidente de Melilla y los contrataciones amigas. El Tribunal Supremo archiva la causa contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por presunto delito de prevaricación en la contratación de un abogado externo por la ciudad para pleitos en materia laboral a partir de 2001, por los que cobró 395.000 euros. Año 2015 

El Presidente de Cantabria y la prescripción. El Tribunal Supremo acuerda no abrir un proceso penal al presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y al consejero autonómico de Obras Públicas Francisco Javier Rodríguez Argüeso en relación al abono por parte de una empresa, en agosto de 2010, de una estancia en un balneario de Oviedo, entonces diputados autonómicos. La Sala ha apreciado que el supuesto delito de cohecho por el que se abriría la investigación ha prescrito. Año 2015 

El TSJMU y el Caso Auditorio. El Tribunal Supremo archiva las querellas presentadas por Podemos y el abogado José Luis Mazón contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a los que acusaban de prevaricar al remitir a un juzgado ordinario, en vez de tramitar directamente, una querella que la Fiscalía presentó contra el candidato del PP Pedro Antonio Sánchez para evitar que fuera imputado en plena campaña electoral. Las querellas se dirigían contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya, quien también es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Quiñonero Cervantes y Miguel Pascual de Riquelme. Año 2015

Monago y sus viajes. El Tribunal Supremo archiva la querella presentada contra el entonces presidente de Extremadura, José Antonio Monago, por los viajes que realizó a Tenerife con cargo al presupuesto del Senado entre mayo del 2009 y noviembre del 2010. Los jueces se apoyan en la decisión del grupo parlamentario popular en la Cámara alta, que rechazó la comisión de un delito de malversación de caudales públicos por estos desplazamientos. También sostiene que no tiene suficientes datos para afirmar que la actividad del presidente de Extremadura “sea ajena a la función pública”. Además, considera que en el caso de Monago “no se aprecia la concurrencia de un comportamiento que revista los caracteres de ilícito penal”. Año 2015

Rafael Hernando y la Memoria Histórica. El Tribunal Supremo archiva la querella que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, integrada por víctimas del franquismo, presentó contra el entonces portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, por injurias. Denunciaban que el diputado popular aseguró que los familiares de las víctimas sólo se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones. El Tribunal considera que lo que hizo Hernando fue “un juicio de valor” y argumenta en su auto de archivo que la libertad de expresión “cobija críticas inofensivas o indiferentes e incluso otras que puedan molestar, inquietar o disgustar”. Es decir, que las “opiniones del querellado no pueden considerarse formalmente injuriosas y, encontrándose amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión, solo procede, al no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, la inadmisión a trámite de la querella”. Año 2014

Ignacio González y su ático de Estepona. El Tribunal Supremo inadmite las querellas que los extrabajadores de Telemadrid y el PSM presentaron contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en relación con la adquisición y propiedad de un ático en Marbella. Entre otros motivos no aprecia en los hechos relatados en la querella ningún indicio de delito de la persona aforada. Añade que en algunos casos se basan sólo en informaciones periodísticas, sin que la querella aporte otros indicios, por lo que no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal sino de la “mera remisión” al tribunal de informaciones publicadas en la prensa. Año 2014

Camps y los trajes. El Tribunal Supremo confirma el veredicto del “Jurado Popular” que había absuelto al ex Presidente de la Generalitad. Los magistrados consideran que no fue “Ni “arbitrario” ni “irrazonable” ni “ilógico”. El 25 de enero de 2012, por un estrecho margen de cinco votos frente a cuatro, un jurado popular absolvió a Camps y al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusados del delito de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente regalos de la trama Gürtel mientras la red lograba contratos a dedo de la Generalitat por cerca de ocho millones de euros. Año 2013

Matas y el Caso Palma Arena. El Tribunal Supremo rebaja la pena al ex Presidente de Baleares de 6 años de prisión a 9 meses. Matas fue condenado por un delito de corrupción por la Audiencia Provincial de Palma en una de las PS del Caso Palma Arena. Año 2013

Y esto es lo que hay por el momento. Nos dejamos en el tintero algunas otras cuestiones que acompañan a su trayectoria y que para los que tenga tiempo y ganas podéis consultar en nuestra hemeroteca.

[14] La hija del Magistrado Marchena podría haber sido nombrada ilegalmente funcionaria por la mujer de Pablo Llarena

Por Juez Fernando Presencia
 
Artículo publicado el 2 de agosto de 2018 en
 

El ‘asunto’ de Sofía Marchena, hija del Magistrado del Supremo Manuel Marchena, podría esconder un presunto delito de nombramiento ilegal de funcionario público cometido por la Comisión de Selección de la que formaría parte la mujer del juez Llarena por su condición de Directora de la escuela judicial

La Comisión de Selección, un órgano tripartito que conforman máximos representantes del CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia  —son los que organizan las oposiciones a jueces y fiscales— ha decidido este mes de julio que la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que no acudió a la escuela judicial de Barcelona por estar enferma, pueda, sin embargo, pasar a la carrera fiscal creando exclusivamente para ella una nueva plaza que no estaba prevista en las bases de la convocatoria, lo que podría ser constitutivo de un presunto delito de nombramiento ilegal de funcionario público por el artículo 405 del Código Penal.

Sofía Marchena, hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo Manuel Marchena, aprobó en el año 2016 las oposiciones de jueces y fiscales, y optó por la carrera judicial.

Cuando fue a la Escuela Judicial en Barcelona, que es el trámite obligatorio previo para poder ingresar luego en la carrera judicial, cayó gravemente enferma y tuvo que ser hospitalizada por lo que no pudo pasar el primero de los cursos.

Por esa razón, la directora del centro propuso a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que, una vez que se recuperara, pasara a formar parte de la siguiente Promoción que es, además, lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La Permanente, con Carlos Lesmes a la cabeza, dio el visto bueno, acordando que se respetara su número de aprobado. Hasta ahora todo normal.

Así llegamos al mes de julio de este año cuando la Comisión de Selección decidió sin ningún apoyo legal que Sofía pudiera en la convocatoria siguiente pasar de la carrera judicial a la carrera fiscal a pesar de no estar presupuestada esa plaza de más (con lo que en la convocatoria siguiente saldrá una plaza de fiscales de menos) todo ello para que la hija de Marchena pudiera pasar su convalecencia en Madrid, teniendo en cuenta que el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid previsto para los fiscales dura solo unos meses mientras que la escuela judicial de Barcelona exige más formación y se prolonga varios años más.

El problema no es solo que exista una laguna en la ley como se justifica desde la Comisión de Selección, sino que, además de no existir ningún apoyo legal para crear una plaza más de las previstas en la convocatoria de oposiciones para la carrera fiscal, dicha práctica está prohibida por las normas de la convocatoria y contraviene lo que dispone el artículo 301 de la LOPJ, que obliga a la Comisión de Selección a distribuir a los candidatos aprobados de acuerdo con las plazas convocadas para una y otra carrera, sin que esté autorizada a redistribuir entre las dos carreras las plazas previamente asignadas.

Esta forma de proceder por parte de la Comisión de Selección podría constituir un delito de nombramiento ilegal de funcionario público por el artículo 405 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.

La importancia de todo este asunto estriba en el hecho de que la mujer del Juez Pablo LlarenaGema Espinosa Conde, forma parte de esa Comisión de Selecciónen su condición de directora de la Escuela Judicial. La sospecha de la comisión por su parte de un presunto delito de nombramiento ilegal de funcionario público para supuestamente favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, coloca tanto a su marido como a Manuel Marchena en una difícil tesitura de cara a los procesados por el asunto catalán, al establecerse entre los dos magistrados una línea de connivencia que resulta incompatible con la independencia y neutralidad que ambos jueces deben de mantener entre sí, dado que uno de ellos es el instructor de la causa del Procés y el otro va a ser llamado para presidir la Sala de enjuiciamiento y dictado de la resolución definitiva.

Pero además la propia mujer del juez Llarena , ella sola, se ha colocado también en una situación profesional muy difícil ya que ha sido propuesta por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura como candidata a una de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, para la próxima renovación de este organismo.

Mucho nos tememos que, hasta que no se aclare este asunto, Gema Espinosa Conde tendrá que olvidarse por ahora de formar parte del máximo órgano de gobierno de los jueces.

[15] Silencios y fake news en el Marchenagate

Por Elisa Beni

Artículo publicado el 1 de agoto de 2018 en
 
El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena EFE

Manuel Marchena y otros implicados en el escándalo han dicho que suponía un riesgo mantener a la joven Marchena estudiando en Barcelona mientras su padre presidía el juicio contra los exmiembros del Govern

Los problemas con Sofía Marchena en la Escuela Judicial comenzaron desde su llegada, en marzo de 2017, cuando nadie tenía la más mínima idea de lo que iba a suceder en septiembre y octubre

El caso ha propiciado la indignación y la exigencia de transparencia por parte de los opositores y de asociaciones de jueces y fiscales que representan a más de 1.500 profesionales

Nota aclaratoria

Sofía Marchena Perea sigue soltera, según ha puesto en nuestro conocimiento su familia. El dato de su matrimonio me llegó el sábado por diversas fuentes -más de tres- de distinto signo pero no pude comprobarlo de forma oficial. Siento haberlo incluido en el texto puesto que no tiene relevancia más allá del giro literario que me permitió dar a mi exposición. Entono mi mea culpa por este dato erróneo, el único que ha podido ser desmentido, y corrijo mi conclusión: el regalo de la creación de la inexistente plaza 36 de fiscal a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo no fue de boda. Simplemente, fue. Elisa Beni

El que más y el que menos ha recibido valiosos regalos con motivo de su boda o de sus bodas. Ninguno creo que podamos presumir de haber recibido como Sofía Marchena la creación de una plaza de fiscal con nombre propio, con cambio de partida y alteración de los Presupuestos del Estado. Y esto es lo que ha sucedido. La que me cuentan flamante novia del pasado sábado no volverá tras su luna de miel a incorporarse a la Escuela Judicial en Barcelona sino que cursará sus estudios en el centro de formación de fiscales en Madrid (CJE), ciudad en la que tiene la pareja fijada residencia. Una situación que ya les explicábamos en La hija de Marchena y en  Marchenagate y que ha propiciado la indignación y la exigencia de transparencia en primer lugar por parte de los opositores, que fueron los primeros en detectar y denunciar la anomalía y la sombra del nepotismo, y de asociaciones de jueces y fiscales que representan a más de 1.500 profesionales. Sólo las asociaciones a las que pertenecen la mayor parte de los protagonistas de este anómalo episodio, sobre el que pende la sospecha clara de favoritismo y corrupción institucional, han decidido ponerse de perfil y no contestar a las demandas de información. Al menos sus cuadros de mando, dado que me constan la perplejidad y la molestia evidente de muchos de sus asociados de base.

Cuentan mis fuentes, tanto periodísticas como de las carreras judicial y fiscal, que tanto el padre de la afortunada novia, Manuel Marchena presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, como el Consejo General del Poder Judicial y otros implicados en el escándalo, han ido transmitiendo a todo el que ha querido oírles que el problema con la joven Marchena estaba relacionado con el riesgo que suponía mantenerla estudiando en Barcelona mientras su padre presidía el juicio y redactaba la sentencia contra los exmiembros del Govern. De ahí el cambio imposible de carrera. Casi todos los que consideran que el fin justifica los medios han comprado la mercancía, tan a las claras averiada para cualquiera que quiera hacer la más mínima comprobación, y han considerado que todo el asunto está ya explicado. Todo muy jurídico y muy periodístico. Ironía. Si tan claro fuera que el inaudito episodio protagonizado por el CGPJ y la Comisión de Selección con la hija de Marchena no tiene sombra de duda, entenderán que miles de jueces y fiscales lo habrían visto a la primera. No ha sucedido así sino que han exigido la documentación necesaria para estudiar cómo se produjo tal ingeniería jurídica y además están que trinan.

Los que lo tienen tan claro podrían haber consultado las fuentes que ponen de manifiesto que los problemas de Sofía Marchena en la Escuela Judicial comenzaron desde su llegada a la misma y que su desaparición del centro de formación de jueces se produjo a principios de marzo de 2017, una fecha en la que nadie tenía ni la más mínima idea de qué acontecimientos iban a sucederse en septiembre y octubre en el Parlament. Ni la más mínima idea. En aquel momento hubo mucho oscurantismo en la Escuela y según afirman compañeros de curso apenas se les insinuó que sufría anemia y que se encontraba mal. Todos los testigos consultados afirman que nada de lo acaecido con la alumna tuvo nada que ver con la situación política de Cataluña. Nada había en el Tribunal Supremo ni nada se esperaba. De facto la querella interpuesta por Maza fue admitida a trámite por Manuel Marchena el 31 de octubre de 2017. Para esa fecha, la alumna Marchena llevaba ocho meses sin aparecer por la Escuela.

Fue después cuando la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, a la sazón esposa del magistrado Llarena, remitió un informe/propuesta al CGPJ sobre la alumna Marchena debido a la inaudita situación que, según ellos, se había producido. Este extremo deberá también ser aclarado. ¿Qué tenía de inaudita una baja prolongada por enfermedad? He documentado varios casos, uno de ellos de una alumna que sufrió un cáncer de mama durante su año de Escuela Judicial y otro de una magistrada, cuyo nombre luego resultaría conocido, que tuvo un embarazo complicado que la obligó a ausentarse durante la mayor parte del periodo de formación. ¿Qué se hizo? Se incorporó al año siguiente y completó su año para ser juez. ¿Qué había de inaudito, insólito, desacostumbrado o especial en el caso de la hija de Marchena? ¿Por qué han montado este pitote nunca visto para que pueda cambiarse y ser fiscal y quedarse en Madrid a completar su formación? Los que han comprado el supuesto riesgo de residir en Barcelona de una mujer a la que nadie conoce, no sé si saben que conseguir plaza de fiscal en Madrid al terminar el año de formación es casi imposible y que la mayoría de las plazas que quedan por cubrir son en Cataluña. ¿También veremos una alteración de los destinos?

Según parece, los muñidores administrativistas creen haber dejado atado y bien atado el tema para evitar que se produzca ningún recurso que pueda obligar a que la Justicia revise lo actuado. Para el caso de que no fuera así, ya se han encargado de poner en marcha la disuasión tanto entre los opositores, a los que los propios preparadores están diciendo que no se signifiquen para evitar represalias, y entre los perjudicados de la promoción 68. Por su parte, en el Ministerio de Justicia actual se asegura que no tienen margen de maniobra legal y que sólo les queda suscribir la lista aumentada de 36 alumnos de fiscales y poner en marcha un “farragoso procedimiento” ante el Ministerio de Hacienda para solicitar el cambio de esa partida presupuestaria. Vemos pues como una decisión de la Comisión Permanente del CGPJ va a acabar alterando los Presupuestos Generales del Estado. Según estas fuentes han sido los técnicos del Ministerio los que han dictaminado que no cabe margen de maniobra para paralizar tal decisión tras ser adoptada por la Comisión Mixta de Selección. Confirman que ésta aprobó el Acuerdo de Nochebuena del CGPJ tras una fuerte disensión entre sus miembros dado que algunos manifestaron claramente que éste era nulo de pleno derecho. A pesar de eso, y tras la refriega, se plegaron y lo aceptaron por unanimidad.

El actual Ministerio socialista no niega que la posición política, no administrativa o formal, no está aún definida y que ésta se manifestará en el Congreso cuando el Gobierno deba contestar las preguntas presentadas por Unidos Podemos, a instancias de Alberto Garzón. Este mismo grupo ha pedido que Lesmes comparezca de forma urgente para explicar las zonas conflictivas y oscuras de este asunto. En el Congreso tendrá que explicar la ministra si sabe cómo se hizo para asignar una nota a Sofía Marchena distinta a la publicada en BOE y por qué se creó una plaza adicional a las convocadas para ella y en qué soporte legal se basaron tales actuaciones. Los parlamentarios quieren saber también de qué partida salió, en qué fecha se solicitó la transformación de la plaza y si el Gobierno va a instar a la Fiscalía General a llevar ante los tribunales estos hechos.

Y es que, a pesar de que lo que se presenta como un probable acto de nepotismo para favorecer a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya sido revestido de legalidad, de una forma que muchos de los actuantes consideran intocable al no haber recurrentes ante lo Contencioso-Administrativo, otros juristas han comenzado a estudiarlo desde el punto de vista penal para analizar si los funcionarios y personas intervinientes pudieron cometer algún tipo de delitos con su actuación.

No hay conspiraciones, no hay grupos de presión, no hay intereses ocultos. Sólo el deseo de asegurar que la transparencia y la legalidad y los principios de mérito y capacidad sigan rigiendo en el acceso al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal. Nada justifica sembrar la duda sobre esta cuestión y nadie, ni siquiera la hija de Marchena, merece como regalo la pérdida de credibilidad del sistema.  

[16] Pablo Casado y Manuel Marchena: destinos que se cruzan

Por Javier Pérez Royo

Artículo publicado el 3 de agosto de 2018 en
 
Marchena (TS) propone limitar la acción popular y prohibirla a los partidos EFE
El destino ha decidido que sea una Sala presidida por Manuel Marchena la que tenga que tomar una decisión sobre el regalo de la Universidad Rey Juan Carlos a Pablo Casado

La corrupción no puede ser erradicada por completo, pero sí puede ser combatida. Y es importante que los ciudadanos vean que se lucha contra ella

Aunque el Presidente del PP, Pablo Casado, considera que ha dado explicaciones “suficientes e incluso excesivas” sobre las circunstancias que concurrieron en la obtención del Máster “oficial” de Derecho Autonómico y Municipal en la Universidad Rey Juan Carlos y aunque el Secretario General ha dicho en Hoy por Hoy, en la Cadena SER, que considera la investigación judicial sobre ese asunto algo “anecdótico”, no parece que sea esa la opinión de la jueza que está llevando a cabo la investigación. La mayor parte de los medios de información consideran que se espera la remisión en breve de una exposición razonada por parte de la jueza a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada la condición de diputado de Pablo Casado, a fin de que dicha Sala acuerde lo que estime pertinente.

La corrupción siempre llama dos veces. Al anterior Presidente del PP lo llamó al final de su mandato como Presidente del Gobierno y del PP, aunque, por el momento la conducta de Mariano Rajoy no haya sido investigada como presuntamente constitutiva de delito. Fue la corrupción de su partido y no la suya la que se lo llevó por delante. Al actual presidente la corrupción lo está llamando desde el momento inicial de su mandato y no por la corrupción del partido, sino por la suya propia.

En poco tiempo va a ser la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, cuya hija acaba de verse beneficiada por un regalo  distinto al que recibió Pablo Casado, pero de naturaleza no muy diferente.  Remito a los tres artículos de Elisa Beni:  La hija de Marchena(25/07),  Marchenagate (28/07) y  Silencios y fake News en el Marchenagate (01/08). En ambos casos se trata de regalos que se reciben por parte de poderes públicos excepcionando la vigencia de normas de obligado cumplimiento que se aplican rigurosamente a todos los demás ciudadanos o ciudadanas que se encuentran en idéntica situación que ellos.

Los órganos de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos y el director y algunos profesores del Instituto de Derecho Público la misma decidieron presuntamente regalarle a Pablo Casado y a otros alumnos VIP del PP el título de Máster en Derecho Autonómico y Municipal, sin exigirles lo que se les exigió a todos los demás alumnos matriculados.

El Consejo General del Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes, a petición de la Directora de la Escuela Judicial, que da la casualidad que es la mujer de Pablo Llarena, magistrado de la Sala segunda, presidida por Manuel Marchena, decidió convertir lo que son compartimentos estancos, Jueces y Fiscales, en vasos comunicantes única y exclusivamente para la hija de Manuel Marchena. Para ello hubo que retorcer el ordenamiento jurídico de múltiples formas, todas ellas descritas en los artículos de Elisa Beni. En toda la historia de la carrera judicial y fiscal no ha habido otro caso igual.

El destino ha decidido que sea una Sala presidida por Manuel Marchena la que tenga que tomar una decisión sobre el regalo de la Universidad Rey Juan Carlos a Pablo Casado de naturaleza similar al que ha recibido su hija del Consejo General del Poder Judicial.

La corrupción es la hipoteca del poder. Es la subordinación del poder público a los intereses privados por vías soterradas y espurias. Ataca, por lo tanto, al Estado Constitucional en su núcleo esencial, en aquello que lo diferencia y lo hace superior a todas las formas de organización del poder anteriores en la historia de la humanidad.

La corrupción no puede ser erradicada por completo, pero sí puede ser combatida. Y es importante que los ciudadanos vean que se lucha contra ella. Estamos ante dos casos de presunta corrupción especialmente graves porque afectan a la credibilidad de los títulos universitarios y a la rectitud de la conducta del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Las circunstancias que concurren hacen difícil tomar la decisión. Pero en tales circunstancias es cuando una democracia se la juega. Si no es capaz de dar una respuesta a casos de corrupción como estos, su suerte está echada.

[17] Un cliente de Legálitas absuelto de un supuesto delito para el que se solicitaban 24 años de carcel

https://www.legalitas.com/actualidad/Un-cliente-de-Legalitas-absuelto-de-un-supuesto-delito-para–

 

 

 

Un cliente de Legálitas absuelto de un supuesto delito para el que se solicitaban 24 años de carcel

Aunque el 98% de los casos se resuelven prejudicialmente, los despachos de Legálitas logran sentencias favorables cuando se hace inevitable la vía judicial. El pasado mes de noviembre Legálitas recibió una consulta de un cliente por un problema judicial grave: una denuncia por la que el Fiscal pedía para el acusado una condena de 24 años de prisión en virtud de 6 presuntos delitos.

Legálitas, a través de su despacho principal (ACM Legal), por medio de su abogado D. Manuel Marchena Perea, estudió el caso, lo preparó en profundidad y acudió a la vista en la Audiencia Provincial de Madrid consiguiendo demostrar que la parte denunciante mintió acerca de los hechos que fue manifestando durante la fase sumarial.

Aunque el 98% de los casos que se tratan en Legálitas se resuelven prejudicialmente, gracias a la experiencia mediadora de sus abogados, cuando se plantean casos en los que se hace inevitable acudir a la vía judicial, los despachos que forman parte de los servicios jurídicos de Legálitas logran un alto índice de éxito.

En relación a la denuncia falsa por la que el Fiscal pedía para el acusado una condena de 24 años, se consiguió ya en la Vista, que el Ministerio Fiscal modificara su acusación, rebajando la solicitud de condena de 24 años a 9.

Cinco días después se notificó al acusado la sentencia, absolviéndole de todos los delitos por los que venía siendo acusado.

Aunque solo el 2% de las consultas atendidas por Legálitas llegan a juicio (hay ocasiones en que no pueden evitarse), para estas situaciones los clientes de Legálitas pueden beneficiarse de los mejores abogados con unos costes mínimos.

 

 

 

 

 

 

 

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