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HOJA DEL LUNES: el Estado de Derecho a prisión

[1] Un estado de excepción a la vieja usanza

Por Javier Pérez Royo

Articulo publicado el 24 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/excepcion-vieja-usanza_6_753534644.html

El 155 no está en la Constitución para perseguir penalmente a los adversarios políticos ni para convertir el “estado de excepción autonómico” en un “estado de excepción”; sin embargo, exactamente para eso es para lo que ha servido

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su escaño del Congreso. / EFE

El 155 CE estaba previsto para reaccionar políticamente ante un incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma de las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes o ante una actuación de la misma que atente gravemente contra el interés de España. Se trataba de corregir un ejercicio desviado del poder, imponiéndole a las autoridades de la comunidad autónoma el comportamiento constitucionalmente exigible. El 155 tiene un componente de “estado de excepción”, pero limitado al ejercicio del derecho a la autonomía y con la finalidad de restaurar el ejercicio de tal derecho de conformidad con la Constitución. No está en la Constitución para perseguir penalmente a los adversarios políticos. Es decir, no está en la Constitución para convertir el “estado de excepción autonómico” en un “estado de excepción” en el sentido tradicional del término, del que en España, por desgracia, sabemos mucho.

Y, sin embargo, exactamente para eso es para lo que ha servido. Al día siguiente de que el Consejo de Ministros decidiera activar las medidas autorizadas por el Senado, el Fiscal General aprovechó la ocasión para activar querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. La sincronización entre la acción del Gobierno, de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo no pudo ser más perfecta. Y para activarlas mediante la “fabricación” de una acusación por un delito inexistente, el delito de rebelión, que más de cien profesores de derecho penal de las Universidades españolas consideran que no ha sido cometido por las personas contra las que la querella se ha dirigido. En el día de ayer, 23 de marzo, el juez instructor acaba de dictar un auto de procesamiento, acompañado de la medida cautelar más extrema que puede adoptarse.

 

¿A qué “normalidad” se puede volver tras el auto dictado en el día de ayer por el juez Pablo Llarena? La vuelta a la normalidad era el objetivo declarado de la aplicación del artículo 155 CE. Así se presentó públicamente la activación de la coacción federal y en tales términos fue aceptada por el PSOE. ¿Qué queda de ese objetivo tras un auto que es el anticipo de una condena? ¿O es que la normalidad a la que se pretende volver es la anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1978?

De Mariano Rajoy y de su partido, que no está disuelto porque la Fiscalía General del Estado, que tan diligente es en otros asuntos, no se considera vinculada por la Constitución, que dice textualmente que “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios constitutivos de delitos SON ILEGALES” (art. 22.2), no cabe esperar nada. Pero del PSOE sí cabría esperar algún tipo de reacción.

¿Cómo piensa Pedro Sánchez que se puede proceder en este momento a la investidura del President de la Generalitat? ¿Cuántos parlamentarios van a quedar suspendidos, que no inhabilitados, en los próximos días una vez que sea firme el auto de procesamiento? ¿Puede reflejar, tras esas suspensiones la composición del Parlament la voluntad del cuerpo electoral expresada el 21D? ¿Puede el nacionalismo tomar algún tipo de iniciativa política con sus máximos dirigentes en prisión y amenazados los demás con esa misma situación en cuanto se expresen de conformidad con la ideología con la que se presentaron ante los electores? ¿Se puede dirigir Catalunya democráticamente sin que los nacionalistas puedan participar en su condición de nacionalistas en la vida política?

Estamos volviendo a una etapa negra de la historia de España que pensábamos que habíamos dejado definitivamente atrás. A través de la activación del artículo 155 CE el Gobierno de Mariano Rajoy, con el concurso explicable aunque lamentable de Ciudadanos, e inexplicable del PSOE, ha lanzado a la Fiscalía General, y a través de ella a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo a la persecución penal del nacionalismo, como si fuera un enemigo al que hay que aniquilar.

¿Es este el Estado social y democrático de Derecho definido en la Constitución, uno de cuyos objetivos, de acuerdo con el PREÁMBULO era “proteger a todos los españoles y PUEBLOS de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”?

***

[2] Carta de Marta Rovira a la militancia de ERC

Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que emprender. El camino del exilio.

No puedo ocultar la profunda tristeza que siento al alejarme de tanta gente que quiero, y que quiero mucho. De tantas luchas compartidas durante tantos años con personas movidas por un único objetivo: cambiar la sociedad en la que viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde la infancia, de pasear por las ciudades donde he vivido…

Siento tristeza, pero mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente. Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican –descaradamente– criterios políticos. Cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna.

El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política. Es la única forma que tengo de levantarme en contra del Gobierno del PP, que persigue todo el que está a favor de votar, y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo preestablecido y lo establecido. Un Gobierno que está dispuesto a saltarse el Estado de Derecho y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos.

Tengo una hija, Agnès. Las madres sabéis cómo la quiero. Y cómo de fuerte es el sentimiento de darle todo lo que le pueda dar. El exilio me permitirá hacerle de madre, y se lo merece. Mucho.

Os quiero decir una última cosa. No dejéis que el rencor se apodere de vosotros. El análisis de una realidad antidemocrática y profundamente injusta no debe dar paso al resentimiento. Contra nadie. Contra nada. Sólo desde el respeto y del amor hacia todos los ciudadanos y todas las opiniones conseguiremos cambios radicales y profundos. Sólo desde el trabajo conjunto lograremos una República para todos.

Como dice Oriol, “en estos días que vendrán, manteneros fuertes y unidos. Transformad la indignación en coraje y perseverancia. La rabia, en amor. Pensad siempre en los demás. En lo que tenemos que rehacer. Persistid porque yo persistiré. Gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero”. Y eso es lo que haremos, Oriol.

Os escribo, ahora sí, con sinceridad y libertad. Y es tal como lo podré hacer desde ahora como secretaria general de ERC, un partido que quiero, que ha dado tanto al país y que todavía tiene que dar mucho más.

Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. ¡Viva una república catalana para todos!

 

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Sumario (Semana del 19 al 25 de marzo de 2018):

[1] Un estado de excepción a la vieja usanza, por Javier Pérez Royo

[2] Carta de Marta Rovira a la militancia de ERC

[3] El imparable avance del nacionalcatolicismo, por Fernando López Agudín

[4] El candidato del PP en Córdoba advierte que volverá a reponer los nombres franquistas de calles, por Carmen Reina

[5] Willy Toledo asegura que no comparecerá ante el juez por insultar a dios, por  

[6] Manifiesto público en defensa del Instituto Español de Oceanografía, por eldiario.es

[7] La Xunta prevé que el personal médico del centro de menores que privatiza en Ourense pueda trabajar como autónomo, por David Lombao

[8] El PSOE votará en contra de la reforma de la Ley de Amnistía para no generar “inseguridad jurídica”, por Público

[9] El Supremo confirma el desamparo de la última víctima de la Guerra Civil, por Eduardo Bayona

[10] El Constitucional avalará la financiación pública de los colegios que segregan por sexo, por Público

[11] Franco estaría orgulloso del Tribunal Constitucional, por David Bollero, por “Eldiariocantabria”.

[12] El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria también falseó su currículum

[13] Facebook investiga la filtración masiva de datos de 50 millones de usuarios, por Agencia EFE

[14] La Fiscalía insiste en la prisión para Sánchez pero pide libertad con fianza para Forn por orden del fiscal general, por Marcos Pinheiro 

[15] El expresidente francés Nicolas Sarkozy, detenido por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, por “Eldiario.es”

[16] El Gobierno adjudicó contratos por más de 300 millones con una fórmula ilegal que favorecía el ‘dedazo’ a las constructoras, por Antonio M. Vélez

[17] El oscuro arte de la publicidad política en internet ya funciona tan bien que hay motivos para alarmarse,  por Julia Carrie Wong

[18] La marcha a La Haya del juez progresista de Gürtel deja en el aire su participación en el juicio de la caja B, por Europa Press

[19] Leonino acuerdo de CCOO y UGT con el gobierno sobre los salarios de los funcionarios, por Aday Quesada

[20] ¡Grandes defraudadores, barra libre! Gobierna el PP, por David Bollero

[21] El hipódromo de la Moncloa, por Juan Carlos Escudier

[22] Los funcionarios de Justicia convocan movilizaciones y piden equiparación salarial, por EFE

[23] El registro de secretaría confirma que Cifuentes no aprobó el máster en 2012, por Raquel Ejerique

[24] La universidad española no funciona así, por Anton Losada

[25]Las mentiras de Cristina Cifuentes sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, por Ignacio Escolar

[26] ¡Comparece, Cristina!, por Elisa Beni

[27] Asociaciones universitarias denuncian ante la Fiscalía la falsificación del máster de Cifuentes, por Marcos Pinheiro

[28] El tribunal que supuestamente evaluó el trabajo de fin de máster de Cifuentes es ilegal, por Raúl Rejón

[29] La misma universidad que regaló un máster a Cifuentes contrató como profesora a su hermana de manera ilegal, por Daniel Sánchez Caballero

[30] Antes varón negro que mujer blanca, por Javier Pérez Royo

[31] Los negros de Llanera, por Elisa Beni

[32] Los jóvenes “son cada vez más machistas” y “vivimos un retroceso”: una alarma social sin evidencias, por Marta Borraz

[33] ¿Usas bitcoin? La NSA comenzó a espiarte en 2013,  por David Sarabia

[34] Sarkozy, imputado por financiar con dinero libio su campaña de 2007, por “Eldiario.es”

[35] La firma de hipotecas sobre viviendas sube un 9,2% interanual en enero y se dispara un 44% en el mes, por “Eldiario.es”

[36] Marjaliza admite en el Congreso que financió campañas del PP, PSOE e Izquierda Unida, por Marta Barandela

[37] ¿Se podrá cerrar el paréntesis?, por Javier Pérez Royo

[38]Luces y sombras en la Ley de Contratos del Sector Público, por Gáspar Llamazares

[39] PP, PSOE y Ciudadanos tumban la reforma de la Ley de Amnistía que pretendía juzgar los crímenes franquistas, por Iñigo Aduriz

[40] La jefa actual del Imserso llevó al notario el saqueo del PP de Madrid, por Esteban Urreiztieta

[41] Estas son las constructoras que ingresaron 300 millones en contratos con una cláusula ilegal que favorecía el ‘dedazo’, por Antonio M. Vélez

[42] El ‘big data’ del PSOE, por  Juan Carlos Escudier

[43] Un mal día para corruptos con cargo, por David Bollero

[44] Maltrato: Cuando tu vida depende de tecnología de hace una década, por David Bollero

[45] Máster de Cifuentes, dilema de Rivera, por Fernando López Agudín

[46] Un tribunal echa de su propia casa a una madre minusválida, sin trabajo y con una hija de 15 años, por Eduardo Bayona

[47] Un día cualquiera en TVE, por Carlos Hernández

[48] Bárcenas manipuló sus papeles para suprimir dos pagos en B a Rajoy y Cospedal, por Público

[49] El Gobierno recurre al Constitucional la ley catalana de atención sanitaria universal, por Pau Rodríguez

[50] Bilbao denuncia la “injusticia” del caso Altsasu a menos de un mes de que empiece el juicio, Por Danilo Albin

[51]El acoso ultra a 400 diputados, alcaldes y concejales en Zaragoza queda impune, Por Eduardo Bayona

[52] Procesiones para menores en la Educación Pública, por David Bollero

[53]¿Qué plan toca ahora?, por Juan Carlos Escudier

[54] El juez sienta en el banquillo por rebelión a 13 líderes del procés, incluidos Puigdemont y Turull, por Público/EFE

[55] La justicia española arrasa con el procés y clava una advertencia: fuga o cárcel para los líderes del soberanismo, por Pedro Águeda / Oriol Solé Altimira

[56]El juez envía a prisión al candidato a president, Jordi Turull, y a Forcadell, Romeva, Bassa y Rull, por Marcos Pinheiro / Pedro Águeda / Oriol Solé Altimira

[57]El independentismo se moviliza en la calle tras la decisión de Llarena de enviar a prisión a Turull, Forcadell y los exconsellers, por “Eldiario.es”

[58]La venganza del juez Llarena, por Iñigo Sáenz de Ugarte

[59]Las cartas del magistrado Llarena, por Fernando López Agudín

[60] Hay que quitarse de encima este poder judicial, por Marià de Delàs

[61] El líder del SAT provoca una queja del Gobierno a la ONU, por N. Acedo

[62] Alemania traslada a Puigdemont a la prisión de Neumuenster, según medios alemanes, por María-Paz López

 

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Marta Rovira dejó su escaño el jueves-EFE

 

[3] El imparable avance del nacionalcatolicismo

Por Fernando López Agudín

Artículo publicado el 20 de marzo de 2018 en:
http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/03/20/el-imparable-avance-del-nacionalcatolicismo/

El anunciado rechazo del recurso presentado por el PSOE contra la LOMCE, más conocida como ley Wert por el ministro del PP que la promulgó, por el Tribunal Constitucional, que se hará público hoy martes, confirma la actual involución política dirigida por la derecha española. Un puntapié jurídico contra el consenso social en el espacio educativo. El claro mensaje que Rajoy y Rivera envían a la oposición, a través de los magistrados constitucionales, es claro: que pierdan toda esperanza en cualquier pacto educativo. Puestos a tener que pactar, los estrategas del Partido Popular y de Ciudadanos prefieren hacerlo con la Iglesia Católica, que puede contribuir muy mucho a que hoy se vote, en expresión jesuítica del cura Camilo de la novela de Giovanni Guareschi, a los “partidos demócratas y cristianos”;  o sea, al  PP y a Cs.

Del artículo 14 de la Constitución, que señala que los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por razón de religión o de sexo,no quedan ni siquiera las raspas en la ley Wert, ahora ratificada por el Tribunal Constitucional. Los criterios de la Iglesia Católica, en materia de enseñanza de religión o de segregación de sexos, se imponen sobre las restantes orientaciones de los ciudadanos españoles, que quedan relegados en función de los beneficios de la enseñanza privada. Toda una puñalada certera sobre la enseñanza pública bien envuelta en oportuna retórica democrática. Conviene no equivocarse. No se puede hablar de una vuelta al franquismo. Por el contrario, ahora asistimos, bajo una democracia parlamentaria, a que se vuelve a oficializar un estatus privilegiado a la Iglesia Católica.

De aquel lodo del 78, el estado aconfesional, estos lodos de 2018, el nacionalcatolicismo. Al no reconocerse entonces al Estado español como laico, el francés lo es desde 1905, se avanzaba de hecho hacia una confesionalidad solapada como la que ahora mismo se consagra constitucionalmente. Con un texto constitucional que obligaba a los poderes públicos a tener muy en cuenta”las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones”, que ni siquiera se enumeraban, sólo hacía falta que llegaran a la Moncloa, en el momento adecuado, estos políticos eclesiásticos para darle la vuelta a la Constitución.

Una vez más el Tribunal Constitucional sirve como Tercera Cámara de los intereses de la derecha, cuando todos los magistrados del PP y PSOE, nombrados por ambos partidos, reflejan todos los postulados opuestos de los partidos que los eligieron. Así, la actual mayoría absoluta del PP en el Senado y  su mayoría relativa en el Congreso de los Diputados, se ven reforzadas con el absoluto control del Tribunal Constitucional. Tanto si están de acuerdo, como en lo referente a la cuestión nacional catalana, como si no lo están, sobre la controvertida interpretación de la libertad de enseñanza recogida por el artículo 17 de la Constitución del 78. Basta comprobarlo en  las hemerotecas. De hecho, fue uno de los preceptos más polémicos, si no el más, durante el proceso constituyente.

Es la consagración del nacionalcatolicismo de la derecha española. Ayer, sancionado en las sentencias sobre Cataluña; hoy, ensalzado con el privilegio educativo de la enseñanza católica. Esa concepción reaccionaria, basada tanto en el centralismo madrileño como en el clericalismo religioso, cabalga ahora con el viento a favor por los cuatro rincones de nuestra geografía y se configura como el principal eje ideológico de la mayoría de la sociedad. La sólida alianza entre  la rojigualda y el hisopo no es una novedad en nuestra historia, pero sí lo es que su actual hegemonía no vaya enmarcada hoy en un cuadro dictatorial. Desde la legalidad constitucional vigente, es impecable tanto el protagonismo democrático de un Rajoy revestido de Santiago Apóstol como el de Rivera encarnado en don Pelayo.

Previsiblemente, no veremos a Rajoy ni al monaguillo Rivera bajo palio, pero sí a la Iglesia Católica dándole al César lo que es del César, después de que desde la Moncloa se haya dado a Dios lo que, según el episcopado, es de Dios. Este imparable avance del nacionalcatolicismo conduce, más bien pronto que tarde, a que España sea la Polonia bis de la Unión Europea. Pese a que Berlín denuncia abiertamente esa involución de la derecha polaca, elogia la involución de la derecha española. Esa combinación del más pétreo nacionalismo hispano con el beaterío religioso, que es un pecado mortal en Varsovia, no llega ni a ser venial en Madrid. Nada le satisface más a la Merkel que el Trono vaya de la mano del Altar, en una España azotada por los vendavales de las revueltas sociales.

 

[4] El candidato del PP en Córdoba advierte que volverá a reponer los nombres franquistas de calles

Por Carmen Reina

 

El candidato del PP a la alcaldía, José María Bellido, dice que “en junio de 2019 habrá que cambiar los nombres de las calles otra vez”

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado recientemente eliminar del callejero el nombre de quince vías por su relación con el franquismo

“Retirando estos nombres se falta al honor de estas personas y de sus familias”, defiende el popular, en concreto, sobre cinco vías públicas de la capital

 
El candidato del PP en Córdoba, José María Bellido, a la izquierda, junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina.

 

El Partido Popular de Córdoba mantiene su oposición al cambio de nombre de calles con relación con el franquismo que el Ayuntamiento va a llevar a cabo y ha anunciado que, si los populares gobiernan tras las próximas elecciones municipales de 2019, volverán a reponer esos nombres.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y ya candidato de su partido a la Alcaldía para las elecciones locales de 2019, José María Bellido, avanzaba esa idea esta semana, cuestionando el dictamen municipal que ha sido aprobado para eliminar del callejero los nombres de vías como la avenida Conde de Vallellano, la calle José Cruz Conde o la Plaza de Cañero. “En junio del 2019, las cosas volverán a cambiar” ha dicho, porque en su opinión “se ha incumplido la ley y habrá que cambiar los nombres de las calles otra vez”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba aprobó hace un mes eliminar del callejero municipal una quincena de calles con nombres relacionados con el franquismo, tras una dictamen elaborado durante seis meses por la comisión municipal de Memoria Histórica y en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Ese dictamen, aprobado en Pleno, argumentaba cada uno de los nombres que se van a eliminar con hechos históricos de cada una de esas personas relacionadas con el franquismo.

Del Conde de Vallelano, por ejemplo, relatan  su trayectoria política y profesional , explicando que, en 1936, este diputado en las cortes republicanas por Renovación Española se puso al servicio del General Mola, que lo envió a Portugal. Posteriormente, Franco lo nombró presidente de la Cruz Roja española, que atendía al bando sublevado.

De José Cruz Conde, por otro lado, se considera que colaboró activamente en el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. Pasó a convertirse en uno de los hombres fuertes del líder de uno de los sectores más reaccionarios y autoritarios de la derecha española, José Calvo Sotelo”. Y tuvo un papel protagonista en la dimensión civil de la conspiración que conduce a la Guerra Civil española.

Sin embargo, desde el PP se opusieron desde el principio al cambio de nombre, en concreto, de cinco de esas calles, argumentando el “arraigo popular” de la denominación entre la sociedad cordobesa. Entre esos nombres figuran Conde de Vallellano, Cruz Conde, José María Pemán o Cañero.

Para Bellido, “retirando estos nombres se falta al honor de estas personas y de sus familias” y ha rechazado que se les “califique de franquistas como se han hartado de repetir hasta la saciedad desde el gobierno del Ayuntamiento”. El candidato del PP considera que “no hay justificación para el deshonor ni para calificarlos como franquistas cuando eso no fue así”, rechaza.

De hecho, antes de que el Ayuntamiento aprobara en febrero la eliminación de los nombres franquistas de estas calles, el PP emprendió una campaña de recogida de firmas entre los vecinos de cada una de las zonas de la capital cordobesa donde se ubican las vías públicas con estos nombres. Llegó a recoger alrededor de 7.000 apoyos que llevó al Pleno municipal el día en que se debatió y aprobó finalmente la eliminación del nombre de esas calles del viario público.

[5] Willy Toledo asegura que no comparecerá ante el juez por insultar a dios

Por EFE

 
A través de un post en Facebook, el actor ha afirmado que no tiene “la más mínima intención” de presentarse “ante sus ilustrísimas” el próximo 18 de abril
 
Guillermo Toledo asegura que no comparecerá ante el juez por insultar a Dios
 

El actor Guillermo Toledo ha manifestado a través de su muro de Facebook su intención de no comparecer ante el juez en la vista fijada para el próximo 18 de abril  por haber insultado a dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en esa misma red social en julio pasado.

“Desde aquí, comunicar a los sicarios del régimen borbónico franquista español que no tengo la más mínima intención de perder un sólo segundo de mi vida en presentarme ante sus ilustrísimas”, señala el actor en su mensaje.

“Comunicar también que, en el caso de que, ante mi no comparecencia, decidan ustedes cursar una orden de búsqueda y captura contra mi persona, yo les ahorro la “busca”: estaré los días 19, 20, 21 y 22 de abril en el Teatre Lliure de Gràcia, en Barcelona, entre las 19:00 y las 22:30″, añade.

“A partir de esa fecha, me encontrarán ustedes en mi domicilio habitual de Madrid, que ustedes conocen de sobra pues es el mismo lugar al que enviaron a sus chiquitos a detenerme la última vez”, prosigue el mensaje.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Toledo en un procedimiento que se inició a partir de una denuncia formulada en julio por la Asociación de Abogados Cristianos, por unos comentarios en los que el actor criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla.

En aquel mensaje Toledo llamaba “energúmena” a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla por abrir juicio oral contra esas tres mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos, por llevar a cabo lo que llamaron “la procesión del coño insumiso”.

“Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso”, dijo el actor en su perfil de Facebook.

Además, tildó de “represión” la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos, de doce meses con una cuota diaria de 10 euros, y un euro en concepto de responsabilidad civil.

La procesión, convocada bajo el nombre de “la hermandad del sagrado coño insumiso”, recorrió varias calles el 1 de mayo de 2014. En junio del año pasado, la juez Pilar Ordóñez archivó provisionalmente el caso, que reabrió la Audiencia de Sevilla tras un recurso presentado por la Asociación de Abogados Cristianos.

[6] Manifiesto público en defensa del Instituto Español de Oceanografía

Por “Eldiario.es”

 
Artículo publicado el 19 de marzo de 2018 en:
 

Texto firmado por 322 trabajadores del Instituto Español de Oceanografía

Desde hace más de 100 años, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) tiene como misión la investigación y el desarrollo tecnológico, incluida la transferencia de conocimientos sobre el mar y sus recursos, y es un Organismo Público de Investigación (OPI) dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, desarrollo e Innovación.

Para llevar a cabo su misión, el IEO tiene un presupuesto propio, incrementado con

financiación externa obtenida en proyectos nacionales e internacionales y encomiendas de gestión. Dispone de nueve Centros Oceanográficos repartidos a lo largo del litoral español, en A Coruña, Cádiz, Gijón, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Palma de Mallorca, Vigo y los servicios centrales en Madrid; 5 buques de investigación oceanográfica, 4 plantas de cultivos marinos, laboratorios de referencia internacional en contaminación marina, medio marino y genética, bases de datos y colecciones biológicas únicas a nivel mundial y mantiene numerosos programas de observación del ecosistema marino. Su plantilla, de trabajadores altamente especializados, le permite abordar proyectos multidisciplinares, independientemente de su localización geográfica. El IEO representa a España en numerosos foros científicos y técnicos, nacionales e internacionales, siendo el organismo asesor en materia de pesca y medio ambiente marino del Gobierno de España, y es el organismo encargado de la evaluación del estado ambiental de los ecosistemas marinos y de las pesquerías.

Asimismo, los profesionales del IEO representan a la UE en numerosas organizaciones gubernamentales o se integran en grupos de asesoramiento como expertos independientes.

El crecimiento en número de proyectos de investigación en los últimos quince años no ha ido acompañado de la necesaria modernización en el sistema de gestión y en la

estructura del Organismo. Los problemas organizativos del IEO se acentuaron en 2010 cuando fue degradado, junto con otros OPIs, al rango de Subdirección General, con las consecuencias administrativas que conlleva. La situación se agravó a partir de 2014, tras el cambio en el régimen de control económico-financiero que en el IEO se realizó sin la dotación de recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicho cambio. En consecuencia, en los últimos años se aprecia una disminución drástica en la ejecución presupuestaria (del 90% en 2013 al 50% en 2017). Esta disminución no se justifica única y exclusivamente por el contexto general de crisis, ya que esta tendencia tan acusada en el IEO no se aprecia en otros OPIs. Esto último refleja la existencia de un problema estructural.

Si los datos de ejecución presupuestaria 2013-2017 son ya de por sí suficientemente alarmantes, la incapacidad del IEO para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Los problemas en la estructura organizativa ocasionan retrasos en la tramitación de expedientes y, en consecuencia, bloquean la ejecución de proyectos y la creación de empleo cualificado y de calidad, con grave perjuicio para el prestigio del IEO y con repercusión directa en el tejido social y económico del país.

Esta situación de parálisis estructural se resume en incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; desincentivación en el liderazgo de proyectos. En definitiva, pérdida de prestigio de la institución y de los profesionales del IEO, y pérdida de capacidad en la consecución de sus funciones. 

El actual equipo directivo del IEO es consciente de esta situación, que ha sido denunciada en numerosas ocasiones, si bien no ha conseguido remediarla, ni la ha denunciado públicamente. Por todo ello, los trabajadores del IEO que suscriben este manifiesto, pertenecientes a las escalas de investigación, técnicas y administrativas, enormemente preocupados de ver como el IEO está colapsado y observando con asombro el nivel de conformismo del equipo directivo del IEO, se ven en la obligación de denunciar esta dramática situación.

[7] La Xunta prevé que el personal médico del centro de menores que privatiza en Ourense pueda trabajar como autónomo

Por David Lombao

Artículo publicado el 19 de marzo de 2018 en:
https://www.eldiario.es/galicia/Xunta-contempla- personal-privatiza- Ourense_0_751375211.html

 

Profesionales de medicina, psiquiatría y enfermería del centro de Montealegre podrán ser autónomos y los servicios de mantenimiento, limpieza, cocina y lavandería, subcontratados a empresas externas

El PP tumba una iniciativa parlamentaria que reclamaba mantener el complejo como público tras haber estado cerrado seis años y haber recibido una inversión de 2 millones de euros públicos en obras

 

Interior de un cuarto en el centro de Montealegre antes de las últimas reformas IMAGEN FACILITADA A LOS CONTRATISTAS

Seis años después de lo que había sido presentado como un cierre de unos ocho meses del centro de menores de Montealegre, en Ourense, para realizar “obras de remodelación y acondicionamiento”, la Consellería de Política Social de la Xunta se dispone a reabrirlo. Lo va a hacer, como ha venido informando Praza.gal, mediante una fórmula de gestión privada hasta el año 2020 financiada con hasta 3,2 millones de euros que llega después de que hayan salido de las arcas públicas unos 2 millones en reformas del complejo. Tras dejar el centro sin personal público -mediante despidos y traslados- la empresa o entidad que obtenga el contrato aportará también una nuevo plantilla. En ela se incluye personal médico para el cual la Xunta admite una fórmula difícilmente encajable si Montealegre continuara bajo gestión pública: que trabaje como autónomo.

El pliego de condiciones de la privatización, en marcha desde finales de febrero, señala que este centro, especializado en menores de 12 a 17 con “graves problemas de conducta” bajo “guardia o tutela de la Xunta” por orden judicial, tendrá que contar con un cuadro mínimo formado por casi una cuarentena de profesionales. En esa plantilla figuran los puestos de dirección y subdirección, 17 de educación de los que tres pueden ser también de “coordinación del equipo educativo” o dos puestos de psicología clínica especializada.

Esta fórmula de gestión ya ha sido recahazada por parte del personal de Política Social en la provincia de Ourense -representado por los sindicatos CCOO, CIG, CSIF, UGT y SUMA- y también desde el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia. En el caso de este colectivo profesional la alerta se centra en las diecisiete plazas de personal educativo.

El propio pliego, destaca el CEESG, solo pide que la entidad adjudicataria se dote de personal “en posesión de una titulación universitaria media, superior o de grado en materias propias o relacionadas con la intervención educativa o social”. Esta “descripción”, señala el colegio, deja claro que “la titulación necesaria y adecuada” es la de Educación Social, creada en los años 90 en Galicia precisamente para atender estas labores. No exigirla pone “en juego los intereses laborales” del sector, pero también la “calidad del servicio socioeducativo” que reciben los menores, por lo que están “estudiando” la posibilidad de “emprender acciones legales” contra la contratación.

Noela Blanco (PSdeG) y Marta Rodríguez (PP) PARLAMENTO DE GALICIA

El PP rechaza en el Parlamento mantener la gestión pública

El inicio del proceso para privatizar la gestión de Montealegre cuadró con el debate, la pasada semana, de una iniciativa del PSdeG en el Parlamento para reclamar que el complejo permanezca como “centro de gestión pública con personal público”, resumió la diputada Noela Blanco. La privatización, afirma, traerá consigo “un incremento de coste” para la Administración, y al tiempo, “menor control” de la Xunta sobre “uno de los los eslabones más débiles de la ciudadanía”, como son los menores con problemas de conducta. Por si fuera poco, critica, “dejan fuera la Educación Social” de las exigencias del personal.

La iniciativa del PSdeG recibió el apoyo del BNG, que a través de Montse Prado subrayó que Montealegre “tiene que ser de gestión pública”, y también de En Marea, cuya diputada Paula Vázquez Verao califica este proceso de “infamia y engaño”. Los recursos públicos, señala, no pueden dedicarse a “hacer negocio en un campo tan sensible” y menos aún tras más de media década de cierre del centro.

Las intervenciones de la izquierda fueron replicadas desde el PP por la diputada Marta Rodríguez Arias, que las reduce a meras “frivolidades” sin “un mínimo de seriedad”. Montealegre no se privatiza, mantiene, porque “lo que existe es una contratación pública por parte de una entidad del tercer sector” a la que se le encomendará reabrir el complejo como “un nuevo centro” que “dé respuesta a menores con trastornos de conducta y necesidades terapéuticas”.

Allí, asegura la popular, se atenderán “situaciones derivadas de patologías de salud mental”. No obstante, en el pliego de condiciones se indica explícitamente que “no podrán ser ingresados” los “menores que presenten enfermedades o transtornos mentales que requieran tratamientos específicos en servicios de salud mental”, así como tampoco menores con “discapacidad grave o profunda”.

Para Rodríguez Arias las acusaciones de la oposición se enmarcan en una “cantinela absurda” sobre privatizaciones que “no hay quien se la crea”. “Por desgracia, teníamos razón”, replicó Noela Blanco, quien además advierte de que portales de búsqueda de empleo en internet ya están ofertando, incluso antes de que el servicio esté adjudicado, puestos de trabajo en este centro de menores para puestos como la cocina o el servicio educativo.

 

[8] El PSOE votará en contra de la reforma de la Ley de Amnistía para no generar “inseguridad jurídica”

Por Público

Artículo publicado el 19 de marzo de 2018 en:
 
El Congreso debate una reforma de la Ley de Amnistía, propuesta por Podemos, sus confluencias, ERC, PNV, PdeCAT, Compromís Bildu y Nueva Canarias, para poder juzgar los crímenes franquista
 
 
Momento en que se apueba la Ley de Amnistía del 77.- EFE

 

El Pleno del Congreso debate este martes si admite a trámite una propuesta de reforma de la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan juzgar en España los crímenes cometidos por la dictadura franquista.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, adelantó este lunes que el Grupo Socialista no va a apoyar la propuesta de reforma de la Ley de Amnistía que apoyan otros grupos del Congreso.

La “numero dos” del PSOE indicó que hay muchas medidas de la propuesta que comparte, pero indicó que tal y como está formulada genera “mucha inseguridad jurídica”, según los expertos a los que ha consultado el partido. Por ello, el PSOE votará en contra y este martes explicará las lagunas legales que ve para que pudiera prosperar esta iniciativa.

La iniciativa fue registrada el pasado 25 de octubre, coincidiendo con el 40 aniversario de la aprobación de aquella norma con las firmas de Podemos, sus confluencias, ERC, PNV, PdeCAT, Compromís Bildu y Nueva Canarias.

Izquierda Unida, socio electoral de Podemos, registró el mismo día en solitario su propia iniciativa para lograr el mismo fin, pero por otros medios. En lugar de reformar la norma, los de Alberto Garzón apuestan por anularla y por obligar al Gobierno a apoyar las reclamaciones que formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura.

En concreto, la modificación de la Ley de Amnistía cuya toma en consideración se votará el martes consiste en la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 9para dejar claro que las disposiciones contenidas en la norma “no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos“.

Los mismos grupos registraron en paralelo una propuesta de reforma del Código Penal que aún sigue pendiente de debate en el Congreso. En esa proposición de ley, complementaria de la que se votará el martes, abogan por añadir un nuevo artículo en el Código Penal, para afianzar la figura de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, conforme al Derecho Internacional y a los distintos tratados suscritos por España.

La diputada de Podemos destacó cuando se presentaron ambas iniciativas que con estas reformas se da cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales que, como Naciones Unidas, han pedido que se modifique la Ley de Amnistía. “Vemos con dolor que partidos que también participaron en la lucha antifranquista, como el PSOE, hoy no esté aquí. Se equivocan al pensar que el olvido puede amortiguar el dolor“, comentó en su día el portavoz de ERC, Joan Tardà.

Desde En Marea, Yolanda Díaz, mostró su deseo de que finalmente los tribunales españoles “se normalicen y se acomoden a lo que dicen las normas internacionales que son las sociedades civilizadas” y en lo mismo incidió Enric Bataller, de Compromís, quien recordó que el artículo 10 de la Constitución obliga a España a atender las normas de Derecho Internacional que decretan la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad.

[9] El Supremo confirma el desamparo de la última víctima de la Guerra Civil

Por EDUARDO BAYONA

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
El tribunal entierra por una cuestión formal el pleito en el que una anciana, trastornada desde que vio morir tiroteada a su madre a manos de los regulares rifeños hace 80 años, reclama su reconocimiento como mutilada de guerra
 
Los regulares rifeños entraron a sangre y fuego en el pequeño pueblo turolense de La Zoma el 13 de marzo de 1938, diez días después de que la aviación legionaria italiana bombardeara Alcañiz.

 

Una cuestión de formas ha cortocircuitado en la Audiencia Nacional el recorrido judicial de un asunto de fondo: el reconocimiento como mutilada de guerra Miguela Gascón Millán, una anciana nonagenaria que ha vivido trastornada desde que hace 80 años, cuando ella tenía once, contempló paralizada la agónica muerte de su madre: falleció desangrada tras tirotearla en su propia casa el mismo grupo de regulares rifeños que minutos antes, al asaltar su pueblo en plena guerra civil, habían violado a una prima suya de veinte años y decapitado a un primo de catorce.

La Audiencia Nacional dictaminó el año pasado, sin que ningún forense la hubiera examinado, que el cuadro de anergia (trastorno del sistema inmunitario) y distimia (similar a la depresión) que presenta, con alteraciones del sueño, baja autoestima, dificultades para concentrarse y sentimientos de desesperanza, responde a una patología múltiple provocada por “enfermedades comunes, derivadas casi de la edad”, y no, como sostiene el servicio de Psiquiatría del hospital barcelonés Dos de Maig, a una “causalidad exclusiva” vinculada con los estremecedores hechos que presenció el 13 de marzo de 1938 en La Zoma (Teruel),una pequeña localidad que llevaba dos meses atrapada entre las líneas del ejército republicano y el sublevado.

Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, que ratificaba la decisión que unos meses antes habían tomado la Seguridad Social y el Tribunal Económico Administrativo Central, este por silencio administrativo, a Miguela le fue reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, lo que le permitió plantear un recurso de casación ante el Supremo.

Este, sin embargo, nunca llegó a alto tribunal. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional vetó el recurso de su abogado de oficio alegando que este no había señalado “el fundamento que determina la infracción del interés casacional objetivo”. Según el tribunal, se limitaba a indicar que la sentencia vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva de Miguela al no pronunciarse sobre algunas cuestiones planteadas en la causa, pero sin especificarlas.

“Es nuestra penúltima esperanza”

“Sí se ha determinado la causa determinante del interés objetivo y las normas infringidas”, se quejó el letrado ante el Supremo, cuya Sala Tercera, por el contrario, ratificó que el escrito inicial del recurso “incumple los requisitos” al carecer de “ninguna argumentación para sostener la existencia de ese interés casacional” concreto.

El tribunal admite que el abogado “dedica un apartado de su exposición a razonar las infracciones jurídicas que denuncia”, aunque no “con la indispensable precisión acerca del trascendental requisito”.

“Vamos a llevar el asunto al Constitucional, que es nuestra penúltima esperanza antes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, explica Albert Gabarró, hijo de Miguela, que se encarga de su cuidado en Barcelona tras haber enviudado hace nueve años.

La anciana, afectada por un parkinson que limita su moviidad, apenas sale a la calle, más allá de algunos traslados para visitas médicas o sesiones de fisioterapia. “Está al tanto de todo”, explica Albert, que recuerda cómo “soltó un buen taco” cuando supo que la Audiencia Nacional había concluido que sufría una acumulación de enfermedades comunes. “Lo que le hizo más daño fue la desestimación” en la Audiencia, anota.

Sin examen psiquiátrico

La pelea judicial de Miguela y Albert no responde a un interés económico, puesto que la pensión que le corresponde a un mutilado de guerra es de apenas mil euros anuales. Hace siete años, tras enviudar, obtuvo una de 156 mensuales por orfandad con minisvalía que años antes le había sido denegada al vetar la legislación franquista que pudiera acceder a ella una mujer casada.

El informe en el que la Audiencia Nacional basó su decisión había sido elaborado por la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats del Institut Català de la Salut (ICS) a partir, precisamente, de la documentación presentada por Miguela para acceder a la minusvalía. Los médicos señalan en él que la mujer padece una “patología múltiple producida por enfermedad común”, aunque llegan a esa conclusión sin que ningún psiquiatra llegara a examinarla.

La ley reconoce la condición de mutilado de guerra a todo civil o militar que sufra una “disminución notoria de sus facultades físicas o psíquicas” como “consecuencia directa o indirecta de acciones bélicas” o por haber resultado herido en la guerra civil.

En cualquier caso, la propia Audiencia Nacional no llega a descartar de manera tajante que a Miguela le corresponda ese reconocimiento. “Hay múltiples alteraciones y padecimientos en la recurrente –señala la sentencia- y por tanto no hay un prueba indudable que nos permita afirmar que esos padecimientos son producto de los hechos bélicos presenciados”. Sin embargo, ni la Audiencia ni el Supremo han avalado su reclamación.

[10] El Constitucional avalará la financiación pública de los colegios que segregan por sexo

Por Público

Artículo publicado el 19 de marzo de 2018 en
 
La ponencia, que comenzará a estudiarse esta semana, defenderá la constitucionalidad de la Ley Wert al considerar que las ayudas públicas a este tipo de centros entran dentro del ámbito de libertad de enseñanza, según informa la Ser.
 
Alumnos en el aula durante una clase

El Tribunal Constitucional avalará la financiación pública de los colegios que segregan a sus alumnos por sexo, según ha avanzado este lunes la Ser. El pleno del TC, de mayoría conservadora, rechazará así el recurso presentado por el PSOE en 2014 contra la Ley Wert. 

La ponencia, que comenzará a estudiarse esta semana, defenderá la constitucionalidad de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (Lomce) al considerar que las ayudas públicas a los centros que segregan por sexo entran dentro del ámbito de libertad de enseñanza, según informa la cadena.

El texto, que será redactado por el conservador Alfredo Montoya, acordará que los colegios puedan “seleccionar” a sus estudiantes y avalará la separación de los alumnos en “itinerarios académicos”. 

El recurso presentado por el PSOE considera que la financiación pública de los colegios que segregan por sexo vulnera el artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad ante la ley y supone una discriminación por razón de género.

[11] Franco estaría orgulloso del Tribunal Constitucional

Por David Bollero

Hoy hemos conocido por la Cadena SER que, salvo sorpresas, mañana se confirmará que el Estado español continúa dando pasos firmes para estar más cerca del régimen franquista que de una verdadera democracia. Para quienes vivieron los años de la dictadura, esta afirmación les puede parecer una aberración, pero es preciso apuntar que indico que avanzamos hacia ella, no que ya lo estemos… aún.

Sin embargo, el modo en que se están recortando las libertades civiles, cómo se pisotean derechos constitucionales como el derecho a una vivienda digna (para favorecer a la banca) o la libertad de expresión (para favorecer a una élite, como la Corona), debería ponernos en guardia. Mañana, seguramente ese mal llamado Tribunal Constitucional (TC) -como si de veras impartiera Justicia cuando, en realidad, impone ideología- avalará que el Estado español pague con dinero público la segregación en las escuelas.

¿Qué sentido tiene educar por separado a niños y niñas? Se lo diré yo: ninguno, más que perpetuar un sistema patriarcal que, como hemos visto con los actos del 8M, tanto apoyan PP y Ciudadanos. Privar a nuestr@s jovenes del contacto con la realidad, porque eso es lo que sucede con la segregación, es educar mal y, gracias a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la ley Wert, a partir de mañana no sólo sucederá en España, sino que lo pagaremos con nuestros impuestos gracias al TC.

No sólo eso, sino que la religión continuará siendo una asignatura que puntúe para el expediente escolar, a pesar de que ya en su día numerosos colectivos religiosos se opusieron a ello -com otambién a la segregación-. Es una auténtica vergüenza y un despropósito para nuestra democracia, para la Constitución, que se pisotee cada dos por tres la aconfesionalidad del Estado.

Por si esto no fuera poco, el TC también avalará la segregación a los estudiantes en “itinerarios académicos”, lo que discriminará a alumnos por contar con peor expediente académico, obviando aspectos tan importantes como la capacidad o el esfuerzo, entre muchos otros.

Franco estaría orgulloso de este Gobierno y del TC, de cómo se tiene la desfachatez de, incluso, incorporar al temario de Primaria el pasodoble ‘La banderita, ese cuya letra reza “el día que yo me muera si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubran con la bandera de España”Esa bandera tan devaluada, precisamente por quienes más la defienden, que a mí, personalmente, no me sirve ni para limpiarme el trasero.

El hartazgo ante tanto facherío casposo es ya insoportable. Lo vemos en todos los ámbitos del Estado, gracias a que desde el ámbito judicial y el Gobierno se impulsan políticas que Franco aplaudiría al grito de “¡Arriba España!”. Va siendo hora de levantarse, de alzarse contra un Gobierno represor, una Corona ilegítima desde cualquier óptica democrática, contra una Iglesia Católica ventajista y mezquina.

Movimientos como el que veremos mañana por parte del TC, que incluso recorta derechos de las AMPAs, no hace más que radicalizar nuestras acciones, que no las posturas. Las posturas no se radicalizan, porque la defensa de la libertad y la democracia no tiene grados: o se defiende o no se defiende. Sí se radicalizan, en cambio, las acciones y por muchas condenas, por más represión que ejerza este Estado, por la que los organismos internacionales ya han sentido vergüenza ajena, por más presos políticos que haya -porque eso implica, por ejemplo, la sentencia a Pablo Hasel– el miedo no cambiará de bando. Y el miedo, ahora, está en el lado de los represores, por eso se revuelven. Hagamos que el terror que sueñan generarnos vaya en su contra y acabemos de una vez por todas con quienes tanto añoran un régimen que no estamos dispuestos siquiera a ver de lejos.

[12] El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria también falseó su currículum

Por “Eldiariocantabria”

Artículo publicado el 19 de marzo de 2018 en
 
Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez, falseó su currículum, pues en realidad no tiene la licenciatura en Físicas que decía tener en 2015 y que sigue diciendo tener en su perfil de LinkedIn.

“Yo gané todas las primarias, pero se consideró que era mejor que el cabeza de lista fuera alguien con titulación superior y por eso se optó por él, aunque luego se demostró que no tenía”. Así se expresó el pasado miércoles su excompañero Juan Ramón Carrancio, actual diputado no adscrito en el Parlamento autonómico, en una entrevista con el Club de Prensa Pick Santander.

Efectivamente, Gómez encabezó la candidatura de Cs al Parlamento de Cantabria en las autonómicas de mayo de 2015, después de que Carrancio –entonces coordinador de Ciudadanos Cantabria– renunciara un mes antes a ocupar el primer puesto la lista, cediéndoselo a Gómez, que iba a ocupar el segundo puesto.

Cs exigió en 2015 apartar a “todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum”

Precisamente en mayo de 2015, la Dirección estatal de Cs presentó un compromiso de regeneración democrática de nueve puntos que exigía aceptar y firmar a cualquier formación antes de entablar conversaciones para llegar a acuerdos de gobierno tras las autonómicas y municipales, y que en su tercer punto recogía: “Apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica”.

“Ha habido casos de políticos que han falsificado la información sobre un máster o una licenciatura. Si un cargo miente ya en eso, puedes esperar que te engañe en todo. No es una persona transparente, su carta de presentación es una dudosa reputación”, explicó entonces el secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, al diario elmundo.

En noviembre de 2015, Cs arrebató a Sadat Maraña y a Ignacio García Sotosel número uno de las candidaturas de la formación naranja al Congreso en las generales de diciembre de 2015 por las circunscripciones de Albacete y León, respectivamente. Lo hizo por haber falseado sus currículums.

Rubén Gómez, mano derecha del actual número uno de Ciudadanos Cantabria –Félix Álvarez Felisuco, elegido a dedo para sustituir a Juan Ramón Carrancio por el presidente de la formación naranja, Albert Rivera–, se había presentado en público y en privado como “licenciado en Física” y como tal aspiró al escaño que sigue ocupando en el Parlamento de Cantabria. En su biografía de la web del Legislativo autonómico figura ahora que está “a falta del proyecto de fin de grado para concluir los estudios del grado en física en la UC”, pero ha olvidado corregir también su perfil de LinkedIn, donde en marzo de 2018 sigue figurando como “licenciatura en Física”.

[13] Facebook investiga la filtración masiva de datos de 50 millones de usuarios

Por AGENCIA EFE

Artículo publicado el 19 de marzo de 2018 en
 
La filtración fue provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de Trump en 2016 y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.
 
En esta ilustración, se muestra un logotipo de Facebook impreso frente a una bandera de EEUU. / Reuters

Facebook aseguró este domingo que está investigando la filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente estadounidense, Donald Trump, y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.

La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron este sábado los diarios The London Observer y The New York Times.

“Estamos dirigiendo una revisión integral, interna y externa, para determinar si son ciertas las informaciones de que los datos en cuestión (robados) de Facebook aún existen”, dijo en un comunicado Paul Grewal, vicepresidente y miembro del equipo legal de Facebook.

Ésta es una de las mayores filtraciones de datos en la historia de Facebook, y llevó este fin de semana a legisladores británicos y estadounidenses a pedir explicaciones a Facebook, y a la apertura de una investigación por parte de la fiscal general del estado de Massachusetts (noreste de EE.UU.), Maura Healey.

Facebook suspendió este viernes de la red social a Cambridge Analitica y su matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL), e informó de la filtración de datos, que descubrió por primera vez en 2015. La red social dijo que estaba realizando una “revisión interna y externa exhaustiva”. 

Según la red social, Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge, accedió a los perfiles de millones de usuarios que se descargaron una aplicación para Facebook, llamada “thisisyourdigitallife” y que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad.

Después proporcionó más de 50 millones de perfiles a Cambridge Analytica, entre los que 30 millones tenían suficiente información como para explotarlos con fines políticos, a pesar de que solo unos 270.000 usuarios habían dado su consentimiento para que la aplicación accediera a su información personal, según el Times.

Al compartir esos datos con la compañía y con uno de sus fundadores, Christopher Wylie, Kogan violó las reglas de Facebook, por lo que esa red social eliminó en 2015 la aplicación y exigió a todos los implicados que destruyeran los datos recabados.

“Hace varios días, recibimos informes de que no todos los datos fueron borrados”, indicó Facebook el viernes, y advirtió de que estaba dispuesto a ir a los tribunales para resolver el tema.

Mientras, la compañía suspendió de la red social a la firma británica, a Kogan y a Wylie, quien fue la fuente de los diarios que este sábado informaron de la filtración masiva de la filtración masiva de datos. “Me han suspendido de Facebook. Por avisar a los medios. De algo que ellos ya sabían en privado desde hace dos años”, escribió hoy Wylie en su cuenta de Twitter.

Entre los inversores en Cambridge Analytica están el ex estratega jefe de Trump y exjefe de su campaña electoral en 2016, Steve Bannon, y un destacado donante republicano, Robert Mercer.

La campaña electoral de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y pagó más de 6 millones de dólares, según registros oficiales.

Además del escrutinio en el Congreso estadounidense y el Parlamento británico, el caso podría generar una multa multimillonaria para Facebook, por su posible violación de una regulación de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) para proteger la privacidad de los usuarios de redes sociales.

“Creo que la FTC querrá investigar esto”, dijo un exfuncionario de esa agencia federal, David Vladeck, al Washington Post.

Por Marcos Pinheiro

Artículo publicado el 20 de marzo de 2018 en
 

Sánchez ha anunciado en el Supremo que dejará el acta de diputado en el Parlament para intentar salir de prisión

La Fiscalía basa su cambio de opinión sobre Forn en la orden de Sánchez Melgar, que alude a su tuberculosis para pedir la libertad

El juez tendrá que decidir ahora si acuerda imponer a Forn una fianza de 100.000 euros para que salga de prisión

 
El exconseller de Interior Joaquin Forn. EFE

El fiscal del Supremo Fidel Cadena, presente durante la vista, no han argumentado su cambio de parecer en el caso de Forn, ya que hasta ahora los fiscales de la causa por el 1-O habían sostenido que Forn debía continuar encarcelado. Cadena sí que ha dicho que la petición respondía al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que habilita al fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, a imponer a sus subordinados “órdenes e instrucciones” durante los procesos judiciales.

“El Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes”, añade ese artículo que rige el funcionamiento de la Fiscalía. Cadena ha afirmado formulaba esa petición de libertad con fianza “por imperativo legal”.

En un escrito remitido tras la vista la Fiscalía cita “razones humanitarias” para el cambio de criterio y alude a la tuberculosis que sufre Forn. Sin embargo, Interior negó que el exconseller padeciese esa enfermedad porque había dado negativo en el test para detectarla. Apuntaron a que quizá tuvo contacto en su niñez con el bacilo de la tuberculosis, pero eso no implicaba que sufriese ahora la enfermedad.

La Fiscalía también valora que Forn dejase su acta de diputado “como muestra de su intención manifiesta de cese su actividad política y, con ello, nulo impacto del riesgo de reiteración delictiva”. Sin embargo, los fiscales del caso ya se había opuesto a la libertad del exconseller en anteriores ocasiones después de que este dejase el acta.

Sánchez renuncia a la investidura

Las defensas de los expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exconseller de Interior Joaquín Forn estaban citadas este martes en el Tribunal Supremo para exponer sus argumentos para que ambos salgan en libertad. Tras el turno de Sánchez, la Fiscalía ha insistido en que continúe en prisión por que persiste el riesgo de reiteración delictiva.

Entre los argumentos de la defensa de Sánchez para oponerse a ese riesgo de que cometa nuevos delitos está que el expresidente de ANC está dispuesto a dejar su acta de diputado y a abandonar la política para regresar a su actividad como docente.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, el abogado de Sánchez ha dicho que la trayectoria de su cliente ha estado siempre fuera de la política, y que renunciará a ella si con ello consigue salir en libertad, su prioridad en estos momentos. Así lo han confirmado fuentes de Junts per Cat tras la vista en el Supremo.

Durante su turno de palabra, Sánchez ha insistido en presentarse como un hombre de paz y ha recordado sus llamamientos “a la concordia”. Ha recordado a los magistrados que no era diputado cuando se aprobaron las leyes de desconexión, así que no tiene responsabilidad en los “actos legislativos que se investigan en esta causa penal”. Además, ha rechazado el “liderazgo” que le atribuye la Fiscalía en los diferentes escritos.

En su escrito, la Fiscalía señala que Sánchez presenta aún un “extraordinario” riesgo de reiteración delictiva. “Se han acopiado nuevas e importantes evidencias sobre la concurrencia de violencia y de otros elementos del tipo penal, directamente imputables al solicitante”, añade.

Sánchez y Forn han sido trasladado a primera hora a los calabozos de la Audiencia Nacional, aunque el exconseller había renunciado a ejercer su turno de palabra en la vista, por lo que finalmente no ha comparecido en el Tribunal Supremo. Sí que lo ha hecho Sánchez, que ha defendido sus razones para salir de prisión frente a los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde

Los recursos que han defendido este martes Sánchez y Forn son contra dos autos de febrero. En el caso del antiguo líder de ANC, no es contra el que le prohíbe acudir a la investidura, sino contra uno anterior – del 6 de febrero– que denegaba su libertad por mantener su ideario independentista, lo que imposibilita, escribió Llarena, “el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria”.

En el caso de Forn, se ha opuesto a  un auto del juez del 2 de febrero en el que, a pesar de haber renunciado a su escaño como signo de abandono de la vía unilateral, el juez argumentó que no estaba claro que su formación política apostase por “respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia”, una aspiración compartida por el exconseller, dijo Llarena.

 

Es la primera vez que el expresidente francés tiene que responder a las acusaciones de la supuesta financiación de Libia a su campaña electoral

La comparecencia de Sarkozy podría prolongarse hasta 48 antes de comparecer ante un juez que decida su posible inculpación

Según asegura el diario Le Monde, el expresidente ha sido puesto bajo custodia en las instalaciones de la policial judicial en el distrito de Nanterre, a las afueras de París. Sarkozy fue citado en las instalaciones de la policía judicial para explicar los supuestos fondos que habría recibido del Gobierno libio -dirigido entonces por Muamar el Gadafi- para su campaña electoral del año 2007.

Esta declaración bajo arresto del expresidente francés podría significar, tal y como apunta el diario Le Monde, que los magistrados tendrían pruebas suficientes para inculparle tras las declaraciones y las supuestas pruebas aportadas por diferentes altos cargos del régimen de Gadafi.

En abril de 2012, el diario digital Médiapart publicó un documento de los servicios secretos libios, fechado en el año 2010, que apuntaba que Gadafi habría aportado 50 millones de euros a la campaña presidencial de Sarkozy. El expresidente galo negó las acusaciones y aseguró que la información publicada por Médiapart era “grotescas”, por lo que denunció al diario por publicar “noticias falsas”.

Basándose en la información de Médiapart, en el año 2013, la Fiscalía de París decidió abrir una investigación para tratar de aclarar si Sarkozy había recibido ayudas por parte del dictador libio a lo largo de la campaña electoral que llevó al conservador hasta el Palacio del Elíseo.  

En noviembre de 2016, el empresario e intermediario Ziad Takieddine afirmó haber llevado cinco millones de euros en efectivo entre finales de 2006 y comienzos de 2007 de Trípoli a París que entregó a Claude Géant y a Nicolas Sarkozy, que era entonces ministro de Interior.

Estas acusaciones se sumaban a las del responsable de servicios de información militar del régimen libio, Abdallah Senoussi, que en septiembre de 2012 señaló ante un fiscal que esos pagos se habían efectuado.

Según destaca Le Monde, en una agenda del que fuera ministro del Petróleo de Libia, Choukri Ghanem, que la justicia francesa recuperó tras su muerte en 2012 en circunstancias aún por aclarar, aparecían diferentes pagos realizados a Nicolas Sarkozy. 

La comparecencia este martes de Sarkozy, que responde por primera vez por estas acusaciones desde que se abrió la investigación en el año 2013, podría prolongarse hasta 48 horas antes de ser presentado ante el juez para un posible inculpación.

La agencia EFE asegura que uno de los jueces que ha dirigido esta investigación es el mismo que lo inculpó en otro sumario, en ese caso por los fondos para la campaña de 2012 en la que no fue elegido.

Por Antonio M. Vélez

Artículo publicado el 19 de marzo de 2018 en
 

Entre abril de 2014 y octubre de 2015, Fomento adjudicó al menos cuarenta contratos de mantenimiento de carreteras a treinta empresas con una fórmula luego declarada ilegal

La cláusula fue anulada en enero de 2016 por el Tribunal de Recursos Contractuales “por no ser conforme a Derecho”

Los pliegos con la cláusula ilegal llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá

 

Rafael Catalá y Ana Pastor entregan la cartera de Fomento a Íñigo de la Serna. EFE

 

El Ministerio de Fomento adjudicó en la etapa de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, más de 300 millones de euros en contratos con una fórmula ilegal que favorecía el ‘dedazo’ a las empresas constructoras.

Los contratos fueron adjudicados entre abril de 2014 y octubre de 2015 a una treintena de compañías del sector de la construcción a las que (en solitario o a través de uniones temporales de empresas) se encargó la conservación de carreteras en doce comunidades autónomas por un periodo de hasta cinco años. Son al menos cuarenta contratos que en su inmensa mayoría están todavía vigentes y que expiran este mismo año, aunque en teoría Fomento podría prorrogarlos, según los pliegos de condiciones, que llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. 

En enero de 2016, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda,  determinó que Fomento había incluido una cláusula ilegal en cuatro licitaciones de carreteras en las provincias de Cáceres, Cádiz, Guadalajara y Valencia y dio la razón a un recurso presentado en noviembre de 2015 por la Asociación Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

Como contó entonces Vozpópuli, el tribunal determinó que la cláusula, una compleja fórmula matemática para puntuar las ofertas, debía anularse “por no ser conforme a Derecho”, porque concedía excesivo peso en la valoración de las propuestas a  criterios arbitrarios, en detrimento de aquellos más objetivos, básicamente el precio.

En virtud de esa cláusula, incluida bajo el epígrafe “Enumeración y puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas”, el valor de la puntuación económica de la ofertas de los licitadores se diluía en favor de la técnica (sin fórmulas automáticas de evaluación) y, en definitiva, se dejaba “al arbitrio del órgano de contratación la adjudicación de la licitación”, según la sentencia.

En el momento de anularse esa cláusula, habían pasado apenas 22 días desde las elecciones de diciembre de 2015. Sin Gobierno a la vista, Fomento, que en ese momento estaba en funciones como el resto del Ejecutivo, no recurrió esa resolución de Hacienda, que obligó al Ministerio a rectificar licitaciones que tenía en curso por importe de más de 400 millones.

El problema es que, tal y como ha podido comprobar eldiario.es, el Ministerio ya llevaba año y medio aplicando esa cláusula ilegal en decenas de contratos de mantenimiento de carreteras. Aunque Fomento no responde a la pregunta de a cuántos contratos ya adjudicados afectó, este diario ha confirmado la existencia de un total de 40 adjudicaciones cuyos pliegos incluían esa fórmula contraria a Derecho.

Esos contratos tenían un presupuesto inicial de 407 millones de euros y fueron adjudicados por un importe global de 306,9 millones. Fuentes conocedoras de la operativa aseguran que hay más: cifran los contratos ilegales en más de cincuenta, con un presupuesto de más de 450 millones.

Las licitaciones fueron puestas en marcha por la Dirección General de Carreteras, cuyo responsable es desde 2012 Jorge Urrecho, antiguo colaborador del exministro Francisco Álvarez-Cascos. Los pliegos tenían el visto bueno de Catalá, responsable de firmar las resoluciones que los autorizaron entre diciembre de 2013 y junio de 2014, y la bendición previa de la Abogacía del Estado.

Las licitaciones comprenden contratos de conservación de carreteras en las comunidades de Castilla y León (diez contratos), Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura (cuatro contratos), Andalucía, Aragón, Catalunya, Galicia y Murcia (tres) y Asturias, Cantabria y Madrid (uno). El presupuesto de cada uno de ellos oscila entre los 54 millones de euros (sin contar posibles prórrogas ni modificaciones) del contrato de la Comunidad de Madrid y los 5,5 millones de uno de los adjudicados en Extremadura.

Aunque las valoraciones de las ofertas no son públicas, fuentes conocedoras de esta operativa aseguran que Carreteras utilizaba esa cláusula ilegal “de forma absolutamente arbitraria para adjudicar los contratos a las empresas previamente elegidas, simplemente puntuando técnicamente 3 puntos más que al siguiente licitador, como lo demuestra que durante ese periodo de tiempo más del 90% de las adjudicaciones recaían en las empresas mejor valoradas técnicamente, sin importar la oferta económica que se hiciera”.

Bajas temerarias

La cláusula que luego anuló el Tribunal de Recursos Contractuales en teoría estaba pensada para evitar las bajas temerarias en las ofertas económicas. Pero el órgano dependiente de Hacienda la tumbó por entender que propiciaba “que sean los criterios de valoración no automática los determinantes de la adjudicación”. Aunque las bajas eran “nominal y formalmente posibles más allá del límite de referencia fijado”, la fórmula anulada las privaba “de relevancia práctica”, según el órgano dependiente de Hacienda.

En otras palabras, y siempre según la resolución, “se está penalizando a las ofertas más baratas de tal modo que, por debajo de ese determinado límite o umbral, aunque bajen el precio ofertado a la Administración, no obtienen una puntuación relevante, de modo que se disuade una posible mayor baja o economía en el contrato, al tiempo que no se permite la formulación de alegación alguna por parte de los contratistas en justificación de su oferta de modo que la baja obtenga una puntuación relevante”.

La patronal del sector de las adjudicatarias de estos contratos es la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que reconoce que la resolución del tribunal que supuso la derogación de la fórmula de valoración económica de los concursos fue una decisión “sin precedentes”. Acex subraya que, independientemente de la ilegalidad de esa cláusula, el cambio periódico de las fórmulas de valoración es una medida “sana” porque “cuando se mantienen determinadas líneas, se produce cierta retroalimentación y se genera calentamiento en las ofertas”.

Por su parte, el Ministerio de Fomento no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto. El lunes a última hora de la tarde, fuentes del departamento de Íñigo de la Serna se limitaron a señalar en un correo electrónico que “se anularon las licitaciones que llevaban esta cláusula y posteriormente se volvieron a licitar con los pliegos corregidos”. Pero obvian esos contratos valorados en más de 300 millones adjudicados con anterioridad a la decisión de Hacienda.

 
Las campañas digitales han evolucionado desde los banners de hace 20 años a que Cambridge Analytica recolecte nuestros datos de Facebook. ¿Se ha convertido el microtargeting en una amenaza para la democracia? 
 
El vicepresidente y consejero general de Facebook, Colin Stretch (izda); el consejero general de Twitter, Sean Edgett (c), y el vicepresidente y asesor legal general de Google, Kent Walker, intervienen en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, en Washington, en noviembre del 2017. EFE

Pero cuando Gould acabó su discurso, sólo se encontró con rostros inexpresivos. “Me sentí como un flautista de Hamelín solitario”, relata.

Finalmente, en 1998, Gould encontró un candidato que estaba tan mal en los sondeos y tan falto de dinero que decidió arriesgarse y gastar 80.000 euros en un banner en la página web de the New York Times. Peter Vallone, entonces concejal de la ciudad de Nueva York, se enfrentaba a George Pataki en las elecciones a gobernador y dio a Gould luz verde para comprar un espacio publicitario que ha entrado en los libros de historia como la primera vez que se utilizó la publicidad en internet en una campaña política.

Los propios anuncios se pierden en la historia de internet –Gould cree que igual tiene alguna copia en algún disquete antiguo–. Pero no es difícil trazar una línea desde ese momento hasta la acusación del 16 de febrero del fiscal Robert Mueller contra la empresa rusa  Internet Research Agency. Mueller alega que agentes rusos llevaron a cabo una conspiración para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos principalmente comprando espacio publicitario personalizado en Facebook diseñado para “disuadir a las minorías estadounidenses de ir a votar”.

Esa línea también llega hasta la noticia revelada hace unos días por the Observer que señala que la empresa de datos Cambridge Analytica obtuvo y usó ilegalmente la información de 50 millones de perfiles de Facebook para identificar votantes durante las elecciones presidenciales de 2016.

El anuncio de Vallone contenía versiones rudimentarias de muchos de los atributos que hoy hacen que la publicidad digital sea una fuerza tan poderosa (y aterradora): la capacidad de enfocarse en audiencias específicas con mensajes hechos a medida y luego rastrear su reacción.

“De cara a las elecciones de noviembre del 2000, espero que la pregunta ya no sea si la publicidad política en internet funciona, sino si funciona demasiado bien”, escribió Cyrus Krohn, entonces director de publicidad política en Microsoft Network,  en un profético artículo de 1999 para la revistaSlate.

Casi 20 años después, el mundo ha ido más allá que las preocupaciones de Krohn, e incluso algunos analistas han planteado el argumento no completamente hiperbólico de que la ‘publicidad oscura’ a través del microtargeting en Facebook es una amenaza fundamental contra la democracia. ¿Es demasiado tarde para arreglar la democracia?

 

Brad Parscale, director de las operaciones digitales de la campaña del presidente estadounidense Donald J. Trump, en las Web Summit de Lisboa, Portugal. EFE  

 

Un cambio en las reglas del juego

En febrero, Donald Trump nombró a Brad Parscale su director de campaña para la reelección de 2020. La decisión concede credibilidad a lo que Parscale ha estado diciendo durante el último año: que su campaña de publicidad en Facebook hizo que Trump ganara las elecciones.

Parscale era un ejecutivo de marketing digital poco conocido que trabajaba en Texas cuando le contrataron en 2015 para diseñar la web de la campaña de Trump. Hasta entonces, la publicidad digital era sólo una forma de redondear los presupuestos de las campañas. En 2008, el año en que Barack Obama se convirtió en el primer candidato con redes sociales, los candidatos invirtieron sólo 22,2 millones de dólares en anuncios políticos en internet, según un análisis de Borrell Associates.

Esa cifra creció significativamente en 2012, pero la verdadera explosión llegó en 2016, cuando los candidatos invirtieron 1.400 millones de dólares en anuncios digitales.

Las campañas de los candidatos presidenciales de Estados Unidos a menudo son recordadas –y comprendidas– a través de sus anuncios.  

El anuncio ‘Daisy’ de Lyndon Johnson dejó claro de forma poderosa y polémica lo que estaba en juego en un mundo nuclear. El anuncio ‘Willie Horton’ de George HW Bush todavía es símbolo de la política racista en la época de mano dura contra el crimen. Tanto el mensaje como el mensajero son claves a la hora de debatir quién está mejor preparado para dirigir el país.

Pero este debate público no se dio en relación a la campaña política digital de Trump, que cambió las reglas del juego. Esto se debe, en parte, a un vacío legal en la ley de financiación de campañas políticas redactada en 2002. La ley no incluye los anuncios en internet como parte de las “comunicaciones para la campaña electoral” que regula. Pero quizá más importante aún es la naturaleza misma de la publicidad en internet, que es automática (con solo poner los datos de la tarjeta de crédito, ya está) y muy repetitiva.

Parscale dice que en promedio lanzó cada día entre 50.000 y 60.000 variaciones de anuncios de Facebook durante la campaña de Trump, todos dirigidos a distintos segmentos del electorado. Para comprender el significado de cada uno de esos anuncios habría que saber qué ponía, a quién estaba dirigido y cómo respondió la audiencia.

Si eso lo multiplicas por 100 ya te da dolor de cabeza, pero si lo multiplicas por 50.000 cada día, comenzarás a dudar de tu capacidad para comprender la realidad. Luego piensa que fueron 50.000 anuncios por día durante una campaña que duró más de un año.

“La razón por la que dije que quizá funcione demasiado bien”, explicó recientemente Krohn en una entrevista conthe Guardian, “es que se dejó de lado el marketing en masa y se puso en práctica el microtargeting o nanotargeting”.

Cualquier candidato que utilice Facebook puede poner un mensaje prometiendo una cosa a un grupo de votantes y al mismo tiempo poner un anuncio con un mensaje completamente opuesto para otro grupo de votantes. Los anuncios no se ponen en ningún sitio donde los pueda ver el público en general (por eso se le llama ‘publicidad oscura’), y existen grandes probabilidades de que nadie se dé cuenta.

Esto socava la idea de un “mercado de ideas”, dice Ann Ravel, exmiembro de la Comisión Federal Electoral, que hace tiempo que pide que se endurezcan las normas para las campañas digitales. “La única forma de tener una democracia fuerte es que la gente oiga todas estas ideas y tome sus propias decisiones y se debata”, afirma Ravel. “Con el microtargeting, eso no sucede.”

Parscale y su equipo dijeron a los periodistas de Bloomberg que  utilizaron anuncios de Facebook dirigidos a los votantes de Hillary Clinton para disuadirles de ir a votar, incluyendo los mensajes peligrosamente ambiguos que la candidata hizo en los años 90, con los que la campaña de Trump esperaba disuadir a los afroamericanos para que ano acudieran a las urnas.

Este nivel de manipulación política puede resultar desagradable pero es, a su vez, relativamente antiguo. Un trabajador especializado en campañas digitales (no conectado con la campaña de Trump) lo comparó con la Estrategia Sureña de Richard Nixon, sólo que “con una gran experiencia en tecnología”.

Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook.

El último artículo de The Observer ha revelado que el equipo de análisis de datos que trabajó para Trump, Cambridge Analytica, fue un poco más lejos que la campaña de Nixon en lo que a trucos sucios de refiere. La empresa obtuvo datos de Facebook aludiendo que estaban realizando un estudio académico, según ha revelado the Observer, pero luego utilizó esos datos para diseñar anuncios dirigidos a millones de votantes estadounidenses basándose en sus debilidades psicológicas.

“Nos aprovechamos de Facebook para cosechar los perfiles de millones de personas”, confesó Christopher Wylie a The Observer sobre el robo de información. “Y diseñamos modelos para aprovechar esa información y mostrarles anuncios que estaban dirigidos a sus prejuicios personales”.

Elecciones europeas

La publicidad política digital en Estados Unidos es el lejano oeste comparada con otras democracias occidentales, que suelen tener campañas más cortas y normativas más estrictas en relación a la cantidad de dinero que se puede gastar. Este tipo de normativas puede impactar en la publicidad digital, que es mucho más barata que la televisiva y casi no está regulada.

Reino Unido ha visto un rápido cambio hacia las campañas digitales, después de que el Partido Conservador se lanzara a Facebook durante las elecciones generales de 2015.  Los tories gastaron diez veces más en anuncios en Facebook que los laboristas, una decisión que muchos analistas políticos consideraron fundamental.

En un país en el que los anuncios políticos están prohibidos en televisión, Facebook permitió a los conservadores llegar al 80,6% de los usuarios en distritos elegidos por ellos con publicaciones y vídeos publicitarios,  según el material de marketing creado por Facebook. (En un momento del año pasado, la red social  comenzó a ocultar las “historias de éxito” que habían producido sobre su habilidad para cambiar el rumbo de las tendencias electorales).

La campaña a favor del Brexit para el referéndum de 2016 invirtió casi todo su presupuesto en anuncios de Facebook, algo que se tradujo en unos mil millones de anuncios digitales dirigidos a audiencias específicas de votantes, durante una campaña de 10 semanas.

Aunque es imposible evaluar el impacto exacto de los anuncios de Facebook en medio de todos los otros factores que definen un resultado electoral (incluido el contenido orgánico de Facebook), cada vez más se menciona a la plataforma como un factor fundamental del crecimiento electoral de los grupos de extrema derecha en Europa.

El partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) supuestamente contrató a una empresa consultora de Estados Unidos y al propio Facebook para llegar a votantes alemanes que pudieran reaccionar ante su mensaje contra la inmigración durante la campaña de 2017 en la que el AfD aumentó su popularidad hasta convertirse en la tercera fuerza en el Parlamento alemán.

La campaña en las últimas elecciones italianas, en las que ganaron terreno partidos contra el establishment como el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga, de extrema derecha, se llevó a cabo principalmente en las redes sociales. Los anuncios de Facebook y la información dirigida a audiencias específicas reunida por el grupo de transparencia italiano Openpolis concluyó que el partido neofascista Hermanos de Italia lanzó una campaña de anuncios de Facebook dirigida a adultos jóvenes interesados en la fuerza policial de los carabinieri.

Cuando se cerraron los colegios electorales en Italia, Matteo Salvini, de La Liga, compartió palabras de gratitud con la prensa: “Gracias a Dios por internet. Gracias a Dios por las redes sociales. Gracias a Dios por Facebook.”

Hacia las elecciones de mitad de legislatura

Mientras continúan las investigaciones sobre las elecciones estadounidenses de 2016 y el referéndum del Brexit, cabe recordar que se avecinan más comicios. En 2018, los países que tendrán elecciones generales son Suecia, Irlanda, Egipto, México y Brasil, entre otros.

En Estados Unidos, los candidatos para los 435 escaños de la Cámara Baja y los 35 escaños del Senado que se disputarán en noviembre ya están lanzando sus campañas en Facebook, y nunca sabremos qué están poniendo en sus anuncios.

Un ejemplo es Paul Nehlen, candidato de Wisconsin enfrentado en las primarias republicanas al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Nehlen es conocido principalmente como un vehemente antisemita que alguna vez tuvo el apoyo de Steve Bannon y el ala Breitbart de la derecha, pero fue excomulgado tras aparecer en un podcast de un supremacista blanco.

Según su informe a la Comisión Federal Electoral, Nehlen gastó 2.791,72 euros en anuncios de Facebook en el último semestre del 2017. ¿Qué compró con ese dinero? En primera instancia, todo lo que ofrece un anuncio de Facebook: acceso a una de las bases de datos más poderosas que han existido sobre información personal, con conocimiento sobre las relaciones íntimas, creencias políticas, hábitos de consumo y uso de internet de cada persona.

Más allá de eso, no lo sabemos. Nehlen podría estar utilizando Facebook para llegar a posible votantes de su distrito con un mensaje sobre infraestructuras. O podría haber hecho listas de sus propios seguidores (tiene más de 40.000 en Facebook) y utilizado la herramienta “audiencia similar” de Facebook para encontrar otras personas que puedan simpatizar con sus ideas políticas y luego enviarles anuncios para convencer a más gente de unirse a él y odiar a los judíos.

El pasado otoño, después de que Facebook se viera obligado a admitir que, a pesar de haberlo negado al principio, su plataforma fue utilizada por agentes extranjeros para influenciar ilegalmente en las elecciones, la empresa anunció una serie de reformas diseñadas para aplacar a sus críticos y evitar una regulación real y efectiva.

Este verano, la red social ha prometido que cada anuncio político estará vinculado a la página que pagó por él. Las páginas deberán mostrar cada anuncio que están publicitando, así como la información demográfica sobre la audiencia que han elegido, una medida que, según Mark Zuckerberg, “elevará el nivel de transparencia de Facebook” por encima de lo que la ley exige a la televisión y otros medios de comunicación.

En Canadá ya se ha puesto en marcha una versión de estas reformas, ya que los usuarios pueden ver todos los anuncios que publica un candidato político en una pestaña de su página.

Aun así, sigue habiendo motivos para ser escépticos. Desde 2014, Facebook tiene una herramienta de transparencia para todos los anuncios que se publican en la plataforma. Si haces click en la esquina superior derecha de un anuncio de Facebook se abre una opción que pone “¿Por qué veo este anuncio?”. Si haces click allí, obtendrás una explicación sobre lo que te hace deseable para ese anunciante.

Hasta allí, todo correcto. Pero  un nuevo estudio científicoconcluyó que las explicaciones de Facebook eran “a menudo incompletas y a veces confusas”, de una forma que “podía posibilitarles a los anunciantes maliciosos esconder las explicaciones de los anuncios que son discriminatorios o que están dirigidos a atributos sensibles en cuestiones de privacidad”.

Alan Mislove, profesor de informática de la  Northeastern University y coautor del estudio, señala que le parece bien que Facebook tenga esa herramienta, remarcando que es uno de los pocos ejemplos de una empresa que explica cómo funciona uno de sus algoritmos. Pero añade que la conclusión no dice nada bueno de la capacidad de Facebook para autorregularse.

“Han construido esta plataforma increíblemente poderosa que permite dirigir anuncios a audiencias muy específicas, una herramienta muy potente que cualquiera con acceso a internet puede utilizar, y eso me asusta,” afirma Mislove. “Y hasta hace muy poco, no tenían que rendir cuentas a nadie. Si eres alguien con intenciones siniestras en Facebook, no tienes ni que esconder lo que haces porque el único que sabe lo que haces es Facebook.”

Ley de Anuncios Honestos

La mayor esperanza a la hora de poner un poco de orden en el mundo de los anuncios políticos en internet es la actualización de las leyes estadounidenses a la era de Facebook.

Existe una propuesta de ambos partidos para hacer justamente eso. En octubre, los senadores Amy Klobuchar, Mark Warner y John McCain presentaron el proyecto de Ley de Anuncios Honestos, que cubriría el vacío legal que permite a los anuncios en internet evadir los controles y también exigiría a plataformas como Facebook y Google que mantengan un archivo público de todos los anuncios políticos que publican y quién los ha pagado.

Pero así como necesitamos transparencia en relación a los anuncios políticos para mantener la democracia, también necesitamos una democracia que funcione para mantener esa transparencia. Y no queda claro si no es ya demasiado tarde para eso.

“En un mundo ideal, con un Congreso haciendo su trabajo, habría comisiones de investigación relacionadas con el proyecto de Ley de Anuncios Honestos, y tanto Facebook, Google y Twitter como los expertos tendrían que testificar para que la naturaleza de los anuncios políticos salga a la luz”, afirma Brendan Fischer, director de la reforma de la Comisión Federal Electoral del Centro Legal de Campañas. “Y no estamos ni cerca de llegar a eso”, añade.

En ausencia de un Congreso que haga su trabajo, ¿qué se puede hacer? ¿Debemos sentarnos a esperar que Facebook simplemente deje de vender publicidad política?

Antonio Garcia Martinez, antiguo jefe de producto de Facebook que ayudó a diseñar la herramienta de publicidad, dice que se ha dado cuenta de que los anuncios políticos son diferentes a los anuncios comerciales, y que por eso Facebook debería tratarlos de forma distinta.

“Vender zapatos tiene que ser distinto a vender políticos, aunque el aspecto mecánico sea idéntico”, afirma. “Es diferente a nivel ético”, añade.

¿O deberíamos presionar a Facebook para que impida que candidatos con visiones extremistas o de odio utilicen sus herramientas?

“Si permitimos que una empresa privada cargue con estas responsabilidades democráticas, hoy podrían regular contra el antisemitismo, pero mañana podrían regular lo que la gente dice de la Ley de Anuncios Honestos”, señala Fischer.

De hecho, Facebook ya podría estar suprimiendo voces políticas críticas contra sus prácticas empresariales, y no tenemos forma de saberlo. Es posible que ni siquiera el propio Facebook lo sepa. En respuesta a una pregunta sobre la revisión incoherente de anuncios de ropa, una portavoz de Facebook dijo hace poco a the New York Times que “la empresa no le puede preguntar a un sistema automático sobre sus decisiones”. El monstruo de Frankenstein está fuera de cualquier control humano.

Si todo esto parece positivamente distópico, una persona que es sorprendentemente optimista es Alan Gould. Gould abandonó la política poco después de la campaña de Vallone, fundó una empresa de análisis publicitario, la vendió y ahora es inversor en tecnología. Si bien le preocupa la alfabetización informática y la tendencia de Facebook a encerrar a las personas en sus burbujas, advierte: “Si la gente elige quedarse dentro de su burbuja y no salir de ella, eso habla más de quiénes son como personas que de la tecnología”.

“Si quieres tener una democracia representativa, tienes que tener una forma de comunicarte con los votantes y vas a utilizar lo que tengas disponible, ya sea periódicos, el correo, el correo electrónico o Snapchat”, afirma. “Yo no me arrepiento en absoluto”, añade.

Traducido por Lucía Balducci

 

Formará parte temporalmente del Tribunal Internacional que revisará la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic

José Ricardo de Prada forma parte del tribunal que juzgará la caja B y su presencia en él dependerá del tiempo que pase en La Haya

Prestará servicio en ese tribunal durante “el tiempo que dure la sustanciación y resolución” del recurso de apelación de Karadzic

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, integrante del tribunal que juzgó la primera época de la trama Gürtel, formará parte del tribunal internacional que revisará la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

De Prada ya había sido designado para el tribunal de la caja B, que juzga la presunta financiación ilegal del PP recogida en los papeles de Bárcenas. Su presencia en ese tribunal dependerá de cuando se juzgue esa pieza y de si para entonces ya ha terminado su estancia en La Haya.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 8 de marzo otorgar a De Prada la situación administrativa de servicios especiales, a partir del próximo 23 de abril para desempeñar el cargo de “magistrado del mecanismo residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas” en La Haya.

Karadzic fue condenado en marzo de 2016 por el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) a 40 años de prisión por el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo. Después de dos décadas de trabajo, y tras haber juzgado a decenas de responsables del genocidio y los crímenes de guerra en los Balcanes, el TPIY fue disuelto y ahora queda una Sala para estudiar los recursos que se han presentado.

El magistrado De Prada había solicitado incorporarse “de forma activa a la fase resolutoria del recurso de apelación” interpuesto tanto por el fiscal como por el propio Karadzic contra la sentencia dictada contra el exlíder serbobosnio.

Por tiempo indefinido

Los servicios del juez de la Audiencia Nacional en La Haya comenzarán con la vista pública prevista para el próximo 23 de abril y durarán “el tiempo que dure la sustanciación y resolución” del recurso de apelación.

Junto con Ángel Hurtado y Julio de Diego, el magistrado formó parte del tribunal que juzgó, entre octubre de 2016 y noviembre de 2017, la primera época de la trama corrupta Gürtel (1999-2005). Los tres jueces aún tienen que dictar la sentencia y el hecho de que De Prada se marche a La Haya no es impedimento para que, cuando esté lista, vuelva a Madrid a firmar la resolución.

Lo que no se sabe es si De Prada habrá vuelto para juzgar la presunta caja B del PP, caso cuya instrucción todavía no ha terminado, si bien el magistrado ya había sido designado por la Sala de lo Penal para formar parte de este tribunal y de otras dos piezas de la trama Gürtel.

 

  Firmados sin la más mínima consulta a los sectores laborales afectados

[19] LEONINO ACUERDO DE CCOO Y UGT CON EL GOBIERNO SOBRE LOS SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS

Por Aday Quesada
 
Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en
 
Los acuerdos suscritos hace unos días por CCOO y UGT y el gobierno de Rajoy en relación con la recuperación del poder salarial perdido durante estos años por los funcionarios, no hacen sino confirmar una vez más la sospecha generalizada de que estos sindicatos no son fiables.
 

 

Decía mi recordado y difunto abuelo que “al barrigón no hay quien lo faje”. Con esa contundente afirmación, quería expresar que aquel que te la había hecho, te la volvería a hacer.

La vida, es cierto, no me ha demostrado que el aserto de mi abuelo sea invariablemente cierto. Hay quienes fallan en sus compromisos porque las circunstancias lo han empujado a ello contra su voluntad.  Han sido débiles – y las debilidades se cobran un precio- pero no han tenido la voluntad intrínseca de traicionar. No parece que sea este último el caso de los sindicatos CCOO  y UGT,que  han terminado convirtiéndose  en meros y dóciles apéndices del poder establecido.

Los acuerdos suscritos hace unos días por CCOO y UGT  y el gobierno deRajoy  en relación con la recuperación del poder salarial perdido durante estos años por los funcionarios, no hacen sino confirmar una vez más la sospecha generalizada de que estos sindicatos no son fiables.

En el acuerdo se contempla que los aumentos para recuperar el poder adquisitivo perdido  por los funcionarios será de un 8.1% en los próximos tres años.  Pero la cuestión es que  la realidad y los datos que proporcionan las mismas centrales sindicales nos indican que el conjunto del funcionariado ha perdido la friolera del 13.3%  en los últimos años . Dicho de otra manera, CCOO y UGT  al rubricar su acuerdo con el gobierno ultraconservador, han dejado abandonados en el camino nada más y nada menos que un  5% de los salarios perdidos por los funcionarios en el curso de los últimos años. Y ello, además sin añadir los incrementos del IPC que se producirán en los próximos tres años.

Pero, ojo. Hay más. El acuerdo  precisa que los aumentos salariales estarán indisolublemente vinculados a un hipotético “crecimiento económico” y a la reducción del “déficit público”, y no a su revalorización automática en relación con el poder adquisitivo perdido.

Conviene recordar, además, que el acuerdo se ha firmado sin que  siquiera se abriera una consulta con  los sectores afectados. ¿Qué representatividad tienen estos señores para tomar por nosotros decisiones de tal calibre? Losburócratas sindicales alegan que se trata de un “buen acuerdo”. Pero al conocer su contenido uno se ve obligado inevitablemente a preguntarse: ¿Para quién? ¿Para los funcionarios o para  la multiplicación de las prebendas que los burócratas recibirán a cambio de sus “gestiones”?

 

[20] ¡Grandes defraudadores, barra libre! Gobierna el PP

Por David Bollero

 

Pese al compromiso del Partido Popular (PP)2017  supuso la tercera  vez en cinco años que la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal se desploma: se recaudaron unos 14.800 euros, que son cerca de 100 millones de euros menos que el año anterior. Otra promesa incumplida, sencillamente, por falta de voluntad política.

Mientras se facilitan estas cifras demoledoras, Rajoy miente en el Congreso de las Diputadas y los Diputados; a finales del año pasado tuvo la desfachatez de presumir de “los mejores datos de la historia” al destacar los 65.232 millones recaudados de 2012 a 2016… con una amnistía fiscal que dio carta blanca a la corrupción, tráfico de seres humanos, de drogas, armas…

L@s Técnic@s del Ministerio de Hacienda (Gestha), que de esto saben un poquito, hablan directamente de “fracaso” y opacidad que no busca más que esconder el desplome en el número de delitos fiscales descubiertos. La AEAT continúa sin informar de  los delitos fiscales denunciados (cuando el fraude supera los 120.000 euros), de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria.

En un país en donde el fraude fiscal campa a sus anchas -y no me refiero al pequeño defraudador, sino al grande- vemos para nuestro asombro cómo las denuncias tramitadas caen en picado. ¿Cómo es posible que suceda esto en un momento en el que más falta hace el dinero -lo vemos con las pensiones indignas- y en el que los medios de comunicación estamos sacando a luz los mayores escándalos como los Papeles de Panamá, el de Football Leaks o el de los Papeles del Paraíso?

España tienen en la actualidad la mitad de inspectores de Hacienda que la media europea y de esos escasos recursos, el 80% se dedica al control de particulares, autónomos, microempresas y pymes, y al 20% restante la investigación de las multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas. No sólo eso, sino que gracias al Gobierno, los inspectores ya no concluyen los expedientes de delitos que detectan, tal y como advierte Gestha.

Las denuncias que realizan l@s técnic@s de Hacienda son alarmantes, no sólo porque tengan que ser ell@s quienes saquen estos datos a la luz, sino por la repercusión de los mismos: por cada euro que ingresa la AEAT en su lucha contra el fraude quedan casi cinco pendientes de cobro. Si se dispusiera de mayor eficiencia, indican, sería posible recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros.

¿Quién está dejando de pagar esos cinco euros que no llegan a las arcas del Estado? ¿Qué grandes defraudadores se salen con la suya gracias a las condiciones de impunidad que han creado Rajoy y los suyos? ¿Por qué no se invierte la proporción y el 80% de inspectores controla a las grandes fortunas y el 20% a los particulares y autónomos? Todas las respuestas conducen a una misma conclusión: porque un puñado de indeseables vive a nuestra costa robándonos a manos llenas mientras con un Gobierno compinche.

 

[21] El hipódromo de la Moncloa

Por Juan Carlos Escudier

 

Debe de pintar un panorama un tanto negro para el PP porque la sucesión de Rajoy ha empezado a plantearse abiertamente, y hasta alguno de los llamados a esa cena, que en su día fue un hipódromo con Aznar manejando de la foto finish, ya se atreven incluso a postularse como jinetes. Es el caso de Núñez Feijoo que, preguntado sobre su disposición a dejar Galicia para ceñir la corona de la derecha, pidió que le dejaran contestar dentro de un año, “cuando el presidente nos dirá lo que decida hacer”, tal es la faraónica costumbre de la casa. Hagan sus apuestas porque, a lo tonto, la carrera puede haber comenzado ya.

Pendientes de introducirse en los cajones o de colocarse la servilleta están, por tanto, Feijóo, un pura sangre que odia las fotos, sobre todo aquellas que le inmortalizan con narcotraficantes como Sito Miñanco; Sáenz de Santamaría, que avanza mucho en las rectas pero sufre cuando vienen curvas como las de Catalunya; Cospedal, a la que habrá que avisar que la competición es en directo y no en diferido; Cifuentes, al frente de una cuadra financieramente poco recomendable; y hasta Iñigo de la Serna, del que no se sabe si galopa o no pero que tiene una planta estupenda y da gloria verle cuando corretea.

En los últimos días varios medios han dado cuenta de la presencia en la pista de un nuevo corcel del que se apuntan cualidades extraordinarias: prudencia, inteligencia, lealtad, seriedad, rigor y, sobre todo, higiene, que es una virtud insólita en un partido acostumbrado a chapotear en inmundicias. Se trata de Ana Pastor, de la que no se conoce más defecto que el de parecerse mucho a Rajoy. Aunque sólo fuera por el sacrificio de su marido, habitual acompañante del presidente en sus trotes cochineros por Ribadumia, la presidenta del Congreso tendría la carrera ganada.

Pastor sería, en efecto, una buena candidata si el relevo estuviera en marcha. Pertenece al círculo íntimo, a esa cuadrilla de Pontevedra que hizo del Blanco y Negro el cuartel general de sus vermús, y que en vacaciones prolongaba su endogamia en Sanxenxo. Nunca salió de su boca una crítica al hijo del juez ni puede exhibir un solo enemigo en el PP. Es amable, empática y dialogante. Inteligente también, o eso dice Pablo Iglesias, que hasta ve en ella una cintura política de bailarina. Bastaría con una designación digital para que la democracia interna del PP hiciera el resto.

La carrera, como se decía, puede haber empezado sin que el propio Rajoy se haya enterado, pese a que los relinchos y el ruido de los cascos son audibles a gran distancia. O se ha enterado y se resiste a dar la salida mientras intenta por todos los medios aprobar los Presupuestos de 2018, que es la clave de bóveda de su permanencia, de su victoria en ese extenuante Grand National donde muchos jinetes besaron el suelo antes siquiera de llegar al hipódromo.

Es difícil imaginar a la secuoya que es Rajoy aceptando convertirse en un mueble auxiliar, y la prueba es la imagen elegida por el PP para celebrar su convención nacional a finales de mes: un árbol de poderoso tronco que, en palabras del palmero Martínez Maíllo, aguanta lo que le echen, ya sea viento, frío, hielo o nieve, un vegetal muy vegetal y mucho vegetal, la imagen con barba del ‘no nos moverán’.

De ahí que sea improbable que por propia voluntad promueva su relevo como hizo Aznar o que las presiones de su partido fuercen su retirada a la manera de Zapatero. Rajoy quiere galopar hasta 2019 y a partir de ahí mantenerse en la montura hasta que el cuerpo aguante. No se le puede pedir a un centauro que descabalgue. Hay que derribarle.

[22] Los funcionarios de Justicia convocan movilizaciones y piden equiparación salarial

Por EFE

Artículo publicado 20 de marzo de 2018 en
 

Los responsables de justicia de los cuatro sindicatos representativos han recordado que los trabajadores de este sector dependientes del Ministerio llevan más de diez años sin ver actualizadas sus retribuciones a pesar de que han aumentado las cargas de trabajo en los órganos judiciales.

Sindicatos de la Justicia.- EUROPA PRESS
 

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa los responsables de justicia de los cuatro sindicatos representativos en la mesa sectorial en el ámbito nacional, que han recordado que los funcionarios de este sector dependientes del Ministerio llevan más de diez años sin ver actualizadas sus retribuciones a pesar de que han aumentado las cargas de trabajo en los órganos judiciales.

Estos sindicatos han convocado un calendario de concentraciones que comenzará este miércoles a las 12.00 horas ante la sede central de la Audiencia Nacional en Madrid y en las capitales de provincia de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en este área, es decir Extremadura, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla.

El calendario de movilizaciones continuará el miércoles 4 de abril con una concentración ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid y terminará del 5 al 13 del mismo mes con otras alternativas en las capitales de provincia de las comunidades del ámbito ministerial.

Los sindicatos han anunciado que si el Ministerio que dirige Rafael Catalá no abre una negociación, convocarán una huelga general en justicia. Sus representantes han explicado que los funcionarios de justicia de dichas comunidades, así como el personal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional de Toxicología, dependientes del Ministerio, cobran alrededor de 500 euros brutos menos al mes respecto a los de las comunidades con estas competencias transferidas.

Los sindicatos también se movilizan en contra de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial “por los perjuicios que supondrá en las condiciones laborales del personal de la justicia”, pues advierten de que “la reforma pretende, entre otros aspectos, suprimir los actuales centros de destino, lo que supondrá la movilidad forzosa”.

En un comunicado conjunto recuerdan que han pasado más de diez días desde que se entregaron cerca de diez mil firmas al Ministerio solicitando la apertura de la mesa de negociación y más de tres meses desde que los cuatro sindicatos presentaron a este departamento un escrito con la tabla reivindicativa pormenorizada que afecta a todos los cuerpos de justicia.

“Mientras tanto, el Ministerio sigue dando la callada por respuesta, no cumple los acuerdos de 2015 y machaca a los juzgados creando órganos sin medios, imponiendo un modelo de oficina judicial y fiscal rígido, y derrochando el dinero en una tecnología que no sirve para ayudar sino para ahogar aún más a los órganos judiciales y fiscales”, denuncian.

Los sindicatos también reivindican recuperar el complemento de los funcionariosdestinados en juzgados de violencia sobre la mujer y su establecimiento en otros órganos especializados, revisar la normativa de guardias con un incremento de las retribuciones por este concepto así como las de la insularidad.

Denuncian que el Ministerio vulnera el derecho a la negociación colectiva al no convocar la mesa de negociación para atender las reivindicaciones de los funcionarios y “se burla de ella modificando unilateralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial”

EXCLUSIVA “ELDIARIO.ES”

[23] El registro de secretaría confirma que Cifuentes no aprobó el máster en 2012

Por Raquel Ejerique

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/Universidad-Rey-Juan-Carlos-Cifuentes_0_752424848.html

 

Tanto el  rector de la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos como Cristina Cifuentes aseguran que aprobó el trabajo de fin de máster el 2 de julio de 2012

Sin embargo, el registro de secretaría revela que la presidenta de la Comunidad pagó unos gastos para poder matricularse por segunda vez en ese trabajo cuatro meses después, el 20 de noviembre de 2012

Los documentos que hoy publica eldiario.es contradicen la segunda versión de los hechos que presenta la presidenta de Madrid: se volvió a matricular para presentar el trabajo de fin de máster después de supuestamente haberlo aprobado ya

 

 

Según los registros informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos,  Cristina Cifuentes no se presentó a dos asignaturas de su máster y una funcionaria le cambió las notas a “Notable” en 2014, dos años después. Según la versión de la universidad pública, aprobó todo en el curso en que se matriculó (2011-2012) y si apareció como “No presentado” fue por una  “mala transcripción en la introducción de las notas”,  un error informático que en 2014 simplemente se subsanó. Cristina Cifuentes, en un comunicado posterior, se ha sumado a esa versión, la segunda que traslada a eldiario.es, tras asegurar el martes un portavoz de la presidenta autonómica que se había dejado dos asignaturas para después.

Sin embargo, los pagos de la propia Cristina Cifuentes a la Universidad Rey Juan Carlos, un documento al que ha tenido acceso eldiario.es, desmienten tanto a la presidenta autonómica como a la propia Universidad. Cifuentes pagó el importe necesario para presentar el trabajo de fin de máster cuatro meses después de, según su versión, haberlo aprobado.

En la ficha de Cifuentes que hoy publica eldiario.es aparecen tres pagos en distintas fechas. El primero, el 4 de enero de 2012: 1.586,39 euros por el pago del máster. El segundo, el 20 de noviembre de 2012: un gasto administrativo de 6,11 euros. El concepto: “Trabajo fin de Máster Derecho Autonómico”. Y un tercer pago, el 6 de noviembre de 2014 de 176,27 euros, como tasas para sacar el título.

Tal y como demuestra el documento de cuatro pantallazos que hoy publica eldiario.es, cuatro meses después de “aprobarlo todo”, en noviembre de 2012, Cristina Cifuentes paga 6,11 euros para poder presentar y defender el Trabajo Fin de Máster (TFM) que teóricamente ya tenía con un notable, según la última versión de la presidenta autonómica y la propia universidad. 

Como dice el reglamento de la propia Universidad Rey Juan Carlos en su artículo 7 , el TFM no tiene asociadas unas tasas como las asignaturas en segunda convocatoria, sino que son unos gastos mucho menores: “En el supuesto en que el alumno no se presente a la asignatura de Trabajo Fin de Máster en el curso en el que la matricula por primera vez, para los siguientes cursos académicos, deberá matricularse nuevamente de dicha asignatura. El segundo curso que realice la matrícula de la asignatura de Trabajo Fin de Máster sólo deberá abonar las tasas administrativas correspondientes”.  También según las tarifas de la URJC los “gastos de secretaría”  son precisamente 6,11 euros, justamente lo que paga Cifuentes. ¿Por qué es un precio tan bajo? Como se especifica en el artículo 7 del reglamento de los máster de la URJC , “la matrícula del Trabajo Fin de Máster se realiza en el momento de la matrícula ordinaria. La convocatoria de esta asignatura será indefinida”. Pero si el trabajo se presenta en el siguiente curso académico, el alumno debe pagar. “El segundo curso que realice la matrícula de la asignatura de Trabajo Fin de Máster sólo deberá abonar las tasas administrativas correspondientes”, dice el artículo 7.2. Esas tasas administrativas son, precisamente, esos seis euros con once céntimos.

A menos que Cifuentes quisiera volver a aprobar una asignatura ya aprobada (la que más valor tiene, 24 créditos de 60), la coartada de que fue un error informático se cae, ya que la alumna sabe en noviembre de 2012 que, al menos, le falta una asignatura, así que el “no presentado” no es un error. Curiosamente, entre los documentos de pago aportados por Cifuentes  junto a su comunicado, están los de la matrícula principal y el de las tasas del título, pero se obvia el pago de la prórroga de presentación del trabajo de fin de máster.

La URJC aún no ha sabido explicar este nuevo pago, que contradice la versión que ha ofrecido el rector. Ha asegurado a eldiario.es que tiene que revisar la documentación y emplaza la respuesta sobre este punto a este jueves. 

Por su parte, fuentes cercanas a Cristina Cifuentes explican ese nuevo pago en que “la fecha de presentación del trabajo finalizaba en junio de 2012, como lo presentó el 2 de julio, a las 15:45, pagó una tasa por haberse pasado de la fecha”. Como sabe cualquier alumno o profesor, el curso escolar empieza el 1 de septiembre, ni en julio ni en junio ni en agosto. En cualquier caso, y tal como muestra el calendario de máster de la URJC del año 2011-2012 (abajo), en julio de 2012 Cifuentes estaba dentro del curso escolar que había pagado, con lo que esas tasas de 6 euros de penalización no tienen sentido.

 

Así que el registro de pagos de Cristina Cifuentes en la URJC desmiente todo lo dicho por el rector, Javier Ramos, el profesor de la asignatura, Pablo Chico, y el director del máster, Enrique Álvarez Conde. Este último, que el martes por la tarde no era capaz de decir al vicerrector de la URJC quién había sido el tutor del Trabajo Fin de Máster (TFM), se ha presentado a sí mismo al día siguiente en la rueda de prensa como el tutor del trabajo de Cifuentes, a la que él llama  “la alumna de referencia” en su intervención. eldiario.es ha intentado contactar con él por teléfono sin éxito para saber cómo es posible que ella se diera por no presentada y pagara tasas si él, como tutor, ha dicho que se presentó y sacó un notable. 

Otro misterio es qué pasó con la asignatura ‘La financiación de las comunidades autónomas’, porque es imprescindible haberla aprobado para matricularse del TFM. La norma es así, excepto para Cristina Cifuentes, que sí pudo matricularse del TFM teniendo una asignatura en ese momento, por error o no, como “No presentada”. 

Después de este pago para intentar sacarse el TFM, algo que según el sistema de la Universidad Rey Juan Carlos no consiguió hasta 2014 cuando la funcionaria le cambia la nota, el siguiente pago de secretaría de Cifuentes en secretaría es el desembolso de las tasas de retirada de título, 176,27 euros. Ahí acaba su relación académica y económica de su máster. 

 

[24] La universidad española no funciona así

Por Anton Losada

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/universidad-espanola-funciona_6_752484787.html

Si en una universidad española se produce un error en un expediente académico, la corrección debe hacerse mediante una diligencia formal, donde debe constar de manera expresa la causa de la corrección y quién se hace responsable

 

Captura que revela que se cambiaron las notas de Cifuentes

 

En todas las universidades europeas se producen errores administrativos, mecánicos y humanos, en las universidades españolas también. En todas las universidades europeas existen procedimientos reglados para corregir tales, en las universidades españolas también. Procedimientos reglados para proteger los intereses de los alumnos, que requieren el control de un tercer órgano y que obligan al profesor a justificar expresamente su cambio de criterio. Si en una universidad española se produce un error en un expediente académico, la corrección debe hacerse mediante una diligencia formal, donde debe constar de manera expresa la causa de la corrección y quién se hace responsable.

En la universidad española las actas cerradas y depositadas ya bajo custodia de la secretaría no se corrigen de palabra, tampoco por teléfono. Igualmente la corrección debe hacerla el funcionario habilitado por la secretaría a tal efecto, no cualquier funcionario. Si las  dos notas cambiadas a Cristina Cifuentes son fruto de una corrección de errores, la universidad debe tener las correspondientes diligencias explicando y habilitando tal corrección; basta con que las acredite para zanjar el asunto sin rozar siquiera la famosa ley de protección de datos.

En ningún máster de ninguna universidad europea los trabajos de fin de máster resultan voluntarios, ni se presentan o defienden de manera informal, en la universidad española tampoco. Han de presentarse en la secretaria del departamento responsable del título, con entrada de registro y con un número mínimo de copias. La Universidad Rey Juan Carlos solo tiene que presentar el libro de registro del departamento responsable del máster, que además es público, y allí constará día, hora y número de copias depositadas por la alumna Cristina Cifuentes. Así de sencillo, de nuevo ni se roza siquiera la Ley de protección de datos, invocada en este caso como si las notas de unos exámenes fueran un secreto de Estado que hubiera que proteger. De hecho, en la mayoría de las universidades el trabajo de fin de máster se defiende en un acto abierto al público. Invocar la ley de protección de datos resulta tan extemporáneo como clamar por las tablas de Moisés.

Una vez que la propia presidenta se haya aclarado consigo misma y sepamos si aprobó e hizo su TFM en 2014 y a la segunda, como dijo ella, o en 2012 y a la primera, como dice ahora la universidad, nadie como la misma Cristina Cifuentes tiene en su mano poner a disposición del público ese trabajo sobre el reparto autonómico de las competencias de seguridad, que le valió nada menos que un 7.5; aunque solo sea en aras de la transparencia que todos defendemos.

Este miércoles seguramente fue un gran día para Esperanza Aguirre, que debió disfrutar como nadie viendo a su némesis cocerse en la salsa de los papeles raros y maniobras extrañas. También debió ser un buen día para Mariano Rajoy, harto de que todos le den lecciones de ética y viendo cómo otra aspirante se eliminaba sola, a lo Núñez Feijóo y sus fotos con narcos. Pero definitivamente fue un mal día para la universidad española, que ni funciona así, ni tiene por qué soportar que se crea que funcionar así es lo normal. Si está todo tan claro y todo se puede explicar, tiene que haber papeles de sobra para acreditarlo; así es en todas las universidades europeas y especialmente en la universidad española que conozco y donde trabajo.

[25] Las mentiras de Cristina Cifuentes sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos

Por Ignacio Escolar

Articulo publicado el 22 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/escolar/Cristina-Cifuentes-Universidad-Juan-Carlos_6_752834710.html

 

Cristina Cifuentes aún tiene mucho que explicar. ¿De dónde sacó el tiempo para terminar un máster de 600 horas lectivas en ocho meses, unas 15 horas semanales? ¿A cuántas clases asistió?

 

Cristina Cifuentes: “No hay ninguna irregularidad relacionada con este máster”

Falso. Por mucho que la Universidad Rey Juan Carlos quiera vestir lo ocurrido de normalidad, cayendo en varias contradicciones, no es en ningún caso habitual que una funcionaria de otro campus distinto modifique dos notas de una alumna dos años después de que se cierre el curso. Como bien sabe cualquier profesor universitario – Antón Losada hoy lo explica muy claro– los protocolos para modificar una nota no se parecen en lo más mínimo a lo que ha explicado Cifuentes o la Universidad. No es esta siquiera la única irregularidad.

Falso. No hubo un error de transcripción. Según la versión explicada ayer por la Universidad hubo dos errores, de dos profesores distintos y ambos se equivocaron al introducir las notas en el sistema informático cada uno por separado –que es como se registran las notas–. Ya es mala suerte, ya es casualidad.

Cifuentes: “Fue un máster que hice no por el título sino porque me interesaba mucho la materia. (…) Yo no necesitaba engordar mi currículum para nada porque soy funcionaria en la universidad. A mí tener el título o no tenerlo me daba lo mismo”.

Falso. Cristina Cifuentes se matriculó en ese máster porque es imprescindible para poder cursar después un doctorado, como era su intención. Así lo admitía ella misma en 2012 en su propia web, como recoge  esta vieja noticia de Europa Press: “Actualmente curso el Doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos”. ¿Y para qué quería el doctorado? Muy sencillo. Porque con él podría dar clase en la universidad, cuando dejase la política, en vez de volver a su plaza de funcionario, que es como personal de administración y servicios (PAS). Es el mismo camino que utilizó la propia hermana de Cifuentes, Margarita: era funcionaria PAS; hizo el doctorado (en un tesis dirigida personalmente por el rector de los plagios) y después la Rey Juan Carlos la contrató a dedo como profesora visitante, de forma claramente irregular.

Cifuentes: “Supongo que el trabajo de fin de máster estará en la universidad”

Es sorprendente que un trabajo de fin de máster sea  tan difícil de localizar porque se supone que fue escrito con un ordenador conectado a Internet en 2012, no con una máquina de escribir el siglo pasado. Fuentes cercanas a Cifuentes aseguran que no lo encuentra entre las cajas de varias mudanzas y en la Universidad también sigue sin aparecer. Cifuentes ha mostrado un acta del trabajo de fin de máster bastante irregular – el tribunal que supuestamente evaluó a Cifuentes es ilegal– pero aún no aparece el único documento que puede demostrar fehacientemente que lo presentó y en qué fecha exacta lo hizo. No es tampoco el trabajo de fin máster, que en algún momento, milagrosamente, tal vez aparecerá. Es el registro informático de entrada de ese trabajo en la Universidad. No se sabe nada de este documento, que la Universidad debería aportar.

¿Tiene sello de registro de entrada la Universidad Rey Juan Carlos? Sabemos que sí. Lo acabamos de confirmar con la investigación oficial que ha anunciado el rector, el primer documento de esta historia que aparece con un sello oficial.

Cifuentes: “Ese medio (eldiario.es) se puso en contacto con mi gabinete a última hora de ayer”

Falso. La primera llamada de nuestra compañera  Raquel Ejerique al gabinete de Cristina Cifuentes para recabar su versión de los hechos fue el martes 20 de marzo a las 13:08. Hubo otras tres llamadas ese mismo día: a las 15:10, a las 17:21 y a las 19:47. Cifuentes tuvo tiempo más que suficiente para contestar a nuestras preguntas sobre la manipulación de sus notas por una funcionaria y en aquel momento sus portavoces nos dieron una versión radicalmente distinta a la que ha dado el miércoles: que se había dejado dos asignaturas para otra convocatoria posterior. ¿Cómo es posible que Cifuentes no recordase un episodio tan llamativo como el que la Universidad explicó después? ¿Alguien que va a recoger un título de máster y no puede porque faltan dos notas por errores informáticos lo olvida tan fácilmente?

Cifuentes: “Esta persona (la funcionaria que cambió la nota) no es amiga mía, pero la conozco, como conozco a muchas otras personas en la universidad. Fue la que me acompañó amablemente a recoger finalmente mi título”.

No fue eso lo que nos contó el gabinete de comunicación de Cristina Cifuentes el martes. “No la conoce de nada”, nos aseguraron, y así lo reflejamos en nuestra primera información. Para no conocerla de nada, no se entiende tampoco la casualidad de que sea justo ella quien modifica las notas, en 2014, y también justo ella quien acompaña a Cifuentes a recoger el título, en 2017.

Cifuentes: “¡Seis euros! ¿Cómo va a costar una matrícula seis euros? Esto en qué cabeza cabe. Esto fue una penalización que la Universidad puso precisamente por haber presentado y haber leído el trabajo más allá de la fecha establecida.”

Falso. No existe en el reglamento de la Universidad esa tarifa de penalización por presentar tarde el trabajo de fin de máster de la que habla Cifuentes. Lo que  sí especifica el reglamento –artículo 7.2– es que si no presentas el trabajo de fin de máster en el curso correspondiente, puedes repetir la matrícula el curso siguiente sin tener que pagar todo el precio otra vez. “El segundo curso que realice la matrícula de la asignatura de Trabajo Fin de Máster sólo deberá abonar las tasas administrativas correspondientes”, dice el reglamento de la URJC. ¿Y cuánto es esa tasa administrativa? Las  tarifas oficiales de la Universidad lo confirman: 6 euros con once céntimos es el precio de los gastos de secretaría. También queda confirmado con  los nuevos documentos que desvelamos hoy, donde se ve claramente que esos 6,11 euros corresponden al “trabajo de fin de master” del curso académico 2012-2013, y por eso se pagó en noviembre de 2012. ¿Para que se volvió a matricular Cifuentes si había aprobado ya el curso anterior?

Tampoco se entiende algo. Si en noviembre de 2012 Cristina Cifuentes fue a la Universidad a pagar unas tasas, ¿por qué no aprovechó para pagar el título del máster que, según ella, ya estaba terminado?

Ni Cifuentes ni tampoco la Universidad aclaran igualmente otro de los incumplimientos flagrantes del reglamento. ¿Cómo pudo presentar el trabajo de fin de máster en julio de 2012 si en su expediente, hasta octubre de 2014, aparecía otra asignatura pendiente?

Cifuentes: “Las explicaciones las tendrá que dar en todo caso la Universidad, que es quien comete este error administrativo”

Falso. Cristina Cifuentes aún tiene mucho que explicar, y no solo cuántos días más necesita para encontrar su trabajo de fin de máster o por qué se volvió a matricular en noviembre, cuatro meses después de –según su segunda versión– aprobar. Sigue sin estar claro en qué huecos de su apretada agenda encontró tiempo la delegada del Gobierno en Madrid para realizar un máster presencial de 60 créditos: 600 horas lectivas en ocho meses, unas 15 horas semanales. ¿A cuántas clases asistió?

Cifuentes: “He sufrido un ataque sin calificativos y sin fundamento que está construido sobre una pura falsedad”

Falso. Todas las informaciones que ha publicado eldiario.es están sostenidas por documentación interna de la propia Universidad, por las distintas versiones que ha dado el gabinete de la presidenta de Madrid, por fuentes en la Universidad Rey Juan Carlos y por un trabajo periodístico contrastado y veraz. El propio rector de la Universidad, en sus contradictorias excusas, admite que son ellos quienes han cometido errores, no eldiario.es.

Cifuentes: “Nunca me he escondido, no me voy a esconder jamás, no me voy a ocultar”

Falso. Durante la mayor parte del día, ni Cristina Cifuentes ni su gabinete de comunicación dio explicación alguna ni tampoco rectificó la primera versión que aportaron a eldiario.es el martes. Durante gran parte de la tarde de ayer, aseguraron a los medios que Cifuentes daría una rueda de prensa, que nunca llegó.

Cifuentes: “Los últimos tiempos vengo sufriendo ataques permanentes. A quien esté detrás, que sepa que me hace más fuerte”.

Cifuentes insinuó que hay una mano negra política detrás de nuestra información. Se equivoca de pleno. Detrás de exclusivas como esta investigación periodística sobre su peculiar máster, que aún no hemos terminado de publicar, solo está el apoyo de más de 24.000 socios. Más de 24.000 lectores comprometidos que nos permiten trabajar con independencia y libertad.

Moleste a quien moleste, con la ayuda de nuestros socios, vamos a continuar.

[26] ¡Comparece, Cristina!

Por Elisa Beni

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Comparece-Cristina_6_752484776.html

 

Cifuentes debe una explicación y una explicación que responda a tal nombre, es decir, que haga comprensible a la razón los hechos incuestionables dados a conocer por este diario y que desenvuelva o despliegue una versión acreditada sobre lo que sucedió con su título de máster

A mi me parece absurdo e inexplicable que una mujer con una licenciatura y un máster en su currículum sintiera la necesidad de hacer trampa para obtener un título más

 

Cifuentes solicita toda la información sobre su expediente académico a la URJC para aclarar que cuenta con dos máster

Sólo encuentro un motivo para la ausencia ante las cámaras de Cristina Cifuentes: que esté recopilando las pruebas y los datos para poder demostrar que su última titulación académica de posgrado fue obtenida de forma limpia y transparente. Cifuentes debe una explicación y una explicación que responda a tal nombre, es decir, que haga comprensible a la razón los hechos incuestionables dados a conocer por este diario y que desenvuelva o despliegue -tal es el significado etimológico del término- una versión acreditada sobre lo que sucedió con su título de máster. Una explicación fehaciente, con pruebas, transparente, y que aclare de forma definitiva su honra académica y política. Algo muy distante de la bochornosa intervención que ha tenido lugar por parte de académicos de una universidad pública y que no ha conseguido sino enturbiar y complicar la ya difícil situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al contradecir incluso los datos que desde su entorno se habían dado ya a los periodistas. Los datos remitidos a última hora de la noche en un comunicado tampoco terminan de iluminar este oscuro proceso.

A mí me parece absurdo e inexplicable que una mujer con una licenciatura y un máster en su currículum sintiera la necesidad de hacer trampa para obtener un título más. Me lo parece aún más si esa mujer, con demostrada capacidad intelectual, ostenta ya en ese momento un cargo de tanta relevancia como el de delegada del Gobierno en Madrid y piensa, además, ser candidata a la presidencia de la CAM. Todo político debe saber que cualquier esqueleto, tibia o pequeño huesecillo de falange que tenga guardado en el armario va a ser rastreado y utilizado cuando más daño pueda hacer por los adversarios o por los enemigos que normalmente habitan el las propias filas. Así que, no veo necesidad y por eso espero que Cifuentes autorice a la Universidad para hacer públicas las actas, muestre su trabajo fin de máster y enumere los profesores que tuvo, las convocatorias a las que acudió y exhiba toda la trazabilidad de su trayectoria académica en la Universidad Rey Juan Carlos hasta borrar la sombra de toda duda. 

La investigación de este diario no sólo pone en apuros políticos a la presidenta de la Comunidad, aunque pueda ser su resultado más vistoso, sino que cuestiona otras muchas cuestiones que deberán ser aclaradas por distintas vías. En primer lugar, las alegaciones realizadas por el rector de la Universidad no han dejado palmariamente claro que no se haya cometido un delito de falsedad en documento público por parte de las personas que alteraron las notas en el sistema informático y/o en las actas que no hemos llegado a ver. Tales hechos deben ser investigados por la Fiscalía para aclarar las responsabilidades penales a que hubiera lugar tanto de autores como de encubridores o colaboradores. 

Además el caso cuestiona la propia calidad de la Universidad y su control sobre los datos académicos y sobre las firmas que dan fe pública en sus títulos de la obtención regulada de los mismos. No quedará otro remedio que realizar una inspección regulada por parte del Ministerio y una auditoría independiente para asegurar la limpieza del funcionamiento interno de la Rey Juan Carlos. Son muchos los estudiantes y los posgraduados que merecen que se limpie de sospecha el sistema y se purguen responsabilidad. Sobre todo porque la conocida en Madrid como “universidad del PP”, lo cual ya es tremendo de por sí, ha sido elegida por otros conocidos cargos de la organización para cursar posgrados cuando ya estaban en política. La sombra de la duda puede cernirse sobre todos. 

El mal también alcanza de alguna manera a la credibilidad del sistema público universitario español. Por ese motivo, la depuración de responsabilidades dentro del marco académico no puede ser soslayada. La mera sospecha de que el amiguismo y las corruptelas hayan podido servir para expedir títulos académicos es tan atroz que debe ser barrida por la luz y los taquígrafos. 

Por último, el escándalo deja colgados de la brocha a los impolutos representantes de Ciudadanos. Los autollamados a liderar la limpieza y la regeneración democrática a través de acuerdos de gobierno y de códigos de conducta que, miren por dónde, a veces toca cumplir. 

Todo está pues pendiente de esa comparecencia pública en la que Cifuentes ponga sobre la mesa todas las pruebas que sin duda tiene sobre su vida académica en la Rey Juan Carlos. Lo que es como debe ser siempre puede ser explicado. El castigo para lo contrario en todo país civilizado es el abandono del cargo político y el ostracismo en la vida pública. 

Claro que este país es España y Juan Manuel Moreno, Elena Valenciano, Joana Ortega, Eva Almunia, Estela Goikoetxea y hasta Luis Roldán ya le precedieron en estos escándalos. Algunos de ellos siguen en sus cargos como si tal cosa. 

Pobre país con tan pobres políticos, pobre.

 

[27] Asociaciones universitarias denuncian ante la Fiscalía la falsificación del máster de Cifuentes

Por  Marcos Pinheiro

Articulo publicado el 22 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/politica/Asociaciones-universitarias-Fiscalia-falsificacion-Cifuentes_0_752774953.html

 

Apuntan que Cifuentes pudo cometer un delito de cohecho al beneficiarse del cambio de notas cuando ya ostentaba un cargo público

Piden que se llame a declarar como investigada a la presidenta regional y como testigo a la funcionaria que modificó su expediente

Reclaman toda la documentación de la Universidad y el libro de visitas de la Delegación de Gobierno durante las fechas del máster

 

La Fiscalía tiene ya en sus manos una denuncia por el caso del máster de Cristina Cifuentes, que aprobó gracias a que una funcionaria cambió dos años después las notas en la red interna de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). El escrito, presentado por diversas asociaciones de universidades públicas de Madrid y al que ha tenido acceso eldiario.es, pide a la Fiscalía que tome declaración a la presidenta regional y a la funcionaria que cambió sus notas, que reclame a la Universidad toda la documentación y apunta a la comisión de posibles delitos de falsedad en documento público y cohecho.

La denuncia, presentada en la Fiscalía Provincial de Madrid, recorre todos los hechos acaecidos tras la noticia de eldiario.es, y reclama a la Fiscalía que abra diligencias para investigar los hechos. Piden que Cifuentes sea citada en calidad de investigada para que aporte las pruebas que dice tener sobre la obtención del máster. Señalan que obtuvo un “beneficio directo” cuando tenía una posición de poder que le permitía ofrecer recompensas a quienes acometiesen esos cambios en su expediente. Algunos de ellos, recuerdan, vinculados con el PP.

Además, solicitan la declaración como testigos de Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de Cifuentes desde otro Campus, y dos años después de que cursase el máster. También piden que declare el director del máster, el tutor de la presidenta regional “así como de la persona designada por el servicio informático de a Universidad Rey Juan Carlos a los efectos de aclarar el procedimiento de volcado de la documentación y actas de evaluación”.

Emails y el libro de visitas

La Fiscalía, reclaman los denunciantes, también debería interrogar al personal del Instituto de Derecho Público de la URJC para que aporten toda la documentación respecto al nombramiento del tribunal del máster. Además reclaman una copia de la agenda y el libro de visitas de la Delegación del Gobierno en Madrid, correspondiente a las fechas en las que Cifuentes realizó el máster. También reclaman una copia del mail del director del máster que la presidenta regional solo ha enseñado en un pantallazo y los resguardos de los distintos pagos a la Universidad.

La denuncia recoge las informaciones publicadas por eldiario.es y las declaraciones públicas de los responsables de la URJC, que admiten la veracidad de los pantallazos publicados, aunque achacan el escándalo a un error de transcripción. Recalca el documento que la funcionaria que modificó las notas ha reconocido la manipulación y que, según la legislación vigente en ese momento, Cifuentes no cumplía los requisitos para defender el Trabajo de Fin de Máster.

Falsedad documental y cohecho

“No cursó ni culminó las citadas asignaturas en tiempo y forma, así como no procedió a volver a matricularse, solicitar una modificación formal del acta de la comisión evaluadora o de la propia acta de calificaciones y asistencia del citado máster”, señala la denuncia. Es por esto que los denunciantes creen que podría haberse cometido un delito de falsedad documental, penado con hasta seis años de cárcel, que podría extenderse a otras autoridades de la Universidad.

En el caso de Cifuentes, los denunciantes señalan que pudo cometer un delito de cohecho porque en el momento de los hechos ostentaba un cargo público, el de delegada del Gobierno en Madrid. La modificación de las notas le reporta “un beneficio directo” y quienes acometen ese cambio pueden pretender la obtención de otro beneficio. El escrito señala que el delito de cohecho lo comete quien procede a la acción material y quien se beneficia de esta.

“En última instancia, la propia beneficiaria de esta operación es la propia Cristina Cifuentes, siendo esta la única conclusión del relato lógico expuesto”, añaden. Las asociaciones, entre las que hay de la Universidad Complutense, la Politécnica o la propia Rey Juan Carlos, manifiestan su voluntad de personarse como acusación si finalmente se abre una causa.

Entre las asociaciones universitarias que han presentado la denuncia están La Caverna, La Chispa, Ecoaldea, Asociación Yuri Gagarin, Conciencia Minera o Res Pública, entre otras. Los firmantes aseguran que se está uniendo a la iniciativa nuevas asociaciones.

La nota de dos asignaturas del máster de Cifuentes aparecieron durante muchos meses en los registros informáticos de la universidad pública como   “no presentado” hasta que fue modificada  por una funcionaria, Amalia Calonge, que trabajaba en otro campus, y sustituida por un notable. La misma operación la realizó la misma empleada pública en otra materia, Financiación de  las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en la que Cifuentes tenía un no presentado y se sustituyó por un 7,5.

Dos versiones distintas

La presidenta madrileña atribuyó esos cambios en sus notas a un “error de transcripción” encoméndandose a la versión ofrecida la mañana del miércoles por el rector de la universidad, Javier Ramos, que contradice lo que el equipo de comunicación de Cifuentes contó la tarde del martes a eldiario.es. Entonces el gabinete de la presidenta afirmó que Cifuentes había dejado dos asignaturas en el curso 2011/2012 que acabó sacando muchos meses más tarde. 

La explicación ahora es que la entonces delegada del Gobierno completó los exámenes de todas las materias durante aquel mismo año y que dos profesores distintos se equivocaron al introducir las notas en el sistema informático: en lugar de calificarlas con notable ambos apuntaron “no presentada”.

*** 

Comunicado de las asociaciones universitarias sobre la denuncia

Las asociaciones universitarias que han presentado la denuncia contra Cifuentes han emitido un comunicado en el que explican las razones que les han llevado a llevar estos hechos a la Fiscalía, y que acompañan de un vídeo en el que desarrollan esos argumentos. Este es el contenido del comunicado:

Representantes de diversas asociaciones universitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid hemos denunciado los hechos que ayer se conocieron a través del periódico digital el diario.es relacionados con la falsificación de las calificaciones y acreditaciones que permitieron a la actual presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtener el título de Máster en Derecho Autonómico.

La denuncia se realiza porque entendemos que puedan existir delitos de falsificación documental y cohecho por parte del funcionariado de la Universidad rey Juan Carlos, en tanto que el citado máster se impartía en un centro adscrito a esta universidad, y además por parte de Cristina Cifuentes. Delitos para los que el código penal tipifica, según los artículos 390 (relacionado con la falsedad de documentos públicos) y 419 (cohecho), sanciones de hasta seis años de cárcel y seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Como estudiantes sentíamos que teníamos que tomar parte en esta cuestión. Hemos decidido llevar a cabo la denuncia ya que nos parece que los hechos publicados son pruebas más que suficientes para llevarla a cabo. No podemos dejar de relacionar estos hechos con que la propia cristina Cristina Cifuentes es la misma que, como cabeza del Partido Popular en la asamblea de Madrid, está tratando de sacar adelante una ley (LEMES) que, pese a haber caído por votación en asamblea, se están reanudado los trámites para tratar de aprobarla de nuevo.

La Universidad Rey Juan Carlos en la que suceden estos hechos es ya conocida por el mediático plagio que realizó su antiguo rector, tanto en su tesis doctoral como en posteriores publicaciones, llevándole a la dimisión, como la colocación de Margarita Cifuentes (hermana de la presidenta madrileña) utilizando la figura de “profesor visitante” sin cumplir los requisitos y tratando de evitar concursos y controles. En este sentido, exigimos que tanto la URJC, como, en general, todas las universidades públicas madrileñas, dejen de funcionar como el cortijo del Partido Popular y del gobierno de la Comunidad de Madrid.

La obtención de este máster ha supuesto remuneraciones concretas a Cristina Cifuentes. Por un lado prestigio y reconocimiento social como personaje público y presidenta de la comunidad de Madrid. Y, por otro lado, reconocimiento económico como funcionaria de la Universidad Complutense de Madrid, en la cual los ascensos que suponen aumentos económicos cuantificables, se hacen en base a méritos académicos como son los másters.

Estamos indignadas ante el hecho de que las universidades públicas sean feudos del Partido Popular, y de que se utilicen administraciones públicas para beneficios privados. Mientras estas políticas y personas mercantilizan la universidad, privatizándola y elitizándola, y se saltan los procedimientos académicos habituales, nosotras padecemos cada uno de ellos y sufrimos el proceso de precarización de nuestra universidad, en la calidad de enseñanza, en los servicios educativos, en el aumento de tasas y la disminución de becas o la incertidumbre de no tener un trabajo asegurado al salir de la universidad.

 

 

[28] El tribunal que supuestamente evaluó el trabajo de fin de máster de Cifuentes es ilegal

Por Raúl Rejón 

Articulo publicado el 22 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/reglamento-Universidad-obligaba-justificar-asignaturas_0_752426002.html

 

El reglamento de la Universidad Rey Juan Carlos, que desarrolla el decreto de Educación, exige que un miembro del tribunal sea “profesor de otra universidad” o un “experto” para garantizar la imparcialidad

Las tres doctoras que figuran en el acta que presentó como prueba la presidenta tienen vinculación con la URJC desde hace años, pero ninguna de ellas era en aquel momento titular, otro requisito indispensable

En 2011 se exigía para realizar la defensa del trabajo “haber superado el resto de asignaturas del máster”, pero el rector dijo que fue en 2014 cuando se percató de que había un error que mostraba una materia como ‘No presentada’

 

Captura del acta del trabajo de fin de máster aportada por Cifuentes

El tribunal que, según la versión de la Universidad Rey Juan Carlos a la que se ha adherido la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, evaluó el trabajo fin de máster de la política incumple de forma flagrante el reglamento de 2011 que regulaba estos trabajos.

Ese reglamento, al que ha accedido eldiario.es, especifica que la “comisión de evaluación de trabajo fin de máster estará constituida por tres profesores y tres suplentes, todos ellos doctores. Uno de ellos será profesor de otra Universidad”.  El Rector Javier Ramos dio el miércoles los nombres de las componentes del tribunal:  Cecilia Rosado Villaverde,  Alicia Esperanza López de los Mozos y Clara  Souto. Las tres estaban vinculadas en 2012 a la Universidad Rey Juan Carlos en el momento en que Cifuentes estaba matriculada, según figura en las fichas públicas de las tres en la web de la URJC.

La Universidad todavía no ha respondido cómo es posible que se formara esta comisión. 

 
Artículo 9 del Reglamento sobre los Trabajos Fin de Máster de la Universidad Rey Juan Carlos

Las docentes a las que hizo referencia Javier Ramos están descritas por sus fichas como doctoras con un sexenio reconocido y aparecen como investigadoras en proyectos de la URJC, al menos, desde el año 2010, según recoge la página web de la Universidad.

La idea de que haya, al menos, un doctor en el tribunal desvinculado de la Universidad donde se evalúa el trabajo es dotar de mayor imparcialidad al proceso de calificación. Ramos ha declarado que había “hablado esta misma mañana con los miembros de ese Tribunal y confirman la defensa del trabajo y la calificación de 7’5 puntos”. Más tarde, Cristina Cifuentes remitió a los medios de comunicación un documento encabezado como acta de trabajo de fin de máster en el que aparecen los nombres de estas tres profesoras (manuscritos) como las componentes del tribunal que puso esa nota. Esa composición contradice el artículo del reglamento que pide un profesor doctor de otra universidad.

A pesar de que el reglamento obliga a designar tres suplentes, en el acta los nombres de estos suplentes no aparecen. El documento que ayer presentó Cifuentes tampoco cuenta con un sello oficial, ni fecha de entrada en el registro de la Universidad.

Las tres profesoras que firman el acta han hecho una gran parte de su carrera y de sus trabajos académicos junto al catedrático Enrique Álvarez Conde, que ayer compareció como director del curso y que defendió públicamente que a Cristina Cifuentes se le había tratado “como a una alumna más”.

 
Acta del trabajo de fin de máster aportada por Cifuentes

El 2 de julio de 2012, la fecha en la que supuestamente se constituyó este tribunal, ninguno de las tres tenía plaza en la Universidad como titular, algo que es igualmente inusual. La última actualización de sus fichas les atribuye el estatus de “contratadas”, no funcionarias con plaza en propiedad aunque un tuit del Instituto de Derecho Público de la Universidad relata que Alicia Esperanza López de los Mozos se había convertido en titular en diciembre de 2017.

 

Fuentes universitarias consultadas por eldiario.es aseguran que el incumplimiento del reglamento interno deja a a este tribunal sin capacidad legal para juzgar. Es decir, que el acta no sirve para validar el supuesto trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes.

El acta en cuestión que presentó ayer Cristina Cifuentes es, igualmente, un documento interno y sin sello de la Universidad que la presidenta de Madrid no debería tener, salvo que se lo haya proporcionado la propia URJC. El protocolo habitual, explican estas mismas fuentes, es que el tribunal firme este papel y que después se informatice el resultado en la base de datos de la Universidad, como parte del expediente del alumno. Las mismas fuentes no entienden por qué la URJC ha difundido ese acta interna en vez del documento informatizado, que sí es trazable y se puede demostrar fehacientemente en qué momento se registró.

Obligación de haber aprobado todo antes

Además, ese documento reglamentario ya obligaba a tener aprobadas todas las asignaturas y entregar “la justificación correspondiente”. Sin embargo, según la versión de la Universidad, fue en 2014 cuando se descubrió que había un “error administrativo” que marcaba materias como no presentadas a Cifuentes.

Así, la explicación ofrecida por la Universidad a la que se ha adherido la presidenta de Madrid, para justificar el cambio de calificaciones en su máster, implica que presentó el trabajo fin de carrera sin esa justificación reglamentaria. El punto 8.2 del documento que llegó en mayo de 2011 al Consejo de Gobierno, según ha visto eldiario.es, especifica: “Para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber superado el resto de asignatura del máster para lo que deberá entregar la justificación correspondiente”.  

Un año después, en junio de 2012, el Consejo de Gobierno universitario se reunió para modificar ese reglamento, pero esos cambios no hacían referencia a este requerimiento que sigue idéntico. Y esa misma exigencia se recoge en la última versión, única de acceso público en la web de la URJC, que entró en vigor para el curso 2016/2017.

Por lo que si la defensa del trabajo, como ha argumentado Cristina Cifuentes, se hizo el 2 de julio de 2012, para cumplir el reglamento debía tener una justificación de haber aprobado el resto de asignaturas. Pero, al menos administrativamente –según las explicaciones públicas ofrecidas por la Universidad Rey Juan Carlos–, Cristina Cifuentes tenía una asignatura como no presentada (de ahí que tuviera que subsanarse ese “fallo” en 2014). 

El reglamento también pide que se adjunte en la presentación oficial del trabajo “la autorización del director para la lectura y defensa” del trabajo. Incluso pide que se le remita esa autorización “al director del máster”. El profesor Enrique Álvarez ha asegurado este miércoles que cuando recibió el expediente “cumplía la legalidad vigente”.

 

[29] La misma universidad que regaló un máster a Cifuentes contrató como profesora a su hermana de manera ilegal

Por Daniel Sánchez Caballero

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

 

La hermana de la presidenta de Madrid, Margarita Cifuentes, fue personal de administración hasta que el exrector Fernando Suárez le hizo un contrato reservado a profesores de reconocido prestigio

Margarita Cifuentes es desde 2016 profesora visitante en la universidad pública pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los estatutos de la URJC

El exrector dirigió personalmente la tesis de la hermana de Cifuentes y después la contrató como profesora haciendo uso de esa figura discrecional, que evita los concursos y controles

EXCLUSIVA | Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas

 

El rector Suárez (tercero por la izquierda) junto a Cristina Cifuentes

La universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid– en la que Cristina Cifuentes ha obtenido un máster sin presentarse a dos asignaturas, que aparecen con notable misteriosamente dos años después– es la misma donde trabaja su hermana Margarita Cifuentes. Antes como administrativa, ahora como docente. 

Margarita Cifuentes  ha sido durante toda su vida Personal de Administración y Servicios (PAS), pero trabaja desde 2016 como profesora visitante en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el área de Historia Contemporánea. Su contratación directa obvió el hecho de que no cumple ninguno de los requisitos necesarios recogidos en la ley para acogerse a tal figura.

Su contrato como profesora visitante está por tanto fuera de la ley, al incumplir la Ley Orgánica de Universidades (LOU, artículo 54) y el convenio colectivo de personal docente e investigador con vinculación laboral de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 10 punto 6). Además , los propios estatutos de la URJC dice que se elegirán entre “profesores e investigadores de reconocido prestigio”. También hay más de una sentencia que especifica que para contratar a alguien como visitante tiene que provenir de otro centro, y tampoco es el caso. 

Ambos textos legales establecen con claridad los méritos exigibles a un candidato a profesor visitante. Dice la LOU que “[este tipo de contrato] se podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros” (Cifuentes no lo es).

El punto b) añade: “La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la universidad” (no tiene experiencia docente alguna, al menos en la universidad).

El espíritu de esta figura es claro: contratar a profesionales de prestigio para un área concreta que pueda estar huérfana de él o se le quiera dar un impulso. Además, según el convenio madrileño, estos profesores o investigadores no pueden estar más de dos años en el puesto.

La contratación de profesores visitantes depende exclusivamente del rector del centro (en aquel momento Fernando Suárez), que puede utilizarla de manera discrecional, sin convocar concursos públicos ni tener siquiera que publicar su nombramiento en parte alguna. 

Mientras en otras universidades los visitantes rondan el 1% (acorde al espíritu excepcional de su figura) en la URJC son uno de cada cinco profesores (20%). A alguno de ellos incluso le pagaban menos de lo que establece el convenio.

Esta contratación de Margarita Cifuentes se produce después de enero de 2016, una vez leída la tesis, es decir, con Cristina Cifuentes siendo ya presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que depende esta universidad pública, que maneja un presupuesto de 123 millones de euros al año que salen de las arcas públicas madrileñas. Cuando eldiario.es publicó por primera vez esta información, en 2016, tanto la universidad como la presidenta de la Comunidad declinaron hacer declaraciones a eldiario.es.

Ni un requisito

Margarita Cifuentes no cumple los requisitos. En primer lugar ya trabajaba en la universidad que ahora “visita”. Varias sentencias recogen que “este tipo de contrato está pensado para profesores e investigadores de otras universidades” y esos mismos fallos judiciales sostienen que aplicárselo a alguien que ya está en el centro “se podría entender que es fraude de ley” literalmente.

Además, la hermana de la presidenta regional no fue docente hasta el propio 2016. Ha sido PAS toda su vida, desde que sacó una plaza en la Escala Administrativa de la Universidad Complutense de Madrid en 1992, según recoge el BOE. De nuevo el Boletín refleja que en 2002 mejoró su posición, todavía dentro del mismo centro y todavía como PAS, y accedió al a Escala de Gestión Universitaria (el mismo ámbito profesional del que proviene su hermana).

La profesora remitió un correo a eldiario.es cuando se publicó por primera esta información en el que reivindicaba su experiencia investigadora: “En el año 2009 obtuve una beca de la Fundación Napoleón de París (…). Soy la primera española que obtenía una beca de la prestigiosa Fundación parisina (…). Además he sido becaria del Archivo Histórico Militar (Segovia) durante 3 años, en donde inicié mi investigación”.

En mayo de 2005, según su linkedin, pasa a la Universidad Rey Juan Carlos, mediante traslado y aún como PAS. Allí ejerce como responsable de los convenios de colaboración educativa de la URJC y pasa también por la biblioteca del campus de Vicálvaro, según algunas fuentes de la universidad.

Licenciada en Geografía e Historia por la Complutense y con un Máster en Ciencias Historiográficas, según su propio currículum, en algún momento decide doctorarse. Y tiene premio gordo: el propio rector de la universidad, entonces Fernando Suárez, dirige su tesis (es poco habitual que el máximo dirigente de una universidad se dedique a esto), llamada “El Imperial Alejandro” y declarada “apta” este mismo año 2016. La autora puntualiza que fue “sobresaliente cum laude”.

Con la tesis bajo el brazo, Margarita Cifuentes está preparada para dar el salto a la docencia. En algún momento entre su lectura de tesis y antes de que comience el curso universitario, el rector Suárez le firma un contrato de profesor visitante. Para que aporte sus “conocimientos y la experiencia docente e investigadora”. Así figura en su web personal de la universidad. Lo que no figura en esta página son sus proyectos de investigación o sus publicaciones: ambos apartados están en blanco.

Margarita Cifuentes está encuadrada en el Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas del área de Historia Contemporánea.

 

[30] Antes varón negro que mujer blanca

Por Javier Pérez Royo

Articulo publicado el 19 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/zonacritica/varon-negro-mujer-blanca_6_751784837.html

 

En 2016, entre una mujer excepcionalmente bien preparada y un varón que todo el mundo considera que carece de cualquier calificación para ser presidente de los Estados Unidos, el Colegio Electoral ha acabado optando por el varón

 

Hillary Clinton en una imagen de archivo EFE

 

“Los prejuicios culturales pueden tener mucha más fuerza y capacidad de resistencia que las normas jurídicas”, escribe Annette Gordon-Reed, Professor of American Legal History at Harvard Law School, en un ensayo publicado en la New York Review of Books (febrero 8-21, 2018), sobre el libro de Hillary Rodham Clinton, What Happened, que lleva por título Female Trouble.

Ilustra esta afirmación con dos ejemplos extraídos del momento fundacional de los Estados Unidos, que todavía siguen gravitando sobre el sistema político y el ordenamiento constitucional del país. Dos prejuicios culturales relativos a la definición de los requisitos para poder ser presidente de los Estados Unidos.

A los padres fundadores, dice la profesora Gordon-Reed, no se les pasó por la cabeza incluir en la Constitución dos requisitos, que, sin embargo, eran mucho más importantes que los que incluyeron. El presidente tenía que ser varón y blanco.

“Nunca se le pasó por la cabeza a los hombres que escribieron la Constitución que tenían que especificar que la persona a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos –y el símbolo de la nación – tenía que ser blanco… Tampoco se les ocurrió que tenían que declarar explícitamente que el presidente tenía que ser un hombre”. Que el presidente de los Estados Unidos pudiera ser un hombre negro o una mujer era, sencillamente, impensable. La doble condición, de género y de raza, del presidente tenía la fuerza que tienen los prejuicios culturales.

Ese doble prejuicio se ha mantenido intacto hasta fecha muy reciente. Han tenido que pasar más de dos siglos para que empezara a pensarse que podía ser puesto en cuestión. Y lo llamativo, añade la profesora Gordon-Reed, es que el prejuicio respecto al género ha sido más poderoso que el prejuicio respecto a la raza. En 2008, en las primarias del Partido Demócrata, entre dos candidatos excepcionalmente bien preparados, pero en el que la trayectoria de la mujer blanca era muy superior a la del varón negro, los ciudadanos prefirieron al varón. En 2016, entre una mujer excepcionalmente bien preparada y un varón que todo el mundo considera que carece de cualquier calificación para ser presidente de los Estados Unidos, el Colegio Electoral ha acabado optando por el varón.

Leí el ensayo de la profesora Gordon-Reed el 5 de marzo, tres días antes de asistir en Sevilla a la misma manifestación que se multiplicó por toda España. Lo tuve presente durante las casi tres horas que necesitamos para recorrer algo menos de un kilómetro y lo he tenido todavía más presente después. Por eso, entre otras razones, me he decidido a compartirlo con los lectores de eldiario.es.

El prejuicio de género es el más poderoso de todos los prejuicios. Y lo es, porque es el más insidioso, el que llama menos la atención y es más difícil de detectar. Y porque es además el prejuicio más nocivo, el que provoca la discriminación más universal y más peligrosa.

El prejuicio de género vacía de contenido, no totalmente, pero sí de manera muy significativa el principio de igualdad y, como consecuencia de ello, también el de libertad personal y el de seguridad.

Montesquieu definió la libertad como “la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad”. Cada palabra de la definición vale su peso en oro. Para ser libre hace falta más que seguridad. Hay que tener sensación de seguridad, hay que sentirse seguros. Si alguien no se siente seguro, no es libre.

No hay en el mundo un agente de producción de inseguridad, de sensación de inseguridad, mayor que el prejuicio de género. Doy por supuesto que el lector de eldiario.es no necesita argumentación adicional sobre este extremo. La sensación de inseguridad condiciona casi hasta anular la libertad personal y reduce de manera muy significativa el alcance del principio de igualdad.

El 8 de marzo ha sido muy importante. Por eso Mariano Rajoy y Albert Rivera han tenido que reaccionar de la forma en que lo han hecho. Pero nadie debe llamarse a engaño. El prejuicio es algo menos poderoso, pero lo sigue siendo mucho. Es más, el camino que queda por recorrer, del que se ha recorrido.

 

[31] Los negros de Llanera

Por Elisa Beni

Articulo publicado el 24 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/negros-Llarena_6_753534650.html

 

Todo escritor de ficción sabe que para conseguir la adhesión del lector debe ser capaz de conseguir que la audiencia deje de lado el sentido crítico y, por tanto, ignore las incoherencias o fantasías que contiene la obra de ficción

Allí, en el Tribunal Supremo, saben que cuentan con un público mayoritariamente entregado y creo que por eso no han cuidado demasiado estos extremos

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. JOSÉ LUIS CEREIJIDO / EFE

 

Ser magistrado del Tribunal Supremo es una categoría. Quiero decir que no es sólo un destino, más o menos alto, sino que es de facto una de las tres categorías a las que han quedado reducidas las anteriormente existentes para el ascenso en la carrera judicial. Y eso marca muchas diferencias. Una de ellas es que cuando eres promovido a magistrado del Supremo puedes disfrutar de una legión de “negros” que te ayudan en tu trabajo. Son otros jueces de categorías inferiores, muy bien pagados para lo que se estila en la judicatura, que ayudan a los llamados al Olimpo de los togados a estudiar los asuntos, buscar jurisprudencia o redactar y preparar las resoluciones. Los demás jueces se lo cuecen todo a pelo, pero los del Supremo, no. Los del Supremo tienen una pléyade de negros que se llaman letrados.

Lo que es una novedad es que al cuerpo de letrados del Tribunal Supremo se hayan incorporado en los últimos tiempos otro tipo de “negros”, pero es que la ficción tiene unas normas muy distintas a las del texto forense y no es de extrañar que las huestes que trabajan en la salvación de la patria hayan buscado refuerzos. Soy muy crítica con el último auto dictado por el juez Llarena pero ya les avanzo que tengo claro que para criticar los textos, uno debe hacerlo interpretando las normas de cada género. Algunos habrá que pongan en tela de juicio mi capacidad para realizar una crítica jurídica del auto de procesamiento dictado, pero hoy voy a rebatirles no alegando mi larga trayectoria en la información jurídica sino mis conocimientos ciertos en materia literaria y de ficción. No puedo leer en otra clave ese auto. Mi razón se rebela. Y ojo con eso porque en materia de rebeliones se está poniendo amplia y extensa la senda.

Sucede que los buenos guionistas saben que los públicos son diversos, las audiencias variopintas y que si sus obras van a ser exportadas y traducidas, es posible que algunos elementos demasiado locales se pierdan y hagan perder la suspensión de la incredulidad. Y mucho me temo que a los guionistas del Tribunal Supremo los defectos de su relato a la hora de lograr la “willing suspension of disbelief”  le van a estallar en toda la cara. No sólo a ellos, nos va a estallar a todos como nación y como sistema democrático.

 Insisto, como he hecho semana tras semana en este espacio, que esto es lo único que a mi me importa. No estoy volcando aquí mi opinión sobre patéticas investiduras, engaños colectivos o intentos de realizar secesiones unilaterales que siempre me parecieron imposibles. Estoy aquí constatando, como también les he contado, que nuestro país corre un riesgo serio de tener problemas con el incumplimiento del artículo 7 de la Convención Europea, como le ha sucedido a Polonia por el deterioro imparable de su Estado de Derecho.

La admisión a trámite de la denuncia de Jordi Sánchez por el Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, después de que se le impidiera acudir a ser investido, ha sido recibida al parecer por esa opinión pública en suspenso de razón, como una especie de resolución folclórica. Lo cierto es que el alto organismo ha decidido ordenar unas medidas cautelares por las cuales se insta al estado miembro, España, “a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos”. Es la primera en toda la cara de los guionistas del Supremo. La incredulidad de la ONU no ha sido suspendida y España tiene obligación de cumplir sus resoluciones si no quiere acabar fuera del tratado. Tras este fallo de “suspension of disbelief” vendrán otros. La emocionalidad que precisa aceptar el relato de esa rebelión diferida y en fascículos con su violencia de cartón piedra va a ser muy difícilmente aceptada por Bélgica, Gran Bretaña y Suiza. Cuando tales defecciones del arte novelesco del Tribunal Supremo comiencen a llegar en cascada, las voces que en Bruselas mascan la situación inaceptable del Estado de Derecho en España, en lo relativo a la crisis catalana, van a plasmarse más allá de las columnas de algunos periodistas. Y cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie, que eso llegará, sobre los incumplimientos del Convenio, no va a ser tan fácil echárselo al coleto y seguir.

 A mí, lo de que el fin no justifica los medios me lo grabaron a fuego en mi educación cristiana. Lo digo porque quizá el jefe de los negros tenga motivos para guardar algo de ese principio en el fondo de su ambición.  

 

[32] Los jóvenes “son cada vez más machistas” y “vivimos un retroceso”: una alarma social sin evidencias

Por Marta Borraz

Articulo publicado el 24 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/adolescentes-machistas-maltratan-alarma-realidad_0_744726384.html

 

Las denuncias por violencia de género en menores han aumentado, pero las expertas huyen del fatalismo que relaciona las cifras con un incremento del maltrato en la adolescencia respecto a generaciones anteriores

“Solo desde una visión idealizada del pasado se puede asegurar esto”, explica la experta María Antonia Caro

Alertan de la pervivencia de comportamientos machistas y sexistas en la juventud, pero también aseguran que los valores de igualdad están calando

 

Las redes sociales amplifican el control que se da en las relaciones de pareja en la adolescencia EFE

Las cifras salpican los titulares cada cierto tiempo. Hablan de un aumento de las denuncias y un incremento de los detenidos desde hace unos años. El número de chicos de entre 14 y 17 años investigados por violencia de género se ha triplicado en los últimos nueve años y los jueces han destacado el incremento de los menores enjuiciados. En medio de los datos no son poco frecuentes las referencias a un supuesto “retroceso” que tiene como protagonistas a adolescentes de los que se afirma ser más agresivos o violentos con sus parejas mujeres. Pero, ¿cuánto hay de alarma y cuánto de realidad? ¿Son los jóvenes cada vez más machistas? ¿Ejercen más violencia?

“Solo desde una visión idealizada del pasado se puede asegurar esto. Los datos que tenemos disponibles no lo avalan. Hay violencia en la juventud y perviven los comportamientos machistas y sexistas, por supuesto, pero no podemos dejarnos llevar por alarmas sociales si queremos afinar en el diagnóstico. De otra manera, solo contribuiremos a naturalizar el problema o creer que es posible afrontarlo con políticas punitivas, cuando en realidad es algo social”, explica María Antonia Caro, educadora social y coordinadora del programa Por los Buenos Tratos, de la ONG Acción En Red.

De hecho, no existen estudios que demuestre que los jóvenes ejercen más violencia de género que antes o que el resto de la población. Por otro lado, las investigaciones referidas a la adolescencia y el machismo son relativamente recientes. De lo que sí hay constancia es del aumento de los menores enjuiciados. Según  el Consejo General del Poder Judicial, el número pasó de 179 en 2016 a 266 en 2017. De acuerdo con los datos aportados por el Gobierno, la cifra de menores investigados en los diez primeros meses del año pasado fue la más alta de los últimos nueve.

Para las expertas consultadas, esto se debe a varios factores, entre ellos, el incremento de las denuncias. ¿Significa esto que las jóvenes sufren más violencia de género que años atrás? “Lo que está claro es que cada vez hay mayor conciencia y se está detectando más porque hay una mayor sensibilización. ¿Hay más violencia que antes? No lo sabemos”, argumenta Carmen Ruiz Repullo, socióloga y autora del informe  Voces tras los datos. Una mirada cualitativa de la violencia de género en adolescentes.

“Mirada uniformadora”

El estudio incide en que “no debe practicarse una relación directa entre aumento de denuncias y aumento de la violencia de género” porque detrás de las cifras podría estar “una mayor conciencia sobre esta problemática, así como un mayor nivel de recursos públicos destinados a proteger a las mujeres”. Eso sin pasar por alto que “las transformaciones en las relaciones de género, en la medida en que la igualdad avanza, los hombres ven cuestionado su papel y utilizan la violencia para conservarlo”.

Las expertas arrojan también otras variables que pueden explicar el incremento de los datos, además de una mayor sensibilización. Una de ellas “es que la edad de inicio de las relaciones se ha adelantado con respecto a hace 15 años, así que hay más volumen de parejas que antes”, explica Olga Barroso, que ha trabajado en el recurso especializado en violencia de género y adolescencia de la Comunidad de Madrid. Además, la Ley de Violencia de Género de 2004 amplió el concepto de violencia machista, “lo que puede contribuir a que más jóvenes lleguen a juicio”, dice Caro, autora junto a Belén González Paredes del estudio  Jóvenes y violencia sexista: Alarmas, profecías y realidades.

El informe alerta sobre “una mirada uniformadora” que se esconde tras las afirmaciones que llevan a pensar que la juventud es más machista o violenta que generaciones anteriores. “No hay datos para el fatalismo. Además no debemos escurrir el bulto de esa manera. Si los adultos no estamos reconociendo que la sociedad es machista ni actuando en consecuencia, no podemos poner esa carga en los que vienen detrás”, cuenta Barroso, que, no obstante, piensa que sí vivimos un momento de recrudecimiento de los mensajes culturales machistas.

El control y los celos

Otra de las certezas que tienen las expertas es que los valores en igualdad están calando en la sociedad: “Los valores que tiene esta generación no los tuvo la mía. En mi época eran que la mujer debía ser esposa, quedarse en casa y acatar lo que decía el varón. Ahora no. Esto no quiere decir que no haya comportamientos que contradigan los valores en igualdad, pero no hay que menospreciarlo”, opina Caro. Eso sí, insiste, sin pasar por alto que actualmente “perviven rasgos sexistas y se legitiman comportamientos abusivos y violentos inadmisibles entre los jóvenes”.

De hecho, un estudio elaborado por el CIS en el año 2015 concluía que el 33% de los jóvenes españoles consideran aceptable que su pareja le controle.  A unque el porcentaje de adolescentes que consideran la violencia machista un problema grave va en aumento, los celos, el control y una concepción tóxica de las relaciones de pareja siguen presentes en su imaginario. Así lo corroboran la mayoría de informes, que identifican  el control en el noviazgo como uno de los problemas fundamentales, que incluso es legitimado en mayor grado que el resto de la población. Un control, que explica Caro, está favorecido “por el extendido uso de Internet y las redes sociales”. 

Todas las expertas apuestan por hacer un diagnóstico de la violencia en la adolescencia que no caiga en lugares comunes, teniendo en cuenta la especificidad del maltrato que se da entre jóvenes sin perder de vista el grado de comportamientos machistas que se siguen dando. Para ello, argumenta Caro, “es imprescindible una evaluación de políticas públicas para adaptarlas a la juventud huyendo de las alarmas sociales porque no ayudan en nada a la reflexión y a la investigación”.

 

[33] ¿Usas bitcoin? La NSA comenzó a espiarte en 2013

Por David Sarabia

Articulo publicado el 23 de marzo en: 

https://www.eldiario.es/tecnologia/Usas-bitcoin-NSA-comenzo-espiarte_0_753125357.html

 

Varios documentos filtrados a The Intercept por Edward Snowden revelan que la agencia de inteligencia estadounidense, con el pretexto del terrorismo, rastreó a todos los usuarios de bitcoin del mundo

 

Bitcoin

Todo el que use bitcoin ya es un viejo conocido de la NSA: la Agencia de Seguridad Nacional de los EEUU lleva rastreando a los usuarios que operan con la criptodivisa en el mundo desde el año 2013. Es algo que no hemos sabido hasta hace pocos días, gracias a los documentos clasificados que Edward Snowden, exagente de la agencia de inteligencia estadounidense, ha filtrado a The Intercept.

Snowden puso el mundo patas arriba cuando precisamente ese mismo año, 2013, filtró a  The Guardian y al Washington Post uno de los mayores escándalos de espionaje de un gobierno a su población de los últimos tiempos. Mediante el proyecto PRISM, varias grandes compañías de los EEUU como Facebook, Google, Yahoo, AOL o Microsoft, entre otras, espiaron las comunicaciones de millones de ciudadanos en ese país.

 
 
Documentos de la NSA sobre OAKSTAR y MONKEYROCKET

 

Objetivo: el terrorismo (y de paso todo el que use bitcoin)

Como PRISM, la NSA lanzó el programa OAKSTAR en 2013, basado en cientos de alianzas encubiertas con grandes empresas que les permitían “mirar” entre los paquetes de datos de Internet. Según los documentos de la agencia, MONKEYROCKET surgió a partir de este y fue usado sobre todo en Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia. En la primavera de ese año, MONKEYROCKET será “la única fuente de SIGDEV para los objetivos bitcoin” y la NSA atribuirá a los datos obtenidos a través del software el calificativo de “vigilancia completa”. Ese término lo utiliza la agencia estadounidense  para indicar que toda la información recopilada ha sido vista y examinada por sus agentes. Las siglas SIGDEV, según The Intercept, es la abreviatura que usan para referirse a la inteligencia de desarrollo de señales (SIGnals intelligence DEVelopment).

Además, la NSA sugiere en sus documentos internos combinar el uso de ambos programas con XKeyScore, el software principal con el que la agencia recababa información sobre sus ciudadanos. Según Glen Greenwald, uno de los periodistas de The Guardian que desveló el gran caso de espionaje en 2013, “XKeyscore les permite escuchar las llamadas o leer los correos electrónicos de todo lo que la NSA ha almacenado, mirar los historiales de navegación o términos de búsqueda de Google introducidos, y también les avisa de cualquier actividad futura de la persona conectada a ese correo electrónico o dirección IP”.

La agencia de inteligencia estadounidense introdujo MONKEYROCKET de forma camuflada en países como Irán y China desde el verano de 2012. Una “estrategia a largo plazo”, según la NSA, cuyo fin era atraer objetivos “relacionados con el terrorismo, incluyendo a Al-Qaeda”. El software se promocionaba con otros nombres como una herramienta para obtener anonimato en línea, pero no era más que una trampa.

Datos de MONKEYROCKET

Bitcoin, prioridad número uno

“Bitcoin es la prioridad #1”, continúa la NSA. Se dice que la criptodivisa está descentralizada porque no hay ningún estado que la regule; y es pseudoanónima porque, si bien se puede llegar a rastrear el origen y el destino de las transferencias, es difícil hacerlo. Para conseguir bitcoin, el usuario tiene que “minarlo” extrayéndolo de la blockchain(cadena de bloques) y utilizando la potencia de cómputo de un ordenador. Mientras se escriben estas líneas, un bitcoin equivale a 8.627 dólares, muy lejos del máximo histórico (19.499 dólares) que alcanzó el pasado diciembre.

Todas las transferencias de bitcoin pueden consultarse en lablockchain, pero la NSA fue mucho más allá: recopilaron contraseñas, actividad en Internet y direcciones MAC (un identificador único que cada ordenador utiliza en Internet y que, a diferencia de la dirección IP, constituye una matrícula permanente del dispositivo con el que se navega por la Red).

En otro documento del 29 de marzo del mismo año, los analistas de la NSA se preguntan si deberían rastrear también información sobre las direcciones de Internet que visitan los usuarios de bitcoin, los puertos de sus ordenadores o las marcas de tiempo.

“No podemos permitirlo”

“Las agencias estadounidenses no tienen límites a la hora de vulnerar los derechos de ciudadanos de otros países que usan bitcoin”, explica a eldiario.es Alberto Gómez Toribio, cofundador de NevTrace y CEO de Coinffeine, una casa de cambio de bitcoin. El informático se muestra contundente y asegura que “se están vulnerando los derechos de los usuarios de bitcoin en Europa y este caso debería preocuparnos tanto como el espionaje a nuestros líderes políticos”.

Según puede leerse en los documentos oficiales de la NSA, algunos analistas pretendían que la agencia guardase toda la información relativa a los usuarios de bitcoin en un archivo, “Provider user full.csv”. Los archivos .csv suelen ser tablas para estructurar la información, de forma parecida a un documento .xls (Excel). Aunque The Intercept se ha puesto en contacto con la NSA, la agencia guarda silencio sobre la revelación.

“Como director de compañías que operan con bitcoin, la noticia me preocupa mucho. Significa que nuestros clientes tienen menos derechos o son discriminados por usar una tecnología, y no podemos permitirlo”, concluye el especialista en bitcoin. En ningún lado, los documentos de la NSA filtrados por Snowden especifican si el programa de vigilancia ha terminado o sigue activo.

 

[34] Sarkozy, imputado por financiar con dinero libio su campaña de 2007

Por “Eldiario.es”

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/internacional/Sarkozy-imputado-financiar-dinero-campana_0_752425949.html

 

Le acusan de delitos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y receptación de dinero libio, según apuntan medios locales

 

Sarkozy en una imagen de archivo EFE

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue imputado hoy por haber financiado ilegalmente con dinero libio la campaña electoral que en 2007 le llevó al Elíseo y fue dejado en libertad bajo control judicial.

Tras unas 25 horas de interrogatorio bajo arresto, los jueces que instruyen la presunta financiación ilícita de su campaña victoriosa le imputaron delitos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y receptación de dinero libio, según apuntan medios locales.

El interrogatorio había comenzado este martes, y salvo un receso de 9 horas durante la noche, se prolongó hasta las 19.00 horas de hoy (18.00 GMT), momento en el que fue presentado a los jueces.

Los agentes de la división anticorrupción (OCLCIFF) le interrogaron en la sede de la Policía Judicial de Nanterre, en el extrarradio de París.

A falta de informaciones sobre el contenido de sus declaraciones, el abogado del exministro de Interior y brazo derecho de Sarkozy durante muchos años, Brice Hortefeux, -que la víspera pasó quince horas ante los mismos policías de la OCLCIFF- ofreció hoy alguna pista.

El letrado Jean-Yves Dupeux contó al canal “BFMTV” que los agentes habían bombardeado con al menos 200 preguntas a su cliente, que negó rotundamente que Sarkozy se hubiera beneficiado de una financiación libia.

Hortefeux señaló en su cuenta de Twitter que “las precisiones aportadas deben permitir poner fin a una sucesión de errores y de mentiras”.

Esa posición, que incluye una queja de instrumentalización de la justicia, es la que ha mantenido cuando se le ha preguntado por este asunto al propio Sarkozy, que se ha esforzado por descalificar al que aparece como uno de los principales testimonios en su contra, el del marchante de armas e intermediario Ziad Takieddine.

Este turbio personaje, francolibanés, es uno de los tres inculpados por ahora en este sumario abierto en enero de 2013 por cargos de corrupción, tráfico de influencia y malversación.

Como pruebas existe por ahora el documento publicado en abril de 2012 por el sitio de información “Médiapart”: una nota de diciembre de 2006 de Musa Kusa, el que era jefe de los servicios secretos de Gadafi, sobre la concesión de una partida de 50 millones de euros para la campaña de Sarkozy.

A falta de identificar formalmente giros bancarios directos desde Libia a las cuentas del candidato Sarkozy, los investigadores han constatado que los responsables de los preparativos electorales manejaban mucho dinero en efectivo.

Su explicación es que habían recibido fondos de donantes anónimos. Pero enfrente está el relato de Takieddine, quien, después de haber dado diferentes versiones, en diciembre de 2016 acabó confesando que él mismo se encargó, entre finales de 2006 y comienzos de 2007, del transporte entre Trípoli y París de cinco millones de euros que entregó en mano al exministro Claude Guéant y al propio Sarkozy. 

Guéant, que fue el director de campaña en 2007 y que durante la presidencia que comenzó en mayo de ese año se encargó de muchas de las misiones francesas ante el régimen de Gadafi, es otro de los imputados en este sumario.

El tercero es el magnate saudí Khalid Bushan, al que se atribuye un giro en favor de Guéant de un millón de euros.

[35] La firma de hipotecas sobre viviendas sube un 9,2% interanual en enero y se dispara un 44% en el mes

Por “Eldiario.es”

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/economia/AMP-hipotecas-viviendas-interanual-dispara_0_752774812.html

 

El importe medio de las hipotecas sobre viviendas creció un 7,9% respecto a enero de 2017, hasta los 121.954 euros, mientras que el capital prestado subió un 17,8% en tasa interanual, hasta situarse en 3.631,5 millones de euros

 

La firma de hipotecas sobre viviendas sube un 9,2% interanual en enero y se dispara un 44% en el mes

 

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 29.778 el pasado mes de enero, cifra un 9,2% superior a la del mismo mes de 2017, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), según informa Europa Press.

Con este repunte interanual, la firma de hipotecas sobre viviendas vuelve a subir después del estancamiento registrado en diciembre de 2017 y de la caída del 3,7% experimentada en noviembre del año pasado.

En tasa mensual (enero de 2018 sobre diciembre de 2017), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 44% y el capital prestado, un 51,9%. En ambos casos estos repuntes mensuales son los más elevados de los últimos cinco años.

Todas las regiones, salvo Canarias (-18,5%), presentaron en enero incrementos mensuales en el número de hipotecas sobre viviendas, destacando los repuntes de Cataluña (+63,4%), Murcia (+61,9%), Castilla y León (+59,8%) y La Rioja (+59,7%).

El tipo de interés medio para los préstamos hipotecarios sobre viviendas alcanzó el pasado mes de enero el 2,68%, frente al 3,12% del mismo mes de 2017, con un plazo medio de 24 años.

El 62,8% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, en contraste con el 37,2% que se firmó a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable se situó en el 2,52%, frente al 3,03% de las de tipo fijo.

Andalucía y Madrid, a la cabeza

Por comunidades autónomas, las que registraron el pasado mes de enero un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas fueron Andalucía (5.775), Madrid (5.115) y Cataluña (4.865).

En el primer mes del año, las comunidades que presentaron los mayores avances interanuales en el número de hipotecas sobre viviendas fueron Castilla-La Mancha (+25,2%), La Rioja (+22,7%) y Galicia (+16,6%). Los únicos descensos correspondieron a Aragón (-1,2%) y Extremadura (-0,8%).

Por su parte, las comunidades en las que se prestó más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas fueron Madrid (917,4 millones), Cataluña (698 millones) y Andalucía (597,5 millones).

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante el primer mes del año se constituyeron 41.831 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de estas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un aumento del 10,3% respecto a enero de 2017.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos repuntó un 18,5% respecto al mismo mes de 2017, hasta los 6.069,8 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 145.103 euros, un 7,5% más.

El tipo de interés medio para el total de fincas se situó en el 2,65%, un 20% inferior al de enero de 2017, con un plazo medio de 22 años. Para las hipotecas a tipo variable, que representan el 65,7% del total, el tipo de interés medio fue del 2,36% al inicio, mientras que se situó en el 3,36% para las de tipo fijo.

Cambios registrales

En cuanto a las hipotecas con cambios registrales, sumaron 7.129 en enero, un 30,4% menos que en el mismo mes de 2017. En viviendas, el número de hipotecas que modifican sus condiciones disminuyó un 16%.

Atendiendo a la clase de cambios en las condiciones, en enero se produjeron 5.741 novaciones (o modificaciones producidas con la misma finalidad financiera), con un descenso interanual del 33,4%.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) bajó un 21,5%, mientras que el número de hipotecas en las que cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor) subió un 5,6%.

De las 7.129 hipotecas que cambiaron sus condiciones el pasado mes de enero, el 41,4% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Después del cambio de condiciones, el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumentó del 12% al 17,2% y el de hipotecas a interés variable cayó del 87,2% al 81,7%.

El euríbor es el tipo al que se referencian la mayoría de las hipotecas a tipo variable tanto antes del cambio (74,5%) como después (75,5%).

Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos en las hipotecas a tipo fijo retrocedió 1,1 puntos, lo mismo que bajó el de las hipotecas a tipo variable.

[36] Marjaliza admite en el Congreso que financió campañas del PP, PSOE e Izquierda Unida

Por Marta Barandela

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/politica/Marjaliza-Congreso_0_752425393.html

 

El exsocio de Francisco Granados explica que no puede contestar todavía a qué cargos públicos financió y ratifica lo dicho en sede judicial

Según su relato, los empresarios que quisieran optar a contratos de urbanismo con el PP sabían que tenían que pagar comisiones para ser adjudicatarios

Marjaliza, que colabora desde 2015 con la investigación, ha expresado su intención de seguir haciéndolo: “Voy a llegar hasta el final, más allá de que me peguen un tiro”

 

EFE

 

David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, ha admitido este miércoles ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP que pagó campañas electorales de PP, PSOE e Izquierda Unida. El empresario ha dicho sentirse arrepentido y ha relatado por qué no confesó antes del estallido de Púnica: “Iba en un AVE a 300 kilómetros por hora y era complicado bajarse”.

Marjaliza se ha expresado así en respuesta a las cuestiones del diputado del PP Francisco Molinero, que ponían fin a la comparecencia: “Dice usted que de alguna manera ha pagado cantidades al PP para financiarse campañas. ¿Ha pagado campañas electorales al PSOE? ¿Ha pagado campañas a Izquierda Unida?”. La respuesta ha sido afirmativa en ambos casos. Antes había insistido en varias ocasiones a los parlamentarios que no se centrasen en sus preguntas en la financiación del PP, porque, según su testimonio, pagó actos de “todo el arco parlamentario, cada uno en su proporción”, si bien ha rechazado aclarar los nombres concretos de los cargos.

El empresario, que tendría que haber comparecido el pasado martes en la misma sesión que Granados pero alegó estar enfermo, ha eludido la mayoría de las preguntas sobre la trama Púnica que han realizado las diputadas Soraya Rodríguez (PSOE) y Carolina Bescansa (Unidos Podemos) porque la causa todavía se está instruyendo. Sí se ha ratificado en su declaración ante la Audiencia Nacional y ha confirmado lo que dijo el pasado enero: que junto a Francisco Granados y Javier López Madrid  se repartieron 3,6 millones de euros por las obras de ampliación de Metro de Madrid. Además, ha explicado que empezó a licitar con la Comunidad de Madrid antes de que Granados fuera nombrado consejero de Transportes del Ejecutivo regional por Esperanza Aguirre.

Según su relato, todos los empresarios que quisieran optar a algún contrato de urbanismo con el PP sabían que tenían que pagar comisiones para ser adjudicatarios. Preguntado por el momento en el que se dio cuenta de que para construir “tenía que pasar por caja” en palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà – ha contestado que “eso lo sabía la sociedad entera”. Con respecto a cómo financiaba esas campañas electorales, Marjaliza ha relatado que lo hacía a través de facturas reales y ha admitido regalar jamones y tres televisores como obsequios a altos cargos políticos por contratos.

Los comisionados le han preguntado por su relación con Esperanza Aguirre, Francisco Granados y el extesorero del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que precisamente se saltó ayer su comparecencia en el Congreso. Sobre Granados, ha asegurado que “antes” era “buena”, “durante” no tuvieron ninguna relación y “después” no han vuelto a hablar. Con respecto a la expresidenta madrileña, ha dicho que no la conoce más que “de alguna inauguración” y de “hablar dos minutos con ella”. Ha concretado, a raíz de una pregunta del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, que hablaron “sobre las calles, si debían tener un sentido o dos”.  Mientras, sobre Beltrán Gutiérrez ha señalado conocerle aunque no tener ninguna relación.

“Iré hasta el final, más allá de que me peguen un tiro”

A preguntas del portavoz de ERC, Marjaliza que lleva años colaborando con la Fiscalía – ha asegurado no estar preocupado porque su colaboración sea percibida como “sincera”: “Yo estoy diciendo la verdad y lo estoy demostrando con papeles, con fechas, con días y con todo lo que puedo. No me preocupa”. “No soy un buen parlamentario ese sentido, no tengo dialéctica porque no tengo estudios. Yo, lo que digo, lo digo de corazón, de lo que he vivido. Cuando una persona dice algo de lo que ha vivido y lo ha hecho, es muy complicado tirar eso atrás. Yo lo he hecho, yo lo he dado, yo lo he hablado y estaba en esa negociación. Nadie me puede decir lo contrario”, ha expresado.

“Yo voy a seguir. He decidido colaborar con la Justicia y desde que tomé la decisión, que tardé unos meses en decidirlo, voy a llegar hasta el final. Más allá de que me peguen un tiro”, ha insistido Marjaliza. Ha señalado, además, que su motivación para cooperar no fue la “vergüenza” sino “la pena” por su hijo, que entonces tenía 6 años. “¿Deduzco que usted siente un arrepentimiento sincero?”, ha cuestionado Tardà. “Sí”, ha sido la contestación: “Muchas noches me quedé sin dormir antes de que me cogiera la Guardia Civil. Iba en un AVE a 300 kilómetros por hora y era complicado bajarse. Tenía muchos trabajadores a mi cargo y si no había obra los tenía que despedir”.

[37] ¿Se podrá cerrar el paréntesis?

Por Javier Pérez Royo

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/zonacritica/podra-cerrar-parentesis_6_752484798.html

 

La perspectiva de levantar el 155 CE se va alejando cada vez más. Hasta hace unos días, se contemplaba el escenario de poner fin a la aplicación del 155 CE en cuanto se hubiera producido la investidura del President

A estas horas de la tarde del miércoles 21, no parece que se pueda dar por seguro que con dicho escenario se ponga fin al 155 CE

 

Agentes de Policía Nacional ante miembros de la CUP en una imagen de archivo A. P.

Aunque el Diccionario de la RAE no incluye ninguna acepción  de naturaleza política en su definición de paréntesis, sería bueno que la incluyera. Porque en Política los paréntesis existen. Y no solo existen, sino que están constitucionalizados y tienen una importancia extraordinaria. El artículo 116 de la Constitución, en el que se definen los estados de alarma, excepción y sitio, y el artículo 155 CE en el que se contempla la “coacción federal”, no hacen otra cosa que prever paréntesis. Paréntesis en el ejercicio de determinados derechos por parte de los ciudadanos y en el funcionamiento regular de los poderes legislativo y ejecutivo en el primero, y en el ejercicio del derecho a la autonomía en el segundo.

Cuando irrumpe una emergencia, el sistema político reacciona abriendo un paréntesis en el ordenamiento constitucional para hacer frente a la misma e intentar volver a la normalidad lo más rápidamente posible. La perspectiva  de la normalidad constitucional no se pierde de vista, pero se produce una suerte de “suspensión o interrupción” de la misma, que es la definición del término paréntesis en sentido figurado que da el Diccionario de la RAE.

En Política es diferente. Hay veces en que la operación es relativamente sencilla. Pero no es infrecuente que ocurra lo contrario y que la apertura del paréntesis altere el sentido del relato en el que se incluye.

Cuando el paréntesis afecta a la Constitución territorial es muy probable que ocurra esto último. Sobre todo si el paréntesis se mantiene mucho tiempo abierto. Cuando se pretende cerrarlo, es posible que ya no haya “normalidad constitucional territorial” a la que volver.

Me temo que esto es lo que puede acabar pasando en España con la aplicación del artículo 155 CE en Catalunya. La perspectiva de levantar el 155 CE se va alejando cada vez más. Hasta hace unos días, se contemplaba el escenario de poner fin a la aplicación del 155 CE en cuanto se hubiera producido la investidura del President. A estas horas de la tarde del miércoles 21, no parece que se pueda dar por seguro que con dicho escenario se ponga fin al 155 CE. Más bien diría lo contrario. Tanto la noticia que llega de la citación por el juez Pablo Llanera a diversos diputados electos nacionalistas, entre ellos el posible candidato a la investidura, como la relativa a la reacción que se está preparando a dicha citación por los partidos del bloque independentista, parece indicar que el proceso de investidura va a quedar paralizado. O en sede parlamentaria. O en sede judicial.

La madeja de la investidura se está enmarañando cada día un poco más. Y con la intervención judicial, no va a ser posible que pueda abrirse un diálogo entre quienes tendrían que desenmarañarla. Políticamente el sistema político catalán no solamente está paralizado, sino que da toda la impresión que va a seguir así de manera indefinida. Cuánto tiempo puede operar de esa manera es una incógnita no fácil de despejar. Pero el paso del tiempo  sin tomar decisiones conduce a que una situación se pudra y a que  las instituciones se descompongan.

A la complicación que supone la intervención judicial, hay que añadir la falta de autoridad del Presidente del Gobierno.  A pesar de la presión a la que está sometido para conseguir aprobar los Presupuestos Generales, no creo que el Presidente del Gobierno tenga autoridad en la derecha española, y menos tras la irrupción de Ciudadanos, para adoptar la decisión de levantar el 155 CE hasta que el terreno no esté claramente despejado.

El paréntesis del 155 CE se ha abierto, pero no se sabe como cerrarlo. El ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya cada vez resulta más difícilmente recuperable. Y sin la autonomía de Catalunya, el Estado de las Autonomías estará mutilado de tal manera que será prácticamente irreconocible.

[38]Luces y sombras en la Ley de Contratos del Sector Público

Por GAspar Llamazares

Articulo publicado el 20 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Luces-Ley-Contratos-Sector-Publico_6_752134801.html

 

En un análisis más calmado del texto, se comprueba que se ha dejado más por hacer de lo que se ha incorporado en materias sensibles como la precariedad laboral o la igualdad de género

 

Este mes ha entrado en vigor la Ley de Contratos del Sector Público aprobada el pasado noviembre. De un primer vistazo, al primar la calidad en la contratación, la transparencia y las cláusulas sociales en la ejecución de los contratos, parece un acertado intento en la dirección correcta. Sin embargo, es un texto largo y farragoso que incluye determinaciones que, en contra de la agilidad que persiguen preservar, podrían promover el mantenimiento de inercias negativas de la Administración, como la imposición de bajas por anteponer el precio o los procedimientos poco abiertos a la concurrencia.

En un análisis más calmado del texto, se comprueba que se ha dejado más por hacer de lo que se ha incorporado en materias sensibles como el fraude del encadenamiento de subcontrataciones, la precariedad laboral, la igualdad de género o la contratación de empresas con intereses en paraísos fiscales.

No obstante, importante y positiva sí es la previsión respecto a las especialidades de contratación pública en los servicios educativos, sociales y sanitarios excepcionados de las de concurrencia del mercado por carácter estratégico. Se prevé que pueda darse un régimen no contractual y un régimen singular de contratación, anteponiendo aspectos técnicos, de calidad y principios de interés general como la universalidad, solidaridad y eficiencia.

La acción concertada es una opción no contractual que exige previsión legal expresa y determina la modalidad de servicio, de las prestaciones y del sistema retributivo. Por ello será de agradecer una respuesta ágil de las administraciones y servicios públicos en su adaptación a la norma. En materia de servicios sociales, todo ello permitiría a las comunidades autónomas restablecer convenios con el tercer sector que estaban sufriendo la creciente penetración de fondos privados en detrimento del servicio público.

Las administraciones públicas tienen por delante una labor importante para elaborar nuevos pliegos comunes de cláusulas administrativas y revisiones para cumplir las previsiones normativas, que en su preámbulo recogen como objetivos fundamentales más transparencia y la consecución de una mejor relación calidad-precio en la contratación pública, introduciendo la obligación de que los criterios de adjudicación permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

La Ley mantiene tres niveles de aplicabilidad respecto de las entidades del sector público que configuran su ámbito, y la configuración negativa o de exclusión de los contratos y negocios (como los servicios públicos) no regulados en la misma. Este ámbito subjetivo de aplicación se ha extendido con la idea de aplicar las normas a entidades no sujetas, siempre que se cumplan criterios como que su financiación sea mayoritariamente pública, y siempre respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada.

En cuanto a la delimitación de los tipos de contratos, las principales novedades se han introducido en la regulación del contrato de concesión, en el contrato mixto y en la supresión del contrato de colaboración público-privada por su escasa utilidad práctica. Habrá que ver sus repercusiones, en particular en el ámbito sanitario. Sí merece especial referencia, en cuanto a la ejecución de los contratos, el novedoso régimen de su modificación, en línea con lo establecido en las directivas comunitarias. Por primera vez regulan la subcontratación y las medidas de racionalización técnica de la contratación, estructuradas en dos elementos: los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición, destacando el nuevo régimen que se establece en la Ley respecto de la contratación centralizada, donde el principio de la innovación en el ámbito farmacéutico ha contado con el aplauso del sector multinacional.

El texto legal realiza también una apuesta en favor de la contratación electrónica, obligatoria desde su entrada en vigor, anticipándose a los plazos previstos a nivel comunitario.

Se alude a los requisitos y criterios para la adjudicación de contratos públicos en el artículo 145 de la norma: características estéticas y funcionales, de accesibilidad, el diseño universal, las características sociales; medioambientales e innovadoras, la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y la utilización de renovables durante la ejecución del contrato; el mantenimiento o mejora de los recursos naturales; el fomento de la integración social de personas con discapacidad, desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables; la inserción sociolaboral, los planes de entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales y la estabilidad en el empleo.

Además, el nuevo texto legal acuña el concepto “mejor relación calidad-precio” en sustitución del de “oferta económica más ventajosa”. Esto propicia la evaluación atendiendo a criterios económicos y cualitativos, pudiendo incluir aspectos sociales o medioambientales vinculados al objeto del contrato.

Pros y contras de un asunto complejo que ahora habrá de responder al desafío de la práctica.

[39] PP, PSOE y Ciudadanos tumban la reforma de la Ley de Amnistía que pretendía juzgar los crímenes franquistas

Por Iñigo Aduriz

Articulo publicado el 20 de marzo de 2018 en:

https://www.eldiario.es/sociedad/division-izquierda-Ley-Amnistia-franquistas_0_752075794.html

 

El PSOE no apoya la tramitación planteada por Unidos Podemos, PNV, ERC y EH Bildu, que le acusan de perpetuar la “impunidad” de la dictadura

Los socialistas han defendido que la moción dejaría “por completo desarticulada una ley que fue uno de los pilares del pacto de la Transición”

El Partido Popular ha sostenido que los crímenes “estarían prescritos” y considera imposible perseguir a quienes los hubieran cometido

 

 

Los grupos políticos de la izquierda no han encontrado un terreno común para abrir la puerta a la investigación de crímenes franquistas. Así lo ha reflejado el debate en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la proposición de ley planteada por Unidos Podemos y sus confluencias  –junto al PNV, ERC y EH Bildu– para modificar la Ley de Amnistía y poder investigar así delitos graves cometidos por la dictadura franquista. La izquierda ha vuelto a mostrar su división en un tenso debate celebrado este martes en la Cámara Baja, impidiendo así la reforma de la norma tal y como lo exigen las organizaciones que luchan a favor de la memoria histórica. 

La propuesta planteada consistía en añadir un nuevo párrafo al artículo 9 de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, con el siguiente redactado: “Las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los Juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”. 

Artículo 10 de la Constitución

Una de las más enérgicas en su discurso a favor de la propuesta ha sido la diputada del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Yolanda Díaz, que ha recordado el artículo 10 de la Constitución que dice que las leyes se deben interpretar en función de los tratados internacionales, para argumentar que también la Ley de Amnistía se debería adaptar a la investigación de los delitos de lesa humanidad contra los que España ha suscrito diversos tratados. 

A los partidos que se han mostrado en contra de la iniciativa –PP, PSOE y Ciudadanos– les ha dicho que, al hablar de los crímenes franquistas se hace mención a “vulneración de derechos humanos”. “Nos han hablado de dos bandos que habían cometido crímenes terribles y que era mejor olvidarse. Nosotros creemos que no”, ha asegurado. Además, ha lamentado que la Ley de Amnistía “iguala a asesinos y a sus víctimas, nos dice que es igual el torturador que el torturado, la violencia y la cultura o el fascismo y la democracia. Y no es lo mismo. Los negacionistas nos dicen que los verdugos son lo mismo que las víctimas. Y no son lo mismo”, ha enfatizado. 

Díaz ha recordado que si bien “el fascismo sacudió a toda Europa”, la “excepción española” respecto al final de otros regímenes autoritarios fue la impunidad. “El resto de los países lo impidieron por la vía democrática, en sus parlamentos. Esta anomalía que tenemos en España no es posible en Europa. Sería impensable en otros países una fundación como la Fundación Francisco Franco, que hiciera apología del franquismo”.

Por eso ha reivindicado “un nuevo tiempo de la verdad” en “un país sin miedo que reescriba la historia de verdad”. A su juicio, es necesario avanzar en la investigación de los crímenes del franquismo para no olvidar y porque “las víctimas del franquismo no han podido pasar el duelo y descansar. Nunca más una ley de amnistía que promulgue la amnesia”, ha zanjado. 

También vehemente, el diputado de ERC Joan Tardà se ha confesado “indignado y triste” por la posición de los socialistas “ante miles de familiares de víctimas y ante todas entidades memorialistas que desde años trabajan contra la impunidad”. 

El rechazo del PSOE a la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la Ley de Amnistía es, en su opinión “una gran oportunidad perdida” ante el “muro de la vergüenza” que supone el hecho de que aún no se hayan juzgado los crímenes del franquismo. Es una oportunidad perdida, ha insistido, ante el riesgo de que en las próximas legislaturas PP y Ciudadanos puedan sumar una mayoría absoluta. Entonces “no habrá ni un resquicio para que podamos asumir este debate”.

Desde el PNV, su diputado Joseba Agirretxea ha querido también dejar claro que lo que pretende la proposición de ley suscrita por su grupo es denunciar “la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con los compromisos adquiridos por el Gobierno español”. Y ha señalado que de haberse aprobado la toma en consideración de la reforma, “la justicia no podría hacer caso omiso de las querellas que se presenten en torno a todos los crímenes cometidos con total impunidad”. También ha querido descartar cualquier ánimo vengativo en la propuesta: “No entendemos esto como una venganza o un ajuste de cuentas. La reparación no es venganza y la justicia no es abrir heridas”, ha dicho. 

Cita a Marcos Ana

El diputado socialista Gregorio Cámara ha hecho mención a unas palabras del poeta Marcos Ana a favor de la reconciliación nacional. Y ha querido dejar claro que la de amnistía “no fue una ley de punto final, como quieren hacernos creer quienes quieren tergiversar la historia”, sino “el fruto perseguido por unas cortes democráticas”.

A su juicio, la iniciativa presentada por el resto de grupos de izquierda haría que quedara “por completo desarticulada una ley que fue uno de los pilares del pacto de la Transición”. También se ha preguntado a quién se podría juzgar con la modificación de la normativa, y ha asegurado que ésta no sería legítima “porque implicaría la aplicación retroactiva de leyes penales”, algo imposible en el marco jurídico actual. “Se vería afectada la seguridad jurídica”, concluía para justificar su rechazo.

En la misma línea se han manifestado los otros grupos que han votado contra la toma en consideración de la reforma. Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha acusado a los proponentes de “demoler una de las bases sobre las que se construyó nuestra seguridad jurídica”, de realizar un “ejercicio de reescritura de la historia” y de tener un “sentimiento de revancha”. A su juicio, la “nueva izquierda quiere deshacer lo que hicimos bien”.

El diputado del PP Miguel Lorenzo se ha limitado a señalar que los delitos cometidos en el franquismo “estarían prescritos”, además de acusar a los grupos de izquierda de “mentir” a las víctimas por decirles que los autores pueden ser perseguidos.

[40] La jefa actual del Imserso llevó al notario el saqueo del PP de Madrid

Por Esteban Urreiztieta

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en:

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/21/5ab17ba6e5fdea7d1a8b4575.html

 

Fragmento del acta notarial en el que se relata el desvío de fondos públicos E.M.

La actual directora general del Imserso relató ante notario cómo se desviaron fondos públicos destinados a la reinserción de menores en beneficio de los líderes del PP madrileño. Carmen Balfagón, ex responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la Consejería de Justicia, dejó constancia ante notario el 19 de enero de 2012 de que el ex consejero Alfredo Prada le había obligado seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de MadridFrancisco Granados, puso como ejemplo de financiación irregular del PP madrileño estos pagos hace unos días ante la Audiencia Nacional y están siendo investigados en el marco de la operación Púnica. Balfagón no llega en su relato a acreditar que el destino fueran las campañas electorales del partido, pero sí deja constancia del saqueo de fondos públicos y sostiene que Granados tuvo conocimiento de estos hechos y no quiso denunciarlos.

Según el pormenorizado relato de la funcionaria ante el fedatario público, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en diciembre de 2006 Prada le “solicitó” que se entrevistara con el ex diputado regional Álvaro Renedo. Le explicó que “pertenecía a un grupo de comunicación que estaba dispuesto a realizar una serie de actuaciones encaminadas a poner en valor el trabajo de la Agencia del Menor, así como del conjunto de actuaciones que se venían realizando en la Consejería de Justicia en determinados medios de comunicación social”. 

Fragmento escritura notarial

Le precisó además que tenía que ponerse en contacto con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que “por aquel entonces ya colaboraba con la Comunidad de Madrid en la gestión de un centro para el cumplimiento de medidas judiciales en Brea del Tajo“.

La funcionaria siguió las instrucciones de Prada y se reunió con Renedo, que se comprometió a “realizar una serie de estudios”. Al escuchar su propuesta, la responsable de la Comunidad de Madrid trasladó a Prada que “no veía la necesidad de dichos estudios ni la necesidad de hacer publicidad de la Agencia del Menor, que no había originado ningún tipo de problema”. “Sin embargo”, detalla la funcionaria en el acta, “sin atender a mis consideraciones, me insistió en la necesidad de que Ginso firmara el acuerdo de colaboración con Renedo de manera urgente”.

Ese mismo mes se “consolidó el acuerdo”, a pesar de que trasladó al entonces consejero de Esperanza Aguirre sus quejas por el tono de “exigencia” que había utilizado el ex diputado popular, que tampoco sentó bien en Ginso. “La respuesta fue contundente en el sentido de que no importaban las formas”, señala en su confesión. 

Fragmento escritura notarial

A partir de ahí se firmaron una serie de acuerdos entre esta entidad, que mantenía un convenio con la Comunidad de Madrid de 15 años de duración para el referido centro de Brea del Tajo, que contemplaban la entrega de estudios vinculados a la reinserción de menores que nunca aparecieron.

A pesar de que el consejero madrileño fue informado de ello, Prada ordenó la firma de nuevos acuerdos. “Me dijo que no era consciente de la importancia que tenía para la Comunidad de Madrid y para él mismo”, apunta la funcionaria que le dijo el consejero.

Los contratos se ampliaban y los estudios comprometidos seguían sin aparecer. “Contacté con el consejero Prada para comunicarle esta circunstancia, a lo que me respondió que no me preocupara, que les debían pagar” y que “él sabía lo que hacía”, prosigue el relato ante notario. En total fueron abonados 173.800 euros mediante esta operativa.

Fragmento acta notrial

Este episodio fue comunicado inmediatamente por esta alta funcionaria al sustituto de Prada al frente de la Consejería de Justicia, Francisco Granados. “Fui yo la que se lo comentó y nadie más, ya que por primera vez en mis 39 años de servicios me sentía utilizada y engañada por un superior jerárquico. Una vez que se lo comenté al consejero Granados se puso en contacto conmigo el viceconsejero Salvador Victoria, a quien le expliqué mi preocupación y le aporté copia de todos los documentos que obraban en mi poder”, precisó. “El consejero Granados, pasados unos días, me dijo que me olvidara del asunto, que lo dejara estar. Pero no era esa mi intención, ya que no me parecía ético lo que se había hecho”.

Balfagón apostilla en el acta notarial que ratificará su testimonio “donde corresponda”.

[41] Estas son las constructoras que ingresaron 300 millones en contratos con una cláusula ilegal que favorecía el ‘dedazo’

Por Antonio M. Vélez

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/economia/constructoras-adjudicaron-millones-contratos-favorecia_0_752075831.html

 

OHL fue la que recibió el mayor importe: 58,2 millones en tres contratos de mantenimiento de carreteras en Madrid, León y Granada

También recibieron contratos Acciona, Sacyr, FCC y otras empresas vinculadas a la presunta financiación irregular del PP y a los Papeles de Bárcenas

Podemos pide la comparecencia de los ministros de Fomento y Justicia y el PSOE reclama que no se prorroguen los contratos, muchos de los cuales todavía están en vigor

 

El expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir

OHL, Acciona, Sacyr, FCC y otras empresas vinculadas a la presunta financiación irregular del PP figuran entre las más de treinta adjudicatarias de los al menos 40 contratos de mantenimiento de carreteras que el Ministerio de Fomento adjudicó entre abril de 2014 y octubre de 2015 con una cláusula que favorecía el ‘dedazo’ entre las empresas constructoras y que fue declarada ilegal con posterioridad.

Como avanzó eldiario.es, en el portal de Contratación del Estado constan al menos 40 adjudicaciones cuyos pliegos incluían esa fórmula, declarada ilegal en enero de 2016 por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esos 40 contratos suman un importe global superior a los 300 millones de euros. Al haberse adjudicado quince de ellos a uniones temporales de empresas (UTEs), en muchos casos el desglose del importe que corresponde a cada compañía no está disponible.

OHL se adjudicó en solitario tres contratos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de  León y Granada. Entre ellos sobresale el mayor de todos, el del mantenimiento de las carreteras madrileñas. Fue adjudicado por 40,7 millones a una unión temporal de empresas (UTE) de su filial Elsan y de la propia OHL en diciembre de 2014.

Evolución de las adjudicaciones por grupos empresariales

Se ha dividido el importe de las UTEs al 50% entre las empresas adjudicatarias

 

En el listado de adjudicatarias destaca también Acciona. La constructora de la familia Entrecanales, señalada por el exgerente del PP en Madrid Beltrán Gutiérrez como donante en B de este partido, se adjudicó en solitario cuatro contratos por 24,1 millones en Galicia Castilla y LeónAndalucía y Murcia. Otra grande del sector, Sacyr, implicada en la presunta financiación ilegal del PP en Castilla-La Mancha, se adjudicó a través de su filial Valoriza tres contratos con esta fórmula en Toledo Huelva y Zamora. El importe adjudicado suma 17,6 millones.

Importe total de las adjudicaciones por grupos empresariales

Se ha dividido el importe de las UTEs al 50% entre las empresas adjudicatarias

FCC, la constructora del escándalo Acuamed, vinculada también a los papeles de Bárcenas, aparece como adjudicataria de tres contratos con esa cláusula ilegal por importe de algo más de 17 millones. Se los adjudicó su filial Mantenimiento de Infraestructuras SA y comprenden el mantenimiento de carreteras en las provincias de CáceresBurgos y Ávila.  

Pavasal, señalada por la Guardia Civil como  donante del PP de Valencia, recibió dos contratos. Uno en  solitario en Valencia (4,9 millones) y otro en  UTE con AceinsaMovilidad. También obtuvo dos contratos, ambos en UTE, Ortiz, Construcciones y Proyectos (trama Púnica), en las provincias de  Cuenca y Badajoz

Con un contrato figuran la gallega Copasa ( 9,6 millones), donante del PP históricamente vinculada a este partido e imputada en los Papeles de Bárcenas CHM Obras, implicada en la  Gürtel valenciana; y dos empresas de los Papeles de Bárcenas: José Antonio Romero Polo, SAU y Sorigué, en este caso en UTE con API Movilidad, filial de ACS, que se adjudicó dos contratos con esta cláusula en alianza con terceros.

En el listado también figuran dos empresas vinculadas a la trama de corrupción del ex embajador Gustavo de Arístegui y el ex diputado popular Pedro Gómez de la Serna: Assignia (antigua Constructora Hispánica, actualmente en liquidación), con  un contrato en UTE en Castellón; y Audeca (del grupo Elecnor), con un contrato en Murcia y otro en UTE en León

Todos estos contratos fueron adjudicados durante la etapa en Fomento de la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor. Los pliegos de contratación llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. El director general de Carreteras, entonces y ahora, era (y es) Jorge Urrecho Corrales, antiguo colaborador en Fomento del exministro Francisco Álvarez-Cascos que fue ingeniero jefe en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón (Madrid), epicentro de la red Gürtel.

Explicaciones

Este miércoles, el Grupo parlamentario de Unidos Podemos pidió la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y de Catalá para que den explicaciones en la Comisión de Fomento sobre este asunto.

El diputado del PSOE César Ramos, que en octubre pasado preguntó por escrito al Gobierno por estas adjudicaciones, advierte del riesgo de que Fomento decida prorrogar estos contratos, la inmensa mayoría de los cuales están vigentes y expiran este mismo año. “Están beneficiando a gente a la que se le adjudicó un contrato con una formula que no es conforme a derecho”, subraya.

En su respuesta al diputado socialista, fechada en enero pasado, el Ejecutivo indicó que el pliego tipo usado para estos contratos “fue informado por la Abogacía del Estado con fecha 19 de diciembre de 2013, y por lo tanto conforme a Derecho en tanto en cuanto los Tribunales de Justicia declaren que no se ajusta a la Ley”. Añadía esa respuesta que “ninguna empresa recurrió las adjudicaciones con el anterior Pliego al recurrido”.

El ministerio de De la Serna no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto.

[42] El ‘big data’ del PSOE

Por  Juan Carlos Escudier

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en

http://blogs.publico.es/escudier/2018/03/21/el-big-data-del-psoe/

 

El escándalo de la fuga de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook, su procesamiento y su pretendida influencia en la victoria electoral de Trump y del Brexit no ha hecho sino poner sobre la mesa algo que ya sabíamos: que nuestra intimidad está en almoneda y que los grandes gigantes tecnológicos juegan con ella sin control alguno. La supuesta democratización del acceso a la información que prometen constituye en realidad una refinada tiranía, un gran hermano vigilante que satisface deseos o los crea, que gestiona emociones o las desata.

Electoralmente, es extraordinariamente útil contar con perfiles emocionales de los votantes porque los mensajes que se les dirige multiplican su impacto. Los algoritmos son listísimos y pueden descubrir, por ejemplo, que uno es un potencial admirador de Albert Rivera porque en un plazo de dos semanas ha dado primero un like a la derogación de la prisión permanente revisable y luego otro a su endurecimiento. Una vez catalogados, los ciudadanos son altamente influenciables. Es posible reforzar sus creencias o modificarlas. Si se tiene el dato de que un elevado porcentaje de supuestos simpatizantes de Podemos, activísimos todos ellos en las redes sociales, profesan un amor desenfrenado a los animales, bastaría con sugerir que Pablo Iglesias abandonó a su perro en una gasolinera antes de irse de vacaciones para que se replantearan su apoyo. Ni siquiera es necesario que la información sea cierta; basta con que encuentre el receptor adecuado.

Tanto para manipular maquiavélicamente las conciencias como para dar un uso benévolo a la información de la que se dispone -prevenir los atascos en una gran ciudad, por poner un caso- es imprescindible hacer una lectura correcta del caudal de datos, contar con una inteligencia artificial o humana que los interprete y actúe en consecuencia. Y aquí es donde algunos fallan estrepitosamente, ya sea por analfabetismo funcional, por mal asesoramiento o por pura desidia.

Un caso paradigmático vendría a ser el del PSOE y el de su resucitado líder Pedro Sánchez. Su inapelable triunfo en las primarias debió aportarle revelaciones cuasi científicas acerca del sentir de los militantes socialistas. Sin necesidad de programas informáticos de última generación, era posible saber que una amplia mayoría compartía una acentuada orientación a la izquierda, ya que esa era la oferta que se les presentó, fuera por convencimiento del candidato o por simple estrategia. También, que los viejos dinosaurios del partido habían dejado de ejercer en ellos toda atracción jurásica y que, sin renunciar a la hegemonía, cualquier entendimiento futuro debía darse con otras fuerzas de izquierdas y no servir de báculo a los adversarios políticos con la excusa de esa razón de Estado que había permitido a Rajoy seguir durmiendo en Moncloa con la abstención en los Presupuestos.

Para plantar picas en el centro, seguir venerando a los jarrones chinos y pasarles a diario el plumero o hacer seguidismo acrítico del PP en Catalunya ya estaba la sultana andaluza y su prole de barones, a los que la militancia dio abiertamente la espalda. Eso, en principio, era la conclusión más lógica.

Pues bien, pese a contar con ese big data a su disposición, los nuevos responsables del PSOE parecen empeñados en demostrar que su ignorancia es colosal o que, a la manera de Facebook y Cambrigde Analytica, intentan manipular a sus bases y convertirlas en susanistas, lo que sería una proeza mayor que la victoria de Trump y el Brexit juntos.

El partido navega en una peligrosa indefinición o, simplemente, bucea en el disparate. Encumbrado como rebelde, Sánchez quiere ser un estadista que no sólo no le niega el pan y la sal a Rajoy sino que le lleva el vino y el postre. De la proclamada coordinación con Podemos se ha pasado a la indiferencia o a la gresca. La construcción de un nuevo partido más enraizado con sus afiliados y votantes se ha supeditado al visado de obra de sus antiguos arquitectos, y a muchos de ellos se les sigue esperando en ese acto de unidad y confraternización llamado Escuela de Buen Gobierno de la que hicieron mangas y capirotes. Un día se vota en contra de acabar con la impunidad que supuso la ley de Amnistía porque crearía inseguridad jurídica, y al siguiente a favor de que se anulen las sentencias del franquismo. Para los grandes desafíos actuales –educación, pensiones, sanidad o modelo territorial- no hay ideas sino parches. El vacío del socialismo rociero ha sido rellenado con una supuesta materia gris, que tiene mucho de gris y muy poco de sustancia.

El uso de los datos para fines perversos es, en efecto, un peligro para la sociedad que fundamenta sus convicciones en la última entrada de Facebook que llega a su muro. Despreciar la información de la que se dispone y hacer justamente lo contrario de lo que dicta el sentido común es otro riesgo. Hasta para hacer el tonto hay que establecer límites horarios.

[43] Un mal día para corruptos con cargo

Por David Bollero

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

http://blogs.publico.es/david-bollero/2018/03/21/contratacion-publica/

 

España es un paraíso para la corrupción, incluso, la oficializada. Desde las Administraciones Públicas  se han venido utilizando los concursos públicos para practicar una suerte de corruptelas, adjudicar millones de euros a empresas amigas. A partir de ahora, lo tendrán difícil, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. ¿Saben cuál es la mejor prueba de esas corruptelas? Según denuncia la Unión Sindical Obrera (USO), un día antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el número de concursos públicos en la web de Contrataciones del Estado rondó los 2.500… diez veces más que la media de cualquier otro día.

Ya está bien de esquilmar nuestros impuestos y que éstos vayan a parar a la misma élite empresarial que después nos explota. Basta ya de que el precio sea el factor que más influye en una adjudicación y que se queden por el camino las pequeñas y medianas empresas, honestas, que respetan a sus trabajador@s. Y es que las grandes empresas de limpieza o seguridad, por ejemplo, suelen hacerse con jugosos concursos públicos porque, a cambio, prácticamente regalan sus servicios en otros inmuebles. ¿Quién paga esa diferencia para que la empresa siga incrementando sus beneficios? L@s trabajador@s con empleos precarios.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público pondrá eso más complicado, aunque no haya sido gracias ni al PP ni a Ciudadanos. Han sido Unidos Podemos, PSOE, PNV, ERCy PDeCAT quienes han impedido que primen los convenios de empresa sobre los sectoriales. A los secuaces de Rajoy no les gustan los convenios sectoriales porque, por lo general, mejoran las condiciones laborales y son mucho más garantistas.

A partir de ahora, -parece mentira que se haya tardado tanto-, los concursos públicos deberán tener cláusulas sociales y medioambientales, de modo que el criterio del precio pierde peso en la valoración final. La medida llega tarde y, de nuevo, a rebufo de la ciudadanía, que en los municipios donde existen Presupuestos Participativos, ya hay en vigor autorreglamentos con criterios de este tipo.

Así las cosas, deberemos estar más vigilantes que nunca, porque las corruptelas tienden a buscar los resquicios legales para continuar con sus malas prácticas… y a veces, ni eso, les basta su voluntad de que sus fechorías pasen inadvertidas confundidas en un maremagnum burocrático. Por eso, quizás, ustedes no han oído hablar demasiado de esta nueva ley. Ahora la conocen, hablen de ella, vayan cambiando los temas de fondo de sus charlas de café y bar y, como ya hemos conseguido que se hable de feminismo y del 8M, pongan su foco en el hecho de que las corruptelas, pese a PP y Ciudadanos, lo tienen ahora más complicado.

[44] Maltrato: Cuando tu vida depende de tecnología de hace una década

Por David Bollero

Articulo publicado el 22 de marzo de 2018 en: 

http://blogs.publico.es/kaostica/2018/03/22/maltrato-cuando-tu-vida-depende-de-tecnologia-de-hace-una-decada/

 

 

El concurso para el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género, esto es, las pulseras para mejorar el control de las medidas de alejamiento de los maltratadores, ha quedado desierto. No se presentó ninguna empresa debido a la baja dotación económica (unos 27.500 euros), dado que es precisa la renovación de los equipos y su posterior mantenimiento y gestión.

El contrato anterior, a manos de la UTE Telefónica y Securitas Direct,venció el 7 de diciembre del año pasado y se ha optado por prorrogar sus servicios hasta el próximo mes de junio. Sin embargo, más que fijarnos en el funcionamiento de este sistema, articulado por el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA), merece la pena echar un vistazo a los dispositivos en sí.

Los brazaletes que actualmente portan los agresores, con sus respectivos emisores GPS, así como los dispositivos de aviso que tienen las víctimas fueron adquiridos en 2009 (3.000 en total) a la empresa 3M-EM y, tal y como admite el propio ministerio de Igualdad, ya ni siquiera están en garantía. De hecho, las estadísticas de dispositivos robados, perdidos o irreparables de disparan.

Así las cosas, las vidas de las víctimas depende de dispositivos cuya tecnología data de hace una década. El propio ministerio de Igualdad indica que se requiere la incorporación de una tecnología complementaria a la anterior (radiofrecuencia u otra) que permita detectar la proximidad del maltratador y la comunicación de la proximidad al centro de control”, al tiempo que reconoce que “debido a la evolución de los cambios tecnológicos de los sistema de la tecnología de la comunicación ha habido retrasos en la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas”.

La tecnología de posicionamiento y radiofrecuencia ha evolucionado mucho desde 2009, por no hablar de la propia telefonía. En 2009, hablábamos de 3G, que había comenzado a activarse cinco años atrás. 4G no llegaría hasta 2012, por lo que las pulseras se quedaron obsoletas en materia de telefonía hace ya seis años. Aunque es cierto que  el 3G supuso grandes mejoras en cuanto a la velocidad de transmisión de datos -hasta 2 mbps (megabits por segundo)-, con mayor seguridad y estabilidad para el usuario que la 2G, está lejos de la tecnología actual.

Ya ha comenzado su andadura el 5G, pero nos fijaremos en el 4G. A diferencia del 3G, las nuevas redes permiten servicios de cualquier clase, en cualquier momento, lugar y con un mínimo coste y altas seguridad y calidad. Para que se hagan una idea, es entre 5 y 10 veces más rápida que la tecnología 3G.

Como consecuencia de esta obsolescencia, desde las instancias judiciales han venido denunciando históricamente múltiples incidencias técnicas: pérdida de cobertura, escasa autonomía de las baterías –cuya tecnología también ha avanzado mucho en diez años.

Sin embargo, la peor de las incidencias –incluso que la utilización de un inhibidor por parte del agresor- son las falsas alarmas. Las alarmas, sencillamente, se disparan sin motivo, hasta el punto de que el 70% de los avisos es porque fallan estas pulseras, no porque adviertan de la presencia de un maltratador.

A finales del año pasado, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, apuntaba que “seguiremos reclamando estas mejoras técnicas, ya que se producen numerosas incidencias por la pérdida de cobertura de estos dispositivos y por un uso inadecuado que dificulta el correcto funcionamiento e impide una adecuada protección a la víctima”.

 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, así como el propio COMETA, guardan opacidad sobre las estadísticas de estos falsos positivos, pero es innegable lo estresante que puede llegar a ser para las víctimas que, al final, dejan de sentirse seguras con estos dispositivos. Una alarma puede llegar a saltar, sencillamente, porque el GPS no tiene cobertura o la batería está baja. A pesar de esta opacidad, se han documentado casos de víctimas con cerca de un centenar de incidencias de este tipo.

Así las cosas, no sorprende la baja utilización de estos dispositivos. La realidad es que de aquellos 3.000 equipos, de media, más del 70% no ha estado activo a lo largo de esta última década (gráfico superior). Y eso que, cuando este nuevo sistema arrancó en 2009, esos 3.000 brazaletes disponibles sólo cubrían el 10% de los casos con órdenes de alejamiento que existían en ese momento.

[45] Máster de Cifuentes, dilema de Rivera

Por Fernando López Agudín

Articulo publicado el 22 de marzo de 2018 en:

http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/03/22/master-de-cifuentes-dilema-de-rivera/

 

No sabemos aún si la señora Cristina Cifuentes es honesta, aunque si fuese mujer del César sería condenada por no parecerlo; ni tampoco sabemos, todavía, si Albert Rivera se atendrá al punto tres del pacto PP/ Cs que especifica claramente:  “la separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o a su calificación profesional o académica”. Es, por lo tanto, un doble test moral y político al que se enfrentan hoy mismo el Partido Popular y Ciudadanos. Porque la insólita aclaración dada por el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos  carece de la más mínima credibilidad. No en vano en su corta vida  esta Universidad ha estado jalonada por una sucesión de escándalos.

Llueve sobre mojado. Cuando la Púnica aún gotea sobre Cifuentes, le cae la tormenta del máster regalado. No lo va a tener nada fácil, los callos que pisó sobre la Gürtel intentarán darle hoy el puntapié definitivo para impedir que continúe presentándose como la anti Esperanza Aguirre; algo así como la única política honesta en ese océano de corrupción que es el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Al final, como sucedió con Al Capone, la aún presidenta de Madrid  podría caer por una falsificación de un expediente académico, como le sucedió al capo de Chicago, en los años treinta, cuando resbaló con el delito fiscal. Su pasión política ha comenzado justo antes del Domingo de Ramos;  le esperan por tanto, los latigazos, la corona de espinas y los besos de Judas,  sin que ningún Cirineo del Partido Popular le limpie el sudor de la frente.

Pese a que Rajoy le crecen los enanos, en el circo de la corrupción del PP, no parece apenas preocupado. Al fin y al cabo, supone un escándalo más pero también una aspirante menos hacia la Moncloa. Tras  lo vivido con Bárcenas , Rato, Aguirre, Camps, Mata y demás ilustres personalidades de la derecha, los dos notables ,presuntamente regalados a Cifuentes, no suponen ningún suspenso para la Moncloa . Tampoco espera Rajoy que el relato sui generis de la Universidad Rey Juan Carlos  vaya a ir mucho más allá. En realidad, no es el único recinto universitario donde los políticos son tratados a cuerpo de rey, ni donde  sus familiares encuentran un buen empleo. Todo lo más, una nueva incomodidad con Ciudadanos y para los de Ciudadanos. A ver cómo responden esta vez.

El problema Cifuentes es el problema Rivera. La dudosa moralidad de la primera, es la dudosa política del segundo. El citado punto tres del acuerdo PP/ Cs no admite interpretaciones. Su literalidad indica que debe exigir la dimisión de su socia, la presidenta de Madrid. Si se atiene a lo dicho por el Rector Javier Ramos, mal; si exige la dimisión, peor. En la primera hipótesis, sufriría mucho la marca incorrupta de Ciudadanos; en el segundo, sufriría mucho la marca ideológica de Ciudadanos. El dilema es  bien patente: continuar con la basura que envuelve al PP o denunciarla en detrimento de la unidad de la derecha, con el serio riesgo de allanar el camino a una opción progresista.

El reciente veto del PSOE al PSOE –Sánchez ha vetado la presencia de Guerra, Bono e Ibarra  en la comisión constitucional del Congreso– le ofrece a esta formación política una oportunidad para salir de este dilema. Si apuesta por denunciar a Cifuentes, puede atraerse una buena parte del electorado socialista que, según todas las encuestas, se han visto seducidos por Ciudadanos  al igual que  los tres vetados líderes socialistas. Sería una buena jugada hacia la captura de un voto de centro izquierda, que todavía vacila en pasarse junto a los cientos de miles que han cambiado el rosa por el naranja. La fragilidad de los candidatos  madrileños del PSOE, partido que carece de banquillo, puede ser un aliciente más en esta posible respuesta de Rivera.

De cualquier forma, se ha abierto la veda sobre la señora Cifuentes. En la cacería permanente que es el PP madrileño, es ahora la pieza a cobrar. Unos por un afán de vendetta, otros por ambición de sustituirla y los terceros por una muy insana socialización  del dolor penal. De la derecha madrileña brota un olor muy desagradable, tanto  que hace muy difícil hoy la recomposición del Partido Popular.  En ningún otro territorio de  España, como en la capital del Estado,  Ciudadanos aparece nitidamente como el único salvavidas neoliberal que puede borrar la mancha de la delincuencia sobre el neoliberalismo. Cifuentes tiene pues todas las papeletas para acabar siendo chivo expiatorio.

 [46] Un tribunal echa de su propia casa a una madre minusválida, sin trabajo y con una hija de 15 años

Por Eduardo Bayona

Articulo publciado el 21 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/sociedad/tribunal-echa-propia-casa-madre-minusvalida-hija-15-anos.html

El caso de Sole B. B., a la que un juzgado echó del piso familiar, que ahora nadie ocupa, pone sobre la mesa el desamparo de las divorciadas sin recursos que no sufren violencia machista ni desahucios económicos

 

Sole B. B. lleva dos semanas viviendo en un albergue cuya habitación le cuesta más de lo que ingresa cada mes gracias a un salario asistencial

 

La ley es la ley, aunque eso no impide que su aplicación provoque situaciones de desamparo que resulten difíciles de compartir incluso para los juecesencargados de aplicarla, como ha ocurrido con el caso de Sole B. B., una madre zaragozana de 33 años a la que los tribunales han dejado en la calle a pesar de sufrir una minusvalía, de recibir como único ingreso un salario social de 430 euros, de tener la custodia de su hija de 15 años compartida con su exmarido y, también, a pesar de que el piso del que ha sido desalojada, y del que es copropietaria, ha quedado vacío, deshabitado, sin que nadie lo ocupe.

“Tengo de todo, menos dinero”, ironiza Sole, que esta semana se trasladará con su hija a un alojamiento que ha podido conseguirles la trabajadora social de una parroquia zaragozana tras salir de él un matrimonio, y en el que podrán permanecer hasta tres meses.

Su caso no entra en las situaciones de emergencia que los juzgados atienden en coordinación con la comunidad autónoma, ya que no se trata de un desahucio por impago de rentas o ejecución hipotecaria, ni tampoco encaja en el dispositivo municipal para situaciones de violencia machista. Se encuentra en la calle desde que el 9 de marzo un juzgado de Zaragoza ejecutó el lanzamiento que pidió su exmarido tras vencer el plazo que le asignaba el antiguo hogar familiar. Llevan dos semanas en un albergue en el que la habitación les cuesta más de lo que cobra al mes.

Sole y su exmarido están formalmente divorciados desde principios de 2015, tras catorce años de matrimonio y seis anteriores de convivencia. El juzgado, que entonces le otorgó la guarda y custodia de la hija menor de la pareja, de doce años en aquellas fechas, le asignó el uso de la que había sido la casa familiar hasta el 31 de diciembre de 2016.

La Audiencia destaca los “aspectos dudosos” del caso

Sin embargo, su exesposo, que antes había logrado que la custodia de la menor pasara a ser compartida ya que es la figura preferente en Aragón, acabó solicitando el lanzamiento de la mujer tras la prórroga de un año en el uso de la casa que había marcado el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Zaragoza. “Mi situación había empeorado en lugar de ir a mejor”, explica Sole, que finalmente tuvo que dejar la vivienda al avalar la solicitud del exmarido la Sección Segunda de la Audiencia de Zaragoza.

Este tribunal, no obstante, reflejó en su resolución los “aspectos dudosos” del caso, entre los que destaca que en el derecho civil “no hay propiamente un derecho de lanzamiento o desalojo del bien común”, como sería en este caso la vivienda familiar, ya que “ello llevaría al sinsentido de que ninguno de los comuneros pudiera utilizar la cosa común conforme al destino que le es propio”.

En realidad, señala la Audiencia de Zaragoza, lo normal es que primero el juzgado de Familia que lleva el divorcio determine por cuánto tiempo puede usarlo uno de los excónyuges y, vencido ese plazo, que otro de Primera Instancia establezca como debe usarse ese bien común “de modo que no impida el uso del otro copropietario”.

“Situación de supremacía de la denunciante”

Sin embargo, en Aragón las cosas no son del todo así cuando se refieren a la figura del “desalojo de condueño” con una ruptura familiar de por medio. De hecho, la doctrina que la Audiencia venía aplicando históricamente, según la cual no se puede echar de su propia casa al propietario, ha sido revocada por una instancia judicial superior.

Por un lado, el el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) interpreta que el Código de Derecho Foral limita el uso de la vivienda familiar para uno de los excónyuges porque “no en todos los casos existen razones atendibles para un uso de larga duración y menos para acordar un uso ilimitado”, ya que mantener esos vínculos entre los miembros de la antigua pareja “constituye de ordinario fuente de conflictos” y “puede lesionar el interés del otro si es propietario o copropietario de la vivienda”.

Y, en ese sentido, el TSJA ha determinado que superar el plazo que marca el juez de Familia despojaría a su sentencia de “la precisión y eficacia que la norma impone” porque “en lugar de quedar libre la vivienda y a disposición de ambos (…) se mantiene una situación de supremacía de la denunciante”.

Es decir, que la primera decisión judicial sobre el uso de la vivienda pasa a ser incuestionable, ni siquiera para prorrogarla si, como en este caso, la situación económica o de salud del excónyuge que la ocupa ha empeorado.

“Me fui con cuatro cosas”

“La casa está vacía”, lamenta Sole, cuya situación económica le ha llevado, pese a haber trabajado la mayor parte del tiempo desde que cumplió 18 años, a tener pendiente de pago más de 800 euros de la luz desde octubre de 2016. Tiene reconocida una minusvalía del 37% por esclerosis múltiple, a lo que se añade la lesión en el hombro con rotura de varios tendones que sufrió hace año y medio y un tratamiento psicológico, lo que dificulta su colocación.

El juzgado había autorizado la venta del piso por 130.000 euros y su puesta en alquiler. Sin embargo, anota, “no hay forma de venderlo, y al no tener llaves tampoco puedo enseñarlo para alquilarlo”. Ella, por otro lado, ha dejado de pagar su parte de la hipoteca “porque no me llega”, dice.

En su caso, el desalojo hizo que se quedara sin llaves de la casa pese a seguir siendo oficialmente una de sus dos propietarios. “Me fui con lo justo, solo me llevé cuatro cosas más algunas que me guardan un hermano y dos vecinos ¡Estoy usando unos zapatos de mi hija”, añade.

“Hay más mujeres en esa situación”

El caso de Sole, que se encuentra en un limbo ajeno al circuito asistencial por no tratarse de un desahucio por motivos económicos ni de una víctima de violencia machista, no es único, ni mucho menos.

“Hay más mujeres en esa situación, muchas más”, señala Ariadna Marco, presidenta de la asociación de mujeres maltratadas Somos Más, que destaca cómo en ocasiones caen en ella víctimas de violencia machista que rechazan denunciar su caso en los juzgados, lo que dificulta su acceso a los programas de garantía social.

“Cada una tiene su historia, pero es cierto que existe un vacío legal”, explican fuentes de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón, que ha asesorado a algunas de ellas.

Su abogada, Ana María García Fernández, destaca que “el uso de la vivienda suele ser uno de los principales focos de conflicto tras las rupturas”. No obstante, la extensión de la custodia compartida de los hijos está abriendo una vía para resolverlos mediante la asignación del uso por turnos a cada uno de los excónyuges, frecuentemente por periodos de un año hasta que logran venderla o deciden alquilarla. Ese reparto actúa en ocasiones como un medio de presión para que ambos se decidan a liquidar los bienes gananciales, o el consorcio conyugal en Aragón.

[47] Un día cualquiera en TVE

Por Carlos Hernández

Articulo publicado el 22 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/dia-TVE_6_752834736.html

 

Nuestra audiencia, al fin y al cabo, es estúpida. Lleva años tragándose la sobredosis de manipulación que le suministramos y, aún así, cada día nos sigue sintonizando

Nuestro lema viene de un verdadero maestro de la comunicación y no puede ser más sencillo: una mentira mil veces repetida acaba convirtiéndose en verdad

 

La sede de Torrespaña EFE

Es miércoles, 21 de marzo de 2018. Tenemos que buscar la mejor forma de esconder y minimizar la que, sin duda, es la noticia del día. Lo ideal sería no informar sobre ella, pero sería demasiado descarado no hacerlo puesto que toda la oposición ha pedido explicaciones y el tema ya ocupa las portadas de numerosos medios de comunicación. Total, tampoco es la primera vez que hay que hacer algo así; casi cada jornada nos toca desarrollar el mismo trabajo sucio: tergiversar las novedades sobre el caso Gürtel, minimizar las acusaciones de corrupción contra el Gobierno que vierten los arrepentidos, restar peso a las manifestaciones de los pensionistas o de las mujeres, exagerar la buena marcha de la economía nacional…

Lo primero es mandar el asunto al minuto quince del Telediario. Por delante vídeos y más vídeos sobre Catalunya (¡mucha Catalunya!) y un par de piezas debidamente manipuladas de la sesión de control en el Congreso en las que Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría le dan su merecido a la oposición. Después montamos un totum revolutum de escándalos políticos. Empezamos con lo de Cifuentes, pero a nuestra manera: no contamos la noticia, no decimos de qué se le acusa; arrancamos por el desmentido a una información que no hemos dado. Todo muy rápido y muy confuso. Nuestros espectadores se quedarán con que la presidenta madrileña no ha hecho… no se sabe muy bien el qué. ¿No somos geniales?

Tras el tema presentamos otras dos informaciones, de tercer nivel, pero a las que vamos a dar más tiempo y más relevancia que a lo de Cifuentes. Tenemos un periodista en directo en Alicante para hablar de la segunda imputación del alcalde del PSOE. Después metemos algo de los ERE y nos vamos hasta Galicia porque una diputada regional gallega de En Marea tuvo una discusión con unos policías municipales. En estos dos casos sí cargamos la culpa sobre los políticos que para eso son socialistas o podemitas y restamos importancia a sus explicaciones. El menú, a base de gaviota limpia de polvo y paja, está listo para ser servido.

Nuestro lema viene de un verdadero maestro de la comunicación y no puede ser más sencillo: una mentira mil veces repetida acaba convirtiéndose en verdad. Así hemos logrado que los telediarios sean tan eficaces como el NODO y hemos puesto a nuestro servicio hasta aquel programa de leyenda llamado Informe Semanal. Nos lo creemos tanto que hasta nuestro presidente, José Antonio Sánchez, puso nuestra estrategia en práctica esta semana en el Parlamento. Los diputados le reprocharon que TVE presentara en sus informativos a Albert Boadella como presidente de Tabarnia. Sánchez en lugar de dar explicaciones se limitó a decir que eso no era verdad. ¡Con dos cojones! Todo el mundo lo había visto; solo había que buscar en Google para ver la imagen del cómico con el logotipo de nuestra cadena y un rótulo en el que escribimos: “El presidente de Tabarnia analiza la situación política y social en Catalunya”… ¿Qué más da? Si mentimos cada día a millones de españoles, ¿no vamos a poder reírnos del Parlamento?

(Ficción muy real dedicada al Consejo de Informativos de TVE y a los grandísimos profesionales que trabajan en esa cadena, que son la inmensísima mayoría)

[48] Bárcenas manipuló sus papeles para suprimir dos pagos en B a Rajoy y Cospedal

Por Público 

Articulo publicado el 22 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/politica/barcenas-manipulo-papeles-suprimir-pagos.html

 

Aparecía un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno y dos pagos de 7.500 euros a la actual ministra de Defensa

 

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, durante su comparecencia en el Congreso – EFE

Luis Bárcenas modificó uno de los 14 folios de sus conocidos papeles sobre la contabilidad paralela del Partido Popular. Según publica El País, el extesorero de la formación conservadora suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en la que aparecía un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según este diario, ese folio concreto corresponde al del ejercicio fiscal de 2008, el único del cuaderno de la caja B del PP que aún no ha prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles.

Además de esta anotación, Luis ‘el cabrón’, sobrenombre tras el cual la Fiscalía confirmó que se encontraba Bárcenas, varió también el nombre de la actual ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como beneficiaria de dos pagos en dinero negro de 7.500 euros. También, modificó las fechas de dos anotaciones por valor de 435.000 euros, abonados al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la reforma de la sede del PP en la calle de Génova.

Según el diario, la investigación judicial asegura que la última página de las anotaciones del extesorero difiere sensiblemente de la que entregó el propio Bárcenas al sumario. Los investigadores se preguntan ahora cuál de las anotaciones es la correcta en relación con este caso que afecta directamente a la cúpula del partido del Gobierno.

[49] El Gobierno recurre al Constitucional la ley catalana de atención sanitaria universal

Por Pau Rodriguez

Articulo publicado el 23 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/catalunya/Gobierno-Constitucional-catalana-sanitaria-universal_0_753125641.html

 

El Consejo de Ministros aprueba llevar al Alto Tribunal la ley que aprobó en verano Toni Comín para dar cobertura a los inmigrantes sin papeles

El Constitucional ha tumbado en los últimos meses normas similares en la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Navarra o Extremadura

 

 

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la ley catalana de asistencia sanitaria universal, aprobada en julio de 2017 por el conseller Toni Comín para garantizar la cobertura médica de los inmigrantes sin papeles. El Consejo de Ministros ha acordado llevar al Alto Tribunal el grueso de la norma al interpretar que invade competencias del Gobierno.

El ley de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de la Salud, diseñada por el último Ejecutivo de la Generalitat, fue la respuesta que este dio al decreto del PP de 2012 que restringía el acceso a la salud a determinados colectivos, entre ellos a los extranjeros en situación irregular.

En Catalunya la ley fue aprobada en el Parlament con los votos favorables de todos los grupos a excepción del PP, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo.

La nueva legislación catalana permite que cualquier persona empadronada en un municipio catalán pueda acudir a un Centro de Atención Primaria, permanecer hospitalizada o hacerse cualquier prueba o tratamiento. Prevé además que extranjeros sin papeles con dificultades para acceder al padrón puedan “establecer otros criterios de arraigo que les permitan acreditar la condición de residentes”.

 

 

[50] Bilbao denuncia la “injusticia” del caso Altsasu a menos de un mes de que empiece el juicio

Por Danilo Albin https://twitter.com/danialri

Articulo publicado el 21 de marzo en: 

http://www.publico.es/politica/bilbao-denuncia-injusticia-del-caso-altsasu-menos-mes-empiece-juicio.html

 

La capital vizcaína acoge una manifestación en solidaridad con los ocho jóvenes acusados de terrorismo por una pelea de bar. “Estas movilizaciones nos dan fuerzas para seguir adelante”, afirman sus padres. La Audiencia Nacional juzgará a sus hijos a partir del 16 de abril

 

Manifestación en Bilbao en solidaridad con los ocho jóvenes acusados de terrorismo. / DANILO ALBIN

No son días fáciles en casa de los Arnanz. Cada vez que miran el calendario contienen la respiración. Koldo resume lo que siente en apenas tres palabras. “Menos bueno, todo”, afirma este hombre hasta ayer anónimo. Hoy es uno de los denominados “padres de Altsasu”, esos mismos que se han visto envueltos en una pesadilla que parece no tener fin. Su hijo se llama Oihan, está acusado de terrorismo por una pelea de bar y un fiscal de la Audiencia Nacional quiere condenarle a 62 años de cárcel. Ya lleva 16 meses encerrado, esperando un juicio que arrancará el 16 de abril. También están presos –en cárceles separadas- Adur Martínez de Alda y Jokin Unamuno. La Fiscalía pide 50 años para cada uno de ellos.

Este viernes, las calles del centro de Bilbao fueron escenario de una nueva demostración de solidaridad con Oihan, Adur, Jokin y los otros cinco imputados por la reyerta nocturna del 15 de octubre de 2016 en un bar de Altsasu. En la trifulca se vieron involucrados dos guardias civiles sin uniforme que se encontraban junto a sus parejas. De ahí las acusaciones de terrorismo contra los ocho jóvenes, quienes en total enfrentan unas peticiones de condena que alcanzan los 375 años de cárcel.

“Se trata de una absoluta injusticia”, afirmó a Público el abogado vasco Ibon Altuna–quien además es vocalista del grupo Itziarren Semeak-, uno de los convocantes de la manifestación que ha partido a las 20.00 desde la Plaza Elíptica de la capital vizcaína. La movilización ha contado con el respaldo de distintos rostros del mundo de la cultura, la abogacía o el activismo social. “Nos pusimos en contacto diferentes personas, y casi de forma natural se planteó apoyar a los familiares”, explicó Altuna. Así nació esta manifestación por el centro de Bilbao, en la que han participado cientos de personas.
 
 
Manifestación en Bilbao en solidaridad con los ocho jóvenes acusados de terrorismo. / DANILO ALBIN

Entre los manifestantes que portaban la pancarta se encontraba Antxon Martínez de Alda, el padre de Adur. “Hay una receptividad muy grande hacia nuestro caso, y la gente lo está interiorizando: cada vez son más las personas que ven todo esto como si fueran sus hijos o hijas”, comentó a este periódico. Junto a Antxon estaban los padres de Aratz Urrizola, uno de los acusados que se encuentra en libertad provisional. El representante del Ministerio Público también pide medio siglo de cárcel para él.

Por delante de la pancarta iban varios momotxorroak, unos personajes míticos de los Carnavales de Altsasu. Junto a ellos, tres jóvenes portaban carteles con los rostros dibujados de Adur, Jokin y Oihan, los tres que continúan encarcelados.

“Esto nos da fuerzas”

Los ecos de la movilización bilbaína se sintieron en la mismísima Altsasu. “Sólo tenemos palabras de agradecimiento para quienes nos están apoyando. Todo esto nos da fuerzas para seguir hacia delante”, afirmó desde la localidad navarra Koldo Arnanz, quien hace algunos días estuvo en Bilbao para participar en la presentación de esta movilización, la primera de gran calado que se realiza en la capital vizcaína por este polémico caso. La primera, pero quizás no la última.

“Aquí se sabe cuándo vas a la Audiencia Nacional, pero no qué día vuelves”, dijo Altuna, quien no ocultó su escepticismo ante el juicio que empezará dentro de menos de un mes en el tribunal madrileño. “Historias como estas hay miles en todos los pueblos, pero aquí se pone como delito de terrorismo y se piden unas penas desorbitadas”, remarcó.

En ese contexto, las madres y padres de los jóvenes acusados ya están organizando la manifestación del próximo 14 de abril en Pamplona. Justo dos días antes de que empiece el juicio, volverán a salir a la calle para pedir justicia. “A pesar del cansancio, aún tenemos ilusión y fuerza de sobra”, afirmó Antxon Martínez de Alda. Un rato después se subió al coche y regresó a Altsasu. Al llegar a casa, volvió a encontrarse la cama de su hijo vacía. Tan vacía como los últimos y largos 16 meses.

[51]El acoso ultra a 400 diputados, alcaldes y concejales en Zaragoza queda impune

Por Eduardo Bayona  

Articulo publicado el 23 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/sociedad/catalunya-acoso-ultra-400-diputados-alcaldes-concejales-zaragoza-queda-impune.html

 

Las eventuales sanciones de la ‘ley mordaza’ a los quince identificados por participar en una concentración ilegal contra una asamblea de cargos electos en vísperas del 1-O prescriben al no abrir expedientes la Subdelegación del Gobierno, que asegura no haber recibido el informe que la Policía dice haberle remitido

 

Más de medio millar de personas participaron en la concentración ilegal frente a la asamblea de parlamentarios celebrada el 24 de septiembre en Zaragoza. EFE

El acoso de más de medio millar de ultras a la asamblea que el 24 de septiembre reunió en Zaragoza a 400 cargos públicos para tratar de buscar una salida política al proceso soberanista catalán ha quedado impune: las eventuales infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana cometidas por quienes participaron en la concentración no autorizada prescriben este sábado, y las pesquisas para identificar al autor del botellazo que sufrió la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, están archivadas “por falta de autor conocido”.

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza no ha abierto ningún expediente de ‘ley mordaza’ a ninguno de los quince participantes en la concentración ilegal que llegaron a ser identificados por la Policía (uno de cada 40), según confirmaron fuentes de la institución. “No abrimos nada porque no nos ha llegado nada, ni de la Policía ni de ningún juzgado”, señalaron.

Sin embargo, un portavoz de la Jefatura Superior de Policía aseguró que las identidades de los quince participantes en la concentración clandestina sí habían sido comunicadas, de la misma manera que tanto el archivo de la investigación sobre el autor del botellazo como las diligencias por la agresión que ese día sufrió un agente habían sido trasladada a los juzgados. “Informamos al juzgado y a la Delegación de todos los incidentes de ese día”, indicó.

En cualquier caso, la Subdelegación no ha abierto ningún expediente sancionador, y eso hace que las presuntas infracciones vinculadas con la concentración ultra, que obligó a permanecer recluidos en el pabellón Siglo XXI tanto a los cargos públicos como a los periodistas que cubrían el acto, prescriban este sábado, 24 de marzo, al haber pasado seis meses desde que fueron cometidas. Sus autores no podrán ser sancionados.

Ultras, políticos, policías y un botellazo a la presidenta

La concentración había sido convocada a través de las redes sociales, entre otros por organizaciones de ultraderecha como el MSR, pero carecía de permisos para llevarla a cabo.

Se supo que la asamblea iba a tener lugar en Zaragoza cuando faltaban cuatro días

Se supo que la asamblea, que reunió a diputados estatales y autonómicos, senadores, concejales y alcaldes de doce partidos y confluencias, iba a tener lugar en Zaragoza cuando faltaban cuatro días y el local, el pabellón siglo XXI, no se conoció hasta la antevíspera, mientras que la normativa exige que los permisos para manifestarse se soliciten con al menos una semana de antelación.

Factores como la polémica por la supuesta retirada de una serie de banderas que estaban en el pabellón cuando este abrió sus puertas calentaron los ánimos hasta provocar la movilización de más de medio millar de radicales, algunos de ellos con banderas franquistas, que durante más de tres horas profirieron durante horas gritos y consignas contra los participantes en la asamblea, unos 400 cargos públicos de una docena de partidos y confluencias convocados por Unidos Podemos.

Varios de ellos llegaron a aporrear las puertas, lo que obligó a los responsables de seguridad del acto a cerrar los accesos tras comunicarles los mandos del despliegue policial que no podía garantizar la seguridad de quien saliera a la calle, y uno de ellos llegó a agredir con un botellazo a la presidenta de las Cortes de Aragón.

En la manifestación ilegal no solo participaron ciudadanos anónimos. También estuvo allí, entre otros del ámbito político, el secretario de Organización del PP de Zaragoza ciudad, José Luis Benítez, que difundió su presencia en sus redes sociales. Y tampoco el MSR fue el único convocante. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía que tomaron parte hicieron llamamientos a sus compañeros a través de un grupo de ‘wahts app’ para que se sumaran, según informó Eldiario.es.

La ley y las normas

La ley de Seguridad Ciudadana sanciona con multas de cien a 600 euros a quien participa en una concentración o manifestación no autorizada, una infracción tipificada como leve que prescribe a los seis meses de haberse cometido si no se ha abierto antes el expediente, como ha ocurrido en este caso.

“La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal”, sería una infracción grave, castigada con multas de 601 a 30.000 euros y que tarda un año en prescribir, si bien el acoso ultra del 24 de septiembre no encajaría en ese artículo porque requiere acceder al recinto en el que se celebra, algo que en este caso no ocurrió.

En el caso del botellazo a la presidenta de las Cortes autonómicas, las pesquisas quedaron archivadas en la misma Jefatura Superior de Policía de Aragón tras ser sobreseídas al no haber sido identificado el autor.

Esas diligencias, que contienen las reseñas de los quince participantes en la protesta ilegal identificados por la Policía, no llegaron a ser remitidas al juzgado: ningún juez ni fiscal las reclamaron, y la Policía solo ha de enviar los asuntos sin autor identificado cuando se trata de homicidios, asesinatos, delitos sexuales, corrupción o ataques a la integridad física, y el atentado a la autoridad se considera un delito contra el orden público.

 

[52] Procesiones para menores en la Educación Pública

Por David Bollero

Articulo publicado el 24 de marzo de 2018 en: 

http://blogs.publico.es/david-bollero/2018/03/24/procesiones-para-menores-en-la-educacion-publica/

 

Llega la Semana Santa y, con ella, las sobreactuaciones, los gestos de exaltación que se olvidan durante todo el año. Hace justo un año, ya me refería a esta cuestión cuando una de las 46 procesiones que se celebraron en 2017 en la Semana Santa malagueña obligó a desviar las urgencias de un hospital. Este año retomo el asunto, por parecerme una barbaridad que niñ@s de Educación Primaria de un colegio público organicen su propia procesión en horario escolar y salgan del recinto del centro a procesionar por las calles del municipio.

“¿Barbaridad ? ¿No estamos en democracia? Si hay quien sigue tradición de Semana Santa, se respeta, y el que no quiera, no la siga. Eso es libertad de expresión y clero. Esta es una de las respuestas que una vecina de Rincón de la Victoria, el pueblo malagueño en el que hay procesiones escolares, escribió a uno de mis comentarios.

El vídeo publicado por un medio de comunicación comarcal habla por sí solo. Desde mi punto de vista, es un auténtico despropósito que en un colegio público se organicen este tipo de actos, más aun considerando que España es un Estado aconfesional.

“¿Qué daño hace que unos niños saquen un trono?, ¿o es que también criticamos la ilusión de unos menores y de personas que no piensan como usted?, es otra de los reproches que se me hacen en redes sociales. Lo cierto es que ese día, son muchos los padres y madres que optan porque sus hij@s inicien las vacaciones de Semana Santa un día antes, porque no quieren procesionar.

Lo cierto es que si algo pone fácil Málaga es procesionar. Casi medio centenar de procesiones se celebraron el año pasado y, aunque cada año cuesta más encontrar a quien levante los tronos, en Rincón de la Victoria también hay dos cortejos. Quienes defienden las procesiones escolares lo hacen recurriendo, por ejemplo, a la “ilusión de unos menores”. Eso me lleva, inevitablemente, a la conversación que ya hace un año mantuve con el cura, precisamente, de este pueblo malagueño. Entonces, el sacerdote apuntaba que “sacar un trono en Semana Santa es un signo muy bonito, pero ahí hay más sentimiento que fe”. Queda todo dicho.

No son pocas las personas cristianas que hablan de persecución, de delitos contra el sentimiento religioso sin percartarse que en ocasiones, como sucede con las procesiones escolares, son ellas quienes cometen, cuando menos, una anomalía en un Estado aconfesional, más aún cuando tienen barra libre procesional con medio centenar de cortejos que colapsan la ciudad entera.

Con esta columna muchas personas volverán a sentirse ofendidas. Las mismas que defienden libertad de expresión para que alumnado de un centro público salga de éste en horario escolar a procesionar, mantillas incluidas. Pues bien, agradeciendo esa defensa de la libertad de expresión, reproduzco la plegaria de mi queridísima cofradía del Santísimo Coño Insumiso, que siguen imputadas tanto en Sevilla como en Málaga:

“Diosa te salve vagina, llena eres de gracia, el coño es contigo, bendita tú eres entre todas nuestras partes y bendito es el fruto de tu sexo, el clítoris. Santa vagina, madre de todos, ruega por nosotras liberadas, ahora y en la hora de nuestro orgasmo. Himen. Ni en el nombre del padre, ni del hijo, sino de nuestro santísimo coño”.

 

[53]¿Qué plan toca ahora?

Por Juan Carlos Escudier

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

http://blogs.publico.es/escudier/2018/03/23/que-plan-toca-ahora/

 

A nadie se le escapa ya que la instrucción del procés del magistrado Llarena es más política que jurídica y que la estrategia de buena parte del soberanismo es más simbólica que política. En este duelo de excesos se desarrolla la contienda, una estrambótica partida de ajedrez en la que los contendientes pretenden consumar el imposible de un mate simultáneo, un concepto que inventó Woody Allen en uno de sus cuentos y que terminó con sus protagonistas jugando al scrabble. Si no fuera porque hay personas en prisión pendientes del tablero, la situación sería más hilarante que dramática. Las disputas tan largas alejan mucho el final.

Según se viene observando, lo que debieran ser caminos paralelos son senderos serpenteantes trufados de encrucijadas. No hay movimientos autónomos sino interacciones, efectos de una causa, reacciones. Si Puigdemont se establece en Bélgica, se retira la extradición para no desnudar la endeblez de un delito, el de rebelión, que parece no tener homologación en buena parte de Europa. Si viaja a Dinamarca o a Suiza no se pide su detención, anticipando que ese es su deseo. Y si conviene exhibir las carencias democráticas del Estado se plantea la investidura de un prófugo primero y la de un preso no juzgado después para mostrar la supuesta represión a la que se somete al independentismo.

Así, se han sucedido los planes del soberanismo, que cualquiera podría imaginar esbozados previamente en una pizarra. Tocaba el C, encarnado en Jordi Turull, con el objetivo no de salir del laberinto sino de intrincarlo más aún. Pendiente de ser procesado, Turull era la baza que demostraría la persecución política, la imagen de un president de la Generalitat inhabilitado o preso, cuando no ambas cosas a la vez. Para evitarlo, el Supremo movió ficha y le citó este viernes, posiblemente con la intención de devolverle a la cárcel antes de que el Palau tuviera un nuevo y provisional inquilino.

El jaque determinó el enroque. Se precipitó un pleno de investidura para que el superviviente del pujolismo más rancio acudiera a la citación como president, una estratagema desbaratada por los cuatro representantes de la CUP, hartos del juego y del postureo, cuya posición abiertamente favorable a la construcción de una república puede no compartirse pero es prístina y honesta. Ni iban a consentir que el Estado condicionara la política a través de un juez campeador ni iban a hacer política a golpe de citaciones. Con la baraja rota, Turull subió ayer a la tribunal del Parlament como alma en pena, como el oficiante de su propio funeral.

Es verdad que la partida es desigual porque no es lo mismo arriesgarse al descrédito internacional que a la cárcel, y que una de las partes juega con cartas marcadas. Le basta con justificar un hipotético riesgo de reiteración delictiva para poblar las prisiones de independentistas, y de ahí las sucesivas renuncias al escaño o la fuga como la que ha protagonizado hoy mismo Marta Rovira, que dice emprender el camino del exilio para liberarse de su prisión interna. El miedo guarda la viña, es un compañero fiel e inseparable y hasta puede convertirse en un arma para la protesta.

Se abre un nuevo periodo en el que se sucederán movimientos tasados esta vez por el reloj, toda vez que el tiempo ya corre hacia unas nuevas elecciones si antes nadie encuentra una salida a este callejón oscuro y ciego. Posiblemente ya esté en marcha un plan D y otro E, que a buen seguro encontrarán respuesta en una Justicia que blande el Código Penal como lo haría un maestro de esgrima: unos días es florete, otros sable y los más una espada de Damocles preparada para caer sobre determinadas cabezas.

Toda guerra es esencialmente una derrota. Para unos será la de un independentismo que no ha sabido calibrar sus fuerzas y que se ha abrazado al victimismo y al martirologio; para otros la de un Estado que en su despliegue de artillería ha herido de muerte al propio corazón de la democracia. Hay que ser pesimistas por la misma razón que apuntaba Saramago: los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas porque los optimistas están encantados con lo que hay. Y algo hay que cambiar, eso es evidente.

[54] El juez sienta en el banquillo por rebelión a 13 líderes del procés, incluidos Puigdemont y Turull

Por Público/EFE

Articulo publicado el 23 de marzo de 2018 en: 

http://www.publico.es/politica/juez-procesa-cupula-del-proces-rebelion-incluidos-puigdemont-y-turull.html

 

En esa lista también están, entre otros, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Marta Rovira, que esta misma mañana ha anunciado que abandona España. Hay otras doce personas procesadas por otros delitos, principalmente por desobediencia

 

El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull (derecha), y el diputado de JxCat Josep Rull (izquierda) a su llegada al Tribunal Supremo. | ZIPI (EFE)

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha notificado este viernes a 13 líderes del procés en Catalunya que tendrán que sentarse en el banquillo acusados de un delito de rebelión, delito que comporta entre 15 y 30 años de prisión. 

El juez Llarena ha procesado en total a 25 personas, a nueve de ellos por los delitos de rebelión y malversación, otros cuatro más por rebelión, cinco por malversación y desobediencia, y siete únicamente por el delito de desobediencia.

Entre los acusados por rebelión están Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira, que esta misma mañana ha anunciado que abandona España.

Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa.

El juez Llarena también sienta en el banquillo por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presiente de la ANC, Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Puigdemont, Junqueras, Turull, y los seis exconsellers acusados de rebelión y malversación se pueden enfrentar a penas que oscilan entre los 17 y los 33 años de prisión. Según recoge el Código Penal, el delito de rebelión (artículo 472 y 473 del Código Penal) se considera un delito contra la Constitución y por tanto será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Los autos de procesamiento incluyen además otros delitos que afectan a otros doce inculpados. El juez procesa, además, a cinco ex miembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. En ese sentido, también resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers acusados de rebelión.

Así mismo el juez lleva a juicio por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP. El delito de desobediencia no acarrea penas de prisión.

En total son 25 personas las que se sentarán en el banquillo en una fecha aún por determinar. El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Govern procesados.

En el auto, el juez Llarena se expresa en términos muy duros. Acusa a los implicados de provocar un “estallido social”, de “fanatismo violento”, de utilizar “el poderío de la masa” y de “diseño criminal”.

En opinión del magistrado, el procés “fue un ataque al Estado Constitucional de una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”. El juez considera que el proces fue un concierto entre partidos y entidades soberanistas para ejecutar un plan predeterminado y declarar la independencia de Catalunya y sitúa su origen el origen el 19 de diciembre de 2012, en la firma del líder de CIU Artur Mas y Oriol Junqueras  del Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya que llevo a Mas a la presidencia de la Generalitat aquel año.

Llarena cree, además, que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn sabían “sobradamente” que en la jornada del referéndum del 1-O habría una “escalada de violencia”, ya que habían sido advertidos de ello por los Mossos en una reunión.

Tras la notificación del procesamiento, comenzarán los actos procesales previstos en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o lo que es lo mismo, las ‘vistillas’ en las que las partes expondrán sus peticiones al juez sobre la situación de Turull, Rovira, Forcadell, Rull, Romeva y Bassa.

De momento, la Fiscalía ha pedido prisión provisional para el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los exconsejeros Raül RomevaJosep Rull Dolors Bassa ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

A su llegada al Supremo, los investigados fueron recibidos con aplausos y vítorespor parte de diputados y otros compañeros de partido de los investigados, entre ellos el portavoz adjunto de JuntsxCat en el Parlament, Eduard Pujol, y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà.

Jordi Turull, que anoche no consiguió los votos suficientes en el Parlament para ser investido presidente de la Generalitat, y su antiguo compañero en el Govern Josep Rull llegaron diez minutos pasadas las diez de la mañana. Sin embargo, a la hora señalada por el juez Marta Rovira no se presentó.

 

[55] La justicia española arrasa con el procés y clava una advertencia: fuga o cárcel para los líderes del soberanismo

Por Pedro Águeda / Oriol Solé Altimira

Articulo publicado el 21 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/politica/justicia-espanola-advertencia-lideres-soberanismo_0_753125679.html

 

Once de los 14 miembros del Govern que organizó el 1-O ya están en la cárcel o huidos, acompañados de los líderes de una parte de la sociedad civil

Llarena se permite una alusión al 23-F al asegurar que han utilizado la violencia sin dañar a nadie, como en una “toma de rehenes con disparos al aire”

El juez se adentra en la “esfera psicológica interna” de los encarcelados para concluir que nada garantiza que “vayan a respetar” sus decisiones en el futuro

 

Once de los 14 miembros que tenía el Govern que organizó el referéndum soberanista del 1 de octubre están en prisión o han huido cuando aún restan meses para que se celebre el juicio. Con la decisión de encarcelar o poner en busca y captura a los últimos seis investigados, el Tribunal Supremo, la más alta instancia penal española, asesta el penúltimo golpe al primer desafío separatista en la historia de la democracia española que no lidera una banda armada.

La acusación más grave contra los encarcelados o huidos es la de rebelión, un delito que lleva aparejado una condena de hasta 30 años de cárcel. Los sospechosos de haberlo cometido no podrán aguardar el juicio en libertad. El viernes, los últimos cinco en ingresar en prisión se abrazaron a sus familias a las puertas del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal que los juzgará ha respaldado hasta ahora sin fisuras al magistrado instructor, Pablo Llarena. Si los condena por ese u otros delitos, ese abrazo será el último que han dado en libertad a sus familias en años. 

Al recuento de exconsellers encarcelados o huidos hay que sumar los líderes de las asociaciones civiles. Tampoco ha habido clemencia con ellos. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart cumplen cinco meses en prisión. Carme Forcadell, encarcelada por su actividad al frente de la ANC, primero, y como presidenta del Parlament, después, ha entrado en la cárcel esta tarde. Y luego están los políticos sin responsabilidad ejecutiva: la republicana Marta Rovira y la responsable de la CUP Anna Gabriel han huido a Suiza.

Entre Bruselas y Escocia se reparten los cuatro exconsellers que huyeron junto a Carles Puigdemont. La actuación de la justicia lo ha relegado a un puesto simbólico en lo político y de futuro incierto en lo judicial. Llarena reactivó las euroórdenes contra ellos a última hora de la tarde. Se reanuda un proceso jurídico con los países que los acogen que solo puede acabar de dos formas: cárcel o destierro permanente. 

El concepto de violencia del juez Llarena

El juez Llarena ha ido estrechando las posibilidades de escapar de la cárcel provisional -la que se sufre antes del juicio- hasta llegar a los autos de procesamiento y de prisión de este viernes. Para el instructor, todos estos líderes del procés jugaron con la violencia, o al menos, con la posibilidad de utilizarla. Pero no como cualquiera interpretaría un acto violento.

Lo que viene a decir Llarena es que la violencia era una posibilidad, utilizada a modo de coacción al Estado, contra el que se arrojaba a “las masas”. El juez ve “evidente” que los líderes independentistas “siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza”.

El juez sitúa el punto de inflexión en la protesta del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía. “En modo alguno puede entenderse que el cerco tuviera un contenido exclusivamente intimidatorio. Los hechos determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”, dice Llarena en una claro guiño al golpe de Estado del 23-F, la única condena por rebelión en la historia de España.

Llarena se explaya en su argumentación de que hubo la violencia que requiere el delito de rebelión. “Aunque no fuera el reflejo de una violencia que estuviera ideada desde el principio como un instrumento para la consecución de la independencia, desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso se representaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño en el grupo social”, añade.

“Ver crecer a mis hijos”

Los alegatos de los exconsellers en la vistilla no han servido para variar el criterio del juez. Ha habido posicionamientos políticos, de defensa del diálogo, sin renunciar al objetivo independentista pero siempre por cauces pacíficos. Los más contundentes, según fuentes jurídicas, los han pronunciado Rull, Turull y Romeva, que han afeado al magistrado la “criminalización” que, a su juicio, sufre el independentismo, cuyo mayor exponente ven en la causa de Llarena.

Pero también se han pronunciado alegatos personales. “Por dignidad”, dicen fuentes jurídicas presentes en el Supremo. El exconseller Rull, por ejemplo, ha dicho al juez que tenía “el poder de decidir si veía crecer” a sus dos hijos, Roger y Bernat, de 3 y 8 años. Horas después Llarena le ha enviado a la cárcel por rebelión.

Nada ha dado resultado. El motivo, en el auto de prisión que conocieron horas después, también huésped de expresiones de Llarena para la posteridad. “Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente”, escribe el magistrado

Llarena insiste en que la actitud de los encarcelados en los últimos tiempos no hacía sino preveer que iban a “retomar la actuación” por la que están siendo investigados. Y pese a tratarse de un auto sobre la situación personal de Turull y los demás dirigentes que han reingresado en prisión este viernes, Llarena considera que “es de imposible percepción la voluntad interna de los procesados” por lo que el juez recurre a “elementos externos” para pronosticar su actuación.

Entre los elementos externos que el juez expone para enviar a prisión a los exconsellers y a Forcadell destaca que su objetivo independentista es compartido “por un amplio colectivo que se solidariza con su causa”. Se refiere el juez a la red asociativa independentista, que cuenta con “estructuras organizadas, asesoramiento legal especializado, recursos económicos mediante las aportaciones de sus asociados [Òmnium y la ANC pagaron las anteriores fianzas mediante donaciones] y un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos”.

La comparación entre el procés y el 23-F no es el único capítulo del auto de procesamiento que deja para la polémica el magistrado instructor. Para procesar por rebelión y encarcelar, con la consecuencia inmediata de la inhabilitación, el juez necesitaba argumentar que hubo un “alzamiento”. Y es ahí donde identifica “un actuar violento” en la protesta del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía, que terminó disuelta por sus propios convocantes, Òmnium y la ANC. 

El “actuar violento” promovido por Òmnium y ANC continuó tras el 20-S. El día del referéndum “se decidió utilizar el poderío de la masa para hacer frente a la actuación policial orientada a imposibilitar el referéndum”. El objetivo no era otro que “el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse”. El juez dedica una línea entre las 69 páginas de su resolución a los ciudadanos heridos del 1-O, por cuatro páginas a los agentes lesionados.

Aparca Enfocats; irrumpe el Libro Blanco

En su auto, además, Llarena prescinde de lo que hasta ahora habían sido las bases de las acusaciones: el  power-point sin sello oficial ‘Enfocats’ incautado en casa del exnúmero 2 de Junqueras, Josep Maria Jové, y su célebre libreta ‘Moleskine’. Pasan a ser claves las responsabilidades de los dirigentes independentistas que, “conociendo el ineludible estallido social” previo al 1-O, “lo incorporaron a su actuación criminal”. Esta tesis, que afecta directamente al expresident Puigdemont, al exvicepresident Junqueras, al exconseller Forn y a los ‘Jordis’, está sustentada por las declaraciones testificales de mandos de los Mossos d’Esquadra y del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El juez pone especial énfasis en una reunión del 28 de septiembre entre Puigdemont, Junqueras, Forn y los mandos de la policía catalana, en la que estos advirtieron a los políticos del “grave riesgo de incidentes” que se preveían el día del referéndum. Para el juez, los tres políticos no sólo desoyeron el aviso policial, sino que impulsaron el diseño de un operativo “comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”. Lo hicieron, añade Llarena, concertados con Sànchez y Cuixart, que promovieron el “desborde por la fuerza de cualquier intención de contención” del 1-O por parte del Estado.

 

[56]El juez envía a prisión al candidato a president, Jordi Turull, y a Forcadell, Romeva, Bassa y Rull

Por Marcos Pinheiro / Pedro Águeda / Oriol Solé Altimira

Articulo publicado el 23 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Supremo-incondicional-Turull-procesados_0_753124999.html

 

Llarena atiende al petición de la Fiscalía y de la acusación popular, Vox, y dicta prisión provisional contra los cinco investigados

Argumenta la “gravedad” de los hechos y que sus “expresiones” en los últimos tiempos denotan que están “en previsión de retomarlas”

El instructor rechaza que puedan acudir a la sesión de investidura porque esa “facultad” que tienen no puede poner en riesgo otras “de mayor relevancia”

Interior enviará a los hombres a la cárcel de Estremera y las mujeres serán encarceladas en Alcalá Meco

 

El exconseller Jordi Turull, minutos antes de conocer que ingresa en prisión EFE / ALVARADO

 

El juez Pablo Llarena ha dictado esta tarde prisión provisional contra el candidato a president de la Generalitat, Jordi Turull, así como contra Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. El magistrado del 1-O atiende así la petición de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce el partido de ultraderecha Vox. 

Todos ellos están procesados por rebelión, según el auto que les ha notificado este viernes el juez Llarena. A cuatro de ellos -Rull, Turull, Bassa y Romeva, que formaban parte del Govern- les añade además el delito de malversación por haber desviado dinero público para la celebración del referéndum.

Los argumentos de Llarena para dictar prisión aparecen al final del auto de prisión. El juez argumenta la “gravedad” de las actuaciones que atribuye a los cinco procesados y “las expresiones generales del largo tiempo que ha precedido a la investidura” y que arrojan “la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco”.

Llarena justifica también justifica el envío a prisión de los cinco procesados en que  no ve signos de que vayan a despertar, ahora y en el futuro, sus decisiones judiciales. “Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente”, escribe el magistrado en el auto de prisión.

El instructor de la causa llega a esta conclusión por “su consideración general al papel de la justicia” y porque no aceptan “la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos”.

En cuanto a la posibilidad de que se les permitiera acudir mañana sábado a la sesión de investidura, el juez afirma en el auto: “Aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quién se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”.

A la vistilla no se ha presentado Marta Rovira, que ha anunciado por carta que huye de España: “ El exilio será un camino duro pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política”. El auto la acusa de rebelión por su “participación esencial” en los mecanismos diseñados para alcanzar la independencia de Catalunya.

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha argumentado que se ha visto “agravado” el riesgo de fuga por la huida de Rovira. Los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno también han argumentado que existe riesgo de reiteración delictiva, que no disminuye con la dimisión como diputados. Recuerdan que así lo ha puesto por escrito el Supremo en el auto por el que mantiene en prisión al exconseller de Interior Joaquin Forn.

Cabe recordar que Turull tiene previsto comparecer este sábado ante el Parlament para someterse a la segunda votación de su debate de investidura, y que Rull y Romeva mantienen el acta de diputado, a diferencia de Bassa y Forcadell, que junto a Rovira renunciaron este jueves.

Fuentes presentes en la declaración han indicado que la defensa de los exconsellers ha replicado a las acusaciones aduciendo la llamada al diálogo al Gobierno como línea de actuación política y su alejamiento de la vía unilateral, en línea de lo expresado por el exconseller Turull en su discurso de investidura de este jueves. Rull, además, ha reprochado al juez Llarena que tiene conocimiento de sus resoluciones a través de la prensa en vez de por su abogado.

Durante la vistilla, la Fiscalía del Supremo ha argumentado que debe “actuarse conjuntamente” contra todos los procesados, se hayan presentado a las citaciones o hayan huido. En su opinión, no hay razón alguna que justifique un trato diferencial en este momento del proceso, algo que no descartan en un futuro.

Llarena citó el pasado miércoles a todas las partes para entregarles este viernes el auto de procesamiento, donde se concretan las acusaciones contra los casi 30 investigados en esta causa. Ahora las defensas tienen tres días para recurrir ese escrito, que acerca el final de la causa.

La providencia que dictó Llarena convocaba a los letrados de todos los abogados, pero mencionaba expresamente a seis investigados: Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Marta Rovira, Josep Rull y Jordi Turull. Con los indicios presentes en la causa hasta ahora, Llarena ha preguntado a la Fiscalía y a la acusación popular -que ejerce Vox y que ha anunciado que pide prisión para todos-, si deben modificarse las medidas cautelares, esto es, si consideran que se dan los supuestos para que ingresen en prisión o, en su defecto, rebajarles o aumentarles la fianza e igual con las comparecencias en el juzgado.

Rovira ya ha anunciado que huye de España y que no se presentará a la citación. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el riesgo de fuga es motivo para dictar la prisión provisional y ésta, a su vez, se asocia a la posibilidad de ser condenado a muchos años de cárcel. Los abogados de la defensa temen que sus representados sean procesados por rebelión y, a partir de ahí, se desate la citada asociación de riesgos.

[57]El independentismo se moviliza en la calle tras la decisión de Llarena de enviar a prisión a Turull, Forcadell y los exconsellers

Por “Eldiario.es”

Articulo pubicado el 23 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/catalunya/Turull-Rull-Romeva-Bassa-Forcadell_0_753125818.html

 

Las asociaciones soberanistas y los CDR han convocado concentraciones de protesta delante de las Delegaciones del Gobierno, los ayuntamientos y en Plaza Catalunya

Los Mossos d’Esquadra han cargado contra manifestantes cerca de la Delegación del Gobierno en Barcelona y han provocado 24 heridos leves

Alrededor de 10.000 personas se han concentrado en Plaza Catalunya, según la Guardia Urbana

 

Agentes de los Mossos d´Esquadra impiden el paso de manifestantes en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Barcelona ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Las primeras movilizaciones para protestar por la decisión del Tribunal Supremo de encarcelar a los dirigentes independentistas Turull, Forcadell, Romeva, Bassa y Rull se han producido alrededor de las siete de la tarde, cuando decenas de personas han cortado el paseo de Gracia-Diagonal.

Los hechos han sucedido a una hora de que empezaran las concentraciones convocadas por las asociaciones soberanistas, Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana, en la Plaza Catalunya, que han arrancado a las 20.00 horas. Los manifestantes han lanzado gritos de “libertad presos políticos” e “independencia”.

En Barcelona, los Mossos d’Esquadra han impedido a los manifestantes, convocados en otra protesta paralela por los Comités de Defensa de la República (CDR), acceder a la Delegación del Gobierno, lo que ha provocado cargas, pitos y gritos contra las fuerzas de seguridad catalanas. “No us mereixeu la senyera que porteu” (no merecéis la senyera que lleváis)”, han gritado los manifestantes a los Mossos.

Las cargas han provocado 24 heridos leves, la mayoría de ellos por contusiones, que han sido atendidos por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

Herido tras las manifestaciones por los encarcelamientos. Foto: Neus Tomás
Foto: Neus Tomás

Entre las proclamas se han escuchado también gritos de “vaga general (huelga general)”, como forma de protesta por las decisiones que ha tomado este viernes el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Según la Guardia Urbana, alrededor de 10.000 personas convocadas por Òmnium y la ANC se han concentrado en Plaza Catalunya y alrededores, en Barcelona, colapsando el centro de la ciudad.

 

En Vic, lugar de nacimiento de Marta Rovira, que hoy ha decidido no presentarse ante el Tribunal Supremo y marcharse a Suiza para evitar una posible sentencia de prisión provisional, la protesta ha reunido también a miles de personas.

 

[58]La venganza del juez Llarena

Por Iñigo Sáenz de Ugarte   @guerraeterna

Articulo publicado el día 23 de marzo de 2018 en: 

https://www.eldiario.es/zonacritica/venganza-juez-Llarena_6_753184707.html

 

En sus autos judiciales, el juez del Tribunal Supremo distorsiona la realidad de lo ocurrido en Cataluña hasta extremos difíciles de creer

 

El juez Pablo Llarena

La vida política de Cataluña está en manos de un juez del Tribunal Supremo con tal capacidad de fabulación que es capaz de reescribir los acontecimientos que han tenido lugar en esa comunidad autónoma en el último año. La desconexión total con la realidad en boca de un político o periodista puede ser criticable, o debe serlo, pero en el caso de un juez es mucho más grave por afectar de forma inevitable a derechos fundamentales. 

Pablo Llarena ha decidido este viernes el ingreso en prisión incondicional de Jordi Turull, que es  candidato a la presidencia de la Generalitat, y de Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. Todos ellos tendrán que responder de su actuación política y de los delitos por los que se les acusa, pero tienen derecho a permanecer en libertad a la espera de juicio a menos que se den una serie de circunstancias muy concretas. 

Con Llarena, no es posible sostener que se esté aplicando el principio de presunción de inocencia de los acusados. Va más allá, les niega en la práctica el derecho de los políticos encarcelados a creer que son inocentes. Es más, lo considera poco menos que un agravante que impide su puesta en libertad tras su declaración.

“Y puesto que esos argumentos [con los que justificaban su desobediencia de las decisiones judiciales del año pasado] son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos”.

“En su esfera psicológica interna”, escribe Llarena en calidad de perito psicólogo, aunque antes había escrito que “lamentablemente es de imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados”. Unos párrafos después, lo imposible pasa a ser evidente. 

No aprecia que vayan a respetar las decisiones del instructor del caso, porque además no aceptan “la presunta ilegalidad” de sus actos. Si se consideraran culpables antes del juicio, se supone que la cosa sería diferente. 

“El acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie”, afirma en un castellano no muy claro. Es probable que quiera decir que ‘no habrá acatamiento del tribunal hasta que cambien su voluntad’.

Nos encontramos ante una situación similar a la que se produjo tras la decisión de la Audiencia Nacional sobre el encarcelamiento de Oriol Junqueras y varios exconsellers. El entonces fiscal general José Manuel Maza afirmó en una entrevista que la decisión jurídica sobre la situación personal de los imputados  podría haber sido diferente si hubieran acatado la Constitución en su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Si los acusados hubieran manifestado una determinada opinión política, la decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra. “A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”, explicó.

Quedó claro entonces como ahora que la Justicia no está sólo valorando hechos, sino también ideas políticas. No son sólo los actos que realizaste en calidad de alto cargo de una Administración los que pueden negarte la libertad condicional, al considerarse la gravedad del delito, sino también tus opiniones. 

Pœnitentiam agite: appropinquavit enim regnum cælorum (Arrepentíos. El Reino del Cielo está cerca).

En el otro auto en el que procesa a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los demás líderes independentistas, Llarena pone a prueba su imaginación y da a entender que los acusados estuvieron a punto de conseguir sus objetivos, una opinión personal que no creo que comparta mucha gente informada o en su sano juicio. Todo con la intención de justificar la imputación del delito de rebelión, que exige una intención, planificación y ejecución de actos violentos que nadie ha visto y que aparentemente podrían haber concedido la victoria a los acusados. 

Explica que la actuación violenta requiere tres elementos, y que uno de ellos debe ser de entidad suficiente para que pueda “doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige”. La idea de que el Estado podía doblegarse sólo por la manifestación ante la Conselleria de Economía, por las declaraciones de los políticos independentistas o por la celebración de la consulta del 1 de octubre es tan absurda que casi no es necesario ni refutarla.

Los acontecimientos posteriores al 1-O lo dejan claro, y también lo ocurrido tras las elecciones. El Estado nunca estuvo indefenso ante el reto independentista. La actuación de los tribunales y la decisión del Gobierno de aplicar el 155 desmienten con claridad esa supuesta capacidad de los acusados de someter a las instituciones a su voluntad con ayuda de la violencia. 

Pero si Llarena se refiere estrictamente a la concentración ante la Conselleria cuando agentes de la Guardia Civil estaban realizando un registro en su interior, la cosa es aún peor. Sostiene que esa noche hubo “una real restricción de la capacidad de actuación” del Estado a causa de la presencia en la calle de miles de personas. 

El hecho evidente es que los agentes realizaron en el interior del edificio las funciones que tenían encomendadas durante el tiempo que necesitaron. La concentración sí impidió su salida normal, que tuvo que aplazarse varias horas, sin que nunca quedara claro por qué algunos agentes sí pudieron salir unas cuantas horas antes que los otros.

La responsabilidad de los mandos de los Mossos por no haber despejado la calle antes (después sí hubo cargas de los antidisturbios de los Mossos) será la que dicten los tribunales si ese es el caso. Afirmar que el presunto carácter violento del desafío independentista empieza y acaba en lo ocurrido esa noche a la hora de justificar un ingreso en prisión es algo que se puede hacer en un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación, pero no en un auto judicial que limita derechos fundamentales. Al autor de ese artículo se le puede llamar manipulador, pero está en su derecho de manifestar esa opinión. Un juez del Tribunal Supremo no es un editorialista ni un tertuliano.

Pero parece que Llarena no resiste lo que podríamos llamar la tentación del tertuliano cabreado y se lanza a un símil, esa figura retórica tan maltratada en los programas de televisión. Compara la actuación violenta ante la Conselleria con “un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”, que podría ser  una comparación estrambótica con los guardias civiles de Tejero entrando a tiros en el Congreso en el golpe del 23F. 

Di lo que quieras de los tertulianos más airados pero al menos no meten a la gente en prisión con sus elucubraciones. No se puede decir lo mismo de Llarena. 

Para hacer ostentación del peligro que suponía el enemigo, Llarena se convierte en propagandista involuntario de la fortaleza política de los indepes (recordemos que intenta argumentar que estuvieron a punto de conseguir su objetivo de la independencia) hasta el punto de referirse a “un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz”.

Muy eficaz. Cualquiera que haya visto el ridículo internacional sufrido por los independentistas (Puigdemont llegó a afirmar en pleno delirio en un mitin que el Departamento de Estado y Jean-Claude Juncker prácticamente habían reconocido la voluntad de los catalanes de formar un Estado propio). El reconocimiento internacional que estaba casi hecho no apareció por ninguna parte, como era previsible, excepto el apoyo recibido de los partidos ultranacionalistas flamencos. 

El “armazón internacional” sólo existe ahora en la cabeza de Llarena, y quizá antes en las de Romeva y Puigdemont.

Más allá de la responsabilidad jurídica de cada uno de los encausados, estamos ante un problema político gravísimo que no tendrá solución si no se reconstruye la convivencia política y social en Cataluña. Tampoco será posible si los políticos independentistas asumen su parte de responsabilidad en el fracaso de su estrategia.

A lo más que han llegado algunos es a afirmar que no contaban con que el Estado reaccionara con tanta agresividad contra Cataluña, lo que es un argumento tan penoso como falso, porque esa era una de las razones con las que justificaban su campaña independentista. 

Vendieron a sus votantes que eso estaba hecho y que sólo tenían que depositar un voto en una urna. La confusión del campo independentista después del 1-O y la inmensa decepción de sus bases por una secesión que sólo duró ocho segundos han sido la principal consecuencia de una estrategia política que sólo podía conducir a la derrota. 

Pero ahí ha aparecido en su rescate el juez Llarena, que se presenta como el cirujano de hierro y salvador de la patria que acabará con la enfermedad y que lo único que conseguirá es perpetuar este cisma durante una generación. No se puede gobernar un país desde un despacho del Tribunal Supremo y menos con la visión deformada de la realidad de la que hace gala este magistrado.

[59]Las cartas del magistrado Llarena

Por Fernando López Agudín

Articulo publicado el dia 24 de marzo en: 

http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/03/24/las-cartas-del-magistrado-llarena/

 

Aquel, ¡A por ellos!, que surgió como un grito cuando el asesinato de Miguel Angel Blanco, vuelve ahora mismo a resonar en los largos pasillos del Tribunal Supremo, tras la decisión del magistrado Pablo Llarena de ingresar en prisión a otros cinco dirigentes soberanistas catalanes. Entre todos ellos, a quien no ha conseguido ser investido presidente de la Generalitat, precisamente por las razones contrarias a las que se basa el auto de encarcelamiento provisional de Jordi Turull y los restantes cuatro líderes independentistas. Así, quien este sábado ya no podrá intentar someterse a una segunda votación de investidura recibe el doble fuego cruzado, enemigo del Estado y amigo de la CUP, por no ir demasiado lejos o ni siquiera ir.

Llama la atención que el señor Turull, ajeno a la violencia, reciba hoy el mismo trato jurídico que recibieron antes de ayer los terroristas abertzales. Son, por supuesto, igualmente independentistas y, por lo tanto, firmes defensores de la creación de un estado propio en Cataluña, e incumplen la legalidad vigente. Son, asimismo, rebeldes que cuestionan la única soberanía, la del pueblo español, reconocida por la Constitución. Pero su legitimidad no nace de la boca de una metralleta, según la expresión de Mao Tse Tung, sino del voto popular de la mitad de los catalanes. Algo más que un matiz, siempre que se hable desde un sistema democrático, a la hora de valorar conductas delictivas.

Es una pésima noticia para nuestra escasa salud democrática. Con inquietud contenida clamaba Felipe González, “ojalá no ingresen en prisión“, horas antes de que los cinco dirigentes soberanistas subieran a los furgones que los conducirían a las prisiones del Estado. Pese a que era una crónica anunciada, desde que el magistrado Llarena los citara para ayer viernes, ningún otro político compartió o, mejor dicho, se atrevió a compartir esta digna preocupación del ex-presidente del Gobierno de España.  Más atentos a las encuestas que a la involución democrática en curso, se encuentran con otros nueve políticos presos además de otra política fugada con una orden de caza y captura del juez Llarena.

Estas implacables lettres de cachet-cartas de prisión que firmaba sumariamente Luis XIV- se inscriben en la pugna de Rivera con Rajoy. Sondeos tras sondeos, mientras unos líderes hacen mutis por el foro para no seguir bajando en intención de voto, otros no paran de alardear para lo contrario, no permiten al Partido Popular, en caso de estimarlo útil, quitar el pié del acelerador catalán.Todo lo contrario. La más mínima vacilación se pagaría hoy en no pocos votos contantes y sonantes, justo cuando hoy no sobran y son menguantes. Solo así cabe intentar explicarse que cuando el horno soberanista perdía fuelle, llega el magistrado Pablo Llarena y aviva el decreciente fuego a punto de ahogarse. Nada puede hoy ayudar más y mejor a los soberanistas, agotados en sus duras luchas intestinas, que estos otros cinco nuevos prisioneros a  sumar a los cuatro ya encarcelados.

Pese a que Rajoy sabe bien que esta cuerda de presos se lleva por delante el apoyo del PNV a los Presupuestos, dado el interés del Euskadi Buru Batzar, no ha dudado ni un segundo en anudarla. Mantener el 155, inherente a la decisión del magistrado Llarena, es borrar todo lo pactado con un Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, significa no poder aprobar las cuentas del Estado. Hace tan sólo unos pocos días, en el mismo parlamento de Vitoria se aprobaba una resolución votada por el PNV, Podemos Elkarrin y la izquierda abertzale, en la que se pedía la derogación del  artículo 155. Para Rajoy, más vale pájaro en mano, la Moncloa, que ciento volando, los Presupuestos.

Al contrario de la aritmética, en política el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo PP/ Cs que Cs/ PP. No es lo mismo un gobierno de Rajoy apoyado por Rivera, que uno de Rivera apoyado por Rajoy. Es la misma política, idéntico programa y los mismos fines en una más que probable gran coalición tras el seguro sorpasso de Ciudadanos al PSOE; pero el Partido Popular no está dispuesto a sufrir también el sorpasso de Ciudadanos. Pieza clave, en esa enrevesada partida de ajedrez entre las dos derechas, es Cataluña, sobre la que el partido naranja ha logrado despegar. Pero hoy Albert Rivera sólo puede predicar represión, siendo Mariano Rajoy el único que puede reprimir. Esa facultad  cotiza hoy como una acción de oro en la bolsa electoral nacionalista española.

[60] Hay que quitarse de encima este poder judicial

Por Marià de Delàs

Articulo publicado el día 24 de marzo de 2018 en: 

http://blogs.publico.es/notas-sobre-lo-que-pasa/2018/03/23/hay-que-quitarse-de-encima-este-poder-judicial/

 

Hay individuos y también colectivos que no saben disimular su tendencia a apoyar a los privilegiados, a los poderosos o a todo aquel que tenga pinta de ‘jefe’. No lo hacen por obligación. Se trata normalmente de personas educadas en el servilismo, a menudo humilladas, a veces corruptas, pero esto no las hace necesariamente crueles y desprovistas totalmente de buenos sentimientos. Sus codazos, sus acciones insolidarias, y también sus omisiones, para obtener algún beneficio o promoción, a menudo resultan asquerosas, pero hasta cierto punto, a veces, resultan relativamente comprensibles.

Cuesta más entender la satisfacción que expresan otros conciudadanos ante el sufrimiento de los diferentes, los insumisos, discrepantes, extranjeros, rebeldes…. Hay quien no se conforma con “hacer la pelota al encargado” y quiere ver castigado a quien no se resigna a ceder ante el más fuerte.

Entre estos, desde hace un tiempo, en Catalunya, llaman particularmente la atención las palabras de personas que quieren ver a otras privadas de libertad, por el hecho de haberse significado en defensa de derechos políticos elementales. Convendría entender el motivo real de ese deseo. Son los que han aplaudido el largo encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los que no esconden su satisfacción por la privación de libertad de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull.

A determinados dirigentes ya les va bien la idea de intervenir en la vida política con adversarios apaleados, atemorizados, encarcelados, encausados o bajo la amenaza de serlo. No representan ninguna novedad. Los libros de historia están llenos de personajes que se mostraron dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir poder económico o administrativo, conservarlo y hacerlo crecer. Individuos que explotaron y explotan la extensión del miedo entre la población para conseguir negocios, fidelidades, adhesiones, envilecimientos, docilidades…

Es triste pero se entiende. Inquieta bastante más, sin embargo, el apoyo social que obtienen algunos personajes cuando reclaman medidas de castigo severo contra sus adversarios, por haber participado en una manifestación, una asociación, por haber organizado un referéndum, haber encargado o distribuido propaganda, protestado por la detención de cargos políticos por su actividad estrictamente política, defendido el derecho a voto o haber aprobado por mayoría parlamentaria leyes relacionadas con la soberanía nacional. Tendría que angustiar a cualquier demócrata o, incluso, a cualquier persona razonable.

Las palabras y actuaciones de dirigentes de los partidos que apoyan en el gobierno de Mariano Rajoy resultan sospechosamente coherentes con la conducta de altos estamentos de la Fiscalía y con las decisiones de la cúpula del poder judicial. Demasiado a menudo parecen coordinadas. Gobernantes que supeditan la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas a las decisiones de jueces y magistrados de dudosas convicciones democráticas. Y lo hacen sin complejos, abiertamente, sin vergüenza, impunemente. Fiscales y jueces que, cómo ha denunciado no hace mucho el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se creen con la facultad de decir a los representantes de la voluntad popular a quien pueden elegir y a quien no, qué pueden hacer o dejar de hacer en su actividad parlamentaria.

Todo esto resulta muy preocupante. Mucho. Porque pone en cuestión la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, minimiza el valor del sufragio universal y hace tambalear las bases de la democracia.

Pero desconcierta más todavía ver gente tradicionalmente considerada como progresista que se refiere a los dirigentes que se encuentran en prisión o exiliados en términos similares a los que utilizan los partidos que apoyan al gobierno de Mariano Rajoy. “Ya sabían que esto podía pasar”, “no respetaron la legalidad”, “han dividido a la sociedad catalana”, “han huido de la justicia”, “decidieron voluntariamente irse al extranjero”, “quieren aparecer como víctimas”, afirman.

Hay que buscar explicaciones al hecho de que fuerzas democráticas, más o menos comprometidas tradicionalmente con la justicia social, hagan hincapié en la falta de flexibilidad de las víctimas de la represión y acepten de forma sumisa, como un dato invariable, inamovible, como si se tratara de una fuerza de la naturaleza, la voluntad del gobierno del PP y de la cúpula judicial de intervenir las instituciones catalanas, encarcelar dirigentes políticos y sociales y de cargar contra el soberanismo sin miramientos.

Reproches, más que manifestaciones de disconformidad, contra los independentistas, y pasividad ante las resoluciones de un poder judicial que califica de violenta la acción pacifica de activistas de indudable trayectoria pacifista y que con esta conducta han acompañado la movilización permanente, pacífica y solidaria de millones de personas.

Gente que siempre se ha proclamado de izquierdas, defensora de los derechos humanos, que ahora regatea el reconocimiento como presos políticos de personas privadas de libertad desde hace meses por su ideología, que han podido escuchar como todo el mundo lo que dice la Fiscalía y lo que reconoce reiteradamente el propio juez instructor sobre los motivos reales de las órdenes de prisión preventiva.

Demócratas, que se resisten a considerar como exiliados a Puigdemont, Serret, Ponsatí, Comín, Puig, Gabriel y Rovira, y afirman que son “fugitivos”, por el hecho de no querer sufrir el mismo castigo que Junqueras, Forn, los Jordis y los cinco que han vuelto a ser encarcelados este viernes…, “fugitivos” de una “justicia” que no entienden los tribunales de otros países de nuestro entorno, y que han buscado refugio fuera del Estado español por considerar más útil la defensa de la democracia desde Bruselas u otras ciudades de Europa que desde Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco.

Cuesta entender todo eso y conviene reflexionar, porque más allá de la maldad, que es una forma estúpida de comportamiento que caracteriza a algunos burócratas y que no conduce a la resolución de ningún conflicto, hay sensibilidades diferentes que en buena lógica tendrían que sentir que pertenecen al mismo bando.

Las víctimas de la represión que hoy practica el Estado contra el soberanismo catalán no son delincuentes comunes. Se encuentran en prisión o fuera del Estado español debido a su actividad política. Quién niega la evidencia o se instala en la neutralidad, en la equidistancia respecto a esta realidad complica la convivencia.

Hace falta que gente intelectualmente honesta, que en algún momento se ha proclamado como defensora incondicional de las libertades, se esfuerce al buscar explicaciones a los comportamientos brutales, al lenguaje gratuitamente hostil contra gente pacífica, al fomento de la represión que abre heridas que necesariamente dejan cicatrices, imborrables y que sólo se pueden curar con un tratamiento: democracia.

Todo hace pensar que pintan bastos, que se acercan tiempos de más represión. Todavía más represión.

El soberanismo popular sorprendió a sus propios dirigentes el día 1 de octubre. Una parte muy importante de la población catalana dio un ejemplo extraordinario de civilidad y eso sacó de casillas a los gobernantes que habían pensado, por decirlo de manera indulgente, que la convocatoria a las urnas se podía hacer fracasar a base de detenciones, registros, requisas, amenazas, pelotas de goma y golpes de porra a discreción.

Prometieron que el referéndum no existiría, pero existió, con menos participación de la deseada por los participantes, pero mucho más alta de la prevista, teniendo en cuenta la intimidación de las “autoridades” de Madrid, y equiparable a la registrada en otras convocatorias a las urnas no desautorizadas por el EStado.

Y como que no pudieron impedirlo, y como que el Parlament de entonces no pudo ignorar el resultado, el ejecutivo del PP aplicó mucha más mano dura. Disolvió el Parlamento destituyó el gobierno de la Generalitat, cesó a 260 cargos de la Administración catalana. Entendió que el artículo 155 de la Constitución le autorizaba a ignorar totalmente la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana y en ello sigue.

Su objetivo no es el pacto, ni ninguna solución dialogada. Lo que exige es la capitulación de un amplio sector de la sociedad catalana y cree que lo conseguirá con una escalada de medidas coercitivas.

“La situación en Catalunya es de completa normalidad”, dice y repite el ministro portavoz, con aquel aire de personaje de “buena familia” franquista que siempre habla de “la Generalidad”. A estas alturas ya saben que el soberanismo tiene raíces profundas y por eso pretenden normalizar la situación actual, normalizar la represión contra una sociedad que persiste en el deseo de votar “incorrectamente”.

El tiempo que se avecina es de más 155, más detenciones, más “investigaciones”, juicios, sanciones económicas, encarcelamientos, y esto pondrá a prueba la capacidad de entendimiento entre gente normal, dispuesta a defender su derecho a convivir en libertad y democracia.

Hará falta que las personas republicanas, independentistas o no, reflexionen sobre el apoyo social que se necesita para hacer efectivo en algún momento un régimen político republicano y que tomen conciencia tanto de las fortalezas como de sus debilidades, para ver si la República es realmente un objetivo o sólo una palabra representativa de un tiempo político del pasado y de unos “valores” imprecisos. Tendrán que identificar claramente quiénes son y dónde se encuentran sus aliados, y también sus enemigos, los responsables del deterioro de la democracia, los interesados al mantener la inseguridad, la precariedad, la pobreza… Y explicarlo.

Tendrán que revisar esquemas del pasado y distinguir entre quién defiende hoy en día privilegios de clase, de género y de poder administrativo y quien apoya a discriminadas y discriminados.

Y necesitarán mecanismos de solidaridad, de la sociedad civil, también económicos, porque a estas alturas ya son muchos lo que han tomado conciencia de la existencia de un conflicto de larga duración, en el cual el Estado, lejos de prestar protección, ha dejado y dejará damnificados.

El gobierno del PP no esconde sus cartas, herederas de una lógica militar. En vez de diálogo utiliza la fuerza. Y si el enemigo se retira, le persigue.

Lo que tiene delante, por el momento, es una movilización independentista excepcional, pacífica, atípica, no comparable a ninguna otra de las que se han visto en Europa occidental. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió indica que los catalanes partidarios de la independencia habrían perdido apoyo en los últimos meses, del 48,7 al 40,8%; pero hay que recordar que, según el mismo estudio, si hubiera elecciones, los partidos independentistas podrían obtener en el Parlamento una mayoría algo más sólida que la actual.

Siempre queda la incógnita sobre si el tejido asociativo soberanista conserva su capacidad de convocatoria en la calle. Depende de la coyuntura, está claro, y de su propia organización, y de la conducta de sus dirigentes, pero no parece debilidatado. En las movilizaciones de este viernes no ha dado muestras de flaqueza.

Conviene, en cualquier caso, que demócratas de todas partes el Estado se pregunten por el escenario de un eventual repliegue del independentismo al autonomismo, del que provienen muchos de sus actuales representantes. Que se pregunten sobre quién sería el beneficiario de una eventual pérdida de impulso del movimiento soberanista catalán. Hace cuatro años, el actual teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, el constitucionalista Gerardo Pisarello, ya señalaba en Madrid que una derrota del proceso en Catalunya significaría una derrota para movimientos de todo el Estado. Hoy parece más evidente que entonces.

Si el soberanismo cede, ¿quién lo celebraría? ¿Quién sacaría provecho? ¿Habría menos represión si sus dirigentes renunciaran a lo que se aprobó el 1 de octubre? ¿El PP, C’s y el PSOE harían algún gesto de reconocimiento de la realidad nacional catalana?

El gobierno de España utilizará todos los recursos que tiene para impedir que el Parlamento trabaje como cámara con capacidad de legislar. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Rivera, Arrimadas, Sànchez, Robles, Ábalos han negado de todas las maneras posibles la consideración de Catalunya como un sujeto político soberano, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Es por este motivo que ninguno de ellos ha pronunciado nunca en relación a Catalunya una frase tan sencilla como esta: “sentémonos a hablar”.

La intervención del Estado sobre la Administración catalana se convertirá en algo permanente. Lo dice y reitera el ministro portavoz. Lo confirma el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, hombre clave en la aplicación del artículo 155. Mientras no haya un gobierno catalán que se conforme con el actual orden constitucional y estatutario, el gobierno español seguirá en Catalunya, dice.

¿Qué se puede hacer con un Estado que considera delictiva una aspiración política como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, que en tiempos de la transición reivindicaban todos los demócratas?

Un gobierno de la “Generalitat” adaptado a las actuales exigencias del aparato de Estado podrá utilizar, de la mejor manera posible los espacios institucionales propios de una comunidad autónoma, pero si la nueva izquierda y la tradicional no hacen frente al autoritarismo y al régimen monárquico, sin ambigüedades, si no se dispone a tejer alianzas con todos los soberanistas y republicanos para sacarse de encima un poder judicial estrechamente vinculado al poder político, los márgenes de actuación desde la Generalitat, y seguramente desde cualquier administración autonómica, se irán haciendo cada vez más estrechos.

Un “autogobierno” marcado por la doctrina del miedo, lejos de hacer respetar los derechos democráticos de la ciudadanía, dejaría pista libre para todo tipo de oportunistas, que entienden la política como un juego de maniobras, de golpes bajos, amenazas, inconfesables alianzas y traiciones, para conseguir adhesiones, fidelidades, negocios y espacios miserables de poder. Hay que hacer todo el posible para tener una administración cercana y totalmente alejada de los gustos de los que este viernes han celebrado o intentado ridiculizar el exilio de Marta Rovira y el encarcelamiento de Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.

[61]El líder del SAT provoca una queja del Gobierno a la ONU

Por N. Acedo

Articulo publicado el día 23 de marzo de 2018 en:

https://www.larazon.es/local/andalucia/el-lider-del-sat-provoca-una-queja-del-gobierno-a-la-onu-PJ17964821

 

El secretario general del SAT, Óscar Reina, en la imagen cuando se fue de la ONU, finalmente no pudo verse con Anna Gabriel por “incompatibilidad de agendas

El objetivo era trasladar a Naciones Unidas (ONU) la situación que atraviesan los «derechos humanos y laborales» en el Estado español. Una radiografía con parada en Andalucía. Pero las esquirlas de la queja se han volteado en su contra. El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, acudió en Ginebra (Suiza) a una sesión de evaluación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la mencionada organización y acabó marchándose para asombro de los presentes.

La secuencia se produjo en el turno de palabra de los representantes de la delegación del Ejecutivo español, durante el cual el resto de asistentes sólo podían escuchar sin intervenir. Reina se levantó del asiento que ocupaba y manifestando su «respeto» para los relatores, acusó al Gobierno central ante los expertos de «mentir» y sostuvo que no aguantaba más a las órdenes de «ladrones» y de «corruptos» ni de sus «cómplices», según confirmó ayer el propio líder del SAT a LA RAZÓN.

El episodio ha provocado que el Ejecutivo haya presentado ante la ONU «una queja diplomática formal», según se le ha comunicado a la Red Nacional de Derechos Humanos, la organización no gubernamental que invitó a Reina a presentar un informe en el comité. De hecho, él sí pudo exponer datos sobre el desempleo, la precariedad laboral o la sanidad y realizar afirmaciones como que «el Gobierno de Rajoy y el sistema judicial emplean la persecución y la represión de los activistas de los derechos». Es más, acabó pidiéndole protección a la ONU, ya que su participación en la reunión representaba un «riesgo» para su «integridad física» en el retorno a España, donde ya se encuentra. E insistió. Trasladó a este periódico que «temió por su seguridad» tanto a la ida como a la vuelta a Suiza y al ser preguntado por el motivo de su miedo, recordó que se ya hace «seis años» que se declaró «insumiso judicial» y se encuentra en «busca y captura».

Al margen de su cita con el comité, el sindicalista pretendía aprovechar su estancia en Suiza para «verse» con la dirigente de la CUP y ex diputada catalana Anna Gabriel, aunque también en ese caso, los planes se vieron alterados. Ambos mantuvieron «un par» de conversaciones telefónicas, pero la «incompatibilidad de agendas» frustró un encuentro que se ha pospuesto a «finales de abril o principios de mayo».

DETENIDO TRAS CRUZAR LA FRONTERA

[62] Alemania traslada a Puigdemont a la prisión de Neumuenster, según medios alemanes

Por MARÍA-PAZ LÓPEZ | CORRESPONSAL BERLÍN 

Articulo publiucado el 25 de marzo de 2018 en: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180325/441937898619/puigdemont-prision-alemania.html

 

El presidente catalán cesado se encuentra bajo custodia policial tras haber sido detenido cerca de Hamburgo poco después de cruzar la frontera procedente de Dinamarca

Carles Puigdemont detenido en Alemania, las últimas noticias en directo

 

La furgoneta de Puigdemont entra a la prisión de Neumuenster (Carsten Rehder / AFP)

La policía alemana ha detenido este domingo por la mañana al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando acababa de entrar en Alemania en coche tras cruzar la frontera desde Dinamarca. Según ha informado la fiscalía alemana, se encontraba en un área de servicio e iba acompañado de dos personas, que han quedado en libertad.

Puigdemont, que el viernes se hallaba en Finlandia participando en una conferencia, intentaba alcanzar Bélgica por carretera en un vehículo con matrícula belga.

La policía le detuvo a las 11.19 horas en un punto de la autopista A7 cerca de la localidad de Schuby, en el land de Schleswig-Holstein, fronterizo con Dinamarca. Tras pasar unas horas en comisaría, Puigdemont habría sido transferido a la prisión de Neumünster, según ha informado la agencia alemana Dpa.

 

 

Según la edición digital del semanario Focus, la policía alemana actuó alertada por los servicios de inteligencia españoles, que tenían localizado a Puigdemont desde que salió de Finlandia el viernes por la noche.

La detención se ha producido en virtud de la euroorden de detención y entrega emitida el viernes por el juez Pablo Llarena, tras procesar a Puigdemont por un presunto delito de rebelión.

Ralph Döpper, vicefiscal general de Schleswig-Holstein, ha confirmado que “el señor Puigdemont está en custodia policial”. El expresidente de la Generalitat comparecerá este lunes ante un juez, que verificará su identidad y decidirá si le deja en libertad provisional o bien eleva la decisión a un tribunal superior que podría ponerle en prisión provisional para la extradición. En ese caso empezaría el proceso para su eventual entrega a España, con plazos de entre 10 y 60 días.

En el momento de ser interceptado, Puigdemont había recorrido unos 1.300 kilómetros desde Finlandia y le quedaban en torno a 700 para llegar a Bélgica. Su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, ha señalado que “el trato ha sido correcto en todo momento” y que “su defensa jurídica ya está activada”.

La Fiscalía española está ya realizando “intensas gestiones” con el Ministerio Fiscal de Alemania y con Eurojust, organismo de coordinación entre países miembros de la UE para control de la delincuencia transfronteriza.

 

 

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