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HOJA DEL LUNES: España: donde los Catedráticos de Derecho Constitucional acusan de Prevaricación a los jueces del Tribunal Supremo

[1] Por qué prevaricación

Por Javier Pérez Royo

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 
El juez instructor ha tomado la decisión de impedir que el candidato Jordi Sánchez acuda a la sesión de investidura porque “le ha salido del alma”, pero por ningún motivo jurídicamente pertinente
Jordi Sànchez en una imagen de archivo EFE

El 28 de febrero publiqué un artículo con el título “Prevaricación contra la democracia”, en el que avisaba de que una decisión del juez Pablo Llanera que impidiera que el candidato propuesto por el President del Parlament acudiera a la sesión de investidura sería una decisión prevaricadora. La prevaricación se consumaría el pasado viernes con el auto dictado por el juez que el lector sin duda conoce.

Dado que la acusación que formulo es grave, voy a intentar explicar por qué lo hago. Por respeto al Poder Judicial y también a los lectores.

El delito de prevaricación consiste en una quiebra del principio de legitimación democrática del poder. En el interior del Estado Constitucional no cabe excepción alguna al principio de legitimación democrática. Cualquier excepción es contravención del principio. Cualquiera.

En el caso de los poderes de naturaleza política, legislativo y ejecutivo, la legitimación democrática es visible. Los ciudadanos elegimos al Parlamento y a continuación el Parlamento elige al presidente del Gobierno.

En el caso del poder de naturaleza jurídica, del poder judicial, la legitimación democrática no es visible. De ahí que el juez tenga que hacerla visible cada vez que actúa. Por eso las sentencias, las resoluciones judiciales, “serán siempre motivadas”, dice el artículo 120.3 CE. La motivación de las decisiones judiciales es, ante todo, una exigencia del principio de legitimación democrática. También cumple la función de que no se produzca indefensión para el justiciable. Pero la visibilidad de la legitimación democrática es lo primero. Es la forma en que el juez tiene que acreditar que actúa como un “poder del Estado”.

En cada paso que da el juez tiene que acreditar que es la “voluntad general” y no su “voluntad particular” la que se hace valer en su decisión. Y tiene que hacerlo mediante la interpretación de la norma jurídica que es de aplicación al asunto sobre el que tiene que decidir. Y hacerlo además haciendo uso de las reglas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del derecho.

En el auto del pasado viernes no hay absolutamente nada de esto en la parte del mismo relativa a su decisión de impedir que el candidato propuesto por el President del Parlament pueda acudir a la sesión de investidura. No estoy de acuerdo con la parte primera del auto relativa a la prolongación de la prisión provisional, pero en dicha parte hay argumentación jurídica pertinente. En la segunda parte del auto, no hay argumentación jurídica. Hay una apariencia de argumentación, que no es lo mismo.

La investidura del President, como la de cualquiera de los demás Presidentes de Comunidad Autónoma, forma parte del llamado “bloque de la constitucionalidad”, es decir, de la combinación de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No hay ninguna otra norma del ordenamiento jurídico que pueda penetrar en ese terreno, en el que existe lo que se podría denominar una “reserva de constitucionalidad”. Únicamente las normas constitutivas del “bloque de la constitucionalidad” pueden regularla.

En consecuencia, cualquier decisión que se adopte acerca del proceso de investidura tiene que hacerse con base en esas normas y nada más que en esas normas. No hay ninguna otra norma que sea pertinente para que el juez pueda hacer descansar en ella su argumentación. 

Y lo que dice el “bloque de la constitucionalidad” es meridianamente claro. El artículo 152 de la Constitución impone que el presidente de la Comunidad Autónoma tenga que ser diputado. El presidente del Gobierno de la Nación puede no serlo, pero el presidente de la Comunidad sí tiene que serlo.

El estatuto de Autonomía exige que sea propuesto por el President, tras las consultas con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y, tras el debate de investidura, es necesaria la mayoría absoluta en primera votación y la mayoría simple cuarenta y ocho horas más tarde.

Obviamente, aunque el “bloque de la constitucionalidad” no dice nada al respecto, se entiende que el candidato propuesto tiene que estar en posesión del derecho de sufragio, es decir, que no se ha visto privado del mismo mediante sentencia judicial firme.

Esto es todo lo que dice el “bloque de la constitucionalidad” y esto es lo único que puede tomar en consideración el juez a la hora de tomar una decisión sobre un candidato propuesto por el President del Parlament para la investidura. No creo que sea necesario recordar que la Constitución y el Estatuto de Autonomía son normas jurídicas y que son las normas supremas del ordenamiento y que no son ellas las que tienen que ser interpretadas de conformidad con la legislación ordinaria, sino la inversa, la legislación ordinaria la que tiene que ser interpretada de conformidad con ellas.

Todo lo contrario, es lo que ha hecho el Juez Pablo Llanera en su auto del pasado viernes. En la segunda parte del auto no hay argumentación jurídica. Hay charlatanería jurídica, que es algo completamente distinto. Ni una sola referencia a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, como si no fueran normas jurídicas directamente aplicables. En este caso no solamente directamente aplicables, sino aplicables con exclusión de todas las demás.

Es un caso de prevaricación de libro. El juez instructor ha tomado la decisión de impedir que el candidato Jordi Sánchez acuda a la sesión de investidura porque “le ha salido del alma”, pero por ningún motivo jurídicamente pertinente.

La prevaricación judicial no puede condicionar la investidura del President de la Generalitat.

 
 
 
 
Sumario (Hoja del lunes: Semana del 12  al 18 de marzo de 2018): 
 
[23] El PP intenta confundir sobre ciberguerra para defender la censura, por Carlos del Castillo
[24] Eso de los derechos humanos, por Aníbal Malvar
[25] Los Borbones son sentimientos y tienen seres humanos, por Juan Carlos Escudier
[26] LA CONSERVADORA “AMNISTÍA INTERNACIONAL” EDITA UN INFORME DEVASTADOR SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA, por M. RELTI
[27] LA POLITICOFOBIA, por LIDIA FALCÓN
[28] Manifiesto contra la prisión permanente revisable, por Juan Antonio Lascuraín Sánchez
[29] PP y Ciudadanos pierden la votación en el Congreso para endurecer la prisión permanente revisable, por José Precedo
[30] Este valle de lágrimas, por Elisa Beni
[31] “Ciudadanos, el partido que actuó con total coherencia en Cataluña, va a ser premiado en toda España”, por Amalia Bulnes
[32] José García Abad: “El origen de lo que pasó en el Popular está en sus vínculos con el Opus”, por Jorge Otero
[33] La justicia deja impune la agresión de la Policía a varios fotoperiodistas en el Jaque al Rey de 2014, por ALEJANDRO TORRÚS
[34] La Policía atribuye los disturbios de la noche a “radicales” y los desvincula del colectivo de manteros, por Pedro Águeda
[35] Sánchez, Iglesias y Garzón piden “explicaciones inmediatas” por la muerte del mantero en Lavapiés, por eldiario.es
[36] El PP culpa a Ahora Madrid de “sembrar el caldo de cultivo” para los disturbios en Lavapiés, por eldiario.es Madrid
[37] Para evitar a la Fiscalía… hazte franquista, cura o policía, por Carlos Hernández
[38] Gracias, capitán Cardona, por Carlos Jiménez Villarejo
[39] Suiza dice que “no hay base” para detener a Puigdemont y Serret en Ginebra, por
[40] El juez del 1-O de Barcelona rechazó suspender la declaración de una imputada pese al riesgo de parto de su abogada, por Oriol Solé Altimira 
[41] El vídeo de una carga policial en Lavapiés indigna a Twitter, por PÚBLICO
[42] Los ausentes de la Escuela del PSOE, por Fernando López Agudín
[43] Los que mandan en los grandes bancos no poseen ni el 1% de su capital, por VICENTE CLAVERO
[44] La era de las sombras, por Elisa Beni
[45] “Para sostener las pensiones hace falta una reforma fiscal integral”
[46] ‘The New York Times’ advierte de que la libertad de expresión en España está en riesgo, por PÚBLICO
[47] El taller del PSOE, por Aníbal Malvar
[48] Más del 60% de los crímenes de la guerra sucia contra ETA siguen impunes, por DANILO ALBIN

[2] El informe jurídico que retrata las artimañas de los Franco para quedarse con el Pazo de Meirás

Por Miguel Pardo

Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en:
 
El dictador, apoyado por las élites franquistas, simuló un acuerdo con los herederos de Pardo Bazán cuando estos ya no eran propietarios del recinto, según el informe histórico jurídico encargado por la Diputación de A Coruña
 
La Junta pro Devolución del Pazo de Meirás pide incorporarlo como bien público EFE

“Galicia que le vio nacer, que oyó su voz el 18 de julio, que le ofreció la sangre de sus hijos y el tesoro de sus entrañas […] asocia para siempre el nombre de Franco a su solar, en tierras del Señor San Yago, como una gloria más que añadir a su Historia”.Así certificaba en un documento la Junta Provincial Pro-Pazo del Caudillo la donación al general fascista del Pazo de Meirás. Era el 31 de marzo de 1938, en plena guerra civil, poco después de que el ejército franquista iniciase los sangrientos bombardeos sobre Barcelona y con miles de asesinados ya entre la población gallega por la represión. En ese mismo día, el Ayuntamiento de A Coruña da cuenta de la “adquisición” del inmueble “para ofrecerlo como residencia veraniega a nuestro invicto Generalísimo yGlorioso Caudillo” y el gobernador civil envía un telegrama al ministro Serrano Suñer para comunicarle, “en nombre de esta ciudad y provincia”, que las torres acababan de ser “adquiridas por el pueblo coruñés para donarlo a nuestroCaudillo S. E. Jefe del Estado”.

Tan sólo unos meses después, el 5 de diciembre, el propio Franco confirma la donación con la estampación de la palabra “acepto” y su firma en el documento de la Junta Pro-Pazo, en la que se integraban el Gobierno Civil, el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación. Este organismo cedía al general, en su condición de Jefe de Estado, el Pazo de Meirás que antes había sido adquirido a Manuela Esteban-Collantes y Sandoval, legítima heredera de la hija de Emilia Pardo Bazán, antigua propietaria de las Torres.

Para lograrlo, el alcalde de la ciudad, Álvarez de Sotomayor, había viajado a San Sebastián y acordado allí una venta a la que los dueños accedieron por un precio aproximado de 400.000 pesetas. Así lo reconocía un teniente coronel del ejército fascista en un informe reservado en el que aludía a la “rapidez” con la que se habían llevado a cabo las negociaciones para evitar que se les “adelantaran” otras provincias con la “misma idea”. Lo recoge el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Xavier Herrera Fernández en el informe histórico-jurídico que, junto a Emilio Grandío, Manuel Pérez Lorenzo y Miguel Ángel Rodríguez han realizado por encargo de la Diputación de A Coruña.

A pesar de constar un pergamino con la propia firma de Franco aceptando la donación y las declaraciones, comunicaciones y textos analizados de aquel 1938 en los que se documenta la donación del Pazo, la cesión no se elevó a escritura pública. Incluso el dictador recibió en un solemne acto en Compostela dicho pergamino en diciembre de 1939. “Acepto gustoso y exclusivamente por ser un obsequio de mis amantes paisanos”, decía respecto del regalo del Pazo.

“A pesar de las evidencias relatadas, no consta elevada a escritura pública ni la eventual adquisición del bien por la Junta Pro-Pazo a sus propietarios, ni tampoco la donación efectuada a favor de Francisco Franco”, recuerda el informe. La propia Diputación de A Coruña, en 2009, denunció ante la Fiscalía la “desaparición” de un documento original de cesión, advirtiendo de que la última fecha en la que se tenía constancia de su localización había sido en 2003 en el archivo provincial, del que fue substraído.

Concluida la guerra e instaurado ya en toda España el régimen dictatorial, el BOE publica el 8 de marzo de 1940 la Ley del Patrimonio Nacional, en la que se regulaba el patrimonio adscrito al uso y servicio del Jefe de Estado, que pasaba a formar parte del bien público. En aquel momento, Franco ya había hecho uso del Pazo de Meirás, incluso antes de haber aceptado la donación de una Junta Pro-Pazo que llevaba tiempo recogiendo aportaciones económicas, tanto de administraciones, a través de fondos públicos, como de retenciones de salarios de funcionarios o de donaciones de particulares, con patrullas de falangistas acudiendo a las casas en plena época de represión y guerra.

Aquellas aportaciones se emplearían, según señala el informe, “en la compra inicial (supuestamente), así como en otras posteriores de fincas y edificaciones colindantes, además de en varias obras realizadas en el contorno de la edificación principal”. Además, tanto su “inicial adquisición” como la “ampliación, mantenimiento, adecuación y conservación”, entre 1938 y 1975, se llevó acabo, en su mayor parte, “con fondos públicos”. Su uso como “residencia temporal del Jefe de Estado” y su cesión en favor de esta figura es lo que lleva a los expertos a señalar que nos encontramos “ante un bien de titularidad pública que, como tal, formaría parte del Patrimonio Nacional”.

Pero esa evidencia era precisamente la que los Franco querían esconder y borrar de la Historia. Fue así como el 24 de mayo de 1941 se otorgó en Madrid y ante notario una escritura de compraventa de la finca urbana Torres de Meirás, inscrita en el Registro Civil de Betanzos justo medio año después. En ella se refleja una compraventa directa del inmueble entre los herederos de la familia Pardo Bazán, como vendedores, y Francisco Franco Baamonde, como comprador a título personal, representado por Pedro Barrié de la Maza, miembro de la Junta Pro-Pazo y posteriormente Conde de Fenosa.

Era un “contrato simulado” y “sin causa”, como dice el informe que avala la nulidad de la transmisión del inmueble. En definitiva, quien ya no era legítimo propietario del Pazo -ya había sido vendido el 31 de marzo de 1938- firmó en un documento que “fingió la existencia de una nueva compraventa” en la que el comprador fue representado “a título exclusivamente particular”.

“Nos encontramos delante de una venta efectuada por quien no era propietario y delante de una compra realizada por quien, a título de jefe de Estado, ya había aceptado el bien mediante una donación previa, y todo eso articulado con la finalidad de eludir la incorporación del bien objeto de la compraventa al Patrimonio Nacional, incorporándolo así a su patrimonio particular”, destaca el informe. Esta es la base de la demanda que la Xunta Pro-Devolución del Pazo hará a todos los grupos de la Diputación de A Coruña y del Parlamento gallego para que insten a Patrimonio Nacional a reclamar la devolución del inmueble, que pasaría a ser un bien público del Estado.

[3] Plataformas de apoyo a Pedro Sánchez se articulan en estructuras más allá del PSOE

Por Irene Castro

Artículo publicado el 11 de marzo en:
 

Las organizaciones de militantes que surgieron para apoyar a Sánchez en las primarias en Sevilla, Palencia o Córdoba se constituyen en “foros deliberativos”

Miembros de esas plataformas explican que buscan crear estructuras de “debate” y de “contacto” con otras organizaciones de izquierdas

 

Pedro Sánchez en un acto de la campaña de las primarias en el Círculo de Bellas Artes.

Las últimas primarias del PSOE fueron inéditas en muchos aspectos para el partido centenario. Uno de los elementos que descolocó a los tradiciones ‘aparatos’ de la organización fue el surgimiento de plataformas de apoyo a Pedro Sánchez en todo el territorio. Algunas de esas plataformas limitaron su actividad tras los procesos internos del partido, que se han prolongado durante los últimos meses, pero otras quieren mantenerse con estructuras estables. 

Representantes de algunas de esas plataformas ven en las resoluciones del 39º Congreso que le dio el poder a Sánchez una fórmula para conservar la estructura más allá de los estamentos tradicionales del PSOE. Se trata de “foros deliberativos” que tienen como objetivo fomentar debates o mantener “contactos con otras de organizaciones de izquierdas”, según explican miembros de algunas de esas plataformas reconvertidas. 

“Cuando conseguimos que ganara Pedro, el objetivo de las plataformas se termina. Ahora cabe la posibilidad de que se impulsen foros deliberativos para acercarnos a foros de la izquierda, para generar debates, iniciativas, etc.”, dice una de las integrantes de la organización en Sevilla, uno de los foros que ya ha organizado actos 

¿Qué diferencia hay entre los foros deliberativos y el propio partido? “El sentido de los foros es más amplio, está abierto a los simpatizantes, como forma de abrir el debate a la gente de izquierdas”, responde Teba Roldán, de la plataforma de Córdoba: “El partido, y todos los partidos, suelen ser más herméticos. Por eso en el 39º Congreso se dio este último recurso”, dice Roldán sobre las plataformas. La portavoz cordobesa asegura que sus compañeros de las plataformas de Jáen, Almería y “otras zonas” de Andalucía se han interesado por “cómo lo pueden hacer”. 

¿Sin permiso de Ferraz?

No solo en territorio de Susana Díaz ha surgido esa idea. En la provincia de Palencia, los miembros de la plataforma de apoyo a Sánchez se han constituido como el Foro Socialista de Palencia. “Lo cierto es que aún llevará un tiempo solucionar las carencias existentes en nuestras agrupaciones, crear un modelo que promueva nuevas dinámicas de participación y eliminar determinados vicios de funcionamiento que queremos abordar desde el modelo de partido aprobado en el 39 Congreso Federal”,  recoge la Cadena SER de fuentes de ese grupo

Los impulsores de esos foros sostienen que su creación está recogida en las resoluciones del congreso del PSOE en las que se estipuló que “con el objetivo de lograr la conexión de la organización del PSOE con la realidad de la calle y la apertura de las Casas del Pueblo a la ciudadanía y los movimientos sociales, se podrán crear Foros deliberativos socialistas que funcionen como espacios de participación democrática, comunicación y socialización de la política socialista y reencuentro con la mayoría social”. 

“Estos Foros serán regulados y estarán destinados a identificar y escuchar las demandas ciudadanas, debatir y producir ideas e impulsar propuestas de solución a los problemas y nuevos desafíos de la sociedad actual, abriendo las puertas de las Casas del Pueblo para favorecer su actividad”, agregaba el texto aprobado.

“No deberían hacerse estas cosas”

Ni los estatutos del PSOE ni el  reglamento que los desarrolla se recogen las normas o fórmulas de esos foros deliberativos. Sí se mencionan en el  reglamento que rige el funcionamiento de la Ejecutiva federal del PSOE que incluye dentro de las funciones de la Secretaría de Acción Electoral la capacidad de “fomentar la creación de foros deliberativos socialistas que funcionen como espacio de participación democrática, comunicación y socialización de la política socialista y reencuentro con la mayoría social”. Desde el área de Acción Electoral que dirige Paco Salazar aseguran no tener “ni idea” de la constitución de esos foros deliberativos a partir de las plataformas de apoyo a Sánchez. 

La constitución de esas estructuras que pretenden ir más allá del PSOE genera inquietud y malestar en el seno del partido. “Se constituyen como plataformas paralelas a nuestra organización”, dice un dirigente alejado de la dirección de Sánchez. Incluso entre quienes apoyaron al líder socialista generan suspicacias esos ‘foros’. “No deberían hacerse estas cosas. Ya han pasado los congresos, ya se ha votado, se acabó”, dice un dirigente territorial del PSOE que apoyó a Sánchez. En los tres lugares en los que las plataformas han pasado a ser foros permanentes ganaron en los procesos provinciales quienes habían estado del lado de Susana Díaz. 

[4] Machismo en los adolescentes: así ven (o no) los celos, el amor y la violencia

Por Laura Martínez

Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en:
 

Según la especialista en Género Melisa Ruiz, la mayoría de jóvenes asocian la violencia machista a las lesiones y no consideran los celos y el control como algo negativo

El cine, la música y los ‘influencers’ están entre los agentes que más poder tienen sobre los adolescentes para modular sus conductas

 
Jóvenes en un aula

 

La macroencuesta del pasado noviembre puso cifras a un problema que muchos venían advirtiendo: uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia en una pareja. No la conocen, no la entienden y no son capaces de luchar contra ella. Acciones como controlar los mensajes en el móvil, hacer un seguimiento de las redes sociales, exigir fotografías en determinado momento o gritar durante una discusión no despiertan sus alarmas.

Para intentar que las actitudes agresivas no se produzcan y no se agraven, existen talleres en los centros en los que se enseña a los adolescentes a detectar la violencia y los comportamientos tóxicos desde sus inicios, como los que imparte Melisa Ruiz, experta en género. 

El principal problema en las aulas es que los adolescentes no saben identificar la violencia machista en la pareja si no aparecen lesiones físicas. Los celos, el control o violentar el ambiente son vistas como cuestiones menores y no las relacionan con el maltrato. No es de extrañar, cuando a muchos adultos también les cuesta identificar las señales. Hasta que se les dan las herramientas adecuadas. Cuando se marca un comportamiento negativo, generalmente se dan dos reacciones, explica: unos entienden el proceso y buscan alternativas, mientras que otros lo rechazan porque supone una autocrítica importante.

Para trabajar con los adolescentes, Melisa utiliza los recursos que ellos consumen habitualmente. Música, redes sociales, cine…  “Hablamos de medios de comunicación, de las campanadas, de Disney, de la publicidad”, comenta. Existen una serie de películas que han sido un boom entre los hoy adolescentes -y de varias tandas de adultos- que, por su popularidad, se utilizan en estas clases. Por ejemplo, Tres metros sobre el cielo, comercializada como una historia de amor que esconde -no sin demasiado ímpetu- comportamientos tóxicos. Según explica, no son capaces de detectar en la escena bajo estas líneas un caso de maltrato, ni siquiera un mal comportamiento, que algunas chicas llegan a justificar. 

Lo mismo sucede con la música, donde se demoniza el reggaetón pero no se cuestiona a Alejandro Sanz. “El fondo es el mismo, el mito del amor. Me mato si no te tengo, el amor duele”, considera la especialista, que señala que muchos, en especial los chicos, rehuyen la palabra ‘enamorarse’.

Ruiz confiesa que le duele que se criminalice a los jóvenes, puesto que, según observa, la cuestión en las aulas no ha cambiado. “Muchos de los contenidos que se les reprochan están creados por adultos”, defiende la pedagoga. Pero ¿qué ocurre cuando son personas de una edad similar quienes crean estos contenidos? El fenómeno influencer y youtubertambién tiene mucho poder -ya lo dice el nombre- sobre los adolescentes en especial. Pese a que a menudo se trata a las estrellas de las redes como una masa homogénea y se ignora su diversidad, en España, los perfiles con más seguidores reproducen una serie de estereotipos que, si no son analizados con una mirada crítica, son perjudiciales.

La mayoría de chicas jóvenes durante los talleres señalan a las mismas instagrammers como sus referentes: Paula Gonu, Aida Doménech. Raro es el internauta que no conozca estos dos perfiles. Dos ejemplos de mujeres que interactúan constantemente con su público -mayoritariamente femenino y menor de edad- y que siguen lanzando el mismo mensaje de belleza asociada al éxito. Muchas comentan que les gusta el primer perfil porque les habla de comer sano, de hacer deporte, pero no deja de ser una mujer joven, atractiva y con un modelo de cuerpo normativo, comenta la pedagoga. Es decir, que aún no hay grandes referentes en las redes sociales que sean alternativas al modelo de mujer que en un contexto capitalista y patriarcal se considera correcto.

Aunque a menudo las iniciativas parten de los ayuntamientos y tienen una duración de dos horas, los resultados de la interacción se ven pronto. Para la especialista, es evidente que falta formación en jóvenes y en profesores, una tarea lastrada por la escasez de recursos y de voluntad de muchos centros.

Tras los talleres, muchas alumnas se sienten identificadas con alguna situación que hayan vivido directamente o a través de una compañera. A modo de autocrítica, la experta comenta que en el sistema de enseñanza “focalizamos mucho en empoderarlas a ellas y no en hablar de las nuevas masculinidades”. Aunque, sin recursos, solo queda sembrar la semilla y esperar que crezca.

 

[5] La Huelga

Por Teniente Kaffee 

Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en:
 
Manifestantes en la huelga feminista del 8M en Madrid. OLMO CALVO

Creo que no descubro ningún secreto si les cuento que el día 8 de marzo ha habido una huelga feminista. Es más, en determinados momentos he sufrido intoxicación informativa, ya que no veía otra cosa en los medios. Ni la victoria del Mundial de 2010 tuvo tal cobertura, por mencionar un tópico muy común. Y me alegro, de verdad. Creo firmemente en el feminismo como una manera de superar la desigualdad que todavía pervive.

Puede que a algunos les choque esta afirmación, pues algunos de mis artículos han ido contra ciertos mitos y medias verdades que pululan en las redes sobre esta cuestión. Es únicamente porque considero que una causa justa no puede ampararse en sandeces, y hay que contarlo todo, lo bueno y lo menos bueno.

Por eso, me chirrían ciertos titulares, como éste, [“Sí, hay huelga general el 8 de marzo y es legal”]que me llegó a través de mi buen Stephane M. Grueso ( @fanetin). ¿Legal? ¿Qué entendemos por “legal”? En mi retorcida visión jurídica de la realidad, es algo contemplado por una ley. Y ahí es donde quiebra el discurso.

Verán, la Constitución de 1978 recoge el de huelga como uno de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. De los de verdad, los que están en la sección primera, capítulo segundo, título primero. El matiz es importante, porque en el capítulo tercero se regulan una cosa llamada “Principios rectores de la política económica y social”, que no son más que declaraciones de buenas intenciones, pero que no tienen fuerza directa ante un tribunal. En ese capítulo tercero están, por ejemplo, el tantas veces mencionado derecho a la vivienda, al medio ambiente y tantos otros. Sin embargo, los que están en los artículos 15 a 30, además del 14, no sólo son exigibles ante los tribunales, y protegidos por el recurso de amparo ante el Constitucional, sino que deben ser desarrollados por Ley Orgánica. Insisto. Deben. El Gobierno y las Cortes Generales tienen la obligación de desarrollar esos derechos, y no hacerlo puede llevarnos a condenas ante tribunales internacionales, como por ejemplo, la nula regulación del derecho al secreto de las telecomunicaciones salvo resolución judicial, artículo 18, que tantas collejas nos ha valido por parte del TEDH, hasta 2006 (Sentencia Coban vs. Reino de España), y lo que te rondaré, morena. 

¿Y que se ha hecho con el artículo 28, que regula el derecho fundamental a la huelga, como una de las medidas para hacer valer los derechos de los trabajadores? Nada. Cero patatero. Ni en los gobiernos del partido antes conocido como de izquierda, el PSOE, ni por supuesto, bajo mandato del PP. 

Si me apuran, fue la UCD de Adolfo Suarez la única que hizo algo. Eran tiempos anteriores a la Constitución, año 1977, y el Gobierno se sacó de la manga un Real Decreto-Ley, el nº 17 de aquel año, promulgado el 4 de marzo. Se llamaba, eufemísticamente, “sobre relaciones de trabajo”, pero su primer capítulo iba directo al grano: la huelga. 

Claro, luego vino la Constitución de 1978, con su exigencia de que los Derechos Fundamentales estén regulados por Ley Orgánica, y la prohibición de que el Gobierno dicte Decretos-Ley que afecten a dichas materias. Por ello, en 1980, cincuenta y dos diputados del PSOE, encabezados por el entonces dirigente sindical y diputado Nicolás Redondo, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto. Eran otros tiempos.

El recurso fue parcialmente estimado, y determinados párrafos, e incluso palabras aisladas del decreto, fueron eliminados del ordenamiento jurídico por la sentencia, dictada en 1981. Palabras tan importantes como “directamente”, en el artículo 11, apartado b), que prohibe las huelgas de solidaridad o apoyo, salvo que afectendirectamente al interés profesional. Párrafos como el que atribuía al empresario la facultad exclusiva de determinar qué trabajadores desempeñarían los servicios mínimos.

¿Desde entonces? Pues el gobierno de Felipe González, con sus tres mayorías absolutas consecutivas, no movió un dedo. Entre otras cosas, porque suponía meter el pie en un jardín como el de los servicios mínimos, o el de poner coto a los desmanes de ciertos piquetes, que le hubieran granjeado un frente de guerra con los sindicatos. ¿Y el PP de Aznar? No me hagan reír, por favor, que se me saltan los puntos. ¿Y Zapatero? Ejem. Un PSOE en minoría, apoyado por dos partidos de la burguesía periférica, más conservadores que la derecha centralista en cuestiones económicas, se van a meter en una ley orgánica de ese tipo. Vamos, anda.

Bueno, pues ahí andamos. Por eso, cuando alguien está a favor de una huelga, o de cuestiones relacionadas con la misma, dice que es legal, y cuando está en contra, le achaca que se apoya en una regulación preconstitucional. Y ambas respuestas son parcialmente correctas, y parcialmente falsas. No es legal, porque no lo regula una norma con el rango debido, ley orgánica. Y no es estrictamente preconstitucional, porque el TC abordó la cuestión tres años después de la entrada en vigor de la Carta Magna.

¿Y qué conseguimos con esta desidia legislativa? Lo que los informáticos llaman FUD: Fear, Uncertainty & Doubt(Miedo, Incertidumbre y Duda). Una situación de inseguridad jurídica que es río revuelto, ya saben, ganancia para pescadores.

Así que, sí, la huelga feminista, como huelga de apoyo o solidaridad, era conforme a Derecho, pues afectaba a las condiciones laborales del colectivo convocante, las mujeres (brecha salarial, techo de cristal y demás).

Y ahora es cuando les vengo a hablar de mi libro. Así como la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado prohibe, expresamente, a sus miembros ejercer el derecho a huelga, nada dicen la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sobre los trabajadores de la Justicia.

Ante eso, hay quien dice que jueces y fiscales no pueden hacer huelga, porque no tienen expresamente reconocido ese derecho, ni el de sindicación, siendo los sindicatos los que deberían convocarla. Otros dicen que las asociaciones profesionales suplen esa carencia, y que lo no prohibido está tácitamente permitido. 

El caso es que, como la situación es límite en el mundo de la Justicia, para el día 22 está convocada una huelga. Y también hay quien dice que los jueces no pueden secundarla, porque son un poder del Estado. Ejem. Jueces y fiscales son personal asalariado, en régimen funcionarial. Sobre sus permisos, licencias, ascensos y situación disciplinaria deciden instancias que están por encima de ellos, y que además, son quienes les pagan el sueldo. El Consejo General del Poder Judicial en un caso, el Ministerio de Justicia en el otro. Así pues, esos son el patrón. Y ya saben, obrero informado, patrón desubicado.

Eso sí, las huelgas generan perjuicios e incomodidades, los servicios mínimos no pueden suplir el normal funcionamiento. Así que, si los trabajadores del Metro de Madrid pueden paralizar la ciudad en el ejercicio de su legítimo derecho, pues eso. Las quejas, al maestro armero.

 

[6] La Xunta vuelve a ceder ante el personal de Justicia en Galicia tras un mes de huelga, que seguirá activa

Por David Reinero

Artículo publicado el 10 de marzo de 2018 en:
 
El Gobierno gallego decía hace un mes que su postura no iba a variar “por mucho que pasen los días” pero admite que ya ha mejorado su oferta seis veces y no concreta si la actual será la última
 
 
Manifestación el pasado 24 de febrero en Santiago del personal de la Justicia en huelga en Galicia PRAZA PÚBLICA

Más de un mes después del inicio el pasado 7 de febrero de la huelga indefinida del personal de la Administración de Justicia en Galicia para mejorar sus condiciones salariales y laborales, este viernes, en una nueva negociación que se prolongó hasta bien entrada la noche, la Xunta volvió a ceder en sus posturas y ofreció una nueva mejora. Lo hizo a pesar de que al poco de comenzar el paro, el 13 de febrero, el vicepresidente de la Xunta y responsable del área, Alfonso Rueda, aseguraba que la postura del Gobierno gallego “no va a variar por mucho que pasen los días”. Sin embargo, tras un mes perdiendo su sueldo, la mejora es aún insuficiente para los sindicatos que, a pesar del intento del Gobierno gallego de presentarlos como divididos, mantienen su unidad y la huelga de manera indefinida, a la espera de que esta próxima semana se retomen las negociaciones.

El Gobierno gallego comenzó la negociación con los sindicatos hace un mes ofreciendo un aumento del complemento autonómico transitorio de entre 660 y 900 euros al año de manera progresiva hasta 2020 según las categorías de los trabajadores. Luego,  el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, intentó debilitar la postura de los sindicatos lanzando contra ellos a la población parada ymileurista diciendo que no creía que “los trabajadores, los que están en el paro o tienen sueldos semejantes al salario mínimo interprofesional consideren que 1.000 euros al año es una propuesta ridícula”. La oferta de este viernes ya ascendió a 105 euros al mes, 1.260 euros más al año, y el propio director general de Justicia, Juan José Martín, admitió que tras más de una docena de reuniones “estamos en la séptima oferta”, lo que supone que la Xunta ya ha mejorado su postura seis veces a pesar de asegurar que no lo haría. Sin embargo, es aún insuficiente para los trabajadores, que por su parte comenzaron las negociaciones con una petición próxima a los 250 euros de subida mensual que este viernes rebajaron hasta los 190, pero lejos aún de los 105 ofrecidos por la Xunta.

Este viernes los sindicatos también rompieron otra de las líneas rojas del Gobierno gallego, verbalizada por el propio Feijóo, que era que el aumento progresivo del sueldo hasta 2020 no se podía iniciar este 2018, para lo que se escudaba en las limitaciones sobre incrementos salariales de los empleados públicos impuestas en los Presupuestos del Estado. Sin embargo, la firma este mismo viernes del acuerdo de subida salarial a nivel estatal para los funcionarios entre el Gobierno central y los sindicatos, que contempla subidas en 2018, tiró también por tierra esa postura de la Xunta, que ahora acepta que las mejoras comiencen a aplicarse ya este año.

[7] La Audiencia de Las Palmas permite al juez Alba hacer sustituciones en contra de las indicaciones del Poder Judicial

Por Iván Suárez

Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en:
 

El magistrado procesado por el TSJC dictó al menos 16 resoluciones fuera del juzgado en el que ejerce como titular a pesar de que la inspección del CGPJ recomendó que no lo hiciera por la elevada cantidad de asuntos por resolver en la Sección Sexta

La semana anterior a la inspección del Poder Judicial, Alba firmó 25 sentencias y 30 autos en cuatro días, según datos publicados en el Fondo Documental de Jurisprudencia del CGPJ

EL TSJC acaba de concederle una nueva sustitución, esta vez a un órgano unipersonal, el Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana

 
El juez Salvador Alba ALEJANDRO RAMOS
 

El magistrado Salvador Alba, procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de cuatro delitos(prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos) en la operación urdida para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell, acumuló durante el año 2017 sustituciones, refuerzos o comisiones de servicio en al menos dos secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Tercera y la Cuarta (de la jurisdicción civil), en contra de las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El servicio de inspección del órgano de gobierno de los jueces examinó durante la tercera semana de enero de 2017 la actividad de la Sección Sexta (de ámbito penal) de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que ejerce como titular Salvador Alba, que sigue presidiendo desde este órgano relevantes juicios por corrupción en las Islas, entre ellos el caso Faycán, una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria.

Según han explicado a Canarias Ahora fuentes oficiales del CGPJ, en el informe derivado de esa inspección se hizo constar que, a pesar de que los indicadores de asuntos resueltos por los magistrados que conforman la Sección Sexta habían sido positivos durante el curso anterior, el número de procedimientos pendientes de despachar seguía siendo muy elevado. Las mismas fuentes han precisado que el documento concluía con la “indicación” o “recomendación” de que los jueces de esta sección no cubrieran sustituciones en otros juzgados para poder así centrarse en poner al día los asuntos con retraso.

De hecho, el TSJC reforzó este órgano en abril de 2017, al permitir que la jueza de adscripción territorial Mónica Herreras, que hasta ese momento prestaba servicios de manera exclusiva en la Sección Segunda, pudiera desempeñar labores en las otras dos secciones de la jurisdicción penal de la Audiencia de Las Palmas, la Primera y la Sexta.

Los miembros de la carrera judicial tienen derecho a percibir una retribución especial por el desempeño conjunto de sus funciones con las correspondientes a otro órgano jurisdiccional, siempre que las sustituciones sean por un plazo de diez o más días.

Al menos quince sentencias en otros juzgados

Ni la Audiencia Provincial ni el TSJC han facilitado a este periódico la información solicitada formalmente en tres ocasiones, los días 30 de enero, 27 de febrero y 8 de marzo, sobre las sustituciones, refuerzos o comisiones de servicio concedidas el año pasado a todos los magistrados que han pasado por la Sección Sexta (Emilio Moya, Salvador Alba, Carlos Vielba, José Luis Goizueta y Oscarina Naranjo).

Sin embargo, un exhaustivo recorrido por las resoluciones publicadas en el Fondo Documental de Jurisprudencia del CGPJ (CENDOJ) permite comprobar que Alba dictó en 2017, en calidad de ponente, al menos quince sentencias y un auto en las secciones Tercera y Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Del resto de magistrados, sólo consta en ese fondo una sentencia firmada por Carlos Vielba en otro órgano jurisdiccional, en concreto en la Sección Tercera, en abril y sobre un caso de sustracción internacional de menores.  

A tenor de las resoluciones colgadas en el CENDOJ, la actividad de los magistrados de la Sección Sexta y, en especial, de Salvador Alba, fue frenética en la semana del 9 al 13 de enero de 2017, previa a una inspección del CGPJ avisada con varios meses de antelación. El juez ahora procesado dictó en cuatro días 30 autos y 25 sentencias. Los otros magistrados del mismo órgano, siempre según los datos publicados, emitieron como ponentes un número considerablemente inferior de resoluciones: Emilio Moya puso seis, Carlos Vielba, cuatro, y José Luis Goizueta, quince. Alba aparece además en varias de ellas formando sala con otros dos compañeros.

La primera sentencia dictada por Alba en el año 2017 en un juzgado distinto a la Sección Sexta data del 19 de enero, la misma semana de la inspección. Ese mes prestó servicios en las secciones Tercera y Cuarta de la Audiencia Provincial, donde firmó en cinco días un total de cuatro resoluciones sobre litigios entre empresas y particulares o por la guarda y custodia de un menor. Entre el 24 de febrero y el 21 de marzo emitió cinco sentencias en la Sección Tercera relacionadas con procedimientos de pensiones compensatorias por divorcio, alimentarias o sobre la patria potestad de un menor, además de resolver un conflicto sobre un contrato de compraventa con una cadena hotelera de por medio.

La tercera oleada de resoluciones, también en la Sección Tercera, se concentra en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 26 de junio de 2017. Entre esas fechas, Alba resolvió cinco procedimientos que versaban sobre asuntos tan variados como el negocio turístico del timesharing, la incapacidad de un trabajador o una quiebra contractual. Las dos últimas sentencias del juez investigado en el mismo órgano están fechadas el 19 de septiembre y tratan de conflictos entre particulares por cuestiones de servidumbres.

Se da la circunstancia de que en esas resoluciones de la Sección Tercera también forma parte de la sala Ricardo Moyano, el magistrado que sustituyó en dos ocasiones a Margarita Varona, instructora de la causa contra Alba, cuando este la recusó.

Al ser cuestionado por estas sustituciones, el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, se ha limitado a afirmar que todas las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad.

Sustituciones en el TSJC

Salvador Alba está procesado por haber maquinado una operación junto a un empresario al que investigaba con el objetivo de perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell, a la que sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada decidió pedir la excedencia y presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las filas de Podemos.

Como informó Canarias Ahora en junio de 2016, el TSJC concedió esa sustitución voluntaria al magistrado a pesar de que ya había rebasado el cupo legal, fijado en 180 días al año. Un acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ cuatro meses después de que Alba accediese a ese destino permitió regularizar su situación y autorizarle a ejercer en el juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria hasta mayo de 2016.  

Según ha podido saber este periódico, el TSJC ha vuelto a otorgarle este año una sustitución en un órgano unipersonal por la baja de su titular, en concreto en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana (antiguo Mixto número 6), donde, entre otras cuestiones, se tramita el caso Góndola, que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, gobernado por el PP, desde el verano de 2006.

 

[8] El 11M “todo se truncó”. Conversando con Pilar Manjón

 Por Víctor Arrogante
 
Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en:
 
Aquel día “Todo se truncó brutalmente. Escuchaba la Cadena Ser; Iñaki Gabilondo informaba sobre el atentado y desde entonces todo ha sido un sin vivir. Levanté a mi otro hijo y le dije: vamos a la universidad a buscar al niño”
 
 
Pilar Manjón

Con motivo del triste aniversario del 11M en Madrid, tuve la oportunidad de mantener una larga conversación en 2014 con Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y madre de Daniel, que perdió la vida en los terribles atentados terroristas. Hoy cuatro años después, retomo la entrevista que publiqué en Diario Progresista (etapa anterior) con el título: “Desde el dolor se puede llegar a los derechos humanos y la paz”.

Aquel día “Todo se truncó brutalmente. Escuchaba la Cadena Ser; Iñaki Gabilondo informaba sobre el atentado y desde entonces todo ha sido un sin vivir. Levanté a mi otro hijo y le dije: vamos a la universidad a buscar al niño”. Ella “sabía”, dice, que a su hijo le había cogido de lleno el atentado. Me relató, en una amplia conversación, sobre aquel día aciago y los diez años (ahora catorce) de su calvario.

Años de dolor y falta de entendimiento. Desprecio, amenazas e insultos por parte de muchos. Pilar recuerda las palabras de Álvarez Cascos: “cambiamos de gobierno por esta puta y cuatro mierdas más”. O cuandoEsperanza Aguirre, al entregarle una subvención para la Asociación le dijo: “esto es mejor que un premio de lotería, porque no paga a Hacienda”. También Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, en la inauguración del monumento a las Victimas del 11M: “Ahora vendrán las putas de la Montera a pedir otro monumentito”. El PP no mantiene relación con la Asociación y menos con Pilar. Cuenta, que en un acto de homenaje a las víctimas, “fui a saludar a Rajoy, ya presidente del Gobierno, cosa que el no había hecho, la reina sí; y la despidió con un: pues nada a ver si acaba esto que es domingo y habrá que descansar”.

Pilar Manjó nació en el pequeño pueblo cacereño de Palazuelo-Empalme; su padre era el jefe de estación. Con la imagen del tren ha vivido y ahora el tren sigue siendo una pesadilla negra, sin soñar, viviendo la realidad, de forma intensa, con dolor, la pérdida de Daniel, su hijo de 20 años, muerto en los atentados del 11-M en Madrid, en el año 2004, en los que murieron con él 193 personas y 2.057 resultaron heridas.

Hablando con ella, se me borraron las preguntas que tenía preparadas hacerle, hipnotiza su serenidad y emociona su actitud. Su dolor y sus lágrimas estremecen; y sus palabras convencen fluidas contando lo vivido aquel negro día. Recuerda todo, cada instante, cada palabra, cada paso que dio, desde las 7 de la mañana, hasta que 8 días después del atentado, le entregaron en “un cajón” los restos mortales de Daniel.

Cuando llegaron a la estación del Pozo, la situación era indescriptible, me cuenta. Un caos de gente vagando de un lado a otro; ambulancias, sirenas y gritos. “Vamos a casa, por si llama el niño”, decía su hijo para apartarse de aquella dantesca visión. Empezaba un calvario para Pilar y su familia que dura hasta hoy. Conocieron que en el hospital Gregorio Marañón, estaban llevando heridos y hacia allí se dirigieron, con la esperanza de encontrar a Daniel. “Un psicólogo clínico estaba leyendo los nombres de los heridos que se encontraban ingresados”. ¡Encuentren a mi hijo!, fue su grito desgarrador y se derrumbó.

“Recuperada, nos dirigimos al IFEMA, donde se había instalado un tanatorio forense, para albergar a los 191 cuerpos destrozados y sin vida. Todo era un caos; nadie sabía nada y poco se hacía”. El caos que cuenta Pilar, estaba siendo dirigido por la que entonces era subsecretaria del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal, quien contaba, que al llegar, se dio cuenta de que había mucha gente de muchos sitios diferentes, Ayuntamiento, bomberos, Instituto Anatómico Forense, pero no había nadie que coordinase y se puso ella. Pilar Manjón dice “Después entendí el por qué de la desorganización, siendo la directora del operativo quien era. Los cuerpos hacinados y una multitud de familias que acudían para reconocer a los muertos”.

El proceso forense de reconocimiento fue penoso por su lentitud. No se querían cometer los mismos errores que se habían producido, un año antes, con los 62 cuerpos de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42, cuando 30 de los militares españoles muertos, fueron enterrados o incinerados, sin que se hubiese acreditado su identidad, según informaba El País el 2 de marzo de 2004. Ahora, recuerda Pilar, “con 191 cuerpos, se quería tener la seguridad de la identidad de las víctimas, antes de entregarlos a las familias. Mi hijo y la novia de Daniel, no me dejaron sola ni un momento, pero necesitaba andar y ver lo que me rodeaba. Les dije: dejadme, voy a dar una vuelta. De los muchos grupos y colectivos de voluntarios que había para atender a las víctimas, se me acercó un señor que dijo ser del Opus Dei: “dios te ha mandado esta prueba y tienes que sobrellevarla”. Hundida, pero airada, sacó la fuerza de su convicción y contestó: “Yo no le he pedido nada a su dios, ni a ningún otro, déjenme en paz”. Después de 8 días y 8 noches, “Me entregaron el cuerpo dentro de un cajón, con un crucifijo”. Suspira y comenta “en este país no aprenderemos a respetar a la gente ni a sus ideas”.

Daniel tenía 20 años y fue asesinado cuando se dirigía a la Universidad. Era estudiante en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). Joven alto, fuerte; un prototipo de atleta. Eran las 7 horas y 10 minutos de la mañana cuando Daniel se levantó. “Mami hasta la tarde no regreso, que tengo hockey”. Le preparó el desayuno, la comida y despidió a Daniel con “besitos”. Serían las 7:25 AM. Cinco minutos después, caería muerto en la estación del Pozo del Tío Raimundo, junto con otras 67 personas trabajadoras.

Para Pilar Manjón, el detonante final, fue la participación de España en la guerra de Irak y encuentra una constante en los actos de estos grupos terroristas

Pilar, ¿existen responsabilidades previas al atentado?: “Sí, en cuanto que no se tuvo en cuenta toda la información que iba saliendo referente a los grupos yihadista en España”. Los atentados del 11M fueron ideados en 2001, un año antes de la invasión de Irak, como venganza por el desmantelamiento de la célula de Al Qaeda. Esta célula se había establecido siete años antes en España, acusando a ciudadanos y gobernantes de ocupar el territorio islámico de Al Andalus. Pilar recuerda que en unos días antes (trabajaba en el Ministerio de Defensa), observó un exceso de precauciones y medidas de seguridad. “Algo temían, sobre algo que se preparaba y en concreto en el transporte público”.

Cuenta Pilar, que la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo que preside, presentó en los juicios su informe, que coincide con la tesis del profesor Fernando Reinares en su libro ¡Matadlos! (El título procede de una serie de versículos del Corán, que el instigador, Abu Dahdah, dirigente terrorista, tenía subrayados). La decisión de atentar en España se tomó por motivos de venganza por haber desmantelado la red de Al Qaeda en 2001 y el conjunto de actuaciones antiterroristas en las que España se había destacado en los noventa.

Para Pilar Manjón, el detonante final, fue la participación de España en la guerra de Irak y encuentra una constante en los actos de estos grupos terroristas: En New York, el 11-S hubo cuatro aviones y en Madrid cuatro trenes. En New York fue un día 11, como en Madrid, y el presidente Aznar y su política, tenían puesto el foco en ETA. “No protegió a la ciudadanía, contra el terrorismo islamista y no prestó atención a las consecuencias de la participación de España en la guerra de Irak”.

Según Manjón, tanto la investigación policial, como la instrucción del sumario, estuvieron sometidas a una presión constante. “El sumario consta de 245.000 folios, riguroso con el más mínimo detalle, respaldado por siete informes”. Ella no cree en las verdades absolutas, pero sí en el Estado de Derecho y en los hechos probados de la sentencia del sumario 20/2004 y la sentencia del Tribunal Supremo 503/2008.

Tres días después del atentado, el 14 de marzo, se celebraron elecciones generales y ganó el PSOE. Los resultados estuvieron condicionados por los atentados, pero no por el atentado mismo, sino por la gestión del gobierno Aznar durante tres días. Pilar iba abstenerse, estaba hastiada de la política, pero recordó las palabras de Daniel: “tu tienes que ir a votar, después de la guerra de Irak no puedes abstenerte”. Y el domingo, derrumbada físicamente y emocionalmente rota −todavía no le habían entregado el cuerpo de Daniel−, sostenida por su hijo, se dirigieron al colegio electoral en el distrito Puente de Vallecas y exigió a la presidenta de la mesa electoral, que se hiciera constar que a Daniel Paz Manjón, “no le habían dejado votar unos asesinos”.

¿A tu entender como ha sido la actuación de los responsables políticos de los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy ante los atentados; estuvieron a la altura de las circunstancias? “Responsabilizo al gobierno de Aznar de los atentados del 11M. También al gobierno de Zapatero por abandonar a las víctimas. Soy maltratada por la Administración del PP y sigo sufriendo insultos y amenazas. Pese a ello, hace dos años que no tengo escolta; el gobierno de Rajoy me la retiró, porque ETA ya no mata. No me importa, desde que mi segundo hijo se independizó, ya no me preocupa la protección, ya no llamo a la policía, ni tampoco pongo denuncias: si vienen me encontrarán”.

Finalizando la conversación, Pilar se crece, mientras yo sigo emocionado por sus palabras y dignidad, cuando dice: “La Asociación y yo misma, vamos a ser intolerantes hacia las acciones y actitudes de falsedad, engaño, ineptitud y desidia que conozcamos y sean constitutivas de desamparo o estafa hacia los afectados”.

El día 11 de marzo, se cumplen catorce años de los atentados de Madrid, en los que murieron 193 personas. En este tiempo ha habido una polémica entorno a quien estaba detrás de los autores; qué pretendían; si hubo en la investigación policial e instrucción judicial; si la sentencia llegó al final de los hechos; o si la teoría de la conspiración era cierta. Infinidad de preguntas que Pilar Manjón tiene respuesta para casi todas. Madre de Daniel Paz Manjón, asesinado el 11 de marzo de 2004 en la estación de El Pozo.

Hace unos días me decía en relación a aquel artículo “Me sigue encantando, aunque me haga llorar. Gracias”.

 

[9] Los veterinarios alertan de la “muerte” de las clínicas tradicionales frente a las franquicias

Por EDUARDO BAYONA

Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en:
 
Los veterinarios hablan del desmantelamiento del sector de clínicas tradicionales para mascotas a manos de cadenas controladas por fondos de inversión, como antes ocurrió con los dentistas, los ópticos, los oculistas y los audiometristas.
 
El sector de los veterinarios lleva dos años perdiendo una media de dos profesionales autónomos por semana.

“En España hay más de 6.000 clínicas veterinarias tradicionales, y no es exagerado decir que están en peligro”, sostiene Antonio Reinoso, vicepresidente de Aevet (Asociación Española de Veterinarios Técnicos), que alerta sobre los procesos de sustitución y de desplazamiento que se están dando en el sector con la expansión de las franquicias, a menudo controladas por fondos de inversión.

La llegada de esas cadenas de clínicas veterinarias está aumentando las dificultades de un sector que antes de comenzar la recuperación de la crisis ya había empezado a soportar un aumento de trece puntos de IVA, puesto que el Gobierno aumentó del 8% al 21% el gravamen de sus servicios y de los fármacosque recetan en septiembre de 2012, y lo ha mantenido en ese nivel pesea que el Congreso acordó pedir su rebaja al 10%.

“Ese 13% lo hemos asumido nosotros en la mayoría de los casos, ya que subir los precios en plena crisis se habría traducido en un aumento del abandono de mascotas”, señala Reinoso, que explica cómo, principalmente por ese motivo, “muchas clínicas se han visto abocadas a cerrar o están en una situación límite para hacerlo”.

Buena parte de esos centros, que ocupan a menos de media docena de personas en la mayoría de los casos, están siendo adquiridos por las franquicias, que al mismo tiempo abren locales nuevos en las ciudades y comienzan a operar desde grandes superficies comerciales e hipermercados.

Esa suma de factores se está traduciendo en una reducción del sector, que en los dos últimos años, y tras varios de ligero crecimiento, ha perdido una media de dos profesionales autónomos por semana, al pasar de 6.881 a 6.660, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Clínicas dentales, ópticas

“Comenzaron a llegar hace cuatro o cinco años, y han prorrogado la crisis”, explica Reinoso, para quien “hasta ahora el negocio del veterinario no era un negocio, trabajamos para vivir, pero a este paso nuestro camino va a ser el mismo que el de los dentistas y los oftalmólogos”, dos de los sectores sanitarios de proximidad más afectados por la irrupción del modelo de franquicias junto con los ópticos y los audiometristas, en los que las franquicias llevan años desplazando a los autónomos que gestionan pequeños centros.

En el caso de los dentistas, un servicio que no cubre la Seguridad Social más allá de la etapa infantil, la competencia y las guerras de precios en un sector que se agarra al ‘low cost’ como medio de ampliar mercado han provocado el cierre total o parcial de varias cadenas y situaciones de indefensión para miles de clientes, que veían cómo el tratamiento que habían pagado por adelantado quedaba interrumpido sin fecha, ni perspectivas, de reanudación.

Sobre el sector de las ópticas, que en su gran mayoría operan como franquicias de marcas de ámbito estatal o comunitario, también hay nubarrones tributarios, ya que Hacienda les reclama una factura millonaria por diez puntos de IVA del precio de las monturas de los ejercicios de 2015 y 2016, algo que amenaza la continuidad de más de un millar de establecimientos. Pagaban el 10% y la Inspección sostiene que les correspondía tributar al 21%, un margen que resultaba clave en un ramo en el que también se extiende el ‘low cost’.

Agrupaciones de Interés Económico

Los fondos de inversión han puesto ahora la vista en las mascotas”, indica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que alerta de los riesgos de aplicar los modelos de especulación económica y búsqueda de rentabilidad a ultranza propios de los fondos de inversión y las grandes cadenas a sectores como el de los veterinarios: “son uno de los primeros eslabones de la sanidad pública, por su contacto con los animales domésticos, y actúan como prescriptores de salud para las personas”.

En este sentido, UPTA promueve la creación de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) entre veterinarios “como canal para agrupar compras, unificar la imagen corporativa y homogeneizar la oferta de servicios, algo que permitiría dinamizar la situación económica de los pequeños centros veterinarios”.

“La de veterinario es una profesión vocacional, en la que prima la salud del animal sobre el negocio”, añade el vicepresidente de Aevet.

 

 

[10] Guindos: “Hay que privatizar Bankia lo antes posible”

Por Redacción  Economía

Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en:
 

El exministro de Economía revela que el rescate de España hubiera implicado un recorte de las pensiones del 10%

El candidato a la vicepresidencia del BCE señala que actualizar las pensiones en función del IPC, como piden algunos grupos políticos y organizaciones sindicales, “no es la cuestión fundamental”

 
El exministro de Economía, Luis De Guindos. EFE
 

 

El próximo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ya exministro de Economía, ha instado este lunes a completar “lo antes posible” la desinversión del Estado en Bankia, ya que inspirará confianza entre inversores internacionales.

“Hay que privatizar Bankia lo antes posible, porque eso inspirará confianza entre los inversores internacionales”, ha asegurado Guindos en una entrevista concedida a ‘Actualidad Económica’ recogida por Europa Press.

Actualmente el Estado mantiene una participación del 61% en Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) de la que se tiene que deshacer antes de diciembre de 2019, si bien el Gobierno podría ampliar de nuevo este plazo.

De hecho, el propio Jaime Ponce, presidente del organismo público, reconoció en febrero que posponer la fecha de privatización de la entidad supone “una buena baza” para maximizar la recuperación de las ayudas concedidas a la entidad, superiores a 20.000 millones de euros.

En este sentido, el exministro de Economía ha defendido que sin el rescate financiero, la “recesión hubiese sido mucho más profunda” y hubiera supuesto pérdidas para los depositantes, “lo que no hubiera sido justo ni eficiente”.

Amazon y Google

En otro orden de cosas, Guindos ha descartado que la entrada de las grandes empresas tecnológicas como Google o Amazon en el sector financiero suponga un “peligro”.

“Empresas como Google o Amazon ya han comenzado a prestar algunos servicios tradicionales como los pagos y en cualquier momento podrían dar el salto a la financiación. No les resultaría complicado y tampoco me parece peligroso”, ha apuntado.

Guindos considera que este fenómeno forma parte de la revolución digital, por lo que ha llamado a las entidades bancarias tradicionales a “adaptarse con inteligencia” al nuevo entorno del sector.

El exministro ha señalado que en 2012 la “obsesión” del Gobierno era evitar el rescate, que contemplaba “un recorte de las pensiones del 10%”. En su opinión, la sostenibilidad del sistema de pensiones requiere nuevas iniciativas a las ya adoptadas, “y no siempre populares”.

En este sentido, ha indicado que actualizar las pensiones en función del IPC, como piden algunos grupos políticos y organizaciones sindicales, “no es la cuestión fundamental” y, en todo caso, debería abordarse en el marco del Pacto de Toledo.

Guindos entiende que las pensiones deberían sacarse del debate político, como se hizo en 1995. “Ahora, algunos dirigentes sienten la tentación de volver a meterlas para obtener un rédito a corto plazo y, si se salen con la suya, van a hacerles un flaco favor a esos pensionistas a los que supuestamente pretenden ayudar”, ha subrayado.

En relación a la decisión de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones al acero y al aluminio, el exministro advierte de que son medidas que conllevan “derivadas peligrosas”, por lo que espera que el presidente de Estados Unidos “recapacite”.

“Estas medidas las adopta un país que piensa que se defiende de otro, pero este ultimo a su vez lo ve como una agresión, y si reacciona en consecuencia puede desatar una escalada. Fue lo que ocurrió durante la Gran Depresión”, ha avisado Guindos.

 

[11] La madre de Gabriel pide “que no se extienda la rabia” tras la detención de la presunta autora de la muerte

Por Redacción “Eldiario.es”

Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en:
 
 
También ha expresado su gratitud “con todas las personas que se han volcado en la investigación” y “quienes han mostrado sus mensajes de apoyo”
 

Así lo ha hecho en el programa de radio Más de Uno (Onda Cero), donde ha llamado por teléfono para intervenir y expresarse.

“Veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer”, ha dicho Patricia Ramírez en su llamada. “En honor al ‘Pescaíto’, pido a la gente que nadie hable más de esta mujer, que no aparezca en ningún sitio y que nadie las comparta; ese no era él y no soy yo”.

Pues desde que se detuvo a Ana Julia, la pareja del padre, como principal sospechosa, algunos usuarios han compartido mensajes en las redes sociales exigiendo venganza

Patricia Ramírez también ha apelado a las personas que “están utilizando la muerte de mi hijo para que las sigan” en redes sociales, creando perfiles falsos y haciéndose pasar por ella misma. Les ha pedido que “miren en su corazón” porque “Gabriel no se lo merece, ni yo, ni su padre, que está destrozado”.

“No creo que tenga que terminar así, me gustaría que terminara quedando toda esa gente que nos hemos movido por Gabriel y por los niños”, ha declarado Patricia. “Que la gente que mande un ‘pescao’ con una palabra bonita para Gabriel”.

El pequeño Gabriel, de ocho años, desapareció el pasado 27 de febrero en la zona de Las Hortichuelas, en Cabo de Gata, cuando iba desde casa de su abuela a la de unos amigos. Y su cadáver apareció este 11 de marzo en el maletero del coche de la pareja del padre, que fue detenida y sigue bajo custodia.

 

[12] PORQUÉ NO NOS DEFIENDE EL CONSEJO FISCAL

Por Salvador Viada

Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en:
 
 

En realidad es una evidencia que el Consejo Fiscal, para mejorar las condiciones de trabajo y de prestación del servicio de los fiscales, ha valido hasta ahora para muy poco.  En los últimos 16 años, al menos, todo ha ido deteriorándose, al reducirse sueldos y plantillas, incrementarse el trabajo y no hacerse baremos de cargas laborales, implementarse un sistema informático indigno, desobedecerse la ley sobre valoración de méritos, mantener la opacidad en la actuación del Consejo y ignorar el clamor de fiscales que buscan salida a la falta de movilidad en la Carrera.   ¿Como es posible que no hagan nada sobre esos temas nuestros representantes en el CF, y al tiempo consigan que la generalidad de las jefaturas y puestos de responsabilidad recaigan en asociados a las asociaciones a que pertenecen?   Pues la respuesta está en la pregunta.   No pelean porque si lo hicieran no les nombrarían.   Hoy lo más llamativo es la actuación de la AF, que tiene mayoría en el CF desde hace 30 años, pero en otros tiempos fue la UPF.


Veamos:

La anterior Presidenta de la AF es desde hace unas semanas fiscal jefe de Barcelona  y candidata al Consejo Fiscal.
 
La anterior, Fiscal Jefe de un TSJ.

El anterior, Miembro Nacional de Eurojust.

El actual Portavoz es desde hace un año, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

El anterior es ni más ni menos que asesor del Ministro de Justicia, que sin duda valoró su lucha por nuestros derechos ante el Ministerio.

Dos vocales de la AF del actual CF han promocionado a puestos de libre designación, como ocurrió también en el CF anterior.

Añado este cuadrito que copio de una compañera de la UPF (por la que tengo afecto y respeto) que ha tenido a bien publicar confiando en su exactitud.   Da una idea de lo que hablo:

Sin contar las Fiscalías de Sala, una asociación (la AF) que no suma el 20 por ciento de los fiscales de la Carrera, se ha dedicado a copar los puestos de mayor responsabilidad prometiendo ayudarnos a todos desde el CF.  Este cuadro me parece el resumen de un expolio profesional.   Aparte del hecho de que ellos mismos se apoyan en el CF, ¿Los hubieran elegido si se hubiera tratado de talibanes en la defensa de los compañeros?  ¿Están en condiciones esas personas -incluso con buena voluntad- de enfrentarse al poder ejecutivo por los derechos de los fiscales?  A mi me parece que ni de broma.  El Gobierno elige a quien le conviene, pero el problema es que quien le conviene al Gobierno resulta que se presenta -y los elegimos- como nuestros representantes para que nos defiendan frente al Gobierno.   Total, cambios no va a haber como no ha habido durante décadas.  Salvo, claro, que los fiscales empiecen a elegir a quienes les conviene solo a los fiscales, no a los Gobiernos. 

[13] Detenido por prender fuego a su vivienda tras ser informado de que iba a ser desahuciado

Por EP

Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en:
 
Foto de archivo de una patrulla de la Policía Local de Madrid. / EP

 

Agentes de Policía Municipal en el distrito madrileño de Tetuán detuvieron durante la madrugada de este domingo a un hombre que prendió fuego a su vivienda tras ser informado de que iba a ser desahuciado este mismo fin de semana.

Agentes de Policía Municipal de Madrid detuvieron durante la madrugada de este domingo a un hombre que prendió fuego a su vivienda, ubicada en el distrito madrileño de Tetuán, tras ser informado de que iba a ser desahuciado este mismo fin de semana.
 
Según ha informado un portavoz del Cuerpo, los agentes se encontraban patrullando por la zona, cuando la emisora directora les informó de que salía humo de un piso pese a tener las ventanas cerradas.
La patrulla se dirigió hasta el domicilio, situado en la calle Bravo Murillo, e intentaron entrar pero la puerta estaba bloqueada por dentro. Finalmente, consiguieron derribar la puerta con un extintor.
Los agentes, pese al abundante humo que salía del interior, comprobaron que al fondo había una persona tumbada en el suelo semiinconsciente. Uno de los policías entró y consiguió evacuar de allí a este hombre, sobre el que no constan antecedentes.
La Policía sospecha que el incendio fue intencionado debido principalmente a dos razones: que la puerta estaba bloqueada y había una orden de desahucio del inmueble para ese mismo fin de semana.
Efectivos del Samur personados en el domicilio atendieron tanto a la víctima como a los agentes que intervinieron, todos ellos dados de alta con pronóstico leve.

 

 

[14] La Justicia europea sentencia que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión

Por Oriol Solé Altimira

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena a España a devolver la multa de 2.700 euros a la que fueron sancionados dos jóvenes por el delito de injurias a la corona

Los magistrados europeos definen la quema de fotos de los monarcas como “la expresión simbólica del rechazo y crítica política” a la monarquía, negando la vinculación con el discurso del odio y la violencia que hizo el Constitucional

Esta es la resolución del TEDH sobre el caso

 
Quema de la foto de los reyes en 2007 que ha propiciado el recurso al TEDH EFE/TONI VILCHES
 

Quemar una foto de los reyes de España es libertad de expresión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha estimado el recurso de los dos jóvenes condenados por injurias a la Corona por quemar una foto de los reyes en 2007 en Girona en protesta por la visita a la ciudad de Juan Carlos I y Sofía. Los magistrados europeos creen que el castigo penal impuesto a los jóvenes por la Justicia española “constituye una interferencia con la libertad de expresión”.

La Audiencia Nacional condenó en 2008 a los dos jóvenes a una pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros. El Constitucional negó en 2015 el amparo solicitado por los condenados, una decisión que provocó cuatro votos discrepantes en el seno del tribunal. Los jóvenes recurrieron finalmente ante Europa la “injerencia injustificada” que, a su juicio, supuso la condena en su derecho a la libertad de expresión, protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

Más de diez años después de los hechos, el TEDH da la razón, por unanimidad, a los dos jóvenes y concluye que la quema de la foto de Juan Carlos I y Sofía por la que fueron condenados Enric Stern y Jaume Roura “no fue un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar y vilipendiar” a la institución, sino “la expresión simbólica del rechazo y crítica política” a la monarquía, según recoge la sentencia publicada este martes ( consultable en francés).

En consecuencia, los magistrados creen que la Justicia española vulneró el artículo 10 de la CEDH al castigar penalmente a los jóvenes por la quema de fotos, y condenan a España a devolver los 2.700 euros de multa a los que fueron sancionados, así como a indemnizarles con 9.000 euros. La sentencia es vinculante para el Estado.

“La puesta en escena orquestada, aunque dio lugar a la quema de imagen de los monarcas, es una forma de expresión de una opinión en el contexto de un debate

sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la monarquía”, sostienen los magistrados de Estrasburgo, que recuerdan que la libertad de expresión ampara no sólo los actos o ideas consideradas “inofensivas”, sino también las que generan “conmoción” o “preocupación”.

Los jueces europeos enmarcan la protesta en “una crítica a lo que el rey representa, como jefe y símbolo del aparato del Estado” que los dos militantes independentistas realizaron prendiendo fuego a una fotografía colocada boca abajo de Juan Carlos I y Sofía. Concluyen los magistrados que la quema de la fotos “entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y corresponde a la expresión de un rechazo de la monarquía como institución”.

El TEDH da un revolcón a la argumentación esgrimida por siete de los once jueces del Tribunal Constitucional (TC) para negar el amparo solicitado por los jóvenes. Los magistrado del TC consideraron que quemar públicamente el retrato de los monarcas no era solo un acto “ofensivo” sino también incitador al odio y a la violencia. Interpretó el Constitucional que la protesta “trasladó la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados”.

Los magistrados europeos niegan por completo que la quema de fotos de los monarcas puedan ser consideradas como incitadoras al odio, y recuerdan que este tipo de delitos protegen a minorías discriminadas por su raza o su condición sexual. De hecho, los magistrados de Estrasburgo creen que vincular la quema de fotos de los monarcas con el discurso de odio y la violencia, tal y como hizo el TC, “sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de sin el cual no hay una sociedad democrática”.

Así, el TEDH se sitúa en línea con los votos particulares de magistrados progresistas del TC, que, en contra del criterio mayoritario del pleno, consideraron que el tribunal sí debía dar amparo a los dos jóvenes. “La crítica malsonante, la manifestación políticamente incorrecta, los gestos o actos desabridos, de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión”, recordó la magistrada Adela Asua en su voto particular, al que se adhirió su colega Fernando Valdés Dal-Ré. 

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[15] José Antonio Pérez Tapias crea la asociación Socialismo y República para la confluencia de la izquierda

Por Redacción Andalucía “Eldiario.es”

Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en:
 
El exdiputado ha registrado este nuevo espacio un mes después de haberse dado de baja del PSOE
 
 
EFE
 
José Antonio Pérez Tapias, exdiputado y en su día candidato a la secretaría general del PSOE compitiendo con  Pedro Sánchez y Eduardo Madina, ha impulsado la asociación Socialismo y República, registrada el pasado día 6 en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, donde trabaja. “Un objetivo claro, entre otros: contribuir al debate político que tan necesario nos es en la izquierda”, resume en su perfil en Facebook la idea de este proyecto. 

Entre los impulsores figuran Carlos Gestoso Juárez, Juan Manuel Castillo Bolívar, Carlos María Martínez García, Antonio Moreno y Antonio Moreno, para un proyecto que nace en pleno debate sobre la posible confluencia de la izquierda de cara a las próximas convocatorias electorales, donde si no hay cambios, las primeras son las elecciones para el Parlamento de Andalucía.

El también profesor de la Universidad de Granada ya anunció el pasado mes de enero cuando dejó el PSOE, entre otras cosas por discrepancias sobre cómo se afrontó el problema en Cataluña, que trabajaría por “la unidad de los partidos de izquierda”. Más recientemente ha habido interés por parte de Podemos e IU por contar él de cara a la confluencia que trabajan Teresa Rodríguez y Antonio Maílloen Andalucía, pero de momento José Antonio Pérez Tapias ha comenzado tomando posiciones por su cuenta. 

En declaraciones a Granada Hoy, que ha avanzado la información, el que fuera portavoz de la corriente Izquierda Socialista ha manifestado: “Nos parece que el componente republicano recoge lo que queremos lanzar al debate porque, además del ejercicio de memoria y de calidad democrática que supone, también pretende abrir el campo más allá de las personas de la órbita socialista con un proyecto abierto a la izquierda en general”.

El mismo medio de comunicación informa de que su intención es “r ecoger a las personas que están buscando un espacio en el que expresarse”, pero que sobre la posibilidad de presentar una candidatura en unas elecciones, los estatutos de la asociación niegan  esta posibilidad. “Nuestro primer objetivo es que las izquierdas se entiendan y se conecten, que desde las diferencias se alcancen acuerdos porque si no tendremos derecha para rato”, ha dicho.

 

[16] Amazon y otros emporios comerciales venden ropa ‘antifa’ con las consignas anticapitalistas de fábrica

Por Ferran Barber

http://www.publico.es/sociedad/anarquia-grandes-superficies-amazon-otros-emporios-comerciales-venden-ropa-antifa-consignas-anticapitalistas-fabrica.html

 

Marx y Bakunin proporcionan la ideología, pero las tachuelas ‘neopunk’ las pone Zara. Cerca de 400 dólares han llegado a pedir en Internet empresas como Barneys por una cazadora militar antifascista donde se llama a la insurgencia.

 

Cazadora anarquista “antifa” comercializada por Barneys en Internet y manufacturada por un proveedor del Ejército de los Estados Unidos

 

Tan inexcrutables son los caminos del antifascismo que han terminado concurriendo en Walmart, Amazon y los almacenes comerciales de la esquina.

Más de trescientos euros pedía hace unos meses la empresa Barneys en su tienda online por una cazadora militar con los clásicos iconos anarquistas y un puñado de consignas impresas entre las que destacaban unos versos atribuidos al poeta homosexual griego Dinos Christianopoulos: “Intentaron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas”.

El producto se vendía, literalmente, como “chaqueta” antifa y fue fabricado por una compañía, Alpha Industries, que en su día figuraba entre los suministradores de ropa del Ejército norteamericano. Se comercializaba, literalmente, con el nombre de “Anarquía” y se acompañaba de una etiqueta, donde se hacía constar: “Mezcla de algodón Anarquía”.

Nadie se había atrevido a hacer nada semejante desde la creación de la tarjeta “Sex Pistols MasterCard”. Con el tiempo se ha sabido que no llegaron a venderse muchas unidades de la cazadora.

Entre Durruti y Zara

A estos nuevos “revolucionarios” del entorno más “pop” de la insurgencia, entre los que esas grandes compañías busca su clientela, parece inspirarles menos Bookchin, Durruti o Marx que la magnética atracción que ejerce formar parte de un bloque negro uniformado con botas militares, capucha y balaclava. Los menos escrupulosos y puristas pueden conseguir también sus tachuelas “neo-punk” en Zara, sólo que desprovistas de consignas o cualquier orientación política explícita. La más sonada irrupción de Inditex en la, por así decirlo, “ropa con estigma ideológico” fue un pijama de rayas, que terminó retirado del mercado porque evocaba el uniforme de los judíos hacinados por los nazis en los campos de exterminio. 

Por lo demás, España no es ajena a la mercantilización del antifascismo, pero al igual que el resto de Europa, a diferente escala que en los Estados Unidos. Si existe un lugar donde esta desvirtuación de las esencias del movimiento están a punto de convertirlo en una suerte de parodia, ese es Norteamérica. La tendencia, en este caso, apunta en dos sentidos. Por un lado, a remolque de la “Alt-right” y por reacción a los supremacistas blancos a los que Donald Trump dio alas tras alzarse con la presidencia, el antifascismo se ha revigorizado y ha cobrado adeptos. Pero por otro, ha echado raíces sobre cimientos ideológicos bastante más endebles que los que sustentan su variante europea, menos orientada al “show”. O lo que es más notorio, ha renunciado, directamente, a cualquier compromiso ideológico consistente y a menudo, las afinidades con el anarquismo son esencialmente de naturaleza estética. Con los bloques negros libertarios suelen compartir, además del uniforme, su querencia por la acción directa. 

En otras palabras, cuanta más popularidad ha cobrado entre los estadounidenses, menos comprometido está el movimiento con la lucha de clases y el ataque al sistema y más adeptos gana entre eso que los anglosajones llaman “posers”, un término con el que suele designarse, en el argot de la insurgencia, a todo “adolescente que dice ser anarquista porque tiene la falsa impresión de que cualquiera que se pasa el día quejándose de un gobierno lo es, al tiempo que sostiene que el resto de la humanidad está cegada por la propaganda”. De una manera algo más coloquial, la enciclopedia inglesa en línea de la jerga también se refiere a ellos como “niños enloquecidos que acostumbran a quejarse del capitalismo sin tener ni puta idea de qué coño están hablando”. En castellano se suele denominar a esos sujetos “anarquistas o punkies de postal”. 

Sacudir a los nazis

Para acabar de rematar este irreversible proceso norteamericano de frivolización, tergiversación, domesticación y ridiculización del antifascismo, en su vertiente más política, incluso el icónico New York Times se ha aventurado a publicar una serie de recomendaciones acerca de, literalmente, “qué vestir para golpear al Estado”. Por si alguno alberga dudas acerca de la intencionalidad del reportaje, su autor, Rick Paulas, anticipa en la entradilla: “Los antifascistas creen [que es conveniente] vestirse [apropiadamente] para el trabajo que aman. En estos momentos, muchos piensan que ese trabajo es sacudir a los nazis”. 

 
Camiseta antifa a la venta en Amazon.

 O dicho de otro modo, según este periodista, la principal razón de ser del “antifa americano” es combatir a los “garrulos xenófobos e islamófobos” (traducción libre de “bigott”) de la Alt-Right al modo de una liga deportiva. Reemplácese “concentración o mani” por “partido” y la manera en que se retan y se enfrentan a los supremacistas blancos se asemeja, en cierta forma, a la de un campeonato nacional de gladiadores o una versión post-tecnológica de unas justas medievales. “This is a revolution, baby. El anarquismo goes to Hollywood. Nos vemos en Charlottesville”. 

“Está claro -nos dice el analista catalán Aniol Gutiérrez– que la comercialización del antifascismo ha sido mucho más notable en los Estados Unidos que en el resto del mundo. Y es cierto, también, que este está adoptando la forma de una subcultura urbana sin una ideología aglutinante. Claro que esto no es del todo negativo si tenemos en cuenta el modo en que se ha incrementado el número de grupos abiertamente fascistas y neonazis en este planeta decadente”. 

En opinión de Gutiérrez, el problema es que, al adoptar la forma de una moda reaccionaria absorbida e incluso utilizada por el sistema, ha dejado de ofrecer alternativas ideológicas o materiales a esa decadencia. “Y lo que es peor -añade-, se ha convertido en una de las mayores distracciones de los problemas que acarrea nuestro modelo de producción y organización social. Insisto, sin embargo, en que la vertiente europea del fenómeno es menos preocupante. En Italia, sin ir más lejos, han tenido lugar recientemente protestas en respuesta al ataque contra inmigrantes africanos de un candidato de la Liga Norte. Cuando se dan casos como estos, el emblema antifascista está mucho más justificado y puede aglutinar a gente previamente no alineada bajo ninguna ideología”. 

Hecha en México

Uno de los casos más grotescos de mercantilización de la iconografía antifascista fue la puesta a la venta en Walmart de una sudadera “antifa” con el clásico logotipo rojo y negro del movimiento. El emporio comercial ofrecía trece modelos diferentes de esta prenda, “hecha en México”, y cien por cien de algodón. Tal y como habían hecho ya antes con otros productos de mercadotecnia asociados a “Black lives matter”, las sudaderas fueron comercializadas en el sitio web de Walmart por la empresa Tee Bangers. 

 
Sudaderas antifas a la venta en Walmart.

 
Habitualmente, la Prensa norteamericana -en particular, la conservadora- acostumbra a presentar a los “antifas” como el enemigo natural -la némesis- de los supremacistas. Ambos son descritos como “radicales”, y en el medio, equidistantes, se sitúa al resto de los ciudadanos, divididos a su vez entre conservadores y liberales. No obstante, en los diarios de referencia de los ultraderechistas acostumbran a mencionarse, en el mejor de los casos, como “violentos terroristas”. La venta de las sudaderas antifascistas en la web de Walmart despertó las iras, entre otros, de los editorialistas de uno de los medios más frecuentados por los supremacistas blancos: Breibhart. Sus periodistas se quejaban del trato desigual que dispensaba a los racistas y recordaban, a este respecto, que, al igual que Amazon, Ebay y Sears, Walmart había retirado de la venta una bandera confederada para no herir las sensibilidades de algunos de sus clientes. La sudadera “antifa” desapareció finalmente del catálogo de la cadena norteamericana en diciembre del pasado año. 
 
Jóvenes catalanes, durante una manifestación anticapitalista organizada en Barcelona e pasado 1 de mayo. FERRAN BARBER

En España, el Corte Inglés se ha atrevido, a lo sumo, a crear la colección de chicas “Rebel”, una ñoña recopilación de los clichés más burdos de lo que sus diseñadores entienden por “rebelde”. Inditex -ya lo dijimos- se atrevió con una línea “neopunk”. Otras empresas han incluido entre sus camisetas impresiones de Nirvana o los Sex Pistols. Nada comparable, en todo caso, a los ejemplos mencionados de “merchandising anticapitalista” puesto a la venta por los imperios más capitalistas del planeta.

Confundidos hijos de la anarquía

Eso no significa, sin embargo, que los antifas españoles menos escrupulosos no recurran eventualmente a la red para adquirir alguna prenda con las consignas de “desobediencia” impresas ya de fábrica. Populares son, por ejemplo, en nuestro país los productos de Sons of Anarchy (Hijos de la anarquía), puestos a la venta en Amazon y otras tiendas online. Lo que ignoran mucho de los activistas que exhiben estos grabados es que Sons of Anarchy guarda menos relación con Emma Goldman, que con una serie norteamericana de televisión donde se retrata a un grupo de moteros criminales, vagamente inspirados por los racistas Ángeles del Infierno. Es difícil sustraerse a la fascinación que ejercen las calaveras, incluso si estas representan lo contrario de lo que uno dice defender. Definitivamente, los inspira la revolución, pero los viste Walmart y Amazon. 

 
Un activista, en la manifestación anticapitalista del pasado 1 de mayo, en Barcelona, exhibe un chaleco con una impresión de Sons of Anarchy, una serie de televisión norteamericana inspirada vagamente en los moteros racistas de Ángeles del Infierno. FERRAN BARBER

 

Por otro lado, las contradicciones no son sólo de naturaleza estética. En cualquiera de las manifestaciones anticapitalistas que eventualmente se convocan en Catalunya o Euskadi es cada vez más frecuente ver cerrar filas a las juventudes independentistas, de manera indistinta, y sin aparentes conflictos, bajo ikurriñas, senyeras y banderas anarco-feministas o anarco-veganas, del entorno del cada vez más popular movimiento “straight-edge”, que hoy arrasa entre los estudiantes de las ikastolas. Por su propia naturaleza ideológica, el anarquismo se opone a cualquier forma de Estado y de nacionalismo, al margen de ciertas componendas que han llevado incluir a reunir, en un mismo estandarte, a una estelada y un festón negro. Corren tiempos confusos de raros eclecticismos revolucionarios.

 

 [17] La prisión permanente revisable, sin argumentos

Por David Bollero

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 

Hace muy poco tiempo que escribí sobre la cadena perpetua camuflada bajo ese neolenguaje que tanto gusta a los neoliberales con el término ‘prisión permanente revisable’. Obviamente, me parece una barbaridad. Tras el asesinato del pequeño de Almería, la derecha vuelve a rearmar su campaña para intentar, no sólo para no derogarla sino, además, para extender los supuestos penales… y esta sinrazón retrógrada se extiende por doquier.

No existe una sola razón que justifique la justicia como venganza y eso es, precisamente, la prisión permanente revisable. En las recogidas de firmas que realiza el PP para apoyar su campaña he oído abordar a la gente con el discurso “¡para que los violadores no salgan de la cárcel, firma!”. Una barbaridad.

Desafortunadamente y gracia a PP, Ciudadanos y PSOE, la prisión permanente revisable está vigente –se la coló Rajoy a Pedro Sánchez con el infame pacto antiyihadista-. Esta pena no ha evitado el asesinato en Almería, como tampoco impidió, por ejemplo, el de la pequeña de Álora encontrada sin vida en las vías del tren.

Miremos a otros países con una trayectoria mucho más sólida en esto de concebir la prisión únicamente como castigo y no como reinserción. En Francia se aplica desde 1994, después de haber legislado en caliente tras el asesinato de una pequeña de ocho años a manos de un criminal reincidente. Si tomamos las estadísticas hasta 2015, podemos comprobar cómo la tasa de homicidios intencionados es mucho mayor en Francia que en España: según Eurostat, en el país vecino es de 1,53 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en España lo es de 0,65. Para que se hagan una idea, en Francia se cometieron casi tres homicidios al día, con más de 1.000 al año. En España, que no tenía prisión permanente revisable, se produjeron 303.

Si miramos a las violaciones, que es otro de los puntos en los que se está poniendo el foco, comprobamos que su la tasa en Francia es de 30,06 por cada 100.000 habitantes, en España se sitúa en 18,60.

Ninguna de las personas que defiende la prisión permanente revisable ha puesto encima de la mesa un sólo argumento que respalde sus beneficios, quizás porque las experiencias que existen avalan lo contrario. Y es que la venganza nunca es justificable… ¿entendible? Quizás. Yo mismo puedo admitir que si tuviera delante al asesino de mi hijo podría volcar toda mi ira, todo mi dolor contra él hasta el punto de quitarle la vida, lo reconozco, pero lo hago plenamente consciente de que no lo merece y de que yo tendría que asumir las consecuencias de esos actos.

Es hora de que esa ira, ese dolor no se apodere de los legisladores y, muy especialmente, no sea la baza electoralista que juegue la clase política, porque eso es, precisamente, lo que está haciendo.

 

[18] Mirones

Por Juan Carlos Escudier

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:

 

Cada suceso, cada tragedia nos devuelve a un estadio primitivo que entreabre la puerta de nuestro reverso tenebroso, ese pequeño cuarto del cerebro que se conduele hasta el gozo con el dolor de los otros. Las memorias del subsuelo nunca acaban de saciarnos porque nuestra hambre es infinita. Somos insectos estampados contra los ciegos faros de las desdichas ajenas, atraídos sin remedio por una oscuridad que añade negro sobre negro a nuestras propias sombras.

Hoy somos Gabriel como ayer fuimos Diana y mañana seremos cualquier nombre teñido en rojo que pueda ser estampado en una camiseta. Nuestra empatía es un disfraz de nuestra enfermiza inclinación hacia el espanto. Y de ahí que busquemos entre los redactores de sucesos a un Dostoyesvski que nos desnude el alma humana, que nos relate el terror y nos transmita grandeza. Pero para ello sería necesario que el cronista, como explicaba Zweig sobre el ruso más inmortal, hubiera sentido antes en los huesos la “sierra del dolor físico”, que hubiera convulsionado como los “ardientes alambres de los nervios” y que “el fino aguijón de la sensualidad” espoleará su pasión insaciablemente. En su lugar nos conformamos con el relato atropellado y morboso de unos empleados de casquería.

En realidad, ni siquiera tenemos educado el paladar para algo que no sea un simple refrito de miserias e intestinos y preferimos fisgonear por el ojo de la cerradura para contemplar el estrecho ángulo que se nos ofrece de las vidas de los otros y de sus muertes. Convertidos en voyeurs, no estamos obligados a ruborizarnos ni a bajar la mirada. En este desenfrenado consumo de emociones no hay reglas éticas que cumplir. Rebañaremos el plato, nos limpiaremos los restos con la manga del jersey y nos sacudiremos las migajas. Muchos eructarán en el proceso.

Un país que no lee ni en defensa propia, que no entiende su nómina o el recibo de la luz, que no ve llegar las injusticias hasta que le alcanzan en su pensión, en su sueldo o en el precio de las medicinas, es capaz de devorar y memorizar a un tiempo todos y cada uno de los detalles de un crimen y de recrearse en el repetitivo mantra que escupen los medios. Somos invencibles en ese penoso juego de hacer inventario de las letrinas, quizás porque el acta notarial del basurero nos permitirá luego emitir juicios y condenas. No nos basta el horror del presente y exigimos antecedentes, inmersiones a pulmón en el pasado que certifiquen que dos y dos son cuatro, que los monstruos no se hacen sino que ya nacieron así y se agazapan entre nosotros.

Nuestro pretendido amor por las víctimas es una válvula de escape de un odio que silba en las redes sociales y en las tertulias de los bares. Odiamos al asesino, sus circunstancias, su condición y su raza, aunque nada de ello sea pertinente ni descifre su conducta. Decimos apreciar lo normal, lo positivo y el bienestar propio y ajeno pero nos regocijamos con el sufrimiento, con el estruendo de las vajillas al hacerse añicos, con los corazones rotos, con el caos. La civilización no ha conseguido domar nuestros instintos. Nada surge que no esté ya allí. Somos malvados bondadosos.

 

 

[19] Pacientes en los pasillos, camillas prestadas y ambulancias paradas en el hospital que dirige la prima de Feijóo

 

Por JUAN OLIVER

Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en:
 
Los pacientes de Urgencias del área sanitaria de Compostela, cuya gerente Eloína Núñez es pariente del presidente de la Xunta, denuncian que la falta de medios materiales y humanos del centro provoca serios colapsos y la desatención de los enfermos
 
 
El servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

 

El servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), cuya gerente es la prima del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sigue padeciendo severos déficits de atención a los pacientes a pesar de que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) se comprometió hace escasas semanas a resolver los colapsos que padeció el departamento durante los episodios más críticos de la epidemia de gripe desatada a principios del invierno.

Según la Asociación de Pacientes e Usuarios del centro, la semana pasada ocurrieron numerosos incidentes debido a la escasez y deterioro de los medios materiales y técnicos del hospital Clínico, uno de los centros adscritos al área sanitaria de Compostela junto al Hospital Gil Casares y al Hospital de Conxo, y que dirige Eloína Núñez.

El fin de semana dejaron de funcionar los equipos de rayos X, lo que obligó a derivar a los pacientes a otras plantas. No los arreglaron hasta el lunes, pero el miércoles volvieron a estropearse, por lo que varios enfermos que necesitaban esas pruebas tuvieron que que darse sin ellas dado que durante los días laborables el departamento de Radiología tiene toda su agenda completa. A los que ya se les habían realizado con los equipos estropeados, hubo que someterlos a nuevas exposiciones de rayos con el consiguiente riesgo añadido para su salud.

Los colapsos en Urgencias del Clínico son habituales desde hace meses, y obligan al personal médico a atender a los pacientes, incluso a los diagnosticados con dolencias graves, en camillas o sillas de ruedas ubicadas en los pasillos del departamento. Pero durante varios días de la semana pasada hasta se agotaron las camillas, por lo que los sanitarios se las tuvieron que pedir prestadas a los trabajadores de la subcontrata del servicio de ambulancias. Varios vehículos de emergencia quedaron inutilizados al no disponer de un elemento fundamental para el traslado de los enfermos, pero como ni siquiera esas camillas fueron suficientes, también hubo que pedírselas en préstamo al punto de atención continuada situado enfrente del hospital. Según la Asociación de Usuarios e Pacientes del CHUS, algunas de esas camillas no cumplían los requisitos técnicos requeridos para los pacientes de Urgencias.

Por si fuera poco, el miércoles también se agotaron las botellas de oxígeno con las que cuenta el servicio y que se utilizan para trasladar de servicio en servicio y de planta a planta a los enfermos que necesitan esa ayuda respiratoria. De nuevo hubo que recurrir al préstamo desde otras áreas asistenciales para poder atenderlos, dado que no fueron repuestas a tiempo.

“El grado de deterioro de las Urgencias está alcanzando límites alarmantes”, señalan fuentes de la asociación, que aluden al “racionamiento de las camas, la obsolescencia de los equipos y la falta de personal” como causa de que se haya generado “una situación insostenible y de imposible manejo” para médicos y enfermeras y que tiene “graves consecuencias para la salud de los pacientes y la calidad asistencial”. “Todo eso redunda en una violación de nuestra integridad moral y física”, añaden.

 
El servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

El pasado 1 de enero, la gerente del área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez, anunció que el Sergas iba a llevar a cabo una “reorganización funcional” de las Urgencias para agilizar la asistencia y reducir los tiempos de espera a un máximo de 24 horas. El plan pasaba por sumar una o dos enfermeras a los turnos de mañana, tarde y noche (pasarían de tener de doce o trece a catorce), aunque sin aumentar la plantilla, tal y como reclama el personal, que se declara “desbordado” por la situación a la que han abocado los recortes.

En cuanto a los médicos, el plan de Núñez pasaba por elevar a cinco el número de equipos de guardia, frente a los seis que reclamaban los propios galenos, pero manteniendo también la misma nómina de facultativos que los profesionales consideran insuficiente: doce por las mañanas y las tardes y seis por las noches en los días laborables, y ocho en los turnos de mañana y tarde y seis en el de la noche en los fines de semana.

La junta de personal del CHUS lleva varios meses denunciando la situación del servicio de Urgencias y reclamando no sólo que se incremente la dotación de personal necesario para atenderlo, sino también la provisión de elementos materiales tan esenciales para su funcionamiento como las camillas, las sillas de ruedas y las bombonas de oxígeno.

 

[20] Agitación social, bloqueo político

Por Fernando López Agudín

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:

 

Parafraseando a Marx en su análisis sobre las Cortes de Cádiz de 1812 –en la isla de León, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas–, cabría describir de forma similar el Congreso de los Diputados en este 2018: en la Carrera de San Jerónimo, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas. Basta contrastar las movilizaciones de las mujeres, pensionistas y parados con la retórica bizantina de casi todos los parlamentarios, para  llegar a la conclusión de que la España social poco tiene que ver con la España política.  Parece  bastante evidente que la primavera social en curso precede, paradójicamente, a todo un invierno político en gestación avanzada. Cuanto más alto y claro se habla desde la calle, más bajo y oscuro se habla desde la mayoría de los escaños.

En ese divorcio se mueve a sus anchas un gallego como Rajoy. Tanto que este escenario, repleto de rebeliones sociales, no lleva camino de ser su epílogo sino, por el contrario, su nuevo prólogo en la Moncloa. La fuerza relativa  del PP no radica hoy mismo  en su rapidez de acción o audacia reflexiva – inexistentes en la Moncloa– sino en la vacilación impotente, la lentitud, apatía e indecisión de sus adversarios ante la nueva explosión social que acaba de estallar en la sociedad española.  Rajoy, mientras tanto, se limita a esperar con los brazos cruzados a  ver pasar el cadáver de una alternativa gubernamental al gobierno que viene presidiendo desde hace siete años.

Efectivamente, no hay alternativa al Gobierno de Rajoy, ni se la espera. La mejor carta de la baraja política la maneja hoy día el PP, en la misma medida que el abanico de críticas políticas no termina nunca de cerrarse en un claro programa común alternativo. Tan dudosos son los méritos parlamentarios de la mayoría opositora como indiscutibles su defectos políticos. Aunque, muy probablemente, esta alergia a una moción de censura, debe guardar una cierta relación con la idea de que comparten con Rajoy la representación política de los intereses alemanes.  Pues, ¿  qué les preocupa más, el gobierno  de Rajoy o un gobierno progresista que preste oído a las demandas sociales?

Basta ver como Albert Rivera pierde fuelle  justo hoy,  cuando podía rematar a Rajoy, habiendo ocupado  la calle junto a las mujeres y a los pensionistas. Ni lo uno, ni lo otro. Ni lazo lila, como el que portaba inteligentemente Rajoy, ni subida de las pensiones, sobre las que guardan un significativo silencio sus amigos financieros. En menos de una semana, Ciudadanos, muy crecido volteando la rojigualda, ha retrocedido bastantes pasos atrás en su  rápido camino a la Moncloa. Empieza ya a descender del entusiasmo al afecto, del afecto a la consideración, de la consideración a la indiferencia y, como se descuide, puede pasar de la indiferencia al desprecio.  Su idea de patria es justo la contraria de la de los patriotas que ocupan hoy las calles.

Mucho peor es lo de Sánchez. Sin reconciliarse con los enemigos que le defenestraron, ha ido enajenándose poco a poco a los amigos que le votaron en las primarias. Falto de valor para romper las trabas del aparato, ha quedado tan despojado de autoridad que no se atreve ni siquiera a recoger en una moción de censura  la movilización que agita hoy a las calles españolas. Aunque, ciertamente, si quisiera, no podría porque el SPD alemán es algo más que un partido hermano. Nunca mejor que ahora para comprobar como no se sitúa a la derecha o a la izquierda; el PSOE se sitúa en Alemania. Pese a la muy amplia derrota electoral del socialismo germano, los  poderosos intereses a los que sirve, imponen, una vez más, el apoyo a la Merkel.

Alemania apoya a su profeta Rajoy. Igual que la crisis griega frenó lo que parecía el avance imparable de Podemos en aquella primavera de 2016, la crisis italiana de 2018 contribuirá  a consolidar a Rajoy en la Moncloa, salvo algún imprevisto imprevisible. Ya se puede ver en lo político, con la parálisis del PSOE, ya se verá en lo económico, cuando Berlín llegue incluso a permitir al Gobierno del PP algunas alegrías con el déficit público. Solo faltaba la inquietud ante el in crescendo de la movilización social, ese temor a que en otros países europeos se contagien de este mal hispano, para apoyar absolutamente a Rajoy en su tentativa de derivar esta primavera social de hoy en el invierno político de mañana.

 

[21] Imputados cuatro altos cargos de la Sanidad madrileña por presunta prevaricación en el concurso de ambulancias del SUMMA

Por EP

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 
El viceconsejero, Manuel Molina, declarará ante el juez tras una querella interpuesta por la licitadora Ambulancias Alerta
 
 
Ambulancias del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA). / EP
 
 
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a varios cargos de la Consejería de Sanidad para que declaren como querellados en el proceso abierto sobre un delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMMA.

En una providencia fechada el 21 de febrero se cita para el próximo 2 de abril en calidad de investigados al actual viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, al secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y al director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortes.

A su vez, el juzgado también se cita en calidad de testigos a cinco integrantes de la mesa de contratación de los expedientes administrativos. También se solicita al querellante que aporte más detalle de la mora en el pago de las facturas por transporte de enfermos programados, para además dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía por si estima oportuno practicar alguna diligencia de investigación.

El pasado 8 de enero el juzgado admitió a trámite la querella presentada por una de las licitadoras al concurso para el traslado de pacientes en ambulancia, al entender que había presunta prevaricación en la actuación de la Consejería, que se decantó por otra empresa para este servicio.

El viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, explicó recientemente en la Comisión de Vigilancia de la Contratación de la Asamblea de Madrid que el juzgado remitió a la Consejería un auto en el que informaba de que la querella interpuesta por Ambulancias Alerta se había admitido a trámite porque reunía los requisitos “formales” para ello, solicitando a su vez que se remitiera documentación sobre el proceso.

Molina recalcó que en ese auto no estaba determinada ni “la naturaleza ni la circunstancias de los hechos requeridos en la querella” e informa de que abre diligencias previas, algo que es el “procedimiento que se sigue habitualmente en estos casos”.

Al respecto, Sanidad remitió al juzgado los expedientes correspondientes del contrato para el traslado de pacientes urgentes y programado. También relató que esta empresa, que anteriormente prestaba el servicio, presentó varios recursos contenciosos-administrativo con el objetivo de “paralizar” que se iniciara ese contrato al entender que presuntamente se incurría en un “ilícito penal”, lo que a su juicio supone “prejudicializar” este proceso.

Al respecto, el viceconsejero argumentó que presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó dos solicitudes de nulidad del proceso de contratación y que tras esa negativa se interpuso la querella contra la Consejería.

En enero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, explicó que el servicio había sido adjudicado a la empresa Ferroser, en un proceso en el que también concurrió Ambulancias Alerta.

A su vez, el diputado socialista Ángel Chamorro llevó esta cuestión a la comisión y trasladó su preocupación por la querella interpuesta por Ambulancias Alerta pues cree que esta situación muestra que los pliegos para el contrato de traslado de pacientes en ambulancia implicaba problemas. “Nos preocupa y lo veíamos venir”, indicó el parlamentario para advertir sobre la elaboración de pliegos que primen las ofertas económicas “a la baja”. Por ello, reclamó “más celo” en la elaboración de este tipo de pliegos técnico-económicos.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad indican que la providencia en el marco de las diligencias previas abiertas y reiteran que los procedimientos de los concursos del transporte urgente como programado de ambulancias se hicieron en estricto cumplimiento de la normativa. Al respecto, Sanidad indica que se colaborará con la Justicia en cualquier aspecto que solicite.

Recientemente entró en funcionamiento el nuevo contrato para el traslado programado no urgente de pacientes que supone incrementar en casi un 10% el número de ambulancias, con la previsión de que se transporten 1,3 millones de pacientes durante el primer año.

Según indicó la Consejería de Sanidad en un comunicado, el contrato incluye un total de 360 vehículos de nueva adquisición, que amplían en casi un 10 por ciento el número de ambulancias en la calle a disposición de los pacientes para la realización de este tipo de traslados.

Estas nuevas ambulancias, de distinta tipología según las necesidades propias de cada traslado (individuales y colectivas) incluyen mejoras tanto en la confortabilidad de los pacientes, con espacios más amplios, así como en el acceso de los mismos, al ser vehículos adaptados mediante rampas de acceso para pacientes en traslados con sillas de ruedas, y diferentes tipologías de camillas según la necesidad propia del traslado y del tipo del paciente.

De las nuevas 360 ambulancias, 229 son para traslados individuales y 131 de traslados colectivos, lo que “amplía” el número de traslados individuales frente a los colectivos respecto a los servicios prestados hasta ahora. La nueva flota cuenta también con ambulancias bariátricas, vehículos adaptados para el traslado de pacientes con obesidad mórbida, expone la Consejería en un comunicado.

 

 

[22] Hepatitis C: la clave para su eliminación es diagnosticar a todos los enfermos

Por Javier García-Samaniego Rey (*)

Artículo publicado el 12 de marzo de 2018 en:
 
 
En España hay más de 70.000 adultos que no saben que tienen hepatitis C
En España hay más de 70.000 personas que no saben que tienen hepatitis C

La hepatitis C constituye un grave problema de salud pública por su prevalencia, morbilidad y mortalidad, y elevado coste sanitario. Representa la primera causa de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer de hígado en los países occidentales, y es también la principal indicación de trasplante hepático. Por todo ello, la hepatitis C es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en nuestro país, duplicando la producida por el virus del SIDA.

En los últimos años se ha producido un enorme avance en el abordaje terapéutico de la enfermedad. Este adelanto lo ha permitido la irrupción de nuevas pautas de tratamiento: los antivirales de acción directa, que han convertido la hepatitis C en la primera infección viral crónica que puede curarse en el ser humano.

En los últimos tres años, desde abril de 2015, se han tratado con estos medicamentos cerca de 100.000 personas en España. Inicialmente recibieron el tratamiento aquellos que tenían una enfermedad hepática más avanzada, pero desde junio de 2017 el Gobierno y las Comunidades Autónomas han universalizado el tratamiento, extendiéndolo a todos los pacientes independientemente de la gravedad de la enfermedad.

¿Es esto suficiente? En mi opinión no lo es: la extensión del tratamiento debe ir unida a un plan de cribado que permita diagnosticar a los pacientes que desconocen que padecen la enfermedad. Se estima en más de 70.000 el número de adultos que no saben que tienen hepatitis C en España. Muchos de ellos pueden evolucionar a las fases más graves de la enfermedad: fibrosis hepática avanzada, cirrosis y finalmente enfermedad hepática terminal y/o cáncer de hígado. Todos, además, pueden contagiar la infección a otras personas.

Para modificar la historia natural de la enfermedad y eliminarla como problema de salud pública es necesario diagnosticar todos los casos desconocidos y vincular el diagnóstico al tratamiento precoz con antivirales de acción directa. Es necesario y ahora sabemos además que es viable y sostenible: el coste-efectividad de las estrategias de cribado universal se ha acreditado en varios estudios. Y no es difícil entender por qué.

En primer lugar, el precio de los medicamentos que curan la hepatitis C en más de 95% de los casos se ha reducido hasta situarse en un coste inferior al de los tratamientos anteriores, cuyo porcentaje de éxito apenas alcanzaba el 40% y tenían además el inconveniente de producir efectos secundarios muy molestos para los pacientes. En segundo lugar, los nuevos estudios de prevalencia –el número de personas que tienen la enfermedad- arrojan cifras de entre el 0,3% y el 0,4% de la población, un porcentaje mucho menor del estimado anteriormente, lo que convierte en un esfuerzo mucho más asequible el objetivo de diagnosticar nuevos casos y a continuación tratarlos.  Finalmente, no se puede dejar de insistir en lo que supone tratar a tiempo y curar la hepatitis C en términos de inversión en salud para nuestro sistema sanitario: estimaciones recientes apuntan a un ahorro de 9.000 euros por paciente tratado en las fases iniciales de la enfermedad, frente al coste que representa tratarlo en fases más avanzadas. Diagnosticar y tratar a tiempo supone evitar a nuestro sistema público la atención de numerosos casos de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer de hígado. Concretamente, por cada mil pacientes tratados con enfermedad leve, se evitarían seis trasplantes y sesenta casos de cáncer de hígado, cuarenta casos de cirrosis y setenta y ocho fallecimientos por causa hepática. A todo ello hay que añadir una significativa reducción de la lista de espera de trasplante y una mejoría de la supervivencia.

Pero puesto que la hepatitis C se puede curar, diagnosticar y tratar a tiempo a los pacientes leves significa también darles de alta del sistema sanitario en lo que se refiere a esta enfermedad. Supone también no tenerlos con controles clínicos periódicos y consumiendo recursos públicos, sino convertirlos en personas sanas, sin estigma de enfermedad y con una calidad de vida igual a la de los pacientes sin hepatitis C.

Con los deberes hechos en materia de tratamiento, es el momento de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de esta enfermedad. El Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud contemplaba para finales de 2017 el inicio de las políticas de cribado. Estas políticas todavía no han comenzado, si bien el Gobierno ha dado alguna señal en este sentido. Una buena noticia si se tiene en cuenta que hasta hace poco sus intenciones pasaban únicamente por completar el tratamiento de los casos diagnosticados antes de iniciar una estrategia de cribado.

Eliminar la hepatitis C como problema de salud pública es un reto al alcance de la mano en este momento. Pero a la universalización del tratamiento hay que sumarle el diagnóstico de las infecciones no conocidas. Si no se combinan ambas estrategias, en 2022 tendremos más de cien mil pacientes sin diagnosticar que podrán evolucionar -o habrán evolucionado- a estadios avanzados de la enfermedad y que contagiarán a otros, convirtiendo en insuficiente la ampliación del tratamiento.

Para culminar el trabajo, el Gobierno debe dar un paso y elegir la mejor opción de cribado para la población general, afinando junto a los profesionales las estrategias de trabajo en las poblaciones prioritarias y grupos vulnerables.

Está en nuestra mano lograrlo.

(*) Javier García-Samaniego Rey es jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz y coordinador de la lianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)

 

[23] El PP intenta confundir sobre ciberguerra para defender la censura

Por Carlos del Castillo

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 
Teodoro García Egea, diputado del PP, rompe una hoja con un comentario publicado en las redes sociales.
 

El Congreso tumba una iniciativa del PP que pretendía dotar al Gobierno de la capacidad de censurar fake news por vía administrativa

El PP agita al miedo a los hackers y los ciberataques para defender su propuesta, que solo ha recibido el apoyo de Ciudadanos

El Congreso ha tumbado este martes una Proposición No de Ley (PNL) del PP que defendía la necesidad de dotar al Gobierno de herramientas para censurar informaciones en Internet. La medida, que solo ha recibido el apoyo de Ciudadanos, hablaba de la detección y el “sellado o descalificación como potencial noticia falsa ante el ciudadano”  de los contenidos que las fuerzas de seguridad, sin intervención judicial, considerasen sin la veracidad suficiente.

El PP, de la mano del diputado Teodoro García Egea, ha recurrido a una estrategia que ya ha utilizado otras veces en sede parlamentaria: asimilar el fenómeno de la desinformación al concepto de ciberguerra para, con la excusa de aumentar la seguridad de las instituciones y los ciudadanos, promover medidas que en la práctica suponen amenazas directas a libertades fundamentales.   

Una noticia falsa no constituye por si sola un acto de ciberguerra. Ni siquiera si ha sido falseada deliberadamente, con la voluntad de manipular la opinión pública. Actos de ciberguerra son los ataques dirigidos contra infraestructuras digitales estratégicas, como los sistemas de comunicación satelitales o los programas informáticos del sistema de salud, con el objetivo de tumbarlos o de robar información. Estas acciones pueden estar acompañadas, o no, de campañas de desinformación que confundan a la opinión pública y la polaricen mientras se consigue el objetivo principal del ciberataque.

No obstante, el PP ha vuelto a poner las fake news en el centro del debate, a pesar de que  ayer mismo el grupo de expertos en desinformación de la UE advirtió que no sabemos lo suficiente sobre ellas y no pueden ser la excusa para promulgar leyes que amparen la “censura” de determinados medios o sus contenidos. Para los conservadores, las noticias falsas están destinadas a “fomentar la desestabilización de las democracias occidentales”. “Mediante el arte del engaño, muchos crean bulos, difunden información manipulada, multiplican noticias falsas con apariencia de verosimilitud y que, aprovechando la viralidad de su contenido, se difunden rápidamente”, aseguraba García Egea: “Atacan el sistema democrático desde la raíz, manipulando al elector y a la opinión pública en un sentido concreto”.

¿Censura directa de comentarios en redes sociales?

Prueba de la confusión de la que se ha intentado servir el PP para sacar adelante la censura son los ejemplos de noticias falsas que ha puesto su diputado. García Egea, en un alarde de escenificación en la tribuna como los que tanto han criticado de otros grupos parlamentarios, ha roto dos folios en los que había impreso dos comentarios de usuarios en redes sociales que no se correspondían con la verdad. El problema es que ninguno de ellos promocionaba noticia o contenido alguno, por lo que en teoría no podrían ser objeto del “sellado” del Gobierno, a no ser que este pretendiera utilizar esa facultad para censurar directamente comentarios de los ciudadanos.

Salvo Ciudadanos, que ha recordado que la ciberseguridad es un aspecto transversal que afecta también a la economía y que cada año hace perder billones de euros a las empresas, el resto de grupos se han mostrado muy críticos con la PNL. 

El PSOE ha remarcado que el PP pretendía hacer que el Congreso aprobara que “el Gobierno, por vía administrativa y sin control judicial censure una información en base a una falsedad que el propio Gobierno determina”. Algo inaceptable para los socialistas, ha reafirmado  José Ignacio Sánchez Amor, que ha advertido a García Egea de que la idea de su grupo atentaba contra los derechos fundamentales: “Cuando uno rompe una hoja de una noticia falsa puede estar rompiendo una página de la Constitución”.

Unidos Podemos, por su parte, ha optado por recordar que uno de los fundadores de Alianza Popular y más tarde del PP fue Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo durante la dictadura franquista. “Lo que se está planteando es una ley mordaza 2.0, un ministerio de la verdad”, ha afeado el diputado morado Rafael Mayoral, asegurando que Fraga “estaría muy orgulloso de las argumentaciones que está haciendo el PP en esta cámara intentando instituir la censura, que es un delito en nuestro ordenamiento jurídico”.

 

 

[24] Eso de los derechos humanos

Por Aníbal Malvar

Artículo publicado el 14 de marzo de 2018 en:
 

Pues o sea que resulta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a nuestra España por multar a unos chicos que, en 2007, quemaron una foto de la Reina Sofía y su casto esposo en ágora pública. Caramba. Mira que tenemos mala suerte los españoles con esto de los derechos humanos. No paramos de pagar multas. En este caso, al parecer nos hemos saltado el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El de la libertad de expresión. Mira tú qué tontería.

La verdad es que el citado artículo no hay por donde cogerlo, pues deja un amplio margen de interpretación a los sicodélicos criptofachiñas que hay ahora: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”. No he sido yo quien ha dicho censura.

Pocas horas después de esta condena a España por vulneración de los derechos humanos, los votos de PP, Ciudadanos y PSOE impidieron que se despenalizaran en nuestro país las injurias a la Corona. Con lo cual yo ya no sé si puedo insultar o no en esta columna al rey,  y mira tú que tengo ganas.

Los delincuentes en general, y los poetas en particular, andamos un poco despistados por no discernir entre lo que es delito y aquello que no lo es. Tanta es nuestra confusión, que a veces hasta somos legales sin quererlo.

El muy alto tribunal europeo antes citado, nos dice que “dichas ofensas se engloban dentro de la expresión simbólica del rechazo y crítica política a cualquier monarquía y a cualquier cargo público. Nada tienen que ver con la vinculación a discursos del odio y violencia, hecha por el Tribunal Constitucional español. El código penal impuesto a los jóvenes constituye una injerencia injustificada a su libertad de expresión protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos”.

Lo más gracioso de todo es que han pasado diez años entre la condena a los dos chavales y esta sentencia contra España, que deberá devolver las multas de 5.400 euros e indemnizarlos con otros 9.000 por las molestias. Nada se dice de sanciones profesionales contra los redactores de aquella sentencia, por mucho daño que hayan causado a Enric Stern y Jaume Roura durante esta década entre juzgados.

De todos es sabido que a PP y a Ciudadanos les encantan los cadalsos y los pelotones, y por eso no es de extrañar que se nieguen a despenalizar eso tan vago, interpretable y melifluo que nuestro Código Penal describe como “injurias a la Corona”.

El caso del PSOE es diferente. Dice Margarita Robles, jueza y portavoz socialista en el Congreso, que “la sentencia juzga un caso específico, un caso concreto. Entendemos que no se centra en el ámbito de la libertad de expresión, sino que entra en un ámbito mucho más institucional”. Lleva razón. La sentencia no se centra en el ámbito de la libertad de expresión. De hecho, solo dice textualmente que es “una injerencia injustificada a la libertad de expresión”, pero bueno, hombre, a cualquiera se le escapa un chascarrillo. Tantos derechos humanos nos acaban volviendo a todos un poco locos. Lo de los derechos humanos, mejor cada uno en su casa.

 

[25] Los Borbones son sentimientos y tienen seres humanos

Por Juan Carlos Escudier

Artículo publicado el 14 de marzo de 2018 en:
 

Nuestra realeza es muy sentida y lleva fatal eso de que quemen sus fotos o verse dibujados en la portada de El Jueves en plena coyunda. Les arruina el desayuno. Hace casi diez años la reina Sofía abrió su medieval corazón a la periodista Pilar Urbano y confesó lo que ya intuíamos: que no son de piedra, que les cuesta callarse y que esas piras de papel couché con sus retratos les supone un gran disgusto. En ocasiones así, ha sido esta mujer la encargada de levantar el ánimo alicaído, la de mantener unida a la familia, ya fuera la propia o la griega, que para colmo tiene ese ramalazo egipcio desde que llegó a España con una mano delante y la otra detrás. “Son fotos, no nos queman a nosotros, queman trozos de papel, así que ya se apagarán”, les tiene dicho a lo suyos. Y así es como pueden acabar el café con leche y dar cuenta de los cruasanes.

Es de suponer por tanto la mortificación que para nuestros Borbones ha supuesto el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no considera delito estas hogueras de vanidades por entender que no constituyen desprecio ni vilipendio sino una manera legítima de expresar el rechazo a la monarquía, de crítica y de disidencia política. Es la “sagrada libertad de expresión” contra la que ya advertía la reina emérita en sus desayunos familiares.

Lo que los jueces de Estrasburgo vienen a decir es que la igualdad ante la ley es lo que diferencia a un Estado de Derecho del absolutismo y que la sobreprotección de una familia, por muy real que sea, es hacernos comulgar con unas ruedas de molino muy indigestas. Para explicar gráficamente este concepto, cualquiera puede acabar en galeras por injuriar al rey pero Su Enormidad podría pasarle por encima con un todoterreno sin que le ocurriera nada –salvo algún desperfecto de chapa y pintura en el vehículo- porque nuestra Constitución dice que es inviolable y que ninguno de sus actos está sujeto a responsabilidad. Nadie niega que el rey pueda ser injuriado, pero para su defensa no necesita ninguna salvaguarda más allá de la que  contempla el Código Penal para el resto de los mortales sin corona, con la ventaja de que ni siquiera tendría que buscarse un abogado porque ya cuenta con un ejército de fiscales dispuestos a la batalla.

El caso es que ni en la desigualdad somos iguales ya que el criterio de la Justicia es cambiante como la veleta de un campanario y lo que hoy es una injuria a la Corona mañana puede ser una alteración del orden público, quizás en función del tamaño de la lumbre, mayor y más grave si lo que se queman son retratos de tamaño real y menor si lo que arden son recortes de periódico o fotos tipo DNI.

De este fallo de Estrasburgo tendría mucho que decir Xabier Sánchez Erauskin, quien siendo director  de Punto y Hora de Euskal Herria, fue condenado en 1981 a un año de cárcel y dio con sus huesos en Nanclares por un artículo titulado Paseíllo y espantá en el que se burlaba de la visita del entonces rey Juan Carlos a la Casa de Juntas de Gernika. Vista hoy, la pieza es tan inocente que hasta el ABC podría publicarla en páginas interiores en un alarde de pluralismo.

Como era de esperar, PP, PSOE y los agentes naranja de Ciudadanos han hecho caso omiso del Tribunal y ayer mismo unían sus fuerzas para rechazar con ánimo encendido la proposición de ley de ERC en la que pedía despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. “Ser antimonárquico no es lo mismo que ser republicano”, llegó a afirmar para desconcierto general el diputado socialista José Andrés Torres Mora. Los Borbones, que diría Rajoy, son sentimientos y tienen seres humanos. Todo es poco para endulzar esos desayunos de Zarzuela, la comida más importante del día en opinión de los nutricionistas.

 

[26] LA CONSERVADORA “AMNISTÍA INTERNACIONAL” EDITA UN INFORME DEVASTADOR SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Por M. RELTI

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 
Según un informe publicado por la organización Amnistía Internacional sobre las libertades en el Estado español, la involución democrática que se observa en España está resultando “especialmente preocupante”. Amnistía Internacional, una organización nada sospechosa de “izquierdismo”, mantiene en su extenso informe que el gobierno de Mariano Rajoy pretende “crear un clima de autocensura en la población”.
 
 
La actitud gubernamental refleja “una intolerancia creciente y peligrosa hacia cualquier expresión,incluida la artística”
 

Según un informe publicado por la organización Amnistía Internacionalsobre el Estado español, la involución democrática que se observa en España  resulta “especialmente preocupante”. Amnistía Internacional, una organización nada sospechosa de “izquierdismo”, estima que  las penas asociadas a los cargos de “enaltecimiento” del terrorismo, que hoy se han convertido en moneda corriente de las sentencias pronunciadas por la “Audiencia Nacional” -un esperpéntico vestigio del Tribunal de Orden Público (TOP) de la Dictadura deFranco – ,  “pueden tener  efectos duraderos y devastadores en personas cuyo fín era expresar libre y legítimamente ideas y opiniones”.

El Informe de Amnistía Internacional dedica, asimismo,  un apartado a las numerosas personas represaliadas en el marco de las redadas realizadas contra internautas, como la llamada “Operación Araña”, precisando que  el objetivo de las mismas es “crear un clima de autocensura en la población”.

Otro de los capítulos incluidos en el informe por esta institución  internacional dirige su atención hacia  los ataques contra la libertad artística, mencionando los casos de La Insurgencia, Nyto, Pablo Hasel o Cesar Strawberry.

“Estos casos -cita el informe- reflejan una intolerancia creciente y peligrosa hacia cualquier expresión,incluida la artística, que pueda considerarse provocativa, inquietante o incluso ofensiva. Pero escandalizar a personas diciendo o tuiteando ocantando cosas ofensivas no es delito. Aplicar el derecho penal a estas expresiones no sólo estigmatiza, sino que las graves consecuenciasque puede conllevar —como los antecedentes penales, la cárcel y la inhabilitación— son preocupantemente desproporcionadas”.

En relación con el apartado dedicado a la libertad de prensa, Amnistía Internacional presta especial atención a los casos del periodista de La Haine  actualmente encausado, Boro LH, o al del cineasta Alejandro García, deResistencia Films.

“Se trata-dice el informe- de un reflejo inquietante de la situación de la libertad de expresión en España que la mera repetición de una frase utilizada por un grupo armado, como en el caso de Boro, o entrevistar a personas que según el Estado han“enaltecido” a un grupo armado, como en el caso de Alex, sea causa de un procesamiento penal”.

Amnistía internacional precisa, finalmente, que:

“Con  el uso de estas disposiciones para penalizar expresiones legítimas, las autoridades españolas incumplen las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El impacto del artículo 578 es devastador para las personas: desde cuantiosas multas hasta largos periodos de exclusión del sector público, pasando por las penas de prisión. Pero incluso más allá de estas sanciones, este uso abusivo de las disposiciones antiterroristas lleva a las personas a autocensurarse por miedo a sufrir la represión. La criminalización de unabanico tan amplio de expresiones tiene un efecto paralizante y puede crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco populares o incluso de hacer chistes polémicos.Esta limitación y reducción del espacio del debate público y abierto, el análisis y la crítica representa una amenaza más a largo plazo para la fuerza de la sociedad civil y la capacidad de garantizar no sólo el derecho a la libertad de expresión, sino la defensa de toda una serie de derechos humanos fundamentales”.

Ni que decir tiene que hasta el momento en el que redactábamos estas notas de resumen sobre los aspectos más relevantes del informe citado, los grandes medios de comunicación españoles  habían acogido con mucha discreción esta información. Contrariamente a lo que sucede cuando Amnistía Internacional u otros organismos se refieren a Venezuela, los “tertulianos”  radiofónicos y televisivos españoles no  han sido tan vertiginosos como suelen ser en en el caso del  acosado país latinoamericano. Un sobriedad y lentitud que no es casual, sino que refleja hasta qué punto la prensa española en general continúa controlada por el Ejecutivo, tal y como lo estaba en la época de la dictadura del general Franco.

[27] LA POLITICOFOBIA

Por LIDIA FALCÓN

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 
 
“Asociaciones y organizaciones populares tienen a gala no estar “politizadas”, como si eso fuera posible”

Una de las jubiladas que se manifestaba hace dos días frente al Congreso de los Diputados en Madrid afirmó rotundamente ante las cámaras que “ellos”, los jubilados, no llevaban banderas ni siglas ni tenían partido, presumiendo de que ese movimiento era apolítico. Uno de los manifiestos del Movimiento Feminista sobre la huelga del 8 de mayo se reivindica como ajeno a los partidos y se queja amargamente de que algunos grupos quieran introducir en el llamamiento de la huelga consignas políticas. La presidenta de laComunidad de Madrid, Cristina Cifuentes afirmó que la huelga era un arma política y que no debía ser usada por las mujeres que, per se, deben ser apolíticas. En el mismo o parecido sentido se manifestó Inés Arrimadas.

La vicepresidenta del Partido Feminista, Marta Nogueroles, al ser invitada por elAyuntamiento de Carabanchel para dar una charla fue advertida por la responsable municipal, por supuesto perteneciente a un partido, de que no debía hablar del Partido Feminista porque solo se trataba de un acto para informar e impulsar la huelga del 8 de marzo. En Canarias, la coordinadora del Partido Feminista, María Jesús Fernández,sostiene una verdadera batalla con las organizadoras de la Red Feminista de las islas porque no la dejan hablar en la manifestación del 8 de marzo ni permiten que las militantes del PFE ostenten símbolos o pancartas del partido, ya que no permiten la participación de ninguno, convirtiendo la manifestación del 8 de marzo en un acto exclusivo de la Red, como si la manifestación y la calle fueran propiedad privada de esas señoras.

En las comisiones que organizan los múltiples actos feministas se mantiene una perpetua discusión sobre si se pueden o no  exhibir las pancartas y los símbolos de los partidos políticos.

Estos son solo algunos de los ejemplos de la politicofobia que acomete a nuestro país y que se están repitiendo diariamente en las actividades sociales. Las asociaciones y organizaciones populares tienen a gala no estar “politizadas”, como si eso fuera posible, para mostrarse puras e incontaminadas. Los participantes en el 15-M, cuyas manifestaciones y asambleas parecieron conmocionar el país, se jactaron de ser apolíticos y por tanto de no estar contaminados con el mal del partidismo. Cuando se convirtieron en Podemos muchos de los que entonces estaban en las calles han escrito quejándose amargamente.

Ahíta estoy de oír las mismas manifestaciones de pureza antipolítica y crítica y persecución de lo “político” tanto en las asambleas feministas como en las de otras organizaciones.

Resulta altamente preocupante que se estén difundiendo continuamente mensajes por las redes sociales anatemizando a los partidos políticos, a los diputados, a los concejales y demás representantes que han sido votados en las sucesivas elecciones. Se les critica por los ingresos que perciben y los privilegios de que disfrutan, exigen que se les rebajen los sueldos, que se les quite la pensión de jubilación y los coches oficiales, y que se eliminen el Senado y las Diputaciones, y en ese esperpéntico análisis concluyen que con estos ahorros se cubrirían todas las carencias económicas del Estado: sanidad, educación, pensiones, etc.

Resulta todavía más sorprendente que en tales mensajes nunca se hable de los miles de millones que hemos entregado a la banca y a las cajas de ahorros, de las primas escandalosas que perciben los consejeros de esas entidades que han sido financiadas con dinero público, ni siquiera cuando algunos están siendo juzgados por su escandalosa conducta al autoatribuirse sueldos, primas, indemnizaciones y jubilaciones, que suman cientos de millones de euros.

Mientras reiteran la denuncia del despilfarro que nos suponen nuestras instituciones políticas nunca mencionan los presupuestos militares, que este año han aumentado un 38%, ni la cuota que pagamos a la OTAN. Supongo que la mayoría de la población no sabe  que las maniobras que las fuerzas de la Organización Atlántica realizó desde septiembre de 2016 a marzo de 2017, en nuestro Mediterráneo, de Gibraltar a Murcia, las más importantes después de la II Guerra Mundial, significaron el mayor coste militar del mundo, con 30.000 efectivos desplegados en este pobre Mare Nostrum tan vejado. No puedo imaginar el destrozo ambiental que ocasionaron en los fondos marinos y en las costas terrestres. Un dato: el coste de un solo día de maniobras de la OTAN es igual al presupuesto de sanidad de todo un año en España.

Lean al teniente Gonzalo Segura en este mismo periódico y conocerán los terroríficos despilfarros y latrocinios que se realizan en nuestro ejército, una de cuyas chuscas historias consiste en haber fabricado un submarino que nos costó 800 millones de dólares y que no puede moverse ni subir del fondo del mar porque pesa demasiado, y cuya reparación costará 1.500 millones de dólares más.

Pero esta campaña no es producto de la desinformación popular. En esta operación no hay nada inocente. Al Capital le conviene desprestigiar a los políticos y correr una tupida cortina sobre el esquilmo a que está sometiendo a las clases trabajadoras para financiar sus transacciones financieras y sus guerras imperialistas. Es el absoluto triunfo del complejo militar industrial que hace más de medio siglo señaló Eisenhower. Libertad total para explotar y requisar los recursos del mundo sin oposición política.

Ciertamente este no es un fenómeno único español. Los movimientos populistas que crecen y crecen en toda Europa presumen de no creer en la representatividad de las Cámaras sino de reunirse en asambleas donde tomarán decisiones que llevarán a sus países hacia la libertad y el bienestar.

En las elecciones italianas el Movimiento 5 Estrellas –y buena moda esta de ponerles nombres insulsos y sin definición a las formaciones políticas- que  tiene una gran aceptación en Italia y millones de votantes, ha sido creado e impulsado basándose en la crítica a los partidos políticos. No ha desanimado a sus electores que en la pasada legislatura haya sido imposible impulsar una coalición progresista porque los “puros” estrellados se negaron a pactar con ningún otro partido, permitiendo con ello nuevamente el protagonismo deBerlusconi, ni que la alcaldesa de Roma, perteneciente a esta formación, se haya mostrado como una absoluta inepta en el gobierno de la ciudad.

Pero ahí están los movimientos y proclamas populistas de Hungría, Polonia, Austria, Francia, Alemania, Grecia, que quieren acabar con las instituciones políticas recuperadas después de la II Guerra Mundial y que están permitiendo el resurgir de las organizaciones fascistas y nazis. En España, que consiguió algunas de las libertades y organizaciones democráticas después de la muerte de Franco y que conoce bien el horror de la dictadura, no se han reproducido los partidos fascistas, como tampoco en Portugal. Pero el germen está ahí, en difundir el desprestigio, el desprecio y hasta el odio a los partidos políticos -hay que añadir a los sindicatos- y contra las convocatorias electorales, la designación de candidatos, la labor parlamentaria etc. etc.

Resulta muy preocupante observar la ignorancia de las generaciones educadas después de la dictadura respecto tanto a nuestra historia reciente como a los fundamentos más elementales de la política. Al parecer la escuela no es más que la guardería de los niños y los institutos el almacén de los adolescentes. Porque los y las profesoras no parecen haber instruido a nuestra ciudadanía en los principios democráticos, en la necesidad de respetar y sostener nuestro entramado legislativo y partidista en contraposición al peligro del fascismo.

Nuestros conciudadanos no conocen la campaña que organizó Mussolini y su partido fascista contra la democracia representativa y que fue fundamental para inducir a los italianos a aplaudir su dictadura. Nadie debe haber leído los discursos de José Antonio Primo de Rivera contra la II República afirmando que el único destino que tenían  las urnas era ser destruidas. El 15-M propugnó la abstención en las elecciones de aquel año y elPartido Popular ganó con mayoría absoluta y tuvimos que soportar cuatro años más el gobierno de Esperanza Aguirre.

La peor consecuencia de esta campaña sin duda orquestada, organizada y alimentada por la derecha es que iguala a todos los partidos. Es común la frase: “todos son iguales”. Para el sentir popular son igualmente despreciables los que han detentado el poder desde el final de la Guerra Civil hasta hoy y sus herederos, Alianza Popular, ahora Partido Popular, ahogados en un mar de corrupción y que se han dedicado a explotar al pueblo, y los nuevos cachorros de la derecha de Ciudadanos, como Izquierda Unida que ha sacrificado a sus mejores hombres y mujeres en la lucha contra los horrores del fascismo y que continúa la misma batalla con total heroísmo. Igualándolos a todos la derecha se encubre y enmascara.

Muchos de los pensionistas que protestaban estos días ante los parlamentos y ayuntamientos de nuestras ciudades habían votado al PP. Nadie le preguntó a quien había votado la virtuosa jubilada que declaraba en la televisión que no había partidos detrás del movimiento de los enfurecidos manifestantes.

La ciudadanía española en vez de defender con uñas y dientes las organizaciones políticas que nos han sacado del horror de la dictadura, a pesar de todas sus carencias, cuya conquista  costó la libertad y la vida a varias generaciones de sus antepasados, apoya extrañas misceláneas de grupos formados de aluvión con gentes de todas las procedencias, de nombres estúpidos, sin concreción en los programas ni en los objetivos, sin una definición que permita situarlos claramente en las opciones políticas existentes. Y que cuando alcanzan algunos cargos representativos muestran su incompetencia y sus vacilaciones ideológicas, cuando no claramente reaccionarias y antifeministas, y que se dedican a discutir y a pelearse entre las diferentes tendencias sin resolver los problemas para lo que fueron elegidos.

El desprestigio de la política se está extendiendo en nuestro país. Ciertamente algunos partidos y algunos dirigentes han hecho todo lo posible para que tal intoxicación social se haya producido, con la corrupción y la venalidad que han protagonizado, pero la manera en que se ha impregnado la conciencia ciudadana de que lo puro y lo sano es no tener partido, no hacer campaña política, no defender un programa de gobierno, sólo lleva a apoyar a los consorcios y grupos económicos que pretenden gobernar sin oposición ni elecciones, que es lo que le conviene al Capital. Ya sabemos, o deberíamos saber, que el fascismo es el brazo armado del Capital.

Y también deberíamos saber que el desprestigio general de la política y de los partidos únicamente beneficia a la derecha.

[28] Manifiesto contra la prisión permanente revisable

Por Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Artículo publicado el 13 de marzo de 2018 en:
 
 
 
Celda de una prisión AP

En relación con la proposición parlamentaria en curso para la derogación de la pena de prisión permanente revisable y a propósito de la propuesta del Gobierno de aumentar los delitos merecedores de tal pena, los abajo firmantes, Catedráticas y Catedráticos de Derecho Penal, deseanmanifestar a la opinión pública lo siguiente.

1. La prisión permanente revisable debería ser derogadaporque sin aportar eficacia a la evitación de los delitos más graves compromete algunos de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática.

2. No disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las ya severas penas preexistentes (hasta treinta años de prisión por un delito; hasta cuarenta años por la comisión de varios delitos). Tampoco se ha constatado la necesidad de esta pena para evitar la reiteración delictiva del condenado. Los estudios existentes muestran que este efecto preventivo sobre el delincuente lo despliega suficientemente el tratamiento penitenciario y la posibilidad posterior de adopción de medidas de libertad vigilada. 

3. La prisión permanente revisable suscita poderosos reparos desde los principios penales que expresan los valores de justicia propios de una sociedad democrática.

A. Compromete seriamente la prohibición de penas inhumanas del artículo 15 de nuestra Constitución en la medida en que posibilita un encierro de por vida y sitúa en todo caso el horizonte de libertad en un momento siempre muy lejano (al menos 25, 28, 30 ó 35 años, según los supuestos), incierto y que no depende del comportamiento del penado.

B. Compromete seriamente el mandato de reinserción social del artículo 25.2 de nuestra Constitución por sus elevadas exigencias de prolongación del encarcelamiento efectivo (la revisión de la condena se realizará como pronto a los 25, 28, 30 ó 35 años, según los supuestos), retardando en exceso tal inserción y dificultándola como efecto del deterioro personal que produce una situación tan vasta de privación de libertad.

C. Compromete seriamente el principio de legalidad (art. 25.1 CE) y el valor de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Se trata de una pena doblemente indeterminada que hace que el penado no pueda saber en qué momento recobrará su libertad: su encarcelamiento no tiene un límite fijo, sino que está sometido a condición, y esa condición es a su vez de contenido vago: “la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social”. Diversas experiencias han demostrado la imprecisión de los pronósticos de peligrosidad, lo que supondrá la inútil permanencia en prisión de condenados que podrían vivir en libertad plenamente reinsertados.

4. En el debate público en torno a la prisión permanente revisable se ha argumentado en favor de su mantenimiento que es una pena existente en muchos ordenamientos democráticos y que no ha sido declarada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con estos dos supuestos avales deseamos manifestar lo siguiente. 

A. La prisión permanente revisable se incorporó al Código Penal español en el año 2015, pasando así nuestro ordenamiento a ser un caso excepcional de incorporación de esta pena de cadena perpetua después de haberla suprimido históricamente (en España, en 1928). El periodo mínimo español de condena (25 años) es harto superior, por ejemplo, al sueco (10 años), al inglés (12 años), al alemán (15 años) o al francés (18 años).

B. La hipotética conformidad de nuestra cadena perpetua al Convenio Europeo de Derechos Humanos no impediría su inconstitucionalidad, como el propio Convenio se encarga de subrayar, pues las Constituciones pueden incorporar estándares de protección de los derechos más exigentes que los del Convenio. En todo caso, merece la pena subrayar que nuestra prisión permanente revisable podría ser contraria al Convenio por dos razones: por los casos de prohibición de revisión por encima de los 25 años (a los 28, 30 ó 35 años) (STEDH Vinter y otros c. Reino Unido, de 9 de julio de 2013) y, en todos los supuestos, por la inexistencia de programas penitenciarios específicos de resocialización (STEDH James, Wells y Lee  c. Reino Unido, de 18 de septiembre de 2012). 

C. En cualquier caso, y más allá de su disconformidad con la Constitución, la prisión permanente no es una buena ley. No hace de la nuestra una sociedad mejor: no añade eficacia en la evitación de los delitos más graves y sí comporta un significativo deterioro de nuestros valores básicos.

Descarga aquí la lista

[29] PP y Ciudadanos pierden la votación en el Congreso para endurecer la prisión permanente revisable

Por José Precedo

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
 
Juan Carlos Quer (d) y Juan José Cortés, padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, junto a Jéssica Sánchez, en representación de la familia de Yéremi Vargas, y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella (2i). EFE
 

El Partido Popular pidió al resto de partidos “mirar a las víctimas en la tribuna” antes de votar contra la cadena perpetua

Unidos Podemos acusa a Ciudadanos de usar “demagogia populista de extrema derecha”: “No pediremos perdón por creer en la justicia que reinserta”

El PSOE, a PP y Ciudadanos: “Sin prisión permanente vencimos a ETA, con ella no hemos evitado la muerte de Gabriel”

El Partido Popular y Ciudadanos han perdido la votación en el Congreso para endurecer la prisión permanente revisable y tumbar una iniciativa del PNV que pretende su derogación. La suma de PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra Repúblicana de Catalunya, Bildu y los nacionalistas vascos han echado abajo dos propuestas de populares y Ciudadanos que reclamaban mantener la cadena perpetua instaurada en la legislación española en 2015 con los únicos votos del PP. 

El Partido Popular ha invocado directamente a los familiares de menores asesinadas como Diana Quer o la niña Mari Luz presentes en la tribuna del Congreso para pedir a la oposición que les mire a ellos antes de defender la derogación de la prisión permanente revisable. 

En una intervención muy dura, el portavoz popular José Antonio Bermúdez de Castro, preguntó al resto de partidos si pensarían lo mismo sobre la cadena perpetua instaurada en 2015 si fueran ellos las víctimas de esos crímenes. 

“¿Ustedes creen que los españoles quieren aplicar penas más leves a los delitos más graves? ¿Que el 80% de los españoles están equivocados? No miren al PP, miren a España. Han podido comprobar el dolor el daño y el sufrimiento que ahí sí a perpetuidad han causado en muchas familias españolas? ¿Se imaginan que esas desgracias nos hubieran ocurrido a cualquier de nosotros? ¿De verdad pensarían lo mismo? No nos ha ocurrido a ninguno de nosotros, aquí nos acompañan personas que han vivido esas tragedias. Cuando suban a este estrado, no me contesten solo a mí, miren a la tribuna y convénzales a ellos”, dijo el diputado del PP, quien antes había avanzado que votarán a favor de la enmienda de Ciudadanos contra la iniciativa del PNV que pretende tumbar la reforma del Código Penal”.

Coalición Canaria y UPN, los primeros grupos en intervenir mostraron su desacuerdo con la proposición del PNV (apoyada por PSOE, Unidos Podemos y otros grupos nacionalistas) para acabar con la prisión permanente revisable. 

Lo que se ha debatido esta mañana son dos resoluciones del Partido Popular y Ciudadanos para que dejar sin efecto la iniciativa del PNV.

Ciudadanos ha cambiado de portavoz para este debate. La diputada que había intervenido durante las sesiones anteriores y que había empleado gruesos calificativos -“demagogia punitiva”, entre otros más duros-  para referirse a la prisión permanente revisable ha sido sustituida por Juan Carlos Girauta, que hoy la ha defendido. 

 No se puede legislar en caliente. Tampoco hay que dejar que las cosas se pudran” […] “En Cs defendemos la necesidad de que se garantice el cumplimiento integro y al menos nos acerquemos al cumplimiento efectivo”, ha insistido el dirigente de Ciudadanos en el nuevo argumentario del partido, que se modificó a raíz del asesinato de la joven madrileña Diana Quer.

El Partido Popular y Ciudadanos, que en su día llegó a llamar “demagogia punitiva” a este endurecimiento de las penas y pidió su derogación “urgente” en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, solo han logrado el apoyo de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria, si bien, su portavoz, Ana Oramas, ha criticado el uso del dolor de las víctimas que ha hecho el PP.

El portavoz del PNV Mikel Legarda ha subrayado que, al contrario de lo que defienden los dirigentes populares, ninguno de los países que mantiene vigente la prisión permanente revisable tiene un plazo de 25 años como fija el Código Penal español ahora. El diputado vasco acusó al Gobierno de romper “el consenso constitucional optó por respuestas penales garantistas y por el principio de humanización de la pena”. “No hay razones de política criminal que justifiquen esta sanción. La cifra de delitos más graves no deja de disminuir y tenemos las penas más duras de nuestro entorno”, aseguró Legarda.

Esquerra Republicana de Catalunya también se ha posiciona en contra de la prisión permanente revisable y acusó al PP de estar instalado en la venganza: “Hoy debatimos cómo dos partidos, el PP, y la derecha del PP, Ciudadanos. Quítense las caretas y decidan si quieren estar más cerca de Ankara o de Estrasburgo”.

Varios de los diputados han recordado  el manifiesto que han firmado más de 100 expertos juristas contra la cadena perpetua. Las intervenciones de los partidos más críticos con la prisión permanente insisten además en que el plazo de revisión establecido en España no tiene parangón en Europa: Suecia establece 10 años, Alemania, 15 y Francia, 18.

En el debate, que continúa en el Congreso, se ha citado además el bajo índice de criminalidad española: 0,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de Europa, solo por encima de Austria.

El grupo confederal de Unidos Podemos también se ha mostrado tajante en contra de la prisión permanente revisable. Su portavoz Santos Itoiz ha subrayado que su partido “no pedirá perdón por pedir que el sistema de justicia tenga un fin reinsertador”. Itoiz ha acusado al PP de legislar amparándose en encuestas de medios de comunicación afines: “Es contraria a los Derechos Humanos, no vamos a pedir al PP que cambie su forma de actuar, para el PP cuando las cosas vienen torcidas, siempre echa mano del Código Penal. La cadena perpetua es un placebo, llevan años enarbolando endurecimiento de penas de las que ningún estudio ha justificado su eficacia. Arguyen la mayoría de la sociedad española que no hemos visto por ninguna parte salvo en las encuestas de algunos periódicos que le son afines. No tengamos un planteamiento emotivista, hagamos un debate racional. Defenderemos la derogación de esa barbaridad en esta tribuna, en las tertulias, en las radios y en los medios de comunicación”.

El PSOE ha sido muy crítico con que el debate se esté realizando en estos momentos en que el crimen del pequeño Gabriel monopoliza las parrillas te televisión. Su portavoz Juan Carlos Campo Moreno advirtió al PP: “Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con prisión permanente revisable, no hemos evitado la muerte de Gabriel”. El diputado socialista citó las palabras de la madre del niño asesinado pidiendo “que no se extienda la rabia” y cargó contra la intevención del portavoz parlamentario del Partido Popular desde la capilla ardiente donde se velaba al menor. “Sentí vergüenza al verlo”, dijo de Rafael Hernando.  

El dirigente popular pidió entonces la palabra para decir que en ese mismo escenario había intervenido unos minutos antes la presidenta andaluza, Susana Díaz. El alboroto en el hemiciclo obligó a intervenir a la presidenta del Congreso, Ana Pastor que primero llamó al orden a un parlamentaario de su mismo grupo, José María Chiquillo, y justo después advirtió: “No me hagan suspender el Pleno, sería todo un bochorno”.

Antes de la votación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ha acudido al debate, aseguró en los pasillos que no ve razones para derogar la prisión permanente revisable. En estos momentos se procede a la votación, donde si no hay sorpresas la mayoría de la oposición tumbará las enmiendas de Ciudadanos y PP y la tramitación parlamentaria contra la última reforma del Código Penal seguirá su curso.

Fuera del hemiciclo, al terminar el debate, Albert Rivera, ha apelado directamente a los votantes del PSOE que no están de acuerdo con la oposición del partido y ha pedido una “revisión sensata del Código Penal”. “Estoy satisfecho con lo que ha dicho Ciudadanos”, dijo Rivera, el firmante del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, que pedía “la derogación urgente” de esta medida.

[30] Este valle de lágrimas

Por Elisa Beni

Artículo publicado el 14 de marzo de 2018 en:
 

Ante un suceso que nos conmociona y que nos toca nuestras fibras más íntimas sólo debemos responder con esos mecanismos pactados

Los linchamientos, las venganzas individuales, las turbas, los gritos reclamando la vuelta de castigos que afortunadamente ya abandonamos, por ineficientes y degradantes incluso para quiénes los aplican, no tienen cabida 

 
 
Guardias civiles contienen a una mujer que intenta agredir a Ana Julia Quezada

 

Este país no tiene ningún problema criminológico o jurídico. Esta sociedad no berrea y clama porque nuestro Estado de Derecho presente disfunciones inaceptables que puedan remediarse a golpe de reforma del Código Penal. Esta sociedad tiene un problema ontológico. Grave. Eliminadas las respuestas resignadas a las preguntas que el hombre ha intentado responder desde que dejó de andar como un simio -las respuestas que las religiones proporcionaban con cómodos repertorios para toda suerte de males- las sociedades occidentales, y la española en particular, ven como una gran parte de su población se deja arrastrar por un movimiento desenfrenado que pretende vender la seguridad y el fin del mal en cómodas píldoras carcelarias.

Y es el momento de decir con toda claridad que el mayor miedo que anima su reacción visceral y atávica no es el miedo a sufrir el mismo daño en ellos o en sus familiares que han sufrido otros -la estadística española de bajísima criminalidad bastaría para apaciguarlo- sino el miedo a mirar a los ojos al misterio del ser humano. Un misterio que no hemos logrado descifrar ni gobernar ni mucho menos controlar. Cuando masas enfebrecidas, a través de todos los medios a su alcance, llaman cerdos, ratas, deshechos, o cualquier otra cosa similar, a los presuntos autores de crímenes execrables están, en todo momento, privándoles siquiera con los epítetos de su cualidad de seres humanos. Lógico puesto que es en ésta en la que radica el origen del vértigo, del miedo, del pasmo. Es precisamente el hecho cierto de que no son animales sino personas, constitutivamente iguales a nosotros, lo que convierte en vertiginoso intentar comprender cómo pudieron llegar a cometer acciones tan abyectas. Son preguntas ontológicas cuya respuesta nadie posee aún. ¿Existe la maldad? Si no tenemos alma ¿dónde reside? ¿qué tipo de ausencia es? ¿somos por contra una sucesión de complejísimos procesos biológicos, neuronales y químicos? ¿son estos procesos los que son diferentes en algunos individuos? En resumen: ¿por qué? Ese porqué que lleva persiguiéndonos desde que fuimos capaces de razonar y de comunicarnos. Ese porqué que incluso nos aleja de los animales, cuyas únicas motivaciones para destruir a miembros de su especie o de otras tienen que ver con instintos biológicos sobre los que carecen de control. Los criminales, ni siquiera los peores de entre ellos, no son animales. El gran problema es que son personas

El problema ontológico tiene que ver también con la realidad con la que contemplamos nuestra propia existencia en sociedad. Ansiamos la seguridad. Eso sí es un instinto biológico. Deberíamos saber ya, y de una forma racional, que tal seguridad total es un estado de evolución que no hemos alcanzado. La seguridad total sólo puede proceder de la comprensión de los orígenes de lo que hemos convenido en llamar maldad y la capacidad de obrar para que dejaran de operar y todos fuéramos seres benéficos. No ha llegado el momento y puede que no llegue jamás. Al menos ninguno de nosotros como individuos ha de verlo.

Sin embargo, sí hemos sido capaces hasta el momento de darnos cuenta de los efectos destructivos y degradantes que ha tenido históricamente el intentar luchar contra esta inseguridad por determinados medios. Al final, la realidad y las tragedias y nuestro propio avance en sabiduría y en reflexión, nos han llevado a aceptar que es preciso dotarnos de unas normas que conviertan el necesario castigo por los actos inaceptables en algo que no nos degrade como sociedad. Lo hemos hecho y lo hemos plasmado en una serie de códigos y axiomas que consideramos irrenunciables y que rigen nuestra convivencia. Unos códigos que pretenden preservar unos derechos que hemos considerado irrenunciables a nuestra propia naturaleza humana y que, asumiendo la necesidad del castigo e incluso de la venganza, los han tecnificado para alejarlos de toda pasión y los han dejado en manos del Estado para alejarlos de toda acción irreflexiva, desproporcionada o inhumana.

No ha sucedido nada que deba cambiar esto. Nada. Seguimos viviendo en un valle de lágrimas cuya salida al edén prometido nadie, salvo los que creen en otras vidas, ha encontrado aún. Aun así, España es una de las partes del valle en las que las lágrimas son más escasas y el castigo por verterlas más duro.

Ante un suceso que nos conmociona y que nos toca nuestras fibras más íntimas sólo debemos responder con esos mecanismos pactados. Los linchamientos, las venganzas individuales, las turbas, los gritos reclamando la vuelta de castigos que afortunadamente ya abandonamos, por ineficientes y degradantes incluso para quiénes los aplican, no tienen cabida en el país y en el mundo que yo quiero habitar. Oírlos sólo servirá para retrotraernos a un tiempo peor y, sobre todo, no arreglará nada.

Las preguntas que siempre se hizo el hombre seguirán ahí, sin respuesta, riéndose en nuestra cara y en nuestros corazones manchados de violencia. Me temo que ahora asistimos a la búsqueda de algunas venganzas privadas por el sinuoso camino de convertirlas en pública y de que sea el Estado quien la asuma. Debemos estar vigilantes ante tal manipulación. Los políticos decentes sólo pueden asumir la defensa de los pilares de nuestra civilización, aún con el coste de ser incomprendidos por muchos votantes e incluso de ser castigados en las urnas. Dar lo que no se puede dar porque de forma tumultuaria se pide: héteme aquí la definición de populismo. Dañar lo grandioso para abonar lo pasional o lo gregario. Ese es el destino de los que nos arrastran a la destrucción por un puñado de votos.

Asumir esto no significa asumir que nada podemos hacer sino insistir en que lo que hagamos debe ser en una marcha hacia adelante en busca de métodos y medios mejores para encontrar paliativos humanos a una realidad cuyo final a todos se nos escapa. Debemos aprender a protegernos mejor de esa fuerza destructiva que algunos de nuestros congéneres llevan consigo. Volver a lo que ya probamos y no funcionó no es una opción. Ya hubo prisiones permanentes, cadenas perpetuas, penas de muerte, hierros candentes y emparedamientos. Nada cambió. Explorar nuevos modelos asociados a la tecnología y a la investigación como medios de libertad vigilada con prohibición de abandono de zonas y/o con tratamiento médico obligatorio pueden ser una vía más racional. Esto último fue introducido por el PP en 2010 pero no se ha desarrollado. El estudio profundo neurológico, bioquímico o del tipo que sea que intente dar respuesta a nuestras preguntas más profundas también será una vía.

Todo menos volver a ese lugar que logramos abandonar a base de mucha sangre porque sólo más sangre hallaremos allí. Para muchos ha llegado el momento de dar testimonio. Aun cuando lluevan los escupitajos. Y de poner la otra mejilla como ya mandó el primer gran derogador de la Ley del Talión que algunos predican de nuevo.

[31] “Ciudadanos, el partido que actuó con total coherencia en Cataluña, va a ser premiado en toda España”

Por Amalia Bulnes

Artículo publicado el 14 de marzo de 2018 en:
 
 
 

El exvicepresidente aprovecha la clausura en Sevilla del Congreso Nacional
de Libreros para hablar de literatura y recordar sus años al frente de la librería Antonio Machado

No rehúye de la actualidad y habla también de la reclamada reforma de la Constitución Española: “Es una obra humana y tiene errores, pero en España no hay consenso político para abordar ahora su reforma”

Cuando Alfonso Guerra (Sevilla, 1940) separa su discurso de la más prosaica actualidad política y lo arrima a sus ocupaciones intelectuales, el sarcasmo y la retranca que siempre han adornado su inteligencia dejan paso a una conversación transida de pasión y nostalgia. Su discurso, con el dardo en cada palabra en su faceta de gobernante, es aquí relajado y afable, exquisito.

El ex vicepresidente del Gobierno entre los años 1982 y 1991, acaba de clausurar en Sevilla el Congreso Nacional de Libreros, un foro en el que aprovechó para recordar el papel que jugaron las librerías en la España de la Transición y que le ha servido para rememorar aquellos años cruciales de su vida en los que, a pesar de sus vocaciones literarias y filosóficas, optó por la conciencia social y la política, empujado por el irrespirable contexto de la Dictadura y su “oposición frontal a la cultura”. Ya retirado, el Guerraguerrero encuentra su descanso en los libros.

R: Voy a contestar con una respuesta indirecta pero muy clara: a mí me preguntan con bastante frecuencia, desde hace tres años, que si tengo nostalgia de la política y de los años que he trabajado desde el Congreso de los Diputados. Y la respuesta es no. Pero tengo nostalgia de la librería, una nostalgia tremenda de mis años de librero. Es decir, que es un aspecto central de mi vida. Hay que pensar que mi orientación personal no tendía a una vocación política, sino cultural. Y la dictadura hizo que, al ver que en la cultura había un muro, que no dejaba hacer nada, me comprometiera con una lucha política para resolver los problemas culturales. Iba a ser algo puntual pero después ya fue difícil no continuar, la gente te pide que sigas, yo intenté retirarme varias veces: en el 77 cuando ya había llegado la Democracia lo intenté, en el 82 cuando teníamos que ir al Gobierno….

P: Pues desde luego, de haber sido así, la Historia de España hubiera sido otra…

R: (risas) Sí hubiera sido otra… En algunos aspectos, tampoco quiero ser presuntuoso. Algunas cosas no se hubieran evitado. Porque yo estoy más contento de lo que he evitado que de lo que he hecho.

P: Participó en la clausura del Congreso Nacional de Libreros la semana pasada, ¿ha descubierto muchas diferencias entre lo que significó ser librero en su época y el librero actual, acaso se trate ya de una dedicación, un oficio, diferente?

R: Pues no, porque cada vez que he emitido una opinión, o he realizado alguna propuesta, era coincidente, según me decían, con lo que se había estado tratando los días anteriores. Es decir, que parece que las inquietudes son las mismas que cuando yo era librero.

P: Pero se enfrentan a amenazas con las que usted no contaba: el libro electrónico, el precio único del libro, la llegada de las grandes superficies….

R: Las amenazas tienen orientaciones diferentes, pero producen el mismo efecto. Yo creo que la gran amenaza actual no es el libro electrónico. La amenaza son losamazones. Hubo una anterior, que fueron las grandes superficies y las librerías en cadena que aparecieron en todas las ciudades. Fue duro. Pero la dureza hoy de losamazones es tremenda. Aunque ya lo decía yo el otro día, el librero tiene que ser consciente de que es un resistente.

P: De hecho, le iba a preguntar si abrir una librería en la Sevilla de los años 60, con amenazas no menores, como eran la Dictadura y la censura, fue un acto particular de resistencia.

R: Teníamos otra amenaza terrible, que fue la de los ataques de la extrema derecha. Llegamos a contar hasta 24 ataques con destrozos de todo tipo, y muchas pintadas. Incomprensible, porque las pintadas siempre decían lo mismo: “etarras”, “Asesinos”. Como si fuéramos criminales los libreros. Pero la censura era una cosa capital que fue lo que nos empuja a abrir la librería. Nosotros nos hicimos libreros para vender libros prohibidos. Porque las dictaduras siempre tienen grietas por las que se les cuela lo que no quieren. A este respecto hay una anécdota fundamental: yo iba casi todos los meses a Francia, sin pasaporte, con autorizaciones de 24 horas falsificadas, y en una de esas visitas, consigo traerme clandestinamente el libro Marxismo y antimarxismo, de Julián Besteiro, pero me detienen en la frontera…. Y cuando llegué a Sevilla, descubrí que estaba ya en el escaparate de mi propia librería!!!

P: Supongo que en este ambiente irrespirable para alguien con inquietudes culturales, llamar a su librería Antonio Machado fue ya toda una declaración de intenciones.

R: Sin lugar a dudas. Fue un acto de militancia frente a la Dictadura: era la primera librería en España que llevaba ese nombre. El desconocimiento era total porque varias veces -insisto, varias veces- pasaba gente por delante de la librería y decía: “Mira, Antonio Machado, el letrista de Serrat”. Jajajaja, fantástico.

 

AL SOCIALISMO, POR MACHADO

 

P: Fue Machado, precisamente, el que lo acercó al socialismo, ¿no es cierto?

R: Efectivamente, el padre de un amigo del colegio, con el que me intercambiaba libros, tenía uno de Machado con un pequeño texto en el que contaba que su padre lo había llevado de pequeño al Retiro para asistir a un acto político. Y allí habló un hombre que se llamaba Pablo Iglesias. Y decía Machado: “Su voz tenía el timbre inconfundible de la verdad humana”. Y eso a mí me golpeó, ¿quién sería ese Pablo Iglesias? Y lo busqué, no encontré nada hasta que el padre de otro compañero me dio un libro con cuatro biografías escritas por Juan José Morato, y una de ellas era la de Iglesias. Y por ahí entré yo en el socialismo.

P: Dicen que en la trastienda de la librería Antonio Machado de Sevilla se fraguaron la ruptura de Toulousse y los principios del Congreso de Suresnes…

R: Nuestra librería era un lugar de actividad política. Había dos centros socialistas en Sevilla que funcionaban clandestinamente: la Antonio Machado y el despacho de asesoría laboral que estaba en la calle Capitán Vigueras. Allí se fraguaron muchas cosas, porque nos reuníamos a diario.

P: En su primer tomo de memorias dice literalmente: “Mi vida está marcada por el amor a los libros”. ¿Pero cómo llega un niño de una familia humilde en la Sevilla de la posguerra a los libros?

R: ¡Y con trece hermanos! En mi casa no había dinero para libros, ni para pasta de dientes, vivíamos muy modestamente. Pero mi padre nos reunía a los niños, en invierno, alrededor de la mesa de camilla, en el brasero, y nos leía los pocos tomos que había en casa. Estaban Los Miserables, y estaba Pablo y Virginia, un dramón del XIX… Nos leía y a mí eso me gustaba. Y ya en el colegio, existía la costumbre de mandarnos a la biblioteca una hora antes de la salida. La biblioteca era, en realidad, era un par de armarios con libros de vidas de santos y de don Miguel de Mañara… Pero conforme íbamos creciendo podíamos elegir otros libros, y yo elegí un libro, dividido en tres tomos, que fue la Antología de las comedias de Lope de Vega. Y me apasionó. A partir de ahí no he dejado de leer.

P: ¿Y a qué libros vuelve siempre?

R: Hay algunos muy conocidos que no tienen demasiado mérito, pero que releo con frecuencia y otros menos conocidos que forman parte de mis tesoros personales. De los conocidos, vuelvo siempre a El Quijote, lo leo muchísimo; y a La Regenta, de Clarín, que para mí es un libro fundamental para comprender cómo funciona la sociedad española, que está descrita aquí de una manera prodigiosa. Y luego hay un libro que casi nadie lee pero que yo releo con cierta frecuencia que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.

P: ¿Y si tuviera que recomendar un único libro?

R: Verá, cuando doy clases en la Universidad siempre les digo a mis alumnos: “Si queréis os doy una bibliografía, pero si vais a leer un solo libro en vuestra vida, uno solo, leed El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Os hará comprender tantas cosas…”.

 

“NO RECORRERÍA EL MISMO CAMINO”

 

P: Cita usted algunas veces a un filósofo polaco, Adam Shaff, que dice:  “Si pudiese comenzar mi vida de nuevo, ¿recorrería el mismo camino? ” La respuesta de Adam Schaff es clara: no. ¿La suya cual es, recorrería el mismo camino?

R: No, tajantemente no. Mi camino se bifurcó a causa de la Dictadura, pero yo tenía otras inquietudes, otros intereses, otras vocaciones… Adam Shaff fue un pensador fundamental. Llegué a ser muy amigo de él, y acabó siendo un mendigo.

P: Pero su faceta política es indisoluble a usted, así que me gustaría también preguntarle por cuestiones como la movilización del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo la vivió? Hay una marea incuestionable, ¿hacia dónde nos llevará?

R: Jamás he tenido problemas con la igualdad. Pero no es una novedad, la revolución más importante del siglo XX ha sido la de la mujer. Lo de ahora es una expresión, un efecto, de lo que ha ocurrido ya en el siglo XX. En 1914, cuando durante la I Guerra Mundial los hombres se van al frente, son las mujeres las que tienen que salir a trabajar. Ese es el momento crucial, cuando cambian hasta los modos de vestir de la mujer. La gran revolución es del siglo XX.

P: ¿Pero qué está pasando ahora entonces para este resurgir? Hay un movimiento incuestionable que está ocupando la agenda política como no lo había hecho antes.

R: Creo simplemente que es que ahora está todo más organizado, antes era más espontáneo. Pero hemos avanzado muchísimo, sobre todo en regímenes que hasta hace poco eran autoritarios, como en España. Aquí las mujeres estaban como en Arabia Saudita hace 40 años, el avance ha sido espectacular, pero lo lógico es que avance aún más. Aunque todos estos movimientos tienen su parte de no comprensión del fenómeno, como quienes quieren cambiar el lenguaje a golpe de decreto…. ¡Por favor! ¿Ése es derecho de las mujeres?

P: Otro sector actualmente muy movilizado es….

R: ¡¡El mío!! ¡El de los jubilados!

P: Sí, el de los jubilados y pensionistas. ¿Cree que el sistema de pensiones está en peligro? ¿Estamos condenados a pagar un plan de pensiones?

R: Vamos a ver, los sectores progresistas de este país han aceptado con demasiada facilidad esto de que no está garantizada la estabilidad del pago de las pensiones y yo creo que eso no es justo. La sociedad española duplica su capacidad de renta cada equis años. Con el 5% o 6% que se dedicara de eso a aumentar las pensiones, ya estarían garantizadas. Quiero decir, que esto no es verdad, lo que pasa es que existe actualmente una propaganda para forzar a la gente a hacer otro tipo de sistema de pensiones: la complementación con los planes de pensiones que después poco a poco vayan quedándose como única salida. En España se logró algo que era de justicia: indiciar las pensiones al coste de la vida. Los pensionistas cobran unas cifras no muy altas, pero si los precios suben, acondicionemos su capacidad de compra a la subida de los precios. Se hizo por Ley, pero llegó el PP y lo eliminó. ¡Y hoy parece una petición desmedida! En concreto, el ministro de Hacienda ha dicho que es muy antiguo. Claro, antiguo porque existía, pero lo antiguo también es bueno. La ley de la gravedad también es muy antigua, ¿verdad? (ironiza).

Recuperar esto sería bueno, y de futuro el problema no es que no vaya a haber capacidad para pagar pensiones, sino que no va a haber años suficientes de trabajo para cobrarlas. Los jóvenes se incorporan más tarde al mercado laboral y salen antes.

“LAS CONSTITUCIONES SE REFORMAN, NO PASA NADA”

P: Se cumplen 40 años de la Constitución Española, usted como persona fundamental en su redacción ¿cómo la ve? ¿goza aún de lozanía o necesita de una reforma?

R: Ante la posibilidad de reformar la Constitución, yo rechazo dos actitudes dogmáticas: la primera, las que dicen que esto es inamovible. Las constituciones se reforman, no pasa nada. Y luego hay otra actitud dogmática: la de “tenemos que reformar la Constitución porque tenemos el problema del paro, de las pensiones….” ¡Pero si la Constitución no resuelve esos problemas! Pasa que los partidos que no son capaces de resolver políticamente estos asuntos, dicen que tiene la culpa la Constitución.

P: ¿Pero hay razones para una reforma?

R: Sí las hay, pero no las que están diciendo. No les puedo dar la razón a los que, por ejemplo, dicen que hay que cambiar la Constitución porque los jóvenes de este país no la votaron. Hay constituciones en vigor, como la americana, de las que no queda ni un votante vivo. Otros dicen que 40 años es mucho tiempo, que envejecen las leyes, pero son los mismos que dicen que la compilación de las constituciones de 1421 de Cataluña sí que está en vigor; o el fuero de los valencianos, de 1211, eso también está en vigor…. Esas no son razones serias. Ahora, razones serias sí hay, porque la constitución es una obra humana y tiene errores y tiene no comprensión de los fenómenos que van evolucionando. Sólo decir que ha habido un intento de golpe de Estado en Cataluña, y resulta que no hay mecanismos políticos para frenar eso, sólo los jueces y los tribunales, indica que ahí hay algo que falla.

P: Pero está la aplicación del artículo 155, que sí es una previsión de la Constitución.

R: Sí claro, pero incluso con el 155 en vigor ellos siguen con lo mismo, con que van a declarar la República. Políticamente debería haber más instrumentos. En la Constitución falta una cláusula que se llama de intangibilidad, que sí tienen Francia, Italia y Alemania, que dice que no se puede hacer ninguna propuesta que afecte a la unidad territorial.

P: ¿Y es el momento adecuado?

R: No hay un panorama político en España como para hacer un cambio de esta índole. Los que dicen que tiene que haber el mismo consenso que en el 78 saben que no, que ni los nacionalistas ni el grupo éste de Podemos están dispuestos a eso. Ellos prefieren dinamitar las instituciones, como si debajo de ellas estuvieran los jardines del paraíso. El máximo consenso al que se puede aspirar lo representan el PP, PSOE y Ciudadanos, pero en este país hay una auténtica aversión a los pactos.

P: Y qué opina del auge de Ciudadanos, situado como primera fuerza política en los últimos sondeos.

R: Yo nunca he sido partidario de un solo sondeo, porque los sondeos no te dicen lo que ocurre, sólo te facilitan una tendencia. Pero cuando coges varios que son homogéneos y los pones juntos, ya sí te dicen para dónde van los partidos. Pues bien, lo que dicen con toda claridad es que el partido que actuó con total coherencia en Cataluña va a ser premiado en toda España. Los otros estuvieron ahí en un ten con ten con los nacionalistas, y no van a ser premiados. En los sondeos, todos los partidos tienen unas curvas que indican que van subiendo y van bajando… pero cuando encuentras un partido con una línea sólo ascendente, significa a todas luces que ese partido va muy bien.

LA ENCRUCIJADA DEL PSOE

P: ¿Y en qué encrucijada se encuentra el PSOE? Porque tiene una vía de agua por el centro, con C’s, y otra por la izquierda, con Podemos. ¿Cuál debe taponar primero? Antes las batallas políticas se ganaban por el centro, pero la política en España ha cambiado mucho.

R: Mire, el centro no existe. Pero vamos a ver, yo he dirigido elecciones muchos años y he sacado varias veces mayoría absoluta, así que un poquitito sé y le aseguro que es un error hacer una estrategia electoral intentando taponar por aquí y por allá. ¿Cómo se hace la estrategia electoral? Se hace autónomamente, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Si estoy mirando de reojo qué están haciendo los demás, mala cosa. Tenga usted un proyecto claro. Y no tenga miedo, que es lo que ocurre hoy en España donde, como ya he dicho, hay aversión al pacto. Justo la otra cara de la moneda de lo que ocurrió en el 78, cuando éramos capaces de ir a la cueva de nuestro peor enemigo porque teníamos convicciones firmes.

P: No me gustaría despedirme sin preguntarle por el caso de los ERE, ahora que estamos en pleno juicio. Usted no se ha pronunciado apenas. ¿En qué cree que va a acabar?

R: En nada. Vamos, en nada en lo político. Claro que ha habido gente que se ha colado ahí, pero si hay unas ayudas a una empresa y se hace una lista con las personas que deben tener derecho a dicha ayuda, ¿quién conoce a las personas de esa lista? Los conocen las empresas y los sindicatos. Ésa es la verdad. Si quieren buscar por qué se metieron nombres de personas que no trabajaban, sólo los conocen esos. ¿El consejero de turno o el presidente va a saber si un tal Pepe Rodríguez, de una empresa de Linares, trabajaba realmente o no allí? ¡Venga ya! La corrupción existe cuando se estafa para llevarse uno el dinero. ¿Alguien piensa que el presidente y los consejeros se han llevado una peseta? Pues entonces no hay corrupción. Habrá habido irregularidad, ilegalidad administrativa, lo que usted quiera, pero corrupción no.

P: Pues existe el drama de políticos cuya fotografía de final de carrera va a ser la de estar sentados en el banquillo.

R: Sí, los mismos que todo lo que tienen es una pensión.

[32] José García Abad: “El origen de lo que pasó en el Popular está en sus vínculos con el Opus”

Por Jorge Otero

Artículo publicado el 14 de marzo de 2018 en:
 
El periodista, editor de ‘El Nuevo Lunes’, presenta este jueves en Madrid su último libro ‘Cómo se hundió el Banco Popular’, en el que cuenta todos los detalles —la mayoría inéditos— de la quiebra de un banco que en su opinión era viable.
 
El periodista José García Abad posa en su despacho’. | FERNANDO MORENO
 
“Escribir un libro es una paliza tremenda”. Después de publicar más una docena de libros en los diez o doce últimos años —el ritmo es frenético: casi un ejemplar por año—, el periodista José García Abad había decidido descansar un poco de la escritura y centrarse en su trabajo como editor de El Nuevo Lunes El Siglo. Intento baldío: el veterano periodista no pudo resistirse a contar la caída del Banco Popular, una “tragedia financiera” según sus propias palabras. “Es como un thriller, la historia te engancha”, se justifica García Abad, quien este jueves presenta en Madrid su última obra: Cómo se hundió el Banco Popular (Ediciones El Siglo).

No le falta razón. La quiebra del sexto banco de España reúne todos los ingredientes de una buena novela negra: está trufada de intrigas, suspense y alguna que otra puñalada por la espalda. Abad, curtido en mil batallas y con muy buenos contactos en el mundo de la banca, cuenta todos los detalles  —la mayoría inéditos— de la quiebra de un banco que siempre fue especial y diferente al resto por su fuerte vinculación al Opus Dei. Abad sostiene que el Popular era viable, pero que todos los personajes que intervienen en esta tragedia prefirieron hacer “una autopsia en vivo” a la entidad y dejar caer a un banco que parecía que iba a durar siempre.

 ¿Por qué le interesa tanto la historia del Banco Popular?

Desde el punto de vista periodístico es una historia fascinante. Me impresiona como pasó de ser de un banquito a ser uno de los más rentables del mundo. Y todo ello gracias a Luis Valls, su histórico presidente. Pero sobre todo, me interesa la relación del Opus Dei con el Banco Popular por la condición de supernumerario de Luis Valls. De hecho, el origen de lo que ha pasado en el Popular está en sus vínculos con el Opus Dei.

¿Cómo era esa relación entre el Opus Dei y el Banco Popular?

El Banco Popular nunca fue del Opus Dei, pero ahí se dio una especie de matrimonio o un pacto entre Luis Valls y el Opus. Luis Valls controlaba el Popular con un grupo de gente afecto al Opus. Por un lado estaba la sindicatura, que tenía un 10% de las acciones, pero sobre todo estaban los grandes accionistas también afectos. Para Valls el Banco Popular tenía una misión sagrada que iba más allá del negocio bancario. Por eso era importante mantener la independencia del banco y evitar a toda costa que cayera en manos ajenas. El Banco Popular tenía que ser de la causa. Y para mantener esa independencia se tomaron decisiones que al final resultaron equivocadas.

¿Qué decisiones fueron esas?

Valls cae enfermo en 2003 y fallece en 2006, pero antes de morir se propone encarecer el banco para evitar que esté expuesto a alguna OPA hostil o que lo compre alguien de fuera. Valls siempre fue un hombre prudente, pero en esos últimos años de su vida pierde un poco el control, y la solución que vislumbra es meterse en el ladrillo, en el negocio inmobiliario. El problema es que lo hace en el peor momento, justo antes de que estalle la burbuja inmobiliaria. El Popular se mete en el ladrillo a destiempo y de mala manera, comprando lo que despreciaban los otros bancos.

¿Esa dependencia del ladrillo condenó al Popular?

Desde un punto de vista estrictamente económico, la causa fundamental de la caída del Popular es meterse en el negocio inmobiliario en el peor momento sin tener la capacidad de resistencia ni las reservas para enfrentarse con esa situación, sí. Pero cuando muere Luis Valls ya nada es lo mismo. Él nombra a su sucesor, Ángel Ron, pensando que es la persona idónea para garantizar el continuismo. Y efectivamente, Ron sigue al pie de la letra el mandato de que hay que mantener la independencia del banco a toda costa. Ron quería presumir, sacar pecho, demostrar a todo el mundo que el Popular estaba perfectamente y también comete errores importantes como la compra del Banco Pastor, que estaba en quiebra prácticamente, o rechazar meter los activos tóxicos en la SAREB, el llamado banco malo, como hicieron otros bancos. Ron abandona, de cierta manera, el tradicional negocio de los pequeños empresarios, de los tenderos para entendernos, para caer en los Martinsas y en todos estos promotores inmobiliarios que le llevaron a la ruina. Lo suyo es una huida hacia adelante porque él no dice en un momento determinado ‘Oye, yo con esto no puedo y me voy, que venga otro más listo’. Al contrario, él saca pecho y presume.

Sostiene usted, sin embargo, que, pese a las dificultades, la quiebra era evitable y que al Popular le hicieron “una autopsia en vivo”.

Creo que se podría haber encontrado otra solución. Todos los implicados trataron el asunto como si el Banco Popular no tuviera solución, como si no fuera solvente. Y lo era: tenía un problema de liquidez, pero era solvente. Hay que tener en cuenta que el Popular era un banco de comercio importantísimo; tenía una presencia entre las pequeñas empresas y los autónomos muy importante; tenía un prestigio y le salían novias por todos lados. En definitiva, tenía condiciones para salir adelante si superaba el problema del ladrillo, que tenía que digerir de alguna forma. De hecho, Ángel Ron tenía un plan de negocio que era razonable y que pretendía obtener 500 o 600 millones de beneficios al año siguiente. El Popular estaba ya en la rampa de salida.

De hecho, el Gobernador del Banco de España dijo que el Popular fue solvente hasta un día antes de la quiebra.

Es verdad, Luis María Linde dijo eso. Por eso no se entiende muy bien lo que ha pasado. El Popular era un banco solvente con problemas de liquidez, básicamente, y para estos casos siempre hay una solución. Es verdad que el Banco Popular había ido bajando el precio de la acción, pero había gente dispuesta a poner dinero. El Popular siempre que lo necesitó consiguió ampliar capital, de hecho tuvo muchas novias como fueron el BBVA e incluso La Caixa, que llegó a ofrecerle a Ron un cheque en blanco, pero al final Luis de Guindos, el ministro de Economía, prefirió quitarse el muerto de encima.

¿El Opus no intentó hacer nada para impedir la quiebra?

El Opus optó por mantener un perfil bajo y no entrar en el asunto. La nueva línea del Opus apuesta desde hace tiempo por la discreción, por no atemorizar, por no dar una sensación de poder en la sombra. Las cosas han cambiado en ese aspecto. El Opus tenía dentro a Francisco Aparicio, que era secretario general del Popular y accionista a la vez. Aparicio tenía mucho poder e hizo lo que pudo, sí, pero el Opus como institución no se involucró en la caída del Popular: estuvo en el origen pero no en el desenlace.

¿Hubo intereses ocultos para que quebrara el Banco Popular?

El Banco Santander quería quedarse con el Banco Popular gratis, desde luego, pero no creo que hubiera ninguna conspiración entre De Guindos y el Banco Santander. Yo creo que políticamente Guindos no quiso meterse porque no quería tener otro problema como el que tuvo con Bankia en 2012, y, como ya he dicho, le pasó el muerto a Bruselas. Realmente había apetencia por el Banco Popular, sí, pero no hubo ninguna conspiración en el sentido de ‘hay que cargarse a este banco’.

Pero ese final tan precipitado e inesperado sorprendió a muchos.

Todo se precipita cuando el 31 de mayo de 2017 la señora Elke König, directora Ejecutiva de la Junta Única de Resolución del Mecanismo Único de Resolución de la Unión Europea (UE) declara a Reuters que el Banco Popular está bajo sospecha. Acto seguido, bajan los depósitos y las acciones se desploman casi un 18% y retroceden a su mínimo histórico. El Popular se estaba hundiendo con un movimiento de pánico al que contribuyeron una serie de personas y de factores. Las declaraciones de la señora König, una protegida de Merkel, fueron la puntilla.

¿Hubo mala fe por parte de la UE?

No, yo creo que es ingenuidad, una metedura de pata. König no sabe mucho de esto: ella tenía experiencia en auditoría pero no en el negocio bancario. El Gobierno de Rajoy siempre ha sido obediente a los mandatos de la UE y de Alemania y decidió pasar el problema a Bruselas. Pero el Gobierno español pudo haber hecho lo que hizo el italiano que evitó la intervención de Europa a pesar de que había bancos italianos que estaban peor que el Popular. O hay está el caso del Deutsche Bank, que está peor que el Popular pero ahí sigue porque lo mantiene Merkel, porque el Deutsche Bank es mucho Deutsche Bank en Alemania. El camino adecuado hubiera sido que el Banco de España asistiera al Popular en su recuperación, inyectándole liquidez y marcándole las líneas rojas. El problema se podría haber arreglado en España, pero no hubo voluntad política por parte de Rajoy y Guindos.

Es usted crítico con el papel jugado por Guindos y, sobre todo, con la supuesta independencia del Banco de España.

Tradicionalmente ningún Gobierno, ni éste ni los anteriores, han respetado la independencia del Banco de España. Los ministros de Economía siempre han considerado el Banco de España como una dirección general más de su departamento. De hecho, Linde le da un palo tremendo a Guindos al decir en el Congreso que el Banco Popular estaba en buenas condiciones, que se le mató de mala manera.

Quizá por eso califica usted de “tragedia financiera” la caída del Popular.

Es que todo es muy de tragedia griega, de muerte anunciada. Nadie es un malvado en esta historia, pero nadie es inocente. Todos los que intervienen tienen una responsabilidad, aunque lo de la culpa ya es otra cosa.

¿Quiénes son, por orden, los mayores responsables?

La clave está en el inversor mexicano, Antonio del Valle, que entró en el Popular al frente de un grupo de inversores de su país en 2013. Es el que remata al Popular, el que da las últimas puñaladas. Del Valle, que tiene un representante en el consejo de administración, quiere hacerse con el control del Banco Popular al precio más barato posible y por eso tira contra la acción especulando a corto, comprando en Bolsa, por valor 500 o 600 millones de euros. Eso es un delito y así lo detectan tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

¿Y no se hizo nada?

A Del Valle se le va la mano y la acción cae hasta un extremo que se genera el pánico, lo que hace que la situación sea ya muy difícil de salvar. Cuando el mercado ya no cree en lo que haces lo tienes muy difícil.

Otro que juega un papel importante es Emilio Saracho, el último presidente del Popular.

Emilio Saracho llega en la última fase gracias a las maniobras del mexicano Antonio Del Valle. En su nombramiento interviene Reyes Calderón, miembro del Opus Dei y escritora de novela negra, a la que Ron nombró consejera independiente del Banco Popular en abril de 2016 y que en la última época acumuló un poder tremendo como consejera coordinadora. Fue ella quien se fue al Banco de España para decirle a Linde que Ron no podía seguir como presidente. El mexicano seduce a Reyes Calderón, no con dinero, pero sí con atenciones: la lleva en su avión privado a México y consigue que Calderón dé clases en universidades privadas de México. Del Valle apuesta, ya que es muy difícil salvar el banco, por la fusión con otra entidad. Saracho es especialista en banca de negocios y en fusiones bancarias. Para eso Saracho era la persona perfecta.

Pero tampoco se produjo esa fusión.

Saracho fue un presidente que dudaba, que no sabía si vender o fusionarse, que no tenía firmeza. No hizo bien su trabajo, pero tampoco es un malvado por ello: hay que entender que para él ser presidente del Popular, el sexto banco del país, era algo muy grande, muy apetecible porque, bueno, quien manda, manda. Saracho dice que no sabía que la situación estaba tan mal hasta que entró allí, pero eso es mentira porque el banco del que venía, el JP Morgan, había hecho un estudio sobre el Banco Popular y conocía perfectamente la situación. La verdad es que Saracho no supo resolver el problema. No tenía experiencia en banca comercial. Eso es letal en un banco.

¿Qué me dice de la intervención del Santander?

Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, actúa con la típica perspicacia de banquero, como hacía su padre, que es la de aprovechar las oportunidades. Tampoco es una malvada: ella sobre todo vigila lo que haga Francisco González, presidente del BBVA, que llegó a conversar con Ron sobre la posibilidad de que el BBVA se quedase con el Banco Popular. Si eso se hubiera producido, el BBVA le habría puesto el aliento en el cogote al Santander, pero González no se decidió. Los análisis del Santander decían que las pérdidas del Popular eran mayores de las que se declaraban. Pero una vez que se lo dan gratis, el Santander ya sabe que el Popular tiene posibilidades porque, además de una cuestión de prestigio, el Santander se convertía en el primer banco en el mercado español, desbancando así a La Caixa.

¿Quién gana y quién pierde con la quiebra del Popular?

Gana el Santander y pierde la competencia bancaria, y en ese sentido, perdemos todos. Y luego, claro, al cerrar una empresa viable, hay costes no cuantificables, pero reales, en forma de impuestos que el Estado deja de ingresar, en creación de empleo, etcétera. Cerrar un banco viable es una amputación. Se han cargado una fuente de riqueza.

¿Los accionistas del Popular recuperarán el dinero?

Es difícil de saber. Es verdad que hay gente que ha perdido mucho dinero. Ahora hay varias estrategias en marcha. Unos van a reclamar a la Unión Europea, otros como la OCU, le reclaman directamente al Santander. No lo tendrán fácil. Estas cosas son largas. Y luego está el aspecto penal, las responsabilidades en que hayan podido incurrir Ron, Saracho y los consejeros. No sé qué va a pasar, pero me da que los juicios van a eternizarse.

[33] La justicia deja impune la agresión de la Policía a varios fotoperiodistas en el Jaque al Rey de 2014

Por ALEJANDRO TORRÚS

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
 
Agentes antidisturbios cargan contra reporteros en el Jaque al Rey de marzo de 2012.- FRAGMENTO VÍDEO COMISIÓN LEGAL SOL

 

Los tribunales reconocen la agresión de los agentes antidisturbios a varios fotógrafos pero sentencian que ha prescrito porque han pasado más de seis meses desde que se presentó el recurso. La Audiencia Provincial había determinado, anteriormente, que la agresión no suponía una vulneración del derecho a la libertad de información. 

Los golpes que varios agentes antidisturbios de la Policía Nacional propinaron a tres fotoperiodistas al término de la protesta Jaque al Rey de 2014 han quedado impunes. Sin castigo. El juzgado de instrucción nº 46 de Madrid ha sentenciado que un agente golpeó, al menos, a dos fotógrafos al término de la protesta, pero que esta falta de lesiones está prescrita a día de hoy, por lo que ningún agente responderá ante la justicia por haber agredido a periodistas mientras ejercían su trabajo. 

Los tribunales, además, estimaron que esta agresión policial a tres fotoperiodistas no lesionó en ningún momento el derecho a la libertad de dar y recibir información. En opinión de la juez Caridad Hernández, de la Audiencia Provincial de Madrid, los antidisturbios no impidieron el ejercicio del derecho a informar de los fotógrafos ya que no se les intervino ni sus equipos ni sus grabaciones. 

 

“La Audiencia Provincial ha tardado ocho meses en resolver nuestro recurso, a sabiendas de que una falta por lesiones prescribe a los seis meses con la causa paralizada. Supongo que este retraso será consecuencia de la falta de medios del Poder Judicial y la acumulación de casos, pero la realidad es que una agresión policial a periodistas ha quedado impune por este retraso achacable a ellos”, denuncia, en declaraciones a PúblicoEric Sanz de Bremond, abogado de Legal Sol

Los hechos denunciados sucedieron el 29 de marzo de 2014 al término de la manifestación conocida como Jaque al Rey. Cuando la protesta había terminado, se produjo un rifirrafe entre varios agentes de los antidisturbios y una persona que echó a correr asustado. Los agentes antidisturbios salieron tras él para detenerlo y por el camino golpearon indiscriminadamente a los fotoperiodistas que documentaban la detención. La descripción de los hechos se aprecia perfectamente en el siguiente vídeo.

Un cúmulo de factores que permite la impunidad

El retraso de la Audiencia Provincial a la hora de resolver el recurso de los fotógrafos ha sido solo uno de los múltiples factores que ha permitido que la agresión policial quede impune. El primero de todos ellos es que los agentes de Policía Nacional que agredieron a los periodistas iban sin identificar. No llevaban, tal y como dicta el reglamento, su número de placa visible en la parte trasero del chaleco antibalas. No obstante, no es una situación anómala. “Si hubieran llevado un número de identificación hubiese sido sencillo haber llegado a juicio”, prosigue Sanz de Bremond. 

“Si los agentes hubieran llevado un número de identificación hubiese sido sencillo haber llegado a juicio”

El segundo factor fue la ausencia total de colaboración por parte de los mandos de la Policía Nacional para identificar a los agentes responsables de la agresión. Tras la presentación de la denuncia por parte de los fotógrafos, el juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid requirió al jefe de la 1ª Unidad de Intervención Policial que reconociera a los agentes implicados. La respuesta del mando policial fue que no tenía constancia ni conocimiento de agresión alguna y la juez María Isabel Garaizabal Ariza decidió archivar la causa. 

La juez podría haber llamado a declarar a los fotógrafos denunciantes. Podría haber visionado el vídeo y extraer la cara del agente que fue imputado posteriormente, tal y como hizo el abogado de la acusación, e incluso podría incluso haber llamado a declarar al jefe de Policía para intentar que colaborara. Pero no. El jefe de Policía dijo que desconocía que hubiese una agresión y la juez archivó la causa. 

Los fotógrafos recurrieron aquel archivo y la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa. Fue entonces cuando, gracias al vídeo que acompaña esta información, se pudo identificar a uno de los agentes implicados. La justicia, sin embargo, le atribuía únicamente una falta de lesiones ya que estimó que golpear con la porra en el cuello y en los brazos a fotoperiodistas no suponía una injerencia en el derecho a dar y recibir información. Los reporteros recurrieron esta decisión judicial al entender que sí se había lesionado uno de sus derechos fundamentales

 
Un agente de la Unidad de Intervención Policial agrede a un periodista. Legal 15-M

En este punto del proceso es cuando se dio el último de los factores que ha permitido la impunidad de la agresión. El juzgado de instrucción nº 46 de Madrid tardó 6 meses en tramitar el recurso y la Audiencia Provincial tardó otros 8 meses en pronunciarse, por lo que la agresión había quedado prescrita ya que las faltas de lesiones prescriben al transcurrir 6 meses con la causa paralizada. 

La justicia entendió que no se había vulnerado el derecho a la información porque no se había intervenido los equipos y cámaras

La Audiencia Provincial, además, desestimó el recurso de los fotógrafos estimando que no habían “indicios de que el agente pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de los periodistas presentes”. Para justificar esta conclusión, la Audiencia señaló que los fotoperiodistas, que iban correctamente identificados, no habían aludido a su condición de informadores durante los golpes. 

Con todos estos factores, se llegó al juicio que tuvo lugar el pasado 22 de febrero. Así describe la Comisión Legal Sol lo que sucedió en la Sala:

“Ante la sorpresa general, el funcionario de Policía, defendido por el Abogado del Estado, trajo de testigo a uno de sus compañeros que no había podido ser identificado. Parece que a la Administración le cuesta mucho identificar a sus agentes para juzgarlos, pero bien poco para testificar a su favor. El juicio ha acabado como todo el mundo en la sala ya sabía: con una sentencia que declara prescrita la falta de lesiones y un funcionario de Policía al que le ha salido gratis agredir con la porra a reporteros”. 

 

[34] La Policía atribuye los disturbios de la noche a “radicales” y los desvincula del colectivo de manteros

Por Pedro Águeda 

Artículo publicado el 16 de marzo de 2018 en:
 
Agentes de la UIP de la Policía Nacional durante su actuación en Lavapiés OLMO CALVO

Hay seis detenidos, todos de nacionalidad española; son dos mujeres y cuatro hombres y entre estos últimos, dos hermanos, uno menor de edad

Los alborotadores organizaron barricadas para atacar a los antidisturbios y la quema de contenedores llegó a afectar a viviendas del barrio

La Brigada de Información, dedicada a delitos de grupos radicales, se ha hecho cargo de la investigación

El Cuerpo Nacional de Policía, encargado de investigar los disturbios ocurridos durante la pasada noche en el barrio de Lavapiés, apunta a individuos radicales, expertos en violencia callejera, con los incidentes. Al tiempo, desvincula al colectivo de manteros de esos actos de violencia, que incluyeron barricadas, quema de contenedores y lanzamientos de objetos a los agentes. 

La Policía se apoya en lo observado durante las horas posteriores al incidente y a la nacionalidad de los seis arrestados. Se trata de seis personas, todas ellas de nacionalidad española. Los detenidos son Marta L.G, Pablo S. G, Juan Manuel C. M, Lucía P. R y los hermanos Martín Gustavo N. G y Marco Antonio N. G, éste último menor de edad.

Esas fuentes aseguran que, más allá de las escenas de tensión que se produjeron en las primeras horas y a partir del levantamiento del cadáver, los manteros subsaharianos no han sido detectados en los graves disturbios que se extendieron hasta las tres de la mañana, y que incluyen saqueos, quema de contenedores,  el completo destrozo de un vehículo policial estacionado en la calle Fray Severino González.

Hubo calles donde los radicales montaron barricadas cada 50 metros para organizar sus enfrentamientos con la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los agentes hablan de incidentes protagonizados en su mayoría por jóvenes, en el entorno de la veintena. 

Según una reconstrucción provisional de los hechos, la Policía cree que a la congregación de amigos y compañeros del fallecido se fueron sumando otros individuos que, a la postre, protagonizaron los incidentes. En la calle Mesón de Paredes, esquina con la calle Ábalos, los incendios de contenedores llegaron a afectar a las viviendas y fue necesaria la intervención de bomberos. 

La Brigada Provincial de Información, estructura policial encargada de investigar los delitos procedentes de ámbitos radicales, ha abierto un atestado. Los servicios de emergencia han atendido a veinte personas de carácter leve, de los que 16 son policías, la mayoría miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

[35] Sánchez, Iglesias y Garzón piden “explicaciones inmediatas” por la muerte del mantero en Lavapiés

 

Por eldiario.es

Artículo publicado el 16 de marzo de 2018 en:
 
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una imagen de archivo. EFE
 

“No puedo evitar sentir solidaridad, es alguien que está vendiendo lo que puede para sobrevivir”, ha asegurado el secretario general de Podemos

El secretario general de los socialista también ha exigido “explicaciones inmediatas” y ha querido transmitir sus condolencias a los familiares

Alberto Garzón ha señalado que hay “versiones contradictorias” y destaca que hay que esperar a la investigación para “exigir responsabilidades”

Disturbios en Lavapiés al morir un mantero de un infarto tras una persecución policial

Diferentes cargos de la política han querido expresar sus condolencias a los familiares y amigos de Mame Mbaye Ndiaye, el mantero de 34 años que ha fallecido este jueves en el barrio madrileño de Lavapiés tras una persecución policial.

En una entrevista en Espejo Público, el secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que es “inaceptable” que en una sociedad democrática un vecino de Madrid, “que trabaja para vivir”, “tenga que salir corriendo y morir de un infarto”.

Iglesias ha pedido que se investiguen las circunstancias de la muerte de Mbaye porque, “aunque efectivamente la venta ambulante pueda ser ilegal”, es “triste y lamentable” que el inmigrante senegalés “haya tenido que morir por ganarse la vida” al haber tenido que “huir a la carrera simplemente por trabajar en la venta ambulante para dar de comer a su familia”.

“No puedo evitar sentir solidaridad. Es alguien que está vendiendo lo que puede para sobrevivir en un país en que los niveles de impunidad con respecto a los corruptos siguen siendo enormes”, ha señalado Iglesias, que “a la espera de lo que se investigue y de las responsabilidades que haya que depurar”, ha querido enviar su “solidaridad” a los familiares del fallecido.

Unas responsabilidad que también exige el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha pedido “explicaciones inmediatas” del Ministerio del Interior y del Ayuntamiento de Madrid.

“Lo ocurrido anoche en el barrio madrileño de Lavapiés exige explicaciones inmediatas tanto del Ministerio del Interior como del Ayuntamiento de Madrid”, ha escrito Sánchez en Twitter. “Desde el PSOE sentimos enormemente la muerte de Mame Mbaye Ndiaye y enviamos un fuerte abrazo a su familia y amigos”.

En una rueda de prensa en el Congreso, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado que hay “versiones contradictorias” sobre la muerte de Mame Mbaye Ndiaye y que “no están claras las causas de la muerte”. Garzón ha pedido que se esperen los resultados de la investigación “para conocer las causas y exigir responsabilidades”.

“Si ha habido cargas policiales municipales persiguiendo a manteros desde un punto de vista ético y humanista es irresponsable”, ha señalado Garzón, que ha remarcado que no se puede “dedicar recursos a perseguir a los más pobres de la sociedad”. “Si se confirma que estábamos en este tipo de redadas es censurable a todos los efectos, pero habrá que esperar a la investigación”.

[36] El PP culpa a Ahora Madrid de “sembrar el caldo de cultivo” para los disturbios en Lavapiés

Por eldiario.es Madrid

Artículo publicado el 16 de marzo de 2018 en:
 
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, ofrece declaraciones ante la prensa en Lavapiés. ANDRÉS GIL / MADRID
 

El portavoz popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, critica que los mensajes en redes tras la muerte de un mantero “alentaron en cierta manera” los incidentes del jueves por la noche

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha condenado “la revuelta callejera” y ha mostrado su apoyo a “los policías heridos”

Begoña Villacís ha criticado la “criminalización rápida que se ha propagado y que deja vendidos a los agentes en su trabajo diario”

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acusado a Ahora Madrid de “sembrar el caldo de cultivo” con su actitud ante la muerte de un mantero el jueves en Lavapiés para los incidentes vandálicos y reprocha al equipo de Gobierno que no saliera en apoyo de la Policía Municipal. 

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la Plaza de Lavapiés, Almeida ha cargado este viernes contra la “responsabilidad” del equipo de Gobierno ante los incidentes ocurridos y entiende que los mensajes en redes sociales sobre la muerte de un ciudadano senegalés “alentaron en cierta manera” los disturbios. El portavoz les acusa de sembrar “sospechas” sobre lo ocurrido con la muerte del mantero, que “se ha confirmado que fue accidental”. 

Se refieren, entre otros, a los mensajes del portavoz de Unidos Podemos en el Senado y s ecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, por un ‘tuit’ donde calificaba la muerte como un “fracaso como democracia”. La Asociación de Policía Municipal de Madrid (APMU) respondió la noche del jueves a este tuit:   “Señor Ramón Espinar, si hoy hay algún disturbio y herido por su culpa tomaremos medidas legales contra usted”. 

El portavoz del PP ha criticado también la reacción de la alcaldesa, que lamentó anoche los disturbios y la muerte del ciudadanos senegalés. “No ha habido ni una sola muestra de apoyo a la intervención de los servicios municipales y en especial de la Policía Municipal”, ha remachado. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha condenado en una entrevista en esRadio la “revuelta callejera” de Lavapiés y ha trasladado su apoyo a “los policías heridos”. Ha lamentado la muerte del mantero senegalés y ha destacado que en el barrio madrileño se cometió “un acto de vandalismo absoluto en el que la Policía Nacional tuvo que intervenir”. “Se quemaron contenedores, se rompieron lunas de escaparate de comercio y se prendió fuego a sucursales bancarias”, ha señalado la presidenta. 

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento madrileño, Begoña Villacís, ha querido transmitir sus condolencias “a los familiares y amigos de Mmame Mbage” y ha agradecido a los agentes y a los bomberos su trabajo en los disturbios.

“Una noche como hoy los madrileños tenemos mucho que agradecer a la Policía de Madrid, a los bomberos de Madrid y a la Policía Nacional por su trabajo y profesionalidad en el barrio de Lavapiés. Mis condolencias a los familiares y amigos de Mmame Mbage”, escribió este jueves la portavoz naranja en Twitter.

Villacís ha insistido este viernes en agradecer el trabajo a los agentes y ha reclamado al Ayuntamiento que un mensaje “de apoyo” a los agentes “que estuvieron trabajando ayer hasta las 2 de la mañana”. Además, ha asegurado que es “inaceptable” la “criminalización rápida que se ha propagado y que deja vendidos a los agentes en su trabajo diario”.

 

 

[37] Para evitar a la Fiscalía… hazte franquista, cura o policía

 

Por Carlos Hernández

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
 
El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera / web de la Abadía

En nuestro país la Justicia ya no es ciega, es tuerta, y ve divinamente con su ojo derecho

El titular de este artículo es una broma, ligeramente parafraseada, que circula desde hace años entre los sectores progresistas de toda España. Un chiste, un sarcasmo y una exageración que, sin embargo, ha dejado ya de tener gracia porque lo que nació comedia, ha terminado convertido en un drama inquietantemente realista.

Es verdad que esto viene de muy lejos, podríamos decir que de las propias raíces del sistema. Son pocos los ingenuos que alguna vez se han creído eso de que “la Justicia es igual para todos”. Más allá del habitual trato de favor que el engranaje jurídico brinda porque sí al poderoso frente al robagallinas, ¿alguien puede o ha podido argumentar seriamente que, en un pleito, tiene las mismas oportunidades el reo defendido por un abogado de oficio, por brillante y trabajador que este sea, ante el ejército de letrados y bufetes que representa a un magnate, un político, un lobby o una gran empresa? Todos conocemos la respuesta a esa pregunta y nos la hemos tragado, a pesar de saber que suponía una flagrante violación del artículo 14 de nuestra Constitución. Tenemos tan asumida la desigualdad económica que, al fin y al cabo, ¿por qué iba ser diferente a la hora de sentarnos en el banquillo de los acusados?

Siendo grave esta normalización de la injusticia, aún lo es más que estemos tolerando que ese trato desigual, paso a paso, se vaya ampliando en función de criterios políticos, sociales e ideológicos. Basta repasar lo ocurrido en los últimos días para encontrarnos con algunos sangrantes ejemplos y poder visualizar aquellos perfiles y/o profesiones que te sitúan en una posición privilegiada a la hora de afrontar cualquier problema con la Justicia.

1.- POLICÍA. Este jueves conocíamos la noticia de que el policía que golpeó a varios fotoperiodistas en una manifestación, celebrada en 2014, no tendrá sanción alguna. La jueza, en un auto demencial, reconoce que el agente agredió al menos a dos fotógrafos, pero afirma que eso no supone una vulneración del derecho a la libertad de dar y recibir información porque no les confiscó sus equipos ni sus grabaciones. Les pegó hasta que cayeron al suelo, pero como no les robó las cámaras… ¡Claro que sí, señora jueza! ¡Si no siguieron informando desde el asfalto y con el cuerpo amoratado es porque no quisieron! Zanjado ese asunto por la magistrada, no existe delito, pero sí una falta de lesiones que, ¡oh sorpresa!, ha prescrito y, por tanto, no puede ser castigada. Lo que no dice la jueza en su fallo es que la demora temporal en el proceso que ha provocado la prescripción obedece a que el agente no llevaba visible su número de identificación y a que, posteriormente, sus superiores pusieron todo tipo de obstáculos para evitar que el tribunal conociera la identidad del agresor. En resumen, la estrategia de un presunto delincuente y de sus mandos, con la aquiescencia de la judicatura y de la Fiscalía, funcionó para que el hecho investigado quedara impune.

2.- SACERDOTE. El prior del Valle de los Caídos sigue hoy negándose a cumplir las sentencias judiciales que le obligan a facilitar varias exhumaciones en la mayor fosa común de España. Repito porque parece que no se ha entendido: “se niega a cumplir las sentencias judiciales…”. ¿Ha pasado algo? ¿Ha actuado la Fiscalía? ¿Ha ido la policía a garantizar que se cumplan los dictados de los jueces? No, no y no. Una pasividad que resulta aún más grave después de que conociéramos este miércoles el descorazonador estado en que se encuentran las decenas de miles de cuerpos enterrados en el Valle. No se trata de enterramientos muy “cristianos” que digamos y, por ello, resulta tan incomprensible la actitud de nuestra Justicia como la indiferencia inhumana de la Conferencia Episcopal. La Iglesia española y El Vaticano se han convertido en cómplices y corresponsables de todo lo que ha hecho, haga y vaya a hacer este religioso cuya mayor preocupación es depositar cada mañana flores frescas en la tumba de Francisco Franco. Un religioso que no solo incumple sentencias, sino que se ha burlado del Parlamento al negarse a comparecer ante él y que viola sistemáticamente la Ley de Memoria Histórica al ensalzar el franquismo y humillar a sus víctimas.

3.- GENERAL Y FRANQUISTA. Este lunes conocíamos  la carta en la que el general Juan Chicharro Ortega asumía la presidencia de la Fundación Nacional Francisco Franco. En un escrito con un insufrible tufillo golpista, el que fuera ayudante del rey Juan Carlos prometía “propagar las ideas” del dictador y, en definitiva, anunciaba su intención de violar la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica, sí, esa ley que hasta el presidente el Gobierno se jacta de incumplir.

4.- DELINCUENTES DE GUANTE BLANCO. El pasado domingo leíamos como el exalcalde de O Grove, condenado por blanqueo de capitales y absuelto de narcotráfico in extremis por el Tribunal Supremo, amenazaba de muerte a Nacho Carretero, el periodista que escribió Fariña. “Si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza”, dijo en una entrevista publicada por El Mundo. No sé a ustedes, pero a mí me recordó mucho al momento en que el radiopredicador ultraderechista Federico Jiménez Losantos expresó públicamente su deseo de asesinar a varios dirigentes de Podemos. ¿Ha actuado la Fiscalía de oficio en alguno de los dos casos? ¿Entendemos, por tanto, que es legal decir, por ejemplo, “si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba a Bea Gondar y le pegaba un tiro en la cabeza”? ¿Damos por hecho que un periodista, mañana, puede decir en una radio: “si veo a Rajoy, o a la Cospedal o a la Soraya y llevo la escopeta, disparo”?

Es solo una breve muestra que se puede ampliar hasta el infinito y más allá, según retrocedamos en la hemeroteca. En ese recorrido inverso encontraríamos infantas y presidentes del Gobierno testificando bajo palio, partidos políticos a los que se avisa una docena de veces antes de proceder a registrar sus sedes, cargos públicos absueltos por “inevitables” prescripciones, empresarios corruptores sobre los que la Fiscalía nunca pone el foco….

Me he ahorrado las comparaciones para que cada uno elija el alter ego de cada caso según sus propias inquietudes. Tienen donde elegir: titiriteros que son detenidos en plena función y enviados a la cárcel fulminantemente, vecinos de Murcia que acumulan más de 40.000 euros en multas por manifestarse contra las vías del AVE, tuiteros, raperos, humoristas y, últimamente y sobre todo, independentistas perseguidos inmisericordemente. Este mismo jueves hasta una revista satírica como Mongolia era condenada por… hacer humor. En todos estos casos, y los que cada uno quiera añadir, no solo se aplica la ley con rigor, sino que se retuerce la legislación vigente hasta donde haga falta. Incluso llegado el caso, tal y como ocurrió con el asesinato en Iraq del reportero de Telecinco José Couso, si el juez no se doblega ante las presiones políticas y las maniobras del ministerio fiscal para dejar impune el crimen… se cambia la ley para que el magistrado se quede sin caso y a tomar por saco. ¡Sin complejos!

Alguien decía esta semana en Twitter que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no va a dar abasto ante la infinidad de recursos que le van a llegar desde España por las graves vulneraciones de derechos fundamentales cometidas en los juzgados a instancias de nuestros gobernantes. El fallo que ha dado la razón a los dos jóvenes que quemaron fotografías del Rey es solo el primero. Vendrán muchos más porque en nuestro país la Justicia ya no es ciega, es tuerta, y ve divinamente con su ojo derecho.

 

[38] Gracias, capitán Cardona

Por Carlos Jiménez Villarejo

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
Ex-militares pertenecientes a la Unión Militar Democrática, UMD. EFE /AA

Cardona describió con claridad las estrategias conspiratorias y golpistas del Ejército, como la Operación Galaxia, que fue sancionada muy levemente

Su análisis sobre el ejército era muy fiel: en la Academia de Zaragoza se formaban jóvenes “cadetes, catecúmenos de una devoción político-religiosa cuyos elementos esenciales eran Dios, España, la bandera, Franco y el Ejército”

Hay personas y obras que, transcurrido el tiempo, no solo no pierden actualidad, sino que es obligado tenerlas presentes. Es el caso del capitán del Ejército Gabriel Cardona y su libro Las torres del honor, obra en la que analizó la Transición -y el papel de las Fuerzas Armadas en ella- desde la dictadura a la democracia, incluido el golpe militar del 23F. La obra fue publicada en enero de 2011, al tiempo que su autor fallecía por un desgraciado accidente.

Pero, además, hay recientes análisis de políticos actuales que obligan a actualizar las líneas maestras de dicha obra. Entre otros, aquellos que desde el 15M se empeñaron en calificar nuestro sistema democrático como “Régimen del 78”, con un evidente simplismo y falta de rigor histórico. Podría destacarse el de Pablo Iglesias cuando señalaba al “régimen del 78 con su Rey, sus Pactos de la Moncloa, su bipartidismo, sus bases de la OTAN, su Constitución y su innegable consenso…” entre las causas de la crisis que, en 2014, sufría la “población española”. Aparte de otras consideraciones, equiparar la Constitución a las bases de la OTAN ya era y es un gravísimo error.

El capitán Cardona, parte de aquel Ejército que contribuyó a la instauración de la democracia, ya dijo en el prólogo de aquella obra: “Estoy en condiciones de asegurar que si Juan Carlos hubiera apoyado el pronunciamiento, éste habría triunfado rápidamente, apoyado por la mayoría del Ejército”. Unas palabras que se complementan con las del General Quintana Lacaci, ferviente franquista, con las que Cardona introduce su obra: “Pero el Caudillo me dio orden de obedecer a su sucesor, y el rey me ordenó parar el golpe del 23-F, y lo paré”. Cardona añade que Lacaci fue asesinado en 1984 por ETA.

Es sabido que Cardona fue uno de los Oficiales que creó la UMD, a la que calificaba como “sociedad secreta”, con la finalidad de contribuir a la restauración democrática en nuestro país por vías pacíficas después de “los sesenta cuartelazos en un siglo” que ya había sufrido. Su objetivo era un Estado que “conjugara justicia y libertad”. Era la muestra de que “el Ejército, pilar fundamental del Régimen, no era tan monolítico como se suponía”. Y confesaba un primer y serio reproche a los “políticos de la democracia” por ascender a altos cargos a militares no solo franquistas, sino golpistas. Era especialmente crítico con Narcís Serra, a quien atribuía haber afirmado “con la mayor cara dura que la rehabilitación de los militares de la UMD no le hacía perder ni media hora de sueño”.

En marzo de 1976 se celebró el Consejo de Guerra contra nueve miembros de la UMD, siete de los cuales fueron condenados, “en una sentencia de la más pura tradición franquista” por “conspiración para la rebelión militar” a penas de dos a ocho años de prisión y expulsión del ejército. Y describe Cardona que “en los años siguientes y ya en plena consolidación de la democracia, los militares demócratas fuimos víctimas de atropellos, arrestos y destinos forzosos a otras guarniciones, sin que nos flaqueara el ánimo”. Hasta el punto de que el Decreto de amnistía de julio de 1977 permitió liberar a los cinco presos de la UMD pero “no se les permitió regresar al ejército”. Sanción que tampoco fue anulada en la Ley de Amnistía de octubre de dicho año.

El análisis de Cardona sobre el ejército era muy fiel: en la Academia de Zaragoza se formaban Jóvenes “cadetes, catecúmenos de una devoción político-religiosa cuyos elementos esenciales eran Dios, España, la bandera, Franco y el ejército” que “constituía un mundo perfecto, muy superior a la desordenada y ambiciosa sociedad civil”. Ello no le impidió conocer y describir con sinceridad y respeto, por ejemplo, las condiciones de aislamiento y miedo en que vivía la Guardia Civil en el País Vasco bajo la presión terrorista de ETA. “Los entierros de guardias asesinados por ETA podían destrozar la sensibilidad de cualquiera. Eran actos dramáticos en los que las lágrimas de los familiares, llegados a toda prisa, se mezclaban con la mal reprimida indignación y la rabia de los compañeros, conscientes de que el próximo sepelio podía ser el suyo….”. “En las tabernas, las tiendas y los mercados, podía escucharse: Al fin y al cabo, para eso cobran” o “algo habrán hecho”. El aislamiento de la Guardia Civil, allí, “era terrible”.

Describió con claridad las estrategias conspiratorias y golpistas del Ejército -como, entre otras, la Operación Galaxia, sancionada muy levemente- hasta el punto de que compañeros suyos, con toda naturalidad, decían: “Hace falta un golpe de Estado, todo el mundo lo pide”. Y muchos más momentos, especialmente durante 1980, en los que el Gobierno de Suárez estaba cada vez más acorralado, por militares formados “bajo la influencia del Frente de Juventudes, las academias militares del franquismo, la guerra fría, los cursos en EEUU, la Doctrina de la Defensa Nacional, la lucha antiterrorista y los servicios de inteligencia”. Mientras, “Gutiérrez Mellado estaba arrinconado por los generales nostálgicos”.

Y, ya en vísperas del golpe, la situación empeoró en 1981, con el 14 por ciento de inflación y el 16,5 por ciento de paro. Pero la mayor inquietud de los militares y, sobre todo, de los guardias civiles, era el terrorismo, que entre el 20 de noviembre de 1975 y el 23 de febrero de 1981 causó 389 víctimas mortales: 6 generales, 6 coroneles, 14 tenientes coroneles y comandantes, 3 oficiales, 10 suboficiales, 4 soldados, 79 guardias civiles, 42 policías nacionales, 20 funcionarios de policía, 15 policías municipales, 2 magistrados y 189 civiles. Gran parte de estos últimos víctimas de la policía franquista y postfranquista y de la extrema derecha. Y así sucesivamente, hasta el fin de la violencia armada de ETA: 829 víctimas mortales, de las cuales 103 fueron militares.

Luego, llegó el golpe de Tejero y de sus inspiradores y cómplices, que situó a la democracia al borde del abismo. Hecho histórico más que analizado, que Cardona examina también muy minuciosamente. Pero, ahora, solo considero necesario recordar estas palabras suyas: “Aquel infausto 23 de febrero de 1981 no hubo cadáveres en el edificio del Congreso, pero salió malparado el honor… No cumplieron con el honor los militares y guardias civiles sublevados, los políticos tumbados en el suelo ni tantas otras personas que aquella noche se sumieron en el silencio de los corderos”. Con tres excepciones, el Presidente Suárez, el General Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo,”el comunista histórico”, que “se atrevieron a despreciar las metralletas en defensa de aquella democracia que parecía a punto de morir”. Por todo esto, y mucho más, debemos nuestra gratitud al Capitán Cardona.

[39] Suiza dice que “no hay base” para detener a Puigdemont y Serret en Ginebra

Por EFE-Ginebra

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
“No hay ninguna base para la detención con vistas a una extradición a España”, dice a EFE el portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo
 
 
Puigdemont tiene previsto viajar este domingo a Suiza EFE

El Gobierno suizo ha asegurado este jueves que “no hay ninguna base” para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la exconsellera Meritxell Serret si viajan a Ginebra para participar en varios actos públicos sobre la cuestión catalana este domingo, después de que la Fiscalía española haya anunciado que quiere intentar que se detenga a ambos dirigentes en el país helvético.

La Fiscalía General del Estado prevé solicitar a la oficina de cooperación internacional del Ministerio del Interior que, en colaboración con la Interpol, se realicen “las gestiones necesarias” ante las autoridades suizas con el objetivo de “determinar la viabilidad” de la detención de Puigdemont, Serret y Anna Gabriel, la exdiputada de la CUP que permanece en la ciudad de Ginebra desde el pasado mes de febrero. 

“Tampoco en el caso de Anna Gabriel se ha cursado aún una orden internacional de detención”, recordó Galli sobre la dirigente de la CUP que huyó recientemente de la Justicia española a Ginebra. “Por tanto no hay ninguna base para la detención de estas personas con vistas a una extradición a España”, recalcó el portavoz de la entidad gubernamental.

El Gobierno suizo recordó ayer que Puigdemont tiene el derecho de visitar Suiza y pronunciar “discursos políticos” en el país, siempre y cuando respete su ordenamiento jurídico.

Puigdemont volverá a salir de Bélgica, país en el que se encuentra desde el pasado mes de noviembre, para participar en un debate sobre la autodeterminación domingo en el Festival de Cine y el Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) de Ginebra este domingo.

Serret, a su vez, figura en un panel el día 20 organizado por una asociación de tamiles con el título “Violaciones de Derechos Fundamentales en la Unión Europea (UE): El caso catalán”, junto a Txell Bonet, pareja de Jordi Cuixart, evento que se celebrará al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y Gabriel, por su parte, ha acudido en las últimas semanas a la sede europea de la ONU para observar el desarrollo del Consejo.

El juez del Tribunal Supremo que lleva el caso, Pablo Llanera, ha evitado de momento poner en marcha un proceso de extradición con Suiza o con Bélgica. La propia Fiscalía manifestó el pasado lunes que solo pedirá orden internacional de detención contra Puigdemont, los exconsejeros y Gabriel “una vez se haya dictado orden de procesamiento” contra ellos.

[40] El juez del 1-O de Barcelona rechazó suspender la declaración de una imputada pese al riesgo de parto de su abogada

Por Oriol Solé Altimira 

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
El CGPJ ha acordado que Ramírez Sunyer se dedique en exclusiva a la instrucción de la causa del 1-O EFE

La letrada pidió suspender la declaración de este miércoles alegando su avanzado estado de gestación, pero el juez no lo consideró una causa para impedir la comparecencia

La normativa obliga a suspender declaraciones hasta dos meses después del parto de las abogadas, no durante el embarazo

El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, rechazó suspender la declaración de una de las imputadas de este miércoles por los preparativos del 1-O pese al riesgo de parto prematuro que adujo su abogada para aplazar la comparecencia. Según ha podido saber este diario, el magistrado consideró que el avanzado estado de gestación de la letrada no era una causa de impedimento para retrasar el señalamiento.

En la tarde de este miércoles declararon como imputados –investigados, según la nueva denominación–, Natàlia Garriga, directora de Servicios de la Generalitat; Mercedes Martínez, funcionaria de Economía; Joan Angulo, responsable del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) y Pau Furriol, responsable de una nave industrial donde se intervinieron casi 10 millones de papeletas del 1-O. Todos ellos se desmarcaron ante el juez de la organización del 1-O.

La letrada que había pedido suspender la declaración no acudió a la comparecencia y fue sustituida por otra abogada. Durante el embarazo, la decisión de suspender una comparecencia si lo pide una letrada queda en manos del juez. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que en algunos juzgados, si se aporta un certificado médico que corrobore la situación de embarazo avanzado, el juez normalmente acuerda aplazar el acto previsto como cuando cualquier letrado está enfermo y así lo acredita.

La normativa acordada entre los colegios de la abogacía catalanes y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en relación a la maternidad de las letradas permite la suspensión de los actos en que deban intervenir las abogadas –comparecencias, juicios, etc.– durante los 60 días posteriores al parto (la baja por maternidad, en el resto de profesiones, suele ser de hasta cuatro meses).

La única excepción se produce en los señalamientos con presos, en los que se requiere a la abogada que ha sido madre que designe a una nueva defensa. No es el caso de la investigación de los preparativos del referéndum que se sigue en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

Precisamente este jueves, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que Ramírez Sunyer  pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción de la causa por el 1-O en la que investiga posibles delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Cabe recordar que  la Fiscalía y la Audiencia Nacional consideraron que la competencia para investigar la rebelión y la sedición recaía en este último tribunal y no en los juzgados ordinarios de Barcelona.

Ramírez Sunyer queda así liberado de la celebración de juicios por delitos leves, tarea que asumirá un magistrado de refuerzo. El juez ha prorrogado, a petición de la Fiscalía, la causa por su complejidad, lo que le permite prolongar la investigación hasta febrero de 2019 como máximo, dos años después de la apertura del caso a raíz de las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró – y se desdijo posteriormente ante el juez– que el Govern disponía de una partida oculta de 400 millones de euros para el 1-O.

Las próximas citaciones acordadas para el magistrado son de testigos. El próximo miércoles será el turno de trabajadores de Unipost, la empresa de mensajería del 1-O, y el próximo 27 de marzo comparecen testigos relacionados con las páginas web del referéndum. Algunas defensas ya han pedido un aplazamiento porque tienen otros señalamientos, aunque fuentes jurídicas no confían en que se suspendan. El juez ha llegado a citar a  investigados en domingo ante la dificultad de cuadrar las agendas de las defensas de los más de 20 investigados de la causa.

[41] El vídeo de una carga policial en Lavapiés indigna a Twitter

Por PÚBLICO

Artículo publicado el 16 de marzo de 2018 en:
 
Disturbios y quema de contenedores en Lavapiés. | JAVIER LIZÓN (EFE)
Un vídeo en el que se ve cómo la Policía golpea a una persona que está sola y, cuando cae al suelo, sigue golpeándola, alimenta las denuncias en las redes sociales contra la actuación de la Policía, quien por su parte asegura que desde el principio la presencia de “gente con palos y alzando barricadas”.

Es uno de los vídeos más vistos en Twitter en esta mañana de viernes. En el mismo se puede ver cómo la Policia golpea a una persona que está sola y, cuando cae al suelo, sigue golpeándola. La escena ocurre en el barrio de Lavapiés de Madrid, donde el jueves por la noche se produjeron unos graves disturbios en protesta por la muerte de un mantero que huía de la Policía y que, presumiblemente, falleció de un infarto. Los disturbios se saldaron con seis personas detenidas, 20 heridos y numerosos destrozos en el mobiliario urbano. 

“Fue terrible, hubo, peleas, tiros, la gente corriendo; dejaron a un chico tirado, que mi marido pensó que lo habían matado; los contenedores ardiendo; tiraban pelotas de goma…”, los testimonios de una vecina demuestran que lo que vivió en las calles del barrio madrileño fueron una auténtica batalla campal

El vídeo que circula en las redes sociales ha servido a muchos colectivos vecinales y sociales para denunciar en Twitter la brutalidad policial empleada contra las personas que protestaban. También piden que se investigue las causas de la muerte del mantero. 

Por su parte, fuentes policiales señalan que la concentración de personas impedía al furgón que trasladaba el cadáver del mantero y destacan la presencia de “gente con palos y alzando barricadas”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado “terrible” que alguien muera por tratar de ganarse la vida cuando la impunidad con los corruptos sigue siendo “enorme”.

Iglesias ha subrayado en una entrevista en Antena 3 que debe haber una investigación sobre la muerte ayer del senegalés Mmame Mbage, el mantero. “Es algo enormemente triste”, ha señalado el líder de Podemos que, aunque ha reconocido que la venta ambulante está prohibida, ha admitido que no puede evitar “sentir solidaridad por alguien que está vendiendo lo que puede para sobrevivir”.

“A la espera de lo que se investigue y de las responsabilidades que haya que depurar, creo que es muy triste y toda la solidaridad hacia este vecino y hacia sus familiares”, ha concluido.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este viernes que los socialistas no se van a “precipitar en hacer diagnósticos” sobre la muerte del mantero senegalés Mmame Mbage, pero ha subrayado que siempre la “actuación de la Policía responde a instrucciones”.

“La Policía cumple su labor, no actúa por capricho, sino que habrá instrucciones para impedir la venta ambulante”, ha subrayado el dirigente socialista, tras señalar que “es muy triste que alguien se tenga que ganar la vida contraviniendo leyes y ordenanzas”.

Ábalos, que ha recordado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha ordenado una investigación sobre lo ocurrido, ha considerado “excesivo extraer causas y efectos” sobre le suceso antes de que ésta termine.

[42] Los ausentes de la Escuela del PSOE

Por Fernando López Agudín

Artículo publicado el 16 de marzo de 2018 en:
 

Antes de que comenzaran las clases de la Escuela del Gobierno del PSOE,  de ayer jueves 15 a mañana sábado 18, ya se conocía que una parte del profesorado anunciado por Pedro Sánchez, desde González a Rubalcaba, no iban a acudir a estas aulas de Ferraz. Con lo que el enunciado del programa cae por su propio peso. Si  las  dos mejores cabezas socialistas, con sentido de Estado, no encuentran ya en sus agendas ni un día para impartir sus saberes, cabe deducir que no comparten que sea viable el voluntarismo del secretario general de llegar a la Moncloa como sea, con quien sea y con la política que sea. Probablemente, consideren que no se puede dar clases de gobierno sin darlas antes de oposición.

A la vista está. El sorpasso de Ciudadanos es tan evidente como el suelo de Podemos. Ni Sánchez se lleva lo que pierde Rajoy, que va  a Rivera, ni tampoco la bajada de Iglesias, que va a la abstención. Todos los sondeos indican que ya no funciona el turno de partidos PP-PSOE, ni tampoco prospera  aquella Opa que calculaban  aplicar sobre la sigla morada. Estancamiento puro y duro.  Unos cinco millones de votos, eso sí, pero estancados y, lo que es peor, del todo inoperantes. No sirven a una gran coalición, como ocurre en Alemania, ni a un gobierno de progreso, como ocurre en Portugal. Ese total rechazo a sumarse a uno de los dos  únicos proyectos políticos  viables, bien enfocados desde la derecha o desde la izquierda, les condena a una crisis interminable que podría acabar en agonía.

En justo descargo del secretario general, cabe afirmar hoy que con Sánchez o sin Sánchez tienen remedio los males del PSOE. Ya es evidente en las maniobras que tienden a sustituirle una vez que las urnas le obliguen, volens, nolens, a presentar mañana su dimisión. No porque no existan aspirantes a sucederle, ya calientan por la banda los Sánchez bis que rivalizan por ejecutar lo planes de la autoridad competente que es, por cierto, la que se ha ausentado de la Escuela de Gobierno, dado que Pedro Sánchez no tiene quien le llore. Los que le traicionaron, en el coup d’ Etat del 1 de octubre de 2016 , cabalgan hoy hacia el sillón de Ferraz, porque él mismo  ha traicionado  a todos los que le votaron en las primarias.

El auge de Ciudadanos refuerza a los que buscan reconvertir al PSOE en el Partido Demócrata americano. En esa visión, Rivera se aprovecha de la tardanza del PSOE en afrontar esta muy necesaria reconversión, que estiman urgente para recuperar los votos prestados a la formación naranja. Es decir, un partido electoralista, sin más seña de identidad que un bastante vago e indefinido programa en el que, por supuesto, no quedara otra letra que la E de las tres de sus siglas históricas. No es fácil esta operación, como lo demuestra que pese a ser defendida por el propio González no acaba de cuajar. No parece claro que hoy cuaje, aunque el éxito de Ciudadanos pone el viento en sus velas.

Más audaces son los que mezclan la crisis del PSOE con el futuro de Podemos. Desde esa perspectiva, piensan en la posibilidad, algunos hablan de probabilidad, de recuperar a una parte de los morados que huyeron del PSOE en busca de ese PSOE decente. Al fin y al cabo, disponen de los cuadros solventes de los que hoy carece el banquillo de Ferraz. Pese a que numerosos observadores especulan con los publireportajes, gratis total, en página impar de El País, dedicados a Errejón, ajenos seguramente  a la voluntad de este líder político, nada abona, hoy por hoy, que esta posibilidad pueda concretarse; aunque, ciertamente, todo depende de cómo evolucionen los procesos políticos tanto en el PSOE como en Podemos.

La previsible mayoría absoluta PP-Ciudadanos, la intensificación de los recortes sociales y la presión de  Angela Merkel, no van a dejar, probablemente, espacio alguno para cualesquiera de estas maniobras. Sin un  claro giro a la izquierda, sin la elaboración de una alternativa progresista, el PSOE acabará reeditando la experiencia de los viejos partidos radicales europeos, alguno de ellos como el francés con una larga trayectoria política, que incapaces de readaptarse a un nuevo escenario socioeconómico terminaron languideciendo. Pero de estas tres opciones de futuro del PSOE,  la del viraje a la izquierda es la que lo tiene más difícil. No existe, ni está, ni se le espera por el momento, a quien pueda levantar la bandera de la socialdemocracia.

[43] Los que mandan en los grandes bancos no poseen ni el 1% de su capital

Por VICENTE CLAVERO

Artículo publicado el 15 de marzo de 2018 en:
 
 
Los logos de los cinco mayores bancos españoles: Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Banco sabadell. EFE/E.P./REUTERS

Los cinco mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell) manejan activos por importe de una vez y media el PIB, sólo en territorio nacional. Y tienen detrás a centenares de miles de accionistas, que en teoría dicen la última palabra en las grandes decisiones que afectan a sus entidades, a través de las correspondientes juntas generales.

Sin embargo, el poder real radica en los consejos de administración, donde se sientan personas que no cuentan necesariamente, de forma directa o indirecta, con participaciones significativas en el capital social. Ni siquiera los presidentes son siempre grandes accionistas, a pesar del amplio margen de maniobra del que suelen disfrutar en la gobernanza de sus bancos.

Familias cuyos apellidos han estado unidos tradicionalmente a uno de ellos, como ocurre con los Botín y el Santander, acumulan actualmente un porcentaje no demasiado llamativo del capital. Lo cual no es óbice para que hagan y deshagan en la entidad, de acuerdo con sus propios criterios personales y profesionales.

Un repaso a los datos que obran en poder de la CNMV revela que ni uno solo de los consejos de los cinco mayores bancos españoles reúne siquiera el 1% de su capital. El porcentaje más bajo se encuentra en Bankia, cuyos administradores fueron nombrados por el Estado tras su intervención.

Ésta es la situación, caso por caso:

Santander. El consejo tiene 14 miembros, que a 31 de diciembre contaban con 123.867.039 acciones, sobre un total de 16.136.153.582; es decir, el 0,64%. La mayor participación pertenecía a Francisco Javier Botín-Sanz de Satuola y O´Shea(0,49%), seguido de su hermana Ana Patricia Botín, la presidenta, con un 0,13%. El valor de ambos paquetes asciende actualmente a más de 535 millones de euros.

BBVA. De sus trece consejeros, cuatro no tenían ninguna participación en el banco a finales de 2017. Los otros nueve se repartían 4,8 millones de acciones, equivalentes al 0,06% del capital. Prácticamente nueve de cada diez estaban en manos del presidente, Francisco González, con un precio de mercado de 26,3 millones, a razón de 6,57 euros por título.

CaixaBank. El porcentaje del capital propiedad de los 18 miembros consejo era del 0,65% al cierre del año pasado, correspondiendo la mayor parte a la Fundación Caja Canarias, que controlaba 38,2 millones de acciones. El consejero persona física con un paquete mayor era Gonzalo Gortázar (602.473). Aunque se trata de un hombre de la confianza de la Fundación Bancaria La Caixa, dueña del 40% del capital, el presidente de la entidad, Jordi Gual, sólo posee a título individual 51.191 acciones.

Bankia. Sus diez consejeros fueron puestos por el FROB para sanear y reprivatizar la entidad. Sólo suman 766.781 de las 2.879.332.136 acciones que el banco tiene en circulación (el 0,001%). De ellas, 259.170, que hoy valen 1,6 millones de euros, pertenecen al presidente, José Ignacio Gorigolzarri.

Sabadell. Tiene 15 consejeros, que a 31 de diciembre poseían en conjunto 13,3 millones de acciones, un 0,22% del total. Del presidente, José Oliu, son 1,3 millones y del consejero delegado, Jaime Guardiola, 1,2. El valor de esas participaciones es de 2,1 y 2,0 millones de euros, respectivamente.

[44] La era de las sombras

Por Elisa Beni

Artículo publicado el 17 de marzo de 2018 en:
 
 
Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

Lo terrible de lo que vivimos estos días no es tanto lo que suceda con una pena manifiestamente inhumana e innecesaria, sino la constatación de que España se ha adentrado ya en el nuevo siglo y sus normas líquidas; cualquier debate que mantengamos en el futuro se va a construir sobre estas mismas premisas

Ya está aquí la muerte de las luces y la era de las sombras. La razón nos ha traído hasta aquí, pero destruyámosla. El estado de opinión emblema de tal asesinato ya está instalado en el espacio público español. Ya no podremos preguntarnos qué llevó a los británicos al Brexit, ni a los americanos a Trump, porque nuestra sociedad está ya cómodamente instalada en los mismos parámetros y como banco de prueba hemos utilizado algo tan español como el crimen y el castigo. El no debate ya vive entre nosotros y ha llegado para quedarse. Lo hemos consagrado de forma experimental con la cadena perpetua llamada revisable, en aras a la no lengua, pero una vez iniciada su dinámica se reproducirá para cualquier otra cuestión de orden común.

La emoción ya reina sobre la razón. Ya es más importante tener hijos hipotéticamente amenazados, en un país con uno de los índices más bajos de criminalidad de Europa, que tener doctorados en Derecho Penal o Criminología. Ambas opiniones tienen ya el mismo valor en ese río de clics perpetuo en el que sólo importa fluir para que nuestro cerebro reciba la descarga de dopamina buscada en cada reconocimiento electrónico. Ni siquiera eso. No valen lo mismo. La opinión racional ha pasado a ser una especie de agravio cometido por seres insensibles que deben ser orillados del flujo de la opinión aparentemente mayoritaria y única. No importan los datos que aporten. No existen los hechos. Los datos aportados sobre la cuestión, datos fácticos basados en estadísticas y en leyes que lo son de verdad y por las que realmente nos regimos, o la realidad del derecho comparado que excluye que la pena planteada en España se pueda asimilar a las existentes con nombre similar en Europa, nada de eso vale. La marea sigue imparable, utilizando datos incuestionables extraídos de una carta carcelaria escrita por un presunto asesino que se convierten en sentencia, código y biblia sin que ningún dato objetivo pueda pararlo.

El siglo de la emoción. Ninguna barrera mejor para estrellar contra ella los restos de la razón, la estela de las luces. El discurso lógico es convertido en el discurso del odio puesto que se opone al discurso de la emoción. Como último baluarte hemos colocado un elemento inexpugnable: el dolor. La osadía de rebatir los argumentos, a veces manipulados y falsos, que se presentan como incuestionables por actores cuya falta de objetividad es evidente, se paga con el linchamiento virtual. Por si acaso eres demasiado razonable, posees la información o tienes el conocimiento, la turbulencia de la era te coloca enfrente a la figura doliente de una víctima, para que estrelles contra la emoción máxima cualquier verdad que puedas aún esgrimir.

Sobre esto se instalan los intereses espurios de los partidos. Lo mismo sucedió en los países que mencioné antes. Los que quieren aprovechar el flujo para remontar, los que saben que esto es una locura, pero no van a dejar que la pesca en mar revuelto se la lleven otros, y los pocos que aún aguantan sabiendo que el poder de hacer leyes te reviste de la responsabilidad de no socavar los principios que las sostienen.

Y en medio, un número relativamente pequeño de personas y grupos dispuestos a mantener públicamente que existe una realidad objetiva, que existe un sistema cierto, que lo que proponen no sólo no es útil, sino que nos hará peores. Aquellos que saben que la solución a las pequeñas disfuncionalidades debe hallarse en un mirar hacia adelante, en una búsqueda de nuevos métodos, en la ayuda de la tecnología y de nuestra capacidad de mejorar y no en el retroceso hacia tiempos y métodos que ya demostraron su inutilidad.

No me quiero dejar a los cobardes, porque si los anteriores parecen estar en minoría es sólo por la connivencia de los cobardes. Los cobardes son los que saben que todo esto es una locura destructiva que nos debilita como sociedad, pero han decidido invisibilizarse en el debate. Los cobardes son los que saben que deberían respaldar las luces y la razón, pero no quieren exponerse a ser mostrados en la picota, como les está sucediendo a otros. Los cobardes son los que podrían introducir en las redes sociales su contribución a la racionalidad y han decidido que este asunto les quema. Son las voces que se han puesto de perfil hasta que escampe. Entonces volverán a pavonearse en los espacios públicos sin correr riesgo.

Lo terrible de todo lo que vivimos estos días no es tanto lo que suceda con una pena manifiestamente inútil, inhumana e innecesaria, sino la constatación de que España se ha adentrado ya en el nuevo siglo y sus normas líquidas, y que cualquier otro debate que mantengamos en el futuro se va a construir sobre estas mismas premisas. Y no nos equivoquemos: todo lo que se construye sobre pilares falsos solo tiene el desmoronamiento como futuro.

[45]“Para sostener las pensiones hace falta una reforma fiscal integral”

Por Oriol Solé Altimira

Artículo publicado el 16 de marzo de 2018 en:
 
 
Miren Etxezarreta, autora de ‘Qué pensiones, qué futuro’ ROBERT BONET
 

La catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB, Miren Etxezarreta, apunta: “El Gobierno no responde al quid de la cuestión, valorizar las pensiones como hay que valorizarlas”

“El sistema de reparto ya no puede mantenerse por el deterioro de los salarios y de la tasa de actividad de los trabajadores”

“Las pensiones privadas son muy arriesgadas porque se invierten en bolsa y cada vez valen menos. La bolsa puede ir bien pero puede ir mal” 

Las reclamaciones de los pensionistas españoles que llenan las calles llegaron finalmente al Congreso esta semana. Para la catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Miren Etxezarreta (Ordicia, Gipuzkoa, 1936) las propuestas esbozadas hasta ahora el Gobierno son parches que no abordan la reforma en profundidad que requiere el sistema de pensiones.

Etxezarreta, jubilada tras más de tres décadas en la academia y que ya analizó el futuro de los pensionistas en Qué pensiones, qué futuro (Icària, 2010), se muestra muy crítica con los planes de pensiones privados y apuesta por una amplia reforma fiscal que grave los capitales para sostener las pensiones y el conjunto de servicios públicos. Apuesta además por desligar los derechos sociales como las pensiones del trabajo: “Son un derecho de ciudadanía, hayas trabajado o no”. 

El presidente del Gobierno volvió a rechazar subir las pensiones según el IPC. ¿Es un error?

Era de esperar y quien pensase que iba a ser distinto comete un error de análisis. El PP está preocupado por lo que pueda pasar con los pensionistas, pero lo que no puede hacer es demostrarlo. Políticamente no puede mostrar que los pensionistas le asustan y tomar medidas inmediatas. Seguro que de aquí a la campaña electoral el Gobierno hace algo, pero no lo puede decir hoy.

El Ejecutivo ha esbozado rebajas fiscales para las pensiones más bajas, pero lo ha condicionado a la aprobación de nuevos presupuestos.

Si el Gobierno hace algo irá en esa dirección porque no responde al quid de la cuestión: valorizar las pensiones como hay que valorizarlas. El Gobierno pretende encontrar un camino tortuoso por el que parezca que hace algo pero que en realidad cueste muy poco dinero. La  propuesta de rebajar el IRPF a los pensionistas mayores de 80 añossignifica no hacer prácticamente nada. Muchos pensionistas no llegan a tributar, gente de ochenta años no hay tanta y favorecería a los que pagan más IRPF. Es una reforma que le vendrá muy bien a un señor que tenga una pensión máxima y que además tenga ingresos por capital.

¿Es un parche regresivo, pues?

Totalmente, porque es disminuir la tributación de los que más cobran.

¿La receta para mejorar las pensiones pasa únicamente por crear más empleo?

No por crear más empleo van a subir las pensiones. Además, si se llegaran a subir las pensiones por el IPC, hay que recordar que este índice es un resultado de una serie de productos que no son de los más consumidos por los pensionistas.

¿Qué reformas hay que acometer en el sistema de pensiones?

Si lo que se pretende es un apaño inmediato, la solución más obvia es que lo que falte de dinero en el sistema de pensiones se ponga con impuestos o con deuda. Otros muchos gastos del Estado se resuelven de esta manera. En emergencia se puede recurrir a esto, pero no me parece una buena solución porque el tema de las pensiones es de mucho más calado.

¿Por qué?

Por un lado, por las presiones externas que tiene el Gobierno sobre el sistema público de pensiones. Por otro lado, por la propia esencia del sistema de reparto actual, donde solamente los trabajadores en activo financian las pensiones. Nadie más entra a financiarlas. Creo que estamos perpetuando un sistema a día de hoy injusto y que crea problemas.

¿Cómo se puede atacar esta injusticia?

Cambiando el sistema de reparto. El sistema de reparto debe ser la base de un sistema de pensiones público. Sólo Dinamarca, donde no hay contribuciones sociales, paga las pensiones con impuestos. Dejando de lado esta excepción, lo demás se debe de pagar con las contribuciones más los impuestos. Una sociedad tiene que responder a su población pasiva como sociedad en su conjunto, no únicamente con los trabajadores en activo. El sistema de reparto ya no puede mantenerse por el deterioro de los salarios y de la tasa de actividad de los trabajadores.

¿Se requería un cambio en la mentalidad de la ciudadanía para reformar el sistema de reparto?

Hay que desvincular los derechos sociales del trabajo. Históricamente han ido juntos, pero creo que ya no se pueden vincular las pensiones al trabajo. Son un derecho de ciudadanía, hayas trabajado o no. Y además en los próximos años va a trabajar mucha menos gente, pero tienen igual derecho a recibir su pensión.

¿Si con los impuestos actuales se pasa también a financiar las pensiones, cómo se pagan los demás servicios públicos?

La cantidad de riqueza de una sociedad llega para lo que llega. Es una cuestión de prioridades: cómo se elige la distribución de esa cantidad de riqueza. Todo el gasto colectivo en España –ejército, educación, sanidad– se financia con impuestos, excepto las pensiones, que se financian con las contribuciones sociales. ¿Por qué? Es una anomalía que se estableció en los pactos de Toledo, porque en aquel momento fue una idea que no estaba mal. Había incluso excedente en las pensiones. Pero fue un regalo envenenado porque entonces no se esperaba que las pensiones no se pudieran financiar.

¿Se tendría que crear ad hoc un impuesto para las pensiones grabando a la banca, como propone el PSOE?

Se podría pero yo no soy partidaria de ello. Lo que hace falta es una reforma fiscal integral. ¿Si la riqueza española se distribuye en torno a un 46% al trabajo y a un 54% al capital, por qué el 75% de los impuestos se pagan por IRPF e IVA, es decir, lo pagan los consumidores y los trabajadores, y no llega al 25% lo que paga el capital? Con este planteamiento hay que hacer una reforma fiscal integral, para sostener las pensiones y también el resto de servicios públicos.

 

La catedrática emérita cree que en el debate sobre las pensiones no se habla del bienestar de los pensionistas ROBERT BONET

 

¿Se trata más de una cuestión de cómo repartir la riqueza que de, como se suele decir, cuántos trabajadores hacen falta para sostener a un pensionista?

Esta última frase es un disparate. Cuando un economista dice que no habrá suficientes trabajadores para pagar las pensiones a mi me da vergüenza ajena. El actual sistema de reparto es un acuerdo que se tomó en su momento, pero que se puede cambiar para hacer sostenible el sistema y cubrir las necesidades de los pensionistas de forma que se reparta la riqueza. Se parte automáticamente de que hay que rebajar las pensiones públicas porque son una partida muy jugosa.

¿Por qué?

El dinero de las pensiones es un bocado fantástico para el capital financiero. Y no sólo en España. En 1994 el Banco Mundial ya hizo un informe diciendo que las pensiones estaban en peligro. La propuesta del Banco Mundial para las pensiones del futuro se basa en una pensión asistencial para los muy pobres y un pilar contributivo público como el que hay ahora, pero en disminución para que sea sustituido por un pilar contributivo en manos de los planes de pensiones privado. Y luego añadirle los ahorros que cada uno pueda conseguir. Lo importante es que esto ya está pasando: a los funcionarios, en la subida del 2% que se aprobó hace unos años, el 0,5% fue a un fondo de pensiones privado.

¿Los poderes públicos, pues, incentivan las pensiones privadas?

Es una crisis construida políticamente. Si la riqueza de un país es pública y privada, con toda la riqueza se tendrán que financiar las pensiones públicas y las privadas. ¿Por qué si lo gestiona el Estado no hay suficiente y si lo gestiona un banco sí? Los fondos que gestionan planes de pensiones privados son de los mayores inversores del mundo, por eso presionan para incentivar los planes de pensiones privadas y cada vez tener más.

¿Se juega con el miedo de los trabajadores y de los jubilados en este debate?

El mecanismo es convencer a los trabajadores de que no habrá pensiones públicas y entonces para intentar que el que tenga unos mínimos ahorros se haga una pensión privada. Esto deja totalmente de lado a los que no tienen esos ahorros y perpetúa la pobreza.

¿Si entre los trabajadores jóvenes que se incorporan al mercado laboral ya abunda la precariedad, no dejarán de ser rentables a la hora de invertir en pensiones privadas?

Las pensiones privadas son muy arriesgadas porque se invierten en bolsa y cada vez valen menos. La bolsa puede ir bien pero puede ir mal. En el sistema de reparto no hay acumulación. En el sistema de capitalización de las pensiones privadas hay acumulación pero los beneficios de cada año, en su inmensa mayoría, son menores que la inflación. Si la inflación es mayor que el beneficio que te da el plan de pensiones, estás perdiendo dinero cada año. Incluso antes de la crisis la rentabilidad de los planes de pensiones privados era mínima.

Además, y esto es algo que casi nunca se menciona, los planes de pensiones son caros por las comisiones que cobran los bancos por gestionarlos. De ahí que incluso muchos economistas clásicos no se atrevan a decir que una pensión privada es buena y acepten que no es la única solución, porque es mucho más cara que una pública y no hay tantos mecanismos de solidaridad y seguridad.

¿La toma de la calle por parte de los pensionistas ha puesto al descubierto las carencias del sistema de protección social?

En el debate sobre el futuro de las pensiones no se habla del bienestar de los pensionistas. Es fundamental hablar de ello porque existe el riesgo de que el Gobierno pretenda dividirlos obligando al 10% de pensionistas que cobra una pensión máxima de 2.500 euros brutos a financiar a los pensionistas más pobres, cuando son jubilados que se han ganado su pensión trabajando toda su vida. Más aún teniendo en cuenta que el 80% de los pensionistas recibe menos de 1.500 euros, que no es ni mucho menos una maravilla.

 

[46] ‘The New York Times’ advierte de que la libertad de expresión en España está en riesgo

Por Redacción Público 

Artículo publicado el 14 de marzo de 2018 en:
 
 
The New York Times recoge la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos/Twitter

 

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a la prensa internacional. The New York Times recoge parte de la condena del Tribunal de Estrasburgo a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los reyes en 2007.

El periódico estadounidense en su artículo apunta que la decisión del Tribunal Europeo llega en un momento en el que España “ha enfrentado una serie de desafíos a la libertad de expresión tanto de los usuarios de las redes sociales como de los raperos y otros artistas” y explica que muchos de estos han sido condenados por las modificaciones del Gobierno de Rajoy en 2015 sobre el  “delito de enaltecimiento del terrorismo”.

Además, The New York Times ahonda en el contexto en el que se produjo “el caso de protesta” de Enric Stern y Jaume Roura, cuando todavía “el secesionismo catalán aún era un movimiento político marginal”.

Recuerda que Amnistía Internacional también ha condenado a España esta semana por “aumentar la autocensura y un efecto de enfriamiento más amplio sobre la libertad de expresión en España” en las redes sociales con el delito de enaltecimiento del terrorismo  a través de un informe, Tuitea si te atreves.

[47] El taller del PSOE

Por Aníbal Malvar

Artículo publicado el 17 de marzo de 2018 en:
 

El PSOE es un partido tan súper-o-sea que hasta tiene un taller de sociología y una Escuela de Buen Gobierno. Gracias a tan neuronales instrumentos acaban de descubrir, para asombro universal, que existe una campaña mediática a favor de Ciudadanos, y de ahí vienen todos los males y plagas que, de siete en siete, van llevando a la formación socialista al limbo de la irrelevancia. “Estamos ante una clara operación política que, además de ensalzar a Ciudadanos, busca machacar o ningunear al PSOE. Y eso produce efectos”, ha dicho en las ágoras el dirigente José Félix Tezanos.

Los que no tenemos taller de sociología en casa no habíamos caído hasta ahora. Pensábamos que, millones del Ibex-35 aparte, el éxito de los de Albert Riveramucho tenía que ver con la irrefrenable derechización del otrora partido socialista y obrero. El votante acepta la mentira, pero no traga el disimulo, que ha sido la estrategia que ha guiado los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y la oposición sui generis de esa veleta ideológica a quien conocemos como Pedro Sánchez.

El País, órgano oficial de la vieja guardia socialista, rucio trotón del sanchopancismo de la izquierda más acomodaticia, le concede al evento rango suficiente para abrir con él sus páginas de nacional. Allí, en boca del ex jefe de la OTAN y ex ministro Javier Solana, se destacan estas sesudas reflexiones: “Yo no estoy contento con nuestro partido. Vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido. Tenemos que hacer todo lo posible para estar contentos con nuestro partido”. Ante tal profundidad dialéctica y epistemológica, no cabe duda de que la caída del PSOE y el ascenso de C´s se debe a un contubernio de fuerzas ocultas y perversas del lado oscuro. En todo caso, gracias al discurso histórico de Solana ya tenemos lema para las próximas elecciones generales: “Vota contento”.

En El Mundo ponen en relieve el desplante que ha protagonizado Susana Díaz al no acudir a la tal Escuela de Buen Gobierno. Señala el diario de la bola en su editorial que la ausencia de la presidenta andaluza es consecuencia de “la estrategia de revanchismo orgánico” que guía los actos y omisiones del camarada PS. Llevan razón. Es absurdo cabrearse y después ser revanchista cuando solo te han cortado la cabeza y la han paseado clavada en una pica por Ferraz. Pedro Sánchez no sabe aguantar una broma.

En ABC aparcan la escuela socialista en páginas muy interiores y destacando, además de la ausencia de Díaz, el “ambiente alicaído” que se respiraba en la convención. “Es muy injusto lo que nos está pasando”, dice el periodista Víctor Ruiz de Almirón que le escuchó a miembros del partido en el citado evento. También se destaca el “desconcierto” en las filas socialistas por el rechazo del secretario general a la prisión permanente revisable. En esto coinciden el centenario diario y su miniyo La Razón. Ambos rotativos deben estar muy informados, pues, a tenor de sus crónicas, se deduce que en el fondo todos los socialistas de bien desean y anhelan la cadena perpetua. “El reto de Sánchez”, escribe Antonio Martín Beaumont en el periódico de Planeta, “es aguantar la mirada de las víctimas” tras el debate del jueves en el Congreso sobre la pervivencia de la prisión permanente en nuestro ordenamiento jurídico. Las víctimas. Siempre las víctimas como argumento. Como comodín infalible para los desmanes derechizadores de la brunete mediática. Son dobles víctimas: de la atrocidad y de su manipulación. Ya tenemos otra cortina de humo para olvidarnos de Eme Punto Rajoy.

Quería terminar sin hablar de la muerte de Mmame Mbaye en el barrio de Lavapiés, pero no puedo. La Razón culpabiliza a Manuela Camena, como no podía ser de otro modo, por tuitear lo siguiente: “En el ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido”. Unánimemente, nuestros periódicos de papel dan por hecho que Carmena estaba acusando veladamente a la policía local de haber provocado la muerte de Mbaye. Nada se dice de que, quizá, vivir sin papeles 14 años puede tener algo que ver con un infarto. Catorce años huyendo pueden provocar un cierto estrés.

[48] Más del 60% de los crímenes de la guerra sucia contra ETA siguen impunes

Por DANILO ALBIN

 
En un informe presentado este sábado, el Foro Social Permanente señala que la mayoría de los asesinatos cometidos por GAL y Batallón Vasco Español quedaron sin respuesta. En el caso de ETA, el porcentaje de atentados sin resolver se sitúa en el 23,2%
 
Los representantes del Foro Social presentan en San Sebastián un informe comparativo sobre casos sin revolver relativos a la violencia de ETA, los GAL y otros grupos que operaron en el País Vasco

María José Bravo y Javier Rueda vivían en Donostia. Tenían 16 años. Eran jóvenes, y se querían. Juntos soñaban. Juntos compartían besos y abrazos. El 8 de mayo de 1980, cuando paseaban por la ciudad, fueron interceptados por los amos de la muerte. A ella la violaron y luego le reventaron la cabeza a golpes. Hasta matarla. Javier quedó malherido, pero se salvó. O algo parecido. Murió ocho años después a raíz de las secuelas. Tanto él como ella sufrieron un atentado terrorista, reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE). Sin embargo, sus nombres no aparecen en el listado oficial de víctimas del ministerio de Interior. Tampoco hay sumario ni sentencia que hable de su historia. Para estos novios sólo hubo olvido. Para sus asesinos, impunidad.

Ambos jóvenes forman hoy parte del largo listado de casos de terrorismo que nunca han sido esclarecidos. Este sábado, el Foro Social Permanente —la plataforma que busca consolidar el proceso de paz en Euskadi— presentó un informe que habla precisamente de todas y todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que fueron asesinados por grupos terroristas sin que hasta ahora se conozca quién o quiénes los mataron.

El documento dado a conocer esta mañana en el Palacio Miramar de Donostia por Teresa Toda y Fernando Armendariz confirma lo que ya había apuntado el Gobierno Vasco en un estudio presentado en diciembre de 2014 sobre la “situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014”. Según coinciden en señalar ambos informes, los crímenes cometidos por la denominada “guerra sucia” que aún siguen impunes superan porcentualmente a los asesinatos sin aclarar de ETA.

En ese contexto, el relevamiento efectuado por el Foro Social Permanente señala que en total existen 482 casos de atentados terroristas con resultado mortal sin resolver. De ellos, un 61,4% corresponde a la suma de crímenes sin esclarecer cometidos por el GAL (37%) y BVE (24,4%), mientras que otro 23,2% se refiere a asesinatos perpetrados por ETA. En tal sentido, el estudio presentado este sábado remarca que “el porcentaje de casos sin esclarecer es mayor en los casos de terrorismo cometidos por la extrema derecha o por funcionarios del Estado”.

“Fotografía completa”

El portavoz del Foro Social, Agus Hernán, explicó a Público que este informe fue elaborado tras “cruzar” los datos sobre crímenes terroristas sin esclarecer que manejan el Gobierno Vasco, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) y la fundación Euskal Memoria. Además, tuvieron en cuenta los criterios que manejan otras organizaciones, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o Amnistía Internacional. El objetivo, añadieron Toda y Armendariz, ha sido “la elaboración de una fotografía lo más completa posible de los casos sin verdad”.

“Es preciso que el tratamiento de este aspecto salga de las posiciones de trinchera para así permitir alimentar el carril central de la necesaria reconciliación social. Es necesario garantizar a todas las víctimas el derecho a conocer la verdad”, afirmaron los portavoces de esta organización. “Es momento de conocer todo lo sucedido y dar respuesta a todas las formas de gestionar el dolor que existen en nuestro entorno”, añadieron. En tal sentido, destacaron que esos pasos deben darse desde el “máximo respeto a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia”.

“Un gran acuerdo”

En el capítulo de las conclusiones, Nekane Altzelai y Agus Hernan apostaron por la necesidad de “trabajar por un gran acuerdo político y social” que incluya “a todas las víctimas y permita avanzar en la resolución de esos 482 casos sin verdad con resultado de muerte”.. “Es urgente desarmar la palabra”, afirmaron. En tal sentido, llamaron a instituciones, partidos políticos y medios de comunicación a trabajar en “dinámicas transversales que incluyan a todas las sensibilidades existentes entre las víctimas”. No será fácil ni rápido. 

 

[49] Indecencia

Por Juan Carlos Escudier

Artículo publicado el 16 de marzo de 2018 en:
http://blogs.publico.es/escudier/2018/03/16/indecencia/
 

Del debate de ayer en el Congreso sobre la prisión permanente revisable, con algunos familiares de víctimas en la tribuna subiendo y bajando el pulgar a la manera de un circo romano, hoy queda el bochorno general y la confirmación de que siempre habrá partidos que usen el dolor ajeno en beneficio propio porque la propensión a la indecencia es, según parece, una fuerza incontenible.

En circunstancias como las actuales, en medio de la resaca por el brutal asesinato de un niño de ocho años, este debate nunca debía de haberse celebrado, pero hubo quien se encargó de servirlo con guarnición a una opinión pública enardecida y con la razón nublada por el espanto. Bloqueada la derogación en la Mesa del Congreso por PP y Ciudadanos y pendiente del fallo de un Tribunal Constitucional tan ágil en otras cuestiones, fueron estos partidos los que se encargaron de propiciar el espectáculo y los que, a buen seguro, repetirán la hazaña o hibernarán la cuestión a conveniencia.

En la utilización nausebunda de las víctimas tiene el PP una acreditadísima experiencia, aunque a menudo estas operaciones de captación hayan acabado como el rosario de la aurora. Pasó con Ortega Lara, al que se paseaba por los pueblos como quien exhibe una rareza, y que terminó por mandar al partido a hacer puñetas y poniendo a Rajoy a escurrir. Otro tanto ocurrió con la AVT, casi una filial de los populares en el acoso al Gobierno de Zapatero, hasta que la máquina de improperios en la que se convirtió Francisco José Alcaraz se hizo inmanejable. O con el fallecido Jesús Neira, elevado a los altares como un icono contra la violencia de género, y que en dos años pasó de héroe a villano. Cuando empezó a atacar la democracia, a defender su derecho a enfundarse una pistola y fue detenido triplicando la tasa de alcoholemia tras beberse hasta el agua de los floreros tuvo que ser apeado del santoral a toda prisa.

Una experiencia similar se vivió con Juan José Cortes, el padre de la niña asesinada en 2008 en Huelva por un pederasta reincidente y que ayer se encontraba en la tribuna junto a Juan Carlos Quer, padre de Diana y Antonio del Castillo, padre de Marta, entre otros. Cortés se dio de baja en el PSOE porque nadie allí comulgaba con su cruzada a favor de la cadena perpetua y pasó a la nómina del PP, primero como asesor en temas de Justicia y luego en idéntica función cuando el ministro Zoido era alcalde de Sevilla. Su estrella en el PP se apagó cuando resultó implicado en un tiroteo del que luego fue absuelto.

A esta puja obscena por abanderar la rabia social ante crímenes tan repulsivos se ha sumado Ciudadanos y su líder Albert Rivera, un gallo de campanario pendiente siempre de los vientos con los que hinchar sus velas ahora que las encuestas le son favorables. Revuelve el estómago que quien acordó en el famoso Pacto del Abrazo derogar la prisión permanente y que votó en el Congreso en su contra por inconstitucional se haya subido ahora al carro de quienes proponen endurecerla tras comprobar que en el mercado persa dicha postura cotiza al alza.

A las víctimas y sus familiares les asiste el derecho de expresar su dolor y canalizar sus quejas de la manera que crean más conveniente. Y es obligación de los poderes públicos ofrecerles apoyo y solidaridad. Como se ha referido aquí en alguna ocasión, tan insensato como que las víctimas de tráfico planifiquen una autovía o que las de ETA dirigieran en su día la política antiterrorista es que las que han sufrido este otro tipo de crímenes redacten el Código Penal.

La prisión permanente encaja más en el perímetro de la venganza que en el de la Justicia y es ajena a un ordenamiento legal que, erróneamente o no, orienta la privación de libertad hacia la reinserción. Quienes consideran que penas de hasta 40 años, como las que se contemplan para determinados casos, no son suficientes deberían atreverse a promover una reforma de la Constitución y dejarse de eufemismos. Entre tanto, convendría que se abstuvieran de usar a las víctimas para conseguir votos, un mercantilismo repugnante para el que se precisa carecer de estómago y, por lo visto, también de corazón.

 

 

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