HOJA DEL LUNES: Ni patriotas ni ciudadanos con banderas

Sumario (Hoja del lunes: Semana del 5  al 11 de marzo de 2018):

[1] Quiero ser el tesorero de Tabarnia, por Albert Plá

[2] Ni patriotas ni ciudadanos con banderas; son fascistas, por PABLOMM

 
 
 
 
 
 
[10] Alguien ha matado a alguien, por Juan Carlos Escudier
 
 
[12] El descontento gana las elecciones en Italia, por Manuel Tori
 
[13] Cuadro de honor del saqueo (incompleto y desgraciadamente provisional), por Luciano G. Egido
 
[14] El terremoto italiano, por Steven Forti
 
[15] SABINO CUADRA. Involución democrática o metástasis franquista, por Sabino Cuadra
 
[16] El juez excarcela al comisario detenido junto a Villarejo pese a que Anticorrupción se opone, por Pedro Águeda
 
[17] Seis personas llevan 20 días en prisión provisional por la ‘reocupación’ de Casas Viejas en Sevilla, por Javier Ramajo
 
[18] Una tormenta económica perfecta dejó a Italia a punto para el voto de protesta, por Larry Elliott 
 
[19] El 8 de marzo: la crítica feminista del contrato social, por Javier Pérez Royo
 
[20] El Diablo va de ‘mani’, por Aníbal Malvar
 
[21] Los funcionarios de los juzgados gallegos han perdido más de 3,5 millones en sueldos en un mes de huelga, por JUAN OLIVER
 
[22] La ONU denuncia la violación de la privacidad por los Estados, por  David Bollero
 
[23] Investidura y división de poderes, por Javier Pérez Royo
 
[24] Fraga, peluquero de damas provocadoras, por Fernando López Agudín

[25] Ana Rosa cancela su programa por la huelga feminista del 8 de marzo, por ABC PLAY

[26] Vigo se rebela para recuperar la isla privada de Toralla, por Juan Oliver
 
[27] Cuatro claves para entender la estafa en la sequía del Levante, por Lucía Villa
 

 

 

[1] Quiero ser el tesorero de Tabarnia

Por Albert Pla

 

Estoy muy contento de que el Gobierno de España, por fin, esté produciendo y promocionando con tanto interés una producción teatral. Me refiero a Tabarnia.

Para que luego, las malas lenguas, digan que se lo gastan todo en putas. Viva el Ministerio de Cultura, viva España y viva el Rey.

Me emociona ver a la Corona codo a codo con el gobierno de la nación al lado de los trabajadores del mundo del espectáculo.

También quiero aprovechar para pedir que se me acepte como miembro de su gobierno.

Quiero ser el tesorero de Tabarnia.

Soy actor y soy cantante. Pero acepto democráticamente que los protagonistas de la obra sean otros. En Tabarnia hay actores mejor preparados que yo.

Por eso me conformo con el puesto de tesorero. ¿Dónde hacen el casting?

Creo que me lo merezco. Soy un español catalán europeo mundial ejemplar.

Más del 50% de mi producción musical y teatral es en castellano.

Ya sé que esto, en escaños, no significa nada, pero, en votos, sería aceptable.

También me gusta mucho el flamenco y la copla, e hice una canción en la que decía que quería ser torero.

Reconozco que he escrito canciones en catalán. Nadie es perfecto.

Pero juro que en mis canciones nunca intenté adoctrinar a ningún niño, y mucho menos a ningún niño catalán.

No tengo antecedentes penales ni por sedición ni por rebelión.

Nunca voté a ningún partido independentista, es más, nunca voté.

Y la única vez que lo intenté, tuve el honor de hacer de figurante en la otra famosa performance del gobierno del 1 de octubre. Muy buena obra.

O sea, que estoy limpio.

Listo para ser el tesorero de Tabarnia.

 

 

 

[2] Ni patriotas ni ciudadanos con banderas; son fascistas

Por PABLOMM

Artículo publicado el 5 de marzo de 2018 en:
 

 

El primer acto oficial de los presidentes electos de la república francesa es un homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. En la tumba al soldado desconocido, instalada bajo el Arco del Triunfo de París, el nuevo dignatario entrega una corona de flores mientras por la megafonía suena “Le Chant de Partisians”, el himno de la resistencia francesa contra la ocupación nazi. A pesar de que el país vecino parece convaleciente de la peligrosa enfermedad de la desmemoria, la cultura antifascista permanece latente en el ideario popular.

Algo similar sucede en los países del resto de Europa, donde la sombra de la ultraderecha planea de nuevo espoleada por la crisis económica y el discurso anti inmigración como canalizador del enemigo común. Para la esperanza, al otro lado del río, el dique de la resistencia continúa firme y es que, aunque en la ciénaga del posfranquismo pueda resultar sorprendente, hay lugares donde las heridas del fascismo no se olvidan.

Para ser justos no podemos obviar que España es un caso particular, donde en ocasiones es complicado separar el grano de la paja. Al fin y al cabo, uno de los dos grandes partidos es en sí mismo una operación de lavado de cara; un grupo de neofranquistas que tras la muerte del General se reciclaron en demócratas para seguir porfiando en la vida pública. Sería más que necesario que 40 años después hubieran depurado sus rémoras de la dictadura pero debe resultarles difícil limpiar la mala sangre que les corre por las venas.

Mientras Mariano Rajoy no sabía por qué le quitaron una calle a Salvador Moreno, Ministro franquista y responsable del bombardeo de la carretera que unía Málaga y Almería durante “la desbandá” (más de 100.000 civiles huían de las bombas), el holandés Guus Hiddink ordenó a su equipo, en 1992, que no saltara al campo hasta que se retirase de las gradas del estadio del Valencia una pancarta con simbología nazi. El primero es un presidente de Gobierno. El segundo, un mero entrenador de fútbol.

En este nuevo advenimiento de la barbarie, los camisas pardas se visten con pantalones de pinza y se tratan las cabezas rapadas con píldoras contra la alopecia. Más jóvenes y más guapos, se esconden ahora en ese espacio indeterminado llamado “el centro” (o “ni de izquierdas ni de derechas”) y han moderado el lenguaje con el discurso del trilero que le susurra a la Europa deprimida el romancero del Valhalla. Sus líderes, por lo general viejóvenes entrados en la cuarentena, han encontrado acomodo en unos medios de comunicación prostituidos por el temporal de la crisis financiera. Con los tradicionales grupos mediáticos cercanos a la bancarrota, los que no hace mucho se autoeregían como guardianes de las esencias democráticas están ahora dispuestos a dar pábulo a cualquier cosa que apuntale el sistema hegemónico que les permite sobrevivir mamando de la teta del Estado, y ya de paso, alejar de unos ciudadanos precarios, pobres y amordazados las fantasías subversivas y revolucionarias.

Winston Churchill nunca dijo aquello de…”Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas”. Lo que sí dijo fue: “Dejad, pues, el pasado a la historia, pues yo tengo la intención de escribirla”. El premier británico es un buen ejemplo de cómo se puede tergiversar el relato de los acontecimientos cuando se tiene al cuarto poder acariciándote el lomo. Ha conseguido ser recordado como uno de los grandes demócratas de la política europea, a pesar de ser un racista confeso, responsable del asesinato de dos millones de personas en Bengala, en los inicios de la década de los años 40.

“Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”. Ésta tampoco es de Churchill.

El maquillaje sirve para ocultar imperfecciones y resaltar zonas específicas de la piel. En este país, donde los Borbones llevan capa de superhéroe y la Transición fue modélica y ejemplar, nos hemos especializado en los relatos edulcorados, echándole colorete a nuestros pómulos adolescentes y unas cuantas capas de base en las arrugas de la historia. Ahora, con brocha fina y un sutil trabajo de difuminado, la prensa se afana en transformar a la vieja ultraderecha de siempre en un atractivo mancebo de 20 años. Parten para ello de una premisa falsa; en España no ha habido un crecimiento de los partidos de ultraderecha. Es cierto que, a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, ninguna formación propiamente ultraderechista ha conseguido representación parlamentaria, y tan solo en unos pocos ayuntamientos su presencia es residual. Lejos de explicaciones buenistas sobre el excelente pedigrí democrático de los españoles, la realidad es que la ultraderecha se siente cómoda votando al Partido Popular y lo seguirá estando mientras que desde la calle Génova no abandonen la convicción de la indisoluble unidad nacional.

Los fascistas están en las calles de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Sevilla, tanto como en las de Berlín o Viena, con la diferencia de que aquí cuentan con el colaboracionismo de los medios para disfrazarse con el traje de lo políticamente incorrecto. ¿Se imaginan una revista en Alemania donde la nieta de Heinrich Himmler posara junto a una de las propiedades robadas por su abuelo durante el Aryanising?

 

Imagínense ahora a un nazi rindiéndole honores a la figura de un judío muerto. Dejando a un lado la estupidez del susodicho, al que no se le presuponen grandes capacidades intelectuales, en 2011, el diario La Gaceta, del grupo Intereconomía, borró la esvástica de un legionario que portaba al crucificado del Cristo de la Buena Muerte en la Semana Santa de Málaga.

 

 

En otra encomiable labor de blanqueamiento, en enero de 2017, la prensa trazó el perfil de una joven indefensa agredida por un grupo de salvajes de extrema izquierda a la salida de un bar en Murcia. Lucía, que así se llama, se convirtió en un icono de esa supuesta ola de Españafobia de la que los medios han hecho bandera, los mismos medios que obviaron que Lucía es también “la intocable”, una neonazi con un amplio historial delictivo, miembro del grupo Ultras Murcia, conocidos en la región por organizar “cacerías” contra jóvenes de izquierda, homosexuales e inmigrantes.

Otro caso similar sucedió hace apenas unos meses. El titular del periódico El Español fue impactante: “Han intentado quemarnos, a mí y a mi familia, sólo por colgar la bandera de España en el balcón”. Cristina Arias, vecina de Balsereny, en la provincia de Barcelona, denunció ante los medios cómo había estado a punto de morir entre las llamas por hacer alarde público de su españolía. En un directo con Espejo Público, Susana Griso, visiblemente consternada, trasladó sus condolencias a la afectada e incluso Mariano Rajoy se puso en contacto con ella: “Emotiva conversación con Cristina, una mujer con una gran fortaleza. Su familia en Balsareny ha sufrido un terrible golpe, han intentado quemar su vivienda por tener colgada una bandera de España en su balcón. Nos tienen a su disposición para lo que necesiten”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

 

 

Pocas horas después de que saltara la noticia se descubrió que el incendio se había producido en el portal del bloque (nadie quemó su casa ni su bandera) y que además, Arias pertenece a una organización neonazi llamada Hermandad de los Hermanos Cruzados, que en 2015 llevó a cabo un asalto a un centro de menores en la localidad de Bages con el resultado de tres detenidos acusados de delitos de odio.

El patrón del ultraderechista que se esconde bajo el paraguas del patriota acosado por las hordas antiespañolas también se sucede en el relato de Doris. De nacionalidad austriaca, Doris Burgstaller acudió a los medios de comunicación para denunciar que había tenido que abandonar Mallorca, donde residía desde hace más de 20 años, para que “mis hijos puedan aprender español”. En sendas entrevistas con El Español, El Mundo y La Nueva España, Doris, ya a salvo desde su nuevo refugio en Gijón, aseguraba que “es muy difícil vivir con dignidad cuando los nacionalistas imponen su fanatismo”.

 

Bastó con rascar un poco en la superficie para descubrir que esta supuesta víctima del supremacismo catalanista era la gerente de la Fundación Círculo Balear, un lobby de extrema derecha, similar a la extinta Manos Limpias. El periodista Antonio Maestre publicó en Twitter una foto de Jorge Campos Asensi, presidente de la organización, en el que se le puede ver haciendo un particular homenaje al monolito fascista de Sa Feixina.

 

 

Ha sido a propósito del auge del soberanismo en Cataluña cuando la extrema derecha ha encontrado pretexto para cruzar la barrera de la clandestinidad y presentarse como garantes de las libertades. Incluso un conocido político que no hace mucho prometía “asaltar los cielos” culpó al independentismo de haber contribuido a “despertar el fantasma del fascismo”. Se equivocó Pablo Iglesias porque “el chico del polo azul” no tuvo la culpa de que la Delegación de Gobierno de Valencia autorizase una concentración de “ciudadanos con banderas”.

En el contexto de la actualidad política en Cataluña, Sociedad Civil Catalana es la formación fetiche que la prensa –y la clase política– utilizan para desautorizar el mensaje independentista. Habituales en las manifestaciones españolistas de Barcelona, donde han desfilado junto a PP y PSOE, sus vínculos con la extrema derecha quedaron al descubierto en el libro Desmuntant Societat Civil Catalana, del periodista Jordi Borràs. Esto no ha sido inconveniente para que sus dirigentes se hayan paseado por platós de televisión y emisoras de radio autoproclamándose como el sentido común entre el dislate soberanista.

La desmemoria también ha sido generosa con otra astilla del mismo palo. Los Ciudadanos de Albert Rivera suben en las encuestas auspiciados por el buen trato que les dispensan algunas de las figuras más relevantes del periodismo. De sobra es conocida la simpatía de Carlos Herrera o Pedro J. Ramírez (éste último llegó a acudir como invitado en primera fila a un mitin del partido) por la formación naranja, de la que parecen haber olvidado que concurrió a las elecciones europeas de 2009 en coalición con Libertas, una formación ultra conservadora y anti inmigración fundada por el multimillonario irlandés Declan Ganley y financiada por contratistas militares estadounidenses, seguro que para hacer cosas buenas.

El jugador de fútbol Roman Zozulya, mecenas de la guerrilla fascista ucraniana “Narodna Armiya”, Melissa, líder de “Hogar Social”, o Serrano Súñer, ministro nazi de Franco al que Telecinco le dedicó una enternecedora serie de amor, son otros de los personajes que han pasado por la lavadora de los medios de comunicación.

El tiempo y la historia nos han enseñado que trivializar el mensaje de la extrema derecha es contribuir a su ascenso y camuflarlos entre la normalidad política y social es legitimar su discurso. Lo contrario también es igual de temerario. Tienen, o mejor dicho, tenemos, la tendencia de calificar de fascista a todo el que piensa diferente, flaco favor para la causa si diluimos hasta el absurdo la sinrazón de la extrema derecha.

No, no son patriotas ni ciudadanos con banderas, pero tampoco es fascista tu vecino del cuarto por querer que salga el sol por Antequera.

 

 

[3] Feijóo y Marcial Dorado: no es una foto, fueron años de amistad y viajes entre un cargo público y un capo del contrabando

Por José Precedo

Artículo publicado el 4 de marzo de 2018 en:

 

El presidente gallego insiste en Salvados en que fue ingenuo y no supo a qué se dedicaba el capo con el que viajó a Canarias, Ibiza, Picos de Europa y Portugal

La propaganda de su Gobierno intentó reducir a una instántanea años de relación y excursiones al mar, la montaña y el extranjero junto a Dorado

Feijóo era número dos de Sanidad en Galicia durante aquellos viajes y a Dorado ya le habían detenido en la Operación Nécora y vinculado al lavado de dinero

 

Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado durante el verano de 1995 en la ría de Vigo. / El País

 

“¿Le gustan las series? ¿House of Cards, Juego de Tronos, Narcos…? ¿No ha visto Narcos? Bueno, narcos supongo que sí que ha visto, pero me refiero a la serie”.

Las preguntas de Jordi Évole forman parte de uno de los anuncios del programa Salvados, que este domingo emite La Sexta y en el que se entrevista al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, uno de los barones en alza del PP en el sempiterno debate sobre la sucesión de Rajoy, cuyos índices de popularidad siguen hundidos desde el batacazo electoral en Catalunya.

“Fue un momento en el que tuve que dar explicaciones, de qué había ocurrido 20 o 25 años antes con personas que conocí o con las que tuve algún tipo de encuentro. Esas fotos son, cuando menos, difíciles de explicar”. […]

“¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? No tenía nada que ocultar, por lo tanto en ningún caso tenía información de si es verdad o no, la verdad judicial es que sí tenía alguna relación con determinados negocios relativos al narcotráfico. Es evidente que en Galicia sí se sabía que había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco, eso sí lo sabía, no se lo puedo ocultar, pero alguna relación o algún asunto pendiente de la justicia… jamás tuve conocimiento de que lo tuviere”.

En una de las repreguntas, Evole muestra su incredulidad y recuerda que Dorado había salido vinculado al contrabando o al narcotráfico en 66 noticias de La Voz de Galicia, en 18 de El País, 20 del Abc y 19 de La Vanguardia. Feijóo responde: “Sí, pero yo si supiese esto, ¿qué ganaba yo? La verdad a veces puede no entenderse en toda su amplitud pero esa es la verdad. Y si usted me dice ‘es usted un ingenuo’, a estos efectos, no tenga la menor duda. Que he aprendido, también. Que ahora lamentablemente cuando a uno lo invitan, lamentablemente pregunto ‘¿este quién es?’ y hay veces que no voy”.

Las respuestas de Feijóo en Salvados mantienen la línea argumental que tanto él como su equipo siguieron cuando estalló el escándalo en la primavera de 2013 tras difundirse aquel  álbum de fotos que delataba una parte oculta de su biografía: un alto cargo de un Gobierno autonómico compartiendo viajes y fines de semana en casa de uno de los señores del tabaco. Según probó luego la Audiencia Nacional, durante aquellos años Dorado estaba lavando cantidades millonarias. Acabó condenado a 13 años por tráfico de cocaína y los yates y mansiones que alojaron a Feijóo están hoy incautados por la Justicia.

La propaganda oficial del Gobierno y del PP gallego ha tratado de que aquello quedase en una foto producto de un descuido de juventud de Feijóo.

No es del todo exacto. Ni Feijóo era un joven -tenía más de treinta años y altas responsabilidades en el Gobierno gallego a principios de los 90 cuando era secretario general de Sanidad a las órdenes del hoy presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría-.  Ni aquello fue solo una foto. Está probado que Feijóo viajó a Ibiza, Canarias, Picos de Europa y Cascais (Portugal) en compañía de uno de los mayores capos de la Rías Baixas. Además de las fiestas y fines de semana que ambos compartían en las mansiones de Dorado en la Illa de Arousa y Baiona, una localidad turística cercana a Vigo. El presidente llegó a contar a El País -cuando uno de sus periodistas se presentó a contrastar la veracidad de las fotos antes de publicarlas- que también viajó a Andorra con Dorado. Un día después de que el diario escribiese que era uno de los destinos favoritos de los narcos y contrabantistas para lavar dinero, el presidente corrigió ese dato y dijo que en realidad había estado en Picos de Europa. “Sé que había nieve”, dijo, visiblemente nervioso, en su rueda de prensa más delicada.

 
Alberto Núñez Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado durante el verano de 1995 en la Ría de Vigo. / El País

Junto a Dorado y Feijóo -y sus parejas de entonces- navegaba en aquellos yates un personaje clave en esta historia. Manuel Cruz, con un pasado oscuro vinculado a la ultraderecha de Ferrol, era en aquel momento chófer de Romay Beccaría en la Xunta y al mismo tiempo testaferro de Dorado (sí, ambas cosas eran compatibles entonces: los noventa fueron una era de realismo mágico en Galicia).

Fue precisamente Cruz quien presentó al político y al contrabandista en un acto con empresarios en la comarca del Salnés, en las rías Baixas, una de las zonas más turísticas de Galicia y donde se concentraron históricamente los capos de la droga que antes se habían bregado en el contrabando. 

La respuesta de Feijóo fue convocar una rueda de prensa en el Parlamento gallego, en la que intentó responder durante más de una hora a todas las preguntas que se le iban planteando. Pese a su larga comparecencia y a la ronda de entrevistas que concedió en medios nacionales durante los días siguientes, la relación de Dorado y Feijóo dejó muchas incógnitas en el aire. Para empezar, quién pagaba los viajes. El presidente dijo no recordar ese dato y dio a entender que unas veces uno y otras veces el otro. Tampoco se aclaró nunca si existieron contratos entre las empresas “legales” de Dorado y la Xunta, si sus gasolineras habían surtido combustible para la calefacción de los hospitales gallegos. Feijóo respondió primero que él no firmó ningún contrato pero añadió que no pondría la mano en el fuego por todo el personal de la Xunta. Ante las reiteradas preguntas de la oposición por aquellos expedientes, su Gobierno acabó respondiendo semanas después que no podía facilitar los de aquellos años porque algunos se habían perdido en la inundación de un almacén.

El juez que había detenido a Dorado por narcotráfico en 2003  desmontó sin pretenderlo parte de la versión del presidente en una entrevista en El Mundo. Feijóo había repetido a los medios que rompió toda la relación con el contrabandista en 1997 y que solo lo vio en 1999 en el entierro de Manuel Cruz, fallecido en un accidente de coche. Pero el instructor de aquella causa al intentar quitar hierro a los vínculos de Feijóo y el narco reveló que hubo conversaciones de ambos más allá de 2001 cuando pinchó el teléfono de Dorado para investigarlo. Taín negó que en la causa que acabó en una condena de 13 años hubiese hallado “algún indicio legal contra Feijóo” (que nadie había insinuado) pero al desvelar la existencia de aquellas charlas puso en duda la explicación del presidente.

En una de las pocas declaraciones hechas a través de sus abogados desde la cárcel Marcial Dorado tampoco aclaró demasiado sobre aquellos años. En julio de 2013 aseguró que la última excursión que realizó con Feijóo fue a Ibiza en el verano de 1998, un año después de que Aduanas anunciara una operación para deternelo. A partir de ahí se enfrío la relación, según Dorado que califica como.falsas las alusiones del juez Taín a llamadas posteriores, aunque tuviese “la intención de defenderlo”. El tercer protagonista, Manuel Cruz, tampoco puede aclarar nada porque falleció en accidente de coche en 1999 tras ser implicado en una causa por blanqueo como testaferro de Dorado en los negocios de gasolineras.

Los días más difíciles de la carrera política de Feijóo acabaron con un reparto de ayudas de la Xunta a los medios de comunicación gallegos. Tras unos primeros días de sobreexposición pública, el presidente que se presentó como víctima de una campaña que pretendía amedrentarlo, decretó el fin de “la infamia” aprovechando las declaraciones del juez Taín el 4 de abril de 2003, cinco días después de que aquellas instantáneas vieran la luz.

El tema se convirtió entonces en tabú en la prensa gallega y Feijóo optó por espaciar también sus intervenciones en los medios nacionales. Se acabaron aquellas visitas a Madrid aprovechando los comités de direccción del partido en los que el líder gallego dejaba titulares que lo hacían emerger como un verso suelto dentro de una organización sacudida por la corrupción: “Me avergüenzo de Bárcenas”, “Nos falta contundencia contra la corrupción”, “Debemos mejorar el relato sobre la crisis”.

Su estrategia para presentarse como alternativa en un partido donde gran parte de sus líderes estaban chamuscados por diferentes escándalos se vino abajo. Aquel polémico álbum significaba que también Feijóo tenía un grave lamparón en su expediente. La herida a nivel interno en el partido no le impidió ganar sus terceras elecciones consecutivas en la Xunta e incluso ampliar la ventaja con la oposición.

Ahora, cinco años después del escándalo, Feijóo repite que no se ve aspirando a un cuarto mandato en Galicia y vuelve a las quinielas sobre la hipotética sucesión de Rajoy. Con él regresan las miradas a aquellas fotografías.

Comunicadores con mucha prédica en el sector más a la derecha del PP como Federico Jiménez Losantos y otros han atribuido durante las últimas semanas la aparición de las fotos en 2013 directamente a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría sin facilitar ningún dato más. El presidente gallego culpó en su día también sin aportar ninguna prueba al PSOE. Y los pocos que de verdad conocen los detalles de la historia saben que no fue producto de ninguna conspiración política.

 

[4] La jueza ejecuta el secuestro de ‘Fariña’

 

Por EFE

Artículo publicado el 5 de marzo de 2018 en:
 

La jueza Alejandra Fontana exige a la editorial Libros del KO la inmediata paralización de la reproducción y distribución del libro

‘Fariña’ dejará de venderse hasta que se resuelva el fondo de la demanda, en la que Bea Gondar reclama una indemnización de 500.000 euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor

 

La juez ejecuta el secuestro de “Fariña”
 
 La jueza de Collado Villalba ha ordenado la ejecución del secuestro del libro ‘Fariña’, en el que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego, como medida cautelar por la demanda presentada por el exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar.
 

En una providencia, la jueza Alejandra Fontana exige a la editorial Libros del KO la inmediata paralización de la reproducción y distribución del libro tanto a través de su venta tradicional como digital, dado que el demandante depositó la fianza de 10.000 euros requerida para adoptar la medida cautelar.

Fuentes de la editorial han confirmado que ya han dado traslado a la distribuidora de esa providencia para que cese la venta de ejemplares de ‘Fariña’.

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba, en aplicación del artículo 738.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, impide a la editorial la “traducción o transformación de la obra y/o su explotación en cualquier forma”.

La medida implica “el depósito temporal” o secuestro de ejemplares producidos mediante la retirada del mercado de los que ya hayan sido distribuidos y deja bajo la responsabilidad de la empresa el cumplimiento de lo ordenado.

De este modo, salvo que la Audiencia Provincial de Madrid dé antes la razón a los editores en el recurso que han presentado, ‘Fariña’ dejará de venderse hasta que se resuelva el fondo de la demanda, en la que Bea Gondar reclama una indemnización de 500.000 euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor.

Es decir, es previsible que el libro esté secuestrado varios meses, dado que el próximo paso judicial (una segunda audiencia previa) está previsto para comienzos del mes de abril, han indicado fuentes de la editorial.

Las ventas de ‘Fariña’ -que iba por la novena edición en el momento en el que la jueza decidió su secuestro cautelar- se han disparado aún más en las dos últimas semanas por la repercusión de la noticia, que también llevó a Antena 3 a adelantar la emisión de la serie producida sobre la obra.

En su auto, la jueza rechazó paralizar la emisión de la serie juezaa ha desestimado su pretensión de frenar la emisión de la serie al no conocer el guión de la misma.

Bea Gondar aparece mencionado en dos ocasiones en la obra por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, unos hechos que fueron confirmados por la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo revocó esa sentencia por un defecto de forma.

 

 

[5] La CIA oculta datos sobre el espionaje a sindicatos y partidos en España

 

Por DANILO ALBIN

Artículo publicado el 4 de marzo de 2018 en:

 

Durante más de cuarenta años, el servicio secreto americano elaboró numerosos informes sobre organizaciones de izquierda en España. También escribió detallados informes sobre el primer gobierno del PSOE. A día de hoy, una parte importante de esos documentos continúa censurada.

 

El vestíbulo de la sede de la CIA,en McLean (Virginia. EEUU). REUTERS/Larry Downing
 
 
 

El riesgo era máximo. Si la Policía franquista detectaba esa reunión, la vida de sus participantes estaría en serio peligro. Aun así, el 14 de septiembre de 1947 varios militantes del sindicato CNT se atrevieron a celebrar una sesión plenaria en Madrid. Lo que ninguno de ellos supo jamás fue que la CIA estaba allí dentro, tomando notas. De hecho, el espionaje americano contra los anarcosindicalistas españoles continuó durante varias décadas, tal como lo confirman distintos documentos desclasificados parcialmente por EEUU.

Sin embargo, aún resulta imposible conocer el verdadero alcance de aquellos reportes de los servicios secretos. Tampoco puede descifrarse lo que todavía se esconde bajo los tachones negros que aparecen en los documentos elaborados por los funcionarios de la CIA en España durante al menos cuarenta años, tanto en dictadura como en democracia. Según ha podido confirmar Público, la Inteligencia de EEUU sigue ocultando información sobre sus controles a distintas organizaciones libertarias, socialistas y comunistas de este país. 

Este periódico ha recogido una amplia cantidad de documentos elaborados por la CIA entre 1945 y 1985, un periodo en el que se elaboraron numerosos informes sobre las actividades de sindicatos como CNT o UGT. También se efectuaron reportes que aludían al nacimiento y consolidación de CCOO, así como sobre el Partido Comunista de España (PCE) o el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En este último caso, la actuación de los informantes de la CIA llegó a incluir un pormenorizado análisis sobre la llegada de Felipe González al gobierno en diciembre 1982, así como sobre los integrantes de su ejecutivo. 

Anarquistas en la mira

Los espionajes al anarquismo español incluyeron también a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). Un informe elaborado el 6 de junio de 1947 situaba a los responsables de ese grupo en Toulouse, e incluso daba detalles sobre las funciones que desempeñaba cada uno de ellos a nivel interno. Aparecen así los nombres de míticos militantes libertarios en el exilio, como Joaquina Dorado –identificada como “secretaria administrativa” del grupo juvenil anarquista- o Liberto Sarrau, al que señalaban como “secretario de Relaciones”. 

En los informes se oculta cualquier dato sobre quiénes eran los destinatarios de las investigaciones

En el documento de la CIA también figuraba el anarcosindicalista catalán Francisco Martínez Márquez, quien dos años más tarde sería asesinado por la Policía franquista en una calle de Barcelona. En su informe de junio de 1947, la Inteligencia americana lo había identificado como responsable de Propaganda y Prensa en el Comité Nacional de la FIJL. 

En ese contexto, prácticamente todos los informes elaborados sobre las actividades de CNT u otras organizaciones libertarias –ya fuese en España o en el exilio, principalmente en Francia- contienen tachones que impiden conocer su contenido completo. De esta manera, se oculta sistemáticamente cualquier dato sobre quiénes eran los destinatarios de las investigaciones realizadas y se “mutilan” distintos párrafos de los trabajos elaborados por los espías respecto a los militantes anarcosindicalistas. 

Seguimientos al PCE

Lo mismo ocurre con la voluminosa documentación que afecta directamente al PCE. Los comunistas españoles fueron objeto de numerosos escritos con sello de la CIA que aún hoy se mantienen bajo secreto. Al igual que en el caso de CNT, los archivos relacionados con este partido fueron desclasificados de manera parcial. 

Uno de esos informes, fechado el 9 de agosto de 1947, relata con lujo de detalles lo ocurrido un día antes en el “encuentro de varios partidos políticos españoles y sindicatos” que había sido convocado en París por Diego Martínez Barrio, presidente de la República en el exilio. Según documentó el servicio secreto, durante aquella reunión se abordó la situación que atravesaba España, incidiendo en las posibles vías de acuerdo para tratar de ponerle freno a la dictadura franquista. Entre otras cosas, se explica que el encuentro duró siete horas y se transcriben las distintas opiniones formuladas por los participantes, entre los que se encontraban miembros del PCE, además de Izquierda Republicana, ERC, PNV, PSUC o CNT. 

Los seguimientos a comunistas españoles se centraron especialmente en Santiago Carrillo, una de sus principales figuras. Durante más de cuarenta años, la CIA incluyó su nombre en distintos informes. Ocurrió en dictadura, pero también tras la muerte de Franco: a finales de 1976, el ex secretario general del PCE fue citado en dos documentos catalogados como “Top Secret” por la Inteligencia de EEUU. Según ha podido comprobar Público, ambos informes tienen varias partes censuradas, e incluso en uno de ellos se llega a censurar el contenido de un folio entero. 

La CIA acusaba al líder del PCE de haber estado vinculado “a los crímenes de la Guerra Civil”

En uno de esos trabajos, fechado el 24 de diciembre de 1976, se analizaba la situación creada tras la detención del dirigente comunista un par de días antes en la capital española. “Carrillo, quien se exilió durante la Guerra Civil, aparentemente pasó gran parte de su tiempo en los últimos meses viviendo clandestinamente en Madrid. El gobierno puede haber sido consciente de su presencia, pero -de acuerdo con su voluntad general de hacer la vista gorda ante muchos tipos de actividad comunista- no le buscó”, denunciaba la central de inteligencia. 

Acusaba además al líder del PCE de haber estado vinculado “a los crímenes de la Guerra Civil, principalmente la ejecución de unos 10.000 prisioneros nacionalistas en 1936”, al tiempo que advertían que no podría ser juzgado debido a que “el decreto real de amnistía emitido el verano pasado aparentemente perdona cualquier crimen político cometido desde la Guerra Civil”. 

El 31 de diciembre de 1976, la CIA advertía en un nuevo informe calificado como “Top Secret” sobre la posibilidad de que Carrillo –que para entonces ya había sido puesto nuevamente en libertad- se convirtiese en objeto de un atentado por parte de “grupos terroristas de ultraderecha” debido fundamentalmente “a su posición en el partido y su supuesta participación personal en las atrocidades de la Guerra Civil”. “Carrillo es muy odiado por los ultraderechistas, que pueden sentirse obligados a resolver el problema con sus propias manos”, apuntaba. En esa línea, señalaba que una derecha “frustrada y aislada” podía sentirse “atraída por métodos ilegales”. 

El papel de CCOO

La creación del sindicato CCOO también captó la atención de los espías americanos en España. Su evolución y sus vínculos con la izquierda española merecieron un capítulo propio dentro de un informe secreto elaborado en 1983 y titulado “El rol del comunismo entre los trabajadores de Europa del sur”. “Creemos que el éxito inicial de CCOO se debió principalmente a las habilidades superiores de organización de los comunistas”, subrayaba la CIA. Algunos párrafos después, advertía sobre la “influencia” que ejercían dentro de ese sindicato los “prosoviéticos”, aunque la parte del texto que profundiza en ese asunto ha sido censurada. 

Madrid, sudeste de Castilla, Barcelona, Andalucía Central y sudoeste de Galicia eran las regiones donde más fuerza tenía CCOO

Asimismo, el informe elaborado sobre CCOO incluía una ficha sobre la cantidad de miembros que formaban parte de esa organización, además de la “influencia del Partido Comunista en el sindicato” –identificada como “alta”- y la “congruencia” entre las políticas desarrolladas por ambas organizaciones –también calificada como “alta”, aunque puntualizaba que existían “algunos disidentes”- y sus “regiones de notable fuerza”, entre las que situaba “Madrid, sudeste de Castilla, Barcelona, Andalucía Central y sudoeste de Galicia”. En cuanto a sus “sectores de dominio”, identificaba las áreas laborales de “Construcción, Metal y Textil”. 

Las relaciones entre este sindicato y el PCE también fueron objeto de análisis en un documento elaborado por la CIA en 1985 bajo el título de “España: comunismo en crisis”. Allí señalaba que “CCOO brinda a los comunistas una base de apoyo que ningún rival puede igualar”. “CCOO actualmente goza de la misma fuerza nacional que la UGT socialista, y la impopularidad de las políticas de reconversión industrial del gobierno y las reformas de la seguridad social incluso podrían darle a CCOO una ventaja en la próxima ronda de elecciones de representantes sindicales en 1986-1987”, afirmaba. 

En tal sentido, la CIA mostraba su preocupación ante la posibilidad de que el PCE “tenga éxito hasta cierto punto al usar a CCOO de la misma manera que los comunistas portugueses de línea dura usan al sindicato CGTP en su país como un ariete implacable que recurre a continuas huelgas y manifestaciones para socavar cualquier gobierno que esté en el poder”. 

El gobierno de Felipe

La Inteligencia estadounidense también prestó especial atención a la llegada del PSOE al gobierno español. De hecho, en diciembre de 1982 elaboró un primer documento reservado a modo de “primera mirada” sobre el “equipo de González”.“El primer ministro (sic) Felipe González ha seleccionado a jóvenes moderados, competentes y con experiencia administrativa para su gabinete. Si bien clasificamos a la mayoría de los ministros como socialdemócratas, nos sorprende que González ha incorporado a representantes de todos los sectores del Partido Socialista a su gobierno con la notable excepción de la facción marxista radical crítica”, argumentaba. 

El informe dedica varias páginas a analizar las principales características de los miembros del gabinete socialista. Queda bien claro que Fernando Morán, quien había sido designado ministro de Exteriores, no gustaba ni un pelo a los agentes de la CIA: el político socialista era situado como “algo más izquierdista y doctrinario que el resto del gabinete”. Por ello, vaticinaban que “González intentará restringir la autonomía de Morán y mantener las relaciones con los Estados Unidos, Europa y América Latina bajo su control personal”. 

Un presidente “no ideologizado”

Sobre el presidente, la agencia estadounidense decía que era “políticamente pragmático y no ideologizado”. No opinaban lo mismo del ministro Alfonso Guerra, a quien atribuían un “estilo confrontativo” y una “retórica izquierdista”, además de situarle como el “abanderado anti-OTAN de su partido antes de que España se uniera a esa organización”. Les caía bastante mejor Narcís Serra, a quien atribuían el don de combinar “el pragmatismo con una imagen radical deliberadamente cultivada derivada del tiempo de estudiante universitario para servir de puente entre las alas moderada e izquierdista del partido”. 

Uno de los favoritos de la CIA en el primer gobierno de González era el ex diputado Enrique Barón Crespo, por entonces ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones. “Los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos lo consideran uno de los parlamentarios más importantes de su partido”, señalaba el organismo americano en su trabajo. 

Flores para Barrionuevo

El informe también elogiaba a José Barrionuevo, el ministro de Interior de Felipe González que acabó condenado por la justicia debido a su vinculación con el GAL. “Los oficiales de la Embajada de EEUU informan que es un administrador eficaz y no se le considera un ideólogo. Él se describe a sí mismo como un socialdemócrata”, resumía la CIA en su documento. Seis meses después, un nuevo informe de la central de inteligencia dedicado a analizar la primera etapa del gobierno socialista aplaudía que Barrionuevo había adoptado “una postura firme hacia ETA, afirmando públicamente que el terrorismo sólo puede ser erradicado por medidas policiales, atenuadas por la negociación sólo cuando Madrid tiene una clara ventaja”. 

“Esta dura respuesta al terrorismo, en nuestra opinión, produjo cierto progreso. Una rama de ETA prácticamente colapsó, y el nivel general de violencia en el País Vasco ha disminuido un poco en los últimos meses”, señalaba la agencia de Inteligencia. Sin embargo, resulta imposible leer el apartado dedicado a Barrionuevo en su totalidad: al igual que en otros tantos documentos de la CIA, una parte del texto fue declarada secreta.

[6] El CIS y los medios silencian la opinión de los ciudadanos sobre Felipe VI y la Casa Real

Por DANIEL MARTÍN

Artículo publicado el 2 de Marzo de 2018 en:

 

La figura del rey Felipe VI y el papel de la Casa Real en el sistema político español escapan al escrutinio de los estudios sociológicos por la falta de interés del CIS y la escasa iniciativa de medios para encargar investigaciones al respecto.

 

Manifestantes a favor de la unidad de España con fotos del rey Felipe VI en Barcelona, antes de la inaugiración del Mobile World Congress. EFE/Marta Pérez
 
 
 El cuestionamiento de la monarquía es un elemento que sobrevuela de manera casi constante el debate público en España, sobre todo desde la abdicación del rey Juan Carlos I. Sin embargo, escasean los estudios sociológicos que pregunten a la población sobre su opinión hacia la monarquía y, sobre todo, que sondeen cuestiones relativas a los posibles niveles de apoyo a otras formas de organización del Estado.

El más llamativo de los silencios en torno a la Casa Real proviene del principal órgano estadístico de la administración española: el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) lleva sin preguntar sobre la institución monárquica desde abril de 2015. En adición, son pocos los estudios privados que plantean cuestiones acerca de la percepción sobre Corona o el modelo de Estado. Algunas de las empresas más importantes del sector como Metroscopia Sigma Dos llevan más de tres años sin publicar datos sobre el asunto.

José Pablo Ferrándiz, investigador principal de Metroscopia, explica que las empresas demoscópicas atienden encargos específicos, habitualmente procedentes de medios de comunicación. “Al fin y al cabo lo que nosotros hacemos público es lo que permite nuestro cliente, habitualmente El País, que es el dueño de estos datos”, relata. Este doctor en sociología dice no poder ser categórico al respecto, pero en su opinión, la ausencia de preguntas sobre la monarquía puede deberse a un “tipo de autocensura” por parte de las empresas periodísticas. “Mejor no preguntar, porque no quiero que en mi medio de comunicación salga una encuesta en la que el rey o la Corona salgan mal parados”, apunta.

 
Las tres generaciones recientes de la monarquía española, juntas. Juan Carlos, Leonor y Felipe (de izq. a dcha.) durante la celebración 50 cumpleaños del actual rey y la entrega del Toisón de Oro a su hija. / Reuters

Más allá de los motivos que puedan detrás de la escasez de investigaciones sociológicas en torno a la monarquía, Ferrándiz se muestra convencido de que “esto no es una orden que provenga de la Casa Real”. En su opinión, la falta de escrutinio puede ser contraproducente para la Corona ya que “se transmite la sensación de que se está ocultando algo, cuando seguramente la institución ya haya superado sus momentos más difíciles” tras el cuestionamiento generado por la abdicación y los escándalos relacionados con Juan Carlos I.

Una de las pocas empresas que sí realizó en los últimos meses un seguimiento regular de la Corona fue Sociométrica, cuyos estudios son normalmente publicados por El Español. Los estudios de esta empresa suelen tener como telón de fondo la valoración de hechos noticiosos relacionados con Felipe VI. Por ejemplo, Sociométrica realizó investigaciones por las que se puede saber que el 84%  de las personas que vieron el último discurso de nochebuena del rey aprueban su contenido o que un 61% de españoles (pero sólo el 30% de catalanes) se mostró satisfecho con el mensaje del monarca tras el referéndum del 1 de octubre.

Por su parte, NC Report realizó recientemente un estudio en el que se analizaron algunas cuestiones más de fondo. Además de dar una valoración de 7,2 sobre 10 a Felipe VI, un 60,5% de las 600 personas encuestadas en su estudio se decantaron por considerar innecesaria una consulta para elegir entre monarquía y república, opción solo respaldada por el 29,8% de los preguntados.

Roberto Barbeito, doctor en sociología por la Universidad Rey Juan Carlos (y que en otro tiempo fue director técnico del instituyo de investigaciones sociológicas Tábula V) afirma que la mayoría de estudios privados sobre la monarquía no ofrecen garantías suficientes para sacar conclusiones fiables sobre sus niveles de aceptación. “La mayor parte de encuestas que realizan los medios tienen unas limitaciones metodológicas muy grandes, con unas bases muestrales pequeñitas que habitualmente son consultadas por teléfono, lo que puede dar lugar a importantes márgenes de error”, afirma.

Además, este sociólogo destaca que los resultados de estas encuestas suelen estar condicionadas por la elección y formulación de las preguntas, sobre todo teniendo en cuenta que “en las pocas ocasiones que se pregunta” se suele apuntar más a “valoración de actuaciones concretas” que “a la aceptación de la institución”.

La parálisis del CIS

En ese sentido, Barbeito apunta que el CIS es el organismo con mayor capacidad para proporcionar información “altamente fiable” sobre cualquier objeto de estudio. Sin embargo, el organismo renunció en los últimos años a analizar el clima de opinión en torno a la institución monárquica. Según recuerda Barbeito, el CIS investigó “muy poco” a lo largo de su historia sobre la monarquía. “En la época de la Transición se hicieron algunos estudios monográficos y luego en los años 90 también”. Pese a la falta de tradición, sigue considerando “llamativo” que los años de nuevo reinado de Felipe VI no hayan sido un objeto de estudio preferente, sobre todo si se tiene en cuenta el clima de cuestionamiento del sistema institucional español, que encuentra su mayor exponente en la crisis catalana.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, junto a Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, en una fotografía de noviembre de 2014. REUTERS

Belén Barreiro, exdirectora del CIS y directora de la empresa demoscópica MyWord, recuerda que el ente público no tiene obligación de preguntar sobre la monarquía, ya que lo único regulado sobre su actividad tiene que ver con la publicación de barómetros de intención de voto. “No está escrito en ningún lado que tengas que preguntar por la monarquía en un momento u otro”, resume antes de opinar que a ella le parecería correcto incluir investigaciones sobre la corona “sí o sí” de manera periódica.

En un sentido similar se expresa José Pablo Ferrándiz, que achaca la falta de preguntas del CIS sobre la monarquía a la rigidez del instituto público. “Como todo organismo público, todo es muy burocrático y no muy dado a realizar cambios”, apunta antes de recordar que la cuestión monárquica no es la única en la que el CIS mostró incapacidad tomar el pulso a la actualidad. Como ejemplo esa falta de cintura, Ferrándiz recuerda que hubo una época en la que el CIS no preguntaba sobre Albert Rivera y Pablo Iglesias porque no eran diputados electos, aunque su presencia en el debate público era constante.

Cuando el CIS cuestiona sobre la monarquía, suele hacerlo bajo el paraguas de una pregunta sobre valoración de instituciones, en la que los encuestados deben calificar en una escala de 0 a 10 a entes como el Gobierno, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, los sindicatos o la Corona. En esa escala, 0 significa “ninguna confianza en la institución” y 10 quiere decir que el encuestado tiene “mucha confianza”.

 
Felipe VI saluda a los fieles congregados en la basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid. EFE/Chema Moya

La última vez que se incluyó esta pregunta en un estudio del CIS, la monarquía obtuvo una nota de 4,34, lo que supone un suspenso pero mejora a la confianza otorgada a instituciones como el Gobierno (2,77), el Parlamento (2,83) o la Iglesia Católica (3,61). Especialmente llamativo es que un 21,7% de las personas preguntadas en aquella ocasión otorgaran un 0 a la institución. En abril de 2014, la monarquía obtuvo su segunda valoración más negativa a nivel histórico (3,73), no muy lejos del récord negativo de 3,68 marcado un año antes, en abril de 2013. Es decir, las preguntas sobre la monarquía en el CIS cesaron tras un breve repunte de popularidad precedido por unos de los peores datos de su historia.

A falta de conocer nuevos datos a nivel nacional, algunos estudios realizados en clave autonómica mantienen esta tendencia. Por ejemplo, el Euskobarómetro relativo al mes de octubre otorgaba al rey, en una pregunta similar a la formulada por el CIS, una valoración de 2,7 puntos sobre 10. Del mismo modo, en el último barómetro del Centre de Estudis d’Opinió (dependiente de la Generalitat), los catalanes calificaron a la monarquía con un 1,82. Entre los datos de este estudio destaca que seis de cada diez catalanes (60,3%) dijeron no tener ningún tipo de confianza en la Corona, otorgando a la institución una calificación de 0 puntos. En total, el 77,9% de los encuestados dieron a la monarquía un suspenso.

“Las encuestas son instrumentos de acción política”

En cualquier caso, las preguntas sobre la valoración de la monarquía, incluso cuando son formuladas por organismos tan solventes como el CIS, no terminan de ofrecer una idea fiel sobre cuál es el sentir de la opinión pública. “Llevamos prácticamente quince años en los que apenas el CIS ha preguntado por estas cuestiones y, cuando lo hizo, fue mediante esa pregunta de valoración de instituciones”, recuerda Roberto Barbeito.

Aunque el indicador se llama de valoración de instituciones, en el fondo lo que mide es la “confianza” que se tiene sobre el ente en cuestión, algo que según este sociólogo “no sabemos muy bien lo que significa”. A su modo de ver, esta pregunta “no es especialmente válida” ya que en términos técnicos no permite analizar “la legitimidad de la institución”. “Tampoco nos permite saber si realmente la gente considera la monarquía parlamentaria como una fórmula de organización política del Estado más valorada que otras alternativas”, añade.

A modo de conclusión, Roberto Barbeito recuerda que, “las encuestas son instrumentos de acción política” ya que el hecho de preguntar sobre cualquier cuestión significa “darle más realce”. En este sentido, este sociólogo llama la atención sobre “el poderoso efecto consenso de las encuestas”, por el que se “inducen la idea de que hay una mayoría que piensa de determinada manera, cuando no necesariamente tiene que por qué tiene que ser así, ya que puede haber asuntos más preocupantes no recogidos en los cuestionarios”.

 

[7] El precio de denunciar la corrupción: “Se han vengado de mí hasta hoy”

 

Por Iker Rioja Andueza

Artículo publicado el  5 de marzo de 2018 en:

 

La denunciante del ‘caso De Miguel’, Ainhoa Alberdi, revela los vetos y consecuencias personales tras acudir a la Fiscalía para destapar la trama de cobro de comisiones encabezada por los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Aitor Tellería

 

Alfredo de Miguel, agasajado por militantes del PNV a su salida del Parlamento Vasco en 2011 EFE
 
 

Los casos de  Ana Garrido y  José Luis Peñas en el ‘caso Gürtel’, como otros tantos por toda España, muestran que denunciar la corrupción política desde dentro no es sencillo. Al coste personal se une un lastre profesional para toda la vida. Este lunes en Vitoria, durante más de cinco horas, la empresaria y abogada urbanista Ainhoa Alberdi Rodríguez (Bilbao, 1979) se ha ratificado punto por punto en su denuncia de 2009, cuando con sólo 30 años acudió con una grabadora Olympus y un puñado de ‘emails’ a la Fiscalía de Álava para denunciar que dos dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, la habían extorsionado para el pago de una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano, dirigido por el también nacionalista Alfonso Arriola. 

Este ‘caso De Miguel’, fruto de la investigación encabezada por el juez Roberto Ramos, se ha extendido mucho más allá de Miñano, las comisiones presuntamente solicitadas/recaudadas por las empresas controladas por De Miguel rondan los 800.000 euros y el total de acusados en el juicio que se desarrolla desde enero en la Audiencia Provincial de Álava entre políticos, empresarios y testaferros alcanza los 26. ¿El precio? “Mi denuncia no gustó a nadie. Existen venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy”, ha revelado Alberdi, quien ha generado intranquilidad entre los presentes en la sala al asegurar que una “persona política” le “aconsejó” que no perdiera el tiempo en presentarse a más concursos en la Administración después de lo que había hecho. No se han mencionado siglas en ningún momento, pero una de ellas ha sobrevolado en las mentes de todos los presentes. “Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias. Después de nueve años volver a estar en la opinión de todo el mundo afecta. Y mucho”, ha ahondado.

El juicio del ‘caso De Miguel’, en no pocas ocasiones infravalorado en Euskadi y prácticamente desconocido para el resto de España, ha vivido este lunes su sesión más importante dos meses después de que arrancara. Alberdi, con firmeza en sus comentarios y sin incurrir en contradicciones respecto a sus cuatro comparecencias anteriores en distintos momentos de la investigación, ha asegurado en público que De Miguel, en su despacho de la Diputación de Álava, le dijo que tenía que “pasar por caja”. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, sorprendido por la dureza de la frase y por el lugar en que se pronunció, le ha preguntado a la testigo si la expresión era literal. Ella ha dicho que en este tiempo ha olvidado muchos detalles, pero que ése en concreto no se le va de la cabeza. “El susto que me llevé era monumental”, ha añadido para explicar después cómo De Miguel y Tellería insistieron por tierra, mar y aire en que abonase una mordida, hasta el punto de reunirse por dos veces con su padre, cercano al PNV y al que le dijeron que su hija se estaba metiendo “en un lío”.

“Dentro de lo normal”

Como en otros casos de corrupción, Alberdi colaboraba con los ahora acusados en sus negocios. Trabajaba en Urbanorma Consulting, una asesoría urbanística de la que era accionista al 40% y cuyo socio principal era el constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual en el Gobierno vasco para la construcción de colegios y comisarías de la Ertzaintza. El primer encargo de Urbanorma Consulting fue asesorar a los polígonos industriales que dirigía De Miguel antes de pasar en 2007 a la Diputación alavesa como responsable de Urbanismo (oficialmente Administración Local y Equilibrio Territorial). Incluso ha relatado cómo se beneficiaba de la sorprendente capacidad de influencia de Txitxo, como todos llamaban a De Miguel, y que incluso llegaba a unas obras menores en Nájera (La Rioja).

No ha negado que desconociera que en 2006, cuando se gestó la ampliación de Miñano ahora bajo la lupa, la adjudicación a su empresa estaba teledirigida. Es más, ha indicado cómo a la hora de presentar la propuesta para esa contrata ella manejó “dos ofertas” de empresas de la competencia, con lo que pudo mejorarlas. Y ha añadido que De Miguel, sin cargo alguno en Miñano, dictaba cláusulas concretas como subcontratar a Tellería y al estudio arquitectónico de su confianza, Stoa, que en realidad no realizaron ninguna labor para Miñano, después de desechar que parte del contrato fuese a parar a ATE, una asesoría del que fuera dirigente del PNV Aitor Alzola. El director del parque, Arriola, conocía en todo momento esas “recomendaciones” del ‘número dos’ del PNV alavés, llamado a ser el líder del partido en el territorio cuando abandonase la política su mentor, Iñaki Gerenabarrena. “Yo no preguntaba”, ha explicado Alberdi.

Pero todo cambió cuando el grupo empresarial de Echaburu quebró. Miñano se negó a que fuese otra empresa distinta a Urbanorma Consulting la gestora de la ampliación y Alberdi, para poder continuar con el trabajo, compró el 100% de las acciones. En ese momento, los “interlocutores” entendieron que también tenía que hacerse cargo del 100% de la comisión aparentemente pactada con Echaburu, al que se le acusa de haber financiado a la trama de empresas de De Miguel en más ocasiones tras la adjudicación de contratos.

Grabación 2

Ainhoa Alberdi: ¿Pactaste algo con ellos?

Jon Iñaki Echaburu: Me parece que íbamos a pagar a una sociedad.

A.: ¿Cuánto?

E.: No quedamos en ninguna cantidad fija.

A.: ¿A quiénes ibais a pagar dinero?

E.: Con los que estamos hablando en todo momento, con los interlocutores.

A.: Pues me han pedido… Pero como yo no tengo ni idea, te estoy preguntando a ti. O sea, era una cantidad sin determinar que ellos hablarían. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Tú no sabes?

E.: Para quien te digan ellos.

A.: ¿Pa’l partido o así?

E.: Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.

A.: ¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?

E.: No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.

Desde entonces, De Miguel y Tellería mostraron un “interés extraño” en su capacidad económica. Durante la larguísima comparecencia de Alberdi -que continuará este martes con los interrogatorios de los defensores de los imputados- se han reproducido las grabaciones que aportó en 2009. En ellas se escucha a Tellería decir que el contrato se dividía en tres y que ese último tercio lo “recaudarían” ellos -“si no lo tenemos jodido”, apostilla- o a Echaburu explicar que el pago de comisiones entra “dentro de lo normal”. También se ha leído un cruce de correos entre De Miguel -desde su cuenta oficial de la Diputación- y Alberdi en el que negocian los términos de la ‘mordida’: “Lo nuestro lo dejamos en 100”. 100.000 euros, claro, porque “por 100 euros esto sería ridículo”.

Grabación 7

Aitor Tellería: El acuerdo que hicimos con él… eh… Ahí había tres partes. Se dividía en tres. Eran tres pagos. Se dividía en tres partes […]. Una era para ti [Ainhoa], otra podía ser para él [no se especifica] y lo que hablamos, el tema de la compraventa y tal, entonces ésa era la tercera parte. Ésa era la parte que nosotros recaudábamos.

Ainhoa Alberdi: Bueno, ésa es otra. Yo llamé a ese señor para ver qué había negociado con vosotros y me dijo que nada, que sí había negociado una comisión, pero que no era con mi porcentaje ni nada.

A.T.: Pues es lo que…

A.A.: Yo os digo lo que él me ha dicho por teléfono.

A.T.: Lo que nos ha costado este pollo… De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido.

[…]

A.A.: Eso lo pactasteis con Jon [Echaburu], o sea, antes de constituir la sociedad [que recibió el contrato ‘ a dedo’ de ampliación de Miñano]

A.T.: La sociedad se constituyó para esto, para poder entrar en el concurso.

También ha expresado que se sorprendió cuando, al investigar, “a quiénes se enfrentraba” descubrió que De Miguel y Tellería compartían una sociedad mercantil, Kataia Consulting, que además estaba también a nombre de un tercer dirigente peneuvista, Koldo Ochandiano. Ochandiano era el contable de Miñano y su enlace para negociar la liquidación del contrato, por lo que Alberdi optó por negociar directamente los extremos de esas facturas no ya con el gerente del parque, Alfonso Arriola, sino con el presidente de la red de parques tecnológicos del País Vasco y alto cargo del Gobierno vasco, Julián Sánchez Alegría. La Fiscalía sostiene que este hombre, igualmente imputado en el ‘caso Epsilon’, no sólo no denunció los hechos que le relató Alberdi, sino que pidió a De Miguel que fuese “discreto” en sus ‘gestiones’. Alberdi, en cambio, no ha formulado acusaciones concretas contra “Julián”.

“Yo no era la única a lo que se lo habían hecho”

“Impunidad” ha sido la palabra empleada por Alberdi para describir el comportamiento de dos dirigentes políticos que pedían dinero sin tomar ningún tipo de cautela. “Me llama soberanamente la atención. Me sorprende esa alegría. De ahí mi temor de que si esto era tan fácil de hacer yo no sería la única a la que se lo habían hecho”, ha llegado a decir en un momento de su declaración sobre la exigencia de comisiones ilegales, dando a entender que no era, ni mucho menos, la primera ocasión. Y ha agregado: “Tampoco fue ningún problema para ellos decirme que me habían utilizado para constituir Urbanorma Consulting”.

“Uno de los motivos de [comprar] la grabadora fue ver la impunidad”, ha insistido Alberdi, que ha bromeado que aunque la adquirió en La Casa del Espía era una “ignorante” en asuntos técnicos y que escondía donde podía el aparato para registrar sus reuniones con los implicados. La grabadora, ha dicho también, no era “en principio” para cargarse de pruebas con las que denunciar a pesar de que desde el minuto uno tenía claro que no iba a “pasar por caja”: era para tener defensa si un tercero lo hacía y la acusaba a ella de formar parte de esa “dinámica”. “Si alguien lo denunciaba yo podía estar sentada ahí atrás”, ha relatado en su única alusión directa a los acusados. En el banquillo De Miguel, Tellería, Echaburu y otros han seguido con atención la sesión. El principal acusado, Txitxo, ha llegado tranquilo al juzgado. Su rostro era algo más serio al término de la sesión.

-¿Qué es lo que le hace entonces decidirse a presentar una denuncia?

-Mira, yo llegué a la conclusión en la reunión con Alfredo y con Aitor Tellería de que lo mejor era que nos olvidáramos los unos de los otros. Que lo dejábamos ahí. Pero ellos decidieron no olvidarse, decidieron vetarme en dos concursos.

La “persona política” que avisó de los vetos

La parte más dura del interrogatorio ha llegado casi al final. El fiscal Josu Izaguirre ha preguntado si ese veto se ha mantenido después de la denuncia. Y Alberdi ha dicho que sí, una información que hasta ahora no había aportado. “Decidieron rescindir los contratos” que tenía vigentes en otras instituciones y ha contado también cómo “alguien” -una “persona política” de Bizkaia- le informó de que en un contrato en Bizkailur Azpiegiturak -sociedad pública de la Diputación vizcaína dedicada a las infraestructuras- nunca iba a recaer en su empresa. “Me dan un consejo: que durante muchos años mejor no hagamos el trabajo de presentación de concursos”, ha abundado.

El juez Tapia, tras estas revelaciones, le ha pedido a Alberdi el nombre de esa “persona política” que la hizo esa advertencia. Ella ha optado por no decirlo. Incluso ha amagado con “desdecirse” si se le obligaba. El magistrado ha aceptado que guarde silencio al entender que podría perjudicarle aún más en su vida profesional y personal. Alberdi ha recordado cómo ha tenido que medicarse por sufrir depresión, cómo aún hoy mantiene un cuadro de “ansiedad” y cómo hasta en su familia, con “militantes del PNV”, ha tenido “discusiones” sobre el tema.

[8] Los desahucios por impago de alquiler suben hasta constituir el 60% mientras bajan los de hipotecas

 

Por EFE

Artículo publicado el  5 de marzo de 2018 en:
 

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 4,3% en 2017, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,4%

Casi seis de cada diez lanzamientos -35.666 o el 58,7%- fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

 

Los desahucios y concursos caen a su nivel más bajo en 10 años y los despidos suben
 
 

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios y el de concursos de acreedores presentados en 2017 se redujo el año pasado a los niveles más bajos de los últimos diez años, según la estadística del CGPJ publicada hoy. Sin embargo, los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 4,3% en 2017. En total, hubo 35.666 desahucios por no pagar la renta frente a las 22.330 familias que perdieron su casa por no pagar la hipoteca.

Según el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que hoy ha hecho público la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2017 fue de 60.754, un 3,6% menos que un año antes, en tanto que las ejecuciones de inmuebles presentadas en los juzgados se redujeron un 37,8% hasta 30.094.

Casi seis de cada diez lanzamientos -35.666 o el 58,7%- fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 22.330 -el 36,8%- se derivaron de ejecuciones hipotecarias.

En su nota, el CGPJ indica que se trata de la cifra más baja de las registradas desde 2008, cuando se iniciaron 58.686 ejecuciones hipotecarias; en 2009 fueron 93.319, mientras que se presentaron 93.636 en 2010, 77.854 en 2011, 91.622 en 2012, 82.680 en 2013, 80.749 en 2014, 68.165 en 2015 y 48.410 en 2016.

Por lo que respecta a los lanzamientos, Cataluña -con 13.308, el 21,9% del total nacional- fue la comunidad con mayor número, seguida por Andalucía, con 10.437,y la Comunidad Valenciana, con 8.207.

En cuanto a los concursos de acreedores presentados por empresas el pasado año fue de 5.357, un 1,9% menos que en 2016 y la cifra más baja desde 2008; el dato supone también la mitad de los 10.949 que se presentaron en 2013, en plena crisis, cuando se registró el máximo de los últimos años.

Según aclara la agencia española de medición de riesgos Axesor este descenso obedece principalmente al ajuste experimentado en los sectores de actividades inmobiliarias, construcción e industria manufacturera.

Asimismo, Axesor ha analizado el papel de la mujer en la actividad emprendedora, y ha concluido que las mujeres sólo ocupan el 24% de los cargos de representatividad en las empresas de nueva creación; La Rioja es la única comunidad donde el peso femenino superó el 30% en 2017.

Respecto a los concursos, Solunion, la aseguradora conjunta creada por Mapfre y la francesa Euler Hermes para vender seguros de crédito y caución en España y Latinoamérica cree que este año se estabilizarán y las cifras de cierre de 2018 no serán muy distintas de las de 2017.

Informa D&B, filial de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), ha publicado hoy datos actualizados hasta febrero, que indican que en los dos primeros meses del año se contabilizaron un total de 839 concursos -un 9% más- y 7.346 disoluciones -un aumento del 3%.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, explica que estos datos siguen la tendencia de crecimiento apuntada al cierre del año pasado, sumando ya en estos dos primeros meses un 9% más de procesos que durante el mismo periodo de 2017.

Frente al descenso de desahucios y concursos, el número de demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social en 2017 ascendió a 104.824, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior y marca la mayor cifra desde 2014.

Sólo en el cuarto trimestre del año, las demandas por despido ascendieron a 25.688, lo que supone un aumento del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según la misma fuente.

 

 

[9] Un hombre intenta quemarse a lo bonzo en el interior de los Juzgados de Plasencia

 

Por EFE

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en:

 

Había sido citado esta mañana para recibir una notificación y cuando se encontraba frente a los funcionarios ha sacado una botella con gasolina, se ha rociado el cuerpo y ha pretendido prenderse fuego. “Hasta aquí hemos llegado”, ha gritado.

 

Juzgados de Plasencia
 
 

Un hombre ha sido detenido este martes tras rociarse el cuerpo con gasolina e intentar prenderse fuego cuando se encontraba en el interior de los Juzgados de Plasencia (Cáceres).

Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el detenido, al parecer, había sido citado esta mañana en el Juzgado Número 1 de la capital del Jerte para recibir una notificación.

Cuando se encontraba frente a los funcionarios ha sacado una botella con gasolina, se ha rociado el cuerpo y ha pretendido prenderse fuego. La gasolina, que no llegó a prender, ha llegado hasta una mesa ocupada por un funcionario.

“Hasta aquí hemos llegado”, ha dicho el hombre, según ha comentado a Efe un abogado que ha presenciado lo ocurrido. El hombre ha sido reducido por la seguridad del Palacio de Justicia, con la ayuda de varios funcionarios, y puesto a disposición de la Policía Nacional.
 

[10] Alguien ha matado a alguien

Por Juan Carlos Escudier

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en: 
 

Con Pedro Sánchez no se sabe últimamente si es mejor que siga desaparecido en su gira de asambleas o que reaparezca con propuestas como la de este lunes, con las que se ignora si pretende atemorizar al adversario o matarlo de un ataque de risa. “Si Rajoy no aprueba los Presupuestos Generales, la principal ley del Gobierno, y no anticipa las elecciones, yo le exigiré que, por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad institucional, se someta a una cuestión de confianza”, ha advertido. Se trata de una amenaza similar al “alguien ha matado a alguien” con la que Gila pretendía hacer que Jack el Destripador confesara sus crímenes y se entregara. Es de suponer que el de Moncloa se ha estremecido como una serpiente de cascabel.

A estas alturas la pregunta ha dejado de ser cómo el Gobierno es capaz de mantenerse en minoría, noqueado por las corruptelas y por su incompetencia. El gran interrogante es por qué la oposición se lo permite. Y lo hace porque todos entienden que lo que sería un remedio para el país resultaría nefasto para su propia enfermedad. El PP intenta sobrevivir a toda costa con la esperanza de que su sangría se detenga en algún momento; a C’s le conviene que el PP se muera en sus brazos después de haber hecho testamento a su favor; el PSOE no se explica por qué lo suyo es un lago estancado en medio del maremoto; y Podemos analiza las encuestas y pronto llegará a la conclusión de que la culpa de su descenso es de los demás.

Volviendo a Pedro Sánchez, desconcierta la manera en la que está dilapidando el capital político que obtuvo tras su resurrección en las primarias. Externamente parece evaporado, con repentinos episodios de licuefacción a la manera de la sangre de San Pantaleón. Internamente, se duda si su capacidad para tropezar cientos de veces con la misma piedra es fruto de su torpeza infinita o de un ensañamiento insano contra los adoquines.

Así, en vez de iniciar un nuevo rumbo en dirección opuesta al Parque Jurásico socialista tras comprobar que los dinosaurios pretendían servirle como merienda en una barbacoa, el renacido ha optado por firmar la paz con los saurópodos, de los que ya ha recibido alguna dentellada. Tal ejercicio de masoquismo es difícilmente explicable para quien estaba obligado a matar al padre, no ya por necesidad vital sino para cumplir con una militancia que entendía que el “somos la izquierda” que sirvió como lema del 39 Congreso iba esta vez en serio.

Si algunas de sus ausencias del debate público podrían ser explicables por las dificultades inherentes a su posición extramuros del Congreso, se acrecienta la sensación de que el partido carece de dirección, ha perdido la iniciativa parlamentaria y experimenta graves síntomas de bipolaridad, entre una razón de Estado que le obliga a un seguidismo servil al Gobierno en el conflicto territorial y su teórico papel de alternativa.

El PSOE tenía dos opciones. Una era reforzar el flanco izquierdo con una alianza con Podemos y, una vez vencidas las desconfianzas mutuas y la batalla de egos, enfrentarse como bloque a la derecha. La otra, superado el miedo al sorpasso de los de Iglesias, era confiar en que la pelea entre PP y Ciudadanos acabara situando al PSOE como primera fuerza, para lo que se antojaba imprescindible mantener pie y medio en eso que llaman centro y que históricamente se ha traducido en poner el intermitente a la izquierda cuando se quiere girar a la derecha.

Sánchez y sus avispados estrategas parecen haber optado por esta segunda vía, pero las encuestas muestran testarudas que la derecha avanza y la izquierda retrocede, que todo el fuelle que pierde el PP hincha las velas de Rivera y que el PSOE se limita a flotar en ese mar embravecido en el que se está hundiendo la socialdemocracia en buena parte de Europa. Si el empuje de Ciudadanos se confirmara y le permitiera elegir socio de Gobierno no sería descartable una reedición del Pacto del Abrazo con la cabeza de león convertida en cola de ratón.

A eso se reducen ahora las expectativas de Sánchez, que dice que exigirá a Rajoy que presente una cuestión de confianza, algo parecido a que la víctima de un robo amenace al ladrón con darle la cartera. Sentido del humor no le falta a este hombre.

 

[11] La rebelión de los viejos

Por Fernando López Agudín

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en:

 

La revuelta social contra los que recortan el Estado del Bienestar , iniciada a comienzos de la presente década por los jóvenes, recobra un extraordinario impulso con la intensa movilización de los viejos. Buena muestra de ello es el asombro con el que todos los parlamentarios, con pensiones de lujo garantizadas por  vivir del oficio político, asisten a los cientos de manifestaciones que llenan, un día sí y otro también, las avenidas, plazas y calles de España, reclamando que el artículo 50 de la Constitución sea algo más que un papel mojado por la retórica de los picos de oro del Congreso de los Diputados. Efectivamente, nada más irritante para cualquier jubilado que leer ahora mismo en el texto constitucional que “los poderes públicos, garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”

Los leguleyos, al no haber incluido este artículo 50 en el capítulo de Principios rectores de la política social y económica, hicieron la trampa a la  vez que la ley, que recoge la Constitución de 1978. Así, impedían que los pensionistas tuvieran un derecho incuestionable a cobrar pensiones actualizadas, como los titulares de deuda pública tienen igualmente el de cobrar intereses. Si realmente se hubiera perseguido que fuese un derecho consolidado, como ahora mismo reclaman los manifestantes, habría que incluirlo en el capítulo dedicado a Derechos y Libertades, que permitiría a cualquier ciudadano recabar la tutela ante los tribunales ordinarios e incluso, si fuese necesario, recurrir al mismo Tribunal Constitucional. El artículo 50, como otros referentes a derechos sociales, no es más que un brindis a la galería mediática.

Porque aquí los únicos jubilados que tienen garantizada la máxima pensión con la mínima cotización, a la que hoy ni un solo diputado renuncia para sumarse al Régimen General como se sumó en la anterior legislatura Cayo Lara, son precisamente los que estos días se ven obligados  a tener que responder a la exigencia social sobre la subida de las actuales pensiones misérrimas, que perciben la inmensa mayoría de los jubilados. Su  muy grave contradicción política es cómo satisfacer esta amplia demanda social, derivada del artículo 50 de la Constitución, con aquella reforma de dicho  artículo 135, perpetrada con nocturnidad y alevosía, que establece como obligación prioritaria el pago de la deuda a la señora Merkel y el señor Macron. Es por ello que los que trabajan desde el gobierno o la oposición para privatizar las pensiones, insistan en la imposibilidad de subirlas.

Su problema es que tanto el PP como el PSOE viven electoralmente de los jubilados.  Solo desde la ceguera del españolismo más cutre, tan presente en la tropa de Rajoy como la de Sánchez, cabe entender que la ministra Fátima Bañez haya podido pensar que agitando la rojigualda iba a lograr el trágala del aumento de un 0,25% de las pensiones. No digamos de la idiotez tecnocrática del gobernador del Banco de España, Luis Linde, hablando sobre las viviendas de los jubilados. Carrusel de despropósitos que culmina con un PSOE que intenta apoderarse de la pancarta de los jubilados sin la más mínima autocrítica, tanto por haber congelado las pensiones como por haber retrasado dos años la edad de jubilación bajo el gobierno de Zapatero. Una vez más, en esta batalla sobre la manipulación de los viejos, el PSOE le sirve en bandeja al PP  el próximo debate parlamentario.

Esta rebelión de los viejos pone en aprietos a Ciudadanos, que subía como la espuma, a la vez que sorprende a un Podemos que no había previsto en su tan cantada agenda social, aireada a lo largo del último trimestre, la movilización de los viejos indignados. Probablemente, el desconcierto de ambas fuerzas tenga bastante que ver con su muy escasa incidencia electoral, sobre todo los morados, en el segmento de la población de mayor de edad. Es bien evidente el deseo de Albert Rivera de ponerse de perfil, pese a que en su estrategia de cerco político a la Moncloa le vendría como anillo al dedo la movilización de los jubilados, al erosionar electoralmente al PP. Pero su  inequívoco ADN, tan conectado con los fondos privados de pensiones, le impide morder a Rajoy en este terreno y en este momento.

El lastre de Zapatero en el PSOE junto con las amistades financieras de Rivera en Ciudadanos, van a ser un handicap para ambos partidos en la próxima comparecencia del presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados, el próximo día 14 de marzo, sobre la reivindicación de los pensionistas. La Moncloa no va a dudar, ni un segundo, en el tú más para intentar convencer al núcleo esencial de su electorado, hoy en la calle contra el gobierno del PP, de que no hay alternativa a su política económica. Tan claro como que las movilizaciones de los jubilados son ajenas a  todas las fuerzas políticas o sindicales de la izquierda, es que Mariano Rajoy intentará que sean un bumerán contra la izquierda. No hay mayor amenaza para el Partido Popular, hoy por hoy, que esta rebelión de los viejos le haga un roto en ese colchón electoral del que siempre goza todo gobierno por el mero hecho de pagar las pensiones.

 

 

 

[12] El descontento gana las elecciones en Italia

Por MANUEL TORI

Artículo publicado el 5 de marzo de 2018 en:

 

El Movimiento 5 Estrellas y la Liga apartan a los partidos tradicionales abriendo paso a la política postideológica en Italia.

 

El candidato del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio. – EFE
 

La nueva política se impone definitivamente al establishment y se consolida como la gran ganadora de las elecciones generales en Italia. El Movimiento 5 Estrellas (M5E) de Luigi Di Maio y la Liga de Matteo Salvini desplazan, respectivamente, al Partido Democrático (PD) de Matteo Renzi y a Forza Italia (FI) del magnate Silvio Berlusconi. Dos líderes sin pasado de Gobierno han conseguido quemar a dos ex primeros ministros. No obstante, ninguno de los cuatro partidos principales, por el momento, tiene posibilidades aritméticas inmediatas ni de formar una mayoría parlamentaria, ni de crear un Gobierno. Así pues, desde esta madrugada, en Italia se sospecha ya la posibilidad de algún inciucio que, en dialecto romano, hace referencia a los acuerdos discretos que algunas formaciones harán para vender su alma (política, por el momento) con tal de conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para no volver a las elecciones en menos de un año. El ganador individual es el Movimiento 5 Estrellas, el ganador colectivo es la coalición de derecha y el PD es el único gran perdedor.

Matteo Salvini, secretario federal de la Liga. – EFE

En unas elecciones con una afluencia estable, en torno al 73%, el ganador absoluto –y a la vez relativo– ha sido el Movimiento 5 Estrellas, la formación política fundada por el cómico Beppe Grillo y regentada por el joven Luigi Di Maio, que ha conseguido el 32,2% de los votos, un 7% más que en las pasadas elecciones. Le sigue muy por detrás un Partido Democrático en caída libre, con un 18,9% de los consensos, un 10% menos respecto al 2013 y un 20% menos en comparación a las últimas europeas de 2014. En tercer lugar, pero en el primero de su coalición, se encuentra la Liga, antes Liga Norte, que alcanza el 17,7% de los apoyos, superando así a su aliado Forza Italia (FI), creado hace más de 20 años por un Silvio Berlusconi hoy en declive político. En los comicios de ayer FI ha logrado aunar tan sólo el 14% de los votos, la mitad que hace 5 años. La nueva Ley Electoral italiana, conocida como Rosatellum Bis, premia a las coaliciones que logran el 40% de los votos, de modo que los resultados grupales quedarían así: derecha, 37,25% de los votos; Movimiento 5 Estrellas, 32,36%; e izquierda, 22,94%. Nadie es el ganador definitivo. Por zonas geográficas, la derecha ha triunfado en el norte y en el centro del país, el Movimiento 5 Estrellas en el Sur y la izquierda ha diezmado su presencia en Emilia Romaña, la región de Bolonia históricamente “roja”.
 
El Movimiento 5 Estrellas ha sido felicitado por todos por su victoria, pero no tiene posibilidades de gobernar si no decide aliarse con nadie. De hecho, aun con una nueva Ley Electoral que promueve las coaliciones, los grillinos corrieron en solitario. La única posibilidad que tienen de gobernar es hacer acuerdos con el PD o con la Liga. Con el primero es difícil dado su recurrente discurso anti establishment, no obstante planteamientos comunes en materia de regeneración política. Con el segundo, más afín en términos de control migratorio, podría haber una suerte de colaboración euroescéptica para hacer frente a la Alemania de Merkel. Pero la Liga de Salvini se ve demasiado victoriosa y cómoda, lógicamente, en su propio bando, tras haber cuadruplicado su resultado en cinco años. El M5E se encuentra en la encrucijada, dado que quedará como una incógnita el sentido y la funcionalidad de un partido que no estará dispuesto a pactar nunca, convirtiéndose, a largo plazo, y no obstante la victoria, en un gran partido recogedor de voto inútil.
 
Un activista con una careta de Silvio Berlusconi. – REUTERS

La derecha, según las nuevas reglas electorales, tiene la prioridad a la hora de intentar formar un Gobierno, siempre que así lo quiera el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella. El problema, un clásico en Italia, es que no tiene los números para hacerlo. ¿Por qué la Liga es entonces la gran ganadora? Porque en esta coalición ganadora, el magnate y ex primer ministro Silvio Berlusconi se presentaba, según sus palabras, como el gran “garante” de la estabilidad italiana y el “moderado” de referencia ante los ojos de la Unión Europea. Mientras tanto, en campaña electoral seguía tratando a Matteo Salvini como el gran y eterno segundón, para el cual ya tenía previsto incluso un puesto como “ministro del Interior”, en palabras del propio Berlusconi. Todo ello, mientras el líder leguista defendía su ascenso al Palazzo Chigi con los carteles “Salvini Premier”, cuyo diseño y tipografía se inspiran directamente en el “Make America Great Again” de la campaña presidencial del Donald Trump. Sin embargo, el resultado ha dejado completamente fuera de juego a Silvio Berlusconi. Así pues, de haber un futuro Gobierno de coalición de centro-derecha, dada la posición de dominio de la Liga Norte sobre Forza Italia, Matteo Salvini, tal como defendía en su eslogan, podría perfilarse como el primer ministro de un país fundador de la Unión Europea.
 
El líder del PD, Matteo Renzi. – REUTERS

De ser el partido socialista más prometedor de Europa, a ser uno de los últimos. La foto de esta mañana de la sede del PD, cerca de la Fontana de Trevi en Roma, era deprimente. La gran derrota de estas elecciones, indudablemente. Un resultado provocado, en esencia, por el personalismo de Matteo Renzi en el seno de su Partido Democrático (PD) desarrollado en los últimos 4 años. Los socialistas italianos, al contrario de los españoles, no tienen una historia hegemónica y el carácter de Renzi, en la calle, se suele definir, en tono jocoso, como un “Berlusconi” de una “falsa izquierda”. La realidad, por otro lado, es que Renzi no sabe perder. De hecho, en esta campaña electoral resultó inexplicable por qué Renzi no se presentó él mismo, líder de su partido, como candidato en las elecciones. Sin embargo, previendo una gran derrota, ha propuesto como futuro premier al presidente del Gobierno saliente, Paolo Gentiloni. Si el PD ganaba, era por Renzi. Si perdía, no. Su unilateralismo incondicional ha provocado incluso el desangramiento del propio PD, cuyos fugitivos han fundado el partido Libres e Iguales que ayer logró un 3% de los votos. Así pues, ya no sólo el PD, sino toda la izquierda necesita reflexionar. Las buenas intenciones reformistas de Matteo Renzi, de haber sido más inclusivas en los tonos y en las formas, podría haber evitado el declive de una de las izquierdas más importantes de la Unión Europea. Hoy solamente puede rascar na coalición con el Movimiento 5 Estrellas.

Italia se juega mucho más que un futuro Gobierno, ese siempre se logrará. Se juega su futuro como “estabilizador” o “agitador” de la Unión Europea. En plena era de la globalización, un 50% de los italianos ha votado ya en términos postideológicos. Es decir, hablar de izquierda o derecha deja ya de tener sentido. Mientras el PD y Berlusconi se hunden, el Movimiento 5 Estrellas recoge el descontento de un tercio de los italianos y la Liga le ha arrebatado el discurso social a la izquierda. Italia, como de costumbre, se muestra de nuevo como laboratorio político del Viejo Continente. Y fraccionar se consolida, nuevamente, como herramienta de victoria. Ya se decía en la Antigua Roma: Divide et impera. Visto desde Roma, dos mil años no son nada.

 

 

[13] Cuadro de honor del saqueo (incompleto y desgraciadamente provisional)

Por LUCIANO G. EGIDO

Artículo publicado el 28 de feberero de 2018 en:

 

Lista alfabética de casos y personas implicadas en casos de mal gobierno desde 1977 en España, elaborada y comentada por el escritor y periodista Luciano Egido

 
 
 
El escritor y periodista Luciano G. Egido (Salamanca, 1928) acaba de publicar el libro Cultivando mi jardín, subtitulado ‘Memento, momento, divertimento’, y calificado como Cocktail-Silogismo (Visor Libros). Este nuevo ensayo del indignado colaborador de CTXT contiene un capítulo extraordinario, en el que Egido ha recopilado y ordenado casi 300 casos y personas implicadas en asuntos de corrupción desde la Transición hasta ahora. Reproducimos íntegra la lista, con sus comentarios e interpretaciones, a la vez que celebramos su coraje ciudadano y su juventud de espíritu, ahora que el viejo Copérnico está cerca de cumplir 90 años. 

***

Abascal, Santiago, dirigente del PP en Álava, incluido en los “Papeles de Bárcenas”, como perceptor de 12.000 euros, en metálico, en 1999.

Acebes, Ángel, secretario general del PP y ministro de Aznar, investigado por el juez Ruz, por un presunto delito de apropiación indebida de fondos en negro del PP.

Acuamed Nacional, PP. Presunta adjudicación fraudulenta de contratos de obras públicas hidraúlicas. 2007-2014. 48 investigados, entre ellos Arcadio Mateo del Puerto, Carlos Anibarro, Juan García Cuenca, Francisco José López Berrocal, Jaime de Miguel, Nicolás Steegmann, Raúl Zeid, Jaime García y Enriqueta Arconada, junto a  algunos altos cargos de la Administración General del Estado, como Federico Ramón de Armas, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Citado, Miguel Ángel Cañete, Ministro de Agricultura.

Adigsa, 2013, Convergencia Democrática de Cataluña.

Alcalá de Guadaira, 1993, condenados el Alcalde y tres Concejales por prevaricación, derroche de dinero público en viajes privados y residencias de verano y venalidad.

Alcántara, Vicente de, alcalde socialista de Badajoz, 1987, condenado por malversación de caudales públicos.

Aliste Martín, J., PP, condenado por apropiarse de 600 millones de pts. del Banco Exterior de España.

Alonso, Caso Luciano, 2016, PSOE de Andalucía. Empleos para hijos de Alcaldes del PSOE.

Álvarez, Aida, PSOE, imputada por tráfico de influencias con empresas de la construcción.

Andratx, Caso, PP, Baleares. Quince condenados por irregularidades urbanísticas, entre ellos Eugenio Hidalgo, Alcalde, y Jaume Massot, Jefe de Urbanismo.

Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid, Adjudicación de contratas a dedo, por agentes relacionados con el PSOE.

Aparicio Martín, A., alcalde de Boadilla del Monte, PP, imputado por irregularidades urbanísticas, 1987.

Arcos, Caso, PSOE. Corrupción urbanística, Málaga, 51 personas procesadas, entre ellas  J.M.Martín Alba, Alcalde socialista de Alcaucín.2009.

“Arco Iris”, Operación, 1984, concesión de emisiones en F.M. a dedo, a gentes del PSOE.

Ardelca, Sociedad de Gregorio Aranda, Francisco Carrera y Manuel del Valle, 1982, Negocios urbanísticos con el PSOE, en San Pedro de Alcántara. Málaga, con beneficio de 497 millones de pts

Arena, Caso, PP de Galicia..

Arjona, José A., alcalde de Villanueva del Trabuco, PSOE, condenado prevaricación y malversación de fondos públicos.

Arona, Caso, 2011. Coalición Canaria.  Imputado el Alcalde de Arona, por prevaricación.

Arroyo de la Encomienda, Valladolid, 2013, PP, Castilla y León. José M. Mindo, principal condenado, por irregularidades urbanísticas.

Astapa, Caso, 2013, PSOE Andalucía. Seis imputados  por falsedad de documento y y blanqueo de dinero.

Atarfe, Caso, 2011, PSOE. Imputado el Alcalde de Atarfe, por irregularidades urbanísticas.

Atlético, Caso, 2009, Grupo Independiente Liberal. Multa de 96 millones de euros a Jesús Gil, en concepto de responsabilidad, por estafa de dinero público.

AVE. PSOE, tráfico de influencias y aumento de gasto sobre Presupuesto, de 262.000 millones  se pasó a 473.000. Adjudicaciones a dedo. Imputados 22 altos cargos de MOP. RENFE  y Siemens.

Aymerich y Espelosín, 1981, concejales socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, comisiones por contratos de limpieza.

Aznar, J.Mª., ha permitido diversas operaciones de corrupción, como su apoyo al concejal Palop, de Valencia, para conseguir dinero para el PP; igualmente apoyó al alcalde de Burgos, José Mª Peña, imputado en varias irregularidades urbanísticas.

Balaguer, Francisco, Director de la Casa de la Moneda, condenado por cohecho pasivo impropio y fraude, junto a Guillermo Luis Piera, Ángel Salvador y otros, que se concertaron para cobrar comisiones de la Empresa de Servicios y Proveedores. 1984-85.

Baltar, Caso, PP. Galicia. Imputado J.M.Baltar Blanco, Presidente del PP y de la Diputación de Orense, por cohecho, tráfico de influencias y acoso sexual. 2015.

Banca Catalana, relacionada con el Gobern y con Jordi Pujol, acusada de irregularidades financieras: operaciones especulativas, créditos ficticios, sin aval, recibos ficticios, compra de Consejeros. Además, apropiación indebida, falsedad en documentos, manipulación de precios.

Banca Garriga-Nogués, 1985, Consejero Delegado, Javier de la Rosa: nombramiento de políticos, como asesores, intermediarios a comisión, captación de fondos, a precios excesivos, créditos sin avales.

Banco del Descuento, Diversas anomalías financieras y contables, por los años 80,  con implicación de Diego Prado y Colón de Carvajal y otros.

Banco Europeo de Finanzas, Presidente Francisco Peiro, PSOE, acusado de estafa. 

Banco de Levante, de la familia Garrigues-Walker, anomalías bancarias, 1983, acusación fiscal por estafa y falsificación de documento mercantiles.

Banco de los Pirineos, 1981, presidente, Higinio Torras Hostench. Quiebra fraudulenta.

Banco Santander, financiación del PSOE con créditos a bajo precio; además, estafa, falsedad de documentos mercantiles y fraude. 

Bank of Credit and Commerce, 1991, fraude masivo y blanqueo de fondos del narcotráfico.

Bankia, 2013, PP. Madrid. Imputados principales Miguel Blesa y Rodrigo Rato por irregularidades financieras y bursátiles, y las tarjetas black, de uso indiscriminado. Otros imputados, casi todos del PP, entre directivos y consejeros,: Enrique de la Torre, José Antonio Moral Santín (IU), Matías Amat, Gerardo Díaz Ferrán, Pablo Abejas, Ildefonso Sánchez Barcoj, Rafael Lozano Tormo, Ramón Ferraz Recarte, Rafael Spotorno, Mari Carmen Contreras, Carlos Vela, Elena Gil, José Luis Quejo del Pozo, Estanislao Ponza, José Mª Norniella, Ricardo Romero de Tejada, Hernando Serrano, Nieves Alarcón, Carmen Cafranga, Antonio Cámara, Cándido Cerón, Miguel Ángel Araujo, Alberto Recarte, Juan Gómez Castañeda (IU), Pedro Bedía, María José Paredes, Francisco Baquero, Antonio Rey de Viñas, Juan José Azcona y, Rodolfo Benito (Todos de CC.OO), Antonio Romero, Ramón Espinar, Juan Luis Escanilla Galindo(Del PSOE-UGT), e Ignacio Navasqués Cobián (Del Real Madrid).   .

Barberá, Rita, PP, alcaldesa de Valencia, implicada en la “Operación Taula”, investigada por blanqueo de capitales, junto a otras cincuenta personas. 2016.

Bárcenas, Caso, 2012, Tesorero del PP, financiación ilegal del PP, mediante aportaciones particulares interesadas en recibir concesiones, con la impune destrucción de pruebas de la caja B de contabilidad, en los ordenadores de la sede del PP en la calle Génova. Está acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, en concurso con el de estafa procesal y cohecho. “Pagó sobresueldos en negro, durante años, a parte de la cúpula del PP”.

Berzosa, Caso, 2012, Comunidad de Madrid. Anomalías en la contabilidad de la U. Complutense.

BFP. 1992, empresa de Gestión y Asesoramiento Financiero, fundada por Joan Basols, Salvador Forcadell y Jordi Planasdemunt, imputada por estafa, falsedad de documento mercantil, mediante pagarés falsos, a empresas, como Repsol, Cepsa o Telefónica, por un valor de 4.000 millones de pts.

Biblioteca, Caso, PP, 2013, Murcia. Ayuntamiento de Caravaca. Imputados, el Alcalde y un empresario.

Bitel, Caso, 2008, PP, Baleares. Imputado el gerente de Bitel, por malversación de 700,000 euros.  

Blasco, Rafael, Conseller de Obras Públicas de la Comunidad de Valencia, imputado por prevaricación y cohecho.

Blasco de Garay, 64, empresa de Carlos y Manuel García Pardo y J.A. Aguirre, imputados por irregularidades financieras en relación con la construcción.

Boadilla del Monte, Madrid, el alcalde del PP, Aquiles Aparicio Martín, hizo grandes negocios con recalificaciones de terrenos urbanizables, imputado en 1987 por irregularidades urbanísticas..

Boletos, Juego de, Galicia, imputado José Luis Barrero, presidente de la Xunta, que adjudicó la administración de loterías, acusado de cohecho y prevaricación.

Bomsai, Caso, PP, 2011, Baleares. Subvenciones irregulares.

Bon Sosec, Caso, PP, 1996, Baleares. “La Banca perdona deudas por 700 millones de pts. a una empresa del Alcalde de Palma de Mallorca”.

Bores, Jesús, empresario socialista, beneficiario de unas recalificaciones de terrenos en Almonte, con una ganancia de 700 millones de pts.

Boyer, Miguel, ministro de Hacienda, con el PSOE, implicado en diversas intrigas político-económicas, en la frontera de la ilegalidad..

Botín, Emilio, banquero, imputado, 1992, por un presunto delito de fraude fiscal contra la Hacienda Pública, acusado de “realizar 47.274 operaciones de cesión de créditos, por más de 435.000 millones de pts., para captar dinero negro, evitando el pago de las rentas aplicables al capital”.

Brugal, implicados diversos cargos públicos del PP, de Alicante. Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, con dos imputaciones, una por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, que beneficiaron a un constructor, y, en el caso Brugal, por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana. Luis Díaz Alperi, alcalde alicantino, imputado por varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos y además ha sido procesado por tres delitos fiscales. José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación alicantina, imputado por supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y revelación de secretos.

Brunner, Guido, embajador alemán (Socialdemocracia) en Madrid, intervino en la compra de SEAT, en ruina, por la Volkswagen, 1982, y también en el contrato del AVE con Siemens, con presuntas comisiones millonarias, en ambos casos.

Caballo de Troya, Caso, PP de Galicia, 2013. “La operación Caballo de Troya se salda con más de 400 inmuebles bloqueados”.  

Cacerolo, Caso, 1992, imputado Vicente Albero, ministro de Agricultura, PSOE, por comisiones ilegales de constructoras.

Caja Navarra, Caso, 2013, Unión del Pueblo Navarro. Imputados el alcalde de Pmploa, el Presidente Miguel Sanz y el Consejero Miranda, por las dietas de Caja Navarra,

Calviá, Caso, en Mallorca, PP, intento de soborno de M. Deya  y G. Guinard, PP, a José Miguel de Campo, concejal independiente, con implicación de Gabriel Cañellas, Presidente de la Comunidad Autónoma y del PP de Baleares.

CAM, Caso, PP, 2011, Comunidad Valenciana. Inculpado Francisco Camps por indemnizaciones millonarias  a directivos de la CAM.

Camps, Francisco,  PP. Caso de los trajes, en el que también fueron inculpados Rafael Betoret Parreño, exjefe  del gabinete de Turismo de la Comunidad Valenciana y Víctor Campos Guinot, exvicepresidente de la Generalitat Valenciana.

Campeón, Caso, 2012, Bloque Nacionalista Galego, con una derivación catalana, de un hijo de Jordi Pujol. Imputados Diputados del BNG, por subvenciones irregulares y comisiones de empresas. Salpicó al ministro Blanco, del PSOE.

Can Domengue, Caso, 2011, Unión Mallorquina. Imputados Munar, Vicens, Nadal y Flaquer, por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial, en la enajenación de terrenos públicos.

Carreteras y Autovías, Plan  Nacional de. 1986. Para las Autovías se habían presupuestado 800.000 millones de pts., se gastaron 4 billones.

Caric, Caso, Comisión de Ayuda para la Reconstrucción Industrial de Cataluña, 1980 y ss, Generalitat de Cataluña, concesión de avales y préstamos a personas afines, como Maciá Alavedra, Joan Vallvé,  Antoni  Subirá, Lluis Peñafeta y Enrique Ganell Alsina.

Carioca, Caso, PP de Galicia. Trama de prostitución y corrupción en Lugo. Imputado el Subdelegado del Gobierno en Lugo y miembros de la Guardia Civil.

Caro, Salvador, PSOE, Alcalde de Lora del Río, Sevilla, multado con 54.700.000 de pts. por firmar peonadas falsas a 547 trabajadores.

Casa Grande Murcia. Carlos Collado, Presidente de la Comunidad, acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos en la compraventa de terrenos en Cartagena, en beneficio de una constructora.

Casino de los Naranjos, en Sevilla, PSOE, 1989, enfrentamiento para su construcción entre Ramón Prado y Colón de Carvajal y Manuel Domínguez, ambos bien relacionados con La Zarzuela, que finalmente entre comisiones y regalos ganó Manuel Domínguez.

Casinos y Loterías de Cataluña, 1989, que gestiona los tres Casinos de la Comunidad. El grupo se constituyó con un crédito de la Banca Garriga-Noguer, de Javier de la Rosa, En la concesión quedó  implicada Convergencia Democrática, de Jordi Pujol, por financiación irregular y reparto de dinero, 2.000 millones.

CCM PSOE, 2010, Castilla-La Mancha. El Gobierno socialista de la Comunidad rechaza   investigar las cuentas de la CCM. Imputado Juan Pedro Hernández Moltó, Presidente de la Caja, por créditos irregulares, mala contabilidad y otros errores de gestión en la CCM, como un viaje pagado a Barreda y su mujer de vacaciones a Perú.        

Can Domengue,Caso, 2011, Unió Mallorquina, Baleares. Imputados Munar, Vicens, Nadal y Flaquer.

Cementerio, Caso, PP de Madrid.

Ciudad del Golf, PP, Castilla y León, 2012, corrupción urbanística en Navas de Marqués. Imputados Gerardo Pérez, Alcalde y Félix San Segundo, Delegado Territorial de la Junta y otros. Pero absueltos del delito de construir viviendas de lujo y un campo de golf en terrenos protegidos. 

Clotilde, Caso, 2013, Convergencia Democrática de Cataluña. Imputado el Alcalde de Lloret de Mar, Xavier Creso, por red de blanqueo de capitales de las mafias rusas.

Collado, Carlos, Presidente de la Comunidad de Murcia, PSOE, colocó a numerosos miembros de su familia en la administración autonómica.

Concha, Manuel de la, síndico de la Bolsa de Madrid, compró acciones del Banco Hispano, días antes de su fusión con el Banco Central, por información privilegiada, con lo que ganó la subida de valer 3131 a 3450 pts. Fundó el Banco Ibercorp, que acabó en quiebra.

Conde, Mario, banquero, imputado por diversos escándalos financieros, que le llevaron a la cárcel, en diciembre de 1994, acusado de estafa, de 7.000 millones de pts., en  Banesto. Pactó con el Gobierno su salida, para solucionar sus problemas fiscales y financieros. En el 95, volvió a entrar en prisión. Es el mayor caso de corrupción, junto al de Javier de la Rosa, en las empresas por las que pasó, Antibióticos, Banca Morgan, Totta y Azores, la Unión y el Fénix, Dorna u Oasis, y sobre todo Banesto, y los personajes, públicos y privados, relacionados con sus actividades delictivas, como Rubio, Rojo, Guerra, Solchaga, Villapalos, el Rey, y Abelló, Bellido, Garro, Lasarte, Mendoza, Polanco, y sus habituales medios de  chantaje y soborno, con la colaboración de una amplia red de complicidades y ayudas, que le permitió montar su extensa gama de corrupción financiera. 

Conde Roa, Gerardo, Caso, PP de Galicia. Imputado el Alcalde de Santiago por defraudar a Hacienda, no pagando  el IVA de 61 viviendas.

Cooperación Comunidad Valenciana. 2010, PP. Imputado Augusto César Tauroni, jefe de la trama, siendo Francisco Camps, Presidente de la Generalitat., por desvío de dinero, por conexiones con la Consellería del Tercer Mundo, del PP, exconseller de siete carteras de la Generalitat Valenciana, condenado a ocho años de cárcel y veinte años de inhabilitación, por apropiación indebida. Marc Llinares, exjefe del área de Cooperación, condenado a cuatro años de cárcel, por colaboración en los  delitos.

Costa, Ricardo, exsecretario general del PP de la Comunidad valenciana, imputado por un delito electoral y por financiación irregular del partido.

Cudillero, Caso, 2013, PSOE de Asturias. 2013. Imputados dos ex Alcaldes de Cudillero; Francisco González y Gabriel López, por prevaricación administrativa..

Cuéllar Cruz, Caso Gustavo, 2015, PSOE de Andalucía. Concesiones a dedo en Moguer. 

Cupiman, 1995, en Jerez de la Frontera, empresa contratada por Abel Matutes, subvencinada por la Junta de Andalucía y por la Comunidad Europea, con 500 millones de pts.

Divar, Carlos, Caso, 2012, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, imputado por malversación de caudales púbicos; dimitió creyendo ser víctima de una campaña política.

Dolores Reyes, Caso, 2000-2004, PSOE de Andalucía. Condenada la Alcaldesa de Chipiona a seis años de inhabilitación, por 345 contratos falsos de trabajo y prevaricación.

Egüés, Caso, 2004-2012, Unión del Pueblo Navarro. Imputado el Alcalde de Egüés, Josetxo Andía, que dimitió,  por prevaricación administrativa, malversación, falsificación de documentos y cohecho .

Emarsa, Caso, 2011, PP Comunidad Valenciana. Dimisión de Enrique Crespo, por el escándalo del Caso. Otros once acusados de fraude y saqueo, de las obras de una Depuradora. Juicio 2017.

Emperador, Caso, 2012-2013, PSOE. Imputado José Borrás, Concejal de Fuenlabrada, que dimitió, y el empresario chino Gao Ping, acusados de lavado de dinero, malversación y fraude. Imputadas también tres lejanas familiares del rey Juan Carlos.

Empresarios PSOE y PP. Según el prof. A. Nieto, los empresarios que se han beneficiado, por su proximidad al PSOE son Enrique Sarasola, Enrique Ballester, Aida Álvarez, Carlos García Prado, Florencio Ornia, Sotero Jiménez. Los próximos al PP, con semejantes beneficios son: Luis García Cereceda, Petra Mateos, Abel Matutes, José Martín Crespo, etc.

Epsilon, Caso, 2011. PNV. Empresa para crear una escudería de Fórmula1, subvencionada por el gobierno, que fue llevada a la quiebra por el empresario Joan Villadelprat, con pérdida de 48 millones,

ERE, Andalucía, imputados Chaves y Griñán, PSOE, por autorizar peonadas falsas, para recibir subsidio de desempleo. El fraude alcanzó en Granada los 300 millones de pts., en Sevilla 700 y en Almería 20.

Ertzantza, oposiciones a la, a favor de los simpatizantes del PNV.

Escudero, Miguel, PSOE, cerebro de una red de fraude del IVA, mediante la compra de facturas falsas, con lo que ocultaron 105.000 millones de pts., que representaron 40.000 millones de ganancia.

Espelosín, Jesús, concejal de urbanismo, en el Ayuntamiento de Madrid, del PSOE, implicado en el caso Puerta y, junto a Aymerich, cobrando comisiones en los contratos del servicio de limpieza, 1981.

Estévil, Luis Pascual, Juez, CiU, imputado por prevaricación, cohecho y alzamiento de bienes, en Terrasa, Barcelona, 1990-1994.

ETRA, empresa de Señalización, presuntamente pagó comisiones, para conseguir contratos, en el caso Naseiro.

EXPO-92, PSOE, oportunidad de múltiples corrupciones. Se sospechan irregularidades, pero no hay sentencias judiciales. Servicios contratados a dedo. De 230 contratos, sólo uno fue adjudicado mediante Concurso. En el 1990 la partida de “servicios exteriores” alcanzó los 8.633 millones de pts., 4.105 millones más que en el ejercicio anterior. Se sospecha que hubo sobornos, coacciones, cobro de comisiones, fraudes, contratos a dedo.. Se conocen algunos favoritismos, como el contrato de una empresa de Seguridad, de un hermano de Felipe González.

Fabra, Carlos, Caso, 2013, Presidente del PP de Castellón y de la Diputación Provincial, eludió durante años la acción de la justicia, hasta que fue condenado a 4 años de cárcel, por tráfico de influencias, cohecho y delitos fiscales, Su  mujer, María Amparo Fernández, también fue condenada a 2 años de cárcel, por dos delitos de lo mismo.

Fabriquilla, Caso La, Roquetas del Mar. Imputado el Ayuntamiento del PP por la concesión de una licencia a Hortiagrícola, para la construcción de viviendas de lujo. 2007.

Facturas, Caso, 2009,  PSOE del País Valenciano. Trama de veinte empresario, que defraudaron 6,3 millones de euros en facturas falsas, en el parque “Terra mítica”. Se archivó la causa contra el Alcalde de Elche, por errores de facturación, que el Supremo después  reabrió.

Faycán, Caso, PP, Canarias. Condenados, en 2007, treinta cargos del PP, entre empleados, empresarios y políticos, en el Ayuntamiento de Telde, por corrupción urbanística, malversación de caudales, prevaricación y falsedad documental. 

Feo, Julio, PSOE, político y empresario de la imagen y las relaciones públicas, al servicio de su partido. En 1983, “contrató una carísima campaña de imagen para Felipe González”, con motivo de su viaje a Norteamérica.

Fernández, Arturo, PP, empresario, implicado en el caso Gürtel, en las Tarjetas blacks de Caja Madrid y en un largo etcétera de casos de corrupción; recibió favores, contratos a dedo, de Cristina Cifuentes, futura Presidenta de la Comunidad de Mdrid. Amigo del pequeño caradura Nicolás y de su historia picaresca y también amigo del Rey Juan Carlos, que podría cuidar más sus amistades-

Fernández Campano, Rafael, PSOE, del Servicio Andaluz de Salud, exigía, junto a José Pardo García, dinero a los empresarios de ambulancias, para concederles los servicios de  los hospitales

Fernández Valenzuela, Antonio, PSOE, Presidente de la Diputación de Alicante, condenado por contratar a una empresa de artes gráficas de su propiedad.

Fernández, Juan, PSOE, Alcalde de Pinos Puente, Granada, acusado de contratos falsos de trabajo para cobrar el ERE.

Feval, Caso, 2013, PSOE de Exiremadura.

FILESA-Time Expert, 1988-1990, financiación ilegal del PSOE, cobraron importantes cantidades a empresas y bancos, por unos asesoramientos que nunca realizaron. Falsedad de documentos, fraude fiscal, pago de comisiones. Los responsables del PSOE fueron Carlos Navarro, Luis Oliveró, J.M. Sala, Alberto Flores y Aida Álvarez.

Flick, Caso, Contra la afirmación de Felipe González, la Fiscalía alemana informó que la Fundación Ebert, de la Socialdemocracia alemana, financió al PSOE 1.con 400 millones de pts.  

Forcem. Implicados  UGT, CCOO, CEOE, CIG y CEPYME, por desvío de fondos para Formación Desempleados, de 17 millones de euros, 2001, que afecta a las Comunidades de Madrid, Andalucía, Cataluña, Navarra y Galicia.

Fraga, Manuel, implicado en el Caso Naseiro.

Fundación, Caso, 2013, Unión Democrática de Cataluña.

Funeraria, Caso, PP, Baleares. Imputado Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por corrupción en la gestión de la empresa de la Funeraria Municipal, 2009, implicados la Concejala del PP, Marina Sans y el Gerente de la Funeraria, Oscar Collado. Se facturaban a la Funeraria los gastos de viajes de familiares.  

Galerías Preciados fue expropiada a RUMASA por 22.000 millones de pts. y saneada con otros 35.000 millones por el Gobierno, que se las vendió a Gustavo Cisneros por 750 millones, que tres años después se la vendió al Grupo Mountleigh por 30.500 millones.

García, Yolanda, tesorera del PP valenciano, imputada por la supuesta financiación  irregular del partido en Valencia.

García Gimeno, PP, director del Canal 9, de la televisión valenciana, investigado por la presunta contratación irregular de la televisión autonómica, con motivo de la visita del Papa a Valencia.

García Moreno, Caso Manuel, 2010, PSOE de Andalucía. Imputado el Alcalde de Chipiona por cobrar subvenciones por un evento, que no se celebró, acusado de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad de documentos.

Gil, Jesús, encarcelado por el escándalo urbanístico de Los Ángeles de San Rafael  y  además, entre otros delitos, en la Costa Blanca de Málaga, en 1996, entregó un cheque al PSOE para recalificación de terrenos en Marbella.

González, Ignacio, PP, Presidente de la Comunidad de Madrid, segundo de Esperanza Aguirre, encarcelado, en 2017, por presunto desvío de millones de euros, durante su período de responsable del Canal de Isabel II, hacia paraísos fiscales e inversiones en Hispano América.

González, Pablo, PP, hermano del anterior y compañero en la ilegalidad.  Encarcelado también por presuntos delitos financieros y tráfico de influencias.

Gordó, Germá, exconseller de la Generalitat, 2012-2016,  al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa por el Caso 3 %, por indicios de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y otros delitos.

Granados, Francisco, PP, colaborador directo de Esperanza Aguirre, encarcelado, 2016, por presuntos escándalos urbanísticos  en la provincia de Madrid, relacionado con la trama Púnica.

Guerra, Juan, PSOE, 1990. hermano de Alfonso Guerra,  vicepresidente del Gobierno, que de la nada se enriqueció, desde el despacho que indebidamente ocupaba en la Delegación del Gobierno en Sevilla, traficando con influencias y cobrando comisiones y dietas millonarias del PSOE, a través de irregularidades administrativas, negocios sucios, con prevaricación, cohecho, usurpación de funciones, operaciones urbanísticas, malversación de fondos y falsedades y fraudes fiscales, creando una complicada trama de colaboradores, asesores, esbirros, delincuentes, narcotraficantes y políticos, con ayuda de sus dos amigos, Francisco Javier López y Juan J. Arenas Casas. Algunos ejemplos: inversiones en  Construcción Modular Andaluza, 1986; Bernardo y Manuel Contreras, empresarios; Corral de la Parra, 1987, empresa de Juan Guerra, promoción, construcción y venta de inmuebles; Cosmosat, Nagusa, Cimpa, Elecpor, Fracosur; Costa Doñana, 1987, Darom SA. Cometió diversas irregularidades urbanísticas, interviniendo en numerosas recalificaciones de terrenos, que favorecieron a gentes del PSOE,  y fue expedientado por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, por violar las leyes comunitarias. Medió para la concesión de un crédito de 30 millones de pts. a la empresa Minerales del Sur SA..  Concesión del PSOE de una Subvención de 145 millones de pts. a una Constructora de la que formaba parte Juan Guerra. Propietario de cinco pisos en Sevilla y cuatro locales comerciales, además de siete fincas rurales: Las Brujas, en el término municipal de Espartinas, Sevilla, La Carrascosa, La Zamarrosa, La Chimenea, Rancho Reina, La Alegría y Finca de Hinojos. Ambigua actuación del CGPJ.

Grandas de Salime, Caso, PSOE; Asturias. En la recogida de la patata, en la cooperativa de Grandas, sólo se utilizó la maquinaria de un hombre del PSOE. 

Gürtel, Trama. PP.  Imputado Francisco Correa y otros. Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de dinero y falsedad documental. José Galeote, concejal del PP de Boadilla del Monte, Madrid, acusado de los mismos delitos del anterior. Alfonso Bosch Tejedor, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, de Boadilla del Monte, Madrid, acusado de los mismos delitos del anterior. Jesús Merino Delgado, diputado del PP de la Asamblea de Madrid, acusado de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero. Ginés López, alcalde de Arganda del Rey, del PP, imputado. Jesús Sepúlveda, alcalde del PP de Pozuelo de Alarcón y marido de  la ministra de Sanidad, Ana Mato, imputado, lo mismo que José Luis Peñas, concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda, de Madrid.

Guateque, Caso, 2008, PP, “ladrillazo” en las listas electorales del PP.

Harrag, Caso, 2011, PSOE de Murcia, ¿cohecho de una funcionaria?

Hormaechea, Juan Antonio, PP, 1991, Alcalde de Santander, de 1977 a 1987, y Presidente de la Comunidad de Cantabria, ayudado por Rodolfo Martín Villa y apoyado por el PP de J.M. Aznar. Hizo favores a los constructores, con recalificación de terrenos. Fue acusado, en 1994, de dos delitos de malversación de fondos públicos y cuatro de prevaricación. Adjudicación de contratos y disposición de fondos, en beneficio privado.

Huarte y Cía, empresa de la construcción, supuestamente implicada en pagos de comisiones al PP.

Hügel, Caso, PP de Comunidad de Madrid.

Ibatur.Pasarela, PP y Unión Mallorquina, Baleares. Excargos del Presidente de la Comunidad, Matas, condenados  por prevaricación, fraude y cohecho, por 50.787 euros, en comisiones a cambio de adjudicación de contratos: Juan Carlos Alía y Raimundo Alamberne.  

Ibercorp. Manuel de la Concha, síndico Bolsa de Madrid y Presidente de Ibercorp, denunciado en 1992 por ocultar los titulares reales de acciones de “Sistemas Financieros”, entre los que figuraban, además de él, Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España, Jaime Soto, Miguel Boyer, y otros. Cuando las acciones cayeron en picado, se salvaron, gracias a una información privilegiada de Mariano Rubio, unos cuantos accionistas, entre ellos De la Concha. En otras ocasiones, Rubio, que ocultó la real situación de Ibercorp,  facilitó a De la Concha información que le sirvió para realizar importantes operaciones especulativas. De la Concha y Jaime Soto crearon una trama para desviar millones de pts. de Ibercorp hacia sus intereses privados, por lo que Ibercorp en 1992 suspendió pagos.. Los accionistas perjudicados denunciaron el caso contra Manuel de la Rosa, Jaime Soto, Benito Tamayo, Mariano Rubio, Carmen Posadas, Miguel Boyer e Isabel Preysler, que tuvieron en el juicio, un trato especial por parte del Juzgado. Las acusaciones fueron de delito fiscal, con un fraude de 10 millones de pts., información privilegiada y dinero negro en Suiza.  

Ibiza Centre, PSOE, Baleares, 2011.

Iborra Martínez, Vicente, directivo de una empresa de Estacionamiento en Aeropuertos, condenado en 1991, por falsear las recaudaciones de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Sevilla, Gerona, Palma de Mallorca, Ibiza, Santiago y Valencia. 

Imelsa, Caso, PP, PSOE e Izquierda Unida, Valencia. Imputado Alfonso Rus, Presidente de la Diputación, y Marcos Benavent. Trama de corrupción en la Empresa Pública Provincial, por cobro de comisiones y financiación ilegal del PP. 2014.

Innova, 2013, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Socialista de Cataluña y Iniciativa per Catalunya. . Imputado el Alcalde de Reus.

Interligare, 2012, PSOE,

ITV, 2013, Convergencia Democrática de Cataluña. Irregularidades en la concesión de ITV.

Invercaria, 2016, PSOE de Andalucía. “Nueve imputados por ayudas irregulares de Invercaria a Electria”.

Janini, Luis, delegado en Valencia de Dragados y Construcciones, presuntamente pagó comisiones al PP para obtener concesiones de obras.

Johnson, Lola, caso RTVV, secretaria de Comunicación de la Generalitat Valenciana, investigada por una posible comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos. 

Lapuerta, Álvaro, Tesorero del PP, entre 2003-2008, imputado en el mismo auto que Ángel Acebes, al que se le acusa de operaciones irregulares para comprar acciones de Libertad Digital.

Lasarte, Caso, 2008, PP de Castilla y León. Energía solar. Nueve funcionaros imputados y dimisiones,

Lezo, Operación, 2017. PP. Escándalo alrededor del Canal de Isabel II, aguas de Madrid, en el que están implicados, entre otros varios, el que sería Presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González e Ildefonso de Madrid, Gerente del Canal, por apropiación indebida de caudales públicos y blanqueo de dinero, denunciado, años antes, por el entonces alcalde de Getafe del PP, que fue apartado del cargo y del Partido.

Líber, PP de Murcia. 2013. Caravaca Murcia. Imputados el Alcalde y un empresario.

Limusa, Caso, 2009, PSOE de Murcia Imputados el Alcalde de Lorca, Mariano Nacarro, y al  Concejal Jesús Molina.. . 

Lifeblood, 2012, PP de Canarias.  Caso archivado por la juez Victoria Rosell. 

Lino, Ciudad del, PP, Castilla-La Mancha, imputado Nicolás López de Coca, Presidente del Fondo Español de Garantía Agrícola y otros 18 acusados, absueltos , en el 2008, del fraude en las Subvenciones europeas, de las que habían tenido que devolver a la Comunidad  129 millones, de los 134 concedidos.. Implicada también la ministra de Agricultura, Loyola de Palacios.

López Madrid, Javier, nombrado Consejero de OHL, en 2008,  implicado en la Operación Lezo, de Javier González, Presidente de la Comunidad de Madrid, 2017, por Créditos a empresas relacionadas con él y Comisiones.

Madeja, Caso, 2014, PP y PSOE, imputados 32 cargos públicos por adjudicaciones irregulares de contratos.  

Madrid, Caja. Caso de las Tarjetas opacas, de uso indiscriminado. Imputados principales Miguel Blesa, Director de la Caja, y Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno de J.M. Aznar, investigado además por acogerse a la amnistía fiscal del año 2012, de Cristóbal Montoro.

Malaya, Corrupción urbanística, en el Ayuntamiento de Marbella, de Jesús Gil. Imputadas, la Alcaldesa, Marisol Yagüe e Isabel García, Concejala del PSOE, 2006.

Malesa, Filesa y una trama de empresas, bajo el nombre de Time-Export. Financiación ilegal del PSOE . 1200 millones de pts. (más de siete millones de euros). 1989.

Manga, Caso, 2013, Convergencia y Esquerra Republicana, Dimisión del Secretario de Organización de Esquerra. Alcalde, imputado, junto a otros 42 acusados, por varios delitos, entre otros, por contratación falsa de servicios  de comedores escolares..

Marea, Caso, PSOE de Asturias.

Margûello, Caso, 2011, PNV. y PSOE del País Vasco.     

Martínez Llorente, Víctor, concejal del PP, en el Ayuntamiento de Burgos, favoreció los intereses del constructor Méndez Pozo.

Matas, Jaume. PP, presidente del Govern Balear y ministro de Medio Ambiente, con Aznar, implicado en el caso Palma Arena, condenado a nueve meses de cárcel por tráfico de influencias, en beneficio de un periodista, que le escribía los discursos. Y otros casos judiciales pendientes.

Matesa, 1969, Juan Vilá Reyes, Escándalo del franquismo, adjudicación indebida de créditos a la exportación de unos  telares sin huso, que no habían sido vendidas, sino exportadas a las filiales de la empresa en el extranjero. Un episodio más de la lucha entre Manuel Fraga y el OPUS DEI.

Matsa, Caso, 2010, PSOE Andalucía. Testigo Manuel Chaves.

Matutes, Abel,1986, le vendió a G. Parretti unos terrenos por 1.500 millones de pts., que le habían costado180 millones y Benegas, del PSOE, se había encargado de facilitar el negocio con las correspondiente recalificaciones de los terrenos en Baleares.

Méndez Pozo, Antonio Miguel, constructor, implicado en el caso Ayuntamiento de Burgos, acusado de falsedad de documentos, inducción a la prevaricación y desacato.

Mercasevilla, 2011, IU y PSOE Andalucía. Imputados el candidato de IU y Antonio Rivas del PSOE.

Mercurio, Caso, Partido Socialistas de Cataluña. 

Miguel, Caso De, 2012, PNV. Imputados 26 altos cargos del PNV, por trama de cobros de comisiones ilegales.

Miró, Pilar,  Directora de TVE, desvió gastos de representación para usos personales, injustificables.

Moix, Manuel, PP. 2017, Fiscal Anticorrupción, obligado a dimitir por sus múltiples errores como fiscal y por ser titular de una empresa en Panamá, incompatible con su cargo.

Muñoz, Julián, Alcalde de Marbella, hombre de Jesús Gil, encarcelado por presuntos y varios delitos financieros y urbanísticos, como blanqueo de dinero y comisiones..  

Naseiro, Rosendo, 1990, Tesorero del PP, amigo de Fraga. Encausados, además de Naseiro,  Ángel Sanchís Perales, Salvador Palop, Luis Janini, de “Dragados”, Carlos Bonet, de “Huarte”, Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera y José Balaguer, promotor urbanístico de Cullera,  por  tráfico de influencias, extorsión político-financiera y cobro de comisiones a cambio de concesiones de obras, para financiación del PP.

Nueva Rumasa, Ruiz Mateos.

Nóos, Familia Real Española y PP. Ver “Urdangarin”. 

Ollero Marín, Jorge, recaudador del PSOE, hermano del Director General de Carreteras de la Comunidad de Andalucía, detenido en 1992, cuando transportaba  un maletín, con 22 millones de pts.  

Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol, imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad de documentos, con una trama de amigos, que amañaban concursos para la concesión de estaciones de ITV, en Cataluña, entre 2010 y 2012.

Orquesta, Operación, 2013, PP y PSOE de Galicia. Tres Alcaldes procesados.

Osakidetza, manipulación de unos exámenes, 1990, que afectaban a 50.000 aspirantes a un puesto de trabajo, en el Servicio Vasco de Salud, para beneficiar a miembros del PSOE y UGT.

Over Marketing, 2012. PP de Baleares. Imputado el Presidente del Parlamento  de Baleares, Pere Rotger, que dimitió.

País Vasco, 1992, PNV, concesiones a dedo de explotación de Máquinas tragaperras, lo mismo que en Galicia el PP, con la concesión de Loterías.

Palazón, Francisco, cerebro de una operación de fuga de divisas, por valor de 3.000 millones de pts., con dinero del prof. Eduardo García de Enterría y su esposa, Juan Antonio Gamazo, entre  otros muchos.

Palau de la Música Catalana-Millet, imputada CDC por cobrar un porcentaje de comisiones por obras.

Pallerols, 1994. Financiación ilegal de UD de Cataluña, a través de Cursos de Parados, de los que restaban el 10% de 9.000.000 de pts. para el Partido.

Palma Arena, 2012, PP de Baleares. Jaume Matas, Presidente de la Comunidad, condenado a seis años e imputado, con dos Consejeros de su gobierno, por desvío de fondos.

Palomino, Francisco, cuñado de Felipe González, promotor de Costa Doñana, en unos terrenos comprados por Palomino y otros por 70 millones de pts. y revalorizados inmediatamente, por recalificación urbanística, hasta los 700 millones.

Palop, Salvador, implicado en el caso Naseiro, de financiación ilegal del PP.

Pantoja, Isabel, cantaora, cómplice de Julián Muñoz, en prisión.

Paraíso, Caso, 2016, PSOE de Andalucía. Imputado el Delegado de Economía en Jaén por un falso contrato de publicidad institucional.

Pardo García, José, socio de Juan Guerra, condenado en 1988 por chantaje y extorsión, acusado de exigir dinero a una empresa de Ambulancias, para concederles servicios a hospitales.

Parques Eólicos, Caso, PP, Castilla y León PP de Canarias. . Permisos de Parques Eólicos, aprobados entre 2001 y 2006. Imputados, Alberto Esgueva y Rafael Delgado.

Patos, Caso, PP de Galicia.

Peaje, Caso, Unión Mallorquina.

Pedro de Mediavilla, PSOE, suegro del alcalde socialista de Sevilla, Manuel del Valle, se benefició de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que hizo pasar una autovía por su finca, en San Pedro de Alcántara, con lo que se revalorizó en un 700 %.

Peiro, Francisco, PSOE, Presidente del Banco Europeo de Finanzas, condenado en 1990, por presunta estafa, por la emisión de pagarés falsos y la desaparición de unos cuantos millones de pts.

Peláez López, Manuel, PSOE, Director de Obras Públicas en Cantabria, condenado por prevaricación en 1992.

Pellón, Francisco, Presidente de la Sociedad Estatal Expo.92, participó en el proyecto urbanístico Costa Doñana, que expolió el parque natural del mismo nombre.

Peña Pozo, J.Mª,  Alcalde de Burgos, del PP, amigo de J.Mª. Aznar, condenado en 1992 a 12 años de inhabilitación y 7 de suspensión, por irregularidades urbanísticas,  prevaricación, revelación de secretos y denegación de auxilio a la autoridad, y su Concejal, Codón Herrera, J. Mª, prevaricación, por favorecer al constructor Méndez Pozo, al que, en el mismo sumario, se condena a 7 años de prisión, multa y 12 años de inhabilitación, por de documento público e inducción a la prevaricación y desacato, así como a Manuel Muñoz, teniente alcalde, Manuel Muñoz se le condena a12 años de inhabilitación y 6 de suspensión para cargo público y multa por prevaricación y revelación de secretos, y a Víctor Martínez, concejal, a1 año de inhabilitación, por prevaricación y a Esteban Corral, Secretario, y otros. También conocido como Caso de la Construcción

Picnic, Caso, 2013, Unió Mallorquina y PP de Canarias,  , 

Piñeiro, Vicente Alberto, imputado por fraude y tráfico de influencias, en la venta fraudulenta de gasóleo en Pontevedra, por valor de 30 millones de euros, con la implicación de empresarios, agentes de vigilancia de Aduanas y Guardia Civil.

Piscina, Caso, 2013, PP de Canarias. Imputado Agustín Padrón y una docena de cargos públicos.

Pitiusa, Caso, 2013.

Plan Territorial, Caso, 2010,  PP de Baleares y Unión Mallorquina. Caso archivado por falta de pruebas. 

Plaold, Caso, PSOE del País Vasco.

Plasencia, Caso, 2014, PSOE Extremadura.

Plasenzuela, Caso, PSOE Extremadura. Mafias en Plasenzuela.

Pokemón. 2012. PP y PSOE, Galicia. Trama de corrupción de varios Ayuntamientos. Malversación de Caudales y blanqueo de capital. Concesión de Video-juegos, implicado el Alcalde de Orense, Francisco Rodríguez y doce personas más.

Poniente, Caso, 2010. PSOE de Andalucía y Partido de Almería. Contratos a implicads.

Port Aventura. Información privilegiada. Según el prof. Nieto, el Marqués de Griñon  compró unos terrenos por 1.000 millones de pts., por una información privilegiada de su mujer Isabel Preysler, que se habría enterado del proyecto de Port Aventura, a través de su amigo Miguel Boyer, su marido años después, y los revendió a la sociedad de Port Aventura por 10.000 millones de pts.

Porto, Caso Enrique. Comunidad de Madrid, PP. Denunciado en 2006. Corrupción urbanística en Villanueva de la Cañada y en Tres Cantos. Acusado de prevaricación y tráfico de influencias.   

Poruondo, José Joaquín, PNV, imputado por irregularidades en la concesión de licencias para máquinas tragaperras en el País Vasco, 1990.

Pretoria, cargos del PSC y CiU. 2009. El mayor escándalo de corrupción urbanística. Soborno y blanqueo de capitales. Comisiones ilegales para políticos. Bartomeu Muñoz, Alcalde de Santa Coloma de Gramanet, del PSC, Manuel Dobarco, Concejal y Maciá Alavedra, de CiU, Consejero de Finanzas de la Generalitat.

Puerto de Barcelona, Consorcio de la Zona Franca, del. Otro escándalo del franquismo.

Puerto Gallego, Caso, 2018, PSOE de Cantabria. Investigada por prevaricación una diputada de PSOE.

Pujana, Caso, Hospitalet,  Barcelona. Imputado el Alcalde, por concesión amañada de obras de un aparcamiento

Pujol, Jordi, imputado por múltiples irregularidades financieras, en relación con Banca Catalana, y otros delitos.

Púnica, Operación (Caso Malaya), 2014. PP, PSOE e Izquierda Unida, que afecta a las Comunidades de Madrid, Valencia, Murcia y Castilla y León. Comisiones ilegales en obras públicas, de 12 y 13%. Sobre  contratos de 250 millones de euros. Acusado, Francisco  Granados, hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

Rabasa, Plan, PP-PSOE. 2010, Plan de Urbanización en Alicante, al precio de 4,2 millones de euros m2, con inclusión de la multinacional IKEA.

Rambla, Vicente, Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, imputado por la supuesta financiación irregular del PP en Valencia.

Rasputin, Caso, Baleares, PP. 2004,. El Gobierno de la Comunidad, siendo Presidente Jaume Matas, computó como gasto oficial  las entradas a un prostíbulo en Moscú de una comisión oficial. 

Rato, Rodrigo, del PP,  presidente de Bankia, vicepresidente del Gobierno de Aznar y ministro de Economia, del mismo Gobierno, imputado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y por la introducción de Bankia, en la Bolsa de Valores, sin las suficientes garantías, a pesar de las advertencias en contra. Se calcula el fraude en 21.000 de euros.

Reace, Caso, estraperlo con el aceite de Redondela, que, a principios de los 70, implicó a Nicolás Franco, hermano del Dictador.

Relámpago, Caso, 2013. PSOE de Galicia. 

RENFE-San Sebastián de los Reyes, Madrid, PSOE. 1991. Asesor de la operación, J.L. Pinedo, imputado el exministro de Sanidad, antiguo Director General de RENFE,  Julián García Valverde. Recalificación de terrenos, para una ampliación de las vías de RENFE, que, cuando REBFE los compró, habían sido objeto de diversas especulaciones que dejaron un beneficio privado de 800 millones de pts.. En solo cuatro meses, un terreno que valió 1 millón de pts. fue vendido por 8 millones y se revendió por 12 y a su vez fue adquirido por RENFE por 56 millones. Operaciones semejantes tuvieron lugar en Zaragoza, Sevilla y Barcelona. Los responsables fueron acusados de prevarcación, alteración de precio, malversación de fondos, estafa, falsedad en documento público, delito fiscal, exacciones ilegales. El caso fue  destapado por Borrell.

Ríopedre, Caso, 2011, PSOE de Asturias. Imputados, por corrupción, el Consejero Riopedre, dos altas funcionarias y dos empresarios. 

Robledillo, Caso El, 2008, PP de Murcia. Imputados el Alcalde, J. González García y otros 15 más, por adjudicación a dedo de contratos de obras.

Rodríguez, Antonio, 2013. Socialistas Catalanes. Una docena de cargos públicos imputados.

Rodríguez Colorado, J.Mª, 1990, PSOE- Operación Nécora, negocios socialistas en la Vega Baja del Segura. Información confidencial sobre detenciones a narcos gallegos. 

Ronda, Caja de, Braulio Bredel, Presidente, 1986-1990, irregularidades financieras, declaró fallidos créditos al PSOE de 311 millones de pts. y perdonó créditos de 855 millones a gentes del PSOE.

Roldán, Luis, Director General de la Guardia Civil, PSOE, avalado por José Barrionuevo y José L. Corcuera, desvió partidas, destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, a su cuenta y cobró comisiones por obras. Fugitivo de la Justicia, en abril de 1994. En una ocasión fue calificado de “carente de ideología y de escrúpulos”.

Ronaldo, Cristiano, 2017, jugador de fútbol, ocultó 14.000.000 de euros de sus ingresos, en sus Declaraciones a Hacienda, desviándolos a conocidos paraísos fiscales, defendiéndose, con su habitual fanfarronería, diciendo que lo perseguían por ser quien era.

Rosa, Javier de la, banquero, del Grupo Torras, filial de KIO, se le ha llamado “el empresario probablemente más corrupto de España”, que ya es decir. El escándalo estalló en 1994 y le llevó a la cárcel, de donde salió al año siguiente, bajo fianza. Había hundido la Banca Garriga Nogués y el Gran Tibidabo. Investigado por cuatro Tribunales, de Madrid, Barcelona, Londres y Ginebra. Pactó con Mario Conde, que finalmente lo abandonó. Tuvo problemas con Manuel Prado y Colón de Carvajal,  pretendió involucrar al Rey Juan Carlos en sus chanchullos y le dio dinero a diversos políticos del PSOE.

Rubio, Mariano,  Gobernador del Banco de España, PP, información privilegiada, en relación con Ibercorp, ocultando su situación real, en 1994,  y realizando operaciones delictivas con su amigo De la Rosa y Jaime Soto; durante unos años dejó de pagar el IRPF. Fue acusado de fraude fical de 10 millones de pts., de manejar dinero negro y llevárselo a Suiza. Su caso salpicó a Carlos Solchaga, PSOE.

RUMASA, grupo de empresas de Ruiz Mateos, incautadas por el Gobierno, del PSOE, en 1983, expropiadas  por Decreto-Ley, del ministro Boyer, y reprivatizadas con beneficios para el PSOE.

Rus, Caso, PP, Valencia. 2006. Inculpado Alfonso Rus, Presidente del PP, Comunidad de Valencia, por corrupción y blanqueo de dinero.

Salanueva, Carmen, PSOE, 1990 Directora del BOE, compró obras de arte, joyas para su uso personal, con dinero del Estado, acusada de malversación de caudales públicos y alteración del precio de las cosas, fraude.

Salmón, Caso, Canarias, PP. 2009. Inculpado por cohecho José Manuel Soria, Presidente del PP de Canarias, que después sería Ministro de Fomento con Rajoy y aparecería en los papeles de Panamá. Se archivaría el caso.

Sánchez, Pedro Antonio, Presidente de la Comunidad de Murcia, PP, investigado  por el Caso Auditorio, por prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Dimitió, después de visitarle el ministro Catalá, de Justicia.

Sanchís Perales, Ángel, Tesorero del PP, hombre clave en el  caso Naseiro, imputado en 2013, por un posible delito de blanqueo de capitales, incluido en los “Papeles de Bárcenas”. El juez le impuso  una fianza de ocho millones de euros.

Sanlúcar, PSOE.1999. Intento de soborno de un Concejal del PP, por el Alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Agustín Cuevas Batista.

Santos, Eduardo, Subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio, PSOE, intervino en diversos asuntos económicos, que le hicieron multimillonario, presidió la empresa “Instalaza”, industria de armamento, reflotó la banca “Nueva Montaña Quijano”, intervino en los contratos del Tren AVE, revalorizó el Patrimonio de “Macosa” y participó en diversos negocios inmobiliarios.

Sant Pau, Caso, 2013. Nueve personas imputadas por presunta malversación de fondos en el Hospital de San Pau.

Santa Cruz de Paniagua, 2014. PSOE de Extremadura. Imputado el Alcalde.

Saqueo, Caso, 2010, Grupo Independiente Liberal (GIL). :

Sarasola, Enrique, empresario guipuzcoano, de múltiples actividades. Se hizo millonario en Colombia y creó en España un entramado de empresas, en relación con el PSOE. Durante algún tiempo, monopolizó el comercio de armas del Estado.

Scala / Cola Cao, PP de Baleares.

SEAT, Caso, PSOE.   

Serra, David, Vicesecretario de Organización del PP valenciano, acusado de la supuesta financiación irregular del partido en Valencia.

Serra, Narcís, ministro del PSOE, imputado por irregularidades gestoras, como Presidente de Caixa Catalunya, además de sobresueldos de escándalo y comisiones, junto a sus colaboradores.

Serrano, Gregorio, PP, 2017, Director General de Tráfico, sin experiencia en la materia, se le adjudicó, sin ningún derecho, un piso en Madrid, perteneciente a la Guardia Civil, sin tener en cuenta la larga lista de espera de  miembros del Cuerpo.

Shirota, Caso, 2013. Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y Socialistas.Imputados catorce Concejales del ayuntamiento de Reus, por avales de dinero público.

SOFICO, escándalo del franquismo.

Sóller, Túnel de, PP, 1995, Gabriel Cañellas, Presidente de la Comunidad Autónoma, de Baleares, adjudicó de modo irregular las obras del Túnel.  

Tarjetas Black, PP, Caja Madrid, Miguel Blesa, Rodrigo Rato, PP, y una larga lista de implicados en uso indebido de las tarjetas para gastos personales.

Taula, Operación, 2016, Valencia. PP y PSOE. Blanqueo de dinero. Financiación ilegal del PP. Implicado el Presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. 24 detenidos.

Teconsa, caso Hügel, Comunidad de Madrid, la parte madrileña del Caso del caso Gürtel. Financiación ilegal del PP, en relación con una Constructora Leonesa.

Terán, Caso, PSOE de Andalucía.

Teresitas, Caso Las, 2011,  Coalición Canaria. Estafa de 120 millones de euros.

Terra Natura Benidorm, PP de la Comunidad Valenciana.

Torres de Calatrava, PP de la Comunidad Valenciana.   

Totem, Caso, 2012, Murcia, PP. 11 condenas, el principal Juan Morales Cánovas, Alcalde de Totana, por comisiones millonarias de proyectos urbanísticos.

Treball, Caso, 1994, Encargos de Estudios de Derecho laboral, plagios de Textos legales. Los imputados y condenados fueron indultados por Gallardón.

Tres por Ciento, Caso, Barcelona, Convergencia. Comisiones por adjudicación de obras, para la financiación del Partido. Implicado, el Tesorero de Convergencia, Andrés Viloca.

Trompo, Caso El, 2002, Coalición Canaria, Centro comercial construido sobre suelo rústico, no urbanizable. Prevaricación urbanística y delios contra la Ordenación del territorio.

Troya, Caso, Andalucía, PP. 2007. Condenado por corrupción el Alcalde  y el Concejal de Urbanismo de Alhaurín, pedían dinero a cambio de Licencias urbanísticas.

Turismo Joven, Caso, PP de Baleares.2006.  Consellería de Deportes y Juventud pagó dinero a García Oeo, por facturas falsas de la empresa francesa Clea.

UCIFA, 1997,  condenados 6 oficiales y agentes de la Unidad anti-Droga de la Guardia Civil, por utilizar droga para pagar a confidentes.

Umbra, Murcia, PP. 18 imputados  por 46 delitos de corrupción, 2015. Principal imputado, el Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, por tratos de favor y cohecho.

Unión, Caso, Partido Independentista de Lanzarote, 2009. Cobro de comisiones ilegales a empresarios en Arrecife y manipulación dl Plan General de la ciudad 

Urdangarín y su mujer, la Princesa Cristina de Borbón, del caso Nóos, se valieron de su condición real, para extorsionar a particulares, para aumentar su rico patrimonio, aunque finalmente fueron denunciados, acusados, enjuiciados y condenado él a la mínima pena de seis años y unos meses, y, sorprendentemente, eximida ella de cualquier responsabilidad penal, aunque formara parte de la dirección de Nóos y hubiera firmado documentos comprometedores. Es famosa, reveladora y patriótica  su frase: “Estoy harta de este asunto y espero que acabe pronto, para no volver a poner los pies en este país”.

Uribitarte, S.A., empresa inmobiliaria, fundada por Miguel Escudero, que se benefició de recalificaciones de terrenos, de dudosa legalidad, en el Puerto Autónomo de Bilbao. De la misma empresa, imputado Salvador Marín, responsable de la red de facturas falsas del IVA, que la llevaron a la bancarrota. Ingresó en prisión.

Valle, Manuel del, alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, 1987, forzó a las Hermanitas de los Pobres a vender un solar de más de 7.000 m2, por 3.000 pts/m2, cuando su valor era de 27.000 pts/m2.

Villar, Ángel  María, 2017, Presidente de la Federación Española de Fútbol, imputado por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, comisiones ilegales y otras corrupciones, con la complicidad de su hijo Gorka y su colaborador Juan Padrón.

Villar Mir, PP, empresario y ministro franquista de Hacienda, imputado en la Operación Lezo, 2017, por sus relaciones con Ignacio González, y presuntamente implicado en otras causas delictivas, como financiación ilegal del PP, entre la ilegalidad y la inmoralidad, como el alquiler millonario de unos locales al Ayuntamiento de Madrid, con cláusulas cerradas, cuando era alcaldesa Ana Botella, esposa de José María Aznar. Amigo del Rey Juan Carlos.

Zambrana, Caso, Partido Nacionalista Vasco. 2010. Presunta trama de corrupción y espionaje, sobre recalificación urbanística

Zamora, Caso, Castilla y León. PP. 2002, Cobro de comisiones a empresarios, para financiación ilegal del PP. En 1987, un empresario entregó tres millones de pts. para la campaña de Aznar. El juez archiva las diligencias contra los imputados.

Zaplana, PP, imputado en la Operación Lezo, 2017, junto a Ignacio González y Villar Mir.

Zeta, Caso, PP de Galicia. 2014. Supuesto fraude de subvenciones para falsos Cursos de Formación.

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 Cultivando mi jardín. Memento. Momento. Divertimento. Cocktail-Silogismo. Visor Libros, 2017

 

 

[14] El terremoto italiano

 

Por STEVEN FORTI

Artículo publicado el 5 de marzo de 2018 en:

 

 

Un verdadero terremoto político. Este es el escenario italiano tras las elecciones legislativas del 4 de marzo. El seísmo se veía venir, pero nadie esperaba que la sacudida fuera tan fuerte. Los débiles cimientos de la Segunda República –nacida tras el escándalo de Tangentopoli a principios de los años noventa– se han venido abajo, los dos partidos que han sido el pivote del sistema político de los últimos veinte años –el Partido Democrático (PD) y Forza Italia– han sufrido un desgaste brutal y el Movimiento Cinco Estrellas (M5E) y la Liga de Matteo Salvini son los verdaderos ganadores de estos comicios, en los que una vez más la abstención ha batido récords (27,1%). Nadie tiene una mayoría clara en las dos Cámaras del Parlamento. Se abre así una etapa extremadamente compleja en la que Italia se adentra, una vez más, pero más que en el pasado, en territorio desconocido. Naufragan los viejos actores políticos, se imponen otros, cambia por completo la geografía política de la península. Podemos afirmar que ha nacido una incierta Tercera República. Cómo acabará, nadie lo sabe.

Di Maio y Salvini, apúntense estos nombres

Los resultados son aún provisionales debido a una nueva ley electoral –el Rosatellum– que ha complicado y retrasado sobremanera la asignación de los escaños. Pero lo que está claro es que el Movimiento Cinco Estrellas es el primer partido con el 32,6% de los votos, mientras que la primera coalición es la del centro-derecha, que suma el 37%, con una clara victoria de la Liga (17,4%) que ha superado a la Forza Italia (14%) de un Berlusconi en declive humano y político. Se trata de la victoria de las dos formaciones que han sabido conquistar el voto de los indignados y de los decepcionados con el sistema político, la corrupción, la situación económica y social.

El M5S conquista el Sur de la península con porcentajes de voto que superan el 40% y hasta el 50% en muchas regiones (Campania, Sicilia, Cerdeña, Apulia, Calabria, Basilicata), mejorando los resultados que la Democracia Cristiana obtuvo en sus años dorados. Ha sido el voto del rencor otorgado por el territorio más olvidado del Belpaese; unas regiones que se encuentran en la cola de Europa en cuanto a tasas de empleo (-35% respecto a la media UE) y con una renta per cápita inferior a la de Eslovaquia y a algunas regiones de Bulgaria. El Mezzogiorno olvidado ha votado en masa al partido del Vaffanculo –literalmente: que se vayan a tomar por culo–, fundado por el cómico Beppe Grillo hace una década. Los Cinco Estrellas se han convertido así, tras la explosión de 2013, cuando consiguieron el 25% de los votos, en el actor central de la nueva fase política. En el centro y el norte obtienen entre el 20% y el 35%, con un discurso que pesca votos de la derecha y de la izquierda. Son el catch-all party por antonomasia. El partido anti-establishment. En los últimos meses, su joven líder, Luigi Di Maio, ha moderado su discurso y ha vendido la imagen de un partido que puede gobernar con seriedad y honradez. El tiro no le ha salido por la culata. Al contrario.

El otro ganador es la Liga –que ha hecho desaparecer la palabra Norte de su símbolo–, tras la conversión lepenista llevada a cabo por su mediático secretario general Matteo Salvini. En un lustro ha llevado el partido del 4% a más del 17%, doblando casi los mejores resultados jamás conseguido por el partido fundado por Umberto Bossi (10,2% en 1996). La Liga ya no es el partido del norte, aunque es en esas regiones (Piamonte, Veneto, Friuli y Lombardía, donde se votaba también en las regionales y ha ganado el candidato de la Liga, Attilio Fontana) donde obtiene sus mejores resultados. Ha roto la barrera de los Apeninos, ha conquistado muchos votos también en el centro y se ha asentado en el sur, rivalizando con los posfascistas de Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, que se quedan en un exiguo 4,3%. Salvini ya no habla de la secesión de la Padania. Habla de la invasión de los inmigrantes, se abraza con Marine Le Pen, alaba a Viktor Orbán, se deja fotografiar con Trump. Y recupera el viejo caballo de batalla de Berlusconi: hay que bajar los impuestos que ahogan a las empresas.

Salvini ha sabido hablar a las entrañas de un norte rico, que no encuentra una salida al estancamiento económico, y que teme el empobrecimiento. Salvini ha utilizado el miedo para ganar consensos. El miedo que se convierte en rabia, cuyos blancos son los inmigrantes, la globalización, la tecnocracia de Bruselas, los impuestos. Para muchos, Berlusconi ya no es creíble: el exCavaliere, inhabilitado y plastificado, cumplirá 82 años en septiembre. Salvini esta semana cumplirá 45. Es él el futuro de la derecha italiana. Ojo.

Berlusconi y Renzi, en la estacada

Los grandes derrotados de estos comicios han sido Berlusconi y Renzi. El primero ha mostrado todos sus límites. Físicos y políticos. Su etapa se acabó. Su partido, Forza Italia, no existe: mantiene algunas redes clientelares, pero no es nada más que una formación personalista que sin Berlusconi no tiene carisma ni arraigo territorial. La Liga lo mantiene: es el último partido clásico del siglo XX. Además, la apuesta moderada del exCavaliere para reconquistar el gobierno con el nihil obstat de las élites europeas –propuso a Antonio Tajani, actual presidente del Europarlamento, como futuro candidato a presidente del Gobierno– no le ha valido para seguir siendo la clave de bóveda de la coalición de centro-derecha italiana. El centro-derecha, tal y como lo hemos conocido en las últimas dos décadas, se ha acabado. La hegemonía la tiene la Liga, la declinación italiana de la nueva extrema derecha europea. Es muy probable que los de Salvini acaben fagocitando a Forza Italia, una vez que Berlusconi haya salido definitivamente de escena.

Matteo Renzi está kaputt. Su empecinamiento en querer ser el Macron italiano ha fracasado estrepitosamente. Su desconexión de la realidad ha sido notable, tras haber perdido el referéndum constitucional de diciembre de 2016. El PD no ha llegado ni al 20% y la coalición de centro-izquierda se ha quedado con un mísero 23%, perdiendo también la mayoría de sus feudos históricos del centro de la península. Respecto a la pasada legislatura pierde unos doscientos escaños. Una derrota total y absoluta, que se enmarca en la crisis de la socialdemocracia en el Viejo Continente. Único consuelo: la probable (faltan los resultados definitivos) victoria en las elecciones regionales del Lacio, donde ha sido re-elegido Nicola Zingaretti. La dimisión de Renzi, anunciada el 5 de marzo, abrirá una nueva etapa en el partido. Ya se habla del actual premier Gentiloni como posible nuevo secretario del PD. Para los democráticos el objetivo ahora es el de no convertirse en el PASOK.

Por lo que concierne a la izquierda, el drama es absoluto. Está desaparecida en combate desde hace una década, cuando acabó la experiencia gubernamental de la Rifondazione Comunista de Bertinotti, hoy miembro de Comunión y Liberación. Liberi e Uguali, la alianza liderada por el presidente del Senado, Pietro Grasso, y formada por Sinistra Italiana, los escindidos de izquierdas del PD y Possibile, se ha quedado con un mísero 3,4%, lo que le permite enviar al Parlamento a una decena de diputados. Nada más. Un dato muy explicativo: a Massimo D’Alema en su colegio electoral (Apulia) lo ha votado tan sólo el 3,9% de los electores, mientras que la candidata del M5S se ha llevado el 40%. Es el fin de una época. La lista movimentista de Potere al Popolo obtiene sólo el 1,1% y no tendrá representación al no haber superado la barrera del 3%. Los Cinco Estrellas han atraído al votante de izquierdas decepcionado, tanto por el PD neoblairista de Renzi como por una izquierda fragmentada e incapaz de hablar al 99% de la población. Hace falta cuanto antes un reset

¿Y ahora qué?

Con un país partido por la mitad –el Norte ha votado Liga, el Sur ha votado M5E– y con las fuerzas euroescépticas que suman más del 50% de los votos, la opción de un gobierno de gran coalición a la alemana parece inviable. La hipótesis defendida por las élites políticas, económicas y mediáticas ha fracasado por completo, una prueba más de la distancia que las separa del país “real”, como hemos visto ya en otros ámbitos con el Brexit y la victoria de Trump en Estados Unidos.

Sin embargo, no hay una mayoría clara en ninguna de las dos Cámaras, así que el futuro es incierto. “El gobierno es un rompecabezas”, titulaba Il Corriere della Sera. Empezará una etapa larga donde las declaraciones de la campaña electoral dejarán espacio a las reuniones en los despachos para ver si alguien tiene los números para formar un Ejecutivo. Tendrá un papel crucial el presidente de la República, el democristiano Sergio Mattarella, que deberá decidir a quién encargará formar gobierno. ¿Al partido más votado, los Cinco Estrellas, o a la coalición más votada, el centro-derecha? Hay muchas especulaciones al respecto. El primer paso será de todos modos la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara el próximo 23 de marzo: ahí se verá por dónde van los tiros.

La posibilidad de un gobierno de centro-derecha es difícil, ya que según los resultados provisionales le faltan unos cuarenta diputados para tener una mayoría parlamentaria. Si Forza Italia hubiese quedado primera dentro de la coalición, no habría sido complicado encontrar los votos para elegir a Tajani. Además, los de Berlusconi han sido históricamente unos maestros en la compra de diputados. Pero, con la Liga como primera fuerza, ¿quién permitiría a Salvini convertirse en presidente del Gobierno?

Una opción que tendría una amplia mayoría en las dos Cámaras sería la de un gobierno entre los Cinco Estrellas y la Liga, pero parece también improbable, aunque no se puede descartar nada. No les conviene a ninguno de los dos. Por un lado, los de Di Maio se arriesgarían a perder gran parte de sus votantes provenientes de la izquierda; por el otro, Salvini se arriesgaría a perder la hegemonía que acaba de conquistar en la derecha. Ninguno de los dos quiere desgastarse tan rápido.

Quedarían tres opciones más, además de una repetición electoral. En primer lugar, un gobierno técnico que llevaría al país hacia nuevas elecciones dentro de un año. Pero, ¿quién lo apoyaría? La experiencia del gobierno de Monti, y del desgaste que sufrieron los que lo apoyaron, sigue fresca en la memoria. En segundo lugar, un gobierno en minoría del M5E apoyado o bien por el PD sin Renzi o bien por una Forza Italia desvinculada de Salvini. Hay quien sostiene que Mattarella estaría ya evaluando una de estas dos opciones, sobre todo la primera (M5E-PD). Las élites, también. Harían de tripas corazón con un doble objetivo: intentar controlar a los grillini y responsabilizarlos de la mala gestión. Con un gobierno en minoría no es fácil aprobar los presupuestos. No hablemos de solucionar problemas endémicos del país, como el del sistema bancario, o de aprobar reformas estructurales y, menos aún, una nueva ley electoral, ya que será necesario cuanto antes reformar el Rosatellum, que podría ser juzgado inconstitucional en los próximos meses por la Corte Constitucional italiana. Entregarle el gobierno al M5S para controlarlo y sobre todo desgastarlo, esto dicen las malas lenguas. “Pensar mal es pecado, pero muchas veces se acierta”, dijo Giulio Andreotti. 

Pase lo que pase y gobierne quien gobierne, todos están convencidos de que se tratará de una legislatura breve. Ha empezado ya la campaña electoral para las Europeas de 2019. Ninguno de estos gobiernos superaría probablemente ese escollo. Las elecciones al Europarlamento serán la siguiente batalla de una guerra de desgaste que se anuncia extremadamente larga. Todos están afilando ya los cuchillos.

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Steven Forti es profesor asociado en Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa. 

 

[15] SABINO CUADRA. Involución democrática o metástasis franquista

Por Sabino Cuadra

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018:

 

 

 

Día a día estamos viviendo lo que cada vez más gente denomina “involución democrática”. Lo último ha sido la retirada de una exposición que participaba en ARCOmadrid-2018 por presentar decenas de fotografías de personas condenadas por la comisión de distintos delitos y calificarlas como “presos políticos”: activistas del 15-M, piqueteros de huelgas generales, titiriteros, ecologistas, desobedientes, periodistas, raperos, independentistas catalanes y vascos, twiteros,… De todo había en la viña del señor.

En los últimos años, una cadena de multas, procesamientos y condenas ha recortado libertades democráticas básicas: expresión, asociación, manifestación… Crece así la autocensura a la hora de escribir, twitear, difundir imágenes o movilizarse. Delitos como los de rebelión y sedición, ligados penalmente a alzamientos armados o violentos de carácter insurreccional, se han convertido en comodines usados para abortar cualquier disidencia radical, desobediencia civil o cuestionamiento de la España indisoluble e indivisible.

Afirmar, sin más, que vivimos en una democracia, es algo que debe ser seriamente matizado. Y eso, porque la realidad institucional española es, cuando menos, un híbrido en el que las libertades formales existentes se asientan a su vez sobre firmes pilares franquistas. Un franquismo que echó raíces durante cuarenta años negando todo tipo de libertades y dio cuerpo a un engendro caciquil, clerical y represor insertado genéticamente en el actual poder institucional, judicial, financiero y mediático. Por esta razón, más que hablar de involución democrática, quizás debiéramos referirlos a que el cáncer franquista nunca extirpado está teniendo una metástasis generalizada.

Pensar en el franquismo como mero “concepto” teórico o político es un craso error. Mucho más aún, si lo situamos únicamente en el pasado. En algo que fue pero que ya no existe. Porque el franquismo no fue solo Franco y sus ministros. Decenas de miles de personas fueron burócratas y funcionarios de Falange, la Sección Femenina, Coros y Danzas, el Frente de Juventudes, el profesorado de Formación del Espíritu Nacional, la OJE, el Sindicato Vertical,… Curas castrenses, de prisiones y profesorado de religión vivieron de gorra y obtuvieron privilegios sin fin, mientras sus superiores jerárquicos, los obispos, paseaban bajo palio al genocida y ocupaban escaño en las Cortes franquistas.

Junto a ellos, procuradores en Cortes, diputados forales y gobernadores civiles de recto bigotillo y firme ademán se licenciaron en inauguraciones y desfiles mientras rebañaban prebendas de todos los platos. El ejército, la policía y la guardia civil, sostén armado de aquella dictadura, fue madriguera a su vez de todo tipo de chusqueros, parásitos y torturadores. La togada Judicatura de casino, compadreo y pleitesía, bendijo a su vez todo lo anterior con su sentencias y, finalmente, la jerarquía administrativa, experta como nadie en pólizas, matasellos y provechos propios, asentó su funcionamiento en el principio de entender al administrado como alguien a quien despreciar.

El franquismo no fue un concepto abstracto sino un régimen que lo impregnó todo. Y todas esas personas, todos esos cientos de miles de fascistas confesos y parásitos multiusos son los que, gracias a aquella Transición fraudulenta, a aquella Ley de Amnistía y a aquella política de consenso, pasteleo y cambio de cromos, siguieron en sus puestos, en sus despachos, en sus palacios episcopales, en sus cuarteles, en sus comisarías, en sus consejos de administración. Lo único que se les exigió a cambio fue el uso de aquellas palabras antes proscritas: democracia, libertad,… Incluso el rey, aquel que juró fidelidad a Franco y alabó el golpe fascista del 36, aprendió a balbucear en sus discursos –con dificultad, eso sí- el nuevo diccionario.

Toda esta caterva no solo conservó sus puestos, sino que ascendió en el escalafón. En pocos años, los que fueron meros agentes pasaron a ser comisarios; los tenientes, generales; los ministros, consejeros en el IBEX-35; los curas, cardenales; los jueces del TOP, magistrados de la A.N y el T.S. ; los burócratas del Movimiento y el Sindicato Vertical, jefes en cualquier Ministerio o Administración; los fascistas de a pie, concejales de urbanismo. Y no solo coparon instituciones, multinacionales y medios de comunicación, sino que tejieron redes fácticas de poder a las que imprimieron algo más que carácter. Quitarle importancia a lo anterior y pensar que gracias a las novenas, rosarios y rogativas hechas en la Transición, el Maligno desapareció para siempre, es de una ingenuidad extrema o de una hipocresía cómplice, que aquí hay de todo.

En su día, no se aplicó a este cáncer el debido tratamiento. Ni radioterapia, ni quimioterapia, ni extirpación de tumor alguno. Por eso ahora, cuando el régimen comienza a resquebrajarse debido a las influencias de una grave crisis económica, una corrupción generalizada, fuertes movilizaciones sociales y unos embates independentistas frontales…., por las grietas abiertas del Régimen asoma de nuevo aquello que nunca dejó de existir: el viejo franquismo, hoy remozado, de intransigencia social, nacional y política, con sus multas, embargos, supresión de competencias autonómicas, procesamientos y condenas por odio identitario, rebelión, sedición y enaltecimiento del terrorismo.

Hoy como ayer, dos son las estrategias en debate entre las fuerzas democráticas, nacionalistas y de izquierdas. En los años 70, de la inicial “ruptura democrática” se pasó a la “ruptura pactada” y de ésta a la “reforma negociada”. La estrategia triunfante fue la del Suárez Gatopardo: “de la legalidad a la legalidad” sin ruptura alguna: “de oca a oca y tiro porque me toca”. Pues bien, en el proceso catalán se ha planteado algo similar. Frente a quienes defendían que la soberanía primera a atender era la catalana, otros, al igual que ayer, hablaban de ajustar el proceso catalán a la ley española y al pacto con su régimen. Nuevamente, frente a la ruptura democrática, la reforma negociada. De nuevo, de la legalidad a la legalidad. De aquello que hasta hace poco se afirmaba, “¡romper con el régimen del 78!”, ya pocos se acuerdan.

Me lo dijo un viejo comunista cuando tenía tan solo dieciocho años: “Solo hay una cosa peor que tragar sapos…, y es decir que están buenos”.

 

 

[16] El juez excarcela al comisario detenido junto a Villarejo pese a que Anticorrupción se opone

 

Por Pedro Águeda

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en:

 

Carlos Salamanca cumplía cuatro meses en prisión provisional desde que fuera detenido en su despacho de jefe de la Unidad Central de Fronteras 

Está imputado por integrar una organización criminal junto a Villarejo y acusado además de cohecho y blanqueo de capitales

HEMEROTECA: El comisario Villarejo se arriesga a perder su archivo secreto 

 

El comisario Carlos Salamanca en una imagen de archivo
 
 
El juez Diego de Egea ha ordenado la puesta en libertad del comisario Carlos Salamanca, detenido en la Operación Tándem, en la que también fue arrestado el policía jubilado José Manuel Villarejo. De Egea adopta esta decisión cuatro meses después de la detención de ambos y pese a que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la libertad de Salamanca hace apenas unos días, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. 

De Egea ha sustituido la prisión provisional por otras medidas cautelares, la entrega del pasaporte y que Salamanca acuda mensualmente al juzgado. Al tiempo que ha puesto en libertad al policía lo ha citado a declarar la próxima semana. 

La decisión del magistrado instructor llega a los pocos días de que la Fiscalía Anticorrupción le solicitara levantar el secreto de una pieza separada, casi conclusa, en la que se investiga un delito de cohecho por los regalos que recibió el comisario Salamanca siendo jefe del aeropuerto de Barajas, entre 2012 y 2015, procedentes de una red de ciudadanos guineanos que entraban a España con la ayuda del mando policial. 

Salamanca, defendido por el despacho de Baltasar Garzón, había solicitado la libertad en al menos cinco ocasiones, y todas habían sido rechazadas por el juez, que vio respaldadas su decisiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La última vez que la Audiencia Nacional negó la excarcelación fue el pasado jueves. Aquella decisión llevaba la firma del titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. De Egea hace labores de apoyo en este juzgado y lleva la instrucción del caso Tándem, pero estaba de permiso ese día. 

Sin embargo, este martes, el magistrado De Egea ha decretado la libertad del policía sin que lo hubiera pedido su defensa y sin consultar al resto de partes, que constituyen las defensas del resto de imputados, la Fiscalía Anticorrupción y el partido Podemos, que ejerce la acusación popular, precisan las mismas fuentes. 

Carlos Salamanca fue detenido el 3 de noviembre de 2017 en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en el centro de Madrid, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El arresto causó un gran revuelo en la Policía. En el momento de la detención, Salamanca era jefe de la Unidad Central de Fronteras. 

Aún permanecen en prisión provisional por la Operación Tándem el comisario Villarejo, acusado de liderar la presunta organización criminal desarticulada, y su socio, el abogado Rafael Redondo. 

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantiene imputado a Villarejo por pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos persiguen las actividades de un grupo, liderado presuntamente por el policía jubilado, dedicado a varias tipologías delictivas. La rama internacional constituye una pata importante de la investigación. Más de seis comisiones rogatorias internacionales cursadas por el juez De Gea aguardan respuesta.

 

 

[17] Seis personas llevan 20 días en prisión provisional por la ‘reocupación’ de Casas Viejas en Sevilla

Por Javier Ramajo

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en:

 

Uno de los encarcelados fue juzgado un día antes por la ocupación de otro inmueble cercano
 
 
El Centro Social Ocupado y Autogestionado ‘Casas Viejas‘ de Sevilla fue símbolo del movimiento ocupa a comienzos de siglo. Se desalojó en noviembre de 2007 y seis activistas fueron  condenados en octubre de 2014 por resistencia y desobediencia. Meses más tarde, la Audiencia rebajó la condena a dos de ellos por el retraso de la sentencia. Ahora, en el mismo lugar donde se demolió el edificio, se levanta un bloque con 37 viviendas a estrenar, en el número 42 de la calle Macarena, frente al muro. Una veintena de personas ocupó el lugar la noche del pasado 15 de febrero pero apenas tardaron unas horas en ser desalojados por la Policía Nacional. Casi veinte días después de aquello, seis personas (dos activistas y cuatro personas sin hogar) están en prisión provisional, comunicada y sin fianza por lo sucedido y otras doce podrían seguir sus pasos tras las declaraciones que este miércoles están previstas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla.

El nuevo episodio de ocupación fue protagonizado por personas sin hogar y por activistas en defensa del derecho a la vivienda, con el apoyo de la Corrala Dignidad, un  nuevo concepto de corrala establecido hace unos meses en Sevilla para dar cobijo alternativo a personas sin hogar y cuyo juicio está pendiente de sentencia. Precisamente una de las personas juzgadas el pasado 15 de febrero está en la cárcel por participar en la nueva ocupación, acometida al día siguiente del juicio a Corrala Dignidad.

Fue entonces cuando varias personas decidieron pernoctar entre colchones y mantas en las nuevas viviendas, aún pendientes de entrega. A la mañana siguiente, según diversas fuentes, un aparejador se dio cuenta de la situación y alertó a la Policía. Agentes de paisano incluso se presentaron antes en el lugar y empezó el desalojo con la llegada de refuerzos. Desde la Corrala Dignidad han señalado que los agentes habían cargado “con fuerza” y “porrazos” contra los ocupas, un enfrentamiento saldado con lesiones entre miembros del colectivo, las personas sin hogar y los propios efectivos policiales, base de la acusación judicial que ahora pesa contra ellos.

El juez ve “procedente” la medida

En concreto, aseguran a este periódico fuentes de las defensas, se les acusa de hasta seis delitos (coacciones, daños, desórdenes públicos, lesiones, atentado a la autoridad y, como origen, delitos de usurpación). Los abogados de los encarcelados tienen recurrido el auto del juzgado que ordenó el ingreso en prisión provisional, adoptada por “riesgo de fuga” y “reiteración delictiva”. El titular del juzgado es Álvaro Martín, tercer instructor del caso ERE, cuyo auto de prisión consideran desmedido, señalan las fuentes. Los encarcelados tienen 20, 21, 23, 32, 32 y 39 años de edad.

Dice el auto de prisión, al que ha tenido acceso este periódico, que los ahora encarcelados actuaron “de común acuerdo entre sí y con un grupo de personas no inferior a treinta”, “de manera coordinada y violenta”, agredieron al citado aparejador y a los policías que se personaron posteriormente en el lugar, causando además daños en las cerraduras de las casas por valor de 20.000 euros. “Resulta evidente la procedencia de la medida de prisión”, establece el juez. Uno de los agentes empuñó durante los incidentes su arma reglamentaria aunque sin desenfundarla, según el atestado policial que ha podido ver este medio y que recoge los hechos resumidos por el juez en el auto de prisión.

Las defensas coinciden en lamentar, por otro lado, la lenta tramitación de sus recursos en una ‘causa con preso’ como la presente, a la que se le presupone especial urgencia a la hora de atender a los escritos de las partes. Entre los diversos argumentos esgrimidos por las defensas están que no existen indicios para justificar “una medida cautelar tan excepcional como es la privación de libertad traducida en prisión provisional”.

Por su parte, una docena de investigados deberá declarar este miércoles a las 10 horas en el juzgado que, entre las diligencias solicitadas, ha reclamado que se recabe su “hoja histórico penal” y ha ofrecido acciones a los agentes policiales y la empresa promotora de las viviendas.

Medida “desproporcionada”

Participa Sevilla Izquierda Unida y  Podemos Andalucíahan pedido la excarcelación de estas personas por la “desproporcionada medida” de ingresarlos en prisión preventiva durante todo este tiempo. Entre los encarcelados se encuentran activistas y personas sin hogar, añaden las fuentes. Los hechos también han despertado la movilización de la Asociación Pro Derechos Humanos, que ha lanzado una petición de firmas  en change.org para pedir la libertad de los encarcelados.

“Al margen de los sucesos que desembocaron en las posteriores detenciones, la prisión preventiva, definida como una medida excepcional, es desproporcionada. No existe riesgo de fuga, la mayoría carecen de recursos económicos; no hay pruebas a destruir; no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas (los policías/propietarios); se vulnera su presunción de inocencia”, dice el texto de la solicitud dirigido al Gobierno español.

“La prisión preventiva, utilizada de esta forma, es una vuelta de tuerca más contra los activistas sociales y las personas pobres, al amparo de la “Ley Mordaza” contra los Derechos y Libertades. La extremada dureza de la medida parece más un mensaje disuasorio para quienes puedan plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa y a los que denuncian la violación del derecho al uso de la vivienda”, apunta la petición.

 

[18] Una tormenta económica perfecta dejó a Italia a punto para el voto de protesta

Por Larry Elliott 

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en:

 

Salarios estancados, crecimiento lento y alto desempleo explican el levantamiento populista de las elecciones

 

Policías antidisturbios y manifestantes en una protesta por motivos laborales en roma en 2017. EFE
 
 

Demasiado poco y demasiado tarde. Cinco palabras que resumen el comportamiento de la economía italiana en los diez años transcurridos desde el estallido de la crisis financiera y que explican, en gran medida, el apoyo a los partidos populistas en las elecciones del domingo.

Si alguna vez ha habido un país listo para una protesta contra el establishment político ese país es Italia, donde cuatro años de crecimiento modesto no han alcanzado para reparar el daño causado por la profunda caída de 2008-09 y la segunda recesión de dos años en 2012-2013.

Sólo dos países del club de naciones ricas de la OCDE no han vuelto aún a la actividad económica previa a la crisis financiera. Grecia es uno de ellos. Italia es el otro.

En algunos aspectos, el historial de Italia desde el principios del siglo es aún peor que el de Grecia. Al menos Grecia tuvo un auge antes de las vacas flacas. En Italia, el nivel de vida es sólo ligeramente superior al que había en el país en 1999, cuando se convirtió en miembro fundador de la moneda única europea.

El euro es claramente un factor detrás del auge del populismo en Italia: ha hecho imposible que en Roma el gobierno recupere la competitividad devaluando la moneda, algo que hacía una y otra vez en los días previos a la Unión Monetaria. La disciplina impuesta por la pertenencia al euro ha ralentizado el crecimiento, estancado los salarios, y provocado alto desempleo y austeridad. Las condiciones perfectas para que irrumpiera con fuerza el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo. 

Los políticos de los países tradicionales, como el primer ministro saliente Paolo Gentiloni, pueden anotarse algunos pequeños éxitos. En los últimos cuatro años se ha creado un millón de puestos de trabajo, aunque el 60% de ellos sean contratos a tiempo parcial. El desempleo juvenil ha disminuido, pero uno de cada tres jóvenes menores de 25 años sigue sin trabajo (el doble de la media de la Unión Europea). Sin trabajo en su hogar, los jóvenes licenciados italianos se van del país para encontrar oportunidades en otros lugares.

Cuando habló en Davos hace menos de dos meses, Gentiloni resumió certeramente el problema al que se enfrentó en las elecciones. “Todavía hay amplios sectores de nuestra población que no están satisfechos con sus condiciones y a los que les preocupa el futuro”. 

“El crecimiento económico no está reduciendo las desigualdades, pero en muchos países, entre ellos Italia, siguen aumentando aunque haya crecimiento económico. Están llegando a niveles aún más intolerables”, dijo. 

Ciertas características parecen hacer más probables las insurrecciones populistas. Un país tiene que haber pasado por un trauma económico prolongado, como Italia. Tiene que estar dividido geográficamente entre una región de rápido crecimiento y una región con problemas, como Italia con su marcada división entre el norte industrial y el sur agrario. Hace falta que los responsables políticos reaccionen a los déficits presupuestarios provocados por el elevado desempleo y el lento crecimiento recortando el Estado del Bienestar, como se han visto obligados a hacer los gobiernos italianos con las normas fiscales de la Unión Europea. Y se necesita exacerbar las tensiones económicas y sociales con inmigración masiva, como ha sucedido en Italia, la principal puerta de entrada a Europa para los que viajan desde Libia.

Como en Gran Bretaña, en Italia hay un problema de productividad, solo que peor. Como en Francia, hay un problema de desempleo, solo que peor. Como en España, ha habido problemas bancarios, solo que peores. Y como en Alemania, el repentino aumento de la migración ha creado un doble problema para los partidos dominantes: los ha hecho parecer completamente fuera de contacto con los votantes y con la boca abierta ante lo que se viene encima.

 

 

[19] El 8 de marzo: la crítica feminista del contrato social

Por Javier Pérez Royo

Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en:

 

El Estado no es propiedad de nadie, pero el peso de los varones en la gestión del mismo sigue siendo abrumador

El contrato social cada vez es más inclusivo desde una perspectiva formal y más excluyente desde una perspectiva material. Las mujeres son las que soportan la mayor parte del costo de la disonancia entre ambas perspectivas

 
 
Varias manifestantes en una marcha del 8M de Madrid. OLMO CALVO
 
 
Los seres humanos no podemos convivir sin explicarnos el por qué y el cómo de nuestra convivencia. Esto es lo que nos diferencia radicalmente de los demás individuos del reino animal. Los animales coexisten. Los seres humanos convivimos. Y para transitar de la pura coexistencia animal a la convivencia humana, los seres humanos hemos necesitado construir ficciones explicadoras y justificadoras de dicho tránsito. Dichas ficciones constituyen la materia de la que se compone la POLÍTICA primero y el DERECHO después. La política es la que nos califica como animales. Los seres humanos somos animales políticos. El derecho da estabilidad a dicha calificación. A partir del momento en que la convivencia humana adquiere determinada dimensión poblacional y territorial, POLÍTICA Y DERECHO son esferas distintas pero inseparables.

Obviamente, a lo largo de la presencia del ser humano en el planeta el sistema de ficciones con base en el cual se ha explicado y justificado la convivenvia ha evolucionado incesantemente. No ha sido el mismo siempre ni en el tiempo ni en el espacio. De ahí que la historia de la teoría política o la historia del derecho hayan sido y continúen siendo áreas de investigación universales. Y de ahí también que la política y el derecho comparados hayan despertado siempre el interés en todas las sociedades.

De entre todas las ficciones explicadoras y justificadoras de la convivencia una de las más exitosas, por no decir, la más exitosa, ha sido el contrato social. Es la ficción contemporánea, en la que descansa la democracia como forma política y el Estado Constitucional como su expresión jurídica. Con base en dicha ficción se ha conseguido alcanzar la mejor forma de organización de la convivencia conocida hasta el momento.

Todavía hoy sigue siendo la mejor ficción explicativa de la convivencia humana. Pero ya no goza de la aceptación acrítica que ha tenido en el pasado. Y no porque en el día de hoy el contrato social sea menos inclusivo de lo que lo fue en el pasado, que no es el caso. Todo lo contrario. El contrato social en sus orígenes y durante sus dos primeros siglos de vida fue un contrato entre varones propietarios, del que estaba excluido no solamente la población femenina en su totalidad, sino gran parte de la masculina también. El Estado Constitucional ha sido durante sus primeros decenios un club de propietarios. Hasta llegar al sufragio universal, masculino primero y femenino después, trasncurrió mucho tiempo. En este momento ya se ha conseguido la igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio activo, que es muy importante. Pero queda mucho camino por recorrer todavía en el derecho de sufragio pasivo. Porque en el derecho de sufragio activo la titularidad y el ejercicio se confunden. Pero en el derecho de sufragio pasivo, no.

El sufragio activo es el componente cuantitativo de la democracia. El pasivo es el componente cualitativo, el que detemina quienes van a ejercer el poder, es decir, quienes van a tomar las decisiones políticas y elaborar las normas jurídicas que van a ordenar la convivencia en toda la superficie de la sociedad. En el sufragio activo está la titularidad del poder. En el pasivo está el ejercicio. En la titularidad todos somos iguales. En el ejercicio las diferencias son enormes.

El Estado no es propiedad de nadie, pero el peso de los varones en la gestión del mismo sigue siendo abrumador. Y cada vez más de los varones en una posición económica privilegiada. De ahí la deriva cada vez mayor hacia un creciente desequilibrio en la distribución de la riqueza, en la que las decisiones de política económica adoptadas básicamente por varones juegan un papel determinante.

El contrato social cada vez es más inclusivo desde una perspectiva formal y más excluyente desde una perspectiva material. Las mujeres son las que soportan la mayor parte del costo de la disonancia entre ambas perspectivas, porque se produce de manera generalizada en todos los escalones de la pirámide social. La discriminación de género es la única discriminación universal. Y la única discriminación que se manifiesta en todas las direcciones imaginables.

De ahí que la crítica feminista al contrato social sea la más universal y la más radical de todas. La más difícilmente asimilable. Por eso, quien viera el programa dirigido por Ana Pastor en La Sexta el domingo por la noche, en el que participaron portavoces femeninas de todos los grupos políticos, comprobaría cómo las portavoces de los partidos de la derecha española, PP y Ciudadanos, se mostraban “comprensivas” con la huelga del día 8, pero se posicionaban inequívocamente contra la misma, mientras que ocurrió lo contrario con las portavoces de los partidos de izquierda.

La línea divisoria entre la derecha y la izquierda, que se había dado por desaparecida, ha vuelto a hacer acto de presencia con la convocatoria del 8 de marzo.

¿Querrá decir algo?

 

[20] El Diablo va de ‘mani’

Por Aníbal Malvar

Artículo publicado el 7 de marzo de 2018 en:
 
‘La lámpara del diablo’ (1798), Francisco de Goya.

Acabamos de enterarnos, por el obispo de San Sebastián, de que Belcebú es feminista. Ya sospechaba yo que el demonio era más progresista que el dios de los católicos. Monseñor José Ignacio Munilla ha señalado en su homilía de Radio María que “es curioso cómo el demonio puede meter un gol desde las propias filas. El feminismo se ha hecho el harakiri” con el 8-M.

Cuenta una leyenda apócrifa que Belcebú se le apareció una vez a un machorro muy revertiano y le ofreció un deseo.

–¡Quiero catarle el coño a todas las tías que se me pongan a tiro!–demandó el sicalíptico varón.

El diablo, conmovido, le concedió la gracia y lo convirtió en váter. Sin duda alguna, apartando a ese tipo de las calles, Satanás nos regaló un enemigo menos del respeto a la mujer, que es palabra, respeto, que resume todas las bellas exigencias de este ocho de marzo y de la historia del feminismo. El Maligno se comportó como un verdadero feminista militante, lo cual que hay que darle toda la razón a monseñor Munilla: Belcebú secundará la huelga de mañana.

El obispo de la radio considera que las promotoras de la huelga defienden las causas del “lesbianismo y el bisexualismo”, y yo creo que, en este caso, monseñor no solo se returce por convicciones morales, sino también para preservar el casi monopolio de abusos a menores que hasta ahora había gozado la iglesia. ¿Cómo se le ocurre a nadie vindicar relaciones homo con alguien que no sea un cura o una monja? Podría ser pecado y hasta digno de investigación judicial. Como ha señalado el cardenal Santiago Cañizares, el gran enemigo de esta sociedad y de la moral pública es “el imperio gay”. Vade retro.

Ya nos advertía Anatole France de que nunca alcanzaremos la visión que tiene el diablo del mundo, pues solo dios escribió un libro. Ahora, gracias a monseñor Munilla, nos vamos haciendo una idea. El de los cuernos y el rabo es feminista, manifestorro, de izquierdas y con simpatías hacia “el imperio gay”.

Escuchando a obispos y cardenales españoles, uno todavía no entiende que todas estas sandeces continúen gozando del crédito intelectual de tantos fieles católicos. O sea, que no haya ningún sector de la feligresía que salga a las teles y a las radios a gritar que munillascañizares no los representan, que no todos los católicos son así. ¿Será que lo son?

También extraña, tal y como se la están cogiendo con papel de fumar con las ofensas, que ningún juez haya llamado a declarar a estos señores tan falderos por delitos de odio contra las mujeres, los homosexuales y lesbianas, o contra los niños abusados que es que van provocando. “Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan”, nos ilustraba no ha mucho el también obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que insiste, por otra parte, en calificar de enfermos a los homosexuales.

Al final vamos a tener que darle la razón a Bergamín, quien opinaba que “la teología es la lógica del diablo”. Aunque a estos curillas high standing la palabra teología les viene grande. Quizá sería más adecuado definirlos como expertos en teomanía. Con ellos comparado, Belcebú se está ganando el cielo. Muy a su pesar.

 

 

[21] Los funcionarios de los juzgados gallegos han perdido más de 3,5 millones en sueldos en un mes de huelga

Por JUAN OLIVER

 Artículo publicado el 6 de marzo de 2018 en:

 

Manifestación de los funcionarios de los juzgados gallegos.
 
 
Los funcionarios de los juzgados gallegos ya han perdido más de 3,5 millones de euros en salarios desde que empezaron la huelga indefinida que mantiene paralizado el sistema judicial de la comunidad desde el pasado 7 de febrero. Esa cantidad es casi la mitad del incremento global anual que reclaman los trabajadores para poder recuperar el poder adquisitivo perdido por los recortes aplicados desde el comienzo de la crisis económica. La Xunta mantunvo paralizadas las negociaciones ante la negativa del vicepresidente de Feijóo y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, a sentarse a la mesa si los sindicatos no desconvocaban antes los paros. Pero el martes anunció que las retomaría, aunque condicionó su presencia a esa premisa.
 

En el últimos mes se han suspendido más de 25.000 trámites judiciales, algunos de los cuales afectan a altos cargos de la Xunta, como las declaraciones de los médicos de la sanidad pública que denunciaron las muertes de pacientes de hepatitis C por las que se acusa de homicidio imprudente a dos directivos del Servicio Galego de Saúde. También se han aplazado alrededor de 10.000 juicios, entre los que también hay casos de impacto mediático como el de la ampliación de capital de la quebrada Pescanova o el que debía haber sentado en el banquillo al alcalde popular de la localidad lucense de Barreiros (Lugo) por uno de los mayores pelotazos urbanísticos de Galicia. La huelga también afecta a los registros, prácticamente inactivos y que no tramitan certificados de defunción desde hace un mes, lo que ha dejado a miles de personas sin poder realizar los trámites derivados del deceso de sus familiares, como la solicitud de una pensión de viudedad.

Los sindicatos que han convocado la huelga –todas las centrales con representación en la comunidad- estiman que por cada día sin ir a trabajar se le descuentan a cada funcionario una media de entre 65 y 70 euros, y ya van, sin contar fines de semana y festivos, 22 jornadas de paro. Es decir que la pérdida por persona rondaría ya los 1.431 y los 1.540 euros. La plataforma de la huelga estima un seguimiento de alrededor del 90% que la Xunta rebaja a menos del 40%, algo difícil de creer teniendo en cuenta que juzgados y registros están totalmente paralizados y que hasta los portavoces del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo admiten que el sistema está colapsado. 

Pero incluso tomando por ciertos los datos del departamento de Rueda, eso significaría que serían más de mil los funcionarios que están secundando la huelga, con lo que la pérdida conjunta sumaría, en una resultado a la baja, más de 1,5 millones de euros. A esa cantidad habría que sumar otros dos millones de la prorrata de las pagas extras, que se devengan según el número de días trabajados en el año, y que ya rondaría los 2.000 euros por huelguista.

 
Manifestación de los funcionarios de los juzgados gallegos.

 

Según el Consejo General del Poder Judicial, Galicia es una de las comunidades más afectadas por la falta de medios materiales y humanos en los juzgados, que padecen condiciones en ocasiones degradantes para trabajadores y usuarios y que acumulan demoras difícilmente compaginables con el derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de la Justicia en un tiempo razonable.

Además del compromiso para solventar esos déficits, los funcionarios reclaman una subida salarial de 100 euros al mes este año y de otros 50 en el 2019 y el 2020, lo que les permitiría recuperar al final de ese ejercicio la capacidad adquisitiva perdida en los últimos dos lustros. Frente a eso, la Xunta se queda en una subida progresiva que alcanzaría una media de 77 euros por trabajador dentro de tres años.

Alrededor de 2.000 personas se manifestaron el pasado fin de semana en Santiago en apoyo de sus reivindicaciones, y varios centenares repitieron concentración este martes frente al Parlamento de Galicia, donde comparecía Alfonso Rueda para dar cuentas de la situación. Los funcionarios acusan al delfín de Feijóo de intentar enfrentarlos con la opinión pública y de tensar el conflicto, permitiendo que cargos de la Xunta insinuaran que los trabajadores que no estuvieran contentos con sus condiciones laborales podían emigrar a otra comunidad autónoma y jactándose de que la huelga estaba permitiendo al Ejecutivo autonómico ahorrar dinero. También consideran una provocación que Rueda se niegue a retomar las negociaciones en persona si los sindicatos no desconvocan el paro.

“Negociar es su obligación, para eso ocupa el cargo que ocupa, y no puede utilizar el chantaje como arma. Porque exigir como condición previa que dejemos de ejercer nuestro derecho a la huelga es un chantaje intolerable”, asegura Xesús H. Sánchez, responsable de Xustiza de la Confederación Intersindical Galega (CIG), la mayor central de Galicia.

Sánchez advierte de que la Xunta miente cuando dice que se ahorra dinero con los paros, pues la mayor parte de la nómina de los funcionarios proviene de las transferencias directas del Ministerio de Justicia. “Para un salario medio de 1.500 euros brutos mensuales, entre 1.100 y 1.200 euros no corresponden a la Xunta, que sólo asume una pequeña parte mediante el complemento autonómico”, asegura.

El portavoz de la CIG subraya que los trabajadores siguen firmes en su decisión de seguir con los paros pese al coste que eso tiene para las familias de miles de de ellos, que han dejado de cobrar su sueldo y que, en el caso de los adscritos a la Seguridad Social y no a Muface, también han visto como cesaban sus cotizaciones. En particular, el portavoz de la CIG recuerda “el compromiso y la valentía” de aquellos compañeros que alcanzarán la edad de jubilación en los próximos años tres , cuyas pensiones se reducirán por ese parón en la cotización y quienes, aun en el caso de lograr que se les aplique el incremento que solicitan, ni siquiera tendrán tiempo de recuperar el dinero que ya han perdido con la huelga.

 

 

[22] La ONU denuncia la violación de la privacidad por los Estados

 

 
 

Joseph Cannataciel relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad lo tiene claro: es imprescindible intensificar la protección de la privacidad en el internet. Así lo ha expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recomendando que los Estados actuén juntos, coordinados, dado que la problemática ha traspasado las fronteras nacionales.

Tal y como asegura Cannataci, el éxito de esta salvaguarda de la privacidad depende de la voluntad y la capacidad de los Estados detrabajar juntos para lograr la sinergia entre los intereses de seguridad y la privacidad en el ciberespacio”.

Sin embargo, no sólo no se da esa necesaria cooperación sino que, además, el relator especial asegura que “desafortunadamente, no existe una sola legislación nacional de vigilancia que cumpla perfectamente y respete el derecho a la privacidad”. Desde su punto de vista, “los mecanismos de supervisión interna para la vigilancia de las comunicaciones y el uso de Internet no siempre existen, y cuando lo hacen, con frecuencia son ineficaces y no proporcionan la transparencia y responsabilidad adecuadas”.

La solución propuesta por el representante de la ONU, hoy por hoy, es pura utopía: apuesta por el establecimiento de un instrumento legal internacional, fruto del consenso de todos los Estados miembros de la ONU, para respetar y proteger el derecho a la privacidad en internet, especialmente en lo que al comportamiento que están teniendo los Gobiernos. Consciente de lo complicado de esta empresa, el propio Cannataci admite que es un camino cuyo recorrido se prolongará durante varios años.

Con un incremento de las acciones invasivas por parte de los Gobiernos amparándose en asuntos de seguridad nacional, pensar que es posible desarrollar un marco jurídico claro y exhaustivo sobre privacidad y vigilancia en el ciberespacio, como urge el relator especial, a fin de respetar el derecho a la privacidad dentro de cada país y a través de las fronteras nacionales, es una mera declaración de intenciones.

A pesar de ello, Cannataci  ha pedido al Consejo de Derechos Humanos que recomiende a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se impulse el desarrollo de un marco jurídico más amplio para Internet en la intersección de la privacidad y la seguridad.

Asimismo, el informe que ha presentado el relator especial presta mucha atención al mundo del big data y las fuentes abiertas (open data). Su análisis concluye que la disponibilidad de grandes volúmenes de datos permite una mayor y mejor toma de decisiones razonada por parte de individuos, empresas y Estados de todo el mundo, pero la mala gestión de la privacidad pone en riesgo su valor potencial.

Tal y como expone, “los datos son y seguirán siendo un activo económico clave, como capital y trabajo”. Sin embargo, “privacidad e innovación pueden ir juntas”, sin erosionar la protección de los Derechos Humanos. Para alcanzar esta meta, emite algunas recomendaciones, como el imperativo de establecer claramente políticas que limiten el uso de información personal basada en estándares y principios internacionales.

Paralelamente, el informe insta a que cualquier iniciativa de Gobierno Abierto que involucre información personal, ya sea anonimizada o no, requiere un análisis riguroso, público y científicode las protecciones de privacidad de datos, incluida una evaluación de impacto sobre la privacidad”.

[23] Investidura y división de poderes

Por Javier Pérez Royo

Artículo publicado el 7 de marzo de 2018 en:

 

Si el President del Parlament propone a Jordi Sánchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat, nadie puede impedir que acuda al Pleno del Parlament para exponer su programa de gobierno

El principio de división de poderes exige que, desde ninguno de los otros dos poderes constitucionales, ejecutivo y judicial, se adopte medida alguna que interfiera con el proceso de investidura

 

Torrent (ERC) fue nombrado presidente del Parlament el pasado miércoles
 
 

El acto de investidura del Presidente del Gobierno o del Presidente de una Comunidad Autónoma es un acto exclusivamente parlamentario. Es el acto con el que empieza realmente la legislatura, ya que si el Parlamento no inviste al Presidente en el plazo constitucionalmente establecido, queda automáticamente disuelto. De ahí que no haya ningún otro acto parlamentario singularmente considerado tan importante como ese.

Esta es la razón por la que se trata de un acto minuciosamente regulado en la Constitución o el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento del Congreso o del Parlamento de la Comunidad Autónoma. Es el acto en el que más claramente se expresa el principio de autonomía parlamentaria. Nadie desde el exterior puede penetrar en el proceso de investidura.

El protagonista indiscutible de dicho acto parlamentario es el Presidente o Presidenta del Congreso o del Parlament, si hablamos de Catalunya. A él se le encomienda la evacuación de las consultas con los diferentes grupos parlamentarios y la propuesta a continuación del candidato que considera que está en mejores condiciones de ser investido. En dicha operación el Presidente o President tiene dos límites: 1. Que únicamente puede proponer como candidato a un diputado electo. 2. Que el candidato no puede estar privado del ejercicio del derecho de sufragio mediante sentencia judicial firme.

Fuera de estos dos condicionantes constitucionales, la autoridad del President para ordenar la sesión de investidura no tiene límites. Y cuando digo que no tiene límites, quiero decir que no hay ninguna autoridad en el Estado que pueda interponerse en el camino establecido por el President para el desarrollo de la sesión de investidura. Las Comunidades Autónomas también son Estado y en el proceso de investidura del President de la Generalitat el President del Parlament es la máxima autoridad del Estado.

Mientras el President proponga a un diputado electo que no está privado del ejercicio de derecho de sufragio, su decisión tiene que ser acatada en todo el Estado. El principio de división de poderes exige que, desde ninguno de los otros dos poderes constitucionales, ejecutivo y judicial, se adopte medida alguna que interfiera con el proceso de investidura tal como ha previsto su desarrollo el President.



Quiere decirse, pues, que si el President del Parlament propone a Jordi Sánchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat, nadie puede impedir que acuda al Pleno del Parlament para exponer su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara.



Más todavía, las autoridades públicas tienen la obligación de colaborar con el President para que la sesión de investidura se desarrolle tal como él la ha programado. De ahí que el President pueda dirigirse al Juez Pablo Llanera, no para solicitar que autorice la presencia de Jordi Sánchez en el Parlament, sino para requerirle que disponga todo lo que sea necesario para que el candidato propuesto esté presente en la sesión de investidura.



Lo que el Juez Instructor recibe en este caso es un requerimiento de la máxima autoridad del Estado en ese asunto y, por tanto, de obligado cumplimiento. No puede no atenderlo. Estaría vulnerando el principio de separación de poderes, en la medida en que invadiría la competencia exclusiva y excluyente del President del Parlament.



En lo que a la investidura se refiere, Jordi Sánchez no tiene que hacer nada, excepto presentarse en el Parlament el día y a la hora fijada por el President. Quien tiene que dirigirse al Juez Pablo Llanera es el President e, insisto, no para solicitar nada, sino para requerirlo a que cumpla con la obligación de hacer efectivo el traslado del candidato propuesto al Parlament para la sesión de investidura.

Obviamente, el candidato sigue privado de la libertad deambulatoria, es decir, sigue en prisión provisional en los términos fijados por el juez instructor. Pero no solamente no se le puede impedir acudir a la sesión de investidura, sino que el juez instructor tiene la obligación de asegurarse de que va a poder asistir. No puede hacer nada más que ir a la sesión de investidura y volver a prisión una vez acabada. Pero eso no se le puede impedir.

En la investidura no hay más autoridad que la del President del Parlament. La división de poderes en una democracia parlamentaria es así.


 

[24] Fraga, peluquero de damas provocadoras

Por Fernando López Agudín

Artículo publicado el 8 de marzo de 2018 en:

 

“Dos cortes de pelo pueden ser la única apoyatura real para el montaje de una leyenda negra o tomadura de pelo” fueron, según declaraba el ministro de Información de la dictadura de Franco, la respuesta policial a las ” sistemáticas provocaciones de algunas damas “a la Fuerza Pública, durante las movilizaciones ciudadanas contra la represión de los mineros que secundaban la huelga general del año 1963 en la cuenca asturiana. A la tortura generalizada sobre los hombres y mujeres, denunciada en una carta suscrita por unos 102 intelectuales, se añadía la humillación especifica sobre las mujeres, sometidas a los cortes de pelo en la espantosa peluquería del capitán Fernando Caro.

Parece oportuno recordarlo hoy, día de la huelga feminista, para tratar de entender como todavía un sector nada desdeñable de la derecha española, del que se acaba de desmarcar hasta el propio Rajoy, persiste aún en confundir la movilización democrática con la provocación política. Cuando destacadas líderes del PP, como la ministra Tejerina o la presidenta Cifuentes, repiten el mantra de la huelga japonesa recuperan los mismos clisés de las señoras de orden franquista sobre la necesidad política de combatir a los huelguistas, trabajando mucho más. Las hemerotecas lo señalan con meridiana claridad. Al fin y al cabo,  don Manuel Fraga, peluquero de damas provocadoras, fue el fundador del Partido Popular.

Pero, sobre todo, es obligado el recordatorio por la figura de una de las rapadas por Fraga, Constantina Pérez Martínez, más conocida por Tina, una dirigente del Comité Central del Partido Comunista de España. Su recia e inteligente personalidad simboliza la lucha de miles de mujeres contra la dictadura franquista apoyada por casi toda la derecha. Fallecida en 1965, pocos meses después de su salida de la prisión, como consecuencia de los muchos malos tratos recibidos, participó ampliamente junto con otras muchas mujeres de mineros en la denuncia política de algunos esquiroles en las cuencas mineras de Asturias. Como ocurre con otros tantos luchadores antifranquistas es, sin embargo, una desconocida.

Aquel ejemplo de Tina fue seguido por la primera manifestación silenciosa de mujeres tras la guerra civil, habida el 15 de mayo de 1962 en la Puerta del Sol de Madrid, en solidaridad pública con los huelguistas. Unas 80 mujeres fueron detenidas, entre ellas Magdalena Saura, esposa de Antonio Saura, brutalizada por la policía pese a estar embazarada de seis meses. Uno de los corresponsales de la Pirenaica describía bien el ambiente de los calabozos de lo que es hoy la sede de la Comunidad de Madrid: ” A éstas lo que les hace falta es pasarlas por la piedra, decía un esbirro, mientras otro preguntaba ¿ Qué, son putas ? y un baranda policial respondía: no, son esas señoritas de las que fuman tabaco rubio, que quieren jugar a ser amigas de los mineros. Eso sí, lo que necesitan es un buen repaso”

Conviene no olvidar, además, que los mejores sucesores de las artes peluqueras del capitán Caro continúan en el siglo XXI en la misma peluquería de Interior. Todos los ministros desde la transición, desde Martín Villa a Zoido por el PP, desde Barrionuevo a Rubalcaba por el PSOE, han respetado siempre todos sus derechos adquiridos así como los han defendido  cuando se pasaban de la raya legal. No deja de llamar la atención que la Moncloa recurriese a uno de esos oficiales, condenados por tortura e indultado posteriormente, para llevar a cabo la salvajada policial del 1 de octubre en Barcelona o , lo que todavía es mucho  grave, haya recurrido a otro oficial, también sentenciado por tortura e indultado, para representar hoy mismo al Estado español en el Comité Europeo para la Prevención contra la Tortura.

No sería así, si tras la muerte de Franco, las mujeres y los hombres hubieran podido consultar los archivos de la Brigada Político Social,para conocer tanto sus fichas policiales como la lista de los agentes de la policía política de la dictadura. Pese a que así se hizo  en Alemania, cuando la absorción del estado de la RDA por el estado de la RFA, con los ficheros de la Stasi , aún es una asignatura pendiente en el Estado español, cuatro décadas después del fin del régimen franquista. Sin la lucha de mujeres como Tina no existiría democracia en España, sin la lucha de las mujeres de ahora será imposible mañana todo desarrollo democrático. Son  aquellas mismas damas provocadoras, de las que  hablaba Fraga, las que protagonizan hoy esta movilización histórica en defensa de los derechos de la mujer .O ,  viene a ser lo mismo, en defensa de la democracia porque las mujeres, como diría Mao Tse Tung, soportan sobre sus espaldas la mitad del peso de la humanidad

 

 

 

[25] Ana Rosa cancela su programa por la huelga feminista del 8 de marzo

Por ABC PLAY

Artículo publicado el 8 de marzo de 2018 en:

 

«Espejo Público», por su parte, continuó su emisión, aunque su presentadora Susanna Griso también anunció que secundaría la huelga prevista para el Día Internacional de la Mujer

 

Ana Rosa secunda la huelga feminista del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer
 
 
Este miércoles Ana Rosa Quintana anunció que secundaría la huelga feminista prevista para el Día Internacional de la Mujer, eso sí, su programa seguiría emitiéndose.
 
La presentadora, sin embargo, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter que han cambiado de planes y el espacio que conduce en Telecinco tampoco se emitirá, en sintonía con la huelga feminista que se celebra por el Día Internacional de la Mujer.<

«Si las mujeres paramos, que se note. No hay @ELPROGRAMADEAR. #LasPeriodistasParamos», ha escrito Ana Rosa en la red social.

En ese sentido, por la huelga feminista se suspende también la intervención de Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, prevista para el Día Internacional de la Mujer en el programa de Ana Rosa. En su lugar, se ha optado por la redifusión de «La Voz Kids».

También se ha unido a la huelga feminista Susanna Griso,aunque su programa Espejo Público ha seguido emitiéndose: «Voy a hacer huelga. ¿Qué pasa? ¿Os dais por enterados? No veo ninguna mujeres entre los presentes (…) Voy a hacer huelga. Completamente».

Ambas presentadoras, y otras como Isabel Gemio, se dejaron por ver por Callao con motivo de la huelga feminista.

En los medios de comunicación, algunas cadenas de televisión han visto modificadas sus programaciones matinales y así TVE, donde «La mañana de la 1» ha sido sustituido por una grabación de «Españoles por el mundo».

 

 

 

 

[26] Vigo se rebela para recuperar la isla privada de Toralla

Por Juan Oliver

Artículo publicado el 8 de marzo de 2018 en:

 

El Ayuntamiento rechaza la intención del Gobierno de legalizar la ocupación de terrenos de dominio público en una urbanización que impide desde hace décadas a los ciudadanos acceder al islote

 

Vista de la isla de Toralla.
 
El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado los trámites para recuperar para el uso público el borde litoral de la isla de Toralla, un pequeño e idílico enclave situado al sur de la ciudad convertido en recinto de uso exclusivo para un puñado de afortunados propietarios, que desde hace decenios han logrado evitar cumplir la ley y dar acceso de la ciudadanía a los terrenos que ocupan ilegalmente.

La isla es una pequeña extensión de diez hectáreas ubicada frente a la playa do Vao, que durante el crujido inmobiliario de los años sesenta del siglo pasado se convirtió en un goloso bocado para constructores sin escrúpulos y promotores avispados, que la urbanizaron a machete. Destrozaron el entorno y levantaron decenas de chalés privados y una horrenda torre de veinte pisos que afea la línea del horizonte de la ría viguesa, tanto si se la observa desde la tierra como desde el mar.

Bajo las casas y los apartamentos yace un castro de la Edad de Hierro y una necrópolis romana, pero toda esa riqueza histórica, que se suma al patrimonio natural y paisajístico, permanece enterrada. Con los años, la propiedad de los terrenos y las viviendas se fue consolidando, y la urbanización tiene desde hace tiempo carácter privado. Pero algunos propietarios han ido extendiendo sus parcelas varios metros, en algunos casos decenas, hasta casi la orilla del mar, que es la zona legalmente reservada al dominio público marítimo-terrestre.

Aunque la Ley de Costas da derecho a cualquier ciudadano a hacer uso del suelo público y, en el caso de Toralla, como servidumbre de paso para llegar al mar andando por el borde de la isla, en la entrada de la urbanización una pareja de guardias privados, situados día y noche junto una barrera automática con cámara identificadora de matrículas, impide el paso al público que cruza el largo puente. Éste une el islote al mar, y durante mucho tiempo sólo fue accesible para los residentes.

Los vecinos y el Ayuntamiento de Vigo llevan años reclamando que se pueda bordear Toralla andando por esa zona en teoría pública. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino inició en el año 2008, bajo mando de la ex ministra viguesa Elena Espinosa, un plan para proceder al deslinde de la franja costera y aprovecharla para construir un paseo marítimo. Pero la crisis acabó con el proyecto, y Toralla siguió cerrada.

Ahora, es el Gobierno de Rajoy el que intenta beneficiar a los propietarios, tramitando la solicitud de uno de ellos para que se proceda a deslindar la zona y consolidar así como suya parte del dominio público evitando que se construya el paseo.

El Servicio Provincial de Costas, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca , Alimentación y Medio Ambiente de Isabel García Tejerina, envió hace unos meses al Ayuntamiento que preside el socialista Abel Caballero un requerimiento para que le informara de la situación legal de la zona. En su contestación, el Concello explica de que el particular interesado en el asunto no aduce para el pretendido deslinde “causa distinta que el interés privado”, y señala que lo que propone el Gobierno afecta a una zona en la que ya es “imposible el libre acceso público en mínimas condiciones de seguridad. Por eso, considera que reducir aún más esa franja “reduce drásticamente las posibilidades de materializar ese libre tránsito mediante una senda, paseo o itinerario de uso público”.

 

Vista aérea de la isla de Toralla en el año 1956 (arriba izquierda), 2004 (abajo izquierda), 2014 (arriba derecha), 2017 (abajo derecha). WIKIPEDIA

 

En su informe, al Ayuntamiento adjunta las fotografías aéreas que acompañan a este texto, tomadas en 1956, en el 2004 y en el 2014, y que muestran cómo muchos de los propietarios han indo ampliando ilegalmente los cierres de sus fincas: “Según comprobamos en la información cartográfica disponible, la configuración de esta parte de la isla ha sufrido una transformación importante en las últimas décadas, de tal forma que la zona de rocas y ribera ha sido ocupada por muros o diques que han reducido de forma notable la zona marítima al tiempo que las parcelas avanzaron hacia el mar”, abunda. Además, subraya que los accesos al mar que en su día fueron contemplados en el proyecto del 2008, han sido “cerrados mediante diferentes cancillas y en la mayoría de los casos su uso público no es posible al encontrarse incorporados a propiedades privadas”.

En Toralla habitan en invierno medio centenar de vecinos y muchos de los chalés permanecen cerrados, aunque en los meses de verano, cuando se calman el frío, la niebla y el oleaje, la población se multiplica y llega al millar de personas. Son los únicos que pueden disfrutar sin problemas de ese entorno, aunque quizá no puedan seguir haciéndolo por mucho tiempo. El Ayuntamiento de Vigo advierte también en su escrito que si el Gobierno sigue empeñado en realizar el deslinde, reclamará que le ceda el terreno afectado “para garantizar la circunvalación peatonal pública de la totalidad del perímetro de la isla”. 

 

 

[27] Cuatro claves para entender la estafa en la sequía del Levante

Por Lucía Villa

Artículo publicado el 7 de marzo de 2018 en:

 

Las presiones del regadío muchas veces ilegal, la abundancia de recursos hídricos que no se tienen en cuenta en los planes hidrológicos y la amnistía a las grandes empresas están detrás de esta crisis del agua en una zona con superávit de lluvias.

 

El presidente de Murcia, junto a un manifestante, en la protesta que han protagonizado los regantes del Levante en Madrid. EFE
 
 Miles de regantes de Almería, Murcia y Alicante han inundado este miércoles las calles de Madrid con una demanda clara: “Más agua”. Los agricultores y productores del Levante piden a al Gobierno soluciones para acabar con la “sequía estructural” y la “situación agónica” que afecta a lo que se conoce como la huerta de Europa. Representantes del PP, Psoe y Ciudadanos de Murcia se han unido a la protesta para pedir un Pacto Nacional del Agua que incluya, entre otras medidas, la modernización de los regadíos, la construcción de más desaladoras y más transferencia y trasvase de caudales. “Que el resto del país sepa que hay una parte de España que lo está pasando mal, ahora que la sequía solo está en el sureste español”, ha dicho el presidente murciano, Fernando López Miras (PP) durante la manifestación.

La cuenca del Segura, que abastece mayoritariamente a estas zonas, lleva meses en situación de emergencia hídrica. El último boletín del Ministerio de Medio Ambiente sobre las reservas hidráulicas del país —del 6 de marzo— sitúa a los embalses de esta cuenca como los más bajos de todo el territorio nacional, a tan sólo un 17,6% de su capacidad. Sin embargo, la aparente situación de sequía que se vive en este territorio tiene menos que ver con la escasez real del recurso que con una cuestionada gestión del agua. Son varias las organizaciones que llevan años denunciando “el expolio”, “la trama” y “el negocio” que se ha creado en torno al agua en esta cuenca.

“En el Segura no hay una sequía meteorológica, sino que se ha creado de manera insostenible. Hay un exceso de demanda del agua disponible que está presionando los ecosistemas. Lo que hay es un problema de gestión”, advirtió en una entrevista a este periódico Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, hace meses.

Estas son algunas claves para entender qué ha ocurrido con el agua en la cuenca del Segura

Superávit de lluvias

Una cosa es la sequía hidrológica (la falta de agua en los embalses) y otra la sequía meteorológica (la falta de lluvias). Y aunque a priori deberían estar relacionadas, en la cuenca del Segura sucede todo lo contrario. Es uno de los datos más llamativos. Dos mapas sirven para ilustrarlo: mientras el de la sequía hidrológica del Ministeriomuestra a buena parte de los territorios que forman parte de la cuenca en color rojo emergencia, la cartografía de las precipitaciones acumuladas durante el último año aportan una imagen radicalmente opuesta. Es decir, los embalses están vacíos pese a la abundancia de lluvias. Es más, el resumen del último año hidrológico (que se mide del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017) de la Agencia Estatal de Meteorología evidencia que de las 10 cuencas hidrológicas que existen en España, la del Júcar y la del Segura son las dos únicas que registraron superávit. La del Segura ha sido la más beneficiada, con un 22% más de lluvias que la media de años anteriores.

 

 

A la izquierda, el mapa de la sequía hídrica del Ministerio (las zonas en rojo marcan emergencia) y a la derecha, el de la acumulación de lluvias en el último año hidrológico de Aemet (las zonas en verde marcan superávit)

Presión del regadío

Uno de los datos que ayudan a explicar la paradoja de la situación anterior es la enorme presión por el regadío que existe en la cuenca del Segura. Allí, aproximadamente el 85% de los recursos de agua se destinan a la agricultura. Según un informe de Greenpeace, la superficie regable en la zona aumentó un 80% entre 1991 y 2002. Además, muchas son ilegales. A pesar de que un decreto ley de 1986 prohibió las nuevas concesiones de agua, el nuevo Plan Hidrológico del Segura (2015-2021) reconoce que hay unas 60.000 hectáreas de regadío posteriores a su entrada en vigor. En paralelo, se ha ido propiciando una mayor agricultura de cultivos que necesitan mayor consumo de agua como las hortalizas.

Recursos hídricos abundantes, que no se cuentan

La cuenca del Segura es de las más ricas en aguas subterráneas de la Península Ibérica. Sin embargo, el Plan Hidrológico del Segura no calcula el agua que hay en sus embalses subterráneos, según denuncia el informe de Greenpeace. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona estimó que el flujo subterráneo de agua en el caso del mar Mediterráneo puede ser hasta 15 veces mayor al del caudal de los ríos.

“Los acuíferos del Segura están en una situación excelente. Se podrían utilizar con cabeza y habría suficiente para mantener la demanda en la cuenca”, señala en conversación con Público Julio Barea, responsable de Agua de la organización.

“El agua subterránea no es negocio para las grandes constructoras de desaladoras, presas, grandes conducciones y trasvases. Reconocer que existe suficiente agua subterránea en cantidad y calidad sería un problema para el negocio de la sequía”, apunta el informe, realizado por el hidrogeólogo Francisco Turrión.

Persecución al pequeño agricultor

Son muchos los pequeños agricultores de la zona que han denunciado la represión contra sus explotaciones agrícolas, mientras a las grandes empresas no se les sanciona o se les aplica una amnistía para su legalización. El informe de Greenpeace está lleno de ellos. “Soy víctima de un grupo de empresarios y del ministerio que aprovechándose la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, amplían regadíos y le roban el agua a miles de ciudadanos”, señala el agricultor Pedro Morales. “Cuando vas para Murcia ves regadíos que antes no existían y que tienen agua, cuando tú, ahí en tu tierra, ves que la gente no la tiene”, señala Carlos Sánchez, presidente de la comunidad de regantes de Elche de la Sierra. 

 

[28] El TC declara que negar a un detenido la información del arresto puede vulnerar el derecho a la libertad

Por EFE

Articulo publicado el 9 de marzo de 2018 en: 

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/09/5aa27ec122601d34288b462a.html

 

Fachada del TC. Foto OLMO CALVO

 

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un hombre al que la Policía no informó de forma suficiente sobre las razones por las que había sido detenido, lo que le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial y vulneró su derecho a la libertad.

Los hechos se produjeron tras la detención del recurrente, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta en la que hubo varios heridos.

Tras ser detenido, fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos.

El abogado que le fue asignado solicitó su comparecencia ante el juez (habeas corpus), después de que la Policía le negara el atestado, pero el Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde Pumpido, señala que la Constitución “reconoce expresamente a toda persona detenida el derecho a ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible no sólo de los derechos que le asisten, sino también de las razones de su detención”.

Se trata, además, de la primera sentencia que el Tribunal dicta desde que se incorporaron a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) las directivas europeas dirigidas a garantizar los derechos de las personas detenidas.

Tras la reforma de 2015, la LECrim reconoce a los detenidos el derecho a ser informados “del procedimiento” que pueden seguir para recurrir su detención y el derecho “de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”.

Este derecho, afirma la sentencia, no implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado, “únicamente cobra sentido y se reconoce el acceso a aquellas (actuaciones policiales) que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”.

Por tanto, de la nueva regulación puede desprenderse que a los agentes responsables de la custodia del detenido les corresponde informarle por escrito “de forma inmediata y comprensible, no sólo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad”.

Y cuando el detenido así lo solicite, “deben también proporcionarle acceso a aquellos documentos o elementos de las actuaciones en los que se apoye materialmente” la privación cautelar de libertad.

En este caso concreto, según se afirma en la demanda, al recurrente sólo se le indicó que había sido detenido por “ser interceptado en el lugar de los hechos por los efectivos policiales actuantes”

 

 

 

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