¿Un país para todos?

SUMARIO:

[1] España para la mitad de los españoles, por  Carlos Hernández

[2] La reforma electoral I, por Javier Pérez Royo

[3] La reforma electoral II, por Javier Pérez Royo

[4] Dignidad selectiva, por Elisa Beni

[5]  Inquisition Reloaded (primera carta a Suiza), por David Fernández / August Gil Matamala

[1] España para la mitad de los españoles

Por Carlos Hernández

Artículo publicado el 22 de febrero de 2018 en:

 

Si la España que se acaba imponiendo es la de los machotes, los censores, los insolidarios, los represores y los ladrones… no tardaré en buscarme otra bandera. Y no seré el único

 

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar.

La involución que está sufriendo España desde 2011 ha logrado expulsar ya de nuestro país, al menos, a la mitad de la población de Cataluña. Hoy creo que vamos camino de que esa terrible realidad acabe contagiándose al resto de nuestra nación. No me refiero solo a ciudadanos y ciudadanas que viven en comunidades con un fuerte sentimiento nacionalista como es Euskadi, sino a madrileños, andaluces, extremeños, valencianos, gallegos o murcianos que, cada día que pasa, se van sintiendo menos españoles.

Ya sé que hay multitud de compatriotas que aman a España “por encima de todo, pase lo que pase y siempre… ¡Viva España!”. Me refiero a los que lo dicen de verdad, no a los patriotas con cuentas en Suiza y en la Islas Caimán. En cualquier caso, los que somos más de pensar estamos ya cansados de que políticos azules (los de las cuentas en Suiza y las Caimán, precisamente), naranjas y rojos insulten nuestra inteligencia dándonos una banderita para que la agitemos con fervor cada vez que ellos tienen un problema.

Si España es el himno ‘casposorreligioso’ de Marta Sánchez, avalado por Rajoy y por Rivera; si España es la que manda a prisión a cantantes y absuelve a torturadores de la dictadura; si España es la que censura obras de arte y secuestra libros, a la vez que le ríe las gracias a periodistas machistas, racistas y pseudofascistas como Jiménez Losantos o Carlos Herrera; si España se está cargando, según confirman Amnistía Internacional y Jueces para la Democracia, uno de los derechos más preciados como es la libertad de expresión; si España rescata bancos y autopistas mientras paga pensiones de miseria; si España sigue gobernada por un partido corrompido hasta la médula gracias al apoyo y/o a la vergonzosa inacción de la supuesta oposición; si España es la de la radiotelevisión pública que se teledirige y se manipula desde la Moncloa; si España tolera que el criminal dictador siga enterrado como un faraón mientras las decenas de miles de demócratas que asesinó continúan enterrados, como perros, en las cunetas; si España permite a sus políticos mentir y robar con total impunidad… Si eso es España, desde luego no es mi España.

Tampoco es mi España la que ha provocado y después alimentado el choque de trenes con Cataluña. Ya he hablado en multitud de artículos sobre los  antecedentes de este conflicto, pero lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, como español, me provoca una vergüenza infinita. La inmensa mayoría de los juristas coinciden en que mantener en prisión a Oriol Junqueras y a los Jordis es una aberración jurídica. Cuantos más días permanezcan entre rejas, más legitimados estarán quienes les definieron desde el principio como presos políticos. La forma en que los jueces, seguro que sin recibir instrucción alguna del Gobierno, cursan o retiran las órdenes de detención internacional contra dirigentes del procés resulta sonrojante.

Es evidente,  tal y como también detallé con anterioridad, que  los líderes independentistas tienen una parte de culpa importante en todo lo que está sucediendo. Su principal e imperdonable error, en mi humilde opinión, fue saltarse la ley en todo el proceso que condujo al referéndum del 1-O. A partir de ahí, no han hecho más que ir de equívoco en equívoco. Ahora bien, se ha demostrado que no fueron ellos, precisamente, los primeros que se pasaron por el forro nuestra baboseada Constitución. La reciente decisión del Tribunal Constitucional de tumbar los preceptos de la Ley Wert para escolarizar en español a los niños catalanes es la primera prueba, y no será la última, de que la única ley que el PP lleva años aplicando en Cataluña es la del “todo vale”. Si no es desde el domesticado Tribunal Constitucional, llegarán desde Estrasburgo otras condenas contra nuestro país por la forma en que se ha reprimido el procés.

Gracias, en parte, a esa sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley Wert, parece que el Gobierno ha dado marcha atrás en su plan de aprovechar la utilización del artículo 155 para “impulsar” el uso del castellano en las escuelas catalanas. Aunque finalmente recule, la mera tentativa resulta toda una declaración de intenciones… una declaración de guerra más hacia Cataluña. De hecho, según desveló recientemente el diario Infolibre, en un plazo de ocho años y en un sistema que atiende a más de un millón de alumnos solo se han producido 258 quejas por el funcionamiento del actual modelo de inmersión lingüística. Estamos ante un ejemplo perfecto de eso que tanto suele criticar Rajoy: crear un problema donde no lo hay. Es así, pero si da votos en Sevilla, Madrid o Valladolid… ¡Qué más da!

Lo que está ocurriendo en Cataluña es solo una parte de ese proceso involutivo que nos está conduciendo hacia 1976. Es triste que Ciudadanos, después de haber llegado a autodefinirse como “de centro-izquierda”, haya optado por adelantar al PP por la derecha para arrebatarle a sus votantes más radicales. Aún más decepcionante es ese nuevo PSOE de Pedro Sánchez que en poco difiere del viejo. ¿Cómo es posible que su portavoz parlamentaria se apresurara a justificar la censura de la obra de Santiago Sierra en ARCO? Menos sorprende que sus barones más “populares” tardaran segundos en subirse al carro de la cruzada española y muy española contra el catalán.

Desde Mérida, Fernández Vara o desde Toledo, García Page les dijeron a sus compañeros del PSC cómo tienen que estudiar los niños catalanes. Haría bien Iceta en dejar de morderse la lengua y empezar a recordarle a sus compañeros Vara y Page, entre otras cosas, que tienen los pueblos de sus comunidades autónomas repletos de símbolos franquistas y sus campos sembrados de fosas comunes sin exhumar, en las que yacen, entre otros, muchos militantes socialistas. Los dirigentes del PSOE de Extremadura y Castilla-La Mancha llevan años apostando por ganar votos a base de ser una fotocopia, impresa con una tinta un grado más colorida, del Partido Popular. Más o menos la misma estrategia que defiende a nivel nacional el clan de los jurásicos liderado por Felipe González.

Hoy veo los informativos de televisión y, demasiadas veces, me avergüenzo de ser español. A mí me enorgullecía aquella España que dio el salto, en pocos años, del medievo social y económico en el que nos sumió el franquismo hasta convertirse en un país moderno y razonablemente democrático. Me enorgullecía de ser español cuando apostábamos por la ayuda al desarrollo, por las energías renovables o cuando acaparábamos las miradas de todo el planeta por ser pioneros en las políticas de igualdad.

Hoy aún me enorgullece nuestra sanidad y nuestra educación públicas, a pesar del desmantelamiento progresivo al que las están sometiendo. Me enorgullece ver a nuestros cooperantes dejándose el alma en África o en el Mediterráneo. Me enorgullece contemplar a los yayoflautas, con sus achaques y sus garrotas, ocupando las calles de nuestras ciudades y pueblos. Esa sí es mi España, pero si se acaba imponiendo la otra: la de los machotes, los censores, los manipuladores, los represores, los insolidarios y los ladrones… no tardaré en buscarme otra bandera. Y no seré el único.

 

[2] La reforma electoral I

Por Javier Pérez Royo

Artículo publicado el 22 de febrero de 2018 en:

 

La “corrupción electoral” de baja intensidad en el Congreso y de enorme intensidad en el Senado es la que ha hecho posible que el sistema político de la Segunda Restauración haya funcionado con cierta normalidad, pero esa misma corrupción es la que lo está condenando

Una Constitución que no se reforma está condenada a desaparecer

 

 

La composición del Congreso de los Diputados y del Senado y la Ley Electoral son tributarias de la Restauración de la Monarquía como forma política del Estado español. Su composición y forma de elección son una garantía de la Restauración Monárquica. Si no se entiende esto, no se entiende nada.

La composición del Congreso de los Diputados y del Senado y la Ley Electoral son preconstiticionales. La composición la decidió la Ley para la Reforma Política, la última de las Leyes Fundamentales del Régimen del general Franco, aunque tal Ley Fundamental, como es sabido, fuera aprobada después de la muerte del general.

Pero fue aprobada por las Cortes del Régimen como su Ley Fundamental. En esa Ley Fundamental está el Congreso de los Diputados con 350 escaños y está el Senado “provincial”. La forma de elección se decidió a través del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo de normas electorales, aprobado por el Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Con dicho decreto-ley se celebraron las elecciones del 15 de junio de 1977. Las Cortes elegidas en ese día harían la Constitución.

La Constitución reproduciría prácticamente la composición del Congreso y el Senado de la Ley para la Reforma Política y la Ley de Régimen Electoral General de 1985 reproduciría el sistema electoral previsto en el Real Decreto-ley 20/1977. Formalmente ya no son preconstitucionales, pero materialmente sí. La definición de la institución parlamentaria, que es la pieza más importante de toda Constitución democrática, es formalmente constitucional, pero no materialmente.

Hubo más debate en las Cortes de Franco que aprobaron la Ley para la Reforma Política que en las Cortes Constituyentes acerca de las Cortes Generales de la democracia española. Y hubo mucha más reflexión sobre el sistema electoral en el equipo que redactó el Real Decreto-ley 20/1977 que en las Cortes que aprobaron la LOREG.

En la Constitución de 1978 se ha repetido el modelo que se siguió en las constituciones de 1845 y de 1876. La Monarquía en España se ha asentado siempre en la devaluación del principio de legitimidad propio del Estado Constitucional: el principio de soberanía nacional en el siglo XIX, el principio de soberanía popular en el siglo XX.

Entre 1845 y 1876 el parecido es enorme. Ambas Constituciones reaccionan frente al principio de soberanía nacional de las Constituciones de 1837 y 1869, y dan vida a dos sistemas políticos en los que el Rey es el eje y en el que la elección de las Cortes Generales es el resultado del fraude electoral. La Monarquía Española, que era la forma en que las Constituciones del XIX la definían, fue una forma política constitutivamente corrupta, electoralmente corrupta. Únicamente con base en la corrupción electoral podía operar. Cánovas lo reconocería expresamente en el debate sobre la ley que introdujo el sufragio universal (masculino por supuesto) en 1890. Calificó el sufragio universal de la “forma menos digna” de obtener la voluntad popular, dado que cuanto más universal fuera el sufragio más universal tendría que ser la corrupción electoral.

Entre 1845 y 1876 hay una diferencia importante. A partir de finales del XIX el tránsito del campo a la ciudad se acelera y en las ciudades es más difícil que opere la corrupción electoral. La amenaza del sufragio, que no existió para la Constitución de 1845, sí estuvo presente en la Constitución de 1876. Al final sería una manifestación del sufragio universal, aunque fuera en unas elecciones municipales y como consecuencia del resultado en las capitales de provincia, la que haría saltar por los aires la Monarquía de la Primera Restauración.

En 1978 la Monarquía ya no podía descansar abiertamente en la corrupción electoral como en 1845 y 1876. Las elecciones tenían que ser por sufragio universal y tenían que ser una elecciones limpias, sin fraude en el proceso electoral. En la Europa de finales del siglo XX esto no era discutible.

La devaluación del principio de legitimidad democrática tenía que conseguirse por otras vías. La “corrupción” tenía que introducirse en la propia definición institucional del órgano a través del cual se expresa la soberanía popular, las Cortes Generales, y en la fórmula para la elección de sus miembros.

Y es lo que se haría. Se introduciría un “poquito” de corrupción en la composición y fórmula de elección del Congreso y un “muchísimo” de corrupción en la composición y fórmula de elección del Senado.

En lo que al Congreso de los Diputados se refiere, el objetivo era que, a través de una desviación calculada del principio de igualdad, la composición del órgano se escorara ligeramente hacia la derecha y hacia un bipartidismo casi inexorablemente dinástico. En el Senado se producía pura y simplemente la negación del principio de igualdad.

Esta “corrupción electoral” de baja intensidad en el Congreso y de enorme intensidad en el Senado es la que ha hecho posible que el sistema político de la Segunda Restauración haya funcionado con cierta normalidad durante varios decenios. Pero esa misma corrupción es la que lo está condenando. Porque con corrupción electoral no es posible activar la reforma de la Constitución.

Y una Constitución que no se reforma está condenada a desaparecer.

 

 

 

 

[3] La Reforma electoral II

Por Javier Pérez  Royo 

Articulo publicado el 23 de febrero de 2018 en:

http://www.eldiario.es/zonacritica/Reforma-electoral_6_743385670.html

 

La reforma del sistema electoral que están proyectando Ciudadanos y Podemos tiene muy pocas posibilidades de prosperar. La resistencia de los dos partidos dinásticos, inequívoca en el caso del PP y vergonzante en el del PSOE, no creo que vaya a poder ser superada

 

 

En el  artículo de ayer advertía de que la composición del Congreso de los Diputados y del Senado y el sistema electoral eran tributarios de la Restauración de la Monarquía como forma política del Estado español. El bipartidismo dinástico que ha gestionado el sistema político durante los tres primeros decenios largos de vigencia de la Constitución de 1978 viene de ahí. Por eso, la reforma del sistema electoral que están proyectando Ciudadanos y Podemos tiene muy pocas posibilidades de prosperar. La resistencia de los dos partidos dinásticos, inequívoca en el caso del PP y vergonzante en el del PSOE, no creo que vaya a poder ser superada.

Sin reformar la Constitución, la operación de reforma de la ley electoral tiene un alcance limitado. Para restaurar una vigencia inequívoca e imparcial del principio de legitimidad democrática, sería necesaria la reforma de la Constitución. Entre otras cosas, porque con la reforma de la ley electoral exclusivamente el Senado sigue igual. Únicamente se puede operar sobre el Congreso de los Diputados.

Pero la reforma del sistema electoral del Congreso de los Diputados, dentro de los márgenes que la Constitución permite, sería una reforma significativa del sistema político. La única, insisto, que por sí sola podría renovar parcialmente el aire viciado, (anti) democráticamente viciado, que respiramos.

El único elemento del sistema electoral del Congreso de los Diputados que no se puede tocar es la provincia como circunscripción electoral. Todos los demás pueden ser modificados con una reforma de la LOREG. El número de escaños puede pasar de 350 a 400. El mínimo de escaños por provincia puede pasar de 2 a 1. La fórmula de distribución de los escaños por provincias una vez restados los 102 0 52 que estarían asignados a las distintas provincias, según que el mínimo fuera 2 o 1, que actualmente es una fórmula de resto mayor puede pasar a ser una fórmula de media mayor. La fórmula de asignación de escaños a los distintos partidos tras el ejercicio del derecho de sufragio por los ciudadanos puede dejar de ser la fórmula d`Hondt, que es una fórmula de media mayor, para pasar a ser una fórmula de resto mayor. Puede desaparecer la barrera del 3%.

Prácticamente todos los elementos del sistema electoral, que es mucho más que la fórmula electoral de asignación de escaños tras el resultado electoral, pueden ser reformados. Pueden ser reformados desde una perspectiva jurídica. Desde una perspectiva política, en mi opinión, no todos pueden serlo.

No se puede reducir de 2 a 1 el número des escaños asignados a cada provincia. Ello conllevaría la reducción de la representación de un número considerable de provincias, que vivirían, en consecuencia, la reforma como una agresión contra ellas.

Tampoco se puede sustituir la fórmula de resto mayor por una media de mayor para la distribución de los escaños no asignados automáticamente entre las distintas provincias. Por el mismo motivo. Las provincias con menos población se verían penalizadas y las de más población favorecidas. Madrid y Barcelona de manera brutal. También Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga, Bilbao…

La fórmula de distribución de escaños entre las distintas provincias es políticamente intocable. El cambio sería vivido como una agresión intolerable en muchas provincias. El remedio sería peor que la enfermedad. Encontrar una fórmula que sea aceptable en todas las Provincias y que sea respetuosa del principio de igualdad, exige la reforma de la Constitución. No puede hacerse con una reforma de la LOREG exclusivamente.

Se puede actuar, política y jurídicamente, sobre el número de escaños, sobre la fórmula de asignación de escaños a los diferentes partidos y sobre la barrera electoral.

Un Congreso de 400 escaños. En mi opinión, la distribución tendría que hacerse, asignando 2 a cada provincia y 1 a Ceuta y Melilla y distribuyendo los 298 restantes entre las provincias con la fórmula de resto mayor prevista en la LOREG. La idea que se ha barajado de hacer una circunscripción única con los 50 escaños adicionales a los 350 actuales, no es compatible con la Constitución. En mi opinión, repito.

Sustituir la fórmula d`Hondt por una fórmula de resto mayor o por una fórmula de media mayor corregida, como la fórmula Saint Lagüe, es sin duda la reforma más importante, la que más efectos inmediatamente proporcionales surtiría.

El lector debe prestar atención a que el sistema electoral español descansa en una fórmula de resto mayor para la distribución de los escaños entre las provincias, que favorece a las menos pobladas y en una fórmula de media mayor para la asignación de escaños a los partidos tras las elecciones, que favorece a lo grandes partidos frente a los pequeños. La distribución de escaños entre las provincias da un sesgo conservador al sistema. La asignación de los escaños a los partidos le da un sesgo bipartidista. El primer sesgo, como ha quedado dicho, no es corregible políticamente. El segundo, sí. Si se quiere, claro.

La barrera legal solo es importante para el último escaño de Madrid y Barcelona. En las demás provincias la barrera legal es el tamaño de la circunscripción. Y en algunas, muy pocas, tal vez la fórmula d`Hondt. Con 400 escaños y una fórmula de resto mayor o de media mayor corregida, podría ser importante en más de un escaño en Madrid y Barcelona y en el último escaño de varias provincias.

Si se introducen los cambios posibles, el efecto sobre el sistema político sería notable. La amenaza del bipartidismo prácticamente desaparecería y con ello la “patrimonialización” del Estado que se ha vivido durante estos últimos cuarenta años: designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y a través de este órgano, de los Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas y de las Audiencias Provinciales, y el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas…El riesgo de corrupción que esta patrimonialización del Estado comporta salta a la vista.

Los partidos tendrían que competir sabiendo que va a ser necesario llegar a acuerdos para poder gobernar. La nueva norma sería esa. Llegar a acuerdos no podría ser visto como una debilidad, sino como una habilidad imprescindible.

La reforma de la LOREG no va a producir automáticamente estos resultados. No es una panacea. Pero ayuda a avanzar en esa dirección. Posibilita que la sociedad española pueda expresarse más fielmente en su complejidad.

La reforma del sistema electoral es, además, un indicador de la posibilidad o no de una reforma de la Constitución. Si no es posible siquiera un acuerdo para reformar la ley electoral, ¿cómo va a ser posible llegar a un acuerdo para reformar la Constitución?

Sería bueno que la dirección del PSOE se hiciera este interrogante.

 

 

Rivera e Iglesias pactan una reforma electoral

 

[4] Dignidad selectiva

Por Elisa Beni

Artículo publicado el 24 de febrero de 2018 en

 

La protesta tienen más valor real y simbólico cuando puede comprometer al que la realiza

Levantarse del acto de Barcelona, para la cúpula catalana, solo iba a ser sancionado con el aplauso de la mayor parte de sus superiores. ¿Qué arriesgaban pues en un gesto tan revolucionario?

 

El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. EFE
 
Hoy creo que se me van a levantar de la columna parte de los lectores. Quizá lo hagan sin llegar al final de mis razones, indignados por el contenido de mis líneas. Les rogaría, no obstante, que aguantaran ese ademán pleno de libertad y dignidad que es cerrar un artículo que nos desagrada o nos parece inane. Ambos momentos son igualmente políticos y ciudadanos e igualmente dignos. El mío cuando escribo estas líneas y el suyo cuando aceptan leerlas o cuando, dando un portazo, me dejan con el párrafo plantado y el argumento baldío.

Fueron igualmente políticos el gesto del presidente de una cámara democrática, Roger Torrent, expresando en alta voz sus preocupaciones y sus demandas en un acto público, como el de los miembros de la cúpula judicial catalana levantándose de sus asientos y abandonando la sala. Gestos políticos ambos. No los estigmatizo por ello. Lo político está en lo más alto, esto sí, de la dignidad humana. Zoon politikon. Solo los que quieren que nos aplaquemos y callemos y sigamos nuestro camino mientras ellos deciden por nosotros se han empeñado en estigmatizar la palabra “política” o en execrar de la politización de las cosas.

Sucede que mientras se le ha reprochado a Torrent hacer política en un acto de una corporación de derecho público, se ha considerado que la conducta de los magistrados y fiscales alcanzó una cúspide de lo que denominan dignidad, merecedora del mayor encomio sobre todo por una parte muy amplia de la carrera judicial que se ha mostrado orgullosa del comportamiento de sus compañeros. Una parte, la mayoritaria, sin duda; no toda. Modestamente creo que yerran en su concepción de la dignidad o de la dignidad de la carrera judicial. Mejor, no yerran, sino que se acogen a aquella parte de la definición de dignidad que es relativa a los cargos o empleos preeminentes, las dignidades, y a su respeto, y obvian una definición de dignidad de mayores vuelos.

Cito al filósofo Javier Gomá, no sospechoso de ninguna veleidad ideológica radical o estigmatizada, quien afirma que la dignidad es: “aquello inexpropiable que hace al individuo resistente a todo, incluso al interés general y al bien común: el principio por el que nos oponemos a la razón de Estado, protegemos a las minorías frente a la tiranía de las mayorías y negamos al utilitarismo su ley de la felicidad del mayor número”. Excelso tiro. Claro que en oponerse a la razón de Estado o en negarse al utilitarismo no sé si estuvieron muy finos.

Me parece altamente sospechoso, tratándose de juristas, que nieguen incluso la posibilidad intelectual de criticar las acciones que algunos magistrados están llevando a cabo en el tema del pròces. Y me lo parece porque, como conocedores de la Ciencia Jurídica, son los primeros llamados a reparar en dónde se encuentran los puntos negros, las posibles violaciones de derechos y otros problemas que Torrent denunció ante ellos. Bien que aceptando esos escollos pudieran discutirlos y rebatirlos y argumentar en otro sentido. No se trata de eso. Es una defensa cerrada, aparentemente acrítica y monolítica de todo lo actuado en esta cuestión por parte de la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. Sin aristas. Porque ellos lo valen. Y esa actitud no sé si podrían calificarse de digna o más bien de pragmática y corporativa.

Tampoco es cierto que no haya magistrados y fiscales que no vean las tensiones violentas de la ley penal y procesal a las que asistimos. Los hay. La mayoría de ellos lo reconocen en comunicaciones que conocen amparadas por nuestros derechos y obligaciones constitucionales como periodistas, así que saben que jamás podré decirles quién o quiénes me han llamado o escrito para animarme en mi tarea de denunciar lo que sucede, aunque supondría un golpe de efecto importante. Saben que cuentan con mi protección absoluta a las fuentes. También hay algunos, pocos, que de forma muy educada y respetuosa no dudan en expresar su perplejidad en redes sociales con su nombre y apellidos. A estos sí, mi admiración por su dignidad, y porque como me recordó uno de mis comunicantes: “Elisa, lo cierto es que sólo el Supremo tiene el poder de echarnos de la carrera. Eso pesa”.

Lo que sucede con los ataques de dignidad de los jueces españoles es que son selectivos. La protesta tienen tanto más valor real y simbólico cuando se produce en  circunstancias en las que puede comprometer personal o profesionalmente al que la realiza. Levantarse del acto de Barcelona para la cúpula catalana sólo iba a ser sancionado con el aplauso cerrado de la mayor parte de sus pares, pero también de sus superiores y de aquellos que los nombraron para los cargos que ostentan y para los próximos a los que aspiren. ¿Qué arriesgaban pues en un gesto tan revolucionario?

Podría aplaudirles también si esa selección de la indignación abarcara el no soportar lo que llaman mentiras en todas las circunstancias. Oír decir al ministro reprobado por toda una cámara en su jeta que ha acabado con el papel en los juzgados o alabar la situación de la Justicia española o el error de los juzgados pozo o tantas otras cosas fácticamente falsas, en un discurso puramente político, no les ha hecho levantarse ni una sola vez de sus asientos. Por contra, le han dispensado sonrisas y aplausos cerrados. Todo por la institucionalidad, ese vocablo que parece permitir todas las cobardías. No han tenido los redaños de los magistrados italianos que abandonaron sus togas rojas sobre los asientos y dejaron vacío el acto de apertura de tribunales para protestar contra las reformas de Berlusconi o que en 2010 salieron a la calle revestidos de esas mismas togas y con la Constitución en la mano para protestar contra los ataques a su imparcialidad desde el Gobierno y el Legislativo.

Hace unas semanas hubo un atisbo de ello y nos avisaron de que todas las asociaciones se reunirían para emitir un comunicado contra los ataques a su independencia. Estaban pasando demasiadas cosas y no sólo era el ministro avanzando lo que iba a suceder jurisdiccionalmente u otros comentarios políticos. Al final sólo se unieron para reprochar la actitud de presión de los grupos feministas sobre los jueces. No digo que no llevaran razón, pero tengo el pálpito, como con Torrent, que era más fácil con feministas e independentistas que con otros. Débiles y fuertes.

Saben que he dicho muchas veces que no creo que haya presos políticos en España y no sé si es ya por convencimiento o porque sé que, de creerlo, tendría que asumir a qué me enfrento y tomar decisiones incluso personales. Puede que sea cobardía, no lo sé. El caso es que me resisto a usar el término, aunque saben que mi fe antes cerrada y firme en el sistema español está ya en el agnosticismo si no virando al ateísmo. En cualquier caso, acepto al menos que según los términos de la Resolución 1900 del Consejo de Europa, en sus apartados 3º, 4º y 5º, hasta es discutible que los haya. Depende de cómo la interpretemos.

Como no visto toga me evito tener que rasgármela cuando alguien pronuncie esas palabras. Como ciudadana sólo vivo con la preocupación de que puedan ser ciertas.

 

 
 
Exilio español en México
 
 

[5] Inquisition Reloaded (primera carta a Suiza)

Por David Fernández / August Gil Matamala

Artículo publicado el 22 de febrero de 2018 en:
 

Para hacer que Anna Gabriel vuelva, habrá primero que derrotar toda excepción. No queremos más presos ni exiliados: ni uno más

 

Anna Gabriel, durante su entrevista a una televisión suiza.
 
 

El miedo es una tecnología del poder. La excepción es una tecnología de gobierno. Ambas dos convergen hoy para vulnerar y violentar la libre voluntad democrática mayoritaria de la sociedad catalana. Desde ayer, sí, sabemos que nuestra amiga y compañera Anna Gabriel Sabaté se quedará en Ginebra. Refugiada en 2018. Considera, con todas las razones de su parte, que sus derechos fundamentales y procesales ya no están garantizados ante un tribunal especial que pedirá hasta penas de 30 años de cárcel. Por haber convocado un referéndum de autodeterminación, aprobado por mayoría democrática en sede parlamentaria, y por respetar los resultados. Ese es, dicen, el extraño delito de rebelión y sedición que les atribuyen: dar la palabra a la ciudadanía. En un extrañísimo golpe de estado que en vez de secuestrar urnas, las pone. El mundo al revés de la excepción.

Tan lejos y tan cerca, retornan hoy palabras antiguas del ayer, demasiado conocidas por este pueblo durante décadas pasadas –represión, cárcel, exilio. También Ginebra, en épocas distintas y oscuras, acogió a Pau Casals, Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana. En una de los últimos autos judiciales que mantiene encarcelado al exconseller de Interior del Gobierno catalán se lee vergonzosamente: «el investigado mantiene lógicamente su ideario soberanista». Otra frase antológica que certifica la persecución ideológica y la condición política de los presos, en una renovada inquisición postmoderna que expide chantajes inaceptables en cada resolución. Acto de fe maccarthista: o renuncias y abjuras o a la hoguera represiva. Lejos, muy lejos, quedan las palabras del juez que hoy juzga a unos pocos para condenarnos a todos. La pronunció Pablo Llarena en 2012: «la cuestión de la identidad catalana y la integridad del Estado español no tienen solución judicial, sino política”.

La inquisición, como tecnología del castigo, es universalmente conocida. Hoy, ahora y aquí, se condensa en el terrible grito del «a por ellos!», de matriz persecutoria y ratificación borbónica, con el que las unidades policiales salían de sus comisarías para reprimir brutalmente el referéndum catalán del primero de octubre. Comunidad contra imposición, no pudieron evitarlo gracias a la determinación colectiva y la dignidad compartida, arraigada en una sólida resistencia civil pacífica y no-violenta, de más de dos millones de personas –de bomberos a estibadores, de las abuelas a los agricultores– que protegieron escuelas, personas y urnas para preservar la democracia frente a la virulencia policial. El tres de octubre, cosa sabida, el país vivía la mayor huelga general desde el final de la dictadura franquista. Así están las cosas.

¿Y entonces? Entonces lo que nos pasa es que estamos bajo la doctrina del shock, explicada al detalle por Naomi Klein: nos imponen por vías judiciales autoritarias lo que ya saben que son incapaces de ganar por vías democráticas. Quieren imponer represivamente lo que ya no pueden conseguir electoralmente. Anulan la política, proscribiéndola: azuzan la excepción para impedir la  solución.

Finalmente, la gramática internacional del conflicto político catalán es tan sencilla como una urna democrática prohibida. Hace dos meses, la Ministra de Defensa del Gobierno español –salpicado hasta los tuétanos por una corrupción sistémica– afirmó que pondrían ‘urnas de verdad’ en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Decía también que las habían convocado para ganarlas ellos: pero de 135 diputados, el PP sólo obtuvo 4. De forma persistente, cada vez que se ponen urnas –lo único que reclamamos– el independentismo vuelve a ganar. Hace dos meses sumó un apoyo electoral del 47,5%, con 100.000 votos más respecto a 2015 y en unas elecciones marcadas por una participación histórica. En un país donde la idea de referéndum como mecanismo democrático resolutivo –Escocia, Quebec– tiene el apoyo del 80% de la sociedad y toda la negativa absoluta y absolutista del Estado.

Al reclamo de más y mejor democracia, el Estado español ha respondido en los últimos meses, bajo la noción de venganza y castigo, con una aplicación inconstitucional y expansiva del artículo excepcional 155 –nunca utilizado antes. Recurriendo al autoritarismo, se ha disuelto un parlamento, se ha depuesto un gobierno, se ha intervenido toda la administración catalana y ahora pretenden iniciativas ilegales contra el modelo educativo catalán. El rastro de la represión tiene su oscura contabilidad: 1.066 heridos, 900 investigados judicialmente –entre ellos, 700 alcaldes–, seis exiliados y cuatro presos políticos. Y 140 agresiones ultraderechistas.

Esos hechos son los que han motivado que este mismo enero ‘The Economist’ haya definido al Reino de España como democracia ‘flawed’. Defectuosa. Un defecto persistente que ha provocado un cierto milagro. El ‘milagro catalán’ logrado por el Estado español: convertir una sociedad históricamente tranquila, paciente y pactista en una comunidad resistente, disidente y desobediente. Hay que hacer las cosas muy mal para conseguirlo.

Esa anomalía democrática, con todo, viene de lejos y dura demasiado. Desde 2010 nos regimos por una ley que no votamos del todo: con el apoyo del 90% del arco parlamentario, y refrendado en referéndum, el nuevo Estatut de Catalunya fue recortado y cepillado en aspectos clave por la judicatura española. Como señala el constitucionalista sevillano Pérez Royo allí se produjo el primer ‘golpe de Estado’. Desde entonces, esa excepción ha persistido. Se han suspendido más de 40 leyes aprobadas por amplias mayorías en el Parlament. Cuando decimos que no nos podemos gobernar remitimos directamente a eso: de esas 40 leyes, 26 han sido definitivamente fulminadas y anuladas por el Tribunal Constitucional, monitorizado gubernamentalmente, teledirigido políticamente y colonizado partitocráticamente. Alguna de aquellas leyes tumbadas eran tan necesarias como las de pobreza energética, igualdad entre mujeres y hombres o la de lucha contra contra el cambio climático. Cualquiera se iría de un lugar donde le maltratan, le sabotean las leyes que aprueba y donde se encarcela a sus cargos electos.

¿Qué le pasa, entonces, a la sociedad catalana y española? Si tuviéramos que sintetizarlo brevemente, recurriríamos a la paradoja: una nación sin estado se enfrenta a un estado sin nación. En gris perspectiva, la construcción histórica de España ha sido un reiterado fracaso histórico, una construcción fallida de sus élites que ha pretendido siempre homogeneizar lo que es plural, negar lo que es diverso, perseguir lo que es diferente y divergente. Y aún así, enfrentados a un durísimo nacionalismo de Estado, hemos dicho siempre que no somos nacionalistas. Ya lo hemos sufrido demasiado. Somos demócratas. Y somos independentistas, eso sí y eso siempre: reclamamos poder decidir libre y democráticamente nuestro presente y nuestro futuro. Soberanamente. Causa autodeterminación, defendemos la razón democrática de la libertad política catalana frente al principio ultranacionalista, base ideológica de la dictadura franquista, de la «inquebrantable unidad de España». Ni más ni menos y como necesaria obviedad: anhelamos para nosotros lo mismo que deseamos para todos los pueblos del mundo. Gobernarnos democráticamente.

Miedo y excepción van siempre de la mano de una propaganda oficial que es el salvoconducto de la mentira. Razón de Estado, demofobia contra democracia, porras contra urnas, la diplomacia españolista dispara cada día sus fakenews y sus postverdades absurdas pero efectivas: desde la ridícula negación de la violencia policial, hasta equipar perversamente el pacifismo activo con una criminalidad sediciosa, pasando por tratarnos de región rica y insolidaria o incardinarnos falsamente en el peligroso destropopulismo que combatimos –de Trump a Le Pen– y que recorre un mundo a la deriva. Cuando es, precisamente, todo lo contrario: las bases del proyecto republicano catalán son eminentemente democráticas, democratizantes y democratizadoras frente a una sociedad con un 23,5% en riesgo de exclusión social, un millón y medio de pobres y un paro cronificado en medio de crecientes desigualdades sociales.

Si hay algún  «hecho nacional catalán» se llama, afortunadamente, migración: venidos de todas partes hemos ido construyendo una casa común, no sin dificultades, durante el siglo XX. En los últimos quince años, mientras Europa decaía por el abismo xenófobo, se ha acogido millón y medio de personas llegadas de 187 orígenes diferentes. El país antiracista que reivindicamos es así: plural y diverso, mestizo y coral.

Desde el retrovisor de la memoria, tal vez valdría la pena recordar que Franco no tuvo ningún Nuremberg y no acabó, como Mussolini, en ninguna plaza partisana. La mal llamada ‘transición española de la dictadura a la democracia’ se forjó bajo la plena impunidad de los crímenes y fortunas del franquismo, la continuidad en el poder de sus élites y una espesa ley del silencio. Han pasado ya 40 años, por supuesto, y muchas cosas han cambiado hasta llegar al actual punto de inflexión inquisitorial, retroceso antidemocrático y regresión autoritaria que afecta a la sociedad catalana, pero también a tuiteros, titiriteros, humoristas y músicos en todo el Estado. Lodazales y fangos, cabrá recordar el precio de la amnesia, la factura del olvido, que todavía pagamos: 114.226 persones enterradas aun en fosas comunes y 65.000 sentencias de los tribunales franquistas contra luchadores y luchadoras antifascistas catalanes que no fueron anuladas, en un acto de reparación histórica del Parlament de Catalunya, hasta julio de 2017.

Los sueños, los malos y los buenos, suelen abolir el tiempo y empequeñecen las agendas. Pero en el dilema global de si el mundo será más o menos democrático, la sociedad catalana ha optado claramente, y años ha, por la primera. Antes de ayer, hace seis meses, las calles se llenaban bajo el “no tenemos miedo” contra los atentados yihadistas en las Rambles, en solidaridad con todas las víctimas en cualquier lugar del mundo. Antes de ayer hace un año, las calles de Barcelona acogían la mayor manifestación europea de solidaridad con los refugiados ante la inhumanidad del momento. Antes de ayer también, hace 15 años, Barcelona registraba la mayor movilización registrada nunca antes: contra la guerra ilegal que devastó Irak.  

Sí, de acuerdo, es posible que este sea un proyecto antihistórico: todos los que se rebelan contra la inquisición postmoderna lo son. Antihistórico porque pretende transformar situaciones injustas renunciando explícitamente a los mecanismos históricos habituales –dominación, imposición, violencia– y escogiendo siempre democracia, soberanía popular y justicia social.

Anna está en Ginebra, sí. Nunca se ha perdido ninguna de las iniciativas que nos han implicado en mil luchas sociales compartidas. Es de las que piensa que la pregunta ya no es si otro mundo es posible, sino como es posible que este sea tan imposible para tantos millones de personas. Está en Ginebra, sí, pero la conocimos hace mucho en Gusen. Arraigada a la tradición emancipadora y humanista europea, dimos con ella hace 13 años: ante las puertas del horror del campo de Mauthausen y con motivo del 60 aniversario de la liberación de los campos nazis. Hoy, lejos de casa, dignifica una comunidad política en resistencia, desde una opción sociopolítica feminista, ecologista, antifascista y anticapitalista.

Corrandas de exilio, sillas vacías y vacíos del alma, no sabemos cuando podrá volver. Para hacer que vuelva, habrá primero que derrotar toda excepción. No queremos más presos ni exiliados: ni uno más. Por eso ayer, a pesar de todo, Anna Gabriel no faltó a la cita puntual con la libertad: y por eso no compareció ante el tribunal que la persigue. No nos dejéis solos con la inquisición.

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David Fernàndez (Vila de Gràcia, 1974) es periodista, activista social y exdiputado.

August Gil Matamala (Barcelona, 1934) es jurista, miembro de la Comissió de Defensa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona y expresidente de l’AED (Associación Europea de Abogados Demócratas).

 

 

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