La revolución de las élites: de la privatización de los servicios públicos a la desaparición del Estado

SUMARIO

[1] La responsabilidad del autogobierno, por Jesús Nava

[2] La rebelión de las élites o la revolución a la inversa, por David Jimenez

[3] Cuadro evolución privatizaciones en España

[4] Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado, por Cándido Marquesán Millán

 

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[1] La responsabilidad del autogobierno

¿De verdad crees que no sería revolucionario conseguir que los ministros del gobierno sean, como el nombre de su cargo indica, y tu mismo indicas, “servidores” de la nación, y que todos los funcionarios del Estado “funcionen” como empleados a sueldo de los contribuyentes a cuyo servicio y disponibilidad deben estar permanentemente? ¡Sería la más grande revolución política de los dos últimos siglos!

Porque, estoy de acuerdo contigo en que ni los votos autorizan a robar ni a delinquir contra la nación. Pero ¿de qué servirá sustituir unos administradores probadamente deshonestos por otros que también lo serán? ¿Dónde buscaremos funcionarios o magistrados incorruptibles? Si, como dices, los nuevos estarían sometidos a “los mismos controles y vigilancia”, de hecho: a ninguno, volveríamos a tener la misma corrupción o mayor.

Sí, amigo Clandestino, la clave no está en reemplazar a unos por otros (en cualquier caso a ver como los echas), ni en separar los poderes y cambiar la ley electoral (aunque sea un cambio necesario), sino en que el pueblo, por mayoría, se decida a asumir la responsabilidad del autogobierno, que consiste, entre otras cosas, en elegir al legislativo, elegir al ejecutivo, formar parte de jurados para juzgar los delitos civiles y políticos, y constituir una milicia capaz de defender al país y su modo de vida de cualquier agresión.

Igualmente importante para un gobierno del pueblo es nombrar a sus representantes por períodos tan cortos que no les dé tiempo a hacer daño (“Donde acaba la elección anual, comienza la tiranía” – Jefferson); controlar y vigilar estrechamente la labor de sus delegados en las instituciones, dándoles menos poder cuanto más lejos estén de su control y vigilancia; y participar activamente en las deliberaciones y el gobierno de los asuntos del municipio, ámbito natural donde se desenvuelve la vida cotidiana de los ciudadanos.

Y una cosa más: hay que respetar las decisiones de los electores, como si fueran sagradas, aunque sea por mayoría de un solo voto. Zapatero, con el sistema electoral vigente (sistema proporcional, lista de partidos y elección indirecta), ha revalidado su presidencia. Los que se conforman con lo que hay, puesto que no quieren cambiar nada, y votaron, aunque fuera por otro candidato o partido, deben aceptar ese hecho.

En cambio, si yo no voto, es porque considero que el actual sistema político sólo sirve para que un pueblo de esclavos elija a sus amos cada cuatro años. Y como no soy conformista, quiero cambiar el sistema. Y cambiar un mal sistema, por otro más justo, es hacer una revolución. Aunque los timoratos pueden elegir llamarlo “un nuevo comienzo creativo o una reforma a fondo”. ¡Si será por palabras!

Y como se trata de reemplazar una oligocracia o gobierno de unos pocos, por una democracia o gobierno de todos, se trata de una revolución por la libertad. Que esa revolución sea violenta o pacífica dependerá de la resistencia que ofrezca al cambio la podrida clase política actual (integrada por los mercenarios a sueldo de todos los partidos), y de que el vaso de la ira acumulada en el corazón de la población oprimida y expoliada por los que mandan, llegue a su colmo o no. Que en España no llegará, pierde cuidado.

Sólo hay una salida a esta situación, Clandestino, ya lo sabes: formar un gran partido, al estilo del descrito por Tocqueville. O eso o a joderse.

Jesús Nava; 1 de diciembre de 2008

 

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[2] LA REBELIÓN DE LAS ÉLITES O LA REVOLUCIÓN A LA INVERSA

 por David Jiménez

 

Desde Castro a Corazón Aquino, el a menudo fallido manual de la revolución aboga por devolver la voz al pueblo y acabar con los privilegios de las clases dominantes. Tailandia le ha dado la vuelta al concepto para mostrar al mundo que también se puede hacer a la inversa: una rebelión de las clases privilegiadas destinada a limitar el poder de los pobres. Los manifestantes que han tomado los dos principales puertos de Bangkok, atrapando a miles de turistas y poniendo al Gobierno contra las cuerdas, forman parte de un peculiar movimiento que mezcla a las élites conservadoras aglutinadas alrededor del Ejército, la monarquía y las grandes fortunas de la capital, todo ello aderezado con demócratas liberales y sectores de la clase media. Lo que comenzó como una plataforma para luchar contra la corrupción y el nepotismo ha ido degenerando en un movimiento con fines políticos que contradicen el nombre elegido para la causa. ‘Pueblo’ y ‘Democracia’ no están en su lista de objetivos. Tampoco importa, porque la suya nunca fue una rebelión de las masas. La clave no está en cuánta gente sale a la calle, sino en un Ejército que les apoya y protege, una monarquía que vería con buenos ojos la caída de un Gobierno corrupto, pero elegido democráticamente, jueces dispuestos a saltarse las leyes y familias con el dinero para financiar la causa. Es la revolución a la inversa”.

 

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BANGKOK.- Desde Castro a Corazón Aquino, el a menudo fallido manual de la revolución aboga por devolver la voz al pueblo y acabar con los privilegios de las clases dominantes. Tailandia le ha dado la vuelta al concepto para mostrar al mundo que también se puede hacer a la inversa: una rebelión de las clases privilegiadas destinada a limitar el poder de los pobres.

UNA PLATAFORMA PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN HA DEGENERADO EN UN MOVIMIENTO POLÍTICO QUE NO TIENE AL PUEBLO NI LA DEMOCRACIA ENTRE SUS OBJETIVOS

Los manifestantes que han tomado los dos principales puertos de Bangkok, atrapando a miles de turistas y poniendo al Gobierno contra las cuerdas, forman parte de un peculiar movimiento que mezcla a las élites conservadoras aglutinadas alrededor del Ejército, la monarquía y las grandes fortunas de la capital, todo ello aderezado con demócratas liberales y sectores de la clase media.

La Alianza del Pueblo para la Democracia (APD) fue fundada en 2005 por Sondhi Limthongkul después de que el magnate local se enfrentara a su antiguo amigo y ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Lo que comenzó como una plataforma para luchar contra la corrupción y el nepotismo ha ido degenerando en un movimiento con fines políticos que contradicen el nombre elegido para la causa. ‘Pueblo’ y ‘Democracia’ no están en su lista de objetivos.

Sondhi ha pedido que en adelante sólo un 30% de los asientos del parlamento sean elegidos por votación directa y que el restante 70% se complete con personas elegidas ‘a dedo’ por grupos profesionales. Las dos principales instituciones del país que tradicionalmente han escapado al control de los Gobiernos civiles, la monarquía y el Ejército, deberían tener un papel más activo en el Gobierno, según su modelo. “Es obvio que sus propuestas son claramente antidemocráticas y que ya no creen en los políticos elegidos por el pueblo”, asegura Supinya Klangnarong, de la Campaña para la Reforma de los Medios, un grupo prodemocrático tailandés.

Los manifestantes de la APD alegan que los políticos se aprovechan de la falta de educación y la pobreza de las zonas rurales para comprar votos, una acusación que quedó confirmada en las últimas elecciones: el 70% de los electores aseguraba en una encuesta estar dispuestos a cambiar su voto por algo de dinero e incluso sacos de arroz. Aldeas enteras se decantaron por uno u otro candidato según la cantidad de ganado que recibieron.

TODOS LOS POLÍTICOS, UNOS CORRUPTOS

Los tailandeses mantienen la creencia de que todos sus políticos están corrompidos y han aprendido que su situación difícilmente variará con unos u otros. ¿Por qué no lograr al menos algo material de ellos una vez cada cuatro años?

En 2001 el ex policía convertido en magnate de la comunicación Thaksin Shinawatra ofreció una novedad. Aparte de enriquecerse personalmente y legislar a favor de sus negocios, el entonces nuevo primer ministro implementó políticas populistas que incluyeron la concesión de créditos a los campesinos y la creación de sanidad pública. “Todos roban, pero al menos él hacía algo por nosotros”, dice Pipat, que trabaja como peón en la construcción de un bloque de apartamentos del centro de Bangkok.

Thaksin aprovechó su popularidad para acumular poder, debilitar las instituciones democráticas y acosar a la prensa independiente. Su ambición y populismo fueron vistos como una amenaza por la influyente monarquía y las élites conservadoras, temerosas de que se impusiera un nuevo modelo de sociedad que les haría perder sus privilegios.

Las élites encontraron su brazo armado -y revolucionario- en la Alianza del Pueblo para la Democracia (APD) que estos días mantiene bloqueados los puertos de Bangkok. Los últimos tres años de lucha, sin embargo, no han logrado evitar que el clan populista de Thaksin vuelva una y otra vez al poder, sobreviviendo a ofensivas judiciales, un golpe de Estado y el exilio de su mentor.

El trasfondo de la crisis que vive Tailandia es una brecha cada vez más amplia entre las poblaciones de las zonas rurales, sobre todo en el norte del país, y las clases medias y altas de Bangkok. Los límites de la APD han quedado en evidencia al no haber podido congregar a más de 10.000 manifestantes en los últimos meses de revuelta en una ciudad de siete millones de habitantes como Bangkok, sin llegar nunca a extender su movimiento más allá de la capital.

Tampoco importa, porque la suya nunca fue una rebelión de las masas. La clave no está en cuánta gente sale a la calle, sino en un Ejército que les apoya y protege, una monarquía que vería con buenos ojos la caída de un Gobierno corrupto pero elegido democráticamente, jueces dispuestos a saltarse las leyes y familias con el dinero para financiar la causa. Es la revolución a la inversa y, al lograr aislar el país por aire, sabe que tiene el triunfo al alcance de la mano.

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DAVID JIMENEZCorresponsal, 30/11/2008. Fuente: elmundo.es

 

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[3] En España todavía existía a principios de los ochenta el interés por emplear la empresa pública como instrumento para el desarrollo industrial. En concreto, se la consideraba un instrumento útil para la promoción del sector agroalimentario y el sector de bienes de equipo, valorados entonces como estratégicos para la economía española. Pero a partir de 1985, se abandonan estos planteamientos, iniciándose un proceso de privatizaciones que todavía hoy no ha acabado y que de continuar por los derroteros establecidos en el «Plan de Privatizaciones» del gobierno del Partido Popular, promete terminar con su liquidación. Por el momento, y como resultado fundamentalmente de las privatizaciones, el peso relativo del sector público empresarial español en la economía se sitúa en la actualidad, entre los más pequeños de Europa.

 

Breve historia de las privatizaciones en España, 1985-1995

 

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[4]Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado

Por Cándido Marquesán Millán

Profesor de Secundaria. Zaragoza

 

El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.

Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la “acumulación por desposesión”. La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa “acumulación originaria” a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.

Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizan su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal

Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no  quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad  de Madrid.

Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental  dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los  cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).

En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

 

 

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