¿NUESTRO TORCIDO ESTADO DE DERECHO? Todo lugar tiene su Bastilla, y toda Bastilla tiene su déspota

SUMARIO:

[1]Todo lugar tiene su Bastilla, y toda Bastilla tiene su déspota, por AUSAJ

[2]Ya eres un enemigo de la Constitución, por JOAQUIN URÍAS

[3]La cabra golpista, Por ANÍBAL MALVAR

[4]Esto no es  una violencia, Por JORGE URDANOZ GANUZA

[5]La cuestión policial, Por RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO

[6]Las manos que mecen las cunas, Por XOSÉ MANUEL PEREIRO

[7]El largo asedio, Por ELISA BENI

[8] DESCARGA sendos Autos de situación personal del Tribunal Supremo sobre Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa y de Oriol Junqueras y resto de exconsejeros

 

♦♦♦♦♦♦♦

[1]Todo lugar tiene su Bastilla, y toda Bastilla tiene su déspota

Por AUSAJ

Cuando el despotismo lleva siglos enteros establecido en un país, sienta sus reales en todas partes.
Todo cargo y todo departamento tiene su despotismo,  fundado en la costumbre y el uso.
Todo lugar tiene su Bastilla, y toda Bastilla tiene su déspota.
Contra esa especie de despotismo, que actúa mediante un laberinto interminable de cargos,
hasta que la fuente apenas si es perceptible, no hay forma de reparación.
Se refuerza al revestirse de la apariencia del deber,  y tiraniza so pretexto de obedecer”

(Thomas Paine)

 

A las 21:30 horas de la noche del dia 11 de marzo de 2014, Diego Pérez Tomás, de 43 años, pidió auxilio a la Policía de Cartagena porque se sentía amenazado; lo que repitió a las 04:49 de la madrugada. Finalmente se desplazaron hasta casa de Diego tres coches patrulla con seis policías.

«Nos aburrimos y estamos jugando al escondite»

Las cámaras han grabado a los tres Zetas (coches policiales) yendo y viniendo de la Cortina esa noche repetidamente. Dos guardias del puerto, extrañados, preguntaron a los policías qué pasaba. «Nos aburrimos y estamos jugando al escondite», respondió uno de los agentes.

A Diego ya no se le volvió a ver hasta que apareció muerto en la Cortina dos semanas después, el 26 de marzo, dentro de una bolsa negra.

Lo tiraron al mar ya muerto. Tenía la cabeza destrozada y el cuello roto. Así lo que dice la autopsia:

«Signos de violencia en región facial y craneal»; «destrucción de centros neurales superiores por fractura-luxación de múltiples vértebras cervicales»; «[la muerte] sobrevino con anterioridad a la inmersión del cuerpo en el mar». «Perdió el ojo derecho por la paliza».

CALA CORTINA.

Para divertirse durante las horas de servicio, seis policías secuestran, torturan y finalmente asesinan a una persona (y no a cualquier persona sino, precisamente, a la persona que había pedido auxilio policial, y a la que debían socorrer).

¿La Pena? 14 meses de cumplimiento efectivo. En breve volverán a ser policías.

Para situarnos correctamente: Tomarse unas cañas y conducir puede ser sancionado con una pena superior.

La muerte de Diego es terrible, pero más terrible si cabe es lo que significa: la impunidad del sistema y de sus perpetuadores. 

El principio de oportunidad ha propiciado la condena pactada para los agentes que acabaron con la vida de Diego Pérez. De un homicidio doloso, con peticiones de hasta veinte años de prisión, se ha acabado en una condena por imprudencia de cuatro años de prisión e inhabilitación por tiempo de dos años (penas por dos delitos distintos que conllevan un cumplimiento simultáneo y que tras catorce meses en prisión provisional significan la puesta en libertad casi de inmediato -al margen de otras posibilidades como la suspensión condicional- y una reincorporación  al servicio demasiado pronta). 

El principio de oportunidad en un caso como el de Diego Pérez queda, incomprensiblemente, por encima del principio de legalidad, refrendado en nuestra constitución (y que es, además, el fundamento de la cláusula de “Estado de Derecho” que instaura el artículo 1 de la Constitución Española de 1978). El Ministerio Fiscal  actúa en contra del interés general si no le confiere la relevancia que se merece a uno de los ataques más graves que se pueden producir frente al Estado de Derecho y que, por demás, generan una fractura irreparable en la sociedad, generando la mayor de las desconfianzas en los ciudadanos, que se ven desvalidos. El comportamiento de unos policias que en el ejercicio de su cargo torturan, ya no decimos que matan, siempre ha de tratarse con el mayor de los rigores, con la mayor dureza que la Ley permite. 

Porque, ¿dónde se queda el interés social, la utilidad pública en que unos agentes que han acabado con la vida de una persona sean castigados tan levemente y que no se prevea siquiera en una situación así la separación definitiva del servicio, volviendo los agentes en un corto de tiempo a su puesto (o a un destino distinto, es indiferente)?

Situaciones extremas como el crimen de Cartagena nos recuerdan lo frágil no solo de nuestra existencia sino del Estado de Derecho propiamente. Hay una tendencia sistémica generalizada, por mucho que los teóricos hablen de Derechos Humanos de “tercera generación”, a devaluar nuestros derechos, a restringir nuestras libertades; últimamente, además, estamos poniendo a prueba nuestro Estado constitucional, pues si la crisis catalana ha servido de algo es para sacar a la luz los resentimientos más escondidos y las prácticas políticas y judiciales más erradas que cabía esperar. Se enarbola la Constitución, mientras que se criminaliza y persigue a quienes piensan diferente políticamente, a quienes de forma pacífica a la postre lo que pretenden es modificarla.

Y sin embargo nuestra Carta Magna prevé también su modificación; a ello se destinan los articulos 166 a 169, su Titulo X (“De la Reforma Constitucional”). El único límite que impone el texto constitucional, después de reglar el procedimiento que permite la reforma, es que la misma no se haga en tiempo de guerra o vigentes alguno de los estados de alarma, excepción o de sitio. Si la Constitución, que tanto se dice defender, no pone limites a su propia reforma, ¿quién se empeña en imponerlos? ¿Por qué tenerlos? Los únicos limites que han de haber en un Estado Social, Democrático y de Derecho es la vigencia, la defensa a ultranza de los Derechos Humanos, la realidad de su aplicación; y ese limite parece no importar que se traspase. 

*****

INFORMACIÓN SOBRE EL CASO CALA CORTINA:

http://puntocritico.com/2017/10/01/asesinos-protegidos-de-estado-policial-a-estado-judicial/

http://puntocritico.com/2017/10/26/togas-sin-alma/

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

[2]Ya eres un enemigo de la Constitución

Por JOAQUÍN URÍAS

Profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional.

Artículo publicado el 27 de noviembre de de 2017 en:

http://ctxt.es/es/20171122/Firmas/16371/Constitucion-derechos-fundamentales-carcel-Catalunya-joaquin-urias-ctxt.htm

 

Si la Carta Magna no protege los derechos fundamentales incluso de quienes quieren cambiarla o saltársela, pierde su legitimidad democrática
 

 
 
En 1975 Peter Schneider publicó un libro, que alcanzó cierta fama, titulado Ya eres un enemigo de la Constitución. Narraba los excesos de la “legalidad fanática” en la República Federal Alemana de la época ejemplarizados en la persecución contra un profesor universitario, el profesor Klef. Un día éste tuvo la ocurrencia de comentar ante unos colegas que el hecho de que una ley sea aprobada por la mayoría del parlamento no significa que tenga el apoyo de la mayoría del pueblo. Parece que pone en duda un principio de la Constitución alemana y entre sus interlocutores salta la alarma. A partir de ahí se pone en marcha toda una maquinaria contra quienes dudan de la democracia. Las autoridades intentan demostrar que el profesor participa en manifestaciones no autorizadas o desarrolla cierto activismo de izquierdas y acaban por declararlo formalmente enemigo de la Constitución.

La historia se me ha venido varias veces a la cabeza estos días. Si algo nos está enseñando la crisis catalana es lo cerca que, como sociedad, estamos del precipicio. En muchos sentidos, pero sobre todo en materia de derechos. Basta cualquier chispa para que surja de la nada una masa vociferante que embiste al contrario sin moderación y, por supuesto, sin respeto a sus derechos más fundamentales. Esta dinámica es más terrible –si cabe– cuando se hace, precisamente, en nombre de la Constitución que garantiza tales derechos.

LA AUDIENCIA NACIONAL Y EL TRIBUNAL SUPREMO EXIGEN A LOS LÍDERES SOBERANISTAS UNA LEALTAD A LA CARTA MAGNA QUE, EN SÍ MISMA, SUPONE NEGAR EL PRINCIPIO DE DEMOCRACIA QUE SUSTENTA TODO NUESTRO TEXTO CONSTITUCIONAL

Cuando la mayoría parlamentaria catalana se lanzó por la incierta senda de la declaración de independencia irritó más a los nacionalistas españoles que a esa gran parte de la población catalana que no quiere la independencia y que tenía todo el derecho a sentirse maltratada y poco representada por sus dirigentes. Pero los ofendidos fueron los españoles. En las manifestaciones, los bares y las redes sociales de España se ha instalado desde entonces un clamor exigiendo la prisión para los líderes secesionistas, sin reparar en sus más básicos derechos. Ni siquiera en el derecho a no ser encarcelado más que en los casos previstos en la ley. Y  esta cacería se hace en nombre de la Constitución.

De pronto, el nacionalismo español más visceral ha encontrado un refugio de ocasión en la Constitución de 1978. Así, la Carta Magna se ha convertido en un arma arrojadiza que puede utilizarse como garrota contra cualquier veleidad secesionista. Al hilo de este movimiento, un grupo de partidos políticos se han apropiado del calificativo de ‘constitucionalistas’ como si sólo ellos actuaran en el marco de la Constitución. Con esta cobertura tratan de imponer una interpretación de la Constitución que no es la única posible y que ni siquiera es técnicamente cierta.

Se centran en el artículo 2. En efecto, este precepto de la Constitución menciona la unidad de España (sea lo que sea tal unidad) como uno de sus fundamentos. Pero parece que algunos de esos partidos políticos dejan de leer ahí; ignoran que el mismo artículo garantiza más adelante el derecho al autogobierno de las nacionalidades que integran el Estado y algo más adelante derechos como el de la libertad de conciencia, la de expresión o el juicio justo.

Estos y otros derechos aparecen garantizados en nuestro texto constitucional precisamente para que las decisiones de la mayoría no puedan anular un espacio mínimo de libertad que gozamos todos. Los derechos protegen siempre a las minorías, a los disidentes. Y se imponen sobre cualquier voluntad de las autoridades, incluso de las más altas: en nuestros sistema, las leyes que aprueba el parlamento son nulas cuando no respetan los derechos de los ciudadanos.

Y entre esos derechos que asegura la Constitución destaca justamente el derecho a discrepar con la Constitución y a defender esa discrepancia en público. El sistema español no es de democracia militante, de modo que no se puede perseguir a nadie por el mero hecho de defender en público y con su acción cotidiana ideas contrarias a la Constitución. No existe un delito de deslealtad constitucional e incluso el Tribunal Constitucional ha declarado que la obligación de juramento o promesa de la Constitución que se exige para el acceso a determinados cargos públicos es sólo un requisito formal, que podrá tener consecuencias morales pero no crea ninguna obligación jurídica. El acatamiento de la Constitución es sólo eso, un acto formal simbólico, desprovisto de cualquier contenido vinculante.

Así pues, no puede castigarse a ningún cargo público por el mero hecho de declarar públicamente su rechazo a la Constitución española y su adhesión a un proyecto de república independiente para Cataluña. Tampoco se le puede exigir un compromiso público de respeto a la Constitución como condición para librarse de la prisión provisional o cualquier otra penalización. Más allá, la actuación política fuera del marco constitucional no puede ser en sí misma considerada delito. Cabe imaginar conductas delictivas como la desobediencia, la malversación u otras que tengan lugar en el marco de determinadas opciones políticas. Pero el mero hecho actuar políticamente contra la Constitución no puede ser penable. Por ello, una declaración de independencia meramente simbólica podrá ser inconstitucional, pero no es delictiva. Forma parte del derecho de la ciudadanía a declararse contrario a la Constitución vigente.

Los Autos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo relativos a la prisión provisional de altos cargos del gobierno y el Parlamento de Cataluña son, en este sentido, una auténtica vulneración del derecho fundamental más básico: el de discrepar del poder; utilizan el tremendo poder de los tribunales de justicia para decidir, incluso provisionalmente, sobre la libertad de los ciudadanos con objeto de impedir determinadas acciones políticas. De ese modo no sólo amenazan a los independentistas catalanes sino a todos los que puedan sentir de alguna manera que hay preceptos constitucionales que no comparten y contra los que quieren luchar.

Resulta especialmente llamativo el Auto del Tribunal Supremo que acordó la libertad para la Presidenta Forcadell. En su fundamentación, el magistrado del Tribunal Supremo deja constancia de su convencimiento de que la próxima legislatura del Parlamento de Cataluña podría transformarse en un proceso constituyente ilegal que propiciara la actuación de determinados políticos fuera del marco constitucional. En ese contexto, tiene la osadía de exigir un pronunciamiento de los miembros de la mesa en el sentido de que de seguir en política lo harán renunciando a cualquier actuación ajena al marco constitucional.

De ese modo, el juez ha vulnerado entre otros el derecho a la defensa y a no declarar contra sí mismo (art. 24 CE) de los inculpados, así como el derecho a no tener que manifestar en público las propias convicciones ideológicas (art. 16 CE). Todo vale para lanzar un aviso muy politizado: “Si lideráis movimientos políticos en contra del orden establecido, vais a acabar en prisión”. Nuestro sistema de garantías no puede utilizar el silencio de un acusado como argumento para justificar la prisión, ni puede forzar bajo la amenaza de privar a alguien de la libertad que manifieste cómo será su acción política futura. Es una barbaridad. Les exigen a los líderes soberanistas una lealtad a la Constitución que, en sí misma, supone negar el principio de democracia que sustenta todo nuestro texto constitucional.

Esta idea de que quienes actúan contra la Constitución no gozan de su protección es el camino más directo hacia el totalitarismo. Más allá, esta manera de obligar a alguien a anunciar que su acción política futura se desarrollará en determinado marco es propio de sistemas inquisitoriales y sólo sirve para debilitar la Constitución que se dice defender.

Y no se trata de tecnicismos. Más allá de este caso concreto, lo relevante es destacar que la Constitución tiene valor sólo como garantía de la democracia y de los derechos. La Constitución en sí misma no es más que un papel. Incluso un papel que puede estar plagado de disparates. Su fuerza moral deriva exclusivamente de su contenido y eficacia. Sólo una Constitución democrática y que asegure espacio suficiente para desarrollar ideas políticas muy dispares puede ser defendida como norma básica de convivencia. Si la Constitución no protege los derechos fundamentales incluso de quienes quieren cambiarla o saltársela, pierde su legitimidad democrática. Y si es así, yo también soy un enemigo de la Constitución.

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

[3]La cabra golpista

Por ANÍBAL MALVAR

Artículo publicado el 2 de diciembre de 2017 en:

 

Debería presumirse el principio de presunción de culpabilidad

hasta que no haya una sentencia favorable para ellos

Jorge de Esteban

Catedrático de Derecho Constitucional

Presidente del consejo editorial de El Mundo

¿Catedrático de Derecho Constitucional o Sedicioso atacando la Constitución y los Derechos Humanos?

 

El término golpista está perdiendo en los últimos tiempos mucho encanto. Ya no lleva rostro de militar o guardia civil, ni propende al vociferio. Tampoco gasta pistola, sino solo la palabra. Los golpistas de antaño tenían un caché más cuartelero y blandían mejor bigote. Ahora hasta permiten ser golpistas a las filólogas, caso Carme Forcadell. Y no lo digo yo. Lo dicen todos nuestros periódicos de papel coincidiendo, además, con lo que ya apuntó Antonio Tejero, que degradó el adjetivo golpista este septiembre al compararse con los secesionistas catalanes: “Exijo que por la Justicia española se lleve a cabo un Juicio Comparativo entre lo ocurrido en la fecha del Golpe de Estado, llamado 23-F, y lo que está ocurriendo actualmente en los prolegómenos de la que quiere ser la destrucción de España, llevado a cabo por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña”, escribió en La Gaceta antes del primero de octubre.

Pues ya tiene nuestro añorado Tejero ese juicio comparativo en tribunales y periódicos. ¿Golpistas elegibles en libertad? Es el título que da hoy a su artículo el catedrático de Derecho Constitucional y presidente del consejo editorial de El Mundo Jorge de Esteban. El contexto es, cómo no, la decisión de la fiscalía del TS de pedir al juez que los líderes secesionistas catalanes continúen en prisión. “Aceptemos, pues, que estos golpistas salgan en libertad por criterios humanitarios”, escribe el docto pensador. “A cambio de este beneficio, se comprometen a acatar el artículo 155 CE, como ya hizo la señora Forcadell […]. Pero vamos a ver, no tenemos ninguna certeza de que cumplirán su promesa, porque la cabra siempre tira al monte”.

Que un catedrático constitucionalista use el argumento de la cabra montuna para juzgar la intimidad conductual de un reo, me da idea cabal de cómo estamos educando a los futuros abogados. Y de cómo los adoradores de nuestra Carta Magna interpretan el derecho a la libertad. Este sabio leguleyo nos viene a decir que todos podemos ser enchironados si un letrado tiene la sospecha de que somos cabras con querencias alpinistas. Nivelazo, o sea.

De Esteban, en un texto cuya lectura atenta garantiza un saludable descenso de tu cociente intelectual, nos recuerda que el artículo 1 del Real Decreto de 5 de abril de 1979 obliga a nuestros representantes públicos a “jurar o prometer cumplir las obligaciones del cargo con lealtad al Rey”. Por tanto, todos nuestros alcaldes y diputados republicanos son ilegítimos, cabras echadas al monte que mintieron en su juramento. Y llegamos a la neoconjugación del término golpista, que nuestro jurista interpreta a birrete quitado: “Si el lunes quedan en libertad […] asistiríamos a algo inverosímil como es que unos golpistas consumados puedan volver a presentarse a unas elecciones”. Más joyas dignas de estudio en la interpretación del derecho: “Debería presumirse el principio de presunción de culpabilidad hasta que no haya una sentencia favorable para ellos”. Si notáis un alarmante temblor de la tierra bajo vuestros zapatos no os preocupéis: solo es Justiniano, que está revolviéndose en su sepultura.

La Razón también coincide con las tesis furrieleras de Antonio Tejero, y pide más cárcel para los orioles y los jordis: “No hubo una renuncia expresa al logro de los propósitos golpistas”. En El País están tan preocupados con los desinformadores rusos que hoy pasan de editorializar el tema, lo que, en vista de la atmósfera general, incluso se agradece. Aunque ayer el columnista Alejandro Molina sí tiraba de la idea de asonada, hablando de “golpe institucional secesionista”. Hay que reconocer que le quedó muy fino. ABC, en su editorial de este sábado, habla de “golpistas catalanes”, del “clan sedicioso”, y empieza y termina, como es moda, pidiendo más cárcel: O acatan de verdad o deben seguir en prisión, se titula el texto. Una versión un poco más poética de la cabra que tira al monte. En conclusión: que habrá que ir pensando en otorgarle un honoris causa a Antonio Tejero. Si seguimos su recta inspiración intelectual, como han hecho todos los periódicos serios, esto de la convivencia entre España y Cataluña lo arreglamos este lunes, a más tardar: “¡Quieto todo el mundo! ¡Al menor roce, abran fuego!”.

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

Libertad, de Walter Crane

♦♦♦♦♦♦♦

 

[4]Esto no es una violencia

 

Articulo publicado el 4 de diciembre de 2017 en:

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/violencia_6_715038506.html

 

En una democracia no se trata de que los polis –no digamos los jueces– sean buenos o malos, se trata de que sea imposible que haya polis o jueces malos

 

El cuadro 'Esto no es una pipa', de René Magritte

El cuadro ‘Esto no es una pipa’, de René Magritte

 

Resulta desolador que, en un mal remedo del conocido ardid del poli bueno y el poli malo, el auto que el Tribunal Supremo dictó para Forcadell y otros miembros del parlamento catalán se haya venido a configurar ante la opinión pública como “garantista” frente al de la Audiencia Nacional para el Govern. En una democracia no se trata de que los polis –no digamos los jueces– sean buenos o malos, se trata de que sea imposible que haya polis malos y de que las instituciones no se dejen arrastrar por la intensidad de las pasiones políticas. Y no sé si estamos pasando la prueba.

El apartado conformado por los Fundamentos Jurídicos números 8 y 9 de ese auto, en los que el juez del Supremo desarrolla las razones por las que entiende que lo sucedido en Catalunya en los últimos meses fue un “alzamiento violento” es especialmente preocupante desde los presupuestos del Estado de Derecho. No solo estamos ante una decisión llamativamente endeble desde un punto de vista jurídico, sino sobre todo ante lo que parece ser una cesión más que preocupante desde una perspectiva política. Pero vayamos por partes.

Jurídicamente, el instructor está obligado a demostrar la existencia de “violencia” en los hechos que califica para poder así imputarles el tipo penal de Rebelión, que la conlleva necesariamente. Para ello procede a una estrategia argumental que solo nos queda esperar que alguien desmonte durante el juicio y que procede como sigue.
 

En el último párrafo de la página 14 del Auto, el magistrado distingue entre una “primaria concepción” de la Rebelión y una “modalidad comisiva agravada” de la misma. Aunque las dos son violentas, la segunda “además” (este “además” del juez es crucial, como se verá) se caracteriza por “esgrimir armas o por realizar combates”. Podemos, en lo que sigue, denominar a ambas “Rebelión primaria” y “Rebelión grave”.

Dado que lo acontecido en Catalunya no puede conformar la “Rebelión grave”, pues no hay ni rastro de armas ni de combates, lo que el magistrado logra con esta distinción es que pueda, todavía, encajar al menos en la “Rebelión primaria”. Pero… ¿qué es la Rebelión primaria, y qué tipo de violencia la acompaña? El Código Penal no nos lo dice. Solo habla de un “alzamiento” que ha de ser “violento” y “público”. Ante esa laguna legal, el juez del Supremo se atreve – por su cuenta y riesgo, puesto que aquí, en este trance, ni cita jurisprudencia ni apela a ley alguna en la que sostener sus afirmaciones – a definir la violencia de la “Rebelión primaria”: “el alzamiento es violento cuando se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estarse dispuesto a su utilización”.

Este paso argumental adolece, desde un punto de vista jurídico, de considerables problemas. El magistrado utiliza expresamente el término “intimidar”, y hace recaer sobre el mismo toda la carga delimitativa de la violencia. Relean su definición: violencia es igual a “intimidar”. Pero en el Código Penal la intimidación configura una acción distinta de la violencia. Solo eso explica que muchos artículos desciendan a distinguir entre “violencia, intimidación o engaño”, una coletilla legal casi automática en numerosísimos delitos especialmente graves. Si la violencia se pudiera identificar como intimidación, como el juez pretende, esas precisiones terminológicas carecerían de sentido. Por tanto, la violencia ha de definirse necesariamente como algo distinto a la intimidación, y confundirlas en un mismo tipo no presenta demasiado sentido jurídico de acuerdo con el propio Código Penal.

Más allá de eso, es la propia distinción que el Magistrado –no el Código– instituye entre una “Rebelión primaria” y otra “agravada” la que se revela del todo injustificada. Cuando se leen los trece artículos que configuran jurídicamente el delito de Rebelión, es indudable que estamos ante un delito en el que el “alzamiento” y la “violencia” se construyen sobre un modelo de golpe militar clásico, esto es, el modelo mediante el que un grupo de hombres armados toma el poder por la fuerza de las armas. En esos trece artículos aparecen las siguientes expresiones: “armas”, “si ha habido combate”, “estragos”, “violencias graves contra las personas”, “tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión”, “el militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión”, “(el militar que) teniendo conocimiento de que se trata de cometer un delito de rebelión, no lo denuncie”, etc.

La distinción entre una y otra rebelión no solo sencillamente no aparece en la letra de la ley, sino que además la posibilidad de que la ley la contemple, como una hipotética interpretación plausible dentro de los límites de lo jurídicamente válido –en el espíritu y no en la letra, como suele decirse– se viene abajo cuando atendemos a las consecuencias lógicas que tal distinción irremediablemente conllevaría. La alusión a las “armas” y a los “combates” no tipifica un delito de Rebelión “más serio” que otro, o algo así, sino que viene a distinguir la manifestación final de la Rebelión (473.2) de la inducción a la misma, que se penará de modo menor en caso de que no llegue a producirse el levantamiento violento que siempre es la rebelión (473.1).

No parece posible, en efecto, interpretar de otro modo la diferencia entre ambas penas, pues la extrañísima hipótesis de una “rebelión primaria” conllevaría numerosas contradicciones en todo el articulado posterior, que sencillamente no contempla tal posibilidad. Por lo demás, a nadie se le ha ocurrido nunca distinguir, en sede legislativa, entre rebeliones graves y leves, porque la rebelión es, de por sí, el mayor delito que cabe suponer ante un ordenamiento jurídico: el del uso de la fuerza para derrocarlo.

Por eso lo verdaderamente preocupante no es tanto la cuestión meramente jurídica del mayor o menor acierto del auto, sino la eminentemente política de que la redacción del mismo parece, desde un punto de vista lógico-textual, haber sido pensada no de acuerdo a la ética del Estado de Derecho –esto es: primero los hechos, luego el delito tipificado por la ley– sino desde la del populismo judicial, según la cual el delito aparece como decidido de antemano y a posteriori se buscan los hechos que lo confirmen. Como si los numerosísimos y estruendosos dictámenes que afirmaban que lo de Catalunya era un “golpe de Estado” y las no menos cuantiosas y enardecidas exigencias de “cárcel” y de sentencias “ejemplarizantes” hubieran llegado a torcer tanto la mera evidencia textual de que el delito de “golpe de estado” no existe en el código penal como la primordial convicción política y moral de que los castigos ejemplarizantes son propios de tradiciones jurídicas medievales de las que toda democracia digna de tal nombre no puede sino huir como de la quema.

Magritte tiene un cuadro titulado Esto no es una pipa en el que lo que aparece dibujado es, sin género de dudas, una pipa. Del mismo modo, este extraño auto judicial en el que lo que se dibuja es un escenario de “alzamiento”, “violencia” y “rebelión” en Catalunya debería titularse, como si fuera una obra de arte surrealista, “esto no es una violencia”. Con independencia de lo que cada uno pensemos sobre el procés, a lo que hemos asistido ha sido un movimiento esencialmente pacífico, no a una rebelión, o no al menos a una rebelión tal y como la ley – única instancia a la que puede apelarse en un Estado de Derecho – la entiende.

Por lo demás, y aunque se diría que no tiene relación con todo esto, mientras en estos últimos cinco años los habitantes de un pedazo del planeta especialmente privilegiado nos hemos dedicado en cuerpo y alma a discutir sobre este malhadado procés al son de los dos no menos malhadados nacionalismos que lo alimentan, unos trece mil seres humanos han dejado su vida en ese mismo Mediterráneo que baña las aguas de Catalunya. Ya les digo que perece que no viene a cuento, pero nunca está de más recordar que el mal en este mundo no viene casi nunca del lado de lo perverso, sino casi siempre del de lo frívolo.

♦♦♦♦♦♦♦

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

[5]La cuestión policial

Por RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO

 
 Artículo publicado en elpais.com:
31 de mayo de 1987 
 

1. Discrecionalidad y Estado de derecho. En el libro Policía y sociedad democrática, José María Rico recoge, para caracterizar el poder discrecional de la policía, la siguiente definición de Lafave: “Cualquier toma de de cisión que no está estrictamente regida por reglas legales, sino que contiene más bien un elemento significativo de juicio personal”. La injerencia de este factor de apreciación personal en la discrecionalidad policiaca nos remite a la fórmula descriptiva usada por Carl Schmitt para la que denomina “acción comisarial”, esto es, “actuar según la situación de las cosas”. El análisis de Carl Schinitt se centra en mostrar el elemento de dictadura que hay en toda acción comisarial, y define, a su vez, la dictadura con estas palabras: “Desde el punto de vista filosófico-jurídico, la esencia de la dictadura está (… ) en la posibilidad general de una separación entre las normas de derecho y las normas de la realización del derecho”. Los rasgos de Estado de derecho que se atribuyen las democracias terminan en el punto preciso en que entra en juego la discrecionalidad policiaca, y la contraposición usual entre dictadura y democracia se interrumpe y se anula por la mera subsistencia de la policía en las democracias. La discrecionalidad policiaca es una incrustación dictatorial en el Estado de derecho de las democracias. Es muy cierto que caben muy diversos grados de discrecionalidad, y existe una amplia zona en que el derecho puede imponerle normas res trictivas formalmente precisas e inequívocas. Así, por ejemplo, y por citar un caso recientemente suscitado, la diferencia entre detención y retención se presta a ser jurídicamente definida y, por tanto, el derecho puede in terponer una norma jurídica inequívoca que excluya a la retención de entre las facultades discrecionales de la policía. Pero el punto en que la discrecionalidad policiaca -y, en consecuencia, la separación en tre las normas de derecho y las normas (o más bien, prácticas) de la realización del derecho, que según Schmitt constituye el rasgo definitorio de lo dictatonal- se muestra irreductible a cualquier control interno de la normajurídica es precisamente el más irreparable: la aplicación de la violencia. Y es que la norma jurídica está sujeta a la discontinuidad inevitable de toda definición lingüística -esto es, a distinciones de si o no-, en tanto,que la aplicación discrecional de la violencia, por estar inmersa en el continuo espaciotemporal, no admite otro criterio estimativo que el del más o menos. En la aplicación de: la violencia, la discrecionalidad policiaca se hurta a cualquier normativa jurídica interna, y sólo puede ser limitada o contenida, por así decirlo, exteriormente. Así vemos como en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecido en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y citado en el mismo texto de José María Rico, precisamente el artículo tercero, que se refiere a la aplicación de la violencia, deja intacta la discrecionalidad policiaca, pues dice así: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando.sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. Este artículo, como puede apreciarse, no es una norma formalmente jurídica; es, a lo sumo, un mandato prudencial, una recomendación exterior, pues la formulación, “sólo cuando sea estrictamente necesario” no delimita nada definible o mensurable, sino que encubre inevitablemente un “sólo cuando lo estimenestrictamente necesario”. Resulta, pues, que la última y más conflictiva atribución de la discrecionalidad, o sea, la aplicación de la violencia, queda confiada al mejor o peor criterio de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que harán sus propias estimaciones “con arreglo a la situación de las cosas” -por volver a usar la expresión de Schmitt-, lo cual, incluso en los casos que se consideren más correctos y mesurados, comporta una decisión de carácter dictatorial. Así pues, siquiera en este extremo decisivo de la aplicación de la violencia, la discrecionalidad significa necesariamente por lo menos una separación -cuando no una contradicción- entre las prácticas dirigidas al cumplimiento de los fines jurídicos y los fines, jurídicos mismos, que es lo que según el autor citado define la esencia de lo dictatorial. La expresión “Estado de pleno derecho” no es, pues, más que ingenua palabrería mientras no considere y reconozca la naturaleza irreductiblemente anómala de la discrecionalidad.

2. Controles limitadores de la discrecionalidad. El hecho de que la discrecionalidad se sustraiga inevitablemente al imperio de normas jurídicas formalmente precisas, esto es, a normas capaces de delimitar en sí mismo algo inequívocamente definible o mensurable, no hace, sin embargo, en modo alguno, ociosas y vacías las recomendaciones prudenciales que delimiten, por así decirlo, desde el exterior, los alcances posibles de la discrecionalidad. El carácter jurídicamente anómalo de la discrecionalidad hace que el intento se incluya, en cierto modo, entre los que comúnmente se describen con la expresión de “querer poner puertas al campo”, y la dificultad es, en efecto, grande. Pero no es, ciertamente, de la ignorancia o de la negación de ese carácter anómalo de la discrecionalidad, o de su ocultamiento bajo la confiada expresión de “Estado de derecho” ‘ sino, por el contrario, de su reconocimiento y profundización, de donde pueden desarrollarse prevenciones prudenciales cada vez más escrupulosas y afinadas. El ya citado texto de José María Rico distingue dos caminos generales de control de la discrecionalidad policiaca: uno, el control interno, o sea, el que los propios cuerpos de la policía puedan ejercer sobre los eventuales excesos de sus propias actuaciones, y dos, el control externo, o sea, el ejercido por otras instancias, como el poder judicial o las asociaciones ciudadanas. Refiriéndose al control interno, el mismo autor cita una frase de las conclusiones de una encuesta canadiense, que dice como sigue: “El policía comparece ante colegas que comparten fácilmente su punto de vista, son formados en la’misma escuela y han tenido todos la inisina tentación, cdnsistente en terminar con éxito una investigación gracias a alguña anomalía”. De aquí saca el autor la conclusión de la insuficiencia práctica del control interno. Pero la frase canadiense no es más que una fórmula débil y eufemístíca para aludir a una dificultad mucho más positiva y contundente: es casi imposible impedir que unos cuerpos investidos de autoridad estatal y, sobre todo, facultados para el ejercicio de la violencia -la cual supone siempre un antagonista virtual-, enormemente superior al de cualquier otro tipo de corporación. El permanente antagonismo virtual que subyace a la unión de unos hombres agrupados por la facultad para ejercer la violencia contra otros hombres tiene la inevitable consecuencia psicológica de que cualquier cuerpo policiaco se constituya en un nosotros sumamente cerrado y solidario. Creo que esta formulación, mucho más drástica que el circunspecto eufemismo canadiense, expresa el verdadero alcance de la insuficiencia de cualquier control interno de la discrecionalidad policiaca. Pero si pasamos a las posibilidades del control externo vemos que las perspectivas no son mucho mejores. Está, en primer lugar, la desventaja de cualquiera instancia de control, incluida la judicial, en cuanto a facultades de hecho para la investigación. Los jueces dependen normal mente de la propia policía en lo que se refiere a recabar la información primaria para la instrucción de cualquier causa, y tendrían que multiplicarse por mil si pretendiesen investigar personalmente. No digamos cuánto mayor es esta dificultad para agrupaciones ciudadanas, no investidas de autoridad alguna para emprender por sí mis mas una investigación. Está, en segundo lugar, el carácter extra ordinariamente privilegiado, frente a cualquier testimonio ciudadano, que se concede al testimonio de la policía, incluso cuando se trata de entredichos referentes a la corrección de sus propias actuaciones. No, hay que ir muy lejos para apreciar el ínfimo y hasta nulo grado de autoridad que se concede al testimonio espontáneo de los ciudadanos civiles: hace muy pocos días lo hemoá podido ver en la desautorización a priori, por parte de la mayoría parlamentaria, del vídeo de Reinosa, que recogía testimonios de este origen. Y está, en tercer lugar, el hecho, mencionado por José María Rico, en relación con en cuestas hechas en América, de que cualquier iniciativa de control externo es sentida por los cuerpos policiacos como una injerencia y una hostilización in justa y malevolente, que no hace sino estrechar más todavía la cerrazón, la cohesión y la solidaridad autodefensivas inherentes al espíritu de cuerpo.

3. El principio de eficacia. El principio de eficacia llevado a ultranza es palmariamente contrario a cualquier delimitación de los alcances de la discrecionalidad. No obstante, hay quienes en defensa de tal delimitación alegan como argumento justamente la mayor eficacia de los usos blandos y comedidos en las actuaciones policiacas. Pero si se quiere reducir al mínimo el carácter dictatorial de la discrecionálidad policiaca y aproximarla lo más posible a la idea y a las presunciones de un Estado de derecho, ese mayor comedimiento ha de ser defendido por sí mismo, por su propia justicia, al margen de cualesquiera consideraciones de eficacia, es decir, aunque de hecho redundase en una efectiva disminución de la eficacia de las actuaciones policiacas. En este sentido, es tan funesta como irresponsable la habitual práctica de la Prensa o de la oposición parlamentaria de acusar mecánicamente a los Gobiernos en el poder de la ineficacia de la policía, pues los Gobiernos acusados no parecen, a su vez, conocer otra respuesta que la no menos electoralista y partidista de aumentar su transigencia con los usos más contundentes, expeditivos y hasta ilegales de la discrecionalidad policiaca, aplazando con ello y, por otra parte sine die losbuenos propósitos en torno a una mayor profesionalización de las fuerzas de orden público, en la que los expertos quieren ver el remedio contra las maneras duras y descomedidas de actuación. La mayor o menor presión del principio de eficacia en las directrices estatales guarda una importante relación con las distintas orientaciones, materialista o formalista, del sentido del derecho en la mentalidad de la ciudadanía. La orientación materialista, que parece ser la dominante, es la que, por ejemplo, con respecto al uso de las armas -por lo demás, totalmente ilegal- en los controles de carreteras, hace una neta distinción valorativa entre los casos en que el coche ametrallado resulta a posteriori ser robado y sus ocupantes resultan ser delincuentes comunes o terroristas, y los casos en que se trata, como suele decirse, de un error. La sensibilidad pública tiende a reaccionar tan sólo ante estos últimos casos, considerando que en los primeros todo está en regla y es como es debido. Para la concepción formalista del derecho, que es o debe ser la única congruente y valedera en todo sedicente Estado de derecho, tal distinción es totalmente improcedente y ambos casos deben ser medidos por idéntico rasero. Querría yo haber visto cuál habría sido la reacción Popular si en el famoso caso Almería a no se hubiese tratado de un error y las víctimas hubiesen resultado ser efectivamente terroristas. Mucho me temo que en este supuesto la sensibilidad pública no habría ayudado a llevar la cuestión hasta un procesamiento y una condena, siendo así que ante la correcta concepción formalista del derecho el crimen habría sido exactamente el mismo. El predominio del principio de eficacia en la actitud estatal que se refiere al uso de la discrecionalidad policiaca tiene el efecto deletéreo de fomentar en la ciudadanía la orientación materialista del sentido del derecho, que bajo tal orientación, digámoslo sin más, ni es derecho ni es nada.
 

4. El significado de los uniformes. Para poner siempre a salvo de cualquier menoscabo el prestigio de los cuerpos y fuerzas de orden público se recurre sisternáticamente a una distinción totalmente fraudulenta, que consiste en aislar, cuando son acusadas de incorrectas, las acciones de los agentes singulares, separándolas de la actuación y de la responsabilidad corporativa. En su reciente comparecencia ante el Congreso, el director general de la Guardia Civil, señor Roldán, se ha agarrado una vez más a esta triquiñuela, al defender como correcta la actuación de la Guardia Civil en Reinosa y negar cualquier extralimitación de las funciones que tiene encomendadas, pero sin perjuicio de comprometerse a corregir por la vía disciplinaria las posibles irregularidades de carácter individual que hayan podido producirse. Para mostrar lo fraudu lento de semejante distinción basta reflexionar sobre el signi ficado de la vigencia pública in herente al uso de uniformes. El uniforme es una credencial corporativa que hace explícitamente abstracción de la individuali dad del agente o número singu lar que lo vista en tal o cual caso concreto, como si dijese a los ciudadanos: “A la vista de este uniforme confíe usted en quien lo lleva y sujétese a sus requerimientos, pues el Estado sale por garante de la legalidad y la corrección de sus intervenciones”. El uniforme significa, pues, una desindividualización deliberada y explícita de sus portadores singulares, y convierte y ratifica cada actuación individual como una actuación corporativa. Es cierto que las leyes prescriben que cada agente singular está obligado a dar a quien se lo re quiera su número de inscripción en el cuerpo correspondiente -dicho sea al margen de las veces en que, de hecho, esté dis puesto a darlo-, pero la clave de la traducción de ese número en un nombre propio y unos apellidos, que permitirían la interposición de una denuncia personal, permanece en manos, de la propia administración del cuerpo e ignoro si existe tan si quiera una disposición legal complementaria que obligue al cuerpo a proporcionar tal traducción a quien se la demande. Por lo demás, no existe tan si quiera la posibilidad de recurrir al número del agente, para denunciar, al menos ante el cuerpo, la infracción legal consisten te en negarse a darlo. Para ilustrar más claramente de qué modo la abstracción de la indi vidualidad que comporta el uso de uniformes es una vigencia pública que funciona legalmente, supongamos que un particular le da una bofetada a un agente de orden público uniformado y personalmente desconocido para él con el que se topa por la calle. Si, conducido a la comisaría y ante el juzgado, sostuviese que su acción no iba dirigida contra el guardia en cuanto tal, sino contra la persona singular que estaba en el interior del uniforme y porque lo había rozado en las estrecheces de la acera o porque simplemente le caía gorda su cara, sería extremamente improbable que prosperase la alegación de tal motivo y que su acción fuese calificada como agresión personal y no como atentado a las fuerzas de orden público. En este ejemplo se ve cómo la abstracción de la individualidad que comporta el uniforme funciona plenamente. Ciertamente es injusto que la incorrecta actuación de un agente, singular salpique a los restantes individuos portadores del mismo uniforme, pero no lo es, en cambio, que el desprestigio recaiga sobre la abstracta totalidad del cuerpo en cuanto tal, por haber fallado en las garántías implícitamente prometidas en el uso de un uniforme. En este sentido, las expresiones consagradas de “manchar, desprestigiar o deshonrar el uniforme” son estereotipos totalmente apropiados y congruentes. Por lo demás, el prestigio y la confianza pública de un cuerpo son datos de hecho, y serán y merecerán ser tanto mayores cuanto menor sea el número de excepciones singulares a los comportamientos tenidos por correctos, o sea, cuanto más veraz resulte ser la credencial de garantía corporativa que significa el uniforme. Considerando, así pues, el peculiar significado del uso de uniformes, no es admisible que se siga apelando a la argucia de decir que los buenos servicios los hace la Guardia Civil como instituto y las eufemísticamente llamadas “irregularidades” las cometen algunos de los miembros singulares que visten su uniforme, siendo así que lo que ese uniforme está diciendo, por su propio carácter abstractivo, es que quien las comete es la Guardia Civil.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de mayo de 1987

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

[6]Las manos que mecen las cunas

Por XOSÉ MANUEL PEREIRO

 
Artículo publicado el 1 de diciembre de 2017 en:
 

 

La penicilina se descubrió por casualidad, el napalm no.
Jaume Perich

 

La muerte inesperada del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, coincidió más o menos con la muy esperada apertura de la vista oral de la autodenominada “la manada” (y tanto), y también con la salida a la luz de esos municipales madrileños que tenían ínfulas, más que de los reguladores de tráfico y vigilantes de las ordenanzas urbanas que en realidad son, de SS-Hauptsturmführer. Unas cosas no tienen que ver con las otras, pero a mí la muerte y las amenazas me sumen en un estado de melancolía que, en lugar de conducirme a la conclusión habitual, “¡no somos nadie!”, me precipita en otra parecida: “¡En qué manos estamos!”.

QUE ENTRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL DE MADRID HAYA TRES NAZIS CONFESOS ENTRA DENTRO DEL CÁLCULO DE PROBABILIDADES, PERO QUE LOS DEFIENDAN UN PAR DE SINDICATOS PROFESIONALES Y QUE SEA EL DENUNCIANTE EL QUE TIENE QUE SER PROTEGIDO ES YA DE PARARSE A PENSAR

Quizás les haya llegado una lista de muertos, no exactamente libres de toda sospecha, relacionados con casos de corrupción. Están desde imputados que se suicidaron, como Miguel Blesa y Juan Pérez Mora (un comercial de productos dietéticos que se hizo pasar por juez de la Audiencia Nacional y le vendía a Correa, el de la Gürtel, informes de cómo iba lo suyo), a otros que murieron en circunstancias pongamos que raras, como el periodista de mano de Javier Arenas, Isidoro Cuberos, que salió de casa en moto y solo pudo ser localizado en un lugar lejano, días después, él y la moto, gracias a un helicóptero de la Policía. O María del Mar Rodríguez Alonso, esposa de uno de los portavoces adjuntos del PP en el Senado, imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos, que murió después de haber sido encontrada inconsciente en un hotel. Bajas por enfermedad hay innúmeras, empezando por la de Rita Barberá, aunque de esa, según versiones, tenemos la culpa los periodistas. También están las muertes del otro lado, como la del joven fiscal jefe de Lugo, que llevaba el caso Campeón, también suicidado; del juez Antonio Pedreira, el que sucedió a Baltasar Garzón en la instrucción de la Gürtel; y ahora la del fiscal Maza. Con parecer muchas muertes, no son nada en comparación con los 43 suicidios que hubo en Italia a comienzos de los noventa, cuando aquello que se llamó Tangentópoli. Claro que en Italia también dimiten a la mínima, y el despachar gente tampoco es que sea infrecuente. O sea que algo que está a medio camino de las dos cosas no debe de ser extraño a sus usos sociales.

Son más preocupantes las otras manos. Que de cinco declarados imbéciles y malas personas ―en palabras de su propia defensa―, presuntos violadores, uno sea guardia civil y el otro militar no sé si se puede considerar coincidencia o casualidad, pero estadísticamente es asombroso. Al contrario, que entre el total de la plantilla de la Policía Local de Madrid haya tres nazis confesos entra dentro del cálculo de probabilidades, pero que los defiendan un par de sindicatos profesionales y que sea el denunciante el que tiene que ocultarse y ser protegido es ya de pararse a pensar. Pensar en aquello que decía Ian Fleming en Goldfinger: “Una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres es la acción del enemigo”. Porque terceros ejemplos hay a patadas, o a porrazos.

Estos días se acaban de cumplir 25 años del considerado primer asesinato racista en España, el de la dominicana Lucrecia Pérez. El cabecilla de la banda que decidió ir a “dar un escarmiento a los negros” era agente de la guardia civil y por eso la patrulla de la policía local que los paró por saltarse dos semáforos en rojo los dejó seguir, pese a que los otros ocupantes del coche la increparon. Sin intención, y todavía menos ganas, de ser exhaustivo, en setiembre pasado tres miembros de la Benemérita fueron detenidos por un asunto de drogas en la sierra de Madrid. En abril de 2016, otro mató a un marroquí a balazos después de provocar un accidente de tráfico. También había uno entre una banda dedicada a asaltar casas de campo en Mallorca desarticulada en julio de aquel año, y dos meses después otro agente de A Coruña en la reserva, tres en activo, un vigilante de seguridad y dos empresarios fueron arrestados en La Rioja por robar a narcotraficantes.

Para no hacer distinciones entre miembros de las distintas Fuerzas etc., un agente de la Policía Nacional fue detenido a finales de septiembre en Barcelona después de haber amenazado con matar a todos los presentes en una cafetería. Tres días después, en la misma ciudad, un inspector era arrestado en un golpe a una red de tráfico de cocaína. En agosto, el detenido era un policía local de Don Benito (Badajoz) por abusos a menores, aprovechando que también era entrenador de fútbol juvenil. En abril comenzaba el juicio contra un agente acusado de matar a su socio en Salamanca. Un año antes, un inspector, F.J.L.B, era detenido por sus compañeros por violar menores y grabar los hechos. El año anterior ya había sido imputado por posesión de pornografía infantil. Y la relación de las aventuras del excomisario José Villarejo haría caer exhausto el servidor de este medio.  

No pretendo instruir una inquisitio generalis. De entrada, conocemos esas fechorías gracias a la investigación de sus compañeros. Pero ya Voltaire proclamaba que a la casualidad se le atribuían cosas por encima de sus posibilidades: “Lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada de un efecto desconocido”. Los efectos, algunos, se los he contado, y ustedes recordarán otros. Y no se pueden ignorar las causas. Obviamente, matar con una pistola solo lo puede hacer quien tenga una, y en este país solo la poseen las Fuerzas etc., algunos delincuentes encallecidos y personas que pasan a serlo (delincuentes) porque logran hacerse ilegalmente con una. Los demás, si nos vemos en tal tesitura, tenemos que matar a mano. Así que no es excepcional la cantidad de muertos por disparos de los miembros de los etc. Pero también es verdad que tener una placa no solo debe de dar una cierta sensación de impunidad, sino que además realmente la genera (y más con la Ley Mordaza), de ahí por ejemplo los munipas con complejo de SS-Hauptsturmführer. Y por supuesto que ovejas negras hay en todas partes (en periodismo, rebaños enteros). Pero es obvio que algo falla en la formación de las Fuerzas etc., o en los filtros para acceder a ellas, que no impiden el paso a tipos con cierta proclividad al delito, de ahí lo de dos de cinco de la manada de San Fermín. A raíz del asesinato de Lucrecia y de un par de casos graves más que habían protagonizado agentes de la ley, en una lejana ocasión le pregunté a un bastante alto cargo de Interior algo como: “Ya sabemos que en todas partes hay excepciones, pero ¿no cree que algo está fallando en los controles internos de las Fuerzas etc.?”. “Como ha dicho usted, en cualquier colectivo hay manzanas podridas, y las Fuerzas etc. no son, desgraciadamente, una excepción”, me respondió más o menos Rafael Vera.

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

[7] El largo asedio

Por Elisa Beni

 
Artículo publicado el 2 de diciciembre de 2015 en:
 
 
 
Luis Bárcenas en una imagen de archivo EFE

 

Gabriela Aldama es una juez de instrucción que se niega a votar en Sala de Gobierno una propuesta de su presidenta para cambiar las normas de asignación y el reparto de las querellas. Intuye algo raro en las maniobras de la presidenta para cambiar en ese momento y de esa manera las reglas. Poco sabe que Felisa Basterra sólo busca satisfacer a los que controlan los votos necesarios para cruzar la plaza y sentarse al fin en el Tribunal Supremo.

Gabriela no existe. Es una juez de ficción y la trama de la presidenta del TSJ para hacer un favor a los vocales mayoritarios y lograr su nombramiento es sólo fruto de mi libertad como creadora en “Peaje de Libertad” (Espasa, 2014). Nadie puede acusarme de haberme inspirado en Concha Espejel para crear mi novela ni yo afirmaría nunca que la presidenta de la Sala de lo Penal la haya leído. Quédense con que la realidad supera con creces a la ficción y que, conociendo a fondo la realidad, pueden construirse ficciones que acaben por ser ciertas.

El cambio de normas que se llevó a cabo en la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para conseguir una nueva configuración para juzgar el caso Papeles de Bárcenas no es, desgraciadamente, una novedad. Ni siquiera podemos afirmar que el Partido Popular lleve los últimos cinco años intentando meter mano en la Justicia para paliar los efectos de la corrupción en su devenir político. Es triste decirlo pero todo viene de bien atrás. El largo asedio a la Justicia se ha transformado en asalto en los últimos tiempos en los que ya la premura es emergencia. Tanta, que el propio partido está sentado en el banquillo de los acusados y se le pide como pena seis meses de inhabilitación como persona jurídica. ¡Se imaginan, seis meses sin que el PP pueda actuar como partido!

Esta ola de tsunami que amenaza con anegar la poca credibilidad que le queda a la Justicia nació en una marejada de malestar que los populares sintieron una vez llegó al poder Aznar. Cuando el PP llegó al poder se sentía agraviado por el hecho de que, según afirmaban, los progresistas tuvieran copados los principales tribunales y, también, los medios de comunicación. Ambas preocupaciones han ido un poco a la par puesto que interactuaban entre ellas y porque en ambos casos los populares creían con fe de comulgantes en una supuesta eficacia de la ley de la aguja hipodérmica, es decir, que inyectando en la sociedad los dogmas en los que ellos creen, ésta terminará por volverse a su imagen y semejanza. No tienen más que ver lo que han hecho con RTVE o de lo que acusan a TV3 o a la enseñanza catalana. Para ellos, controlar los inputs es cosechar los outputs.

Cuando Aznar llegó al poder, sus dientes rechinaban ante el reinado judicial de los Siro García y los Clemente Auger en la Audiencia Nacional y consideraba que los progresistas habían copado los destinos de juez de Vigilancia Penitenciaria y otros muchos agravios que ellos veían en lo que consideraban una falta de mano dura con el terrorismo que ellos estaban llamados a solventar. Aznar no pudo hacerse con un CGPJ a su imagen y semejanza hasta 2004 cuando obtuvo un consejo gobernado por Hernando y con 11 vocales claramente conservadores que comenzaron a pasar el rodillo que tanto deseaban. Entre esos vocales se encontraban tanto Enrique López -el niño mimado apartado del enjuiciamiento de Gürtel por recusación- como Juan Pablo González, el nuevo miembro del tribunal de Papeles de Bárcenas, tras la maniobra gubernativa de Espejel.

Desde aquel Consejo eterno, ya que se prolongó por negativa política a pactar su renovación, hasta bien entrada la era Zapatero, se fueron gestando todos los polvos que fraguaron en los lodos que ahora nos enfangan. El PP comenzó a nombrar no sólo a sus claros afines sino que también buscó a nuevas promesas entre aquellos magistrados a los que veía despuntar en una forma de resolver que les gustaba. En aquella época se primó mucho al que era percibido como de la línea dura contra ETA. Recortar redenciones o revisar la política penitenciaria se convertía en un aura dorada que los vocales conservadores sabían apreciar. Más tarde variarían los méritos. Genma Gallego llegó al Consejo avalada por sus méritos en el Caso del Bórico que permitieron avalar la teoría de la conspiración del 11 M hasta bien entrado el juicio. Perdonen pero no les cuento teorías. Yo misma fui testigo de cómo uno de los vocales de ese Consejo le daba indicaciones jurídicas sobre uno de los autos decisivos. Estábamos en Canarias. No diré más. Ya se sabe que los periodistas valemos más por lo que callamos que por lo que decimos. Ese mismo esquema “de agradecimiento” se repetiría más tarde con Concepción Espejel cuyas resoluciones en Guadalajara le proporcionaron grandes posibilidades de rédito político a Cospedal cuando el famosos incendio.

Nunca se cortaron gran cosa. Volviendo al tema de las secciones de la Audiencia Nacional, sucedió que en un momento dado la Sección Cuarta les tocaba mucho las narices porque solía interceptar las medidas cautelares de un tal Garzón que, en aquella época, era adorado por el PP en su vertiente de justiciero de la lucha antiterrorista. Aprovechando que los miembros de la sección se llevaban a matar y que dejaron en libertad con fianza a un narco que se fugó, el CGPJ decidió defenestrar a unos jueces que tenían plaza en propiedad. No ficciono. Relato. Por primera vez en la historia, el Consejo sancionó disciplinariamente a tres jueces por una resolución jurisdiccional y les hizo perder su destino. Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega, un magnífico jurista, tuvieron que dejar la AN. Dos años más tarde el Tribunal Supremo les dio la razón pero ya habían pedido destino en otra parte y, que quieren que les diga, los interesados ya les habían quitado de en medio.

Señores defensores de lo indefendible: todo esto se hizo con la más absoluta apariencia de legalidad. Todo tenía una explicación. Todo podía defenderse sobre un papel. Así se hacen las cosas. Y así se ha hecho también el desmontaje de la Sección Segunda de la AN cuya composición resultaba terriblemente irritante para el PP. Como saben, la presidía Hurtado y formaba sala con De Diego, también conservador, y con De Prada, de Jueces para la Democracia. En principio parecía todo tranquilo. De Prada estaba condenado al voto particular. Hasta que por motivos personales y de naturaleza humana, De Diego se desmandó votando con De Prada y llevó a declarar como testigo a Rajoy. Imperdonable, como ha quedado demostrado. No se iban a volver a arriesgar a que esta conjunción astral se reprodujera así que cuando tocó revisar la prisión de los Jordis apareció por arte de birlibirloque una sección de cinco magistrados para diluir el peligro y asegurarse la minoría de De Prada. Y, esta misma semana, el cambio de las normas de formación de tribunales, para dejar fuera a De Diego y De Prada del que juzgará el Caso Papeles de Bárcenas. Un caso que ha dado para mucho puesto que ya hubo que movilizarse para arrebatárselo a Gómez Bermúdez cuando le entró por puro reparto informático en cuanto se olieron que iba a mandarlo a chirona en un momento en que esto era lo que más temía el PP.

Escuchen los que quieran oír. Todos los enjuagues en las altas instancias se hacen después de cocer y dar vueltas a elaboradas teorías para forzar bien sea el derecho procesal bien sean los reglamentos o las normas gubernativas de modo que todo quede perfectamente aseado, al menos en apariencia. Esto es un recado para todos aquellos que consideran que los defectos de procedimiento son sólo bagatelas. Detrás de cada norma del proceso hay un derecho protegido o un riesgo que se quiere evitar. Forzarlas es abrir la puerta a la violación de cuestiones esenciales. Y esto vale para la corrupción y para el asunto catalán.  

Ni siquiera afirmo que sólo el Partido Popular lo haya llevado a cabo. Aunque, si quieren mi opinión, mientras que los socialistas siempre se sirvieron de promocionar a los que pensaban como ellos y dejarles hacer, los populares nunca han querido almas afines sino siervos y de ahí se deriva el cambio sustancial y el ataque frontal a la independencia judicial.

No me llenen ahora de comentarios sobre la inexistencia del Estado de Derecho, los presos políticos o la falta de Justicia. Los totum revolutum son intelectualmente deleznables y fácticamente inútiles. Si tiene algún sentido denunciar cómo suceden las cosas es porque aún es posible revertir el deterioro de las instituciones. Al menos yo lo hago en la confianza de que los que pueden, lo hagan.

♦♦♦♦♦♦♦

[8]DESCARGAS: 

AUTO TRIBUNAL SUPREMO CARME FORCADELL Y OTROS

AUTO TRIBUNAL SUPREMO SITUACION PERSONAL ORIOL JUNQUERAS Y OTROS

 

Se el primero en escribir un comentario

Déjanos tu comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*