La independencia de Catalunya en el banquillo: agujeros negros, por Juan José Queralt

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Bon viatge per als guerrers
que al seu poble són fidels,
afavoreixi el Déu dels vents
el velam del seu vaixell
 
 
Lluis Llach Viatge a Ítaca
 
 
 
I
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven,
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.
Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.
Has d’arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l’illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.
Ítaca t’ha donat el bell viatge,
sense ella no hauries sortit.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca
t’hagi enganyat. Savi, com bé t’has fet,
sabràs el que volen dir les Ítaques.
II
Més lluny, heu d’anar més lluny
dels arbres caiguts que ara us empresonen,
i quan els haureu guanyat
tingueu ben present no aturar-vos.
Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l’avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos.
Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara ja s’acosta.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
III
Bon viatge per als guerrers
que al seu poble són fidels,
afavoreixi el Déu dels vents
el velam del seu vaixell,
i malgrat llur vell combat
tinguin plaer dels cossos més amants.
Omplin xarxes de volguts estels
plens de ventures, plens de coneixences.
Bon viatge per als guerrers
si al seu poble són fidels,
el velam del seu vaixell
afavoreixi el Déu dels vents,
i malgrat llur vell combat
l’amor ompli el seu cos generós,
trobin els camins dels vells anhels,
plens de ventures, plens de coneixences.
I
Cuando salgas para hacer el viaje hacia Itaca
has de rogar que sea largo el camino,
lleno de aventuras, lleno de conocimiento.
Has de rogar que sea largo el camino,
que sean muchas las madrugadas
que entrarás en un puerto que tus ojos ignoraban
que vayas a ciudades a aprender de los que saben.
Ten siempre en el corazón la idea de Itaca.
Has de llegar a ella, es tu destino
pero no fuerces nada la travesía.
Es preferible que dure muchos años
que seas viejo cuando fondees en la isla
rico de todo lo que habrás ganado haciendo el camino
sin esperar a que dé más riquezas
Itaca te ha dado el bello viaje
sin ella no habrías salido.
Y si la encuentras pobre, no es que Itaca
te haya engañado.
Sabio como muy bien te has hecho
sabrás lo que significan las Itacas.
II
Más lejos, tenéis que ir más lejos
de los árboles caídos que os aprisionan.
Y cuando los hayáis ganado
tened bien presente no deteneros.
Más lejos, siempre id más lejos,
más lejos del presente que ahora os encadena.
Y cuando estaréis liberados
volved a empezar nuevos pasos.
Más lejos, siempre mucho más lejos,
más lejos, del mañana que ya se acerca.
Y cuando creáis que habéis llegado,
sabed encontrar nuevas sendas.
III
Buen viaje para los guerreros
que a su pueblo son fieles
favorezca el Dios de los vientos
el velamen de su barco
y a pesar de su viejo combate
tengan placer de los cuerpos más amantes.
Llenad redes de queridos luceros
llenos de aventuras, llenos de conocimiento.
Buen viaje para los guerreros
si a su pueblo son fieles
y a pesar de su viejo combate
el amor llena su cuerpo generoso
encuentren los caminos de viejos anhelos
llenos de aventuras, llenos de conocimiento.
 

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[2] La independencia de Catalunya en el banquillo: agujeros negros

 
Catedrático de Derecho penal. Universitat de Barcelona

 

Artículo publicado el 14 de noviembre de 2017 en:
 

La jueza central nº 3 de la Audiencia Nacional se ha arrogado una competencia de la que carece: investigar y juzgar delitos de rebelión, sedición y malversación

La entrega de los miembros del Govern en el exilio ha de ser denegada por la justicia penal belga. Ha sido emitida por un órgano judicial con competencia muy cuestionable, con vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por ley, por delitos inexistentes y mediante una euroorden que no se ajusta ni material ni formalmente al Derecho español y comunitario

 

EFE

El primer derecho fundamental cuando alguien se ve involucrado en un proceso es el de la tutela judicial. Forma parte del haz de derechos que, bajo la denominación anglosajona de due process of law , permiten a un ciudadano tener la certidumbre que el juez le oirá, que será imparcial, que le garantizará el equilibrio entre las partes y que no tendrá prejuicios a la hora de aplicar las leyes y el Derecho. La primera manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva es elemental: el juez que ha de ver un caso, ha de ser el juez predeterminado por la ley.

En el caso del enjuiciamiento de los Jordis y de parte del Govern de la Generalitat, esta introducción viene a cuento de que la jueza central nº 3 de la Audiencia Nacional (AN), en contra del art. 65 de la Ley Orgánica del Poder judicial(LOPJ) y contra precedentes de la Sala de lo Penal de la AN y del Tribunal Supremo (TS), se ha arrogado una competencia de la que carece: investigar y juzgar delitos de rebelión, sedición y malversación. Lo ha venido haciendo desde que adoptó la primera resolución al admitir la querella por sedición contra los Jordis y el intendente de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en su auto de 15-10-2017, en las actuaciones subsiguientes al rechazar sus recursos y al admitir también la querella del fiscal General del Estado por auto de 31-10-2017. Lamentablemente, desdiciéndose de sus planteamientos anteriores, la Sala de lo Penal de la AN, por auto de 6-11-2017 decidió ratificar la peculiar interpretación de la Juez de Instrucción central. Todo sea dicho, lo hizo por mayoría y no por unanimidad.

¿Cómo se ha justificado esta creación competencial? Pues del modo más anticonstitucional y antidemocrático posible. Veamos. Como el art. 65. 1 a) LOPJ (1985) señala que la AN conocerá de los delitos contra la forma de Gobierno y esta rúbrica no figura de los delitos del Código penal actual (1995), la AN –juez y Sala de lo Penal- van a buscar el delito concordante en la época de la publicación de la LOPJ, esto es, 1985. En ese momento, pese a las reformas concomitantes y posteriores a la Constitución de 1978, el art. 163 seguía formalmente vigente, pero, según toda al doctrina, materialmente derogado en virtud de la disposición transitoria tercera de la propia Constitución.

El citado y derogado art. 163 castigaba al “que ejecutare actos directamente encaminados a sustituir por otro el Gobierno de la Nación, a cambiar ilegalmente la organización del Estado o a despojar en todo o en parte al Jefe del Estado de sus prerrogativas y facultades”. Este comportamiento, decía, estaba materialmente derogado por la Constitución. Lisa y llanamente: no podía sustentarse el que, sin recurrir a la violencia, la pena fuera de reclusión mayor (hasta 30 años de privación de libertad), igual que la de la rebelión. Ello era consecuencia del origen de este precepto.

Así es, incluido en el Código Penal (CP) de 1944, proviene la Ley de 19 de febrero de 1942, que introdujo en el CP los aspectos penales de la Ley de responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939, dictada aun en plena guerra civil. Como se ve, y al margen de consideraciones más técnicas, un precepto y una regulación abiertamente antidemocráticos y contrarios a los más elementales valores constitucionales no puede servir para ampliar las competencias judiciales que la ley no otorga a quien se las quiere arrogar.

Con todo, recordemos, el excelente voto particular disidente al último auto referido puede ser de gran ayuda en el futuro a los ahora encausados, pues desmantela una renovada argumentación para afirmar la competencia de la AN. En efecto, ahora se añade, casi desplazando la motivación inicial, que el propósito secesionista es en sí mismo ilícito y, dando otro improcedente salto retórico, se criminaliza, pasando a ser el centro de la argumentación. Así, que el propósito independentista y llevarlo a la práctica sea delictivo es algo que no casa con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de que la Constitución no impone una democracia militante: todas las ideas pacíficas –y llevarlas a cabo-, son legítimas; es más, a diferencia de otras constituciones, la española no contiene ninguna disposición irreformable. Es más, si en el desarrollo de tales ideas se incurre en ilegalidades, ilegalidad no es per se sinónimo de delito.

Dará su juego. En fin, basarse en móviles legítimos es impropio de un Estado de Derecho: los móviles del sujeto, en ningún caso, forman parte del tipo. La introspección de las mentes de los justiciables está constitucionalmente prohibida: el fuero interno es inaccesible al escrutinio del Derecho.

En resumen: el juez predeterminado por la ley, primera garantía procesal del imputado en sede penal, dista mucho, según lo veo, de cumplirse, y se quiebra de manera totalmente antiliberal, antidemocrática y anticonstitucional.

No voy a entrar ahora en que, en mi opinión, ampliamente compartida, no se dan ninguno de los delitos que atribuye la jueza central de instrucción nº 3 al Vicepresident de le Generalitat y a siete de los Consellers del Govern depuesto por una aplicación constitucionalmente cuestionable del art. 155 de la ley –dado que no es una previsión que este contemple-. Me remito al manifiesto de compañeros míos penalistas, publicado en estas mismas páginas: Legalidad penal y proceso independentista.

Pero sí toca, en cambio, seguir hablando de tutela judicial efectiva. Un aspecto esencial de la tutela, puesto ya en marcha el proceso, es la congruencia de las resoluciones judiciales. La primera y más elemental es no dar más de lo pedido ni algo que no se ha pedido. En su querella el fiscal pedía abrir la causa (y así se abrió) por tres delitos: rebelión, sedición y malversación. Dejando de lado, discusiones jurisprudenciales y académicas sobre la compatibilidad de estos delitos entre sí, tal petición resulta a todas luces desproporcionado vistas las enormes penas en juego: sin violencia alguna, sin rasguño alguno, se pueden imponer penas que sumen como si se hubieran cometido dos o más homicidios. Ahí es nada.

¿Dónde aparecen posibles palmarias incongruencias? La primera aparece en las órdenes europeas de detención (OED) emitidas por la jueza central de instrucción nº 3. En ellas, además de los mencionados tres delitos, añade los de prevaricación y desobediencia, por los que el fiscal nunca ejerció acción penal alguna. Pues bien, como es lógico, dos de los afectados por la emisión de esa OED recurrieron por entender que iba más allá de lo que pedía el fiscal y que, por tanto, era incongruente. El 13 pasado la juez respondió, entre otras cosas, que tal no existe, puesto que el fiscal considera que la prevaricación y la desobediencia están ínsitos en la rebelión.

El sofisma judicial es evidente: el fiscal no acciona por delitos menos graves, porque los considera incluidos en otros más graves; ni se esfuerza en probar esos hechos previos a los graves delitos por los que interpone la querella; los menciona de pasada. La jueza, inopinadamente, los hace suyos, y amplia los motivos de la OED a dos nuevos delitos. Deberían parecer pocos y poco graves los tres que constituyen el objeto de la acción del fiscal.

Pero no bastaba con lo anterior para para documentar la OED. No bastaba porque ninguno de esos cinco figura en la lista de 32 delitos que la legislación europea, traspuesta al ordenamiento español, en una última versión por la ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, contempla. Al estar incluido un delito en esta lista se permite la entrega prácticamente automática de una justicia europea a otra sin revisar lo que se llama la doble incriminación, es decir, que los delitos por los que un juez nacional reclama auxilio judicial a otra jurisdicción europea, esté en el elenco sancionador de la legislación del receptor de la OED. En efecto, si leemos el art. 20 de la mencionada ley, nada se dice ni de rebelión ni de sedición ni de malversación ni de prevaricación ni de desobediencia. O sea que, en este caso, la entrega por parte de los jueces de Bruselas a la Audiencia Nacional de los requeridos es todo menos automático.

Quizás previendo este obstáculo, en el formulario estandarizado en que se plasma la euroorden, se punteó la casilla del delito corrupción, algo que este diario puso de manifiesto el pasado 6 de noviembre. O sea que, para decirlo en lenguaje común, reitero, común, la jueza pareció hacer creer que el proceso en curso era por corrupción contra los miembros del destituido Govern de la Generalitat, tanto los que están aún bajo su jurisdicción, como los que se hallan en Bruselas –sin que nunca se les notificara ninguna resolución antes de viajar a la capital belga, algo que no es ocioso recordar-.

Unas precisiones son necesarias para desmontar esta torpeza. El CP español no conoce ni ha conocido nunca un delito de corrupción. La corrupción es un fenómeno político-criminal que abarca varias figuras simultáneamente: cohecho, falsedad, fraude a la administración, tráfico de influencias, vulneración del deber de imparcialidad… Además, ni todas las prevaricaciones ni todas las malversaciones tienen que ver con la corrupción. Por lo tanto, se diría que existe la pretensión de nublar el conocimiento de los jueces belgas haciendo pasar el proceso abierto en España contra el Govern de la Generalitat por un proceso por corrupción, algo que no se da ni remotamente, extremo en el que coincidirán tirios y troyanos.

Un aspecto más debe ser puesto de manifiesto en lo tocante a este último irregularísimo extremo. En las legislaciones convencionales internacionales y regionales [Convenio contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en les transacciones comerciales internacionales (OCDE, 1997), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (31-12-2003), Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa (27-1-1999, ratificado 26-1-2010)] la corrupción no se contempla como un fenómeno delictivo, sino como un delito, en concreto, el delito de soborno, en terminología penal española, cohecho.

Ni por el derecho ni por el revés, como es púbico y notorio, tal delito de soborno no ha tenido lugar con ocasión de los hechos que han llevado a dar con sus huesos a la cárcel o al exilio a los miembros del Govern de la Generalitat. Pero es que dicho delito no figura ni por asomo en la querella de fiscal ni en los autos de la AN ni del TS.

Error, voluntario o imperdonable, en mi opinión, la entrega de los miembros del Govern en el exilio ha de ser denegada por la justicia penal belga la OED. Tal como está, resulta emitida por un órgano judicial con competencia muy cuestionable, con vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por ley –tema aun no cerrado en España-, por delitos inexistentes y mediante una euroorden que no se ajusta ni material ni formalmente al Derecho español y comunitario.

 

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[3] Manifiesto profesores de derecho por la legalidad penal en el proceso de Cataluña

Los  abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.

De la conducta observada por diversos integrantes del Parlamento y el Gobierno catalán puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a lo que exige nuestro Ordenamiento Penal.

Mas ha de decirse que la exigencia de responsabilidades penales por lo ocurrido tiene que realizarse con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento en este ámbito.

A ese respecto debe señalarse que en nuestra opinión es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebelión del artículo 474 del CP, y ello por la poderosísima razón de que está ausente un elemento estructural de ese ilícito cual es la violencia; requisito que tras una viva discusión en el Senado se decidió incorporar a la tipificación para, precisamente, constreñir su aplicación, en exclusiva, a supuestos de la máxima gravedad que no se dan en este caso: sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia.

Tampoco creemos que concurra en este caso el delito de sedición del artículo 544 del CP, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario tal y como exige la ley, y no pueden atribuirse a aquéllos sucesos ocurridos con anterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal rige el principio de responsabilidad personal y sólo cabe juzgar a alguien por sus propios hechos.

De igual forma debe decirse con rotundidad que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión o sedición, y que tal entendimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Barcelona. En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 65.1 se refiere a los derogados “delitos contra la forma de Gobierno” como objeto de la competencia de la Audiencia Nacional, y en ningún momento alude a los delitos de rebelión o sedición.

En ese sentido la argumentación esgrimida por la titular del Juzgado Central de Instrucción para reclamar su competencia constituye una manipulación pocas veces vista en el ámbito forense. Más aún si tenemos en cuenta que en el Auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, este órgano jurisdiccional expresó con rotundidad que la Audiencia Nacional nunca ha sido competente para el conocimiento del delito de rebelión; y lo mismo puede decirse, añadimos nosotros, en relación al delito de sedición. Abundando en esta idea debe recordarse que la propia Fiscalía, en el mismo procedimiento al que nos acabamos de referir, afirmó que el delito de rebelión  “nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno … por lo que es totalmente injustificado concluir … que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigación y enjuiciamiento”.

Resulta preciso, por otra parte, denunciar la falta de mesura de la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 tanto en la fijación de fechas para prestar declaración (sobre todo si tenemos en cuenta la decisión tomada al respecto por el Instructor del Tribunal Supremo), como en el dictado de las prisiones preventivas que, sin duda, han sido gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones.

En conclusión: desde una perspectiva estrictamente jurídica reclamamos a las instancias fiscales y judiciales que se atengan al Derecho, a la Ley, que investiguen y, en su caso, castiguen todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia.

Lista de firmantes de este manifiesto

 
 
 
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[4]“Los dirigentes independentistas han cometido delitos y barbaridades pero no rebelión ni sedición”

Por José Precedo

Artículo publicado el 14 de noviembre de 2017 en:

 

El catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez promueve un manifiesto firmado por un centenar de juristas contra la prisión provisional a los líderes independentistas

El promotor del manifiesto da por hecho los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación pero defiende que se está retorciendo el Derecho

“Corremos el riesgo de que Estrasburgo eche abajo algunas de las decisiones que están tomando los tribunales españoles”, defiende este jurista

 

El catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez García.
 
Javier Álvarez (Ávila, 1953) es catedrático de Derecho Penal desde hace 20 años, actualmente en la Universidad Carlos III de Madrid. Y también uno de los juristas que ha promovido un  manifiesto respaldado por un centenar de profesionales del Derecho contra la encarcelación de los exconsellers del Gobierno catalán y de los líderes civiles del independentismo.

El texto, durísimo contra las decisiones que han tomado la Fiscalía y la Audiencia Nacional, ha sido refrendado por reputados juristas, incluida la expresidenta del Constitucional Adela Asúa. El manifiesto defiende que los dirigentes independentistas cometieron importantes delitos en los últimos meses pero nunca los de sedición o rebelión y duda de que la Audiencia Nacional sea competente para juzgarlos. En la entrevista, Álvarez rechaza que pueda hablarse de “presos políticos” y considera un insulto a la inteligencia defender que en España no hay garantías jurídicas. 

Que se debe investigar el delito de rebelión lo ha defendido la Fiscalía General del Estado, la de la Audiencia Nacional, la del Supremo, la magistrada Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y con algo menos de entusiasmo el magistrado del Supremo Pablo Llarena.

Eso no es un argumento per se. La doctrina Parot se defendió en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en el Constitucional y la echaron abajo los tribunales europeos. Y lo mismo sucedió en el caso Atutxa.

Por más que que lo defiendan jueces y tribunales, no quiere decir que tengan razón. Y nosotros defendemos que no tienen razón en este caso porque en derecho penal rige un principio que es común a todo el sistema jurídico continental: el principio de legalidad, que significa entre otras cosas, que todos los elementos del tipo penal se tienen que dar y se tienen que probar para afirmar a continuación que concurre ese delito. Y si no se prueba, no concurre ese delito.

Nosotros decimos que con los datos que tienen la juez Lamela y el tribunal ahora mismo -porque a lo mejor en el futuro se descubre una cosa tremenda- no hay delito de rebelión.

¿Y tampoco de sedición?

Y tampoco de sedición. Porque en el caso de la rebelión falta un elemento que es el de la violencia, que es fundamental para tipificar ese delito; sin la violencia no se concibe la rebelión. El tipo exige que alguien se alce violenta y públicamente y en Catalunya eso no ha ocurrido. En la sedición se exige que haya habido un alzamiento tumultuario. Y eso tampoco ha ocurrido.

¿Qué ha habido? Pues otras formas de oposición. En el siglo XIX -durante el que hubo varias guerras civiles, de descolonización, junto con frecuentes pronunciamientos e insurrecciones- existía el delito de rebelión más o menos en los mismos términos que hoy y también el de sedición; pero a mitad del siglo XIX añadieron el llamado “delito de atentado impropio”, que consistía en que con fuerza o intimidación se pretendiera, sin alzamiento, conseguir los fines de la sedición o la rebelión sin alzamiento.

¿Por qué introdujeron ese tipo delictivo en el Código Penal? Porque eran conscientes de las dificultades que había para probar que había alzamiento. Ese delito estuvo vigente hasta 1995 en el Código Penal y se suprimió, yo no sé si sabiendo los legisladores lo que hacían. También quitaron el de piratería y hay que ver lo que pasó luego en el Índico, y lo tuvieron que volver a incluir.

El juez del Supremo Pablo Llarena dice en su auto que deja en libertad condicional a los miembros de la Mesa del Parlament que la violencia que requiere el tipo penal puede expresarse de múltiples formas y que algunas de las cosas que sucedieron en Catalunya lo son.

Llarena es un magistrado que trabaja muy bien y se ha ganado la fama durante muchos años desde su etapa en la Audiencia de Barcelona. Y a nadie puede extrañar que argumente bien porque es una persona hábil. Pero la violencia es violencia, no otra cosa,  es fuerza física. Cuando el Código Penal quiere referirse a un mero actuar contra las cosas o a la intimidación, el Código Penal lo dice. Pero aquí exige fuerza física protagonizada o inducida por las personas a las que se encausa por la rebelión, no otra cosa.

¿Las manifestaciones que ha habido, además de algunos incidentes no pueden considerarse violencia?

No, de ninguna de las maneras. Ahí se están ejerciendo legítimamente en la mayoría de las ocasiones un derecho, el derecho de expresión. Puede haber alguna cosa distinta, pero eso no es violencia en ningún caso.

¿Aunque algunos de los asistentes a las manifestaciones causen destrozos en vehículos de la Guardia Civil? Se le han imputado esos delitos a los convocantes de la manifestación, en este caso Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Obviamente, no se puede hacer eso. A no ser que se pruebe otra cosa, algo que hasta ahora no ha sucedido. Y además eso no es violencia. Puede calificarse como “fuerza en las cosas”. No es lo mismo entrar a un piso de un particular rompiendo la puerta que hacerlo dando un golpe en la cabeza al propietario. Lo primero se llama “fuerza en las cosas”, lo segundo es violencia.

En cuanto al delito de sedición, ¿ese levantamiento tumultuario que exige el Código Penal para poder imputarlo no pueden serlo las concentraciones de gente en las que se impidió salir a una comitiva judicial que había detenido a altos cargos de la Generalitat?

Se exige un alzamiento público y tumultuario y que sea por la fuerza o fuera de las vías legales.

¿Nada de lo que hemos visto en Catalunya lo es?

Claro que ha habido actos de fuerza, naturalmente, y los hemos visto. Pero la cuestión es que sean imputables a esas personas determinadas. Y ahí entra en juego el Derecho Penal donde cada uno responde por lo que él hace, no por lo que efectúan los demás. Si en un determinado momento se llegara a probar que todo esto era una operación absolutamente orquestada, inducida por unas determinadas personas, estaríamos hablando de otra cosa.

¿No puede argumentar un juez instructor que el momento de probarlo será durante el juicio y que ahora mismo ellos están investigando esos delitos?

No, no. En España, en nuestro ordenamiento jurídico, no se puede afirmar que sea lícito el “tirar las redes” para ver si se pesca algo. Eso de entrar en un bar y detener a todo el mundo por si había un traficante de drogas, eso se echó abajo por los tribunales hace mucho tiempo. Aquí no se puede detener a todo el mundo y meterlos en prisión por si en el futuro hubiera indicios sólidos de que pudieran haber cometido una determinada conducta. Eso no es posible.

El manifiesto no niega que en la actuación del Govern y del Parlament se hayan producido delitos graves.

Nosotros lo afirmamos. Con casi total seguridad se han cometido prevaricaciones, desobediencias y con una altísima probabilidad, también malversación de fondos públicos. Este domingo, el exconseller Santi Vila afirmaba que no pasarían de los 25.000 euros, pero es que me da igual que sean 25.000 euros. Si han utilizado dinero público, pues habrá malversación de dinero público. Y eso es un delito que significa que alguien se ha llevado el dinero. Y pueden decir que era por motivos políticos pero es que eso da igual. Se han llevado el dinero. Y los firmantes del manifiesto estamos realmente alarmados por lo que ha ocurrido.

Ha habido un espectáculo tremendo, y las sesiones del 6 y 7 de septiembre en que se han saltado la Constitución, el Estatut y el reglamento del Parlamento de Catalunya dejando orillada a toda la oposición… resulta intolerable. Todo eso es una barbaridad, una auténtica barbaridad, pero eso no quiere decir que se incluya en los tipos de sedición o rebelión. Hay otros delitos que sí pueden ser aplicables.

¿Era inevitable mandar a prisión incondicional a los miembros del Govern que se negaron a declarar en la Audiencia Nacional?

A nosotros nos parece, y así se explicita en el manifiesto, que no. Hay que tener bastante más mesura y, sobre todo, fundamentar las decisiones de acuerdo con los criterios de la ley. No se puede hablar de un riesgo de fuga de un grupo de señores que se presentaron a declarar sabiendo lo que les podía pasar. Quienes se fugaron fueron Puigdemont y cuatro consellers más, pero eso no puede afectar a los que se quedaron y presentaron en la Audiencia Nacional; y es que los riesgos de fuga o reiteración delictiva tienen que ser individualizados.

Los firmantes del manifiesto alegan que el delito de sedición no debe ser juzgado en la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tampoco ha reclamado esa causa.

Ese asunto es una patata caliente que nadie quiere agarrar. No me extraña que no se haya reclamado y mucho menos desde un tribunal de Catalunya. Pero es que la cuestión es muy sencilla. El artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de 1985, se refería al Código Penal que estaba en vigor en ese momento, y en él se indica que la Audiencia Nacional es competente en los delitos denominados “Contra la forma de Gobierno” que era la rúbrica de un determinado capítulo que se refería a unos determinados delitos consistentes en organizar algarabías, repartir octavillas… Se trata de delitos que fueron derogados.

Se hubiera podido referir la ley a otros capítulos que estaban allí y que eran los delitos de rebelión o sedición, pero no lo hizo. Pues bien, alguien puede decir que es una barbaridad que los delitos de rebelión o sedición los juzgue un juzgado de Mataró o Alcázar de San Juan. Y yo estoy de acuerdo, es una barbaridad, pero es lo que dice la ley. No hay más discusión en ese sentido

¿Son solo diferencias de criterio entre lo que han hecho la juez Lamela y algunos fiscales y lo que defiende su manifiesto o es que creen se está retorciendo el derecho en el asunto del independentismo?

Esto no son meras diferencias de criterios. No es que cada uno interprete el Derecho como quiera. Aquí hay reglas de interpretación desde hace muchos años. Y lo que dice la Ley es que la Audiencia Nacional es competente en los delitos “Contra la forma de Gobierno” , refiriéndose al Código Penal de 1973 vigente en 1985, delitos que no están vigentes. Por eso algunas de las cosas que se dicen en esos autos no son aceptables de ninguna manera.

¿Defiende que se está retorciendo el derecho en la causa contra los dirigentes independentistas?

Se está aplicando mal. Como en otros muchos casos. El Supremo acostumbra a echar abajo, no siempre,  sentencias de las Audiencias, o la sala de la Audiencia Nacional echa abajo resoluciones de los Juzgados Centrales de Instrucción y ello porque entienden que en demasiadas ocasiones se está aplicando mal el Derecho, y aquí se está aplicando mal.

¿Corre el riesgo este proceso de ser tumbado por un tribunal en España o en Estrasburgo cuando pasen unos años?

Naturalmente que se están corriendo demasiados riesgos. Es qué fíjese que cuando se reclama la competencia para juzgar esto se está poniendo en crisis el principio de juez natural predeterminado por la ley recogido en el artículo 24 de la Constitución o en el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

¿O sea, que dentro de un tiempo puede venir Estrasburgo y tumbar todo esto?

Puede tumbar algunas cosas, como ya hizo con la doctrina Parot y otros supuestos.

El magistrado del Supremo Pablo Llarena da a entender que la situación de los exconsellers en la Audiencia Nacional y la de los miembros del Parlament en el Supremo es distinta. Que en el caso de los diputados no hay riesgo de destrucción de pruebas porque sus actuaciones están en el diario de sesiones y que además ellos siempre se han presentado cuando les citó un juez, cosa que no hizo Puigdemont y los exconsellers que están en Bélgica. ¿Comparte esta tesis?

Los exconsellers que comparecieron en la Audiencia Nacional no tienen que ver con los que salieron corriendo a Bruselas con diferentes excusas. Entonces, Oriol Junqueras, Santi Vila y el resto que se presentaron en la Audiencia Nacional sabían lo que les podía esperar. No veo diferencia con los miembros del Parlament que fueron al Supremo en ese sentido. Hay otras diferencias porque efectivamente una cosa son los miembros del Parlament y otra, los miembros del Gobierno a la hora de tomar decisiones.

Desde algunos ámbitos se ha pedido a los jueces que tengan en cuenta el contexto político. ¿Esto cómo se podría hacer?

No creo que sea exactamente el contexto político lo que se debe tener en cuenta. Eso está mal expresado. Yo diría que las normas, aunque no se modifique la letra de la ley, van cambiando a lo largo del tiempo; hoy no entendemos por pornografía lo mismo que en los años 70. Eso por una parte, y por otra, en el Código Civil ya se pide a los aplicadores del Derecho que tengan en cuenta la realidad social del momento que se vive. La norma no es un molde inmutable ni mucho menos, sino que estamos ante una materia maleable hasta cierto punto, con unos límites claros que son la letra de la ley. Que hay que tener en cuenta la realidad es una obligación para los jueces.

Algunos de los acusados se autodefinen como presos políticos y alegan que están siendo juzgados en un país sin garantías. El manifiesto no comulga con estas apreciaciones, supongo.

Esa apreciación no solo es falsa, sino estúpida. Que ha habido personas actuando con móviles políticos cometiendo delitos que podríamos llamar comunes, pues sí, como muchos otros antes. ETA también tenía móviles políticos y el Grapo y Terra Lliure. Se podían llamar presos de conciencia pero están en la cárcel no por lo que piensan sino por matar, extorsionar… Y sin entrar en comparaciones, algunos de los protagonistas del secesionismo pueden terminar en prisión por haberse llevado el dinero que estaba para otras cosas: para educación, hospitales o fines públicos. Y que los tribunales españoles se equivocan… pues como en todo el mundo. Pero el sistema español no está privado de garantías, decir eso es indecente.

¿Que los firmantes del manifiesto crean que ahora mismo los dirigentes independentistas no deban entrar en prisión provisional no prejuzga que cuando lleguen a juicio puedan acabar en ella, no?

Claro. Porque la prisión preventiva debe ser una medida excepcional por una sencilla razón: consiste en privar a alguien de libertad cuando todavía no se le ha condenado. Así lo entiende nuestro ordenamiento jurídico y los convenios internacionales suscritos por España.

¿Para el caso de Puigdemont sí ve justificada la prisión provisional?

Hombre, tan justificada como que se le tuvo que echar mano en el extranjero. Estaría justificadísima, a mí me llamaría mucho la atención que no fuese enviado a prisión provisional cuando llegue a España.

 

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[5]Revolución democrática o Estado autoritario

 
Por Óscar Simón Bueno
Miembro del Secretariado Nacional de la CUP y profesor interino

 

Artículo publicado el 7 de noviembre de 2017 en:
 

La lucha por la autodeterminación en Catalunya desempeñada por un movimiento, genuinamente popular, ha puesto sobre la mesa varios aspectos, especialmente desde el referéndum unilateral del 1 de octubre:

  • La naturaleza altamente reaccionaria del nacionalismo español monárquico.
  • La imposibilidad del republicanismo español (salvo algunas excepciones), de generar un posicionamiento político capaz de movilizar a grandes masas de población y alejarlas de la influencia derechosa.
  • La necesidad de cualquier movimiento de ruptura democrática de afrontar en profundidad la cuestión del poder.
  • La unidad de la burguesía como clase, en defensa del statu quo.

Todas estas cuestiones sólo pueden ser superadas desde el planteamiento de la revolución democrática.

El pacto que consignaba el Estado español como instrumento de dominación de clase se debilita a consecuencia de la globalización

El Estado español ha sido la forma política de la explotación económica capitalista desde el S.XIX. Mediante este pacto las burguesías han mantenido su dominio y han obtenido beneficios económicos. La especialización territorial, con territorios periféricos que sirvieron de reservorio de mano de obra migrante y de materias primas coexistió con territorios centrales Madrid, Barcelona, Bilbao que detentaban el poder administrativo, industrial y financiero.

La configuración de este pacto permitía la explotación en régimen de monopolio del territorio estatal.

A pesar de ciertas disfunciones, especialmente por el predominio de cada una de las burguesías en la gestión del aparato estatal, el pacto se mantuvo durante el franquismo y en las primeras tres largas décadas después del final de la dictadura. No es hasta el estallido de la globalización neoliberal que el reparto de roles se queda obsoleto, sobre todo porque se refiere al poder industrial catalán, que deja de tener en el Estado español su coto privado, dada la libre circulación de mercancías.

Ante este proceso las burguesías del Estado entienden que en un mundo globalizado la gestión de las infraestructuras es esencial para atraer inversiones y convertir un espacio determinado en un polo de acumulación capitalista. La disputa por la gestión aeroportuaria, el transporte ferroviario y las inversiones en carreteras, así como la lucha por el control de los sectores estratégicos, se expresó claramente en la primera década del S.XXI. Aeropuertos ampliados, como el Prat, Barajas, otros construidos pero sin aviones, la burbuja portuaria o el proceso de la OPA sobre Endesa lanzada desde Gas Natural, que fue abortada al grito de “antes italiana que catalana”, fueron muestras de este proceso.

La idea de generar un Estatuto nuevo para Catalunya significó un intento de actualizar el pacto y -más allá de las competencias que incluía y del término nación que aparecía en el preámbulo- el aspecto central del mismo era la inversión en infraestructuras en Catalunya, el monto anual de la cual quedaba consignada en una disposición del Estatuto de 2006, que dicho sea de paso ha sido incumplida por el Estado, la mayoría de los años, desde que entró en vigor.

La recogida de firmas iniciada por el PP contra el Estatuto fomentando un anticatalanismo, sin ambages generó un efecto contrario en Catalunya. El crecimiento de lo que el ex-presidente Montilla, llamó “desafección hacia el Estado español”.

La crisis económica y las durísimas políticas antisociales iniciadas por el gobierno de Zapatero y profundizadas por el PP rompieron también con el espejismo de la alternancia política estatal. La aparición del PSOE como fuerza que implementa recortes, tuvo graves consecuencias, en todo el Estado, pero especialmente en Cataluña, donde la imagen del PSC quedó claramente dañada y supuso el inicio de un declive que a día de hoy continúa. Es decir, las fuerzas políticas que gobiernan el Estado se quedaron sin un partido con capacidad de ganar las elecciones en Cataluña.

Es en este contexto en el que el movimiento de las consultas populares por la independencia, iniciadas en Arenys de Munt en 2009, se extenderá por toda Cataluña. Eso, unido al movimiento del 15M acabará generando un avance del nivel de conciencia popular sobre la necesidad de autogobernarse en todos los sentidos, incluido en la cuestión nacional. El surgimiento de la idea de autodeterminación y de defender la independencia frente a un Estado que oprime y explota, primero tuvo que luchar contra los intentos de la extinta CiU de reconducir las demandas populares hacia el pacto fiscal. Con este objetivo se pretendía asumir el mismo estatus que la burguesía vasca mediante el Concierto Económico, pero la movilización popular, especialmente a partir del 11 de septiembre de 2012 lo hizo saltar por los aires.

La movilización social por una vida mejor se unió a la idea de ruptura con el Estado español, convirtiendo la independencia en una alternativa para millones de personas.

Así, de esta manera, CiU el partido que había sido capaz de participar en la gobernabilidad del Estado y a la vez aparecer como el garante de las reivindicaciones catalanas, vio cómo el movimiento popular por la independencia le privaba de estar en misa y repicando.

El Estado español perdió la unidad de los partidos burgueses o de derechas y entró en una crisis profunda. Pero no por voluntad de los liderazgos de estos partidos, sino porque la sociedad se había movido en Catalunya y la única oportunidad para CiU, hoy hecha pedazos, de gobernar era seguir la estela marcada por el votante, que de catalanista había pasado a ser independentista y mayoritariamente había girado hacia posiciones más de izquierdas. En este sentido la idea fuerza, de primero la independencia y luego ya veremos, iba a captar el voto que estaba pasando del autonomismo al independentismo y evitar que la riqueza propositiva de la izquierda social catalana anidase en el seno del movimiento independentista.

La consecuencia más clara de esta ruptura entre burguesías, es que el Estado si quería conservar su primacía debe derrotar sin paliativos al movimiento catalán y debe ser especialmente duro con la derecha catalanista, de manera que pueda ganar el apoyo de los sectores económicos que antes utilizaban a CiU como el vector político de sus ambiciones económicas. Derrotar y humillar a los representantes de la pequeña y mediana burguesía, que es la que aún hoy apoya el proceso, es imprescindible para actualizar el pacto de Estado, en la que esta acepte una gestión centralista de las infraestructuras capitales en la globalización. Las multinacionales, el poder financiero con sede en Cataluny y buena parte de las patronales se han posicionado contra la República catalana. Es decir el nacionalismo monárquico español ha contado con el apoyo de la práctica totalidad de la gran burguesía.

El republicanismo español, la incapacidad de PODEMOS e IU de enfrentarse a la reacción

Durante toda la crisis económica y el proceso de ajuste estructural neoliberal, la izquierda de matriz estatal, ha sido incapaz de reconocer o de entender que la lucha contra el neoliberalismo en Catalunya estaba asociada, para grandes masas de la población, a la lucha por la liberación nacional, tanto por la existencia de un conflicto nacional como por la ferocidad neoliberal del PP, que no ha dudado en ningún momento en recortar los avances conseguidos por las luchas sociales en Catalunya como en el caso de la Ley de Emergencia Habitacional. Esto no quiere decir que el movimiento independentista sea anticapitalista, sino que para mucha gente la independencia va asociada a la consecución de una sociedad menos injusta y desigual.

PODEMOS y IU, por los motivos que sean, han sido incapaces de poner en el medio de la crisis política del Estado la idea de la República como mecanismo para romper con el 78. Su idea de patriotismo social ha fracasado, hasta ahora, porque no ha conseguido conectar con una base material con la que luchar en las calles y centros de trabajo contra la derecha españolista o, en palabras de su análisis populista, no ha encontrado el significante capaz de construir la cadena de equivalencias que genere pueblo. El porqué de no haber optado, hasta ahora, por poner la República, federal o confederal en el medio de todo esto y hablar del incomprensible Estado plurinacional, sólo el liderazgo de PODEMOS e IU lo sabe. Pero es público que esa indefinición no les ha dado ni mejores perspectivas electorales, ni mayor músculo en la calle ni tampoco les ha dotado de capacidad discursiva para hacer frente, hasta ahora, al unitarismo monárquico español.

La incomprensión del papel que juega la lucha por la liberación las naciones oprimidas, ha llevado a confundir la unidad de la gente trabajadora como la unidad bajo la bandera de los estados, posición que nace del mismo error que llevó a los partidos de la II Internacional a apoyar la 1a guerra Mundial. Las clases populares del Estado español y la clase trabajadora en particular tiene como máximo enemigo al sistema político, económico y social que permite su dominación y explotación y por lo tanto la tarea de cualquier fuerza que quiera ayudar a la liberación social de las mismas debe aprovechar cualquier oportunidad para debilitar eses Estado. Eso aquí y ahora significaba apoyar, sin lugar a dudas, la libre determinación de Catalunya, no desde el contrasentido de referéndum de autodeterminación pactado sino desde el apoyo incondicional, pero crítico, al movimiento catalán. Con dos objetivos, el primero fortalecer la posición de las izquierdas en Catalunya de manera que el proceso pusiera en el centro las necesidades de las clases populares y el segundo minar las bases del nacionalismo monárquico español que es una de las herramientas fundamentales que permite a la derecha liderar a grandes sectores populares.

Este posicionamiento les ha llevado a mirar desde lejos el conflicto catalán y en Cataluña a ser incapaces, (salvo el sector próximo a Albano Dante y el de Anticapitalistas) de posicionarse junto al movimiento popular por la ruptura. De haber sido así, un 78% del parlamento catalán habría estado a favor del referéndum y las izquierdas podrían haber actuado juntas en las calles y centros de trabajo. Nadie podrá saber el resultado, pero está claro que la República proclamada por el parlamento catalán el 27O hubiera sido mucho más fuerte.

La revolución democrática

Llegados a este punto cabe preguntarse cómo se puede avanzar en esta situación. En Cataluña esto significa la oposición al 155, que se traduce, en la práctica, en impulsar la República y desarrollar el poder constituyente.

Hemos visto como las patronales, en su mayoría, han optado por posicionarse del lado del nacionalismo monárquico español, la banca ha hecho lo mismo, así como las multinacionales con sede central en Catalunya. Este posicionamiento determina que sólo las clases populares y la clase trabajadora puedan contarse entre los aliados, con poder, de la República. Además existe el problema añadido que la defensa de la susodicha República deja indiferente a buena parte de la gente trabajadora, dado que la agenda social del proceso ha sido mínima.

En el campo de batalla actual tenemos el poder político estatal, en el que el bloque PP, PSOE y C’s conforma la expresión política del nacionalismo monárquico español. Además existe el poder judicial, la policía, el ejército, la gran burguesía y sus medios de comunicación. Cuenta, también, con la ultraderecha, que si bien es minoritaria, se mueve como pez en el agua en la defensa de la sacrosanta unidad de España. En el campo republicano catalán, tenemos las entidades soberanistas, los partidos políticos que votaron por la República en el parlamento y los Comités de Defensa de la República y una parte de la izquierda sindical. En el resto del Estado el apoyo a la república catalana, se da en las fuerzas de la izquierda abertzale, las fuerzas soberanistas gallegas y la izquierda sindical en general, especialmente aquella que se agrupa en las Marchas de la Dignidad, y, de forma más amplia, en Euskal Herria y Galiza, donde existen fuertes sindicatos soberanistas. De esta manera, el principal referente político para la izquierda social, PODEMOS-UNIDOS, se define contra el 155 pero considera ilegal la República catalana, de manera, que salvo honrosas excepciones como Albano Dante, Marina Albiol, la corriente Anticapitalistas, deja su actuación política, por ahora, en mera retórica ya que se ven incapaces, incluso, de llamar a las concentraciones de apoyo al derecho a decidir.

Una de las prioridades es revertir esta situación, de manera que la izquierda que sólo hace dos años hablaba de romper con el régimen del 78 y destronar a la casta, vuelva a esta senda o bien construir un referente que sí pueda resistir la gran presión del nacionalismo monárquico español.

Sin la movilización el resto del Estado español la lucha por la República catalana lo tendrá mucho más difícil y si en la cuestión de Catalunya se impone el nacionalismo monárquico español, la derrota del PP, C’S, PSOE se aleja.

El impulso de la República catalana pasa también por afrontar la cuestión del poder del Estado español en Catalunya, expresado en el ejército, la policía y el monopolio en la recaudación de los principales impuestos.

El gobierno catalán de los últimos años enfrentó esta cuestión mediante la idea de creación de estructuras de Estado paralelas y el paso de la ley a la ley. La realidad ha sido que este camino no ha conseguido dotar de fuerza suficiente a la República. Los partidos que se presenten a las elecciones del 21D, desde el campo independentista y soberanista deberán afrontar cómo andar esa senda.

Estando claro que se debe buscar otro camino, algunos hablarán de un altamente improbable referéndum pactado. Descartada la vía Herrero de Miñón, para poder ceder la convocatoria del referéndum de autodeterminación a Catalunya, mediante los derechos de las nacionalidades históricas, sólo queda la reforma constitucional por tres quintas partes del Congreso, convocar elecciones y ratificarse de la misma manera. Esta concatenación de sucesos es posible pero altamente improbable, más si cabe, mientras PODEMOS UNIDOS no decida claramente oponerse al nacionalismo monárquico español con la defensa de la República y la autodeterminación, posicionamiento mucho más comprensible que un plurinacionalismo abstracto y que le permitiría ofrecer una alternativa real a los millones que sufren el saqueo de las élites.

En Catalunya es necesario construir un programa social asociado a la consecución de la República, de manera que la clase trabajadora y las clases populares, con sus métodos de lucha y la posición que ocupan en el sistema, puedan convertirse en un contrapoder capaz de impulsar la República.La idea de primero la República y luego ya veremos nos impedirá alcanzar la fuerza social necesaria para vencer a los poderes del Estado. Además nos hace falta construir un horizonte de lucha compartido con el resto de pueblos del Estado.

Si entre las diferentes izquierdas somos capaces de recuperar la idea de la “Federación de Repúblicas Ibéricas”, adaptada a la actualidad, Repúblicas unidas en pie de igualdad, desde la independencia de cada una de ellas, podremos romper una de las mejores herramientas de las élites para dominarnos, que no es otra que el nacionalismo monárquico español.

En el fondo, no está de más recordar que a la clase trabajadora no nos unen las banderas de los estados, sino la lucha contra el enemigo común: el capitalismo.

Por otro lado cabe preguntarse cómo acumular el poder suficiente para romper con el nacionalismo monárquico español y su sistema de dominación política. Es decir cómo desarrollar los mecanismos para aplicar el programa del que hablábamos más arriba. En Catalunya esto pasa por explorar y profundizar en las vías de colaboración entre los CDRs (Comités de Defensa de la República), la clase trabajadora organizada y las entidades soberanistas que se dieron en la huelga general del 3 de octubre y que muy probablemente se ampliarán en la huelga general del 8 de Noviembre.

Los CDRs, tienen un papel central, hoy por hoy son órganos de presión de base, con capacidad para movilizar. Además están avanzando en la coordinación, comarcal y general de los más de 100 que existen. Su configuración es diversa y plural, la dinámica asamblearia y enraizada en las localidades y barrios les permite tanto ser espacios de lucha como de propuesta. Por lo tanto van a ser cada vez más fundamentales para impulsar la la república y establecer un poder constituyente.

 

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[6] Increpan a varios periodistas durante la manifestación por la unidad de España en Sabadell

 

Artículo publicado el 10 de noviembre en lavanguardia.es:
 
 
La concentración pretendía reclamar al Ayuntamiento de Sabadell que restituyera las banderas española y europea
 
 
Los disturbios han comenzado cuando los manifestantes han bajado la Rambla en dirección a la Avenida Barberà. A su paso, varias personas han insultado a los vecinos que ondeaban banderas independentistas en los balcones

 

Manifestantes en Sabadell (Iñaki Pardo)

Un grupo de manifestantes ha increpado a varios periodistas que cubríanla concentración convocada por Societat Civil Catalana (SCC). La manifestación reclamaba al Ayuntamiento de Sabadell que restituyera las banderas española y europea, que fueron retiradas el 27 de octubre, cuando el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia.

Los disturbios han comenzado cuando los manifestantes han bajado la Rambla en dirección a la Avenida Barberà. A su paso, varias personas han insultado a los vecinos que ondeaban banderas independentistas en los balcones e incluso unos pocos han llegado a reventar a patadas una puerta para acceder a uno de los domicilios. Sin embargo, el grupo violento sido desalojados al instante.

 

La policía cierra el paso a los manifestantes en Sabadell (Iñaki Pardo/ LVD)

Al llegar a la altura de la calle Bruatu, la policía ha cortado el paso a los manifestantes para que no avanzaran más ya que el lugar suele ser un punto habitual de altercados.

El acto, que ha contado con la participación de representantes locales del PSC, Ciutadans y PP, así como el diputado de Ciutadans Carlos Carrizosa y la Popular Esperança García, que se han dirigido a los participantes. Una vez finalizado el acto, una de las participantes ha anunciado que había una reportera de TV3 entre los periodistas, señalando a una chica que en realidad era periodista de la agencia alemana RUPTLY.

 

Acto seguido, un centenar de personas ha increpado y propinado algunos empujones a un grupos de periodistas de distintos medios, entre ellos El Nacional, Catalunya Radio y Nación Digital, por lo que la Policía Municipal ha procedido a desalojar a los reporteros y a trasladarlos junto a los agentes de los Mossos d’Esquadra, que los han custodiado.

La policia local asegura que la manifestación ha reunido entre 800 y 1.000 personas y la organización la cifra en 2.000 personas, según han confirmado a La Vanguardia varios trabajadores de seguridad.

SCC se han desmarcado del altercado y ha pedido disculpas a los periodistas afectados.

 

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[7] El PP pide a la Junta Electoral que TV3 no emita la manifestación del  sábado dia 11 noviembre

 

Artículo publicado el 11 de noviembre en publico.es:
 
 
La formación conservadora ha advertido que esta manifestación tiene “un claro componente político” y está en medio del proceso electoral de los comicios del 21-D, por lo que su emisión tendría una incidencia electoral
 
 
El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, Xavier García Albiol, hace unas declaraciones en un acto para presentar a la cabeza de lista por Lleida el 21D, Marisa Xandri. EFE/Adrián Ropero
 

El PP catalán ha pedido a la Junta Electoral que los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no emitan la manifestación de este sábado convocada por la ANC y Òmnium, ya que cree que la cobertura de esta movilización “es contraria” al pluralismo político y la neutralidad informativa que consideran necesaria durante un periodo electoral.

En un recurso emitido este sábado, la formación ha advertido que esta manifestación tiene “un claro componente político” y está en medio del proceso electoral de los comicios del 21-D, por lo que cree su emisión en directo en TV3, el Canal 3/24 y Catalunya Ràdio tiene una incidencia electoral.

También ha sostenido que contradice los principios de la legislación electoral, que exige que la programación de los medios públicos en periodo electoral “respete los principios de pluralismo político y social así como la igualdad proporcional y neutralidad informativa”.

Además, el PP ha recordado que algunos partidos políticos que participarán en las elecciones del 21-D ya han anunciado que secundan esta manifestación, y que la movilización ha sido convocado después de la convocatoria de las elecciones.

La ANC Òmnium ha convocado este sábado a las 17 horas una nueva manifestación con el objetivo de que el soberanismo vuelva a salir a la calle para reivindicar la libertad de los consellers cesados y de los presidentes de las dos entidades, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, encarcelados, y se espera la presencia de representantes de partidos como ERC, el PDeCAT, la CUP, Demócrates y MES.

En declaraciones a los medios en Gimenells (Lleida), Albiol ha defendido que “es inadmisible la utilización partidista; no se puede aceptar que TV3 siga siendo el principal instrumento de agitación del independentismo”.

 

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[8] Informe de la Juez Lamela al Tribunal Supremo a favor de acumular en una sola las causas abiertas por el proceso secesionista de Cataluña

 

 

 

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