A DESALAMBRAR ! – Del 15-M al 1-O: el desborde del régimen del 78

El Federalismo español, rama del republicanismo decimonónico, hunde sus raices en la decada de 1840 y tiene en origen un referente nacional español y, por tanto, no cuestiona en absoluto la unidad de la nación española. Se trata, por el contrario, de garantizar el funcionamiento de la democracia en ésta, sin atentar al principio de que la soberanía reside en la nación española delimitada territorialmente como un todo, después de que se haya producido su restructuración  politico-administrativa. En origen, el federalismo no supone la disgregación del Estado-nación español para el surgimiento de otras naciones. 

Viendo la situación actual, desde luego parece que la única solución posible, capaz de contentar a las diferentes sensibilidades (salvo la monárquica recalcitrante), es la de un Estado federal. 

****

¡ A DESALAMBRAR !

LA RABASSA MORTA: 1931: Los desahucios y lanzamientos de los aparceros catalanes y el fin de la Autonomía Catalana. Los Terratenientes contra los Agricultores; resultado: el Rey Borbón al exilio.

La rabassa morta o cepa muerta era un tipo de contrato muy extendido en Cataluña, por medio del cual se le cedía a un agricultor una porción de tierra para que cultivara vides en ella mientras vivieran los dos tercios de las cepas que plantara. A cambio, debía entregar al propietario una parte de su cosecha anual. La naturaleza jurídica de este contrato es discutida: mientras que la mayoría lo consideran como un censo enfitéutico, otros piensan que es una especie de alquiler. En el siglo XVIII se produjo un aumento demográfico y, como consecuencia de éste, del valor de las tierras, al mismo tiempo que la inflación se disparaba. La facilidad para exportar sus excedentes llevó a los rabassaires a intentar por todos los medios la prolongación en el tiempo de sus contratos. Para ello emplearon la técnica de plantar sarmientos al lado de las cepas moribundas, sustituyéndolas, con lo que la vida de las viñas se alargaba indefinidamente.

Esta situación tan estable y el incremento constante de los precios de venta del vino y del aguardiente, condujo a los agricultores de las comarcas vinícolas catalanas a un período de prosperidad cuya consecuencia inmediata fue un aumento demográfico que triplicó la población. En estas comarcas el jornalero agrícola prácticamente desapareció, limitándose las grupos sociales a propietarios y rabassaires, que, al tener el dominio útil de la tierra, eran inscritos casi como propietarios en los registros de la propiedad.

A su vez, los propietarios de las tierras, que poseían el dominio directo, se consideraron perjudicados y el conflicto se resolvió a favor de ellos cuando la Audiencia de Barcelona falló en 1756 que el contrato se disolvería por la muerte de las viñas o pasados cincuenta años de su firma. Esta desnaturalización del sistema fue origen de nuevas disputas con la llegada de la filoxera (originaria de Francia) a Cataluña a finales del siglo XIX, ya que la plaga provocó la destrucción de las cepas originarias, la caída en los ingresos de los agricultores y la sustitución de aquellas por otras de origen americano cuya vida era mucho menor.

El artículo 1656 del Código Civil de 1889 consagró la duración del contrato a cincuenta años. Los agricultores se unieron en la Unió de Rabassaires. En 1934, el Parlamento de Cataluña, aprobó la Ley de Contratos de Cultivo (Llei de Contractes de Conreu), que permitía a los rabassaires, mediante el pago de una indemnización previa a los terratenientes, convertirse en propietarios de la tierra que cultivaban. Esta ley, sin embargo, fue anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, un hecho que fue el detonante de la insurrección de la Generalidad de Cataluña en octubre de 1934. ( https://es.wikipedia.org/wiki/Rabassa_morta )

En Cataluña, uno de los principales propósitos del presidente Companys, uno de los fundadores de la Unió de Rabassaires, era la de realizar una reforma agraria adaptada a las especificidades del campo catalán, en el que miles de pequeños agricultores dedicados al cultivo de la uva, no disponían de la propiedad de la tierra, sino que la cultivaban bajo contratos a largo plazo que dependían de la vida de las viñas (rabassa morta). El programa de la Unió de Rabassaires propugnaba el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los pequeños agricultores, los rabassaires.

Así, el Parlamento de Cataluña aprobó, el 11 de abril de 1934, la Ley de Contratos de Cultivo (equivalente de la ley de arrendamientos estatal que no pudo ser aprobada en las Cortes Españolas en el verano de 1933), la cual garantizaba a los rabassaires la explotación de tierras durante un mínimo de seis años y la posibilidad de comprar las parcelas que hubieran estado cultivando durante al menos quince años. Ello llevó a la derecha catalana de la Lliga, representante de los terratenientes catalanes, y que colaboraba en las Cortes Españolas con la CEDA, a reclamar la declaración de inconstitucionalidad de la ley, pidiéndole al gobierno Samper que recurriese la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cosa que hizo.

El recurso se basaba en una presunta invasión de competencias estatales, las referentes a las obligaciones contractuales (que el artículo 15 de la Constitución de 1931 reservaba al Estado), en tanto que la Generalidat aducía que en virtud del artículo 12 del Estatuto, le correspondía la legislación en materia de política social agraria. El 8 de junio de 1934, el tribunal declaró, por 13 votos a 10 y sin que muchos de sus integrantes hubiesen oído el caso, incompetente al Parlamento de Cataluña sobre el tema y anuló por tanto la ley.

La respuesta de la Generalidad fue la aprobación por el Parlamento de Cataluña de una ley virtualmente idéntica, aunque Samper y Companys iniciaron una negociación a lo largo del verano para buscar una fórmula que hiciera compatible la ley con la Constitución. A las ocho y diez minutos de la tarde del 6 de octubre, Lluís Companys apareció en el balcón de la Generalidad acompañado de sus consejeros y proclamó “l’Estat Català de la República Federal Espanyola”:

“¡Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el Poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, y los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. (…) Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica”.

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

Proclamación de la República Catalana
Publicado el 6 jun. 2008 por navarratierraylibert

Catalanes: Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. De acuerdo con el Presidente de la República federal española Señor Niceto Alcalá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos adoptados en el Pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las funciones de Presidente del Gobierno de Cataluña, esperando que el pueblo español y el catalán expresen cuál es en estos momentos su voluntad….

https://es.wikipedia.org/wiki/Proclamaci%C3%B3n_del_Estado_Catal%C3%A1n_en_octubre_de_1934

 

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

LA Constitución Española de 1978 permite su Reforma, en los términos de su Título X, que a continuación reproducimos, no sin antes llamar la atención sobre el riesgo que conlleva una situación como la presente. Empujados a la reforma Constitucional por parte del propio Partido Popular, que ha creado la madeja catalana que sólo ese ovillo parece poder contener, nos encontraremos afrontando una nueva definición de las normas que regirán nuestra convivencia, privados del ejercicio efectivo de nuestros Derechos Fundamentales.

Sin Libertad de Expresión; sin recibir Información Veraz, sin inviolabilidad domiciliaria ni intimidad, sin Derecho a un Juicio Justo, sin derecho a la Salud, ni a la integridad física y a no ser Torturados, entre otros Derechos Humanos ausentes de efectividad y garantías en la España de hoy -la misma existencia de un derecho depende de la propia existencia de sus garantías; pues sin garantías, no hay derecho sino merced-, el riesgo de acabar peor de lo que empezamos es manifiesto.

Lo primero, pues, deberá ser recuperar el ejercicio efectivo de nuestros Derechos Fundamentales; y sólo después acometer el tan necesario proceso de Reforma Constitucional, cuya regulación constitucional es la que sigue:

TÍTULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

♦♦♦♦♦♦♦

 

Del 15-M al 1-O: el desborde del régimen del 78

Por Andrés Gil

Publicado el 2 de octubre de 2017 en: http://www.eldiario.es/politica/15M-1o-desborde-regimen-78_0_692931368.html

 

El 15M señaló los fallos del sistema; reclamó democracia real; denunció las consecuencias de la austeridad; puso cara y ojos tanto a responsables de la crisis como a las víctimas de ella; y concluyó que la España de 2011 necesitaba un traje distinto al confeccionado en 1978.

En 2011 comenzó a cambiar de bando el sentido común  –quizá más rápido que el miedo–, y con ello se comenzó a mirar de manera distinta a la cúspide del régimen –el rey Juan Carlos y sus escándalos–; a quienes encarnaban el éxito –empresarios y banqueros, señalados por los desahucios–; a los partidos que habían monopolizado –y profesionalizado– la política institucional –por sus casos de corrupción y su reforma exprés del 135–. Y todo ello con policías antidisturbios que desalojaban  porra en mano plazas y acampadas,  incluidos los Mossos, tan aplaudidos el domingo, en una de cuyas cargas perdió un ojo Ester Quintana por un pelotazo disparado en su rostro.

 
Cada uno de los estallidos señalaba un fallo del sistema: la corrupción; la periclitación de los procesos democráticos y participativos; la desigualdad; los efectos de la crisis; los desahucios; los escándalos de la monarquía; el desapego de los gobernantes con sus gobernados y viceversa; y el café para todos territorial cada vez más amargo.
 

La Constitución de 1978 se fundamenta en un gran pacto entre las élites del franquismo y las del antifranquismo. Un gran pacto plasmado en una Constitución con siete padres –que no madres– que establecía unos canales democráticos taponados en la elección del jefe del Estado –monarquía–; que primaban a los partidos como principales agentes de una política institucional eminentemente representativa; y que, aunque dividía España entre regiones y nacionalidades, prefirió tender a la uniformidad.

El republicanismo catalán no es de ayer. De hecho, si Carles Puigdemont termina declarando la independencia y la república catalana, no será el primero: ya lo hicieron Francesc Macià –el 14 de abril de 1931– y  Lluís Companys, como president,  en octubre de 1934. Macià lo hizo el mismo día que se proclamaba la Segunda República. La independencia duró horas, y se proclamó “la república catalana com Estat integrant de la federació ibèrica”.

Ese espíritu constituyente de los treinta aún pervive en Catalunya, como también el espíritu destituyente quincemayístico, aquel que se desengancha de un régimen del 78 que tiene dificultades para dar respuesta a las preguntas que se le acumulan y que ve en la república catalana un horizonte más atractivo y alcanzable que la reforma del Estado español. Perviven con otros espíritus más, como el de los que han transitado del nacionalismo convergente o el federalismo al independentismo.

“No es casualidad tampoco que uno de los primeros elementos formales de ruptura con el franquismo fuera la restauración de la Generalitat, con el retorno del presidente Tarradellas en el exilio, antes de que España se dotase de una Constitución”, afirmaba Pablo Iglesias en su discurso de la moción de censura a Mariano Rajoy: “Con ello se reconocía que Cataluña se organizaba según un orden político propio, que no derivaba de la Constitución del 78, por más que mostrase su voluntad de ajustarse a él en la medida en que La Constitución lo reconociera”. Y concluía: “Lo que hoy revelan las  élites de los viejos partidos dinásticos del 78 y su nuevo complemento anaranjado es, básicamente, su incapacidad para pensar el Estado como estructura de derecho y legalidad y España como vínculo emocional y afectivo basado en el reconocimiento de las plurales tradiciones de sus pueblos”.

Con esa idea, Unidos Podemos  convocó una asamblea de parlamentarios y alcaldes –a la que asistió ERC– y que  culminó con un manifiesto –firmado también por el PDeCAT– que llamaba a un referéndum pactado.

El escritor  Isaac Rosa reflexionaba así en el prólogo de La Rebelión Catalana, de Antonio Baños en 2014: “Hay varias razones por las que un español querría que la rebelión catalana consiguiese sus objetivos […] comprobar si se cumple o no el vaticinio que hace [Antonio] Baños en estas páginas: que esa rebelión pueda suponer la demolición de lo que llama “el R78”, el ruinoso régimen surgido de la Transición. Es decir, que ese día se hará realidad la profecía favorita de la mad-press: el “¡España se rompe!”, que a fuerza de repetirla va camino de ser una profecía autocumplida. Que “esta” España, la del R78, se rompa, pero de verdad, sin posibilidad de arreglo”.

Ese análisis, el de que la crisis catalana es una expresión más de la crisis del régimen del 78,  lo expresa Alberto Garzón, quien apunta a una república federal: “Este horizonte constituyente es necesario porque nuestro país es plurinacional y porque la Constitución de 1978 está agotada como consecuencia de la ofensiva neoliberal de los últimos años. La república es paz y soluciones políticas”.

Frente al café para todos, el Estado autonómico y un solo  demos, se plantea la República Catalana o el Estado plurinacional, un nuevo horizonte constituyente con la premisa del derecho a decidir, las soberanías compartidas y con Catalunya como sujeto político fruto de una profundización democrática republicana.

Y si en el 15M; en la abdicación de Juan Carlos; o en las elecciones del 20D o el 26J, el orden del 78 no terminaba de morir y el nuevo no terminaba de nacer, el 1-O en Catalunya sí que amenaza con una sacudida que haga más que tambalear el edificio constitucional e institucional, y apunta la posibilidad de levantar uno nuevo.

Se el primero en escribir un comentario

Déjanos tu comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*