REVOLUCIÓN EN ESPAÑA, por Karl Marx y Friedrich Engels (parte VI)

Ya estamos en la parte segunda del libro, que iniciamos el domingo pasado, Marx nos sigue imbuyendo en el espíritu de la primera parte del siglo XIX español en los dos articulos que reproducimos hoy. Seguimos en 1808. Esta vez se centra en la proliferación de las Juntas Provinciales a lo largo del territorio nacional como muestra de la oposición del país a la invasión francesa y su significado. Nos recuerda a figuras como Jovellanos, Floridablanca, José Bonaparte (“Pepe Botella”), el general Palafox, Godoy y otros. 

De los dos artículos, de apasionante lectura, dos cuestiones nos parece merecen la pena ser destacadas. La primera, la ya mencionada existencia de las Juntas ciudadanas en sí y su composición; la segunda, algo en lo que el autor no incide, pero que nos parece “anéctodota” definidora de lo acaecido en ese tiempo, de sus enormes contrastes: el restablecimiento de la Santa Inquisición por Fernando VII.

Las Juntas provinciales supusieron el verdadero problema para los franceses; éste no fue la sublevación del Dos de Mayo, un hecho puntual sin demasiados daños para ellos, sino la organización de los “rebeldes”  en Juntas de Defensa o Juntas Provinciales en mayo y junio de 1808. Los pequeños burgueses organizaron estos movimientos populistas para que se sublevasen contra los franceses. Actuaron tan irracionalmente como cualquier movimiento populista: los que no aceptaron sublevarse fueron a menudo ejecutados como le ocurrió a Solano en Cádiz, conde de Águila en Sevilla, Antonio Lomas en Jaén, conde Torre del Fresno en Badajoz, barón de Albalatí  en Valencia… Eligieron a veces como jefes a sus antiguos gobernantes, aunque se tratase del reaccionario general Cuesta en Castilla la Vieja o del obispo Menéndez de Luarca en Santander.

Las Juntas fueron integradas por pequeña nobleza provinciana, comerciantes y profesiones liberales, auténticos autores de la revolución que estamos estudiando a través de los ojos de Marx y Engels, que las consideran “contrarrevolucionarias”, pero no terminaron de ver las posibilidades que se abrieron dentro de estos grupos. Aunque finalmente fueron desaprovechadas. Eran populistas porque utilizaban al pueblo bajo, la masa, excitando sus sentimientos. Actuaron a veces en contra de los deseos del pueblo bajo, entre los que había absolutistas y populistas, es decir reaccionarios y alborotadores. Pagaban al pueblo para que saliera a la calle, pero eso era lo normal en aquellos siglos. Pero entre los dirigentes de las Juntas había también revolucionarios. 

Las Juntas actuaron como progresistas en su deseo de entrega de tierras a combatientes pobres y a jornaleros sin tierra, y también en el Decreto de 18 de septiembre de 1813 de contribución única sobre la propiedad, Decreto que disgustó mucho a los nobles y a la Iglesia, es decir a los privilegiados.

Las Juntas actuaron como revolucionarias porque todas las juntas se declaraban “supremas”, es decir, soberanas. Como tales soberanas, declaraban la guerra a Francia, disponían de los caudales del Estado y cobraban sus propios tributos, y además, se resistirán a perder la soberanía en manos de otro organismo como la Junta Suprema Central. 

Pero no todo era perfecto. Las Juntas Provinciales se mostraron como intentos, llevados a cabo por personalidades provinciales, de controlar la situación a favor de sus intereses, dominando al pueblo. No hay que verlas de antemano como iniciativas liberales, porque no siempre fue verdad. 

En cualquier caso, ante su “obstinación” en mantener su “soberanía”, siendo todos conscientes de que estas Juntas tenían el poder y había que  controlarlas, se intentaron someter mediante la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, que se constituyó el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez, que en un principio fue creada para “organizar”, pero que a la postre supuso la desaparición del movimiento que representaban las Provinciales.

Justamente respecto a la Junta Central, se refiere el autor en uno de los artículos que publicamos,  de una manera que tristemente no es esperpéntica sino real: 

Como los pomposos héroes de Calderón, que confundiendo la convencional distinción con la verdadera grandeza tienen por costumbre presentarse con una tediosa enumeración de todos sus títulos, la Junta se ocupó ante todo en decretar los honores e insignias debidas a su alto rango. Su presidente recibió el título de “Alteza” y los demás miembros el de “Excelencia”, mientras la Junta in corpore se reservaba el título de “Majestad”. Adoptaron una especie de fantasioso uniforme parecido al de general, se ornaron el pecho con símbolos que representaban los dos mundos y se votaron un salario anual de 120.000 reales. Fue verdaderamente una idea de vieja escuela española la que movió a los jefes de la España insurrecta a envolverse en teatrales ropajes para hacer una entrada grande y digna en el escenario histórico de Europa”.

(….)

“En líneas generales, la mayoría de los miembros de la Junta Central tuvieron por principal deber el reprimir las primeras conmociones revolucionarias. Consiguientemente, volvieron a apretar los viejos grilletes de la prensa y nombraron un nuevo Gran Inquisidor al que los franceses impidieron afortunadamente que reanudara sus actividades. Aunque la mayor parte de la propiedad inmueble española estaba bloqueada en el régimen de manos muertas, en la propiedad vinculada de la nobleza y en la inalienable de la Iglesia la Junta ordenó interrumpir la venta de los bienes de manos muertas, que habían empezado ya a enajenarse, amenazando incluso con anular los contratos privados  concertados ya y que afectaban a las propiedades de la Iglesia. Reconoció la deuda nacional, pero no tomó ninguna medida para descargar la lista civil del cúmulo de cargas que había amontonado una serie de gobiernos corrompidos, ni para reformar su sistema fiscal proverbialmente injusto, absurdo y vejatorio, ni para alumbrar nuevos recursos productivos a la nación quebrantando las trabas del feudalismo”.

El hombre fuerte de la Junta Central parece que era el general Gregorio de la Cuesta y éste pedía disolución de las Juntas Provinciales, restablecimiento del poder de los militares en el gobierno de las provincias y en las Audiencias Provinciales, y el establecimiento de un Consejo de Regencia integrado por Cuesta, Castaños e Infantado, es decir, la vuelta al modelo antiguo absolutista. Jovellanos hizo una propuesta similar a la de Cuesta, nada revolucionaria. Palafox dijo que los diputados elegidos deberían tener atribuciones ilimitadas de modo que la Junta Suprema Central fuese soberana.

Pero la Junta de Sevilla dijo que sus diputados tendrían un mandato limitado, y que sería Sevilla quien los cambiase periódicamente, y también que los diputados tendrían funciones limitadas porque dependían de la Junta Provincial, que sería la que impondría la línea política. Es decir, Sevilla estaba actuando con soberanía.

El resultado es que el 25 de septiembre, a la hora de la creación de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, no había Consejo de Regencia y las Juntas Provinciales mantenían la soberanía. Las Juntas consideraban a la Junta Suprema Central como “organismo armonizador” del resto de las Juntas: 35 miembros que representaban la soberanía por delegación de las Juntas Provinciales, las auténticas soberanas. Pero realmente significó su letargo. 

Los avatares sufridos por las denominadas Juntas Provinciales hasta su desaparición o transformación en otro ente distinto exceden de nuestro propósito -al menos hoy-, pero sí que nos permite efectuar la reflexión de que en verdad parece que fracasó un  germen de federalismo y de organización horizontal de la ciudadanía que, al margen de despotismos y otras desviaciones, merece una profunda revisión.

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La segunda cuestión sobre la que queríamos llamar la atención de los artículos del New York Daily Tribune, que se publicaban en 1854, es la mención de Marx al hecho de que Fernando VII restableció la Santa Inquisicion. Nos dice Marx: 

Es un hecho curioso el de que por la mera presión de las circunstancias esos exaltados católicos se vieran impulsados a una alianza con Inglaterra, potencia a la que los españoles estaban acostumbrados a mirar condenatoriamente como encarnación de la más perversa herejía, poco mejor que el mismísimo Gran Turco. Atacados por el ateísmo francés, se vieron lanzados a los brazos del protestantismo británico. No debe pues sorprender  que a su vuelta a España, Fernando VII declarara en el decreto de restablecimiento de la Santa Inquisición que una de las causas “que han alterado la pureza de la  religión en España, ha sido la estancia de tropas extranjeras de diversas sectas, todas ellas igualmente infectadas por su odio a la Santa Iglesia Romana”.

En efecto,  en 1814 Fernando VII restableció esa rancia Institución, que nos ha de abochornar. La abolición de la Inquisición española se produjo en cuatro tiempos. En diciembre de 1808 la Inquisición española fue suprimida curiosamente por Napoleón Bonaparte mediante los decretos de Chamartín que se aplicaron en la España «afrancesada», mientras que en la España «patriota» la abolición se produjo varios años después, por las Cortes de Cádiz el 28 de febrero de 1813. En julio de 1814 fue restaurada por el rey Fernando VII junto con todo el Antiguo Régimen al ordenar que «se quitasen de en medio del tiempo» los acuerdos de las Cortes, pero el 9 de marzo de 1820 fue de nuevo suprimida por el mismo rey, obligado por el triunfo del pronunciamiento de Riego que restableció la Constitución de 1812. Tras la recuperación de sus poderes absolutos en octubre de 1823 —gracias a la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis que pusieron fin al Trienio Liberal—, Fernando VII no restableció la Inquisición —en su lugar funcionaron en algunas diócesis unas Juntas de Fe—. En julio de 1834, al inicio de la Regencia de María Cristina de Borbón, el gobierno liberal moderado de Francisco Martínez de la Rosa aprobó un decreto cuya disposición primera decía: «Se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición». Fue la cuarta y última abolición de la Inquisición en España.

España y sus contradicciones. 

 

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El Motín de Aranjuez. El 17 de marzo de 1808, tras correr por las calles de Aranjuez el rumor del viaje de los reyes, una pequeña multitud (compuesta por empleados de los nobles llegados al efecto, puesto que al ser sitio Real y no Villa, Aranjuez no tenía una población villana que pudiera alzarse por sí sola), dirigida por miembros del partido fernandino —nobles cercanos al príncipe de Asturias—, se agolpa frente al Palacio Real y asalta el palacio de Godoy, quemando aquellos enseres que no fueron directamente saqueados. El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en Fernando. El día 19, por la mañana, Godoy es encontrado escondido entre esteras de su palacio y trasladado hasta el Cuartel de Guardias de Corps, en medio de una lluvia de golpes. Ante esta situación y el temor de un linchamiento, interviene el príncipe Fernando, verdadero dueño de la situación, en el que abdica su padre al mediodía de ese mismo día, convirtiéndolo en Fernando VII.

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REVOLUCIÓN EN ESPAÑA, por Karl Marx y Friedrich Engels (parte VI)

 

ÍNDICE

II

Tratados de Tilsit. Fueron dos acuerdos firmados por el Emperador Napoleón I de Francia en la localidad de Tilsit, Prusia Oriental, en julio de 1807, como consecuencia de la derrota de Prusia y Rusia en la Guerra de la Cuarta Coalición. https://www.ecured.cu/Tratados_de_Tilsit

Hemos presentado ya a nuestros lectores un “conspecto” de la primitiva historia revolucionaria de España, como medio para la comprensión y enjuiciamiento de los acontecimientos que esa nación está ofreciendo a la contemplación del mundo. Aún más interesante y acaso no menos valioso como fuente de comprensión es el gran movimiento nacional que se propuso la expulsión de los Bonaparte y restituyó la corona española a la familia en cuyo poder se encuentra todavía. Pero para poder valorar correctamente dicho movimiento, con sus heroicos episodios y aquella memorable exhibición de vitalidad de un pueblo que se suponía moribundo hay que retroceder hasta los comienzos del asalto napoleónico a la nación. La causa decisiva de todo este complejo histórico quedó quizás  puesta en el tratado de Tilsit, concluido el 7 de julio de 1807 y completado, según parece, por una convención  secreta formada por el príncipe Kurakin y Talleyrand. Se publicó en la Gaceta  de Madrid del 25 de agosto de 1812, y contenía entre otras cosas las siguientes estipulaciones:

Art. l.- Rusia tomará posesión de la Turquía europea y extenderá sus posesiones en Asia cuanto estime conveniente.

Art. II. -La dinastía borbónica en España y la casa de Braganza en Portugal dejarán de reinar.  Príncipes de la familia Bonaparte sucederán en ambas coronas.

Si ese acuerdo fuera auténtico -su autenticidad ha sido discutida escasamente y precisamente en las memorias del rey José Bonaparte, recientemente publicadas-  constituiría  la verdadera razón de la invasión de España por los franceses en 1808, y las conmociones españolas de aquellos años resultarían enlazadas con los destinos de Turquía por una cadena de secretos eslabones.

Cuando subsiguientemente a las matanzas de Madrid y a las negociaciones de Bayona estallaron insurrecciones simultáneas en Austurias, Galicia, Andalucía y Valencia, y un ejército francés ocupó Madrid, las cuatro fortalezas septentrionales de Pamplona, San Sebastián, Figueras y Barcelona habían sido ya ocupadas por Napoleón con especiosos pretextos; parte del ejército español había sido trasladado a la isla de Funen, destinándola a un ataque contra Suecia; por último, todas las  autoridades constituidas -militar, eclesiástica, judicial y administrativa- así como la nobleza, exhortaron al pueblo a que se sometiera al extranjero intruso. Pero había una circunstancia que compensaba todas las dificultades de la situación: gracias a Napoleón el país se había desembarazado de su rey, de la familia real y de su gobierno. Así quedaron rotas las cadenas que en otras circunstancias habían impedido al pueblo español desplegar sus nativas energías; las desgraciadas campañas de 1794 y 1795 prueban en efecto que los españoles eran incapaces de hacer frente a los franceses en circunstancias ordinarias y dirigidos por su rey.

Napoleón había convocado en Bayona a las personalidades más distinguidas ele España para que recibieran de sus manos un rey y una constitución. Se presentaron allí con poquísimas excepciones. El 7 de junio de 1808 el rey José recibió en Bayona una diputación de los Grandes de España, en cuyo nombre tomó la palabra el duque del Infantado, muy íntimo amigo de Fernando VII, expresándose en los siguientes términos:

Señor: Los Grandes de España han sido celebrados en todo tiempo por su lealtad a su soberano, y Vuestra Majestad hallará ahora la misma fidelidad y adhesión.

 

Retrado de Fernando VII, de Francisco de Goya. Con las abdicaciones de Bayona, Napoleón se hizo con el trono de Carlos IV y Fernando VII. Sin embargo, la idea de que los Bonaparte querían transformar España en un estado más parecido al francés llevaron a un rey con apenas experiencia a convertirse en «El Deseado» por parte del pueblo español.

El Real Consejo de Castilla aseguró al pobre José  que  él constituía “la rama principal de una familia destinada por el Cielo a reinar“. No menos abyecto fue el homenaje del duque del Parque, en cabeza de la diputación del ejército. Al día siguiente, esas mismas personas publicaban una proclama intimando la sumisión de todo el país a la dinastía Bonaparte. El 7 de julio de 1808 fue firmada la nueva Constitución por 91 españoles de la más alta nobleza, entre los que figuraban duques, condes y marqueses, así como varias cabezas de órdenes religiosas. Durante la discusión de la constitución todos ellos hallaron motivos para protestar de la revocación de sus viejos privilegios y exenciones. El primer gabinete y la primera corte de José se constituyeron con las mismas personas que formaban el .gabinete y la corte de Fernando VII. Algunos miembros de las clases altas consideraban a Napoleón como el providencial regenerador de España; otros, como el único baluarte capaz de enfrentarse con la Revolución; ninguno de ellos, por último, creía en la posibilidad de una resistencia nacional.

Así pues, desde el comienzo mismo de la guerra por la Independencia española la alta nobleza y la vieja administración perdieron todo contacto con las clases medias y con el pueblo, a consecuencia de su deserción en el momento en que se iniciaba la lucha. De una parte estaban los afrancesados  y de la otra la nación. En Valladolid, Cartagena, Granada, Jaén, San Lúcar, La Carolina, Ciudad Rodrigo, Cádiz y Valencia, los miembros más prominentes de la vieja administración -gobernadores, generales, y otros personajes sobresalientes- suspectos de ser agentes franceses y obstáculos para el movimiento nacional, cayeron víctimas del pueblo encolerizado. En todas partes fueron desplazadas las autoridades existentes. Algunos· meses antes del levantamiento -el 19 de marzo de 1808- habían tenido lugar en Madrid agitaciones populares encaminadas a derrocar al Choricero  (Godoy) y a sus odiosos adláteres. El objetivo se alcanzaba ahora, y con él se cumplía la revolución nacional, dentro de los reducidos límites en que ello era  posible dados el estado subjetivo de las masas y el hecho de que no estaba resuelto el problema de la invasión extranjera. Considerado a grandes rasgos, el movimiento parece más bien dirigido contra la revolución que en favor de ella: nacional por la proclamación de la independencia de España respecto de Francia, el movimiento es sin embargo al mismo tiempo dinástico, oponiendo a José Bonaparte el “deseado” Fernando VII; es reaccionario al oponer las viejas instituciones, costumbres y leyes a las racionales innovaciones de Napoleón; y supersticioso y fanático en su defensa de la “Santa Religión” contra lo que se llamaba el ateísmo francés o la destrucción de los especiales privilegios de la Iglesia Romana. Asustados por la suerte que habían corrido sus hermanos en Francia, los clérigos fomentaron las pasiones populares en interés de su propia conservación. “El fuego patriótico“, dice Southey, “llameó aún más alto gracias al santo óleo de la superstición“.

Muerte de Manuela Malasaña

Todas las guerras por la independencia dirigidas contra Francia llevan simultáneamente en sí la  impronta de la regeneración mezclada con la de la reacción; pero en ninguna otra parte se presenta el fenómeno con la intensidad con que lo hace en España. El rey vive en la imaginación del pueblo con el halo de un príncipe legendario, engañado y encadenado por un criminal gigante. Las épocas más fascinadoras y populares de su pasado están enmarcadas por las santas y milagrosas tradiciones de la guerra de la Cruz contra la Media Luna, y una gran parte de las clases bajas estaba  acostumbrada a llevar los andrajos del mendigo y a vivir del santificado patrimonio de la Iglesia. Un autor español, don José Clemente Carnicero, publicó en los años 1814 y 1816 las siguientes obras: Napoleón, el verdadero Don Quijote de Europa, Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España, La Inquisición justamente restablecida; bastan los títulos de esos escritos para comprender este aspecto de la revolución española, aspecto que volvemos a encontrar en los diversos manifiestos de las Juntas provinciales, todos los cuales proclaman su adhesión al rey, a la santa religión y a la patria, mientras algunos declaran al mismo tiempo al pueblo que “sus esperanzas en un mundo mejor están en la estacada y en muy inminente peligro“.

No obstante, y aunque los campesinos, los vecinos de las pequeñas ciudades del interior y el  numeroso ejército de mendigos -harapientos o no-, imbuidos todos ellos de prejuicios políticos y religiosos, formaban la gran mayoría del partido nacional, éste incluía por otra parte una minoría activa e influyente que consideró el levantamiento popular contra la invasión francesa como la señal de la regeneración política y social de España. Esta minoría estaba formada por habitantes de las ciudades portuarias y comerciales, y en parte también por elementos de las capitales de provincia, donde bajo el reinado de Carlos V se habían desarrollado hasta cierto punto las condiciones  materiales de la sociedad moderna. Todos esos elementos se vieron reforzados por el sector más cultivado de las clases altas y medias -escritores, médicos, juristas e incluso  clérigos- para el cual los Pirineos no habían sido barrera suficiente contra la invasión de la filosofía del siglo XVIII. Como verdadero manifiesto de esa fracción puede ser considerada la célebre memoria de Jovellanos sobre la mejora de la agricultura y el derecho agrario, publicada en 1795 y elaborada por encargo del Real Consejo de Castilla. La juventud de las clases medias finalmente -los estudiantes de las universidades  por ejemplo-, constituye el sector que más ávidamente adoptó las aspiraciones y principios de la Revolución francesa; por un momento, esa juventud esperó incluso que la regeneración de su patria se produjera con la ayuda de Francia.

Mientras sólo se trató de la común defensa del país, los dos grandes elementos constitutivos del partido nacional permanecieron en completa unión. Su antagonismo no apareció hasta que se encontraron reunidos en las Cortes en torno al caballo de batalla de una nueva constitución que había que trazar. Con el fin de fomentar el espíritu patriótico del pueblo, la minoría revolucionaria no vaciló en apelar a los prejuicios nacionales de la vieja fe popular. Aunque esa táctica resultara favorable para los objetivos inmediatos de la resistencia nacional, no podía menos de mostrarse funesta para aquella minoría cuando llegara para los intereses conservadores de la vieja sociedad el momento de colocarse detrás de los numerosos prejuicios y pasiones populares con objeto de defenderse frente a los planes inmediatos y remotos de los revolucionarios.

 

La rendición de Bailén, de Casado de Alisal. Tras la victoria en la batalla de Bailén, el sentimiento patriota recorrió buena parte del país, haciendo caer en la trampa, no sólo al pueblo, sino a muchos generales, de que la guerra ya estaba ganada. Como muestra de ello, las derrotas en las batallas de Espinosa o de Gamonal

 

Al abandonar Fernando Madrid conminado por Bonaparte estableció una Junta Suprema de  Gobierno bajo la presidencia del infante don Antonio. Pero esta junta había dejado de existir ya en mayo. A partir de este momento no había gobierno central alguno, y las ciudades sublevadas formaron sus propias juntas, subordinadas a las de las capitales de provincia. Estas juntas provinciales constituyeron otros tantos gobiernos independientes, cada uno de los cuales puso en pie su propio ejército. La Junta de representantes de Oviedo declaró que la plena soberanía había pasado a sus manos, proclamó la guerra contra Bonaparte y envió diputados a Inglaterra para concluir un armisticio. Lo mismo hizo más tarde la Junta de Sevilla. Es un hecho curioso el de que por la mera presión de las circunstancias esos exaltados católicos se vieran impulsados a una alianza con Inglaterra, potencia a la que los españoles estaban acostumbrados a mirar condenatoriamente como encarnación de la más perversa herejía, poco mejor que el mismísimo Gran Turco. Atacados por el ateísmo francés, se vieron lanzados a los brazos del protestantismo británico. No debe pues sorprender  que a su vuelta a España, Fernando VII declarara en el decreto de restablecimiento de la Santa Inquisición que una de las causas “que han alterado la pureza de la  religión en España, ha sido la estancia de tropas extranjeras de diversas sectas, todas ellas igualmente infectadas por su odio a la Santa Iglesia Romana“.

Las Juntas provinciales tan repentinamente creadas y del todo independientes las unas de las otras, reconocieron sin embargo cierta ascendencia -si bien mínima e indefinida- a la Junta Suprema de Sevilla, considerando esta ciudad como capital de España, dado que Madrid se encontraba en manos del extranjero. Así se estableció un tipo claramente anárquico de gobierno federal que, bajo el efecto del choque de intereses opuestos, rivalidades locales e influencias contrapuestas, resultó un instrumento más bien inadecuado para conseguir unidad en el mando militar y para combinar las operaciones de una campaña.

Los manifiestos dirigidos al pueblo por esas diversas juntas, aunque revelen todo el heroico  vigor de un pueblo repentinamente despierto de un largo letargo y corno aguijonada por una sacudida eléctrica que lo lanza a un febril estado de actividad, no están sin embargo libres de pomposa exageración, de aquel estilo mixto de bufonería y ampulosidad y de aquella redundante grandilocuencia que indujo a Sismondi a dar a la literatura española el calificativo de oriental. Esos escritos manifiestan la pueril vanidad del carácter español: los miembros de las juntas tomaron el título de Alteza y se decoraron con vistosos uniformes.

Junta Provincial de Murcia

Hay dos circunstancias relacionadas con esas juntas, una de las cuales muestra lo bajo que era el nivel del pueblo en el momento de su levantamiento; la otra resultó perjudicial para el desarrollo de la revolución. Las juntas fueron elegidas por sufiagio universal, pero “el gran celo de las clases bajas se manifestó por la obediencia“. Eligieron generalmente a sus superiores naturales, elementos de la nobleza provincial y de la pequeña nobleza, respaldados por el clero, y poquísimas  personalidades notables de las clases medias. Tan consciente era el pueblo de su debilidad, que limitó su iniciativa a obligar a las clases altas a resistir contra el invasor, sin pretender asumir la dirección de la resistencia. En Sevilla, por ejemplo, “la primera idea del pueblo fue que el clero parroquial y los superiores de los conventos se reunieran para elegir los miembros de la .Junta“. Así se cubrieron los puestos de las juntas por personas caracterizadas por su anterior situación y muy lejanas de ser dirigentes revolucionarios. Por otra parte, al establecer esas autoridades el pueblo no pensó en limitar su poder ni en señalar término a su duración. Las juntas, naturalmente, no pensaron sino en extender el uno y perpetuar la otra. Y así esas primeras creaciones del impulso popular al principio de la revolución constituyeron durante todo su curso otros tantos diques contra la corriente revolucionaria cada vez que ésta intentó desbordarse.

El 20 de julio de 1808, con José Bonaparte ya en Madrid, 14.000 franceses al mando de los generales Dupont y Vidal se vieron obligados por Castaños a entregar las armas en Bailén, y pocos días después José tuvo que retirarse de Madrid a Burgos. Otros dos acontecimientos animaron aún más a los españoles: el uno fue la expulsión  de Lefebvre de Zaragoza por el general Palafox y el otro la llegada del ejército del marqués de la Romana a La Coruña, 7.000 hombres, que habían reembarcado en la isla de Funen para prestar auxilio a su patria.

Tras la batalla de Bailén alcanzó la revolución un punto de apogeo, y parte de la alta nobleza, que había aceptado la dinastía Bonaparte, o se había inhibido prudentemente, se sumó a la causa popular, cosa que constituyó un favor muy discutible para esta causa.

 

[New York Daily Tribune, 25 de septiembre de 1854]

 

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Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya

 

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III

El fraccionamiento del poder entre las Juntas provinciales salvó a España del primer golpe de la invasión francesa bajo Napoleón, no sólo por multiplicar los recursos del país, sino por el hecho además de colocar al invasor ante el problema de la falta de un centro que poder herir decisivamente; el francés quedó completamente desorientado al descubrir que el centro de la resistencia española no se encontraba en ninguna parte y estaba en todas. No obstante, poco después de la capitulación de Bailén y de la evacuación de Madrid por José, se hizo sentir en todas partes la necesidad de establecer algún tipo de gobierno central. Tras los primeros éxitos, las disensiones entre las juntas provinciales habían, alcanzado tal violencia que, por ejemplo, el general Castaños consiguió a duras penas evitar que Sevilla tomara las armas contra Granada. El ejército francés .que, con excepción de las fuerzas mandadas por el general Bessieres, se había retirado hasta la línea del Ebro en grandísima confusión, de tal modo que si hubiera sido acosado vigorosamente habría sido dispersado con facilidad u obligado por lo menos a cruzar la frontera, se encontró así con la oportunidad de reorganizarse y de tomar firmes posiciones. La sangrienta represión de la insurrección de Bilbao por el general Merlín fue, empero, un hecho que suscitó el clamor nacional contra los celos de las juntas y el facilón laissez-faire de los mandos. La urgencia de coordinar los movimientos militares, la certeza de que Napoleón no tardaría en reaparecer al frente de un ejército victorioso formado con elementos de las unidades del Niemen y el Oder y de las costas del Báltico, la necesidad de una autoridad general que pudiera concluir tratados con la Gran Bretaña u otras potencias extranjeras, restablecer las relaciones y recibir los tributos de la América española, la existencia de un poder central francés en Burgos y la necesidad de levantar un altar contra otro altar, todas esas  circunstancias se sumaron para obligar a la recalcitrante Junta de Sevilla a renunciar a su supremacía mal definida y más bien nominal y a proponer a las diversas juntas provinciales que seleccionaran dos diputados de su seno, la asamblea de todos los cuales constituiría una ]unta Central; las juntas provinciales seguirían investidas con el gobierno interno de sus respectivos territorios, “pero bajo la debida subordinación al Gobierno General“. Y así la Junta Central compuesta por 35 diputados de las juntas provinciales (34 de las juntas españolas y uno de las islas Canarias) se reunió en Aranjuez el 26 de diciembre de 1808, un día antes de que los potentados de Rusia y Alemania se postraran en Erfurt  a los pies de Napoleón.

El juramento de las Cortes de Cádiz, por Casado Alisal

En circunstancias revolucionarias aún más que en circunstancias ordinarias, los destinos de los ejércitos reflejan la verdadera naturaleza de los gobiernos. La Junta Central, encargada de expulsar del suelo español a sus invasores, fue empujada por los éxitos de los ejércitos enemigos de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Cádiz para expirar ignominiosamente en esta ciudad. Su gobierno se señala por una desgraciada sucesión de derrotas, la aniquilación de los ejércitos españoles y finalmente la disolución de la guerra regular en las hazañas de la guerrilla. Y es que, como dijo el noble español Urquijo al capitán general de Castilla, Cuesta, el 3 de abril de 1808:

Nuestra España es un edificio gótico compuesto de elementos heterogéneos, con tantas fuerzas, privilegios, legislaciones y costumbres cuantas provincias hay. No existe en ella nada de lo que en Europa se llama “espíritu público”. Estos motivos impedirán el establecimiento de cualquier poder central con una estructura lo bastante fuerte como para poder unir nuestras fuerzas nacionales.

Si pues la situación de España en la época de la invasión francesa oponía las máximas dificultades posibles a la creación de un centro revolucionario, la misma composición de la Junta Central la incapacitaba además para toda lucha en la terrible crisis en que se encontró el país. Demasiado numerosos y demasiado fortuitamente mezclados para ser un gobierno ejecutivo, los miembros de la Junta eran en cambio demasiado pocos para pretender tener la autoridad de una asamblea nacional. Y el mero hecho de que su poder fuera delegado por las juntas provinciales les hizo incapaces de sobreponerse a las ambiciosas tendencias, la mala voluntad y el caprichoso egotismo de aquellas corporaciones. Estas juntas  –cuyos miembros, como vimos en un artículo anterior, fueron en general elegidos en consideración de la situación que ocupaban en la vieja sociedad más que por su capacidad de inaugurar una nueva-  enviaron a su vez a la Junta Central grandes de España, prelados, títulos de Castilla, antiguos ministros, altos oficiales civiles y militares, en vez de revolucionarios de nuevo estilo. En último término, la revolución española fracasó por su esfuerzo por ser y permanecer legítima y respetable.

Los dos miembros más significados de la Junta Central, bajo cuyas enseñas se alinearon los dos grandes partidos, fueron Floridablanca y Jovellanos, víctimas ambos de la persecución de Godoy, antiguos ministros valetudinarios y madurados ambos en los formalistas y pedantes hábitos del ineficiente régimen español, cuya solemne y circunstanciada lentitud se había hecho ya proverbial en tiempo de Bacon, el cual exclamó en cierta ocasión. “¡Quiera la muerte llegarme de España, que así me alcanzará con más retraso!”

 

Gaspar Melchor de Jovellanos, de Francisco de Goya

 

Floridablanca y Jovellanos encarnaban un antagonismo cuyos elementos, empero, pertenecían a quella fase del siglo XVIII que precedió a la era de la Revolución francesa; el primero era un burócrata plebeyo; el segundo era un aristocrático filántropo; Floridablanca fue un partidario y ejecutor del despotismo ilustrado representado por Pombal, Federico II y José II; Jovellanos, un “amigo del pueblo“, que esperaba conducir a éste hasta la libertad por medio de  una prudentísima serie de leyes económicas y a través de la propaganda literaria de generosas doctrinas; ambos eran opuestos a las tradiciones feudales, el uno por su intento de extender el poder real, el otro por su deseo de liberar la sociedad civil de sus trabas. El papel representado por cada uno de ellos en su país corresponde a la diversidad de sus opiniones. Floridablanca tuvo un gran poder como primer ministro de Carlos III, poder que creció despóticamente en la medida en que encontró resistencia. Jovellanos, cuya carrera ministerial bajo Carlos IV fue de breve duración, ganó su influencia en los españoles no como ministro, sino como intelectual: no por decretos, sino por ensayos. En el momento en que las tormentas de la época lo situaron en cabeza de un gobierno revolucionario, Floridablanca era un octogenario, sólo inconmovible en su fe en el despotismo y en su desconfianza respecto de la espontaneidad popular. Al ser enviado a Madrid como delegado suscribió con la municipalidad de Murcia una protesta secreta en la que declaraba que no había hecho más que ceder a la fuerza y al temor de vesanías populares, firmando tal protocolo con la expresa intención de evitar que el rey José pudiera reprocharle la aceptación del mandato. No contento con volver a las tradiciones de su juventud, reconsideró algunos pasos de su pasado ministerial que juzgó ahora demasiado audaces. Así por ejemplo, apenas instalado en la Junta Central, aquel hombre que había expulsado a los jesuitas de España promovió que la Junta les concediera la autorización para regresar “como particulares”. Y si reconocía que desde sus tiempos había tenido lugar algún cambio, se trataba de un cambio muy sencillo, a saber: que Godoy, que le había desterrado y había desposeído al gran conde de Floridablanca de su gubernamental omnipotencia, había sido sustituido por dicho conde de Floridablanca y desplazado a su vez. Este era el hombre que la Junta Central escogió como presidente y al que la mayoría de la misma reconoció como jefe infalible.

Jovellanos, que dirigió la influyente minoría de la Junta Central, había envejecido también y había perdido mucho de sus energías en el largo y penoso encarcelamiento que le hizo sufrir Godoy. Pero ni siquiera en sus mejores tiempos había sido un hombre de acción revolucionaria, sino más bien un reformista bienintencionado que por su excesiva consideración de los medios no había llegado nunca a conseguir un fin. En Francia, por ejemplo, tal vez hubiera alcanzado la altura de un Mounier o de Lally-Tollendal, pero absolutamente nada más. Y en Inglaterra habría resultado un popular miembro de la cámara de los Lores. En aquella insurrecta España fue capaz de ofrecer ideas a la juventud pujante, pero en la práctica no resultó un contrincante a la altura de la servil tenacidad de Floridablanca. No enteramente libre de prejuicios aristocráticos y muy inclinado por tanto a la anglomanía de Montesquieu, esta intachable personalidad prueba que si con ella España había excepcionalmente engendrado una mente con dotes de generalización, ésta, empero, no era capaz de ejercerlas sino a costa de la energía individual, que sólo parece haber poseído para asuntos locales.

Es verdad que la Junta Central contaba también con unos pocos hombres -encabezados por don Lorenzo Calvo de Rosas, el delegado de Zaragoza- que, aun adoptando los puntos de vista  reformistas de Jovellanos, aguijoneaban al mismo tiempo la Junta con vistas a una acción revolucionaria. Pero su número era demasiado reducido y demasiado desconocidos sus nombres para que les resultara posible empujar la lenta carroza política de la Junta y sacarla de la calmosa vía del ceremonial español.

Ese poder tan torpemente compuesto, constituido con tal falta de nervio y con tan moribundas reminiscencias al frente, tenía que realizar una revolución y derrotar a Napoleón. Si su proclamación fue tan vigorosa como flojos sus hechos, ello se debió a que la Junta tuvo el buen gusto de tomar como secretario al poeta español don José Quintana, confiándole la redacción de sus manifiestos.

Como los pomposos héroes de Calderón, que confundiendo la convencional distinción con la verdadera grandeza tienen por costumbre presentarse con una tediosa enumeración de todos sus títulos, la Junta se ocupó ante todo en decretar los honores e insignias debidas a su alto rango. Su presidente recibió el título de “Alteza” y los demás miembros el de “Excelencia”, mientras la Junta in corpore se reservaba el título de “Majestad”. Adoptaron una especie de fantasioso uniforme parecido al de general, se ornaron el pecho con símbolos que representaban los dos mundos y se votaron un salario anual de 120.000 reales. Fue verdaderamente una idea de vieja escuela española la que movió a los jefes de la España insurrecta a envolverse en teatrales ropajes para hacer una entrada grande y digna en el escenario histórico de Europa.

Sería rebasar los límites de estos esbozos el entrar en la historia interna de la Junta y en los detalles de su administración. Bastará para nuestro objeto con contestar a dos preguntas: ¿Cuál fue su influencia en el desarrollo del movimiento revolucionario español? ¿Cuál fue la que tuvo en la defensa del país? Resueltas esas dos cuestiones, encontrará su explicación mucho de lo que hasta ahora ha resultado misterioso e inexplicable en las revoluciones españolas del siglo xrx.

Francisco Antonio Moñino, Conde de Floridablanca, pintado por Goya

En líneas generales, la mayoría de los miembros de la Junta Central tuvieron por principal deber el reprimir las primeras conmociones revolucionarias. Consiguientemente, volvieron a apretar los viejos grilletes de la prensa y nombraron un nuevo Gran Inquisidor al que los franceses impidieron afortunadamente que reanudara sus actividades. Aunque la mayor parte de la propiedad inmueble española estaba bloqueada en el régimen de manos muertas, en la propiedad vinculada de la nobleza y en la inalienable de la Iglesia la Junta ordenó interrumpir la venta de los bienes de manos muertas, que habían empezado ya a enajenarse, amenazando incluso con anular los contratos privados  concertados ya y que afectaban a las propiedades de la Iglesia. Reconoció la deuda nacional, pero no tomó ninguna medida para descargar la lista civil del cúmulo de cargas que había amontonado una serie de gobiernos corrompidos, ni para reformar su sistema fiscal proverbialmente injusto, absurdo y vejatorio, ni para alumbrar nuevos recursos productivos a la nación quebrantando las trabas del feudalismo.

 

[New York Daily Tribune, 20 de octubre de 1854]

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España sin Rey – Capítulos 4 y 5.

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