Día Mundial de las Enfermedades Raras 2017. La indecencia de un sistema sin compasión.

La calificación de “rara” se atribuye a aquellas dolencias que tienen una incidencia poco significativa en la población (menos de 5 por cada 10.000 habitantes).

Los datos sobre estas patologías, aunque poco precisos, son estremecedores: 5 enfermedades raras se registran en el mundo cada semana y cerca de 7.000 se han constatado ya.

Enfermedades como la Displasia Fibrosa Poliostótica, la Osteocondritis o la Osteogénesis Imperfecta -por citar algunas-, puede que no sean de las más nombradas en los medios de comunicación, pero son el sufrimiento diario de un 7% de la población mundial, lo que en España se traduce en más de 3.000.000 de personas.

Una peculiaridad de muchas de estas enfermedades es que pueden surgir en cualquier etapa de la vida y que, contra lo que muchos pudieran pensar, no necesariamente son hereditarias ni están ligadas a modos de vida poco saludables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 25. 1 dice:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

De todos es conocido, lo poco proclives que son la mayoría de los estados actuales a respetar la Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Parece haber adquirido la invisibilidad de ese cuadro que se coloca en la pared menos visible del salón y al que, con el tiempo, uno ya se ha cansado de mirar.

El problema real de las enfermedades raras empieza aquí, en la falta de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para ascender al poder, nuestros buenos políticos dejan por el camino la mochila de su idealismo y acaban aceptando hipnóticamente que la mayoría de esos derechos son una quimera inalcanzable. De los políticos malos no hablaremos puesto que la sumisión a los lobbies nos sorprende con escándalos nuevos casi a diario, siendo uno de los lobbies más poderosos sin duda el de las farmacéuticas, como lo demuestra el hecho de que en España se paguen sin rechistar y en aras del respeto al libre comercio, más de 14.000€ por un medicamento contra el VHC (Virus de la Hepatitis C) cuyo coste de fabricación en las estimaciones más pesimistas, no llega a los 200€

Sí, en el fondo está el dinero, el vil metal que doblega conciencias y voluntades y que en este caso, además mata, o dicho de otro modo, deja morir.

En una sociedad que basa todo su funcionamiento en la obtención de un beneficio económico, no es difícil entender que lo que no permite obtener dicho beneficio, de una forma rápida y cuantiosa, no es deseable. Es por ello que el negocio perfecto de las empresas farmacéuticas, no está en la cura de las enfermedades sino en su cronificación y en la venta de paliativos.

Efectivamente, si bien es cierto que curar la Espondilitis Anquilosante sería un negocio magnífico para cualquier laboratorio, lo es mucho más la venta de corticoides y potentes antiinflamatorios que aten al paciente de por vida a un tratamiento aunque jamás lo curen.

No, no es crueldad, no olvidemos que las corporaciones no sienten ni padecen, para eso las hemos inventado. Son la justificación perfecta hecha a medida de aquellos cuyas enfermedades, desgraciadamente no tan raras, son la codicia, la vanidad, y los bajos niveles de compasión en sangre.

Las personas que tienen la mala fortuna de padecer una enfermedad rara, tienen que sumar a las dificultades propias de su día a día, el desprecio de una industria que no cree que los derechos fundamentales estén por encima del lucro personal y que no entienden conceptos como bien común o servicio público.

Los tratamientos, muchas veces descubiertos en universidades financiadas con dinero público, acaban convertidos en patentes que se venden por cantidades de dinero indecentes a empresas privadas.

Nuestros investigadores, con frecuencia deben desarrollar sus carreras en el extranjero, donde generan esas patentes a nombre de corporaciones extranjeras que nosotros importaremos a precio de oro en nuestro país.

No parece haber pues excesivo interés en el Sistema por solucionar un problema que hasta ahora se financia casi en una suerte de caridad. La investigación no gusta a los inversores españoles, genera muchos beneficios pero a muy largo plazo y requiere mover grandes cantidades de dinero con un futuro incierto. Es decir, se trata de un negocio de alto riesgo, ese concepto tan temido, que produce un sarpullido incurable a nuestros inversionistas y que desprecian los gobernantes porque sus efectos normalmente no se ven hasta pasadas varias legislaturas y los tiempos no están para tomar decisiones a más de cuatro años vista. Sin embargo, otra solución es posible, pero implica un cambio de paradigma: la asunción por el Estado de su soberanía plena, asumiendo de verdad su papel prevalente, en el que anteponga los Derechos de los ciudadanos a los exorbitantes beneficios industriales de los laboratorios.  

Hoy, día 28 de febrero, Dia Internacional de las Enfermedades infrecuentes,  este año dedicado a la investigación con el lema “Con la investigación, las posibilidades son ilimitadas”,  pone el acento precisamente en que el problema es básicamente el monetario. Hemos dejado que la Salud sea solo cuestión de dinero. Y de recortes.

De todo esto hablaremos en profundidad en próximos post, pero ahora, para abrir debate sobre la cuestión,  reproducimos a continuación los Hechos Primero y Segundo de la Demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional que se planteó por enfermos de  Hepatitis C Crónica (HCC), una enfermedad común, frecuente, conforme al criterio estadístico de definición, pero que se ve afectada, al igual que las infrecuentes,  por la gestión de lo público que sufrimos, ajena al interés social. En este asunto judicial, defendido por los abogados de AUSAJ, que se inició con una querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por delitos de homicidio,  prevaricación administrativa y otros, se mantiene  la necesidad de la defensa del Sistema Público de Salud, atacándose la fijación de unos precios desorbitados de los antivirales de acción directa de última generación, fijación al margen del criterio de coste/beneficio y en contra de los intereses generales, que llega a producir efectos negativos en la salud y la vida de los afectados, de los perjudicados.

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HECHOS

PRIMERO.- Que en fecha 13 de febrero de 2015, parte de los hoy demandantes de amparo, presentaron querella criminal (la cual se adjunta como documento 9 de este escrito) ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la cual fue proveída por la Sala, una vez comprobada la condición de Diputada de doña Ana Mato Adrover en la legislatura en ese momento en curso, mediante Resolucion de 25 de febrero de 2015 en la que se recoge, entre otros extremos, que “se tiene por personada en esta causa y ante esta Sala a la Procuradora Sra. Briones Torralba y en la representación que ostenta, y por formulada querella por presunto delito continuado de prevaricación y otros, contra, entre otros, doña Ana Mato Adrover, entendiéndose con ella ésta y sucesivas diligencias. Pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y contenido de la querella formulada”. Se asignó a la causa especial num. de registro 3/20119/2015.

Así, ante la grave situación epidémica habida en relación a la Hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C -VHC- (solo en España se habla de en torno al millón de afectados), la ausencia o tardanza desmedida en la incorporación de los nuevos 9 fármacos al Sistema Nacional de Salud y su pretendida incorporación precisamente a unos precios exorbitados, al margen de cualquier criterio de racionalidad, que suponen la quiebra técnica del Sistema Público de Salud, un grupo de afectados decide ejercitar acciones penales de denuncia de esta gravísima situación, que se estaba –y se está- llevando vidas de enfermos y agravando situaciones y provocando padecimientos, todos ellos evitables. Los querellantes, hoy demandantes de amparo, tal y como se expresa en el propio escrito de querella, son conscientes de que “ha de ser la Sociedad Civil la que, ante la evidencia de la Corrupción Política General, que afecta no solo a nuestro país, sino a todos los países de la U.E., supla la inactividad y la sumisión de los políticos y autoridades, haciendo frente a la extorsión que, sobre nuestros Sistemas Nacionales de Salud, ejercen los poderes financieros, utilizando los mecanismos más perversos en una negociación en la que, con la colaboración de los ahora Querellados, entre otros, plantean cambiar vidas de ciudadanos por cantidades exorbitantes de dinero, en una estrategia dirigida a la privatización de nuestra Seguridad Social. La vida humana como moneda de cambio”.

En concreto, la querella inicialmente formulada se dirigía como querellados expresos a doña Ana Mato Adrover, Dª Pilar Farjas Abadía, doña Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, Representante Legal de la entidad “Gilead Sciences, S.L.” y la propia mercantil, sin perjuicio de la existencia de otros presuntos responsables que pudieran determinarse a lo largo de la instrucción penal. Y ello por la presunta comisión de: a) un delito consumado de homicidio en la modalidad de comisión por omisión a título de dolo del articulo 138 CP por cada una de las muertes producidas; y alternativamente, del tipo imprudente del artículo 142.1. De la misma manera, respecto a todas aquellas personas en que sin causar la muerte, se ha puesto en riesgo su vida por la falta de administración o administración tardía del tratamiento, causándose lesión, se estarían cometiendo presuntamente por cada una de ellas un delito de homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión en grado de tentativa; alternativamente, igualmente en la modalidad de comisión por omisión delito de lesiones dolosas consumadas del articulo 147 CP y contra la integridad moral ex articulo 173.1 CP . Alternativamente, los mismos ilícitos a título de imprudencia. Subsidiariamente, a estos se estaría presuntamente ante una infracción del deber de solidaridad que se protege en el delito omisión del deber de socorro que preceptúa el artículo 195 del CP por cada uno de los afectados. b) de un delito continuado de prevaricación administrativa; c) de un delito consumado para alterar el precio de las cosas ex articulo 284.1º o, alternativamente, de delito de estafa agravada cualificada (artículos 248 y 250, apartado primero,1ª y 5ª,y apartado segundo), dado el montante y la naturaleza jurídica del bien y la afectación generalizada que supondría que el precio del medicamento se hubiere fijado mediante engaño muy por encima del principio coste/beneficio.

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Insólito resulta lo sucedido en torno al momento de presentación de la querella. Este hecho se anunció en los medios de comunicación por la Asociación “Plataforma de Afectados por la Hepatitis C” (en adelante, PLAFHC) a la que los querellantes, hoy demandantes de amparo, pertenecen como asociados en su inmensa mayoría, como uno de los hitos de su acción reivindicativa, conociéndose de antemano la fecha de presentación -13 de febrero de 2015-, habiéndose incluso convocado por la PLAFHC una concentración ante la sede del Tribunal Supremo en defensa de la Independencia Judicial, que tuvo la más amplia cobertura informativa. Lo primero que llama la atención es el hecho de que todos los Medios de Comunicación cometieron un mismo “error”, error que, por lo demás, todos ellos mantuvieron de forma impenitente durante semanas, siendo que tan sólo tímidamente alguno modificó tal error en el último párrafo de su columna. Error aparentemente intrascendente que, en realidad reviste gran importancia.

Es importante señalar que el contenido de la Querella no fue conocido hasta después de su presentación. Sin embargo, los medios habían decidido ya que la Querella se presentaría contra la ex-Ministra de Sanidad, doña Ana Mato Adrover, así como contra el actual Ministro, Sr. Alonso, a la vez que contra los Consejeros de Sanidad autonómicos, en cuanto integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (en adelante, SNS). Esos mismos rumores, alimentados por los medios, señalaban como objeto esencial de la Querella el Homicidio de una determinada afectada, fallecida tras haberle sido denegada, en varias ocasiones, la administración del tratamiento que le fue prescrito, también de manera reiterada, por su médico especialista.

Sobre las 3 de la mañana del viernes, día 13 de febrero, el periódico “El Mundo” publica en su página web la noticia (http://www.elmundo.es/madrid/2015/02/13/54dd3567268e3e31628b4581.html) de que los hijos de dicha fallecida habían decidido ejercitar acciones judiciales al margen de la Querella de los integrantes de la PLAFHC (decisión que, por las razones que fuere, éstos no comunicaron a la PLAFHC hasta la mañana del mismo día 13 de febrero). Con ello, se creó la falsa impresión de haber sido desactivado el Fundamento de la Querella de la PLAFHC.

Probablemente fue ese falso rumor, promocionado por el diario “El Mundo”, el que generó la convicción de que la Querella de la PLAFHC no sería presentada, ya que sorprendentemente, la cobertura mediática se mantuvo durante más de tres horas; hasta que la Directiva de dicha Plataforma mostró el comprobante de la presentación de la Querella, más allá de las 3 de la tarde del viernes 13 de febrero. El domingo, 15 de febrero, otra noticia publicada en El Mundo (http://www.elmundo.es/madrid/2015/02/15/54e11f39e2704e50428b456b.html) viene a confirmar la estrategia mediática habida: Conocían de antemano (el mismo viernes día 13 de febrero) los argumentos defensivos del Hospital responsable del tratamiento de la fallecida, si bien no los publicaron hasta dos días después. En todo caso, aclaramos, son argumentos inatendibles (el tratamiento antiviral, si bien no permite tratar el hepatocarcinoma, sí podría haber permitido o posibilitado que la fallecida llegase viva al trasplante hepático).

Sin embargo, la realidad era bien distinta: Por sus propios Fundamentos, la Querella de la PLAFHC no podía en ese momento ir dirigida contra el actual Ministro de Sanidad, Sr. Alonso, ya que siendo que éste toma posesión de su cargo el día 3 de diciembre de 2014, difícilmente podrían serle imputados, dos meses después, los delitos expresados en nuestra querella a título de Comisión por Omisión. Y no sólo por no haber trascurrido ni los primeros 100 días de su mandato ministerial, sino, especialmente, porque en el breve tiempo trascurrido, el Sr. Alonso sí había llevado a cabo las actuaciones que su predecesora omitió a lo largo del año anterior; omisiones en las que claramente incurrió la Sra. Mato Adrover, que dan lugar a su imputación en dicha Querella criminal (y ello sin perjuicio de que lo que después sucede, justifique una posterior petición de imputación respecto del actual Ministro -igualmente desatendida por la Sala del Tribunal Supremo que conoce de la causa especial).

Pero lo anterior no significa que la Investigación Judicial instada por la Plataforma Querellante esté limitada a la Sra. Mato; al contrario, como expresamente manifiesta dicha Querella, “En nuestra leal opinión, nos encontramos ante hechos que no resultan en absoluto ajenos a la dirección nacional del Partido Popular, en la que se insertan personas con importantes intereses, incluso directos, en la privatización de nuestro Sistema Nacional de Salud”, siendo que, como antes se ha dicho, la imputación inicial que contiene la querella se refiere a la comisión presunta de diversos tipos penales y por los distintos implicados, no sólo por el máximo responsable del Ministerio de Sanidad.

Así, conforme a la Querella finalmente presentada, de la que trae causa la presente demanda de amparo, “…, si tenemos en cuenta que, pese a que el Ministerio de Sanidad dirigido por la ex-Ministra de Sanidad -ahora Querellada-, Sra. Mato Adrover, incumplió -entre otras- su esencial obligación de establecer el precio de dicho Medicamento (Ley 29/2006, LGURMPS, arts 88 y ss) -cuestión sobre la que volveremos más adelante-, sí se dedicó, durante cerca de un año, a lanzar “sondas” a la opinión pública acerca del precio de dicho medicamento, que inicialmente se cifraba en 60.000 euros por cada tratamiento trimestral -es de destacar que conforme a la Ficha Técnica del propio fármaco, los tratamientos van de 6 a 9 meses-, es decir, entre 120.000 y 180.000 euros por paciente, luego en algo más de 40.000 euros por tratamiento trimestral, es decir, entre 80.000 y 120.000 euros por paciente, y más tarde en 25.000 euros por tratamiento trimestral, es decir, entre 50.000 y 75.000 euros por paciente, y dado el alcance de la epidemia en España (entre 500.000 y 900.000 afectados), al final, la consecuencia buscada con todo ello, sería la quiebra del Sistema Nacional de Salud, y su consiguiente privatización. Se adjunta como Documento nº 10 de esta Querella estudio realizado por varias Universidades (en Inglés), entre ellas la de Liverpool y la de Ciudad del Cabo, relativo al coste de producción de diversos antivirales, entre ellos el Sofosbuvir (Sovaldi), cuyo coste se establece entre 100 y 210 dólares por tratamiento de doce semanas (…) Sobre lo anterior, gravita la absoluta dejación de funciones por parte del Gobierno y la Administración estatal, y en particular, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante el ejercicio del cargo Ministerial por parte de la ahora Querellada, Sra. Mato, respecto de cualesquiera cuestiones relacionadas con la Patente, el precio y la comercialización del tan referido Medicamento, Sovaldi (cuyo principio activo es el Sofosbuvir)”.

Por lo demás, como expone dicha Querella: “En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una acción de Gobierno dirigida, directa e inmediatamente, a imponer la ideología que se ha denominado “Neoliberalismo de Estado” (Todorov), mediante la vulneración de la letra y del espíritu de nuestra Norma Fundamental.

Y ello se ha llevado a efecto, incluso vulnerando el contenido esencial de Derechos Fundamentales del máximo rango constitucional, tales como el Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Moral (Art. 15 CE), no solo de los afectados por el VHC, sino del entero cuerpo social, dado que, como señalamos, no estamos sólo ante un problema de Salud Individual, sino también ante un problema de Salud Pública, de Salud Colectiva. No por casualidad el Derecho a la Vida es el primero de los Derechos Fundamentales, pues de él depende la posibilidad misma de ejercicio de todos los demás.

Así, bajo la dirección de la ex-Ministra de Sanidad -ahora Querellada-, Sra. Mato Adrover, son ejecutados los actos, objeto esencial de la presente Querella Criminal, dirigidos a beneficiar, ilícitamente, los intereses de los inversores financieros internacionales de la máxima relevancia mundial, accionistas de la Multinacional Gilead, mediante una estrategia que, además de ocasionar un gravísimo quebranto a los Presupuestos del Sistema Nacional de Salud (que ascienden, para todo el Estado, incluyendo CC.AA., a una cantidad en torno a los 52.000.000.000 de Euros anuales), ha ocasionado la muerte de miles de personas afectadas por el VHC, así como graves lesiones a decenas de miles de afectados que, aún viendo agravada su enfermedad, todavía conservan la vida, pese a habérseles negado la administración de un Tratamiento médico -en muchos casos, pese a haber sido prescrito por la AUTORIDAD MÉDICA competente, incluso de manera reiterada- que según el propio Ministerio de Sanidad posee una eficacia curativa del orden del 90-95% de los enfermos a los que le es administrado”

(…)

“Nos encontramos así, ante una Corporación Multinacional (Gilead), cuyo único objeto es la obtención de beneficios, mediante la especulación contra nuestras vidas y salud, que se caracteriza por sus fuertes vínculos con el Complejo Militar/Industrial de los USA, con los Gobiernos de los Estados miembros de la U.E., así como con las Organizaciones Internacionales competentes en la materia, en especial la OMC, y con el sector financiero internacional. Ello explica, como más adelante referiremos, la insólita actuación de los Poderes Públicos -autonómicos, estatales y comunitarios- involucrados en este asunto”.

Pues “la realidad demuestra que los Gobiernos -en este asunto, como en otros muchos- trabajan contra sus ciudadanos, a fin de favorecer a las Multinacionales y a sus financieros/inversores. Aceptan como hechos lo que no son sino meras especulaciones interesadas, y omiten las actuaciones a las que están obligados en favor de sus ciudadanos. Las “Puertas Giratorias”, los beneficios en forma de “sobres” con “mordidas” importantes; viajes, coches de lujo, cantidades en efectivo, favores que solo el poder económico puede hacer, gravitan sobre el comportamiento de los políticos en este Estado de Corrupción, asocial, ajurídico y opresivo, del que quieren desgajar lo que, como sociedad, nos es más querido: la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud”.

Así, una de las cuestiones esenciales que se someten a debate en nuestra querella es la falta de publicación de las Resoluciones que fijan los precios de los medicamentos, entre ellos los antivirales de acción directa que nos ocupan. El ocultismo ha presidido la actuación de la Administración. De hecho, a día de hoy el precio “oficial” continúa oculto, desconocido. Aunque los “Globos sonda” han reducido el supuesto precio, desde los iniciales 60.000 euros por cada 12 semanas de tratamiento, hasta los actuales 25.000 euros por cada 12 semanas de tratamiento o incluso inferior (pueden ser precisas hasta 36 semanas de tratamiento, lo que supone multiplicar los precios por tres).

Sin embargo, dado el absoluto obstruccionismo, dado el secretismo de las Administraciones Sanitarias, y en particular, del propio Ministerio de Sanidad, son otras las fuentes que nos permiten conocer lo que con tanto esmero ilegítimamente se oculta: ¿Cómo se determina el Precio del Sovaldi? Desde luego, no con arreglo a las determinaciones legales. Y esto es lo que en nuestra querella se aduce como indicio de criminalidad de los ilícitos imputados, susceptible de investigación, que, sin embargo, se deniega.

Así, se adjuntó (como Documento nº 15 de la Querella), artículo periodístico, en el que Raymond Schinazi, que se proclama “padre del Sovaldi”, antiguo propietario y fundador del laboratorio Pharmasset, luego adquirido por Gilead, manifiesta: “El precio depende del PIB del país. Creo que los españoles pueden acordar una tarifa más baja que Francia. [Allí el tratamiento de 12 semanas cuesta 41.000 euros, mientras que España, según se ha publicado, pagará unos 25.000 euros]”.

Revisando los precios del Sovaldi en los distintos Estados, se comprueba que efectivamente, estos están en función de su PIB. O lo que es lo mismo, en función de su Renta Nacional (PIB=RN+Importaciones).

Así, la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid ha denunciado cómo Pharmasset, antes de ser adquirida por Gilead, recomendaba un precio de 30.000 euros para el sofosbuvir (componente del sovaldi) en Estados Unidos. Cuando Gilead lanzó al mercado el sovaldi, el precio fijado por tratamiento variaba entre los 69.000 euros para Estados Unidos, 43.500 euros en Francia, 25.000 euros en España o 750 euros en Egipto. Además, como hemos visto, a mediados de enero la Oficina de Patentes de India rechazó la petición de Gilead de patentar el Sofosbuvir en el país.

Nos situamos en la realidad del precio del Sovaldi (y de otros medicamentos similares): SE TRATA DE UN TRIBUTO; de un Impuesto sobre la Renta (Nacional) que el Poder Financiero Global impone a los Estados; que reconocen, más bien directa que indirectamente, una especie de PODER TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES SOBRE LOS ESTADOS. Y, por supuesto, un “sistema” absolutamente ajeno -y contradictorio- a las disposiciones legales relativas a la determinación de los precios de los Medicamentos.

La relación de estas cuestiones con la afectación de la vida y la integridad física y moral de los hoy demandantes de amparo y del resto de afectados por la enfermedad se explica con claridad en la propia querella y en los escritos posteriores, siendo que a todos ellos nos remitimos expresamente, debiéndose entender parte integrante de esta demanda de amparo (adjuntándose copia de los mismos junto con este escrito). En cualquier caso es obvia: la tardanza en la fijación del precio, en la incorporación al SNS de los medicamentos, la inclusión mediante un precio desproporcionado y “desconocido”, al margen de los criterios legales y sobreelevado falsariamente, y la consiguiente desatención de los pacientes, a pesar de que otro comportamiento era exigible y posible a la Administración, y especialmente a los querellados, provocaron muertes y lesiones, daños irreversibles de toda índole. En este sentido, no resulta posible que la ciudadanía española acepte que sistemáticamente se supere con creces en nuestro país el tiempo medio de espera habido en la comercialización en el resto de Europa de los medicamentos autorizados –cualesquiera que fuese-; la diferencia estriba en muchos meses (desde las escasas semanas que se dan en otros países de nuestro entorno hasta los más de ocho meses de media que se superan en nuestro país). El problema es que en el caso de los fármacos antivirales para el tratamiento de la hepatitis C no sólo se ha superado ese tiempo de espera, sino que se ha hecho en unas condiciones que han provocado unos efectos perniciosos y dañinos para los enfermos que, llegando a causar incluso la muerte, confieren a los hechos, a nuestro juicio, relevancia penal.

Todo lo anterior resulta igualmente constatado por los hechos posteriores a la presentación de la citada querella e incluso del dictado de la última Resolución por parte de la Sala especial, de la que trae causa la presente demanda de amparo. Así, en fechas muy recientes, 7 de noviembre de 2015, se ha publicado la existencia de un Acuerdo entre el Gobierno español y “Farmaindustria” (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica) que asegura a los laboratorios un aumento anual del gasto farmacéutico igual al PIB, esto significa un incremento insostenible para el Sistema público de Salud. La noticia fue publicada en el medio digital “nuevatribuna.es” (http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/gobierno-estrangula-gasto-sanitariopublico-y-firma-pacto-farmaindustria/20151107145530122096.html), siendo aportada a la presente demanda de amparo como documento num. 18. Literalmente se recoge en dicha noticia que “El Pacto en esencia garantiza un crecimiento del gasto farmacéutico igual que el del PIB, asegurando así un crecimiento insostenible del gasto farmacéutico”.

Conviene recordar que nuestro país tiene un elevado gasto farmacéutico (una 3.000 millones de euros anuales mayor que lo que nos correspondería si tuviéramos el promedio de gasto farmacéutico de los países de la OCDE, pero además que este gasto farmacéutico no ha parado de crecer en los últimos tiempos (en los 8 primeros meses de 2015 el 9,2%).

Además las previsiones del Gobierno son que la financiación sanitaria disminuya en relación al PIB (hemos pasado de un gasto sanitario público del 6,7 % del PIB al 5,9% en 2014 con una previsión del 5,6% en 2016), de esta manera “el aumento mantenido del gasto farmacéutico acabará estrangulando el gasto sanitario público”.

Otra cuestión llamativa es el momento en que se realiza el acuerdo, con unas elecciones a la vista en las que el PP previsiblemente perderá su mayoría absoluta y con un Parlamento disuelto momento en el que se establece un compromiso por un año. “Es realmente vergonzoso este interés del Gobierno en garantizar los negocios de sus amigos mientras mantiene los recortes en la Sanidad Pública e intenta impedir que algunas CCAA garanticen el acceso a la atención sanitaria de todas las personas”, denuncia la FADSP”.

De la misma manera, los globos sonda y apariciones fugaces de noticias en torno a otros fármacos y otras enfermedades, que al igual que lo sucedido con los antivirales de última generación para el tratamiento de la hepatitis C, hablan de medicamentos a precios insostenibles para el Sistema público (así por ejemplo, tratamientos para el “cáncer por cien mil euros”), confirman lo por entero afirmado en la querella formulada en fecha 13 de febrero de 2015 y hacen más gravoso para mis mandantes, si cabe, el rechazo a la investigación que se ha producido por parte de la Sala del Tribunal Supremo, que aquí se denuncia.

SEGUNDO.- Que, en efecto, tras sus trámites correspondientes, entre los que se ha de destacar el Informe emitido por el Ministerio Fiscal sobre competencia de la Sala especial y contenido de la querella, en el que no se pronuncia en modo alguno sobre los ilícitos de prevaricación ni de alteración del precio de las cosas y sus alternativas calificaciones jurídicas ofrecidas en la querella, la Sala dicta Auto en fecha 29 de abril de 2015, por el que, declarando su competencia, acuerda inadmitir a trámite la querella criminal presentada, por no constituir los hechos ilícito penal. Nos remitimos a lo expuesto en el precitado Auto, si bien se subrayará que en el mismo se fundamenta la inexistencia de delito en que “no ostentando la querellada una posición de garante desde el punto de vista del Derecho penal y no habiendo incumplido ningún deber legal de actuar, no puede apreciarse que haya cometido los delitos que se le imputan en la modalidad de comisión por omisión”. En este sentido, se afirma en el Auto de inadmisión que no existe un plazo máximo o limitado para fijar los precios de los medicamentos y que la inactividad del Ministerio de Sanidad y de su titular no ha sido absoluta, lo que convierten en atípico los hechos denunciados. En definitiva, la Sala especial sólo analiza la imputación por los delitos de homicidio, lesiones, contra la integridad moral y omisión del deber de socorro, obviando la relación de éstos con los ilícitos denunciados de contenido patrimonial (maquinación para alterar el precio de las cosas y sus calificaciones iniciales alternativas, de estafa agravada) y de ilegalidad administrativa, determinantes de la apreciación de prevaricación. Incluso se llega a decir en el Auto de 29 de abril que “A mayor abundamiento, podemos añadir que estos argumentos serían igualmente trasladables a las personas no aforadas contra las qe también se ha dirigido la querella, en la medida en que su actuación se incardina o es concurrente con la de la persona aforada; pues, como se ha indicado, no se aportan indicios que permitan deducir la existencia de una actuación penalmente ilícita respecto a las actuaciones relacionadas con el citado medicamento, ni en cuanto a la autorización ni en la fijación del precio del mismo. Por consiguiente, no desprendiéndose del relato de hechos indicio alguno de acción delictiva por parte de los querellados, al no poder incardinarse su actuación en un ilícito penal, procede el archivo de la querella, conforme el articulo 313 LECRIM, que, recordemos, ordena la inadmisión de la querella cuando los hechos en que se funde no constituyan delito, lo que aquí ocurre”

Por supuesto, discrepamos en todos los aspectos con la decisión y razonamiento esbozados en el precitado Auto, siendo que incluso se efectuó por la representación de mis mandantes en tiempo y forma petición de aclaración, subsanación y/o complemento del referido Auto en la que se ponía de manifiesto la incongruencia omisiva que, en nuestro leal entender, se producía en el mismo. Nos remitimos en este punto a lo recogido en nuestro escrito de 8 de mayo de 2015 (documento num. 11 de esta demanda de amparo), resultando que en cualquier caso, mediante Providencia de 27 de mayo de 2015, la Sala considera que no procede “aclarar lo que está suficientemente claro”, manteniéndose en la falta de ilicitud de los hechos y considerando que “se ha razonado en extenso tal conclusión”, desatendiendo la alegación de omisión de pronunciamiento que se efectuaba por los querellantes.

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Más información:

TEXTO DE LA QUERELLA PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO POR LOS AFECTADOS POR VHC

RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA QUERELLA CONTRA ANA MATO Y OTROS